ARTICULOS ORIGINALES
Las
temporalidades del 20011
Mónica B. Gordillo2
Resumen
Sin desconocer la diversidad de actores y demandas inscriptas en el acontecimiento
del 19 y 20 de diciembre, en este artículo me concentro en una de las
dimensiones y temporalidades contenidas en lo que se conoció como la
crisis del 2001, tratando de reconstruir históricamente ese acontecimiento
desde una perspectiva que indague desde cuándo y con qué contenidos
se habría ido construyendo un sentido público de terminación
y/o destitución. El trabajo tiene entonces tres pretensiones complementarias:
por un lado, tratar de comprender teóricamente y de conceptualizar lo
que apareció como un nuevo tipo de acción política: la
de votar negativamente, situación que se generalizó en las elecciones
legislativas del 14 de octubre de 2001 pero que ya se había anticipado
en Córdoba en dos ocasiones durante ese año; en segundo lugar,
reconstruir empíricamente las condiciones sociales y políticas
en las que esos episodios se produjeron a partir del análisis de lo ocurrido
en Córdoba y, en tercer lugar, reflexionar sobre la posible incidencia
de estos hechos y de los resultados de las elecciones del 14 de octubre en la
conformación de un sentido público destituyente.
Palabras claves: Política contenciosa- crisis diciembre 2001- movilización social
Abstract
Without disregarding the diversity of demands and actors implied in December
19° and 20° events, this article proposes to inquiry one of the dimensions
and temporalities included in the 2001´crisis, tr ying to rebuild when
and with which contents was built a destitution sense. The paper has three complementary
purposes: by one hand, to understand and conceive what was understood as a new
modality of political action: the negative voting, situation which was amplified
in October 14° legislative elections but was anticipated in Córdoba
in two opportunities during that year; in second place, I´ll try to rebuild
social and political conditions of those actions, and furthermore to reflect
about the possible incidence of them and of the election results in the construction
of a destitution public sense.
Keywords: Contentious politics. December 2001 crisis.social movilization
Introducción
El 19 y 20 de diciembre de 2001 el país estalló bajo una serie de manifestaciones de distinto tipo: destrucción e impugnación de símbolos, atentados contra edificios públicos y domicilios particulares, agresiones verbales, cortes de calles con barricadas; saqueos de negocios; enfrentamientos con las autoridades; represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes; violencia por mano propia de parte de los que defendían sus propiedades; movilizaciones pacíficas y concentraciones en las plazas públicas al son de las cacerolas, entre muchas otras acciones. Violencias ciudadanas que aparecían como una forma de acción política, poniendo en cuestión la manera en que ésta había sido entendida desde la reconstrucción democrática en 1983. Dejaron como resultado cerca de cuarenta muertos, muchísimos heridos y detenidos y la renuncia del presidente Fernando De la Rúa -elegido sólo dos años antes- junto con la de todo su gabinete. Bajo las consignas de «Piquetes y cacerolas, la lucha es una sola» y «Que se vayan todos, que no quede ninguno», esos hechos fueron conocidos como el «argentinazo», «el 19 y 20», «el cacerolazo», «la crisis argentina», pasando a integrar un pasado reciente jalonado de «azos», denominación utilizada para dar cuenta de acciones colectivas de gran impacto, con la particularidad hasta entonces de haberse concentrado en espacios locales. De este modo, la primera diferencia con lo ocurrido en diciembre de 2001 es que el espacio de la protesta fue el escenario nacional, con diferentes magnitudes y actores implicados. ¿Por qué fue así? Una respuesta rápida sería que se trató de un cuestionamiento al gobierno nacional en su conjunto, no sólo a las autoridades ejecutivas sino a los tres poderes del Estado y, en algunos casos, también a los poderes locales. Sin embargo diciembre de 2001 significó algo más que el rechazo coyuntural a los gobiernos de turno, mostró otras formas de ejercicio ciudadano que remontaban a la construcción de injusticias varias tejidas a lo largo de toda la década previa y que encontraron en el escenario crítico de 2001 el detonante y la oportunidad de ser unidas en una trama de sentidos diversos y polifónicos.
El impacto social y político de ese acontecimiento produjo muchas reflexiones, fundamentalmente desde el campo de la sociología y de la ciencia política, sin que se prestara sin embargo suficiente atención al proceso previo de constitución de los actores y a los indicios del malestar social que se venían esbozando desde tiempo antes. Para muchos, diciembre de 2001 marcaba el inicio de un ciclo de movilización donde la acción directa, la autoorganización y la democracia de base instaurarían una nueva ciudadanía e institucionalidad; para otros, se trataría de una expresión espasmódica frente a la confiscación de los ahorros, un grito anti-político sin mayores proyecciones. Varios trabajos comenzaron a analizar los cambios organizativos y en las identidades que se habrían operado a partir de entonces.3 Algunos más recientes, como los reunidos en el libro de Pereyra, Pérez y Schuster4 , se concentraron en las distintas trayectorias, dilemas y estrategias que enfrentaron las organizaciones de desocupados -uno de los actores principales en el escenario de 2001- desde ese momento y hasta el presente. En general, lo sucedido en diciembre apareció como una bisagra, como un acontecimiento, donde la presencia de lo contingente dificultaba su inserción en una narración que lo contuviera5, como una suspensión en el vacío, con más ruido que sentido.
Otra línea de análisis fue la presentada por Auyero al focalizarse sobre un tipo particular de violencia colectiva ejercida en esos días: la de los saqueos de supermercados y demás comercios, en especial en el gran Buenos Aires. Su planteo destaca líneas de continuidad al señalar la vinculación existente entre esas acciones, redes de activistas partidarios, específicamente del Partido Justicialista, y agentes de aplicación de la ley que habrían interactuado incentivando o facilitando los episodios de violencia. Es decir, según esta perspectiva, no se trataría de simples acciones de oportunismo colectivo sino que habrían sido consecuencia de interacciones sociales ya probadas y aceitadas en situaciones previas.6 Por su parte, los trabajos reunidos en el libro de Rinessi, Nardacchione y Vommaro7 criticaron ciertas líneas de reflexión que habrían predominado en el ámbito académico al centrar el análisis en la política institucionalizada y descuidar el costado disruptivo y conflictivo de la misma, lo que habría generado grandes dificultades para interpretar lo ocurrido en diciembre. Las advertencias anteriores, así como otras en la misma línea, tenían como elemento común el destacar la necesidad de encarar el análisis histórico de lo ocurrido. En este sentido, desde el campo de la historia, Raúl Fradkin ofreció una mirada exhaustiva en cuanto al señalamiento de los hechos previos al 19 y 20 de diciembre, que buscaba ser integral y que llamaba a colocar lo ocurrido dentro de una experiencia y tradición histórica. De todos modos -como él mismo advirtió- su relato hecho «en caliente», si bien analítico, sólo planteó líneas para un abordaje y reconstrucción histórica necesarios y de más largo alcance que no era su intención realizar en ese momento.8
Justamente esa reconstrucción histórica fue la que encaré en mi propio libro sobre el acontecimiento de 2001. Allí destaqué que podían reconocerse muchos diciembres, uno porteño y urbano, replicado en los principales centros importantes del país al son de las cacerolas; un diciembre sindical con diversos reclamos de trabajadores empleados; un diciembre piquetero demandante de planes y de necesidades básicas; un diciembre plebeyo, que desbordó incluso a las organizaciones territoriales que solicitaban planes sociales y se volcó a las calles para satisfacer necesidades alimentarias; un diciembre nostálgico de anteriores luchas políticas libradas en el pasado y anti-autoritario, como rechazo visceral hacia el estado de sitio dispuesto por el gobierno el día 19; distintos tipos de acciones colectivas que remontaban a diferentes temporalidades y que intentaron ser reconstruidas en ese trabajo. 9
Sin desconocer entonces esas diversidades, en este artículo me concentraré en una de las dimensiones implícitas en ese diciembre, así como en una temporalidad y escenario acotados, tratando de reconstruir históricamente el acontecimiento de diciembre desde una perspectiva que indague desde cuándo y con qué contenidos se habría ido construyendo un sentido público de terminación y/o destitución a lo largo de 2001. Abordar la temporalidad no es tarea sencilla, porque ésta no es unívoca y reconoce ritmos diferentes según los actores implicados. En este artículo me interesa reflexionar y analizar una temporalidad en particular, la que apareció como una interrupción al tiempo normal de la dominación y la convención políticas10 aunque se hubiera producido en el escenario de la temporalidad electoral y, por lo tanto, en el corazón de la política institucionalizada.
En efecto, la contundencia del acontecimiento del 19 y 20 de diciembre llevó a opacar un hecho inédito en la historia política argentina: en las elecciones legislativas nacionales del 14 de octubre de 2001 los votos negativos (en blanco y nulos) se constituyeron en primera fuerza en algunos distritos. Este voto fue conceptualizado como «voto bronca» y se consideró que mostraba el malestar con los políticos. Nunca antes se había dado una situación igual en el país, sólo algunos casos de altísimos porcentajes de votos en blanco en épocas de proscripción política, pero lejos estaba de ser esa la situación para entonces. Al contrario, las elecciones legislativas de 2001 podían ser consideradas casi óptimas en términos del ejercicio de la representación. Tras los cambios introducidos en la Constitución en 1994, por primera vez se elegía de manera directa y por seis años a los senadores nacionales, en razón de tres por distrito electoral -dos en representación de la mayoría y uno por la primera minoría- y se renovaba completa dicha Cámara; la de diputados elegía la mitad de sus cargos. Comprendía también elecciones de legisladores provinciales y para concejales en los municipios y, en algunos, la elección de intendentes. Además se había producido un notable aumento en la competencia electoral, presentándose en algunos distritos más de veinte agrupaciones. Es decir, se trataban de elecciones con una amplia oferta de opciones para los electores. Sin embargo los votos negativos en todo el país alcanzaron un promedio del 15,9%, con valores que fluctuaron desde el 40% al 5% según las distintas localidades, valores que adquieren mayor relevancia si se los compara con los resultados de la elección inmediata anterior - la de 1999- cuando los votos en blanco representaron el 3,6% y los nulos el 0,7%. ¿Qué había ocurrido entre las elecciones de 1999 que le habían dado un rotundo triunfo al presidente Fernando De la Rúa y la nueva instancia electoral donde por primera vez la fuerza en el gobierno ponía a prueba sus títulos?
Este trabajo tiene entonces tres pretensiones complementarias entre sí: por un lado, tratar de comprender teóricamente y de conceptualizar lo que apareció como un nuevo tipo de acción política: la de votar negativamente; en segundo lugar, reconstruir empíricamente las condiciones sociales y políticas en las que ese episodio tuvo lugar a partir del análisis de lo ocurrido en Córdoba y, en tercer lugar, reflexionar sobre la posible incidencia de estos hechos y de los resultados de las elecciones del 14 de octubre en la conformación de un sentido público destituyente.
Podría cuestionarse la razón de partir de las acciones ocurridas en los escenarios electorales y no, por ejemplo, del ciclo de protesta abierto desde mediados de 2000, ciclo que -en efecto- sirvió para dar fuerza y articular un marco de injusticia que reconocía distintos momentos de constitución en la década previa y que habría jugado un papel decisivo en las acciones de diciembre. Sin embargo, si bien las distintas protestas contenidas en el ciclo tenían un contenido político, no parecen haber mostrado el carácter de desobediencia civil, de llamado de atención hacia el corazón del régimen político, como parece haber sido la masiva utilización del voto negativo en todo el país en octubre y que ya se había anticipado en dos ocasiones en la ciudad de Córdoba, en julio y septiembre de ese año. De este modo esos hechos, opacados frente a la contundencia de las violencias colectivas evidenciadas en diciembre, debieran ser -a mi entender- reconsiderados como signos claros de un malestar o disgusto colectivo frente al orden político que podría haber sido canalizado por diferentes vías. Es decir, al sostener el inicio de la temporalidad de diciembre en los hechos que analizaremos, no se le otorga el carácter de antecedente ineludible y necesario de lo que ocurrió posteriormente, no se presupone que esos hechos debían terminar con la renuncia del gobierno de De la Rúa ni que éste era el objetivo implícito en las acciones, sino que fue en lo ocurrido a partir de entonces y en la manera en que los distintos actores -incluido el gobierno-fueron interactuando, como terminó de conformarse el «argentinazo» con las notas que éste adquirió.
Justamente para comprender esa interacción y el proceso de construcción de representaciones de injusticia como marco cultural, me centraré en las acciones colectivas de anulación del voto desarrolladas en Córdoba durante 2001. La hipótesis que sostengo es que esas acciones pueden entenderse como una acción colectiva que podría situarse en un terreno difuso entre la resistencia, la protesta y la desobediencia civil, a partir de la cual habría comenzado a conformarse un sentido destituyente que se puso de manifiesto y ayudó a dar forma a las acciones de diciembre; de este modo podría afirmarse que si bien éstas reconocen distintas temporalidades, fueron determinantes las acciones estudiadas para la construcción de un sentido público impugnador del orden político.
Impugnación y política «contenciosa»
¿Cómo interpretar el tipo de acción que tuvo su primera expresión en el mes de julio de 2001 en Córdoba - cuando los votos nulos hicieron su aparición en el marco de un plebiscito para reformar la constitución provincial- y luego se repitió en septiembre y octubre de 2001, cuando miles y luego millones de personas de manera aparentemente espontánea votaron negativamente? Se hace necesario precisar el uso de los conceptos contenidos en la hipótesis. Cuando hablo de resistencia lo hago en los términos en que la define Scott11, como una forma de «movilización discreta» que transcurre en el espacio de la infrapolítica, es decir en uno intermedio entre el estrictamente privado y público, que presupone un disgusto, un desacuerdo y - en ocasiones- un desafío, pero que no se manifiesta abiertamente como confrontación en el espacio público. La acción colectiva, en cambio, aparece como un acto reflexivo y deliberado de inscripción en el espacio público. Se ha señalado también la diferencia con la acción colectiva de protesta, mientras la anterior es una acción proyectiva que marca una alteridad, una diferencia, e implica a un conjunto de personas que comparten objetivos, la acción de protesta reconoce un antagonista, un ellos que se opone al nosotros pero, a su vez, intenta trascender la particularidad del nosotros interesado generalizando su demanda en términos de derechos; es decir buscando construir un sentido público que será abierto e incierto donde es fundamental el papel jugado por el público -el vosotros - que observa.12
Ahora bien, una particularidad del tipo de hechos que estamos analizando es la de haberse desarrollado en el marco por excelencia de la política institucionalizada: el de las elecciones de representantes. El que éstas sean obligatorias introduciría cierto elemento distorsionante para el tipo de análisis anterior, dado que no quedaría librado a la iniciativa individual o colectiva el expresarse o tomar la iniciativa de actuar sino, en todo caso, sólo la de actuar de una u otra manera. Y aquí aparecería entonces el rasgo novedoso o disruptivo de lo ocurrido: que una instancia política convencional se haya tornado en una de «política contenciosa» (contentious politics)13 representando un desafío de tal envergadura que el resultado real -el hecho de que el voto negativo a nivel nacional se convirtiera en la segunda fuerza y en algunos distritos en la primera- no pudo ser traducido en el sistema representativo establecido; es decir ese resultado quedó sin representación en las cámaras porque no se podía representar a quienes entendían no poder serlo por esos políticos. Parecía que se cumplía una de las características de la política, la de la irrupción igualitaria que destruye la fijación de los lugares asignados, de interrupción del orden natural de la dominación por la institución de una parte de los que no tienen parte14, dado que una cantidad considerable de votantes impugnó a través de una voz que todavía no era logos15 las reglas de representación establecidas. En este sentido resulta útil lo señalado por Nardacchione al decir que, en general, las demandas siguen un recorrido que van del rechazo radical a la formulación de un proto-discurso demandante. En la primera etapa el ¡No! radical permite unificar a todos los que protestan alrededor de una consigna sencilla y genérica a la vez; se trata de agrupar a todas las víctimas que sufren la misma afectación. Esta etapa todavía podría considerarse la de la reacción colectiva, donde se está simplemente consolidando una víctima común. Recién después puede hablarse de una demanda que empieza a articularse en un discurso público. Sin embargo, como ha señalado este autor, esta tarea de formulación de la demanda puede tener dos derivaciones: una diferenciadora, que tiende a expresar más específicamente los reclamos de cada sector que participa de la protesta, y otra articuladora o integradora que busca criterios generales que unifiquen los reclamos particulares.16 ¿Qué sentido tuvieron las acciones de anular el voto? Al parecer, en un primer momento se habría tratado de una impugnación sin que se formulara claramente una demanda común; ese sentido articulador se iría construyendo posteriormente como un sentido de terminación.
Como se señaló,
un concepto pertinente para analizar esas acciones sería el de política
contenciosa. Como tal se entiende una forma de la acción política
definida
como las «interacciones públicas, colectivas, episódicas
entre promotores de demandas cuando a) al menos alguna de las interacciones
adopta formas no institucionalizadas, b) al menos un gobierno es el demandante,
objeto de las demandas o una parte de los reclamos y c) los reclamos afectarían,
si se concretan, los intereses de al menos uno de los demandantes»17.
Los autores señalan que a veces se desarrolla dentro de las formas prescriptas
para la participación política, en algunas ocasiones bajo modalidades
toleradas y, en otras, bajo formas prohibidas por el régimen, caracterizándose
por ser un tipo de acción política más episódica
que rutinaria, poco institucionalizada, pero cuya comprensión requiere
considerar también el sistema en su conjunto.
Esto nos lleva a sostener que las acciones de anular el voto o hacerlo en blanco fueron algo más que decisiones individuales tomadas frente a la insatisfacción ante los candidatos presentados, se habría tratado de una modalidad de política contenciosa que combinó distintos grados de organización y espontaneísmo dentro de un trasfondo común de profundo malestar frente al funcionamiento del sistema político, y a hipotetizar que, más allá de los objetivos de los actores, comenzó a construirse un sentido público sobre el hecho que identificó y creó un colectivo: pueblo indignado frente a los políticos que exigía un cambio de rumbo. Pero veamos cómo fue conformándose ese proceso.
La irrupción de la conflictividad social y la apuesta a la salida política: los acuerdos rotos
A partir de la asunción del presidente peronista Carlos Menem, en 1989, comenzaron a implementarse en el país profundas reformas estructurales. Sin embargo los costos sociales de las mismas recién adquirieron visibilidad en la segunda mitad de los años ´90. A fines de 1996 y como respuesta a las puebladas en el interior del país, el gobierno nacional lanzó el primer Plan Trabajar, que consistió en ayudas económicas temporarias de muy bajo monto, concentradas en algunas provincias, que implicaban contraprestación precaria y que -continuado luego por otros planes nacionales y provinciales- inauguraron una nueva etapa en Argentina: la de los planes focalizados que se complementaban con asistencia alimentaria.
La visibilidad creciente de distintas acciones de protesta comenzó a aglutinar a diferentes afectados por el modelo, iniciándose un cuestionamiento a las políticas neoliberales implementadas. Ese marco de crítica encontró expresión política en la constitución en agosto de 1997 de la «Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación» (en adelante la Alianza), donde por primera vez confluyeron partidos políticos que habían sido rivales tradicionales, tales como la Unión Cívica Radical (UCR) y un desprendimiento del partido peronista que había conformado a comienzos de la década del '90 el «Frente Para un país solidario» (FREPASO). Lo más importante de esta etapa fue la paulatina constitución de un conjunto de temas como problemas comunes, comenzando a plantárselos en términos de derechos vulnerados. La Alianza consiguió en las elecciones parlamentarias de octubre de ese año poner fin a las victorias electorales consecutivas obtenidas por el peronismo desde 1987. En efecto, el año 1997 marcó un clivaje importante en la posibilidad de dotar a la movilización popular de un contenido político institucionalizado. Una vez resuelta la fórmula presidencial que resultó ganadora en las elecciones de octubre de 1999, Fernando De la Rúa (UCR) y Carlos «Chacho » Álvarez (FREPASO) como presidente y vice respectivamente, la campaña se concentró en marcar la diferencia con el menemismo en términos de un discurso ético y de buen gobierno; parecía que esa propuesta de más Estado y menos mercado alcanzaría para corregir los desaciertos provocados.
Si bien no es posible establecer una única periodización de la conflictividad social para todo el escenario nacional, la dinámica de las acciones colectivas permite observar la paulatina conformación de un ciclo de protesta hacia la segunda mitad del año 2000, donde fueron convergiendo distintos reclamos promovidos por tres sectores principales: desempleados y pobres urbanos, vecinos de distintos barrios y localidades y actores sindicales.18 En todos estaba presente una idea de ciudadanía referida a la existencia de derechos que debían ser garantizados por el Estado, más allá que ese lenguaje les fuera ajeno. En las demandas referidas a cuestiones básicas - tales como alimento, vivienda y, por supuesto, trabajo- se observaba una búsqueda de integración dentro de la comunidad política, basada en un sentido de democracia aprendido históricamente que la presentaba como aquella que debía atender esas necesidades sociales. En efecto, una serie de acciones comunitarias como la de la toma de tierras en los ´80 y la de organización de asociaciones cooperativas, de fomento, clubes barriales, roperos, comedores, entre otras, habían ido creando fuertes experiencias de socialización en el espacio territorial.
Es necesario tener en cuenta esta tradición porque ella instauró la idea de bienes o derechos universales a ser protegidos por el Estado, experiencia trastocada en los '90 al generalizarse como política social la competencia a través de proyectos focalizados. No obstante hizo falta la interacción social para que esas cuestiones pudieran ser tematizadas como problemas colectivos; esto ocurrió hacia la segunda mitad de la década cuando se constituyó un colectivo como «desocupados», asociado a los sin empleo pertenecientes a los sectores más bajos de la población y, generalmente, a una forma de protesta: el piquete. Es decir, aunque no todos los desocupados eran «piqueteros» ni tampoco en todos los casos estos últimos eran desocupados, se pasó a identificar a los desocupados con espacios de sociabilidad y organización relacionados con demandas de subsistencia, fundamentalmente con la provisión de distintos «planes» por parte de las autoridades. Pareciera, en cambio, que las demandas de algún tipo de reparación social para los sectores medios afectados hubieran sido canalizadas a través de las expectativas creadas en torno a ciertos gobiernos, como el caso de la Alianza cuando se planteó como alternativa al menemismo. Esta consideración debe ser tenida en cuenta para sopesar el impacto que tuvo la frustración de esas expectativas en esos sectores, que debieron encontrar otros formatos para canalizar sus reivindicaciones.
La falta de respuesta del gobierno a las demandas de inclusión y defensa de derechos de todo tipo fueron construyendo una representación de injusticia19 que llevaría paulatinamente a conformar entre distintos sectores sociales una identidad de afectados por esas políticas y, posteriormente, por los políticos.
Sin duda esas representaciones no se construyeron de un día para el otro sino que reconocen distintos antecedentes según los espacios y sectores afectados, pero es claro que las medidas tomadas por el gobierno de la Alianza precipitaron su conformación. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción había aparecido como un compromiso casi personal de Álvarez y la falta de concreción de ésta como de otras promesas, fueron minando la confianza y disolviendo el vínculo que la Alianza había creado con el electorado. En este sentido el conflicto que tuvo lugar en agosto de 2000, como consecuencia de la denuncia por el pago de sobornos que habrían hecho funcionarios del gobierno a senadores para que se aprobara el proyecto de reforma laboral enviado por el Poder Ejecutivo, terminó enfrentando directamente a Álvarez con el presidente culminando con la renuncia del primero en octubre. La coalición quedó al borde de una ruptura y De la Rúa tomó distancia, con un gabinete más disciplinado y ortodoxo que terminó profundizando los problemas. Es así que, al finalizar el primer año de gobierno, no sólo no se advertía un cambio de rumbo en el modelo sino que los principales compromisos y referentes de la Alianza estaban siendo desplazados, a la vez que se fortalecían los actores de la protesta, en especial las demandas que aludían a la defensa de derechos sociales y a la inclusión social.
El año 2001
se inició con dos conflictos sindicales que se tornarían paradigmáticos:
el suscitado en la empresa Aerolíneas Argentinas-Austral y el del sector
estatal
frente a la política de ajuste del Ministro de Economía Ricardo
López Murphy. Con relación al primero, en el mes de febrero los
gremios aeronáuticos declararon el estado de alerta y movilización
ante la amenaza de despidos y en el mes de marzo se pasó ya a medidas
de acción directa. El conflicto continuó por varios meses, destacándose
su eficacia para construir un sentido público asociado a la defensa de
la nacionalidad, por tratarse de la única línea de bandera, que
atrajo a numerosos aliados influyentes.
El otro conflicto de importancia fue el que se inició el 17 de marzo al declararse en todo el país un paro por 48 horas de los gremios estatales, principalmente universitarios, frente al recorte presupuestario educativo. López Murphy debió renunciar y el presidente designó como nuevo Ministro a Domingo Cavallo, ex Ministro de Menem y artífice de la política económica de ese gobierno y de la convertibilidad. Las protestas se intensificaron en el segundo semestre del año debido al proyecto de «déficit cero», lanzado en julio por el Ministro Cavallo que implicó congelamiento y reducción de un 15% en los salarios del sector estatal. Entre las acciones de gran peso simbólico y que buscaban extender la protesta, se destacan la «Marcha contra la pobreza», organizada por la CTA y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que llegó a la ciudad norteña de Jujuy el 16 de septiembre con siete columnas encabezadas por dirigentes sindicales y sociales, luego de recorrer el país promoviendo una consulta popular para fortalecer la acción del Frente Nacional contra la pobreza (FRENAPO).
Las acciones vecinales también se intensificaron, tomando como repertorio modular los cortes de ruta y otras formas de acción directa, como veremos al analizar el caso escogido que considero relevante para comprender las acciones de votar negativamente.
a)
La disrupción en Córdoba:
Una de las principales industrias de la ciudad había sido la metal-mecánica.
La misma había sufrido un proceso de expansión en los primeros
años de la década del ‘90, protegida por un régimen
especial que favoreció el retorno de empresas multinacionales sujeta,
sin embargo, a procesos flexibilizadores que no impactaron positivamente en
el empleo. Luego de la recesión que significó el «efecto
tequila»20, en 1995sobrevino una recuperación
que dependía -sin embargo- de los términos favorables
en el intercambio con Brasil, hacia donde se dirigía la mayor parte de
la producción. Al asumir el gobierno de la Alianza en 1999 comenzaron
a observarse signos claros de estancamiento -como consecuencia fundamentalmente
de la devaluación de la moneda brasilera- que la política
del nuevo gobierno no atinó a revertir. Por otro lado, la situación
en el sector público de la economía, fundamental en la provincia
por el escaso impacto de las privatizaciones, se agravó por la política
de recortes y de incumplimiento del traspaso de fondos federales a las provincias,
lo que provocó retraso y, en algunos
casos, la falta de pago de salarios en el sector. Esas situaciones conflictivas
generarían distintas expresiones de protesta.
Además de las sindicales, ya desde el mes de enero de 2001 se llevaron a cabo acciones en municipios de la provincia promovidas por vecinos, en algunos lugares con cortes de ruta. Otro actor que, al igual que lo que ocurría a nivel nacional, tuvo gran protagonismo en algunas localidades del interior fueron los desocupados. Por otra parte, los conflictos de empleados municipales fueron sumando a otras localidades desde mediados de año. Dentro de las acciones vecinales nos concentraremos en una que incidió directamente en la anulación del voto y seguramente tuvo un efecto de contagio en otras partes del país.
El 27 de marzo de 2001 se produjo un hecho de gran impacto mediático21 cuando vecinos de seis barrios de la zona sur- ligada históricamente a la industria metal-mecánica- de Córdoba armaron un inodoro de ocho metros y cortaron la ruta para protestar en defensa de su salud. Con barbijos puestos exigían soluciones para cerca de 15.000 vecinos, dado que al encontrarse las napas freáticas a 60 cm de la superficie provocaba que los pozos negros se desmoronaran y las cámaras sépticas se llenaran en horas, inundando los afluentes las calles. Se trataba de un problema crónico en la zona por las características del terreno donde ya se habían presentado, sin éxito, una serie de informes acerca de las obras que eran necesarias, esencialmente establecer un servicio de cloacas que el municipio venía prometiendo desde hacía tiempo. Frente a esta acción de gran impacto, las autoridades se hicieron presentes y volvieron a prometer rápidas soluciones. Sin embargo esta vez los vecinos decidieron apostar a la organización para sostener sus reclamos. Se constituyó así la «Comisión del Inodoro» con representantes de los barrios reunidos que elevaron el petitorio de las obras, acompañadas de informes de especialistas que colaboraron con la iniciativa. Esa Comisión estaba encargada de seguir los adelantos de las obras e informar semanalmente a los vecinos.
Pasaron los meses
y las obras no avanzaban, las prioridades del gobierno eran otras. Decidido
a llevar adelante su proyecto de reformar la constitución provincial
y
transformar el poder legislativo en unicameral, el gobernador peronista José
Manuel De la Sota convocó a un plebiscito para el 22 de julio, donde
por primera vez aparecieron votos nulos que contenían distintas burlas,
propuestas, insultos a los políticos y reclamos.22
Entre ellos uno especialmente diagramado e impreso que contenía la figura
de un inodoro y un colectivo promotor: «vecinos de la zona sud»23.
En esa consulta se registró un 12% de votos negativos (6% de votos en
blanco y 6% de votos nulos), registrándose el mayor porcentaje de la
provincia en la ciudad de Córdoba.
Pero ésta no fue una acción aislada de la Comisión del Inodoro, que siguió trabajando para difundir el problema. Lanzaron una revista «El Inodoro gigante», encargada de refutar las «mentiras» que el gobierno sostenía. Y el voto inodoro hizo nuevamente su aparición en la primera instancia electoral que se produjo ese año en la provincia, el 2 de septiembre, en ese caso para elegir los convencionales constituyentes que debían reformar la constitución. Si bien en ellas el partido oficial, «Unión por Córdoba», obtuvo una importante victoria sobre la segunda fuerza, la UCR, los votos negativos alcanzaron el 19,39%; por otra parte en esa ocasión habría votado sólo el 70% del padrón.24
A partir de entonces el fantasma de una campaña para anular el voto comenzó a sobrevolar en las declaraciones de la prensa y en la de los políticos. Lo ocurrido repercutió también fuera de la provincia, en especial el importante triunfo que había obtenido la izquierda, y fue destacado como un pronóstico del comportamiento esperable en las elecciones legislativas que se realizarían en octubre.25
Sin embargo, de las agrupaciones que se presentaron en las elecciones legislativas de octubre fueron muy pocas las que incorporaron en sus propuestas electorales los temas que la opinión de la «gente» planteaba como importantes: el mejoramiento del presupuesto para educación y salud, la atención a los graves problemas de desempleo, la reactivación económica, la revisión de la convertibilidad, el problema de la deuda externa, de la corrupción asociada a los políticos, entre otros. Los referentes políticos llamaban a mantener la institucionalidad y en los días previos a las elecciones se insistió sobre la importancia de manifestarse positivamente, en respuesta a la supuesta campaña para votar en blanco o anular el voto, donde -sin embargo- no se identificaban los sectores que la promoverían. En la percepción de los políticos se trataría de sectores radicalizados y anti-sistema; pero más allá de quienes fueran los que promovían esa campaña lo interesante es que también la denominación de «argentinazo» comenzó a circular asociándose con un sentido destituyente.26
En vísperas
de las elecciones nacionales legislativas que, como señalamos, se realizaron
el 14 de octubre, la Comisión del Inodoro organizó el día
5 de octubre un
acto para lanzar una nueva convocatoria a anular el voto en las elecciones legislativas
utilizando un «voto microbio», nueva versión del «voto
inodoro» que habían propuesto en septiembre para las elecciones
provinciales de convencionales constituyentes. Sin embargo para entonces, como
resultado del proceso de interacción con otros actores, se puede observar
la creación de un sentido público que había trascendido
la demanda inicial, centrada en un problema específico, buscando articular
e integrar a otros sectores en la definición de un problema general.
Esto se tradujo en la presentación de dos votos «inodoro»
distintos: uno que mantenía el reclamo particularizado y ligado al colectivo
y problemas originarios de los barrios y otro que había generalizado
la demanda trascendiendo al colectivo original y planteándola en términos
políticos desde una perspectiva que cuestionaba al arco partidario existente.27
Cuando tuvieron lugar las elecciones de octubre, el descontento adoptó formas parecidas en todo el país. Un elemento común en los votos nulos fue la presencia de «Clemente» -un personaje del dibujante Caloi- que por no tener manos «a lo mejor no roba», otras figuras de historietas o de distintos próceres. Escritos sobre los políticos o, por ejemplo, «ja, te engañé: este voto no lo contés»; hojas de árboles, fetas de fiambre y otros que implicaban una carga de violencia simbólica, como papeles higiénicos sucios, preservativos o escupitajos.28 De gran incidencia en las referencias de los votantes fue también el atentado terrorista a las torres gemelas en Nueva York, ocurrido el 11 de septiembre, que reavivó en algunos el sentimiento antiimperialista colocando a Obama Bin Laden como héroe y a la acción violenta como única salida.
En Córdoba se habían presentado 13 agrupaciones y se elegían, además de los 9 diputados y 3 senadores nacionales, los 70 legisladores provinciales que conformarían la unicameral, reforma aprobada poco tiempo antes en el mes de septiembre. El total de votos negativos en las elecciones de octubre rondó el 22%, con una leve preeminencia del voto en blanco sobre el nulo. Mientras tanto, los promotores del «voto inodoro» sostuvieron que éste había alcanzado a 80.000 personas.
b)
El escenario post electoral y la apuesta a la acción directa:
Como ha señalado Gamson, la representación colectiva de injusticia
permite construir tanto un sentido de urgencia como una identidad y- también-
de agencia, es
decir la necesidad de actuar, en especial cuando el adversario parece no escuchar
lo que se plantea.
¿Cómo procesaron los distintos actores la «voz» de las urnas? Algunos sectores de la Alianza acusaron rápidamente el golpe. Las direcciones de la UCR y del FREPASO elaboraron un documento conjunto que el propio ex presidente Raúl Alfonsín entregó a De la Rúa el 25 de octubre donde solicitaban un cambio de rumbo.
Pero el gobierno de De la Rúa permanecía impasible ante estos movimientos y, por el contrario, ratificaba a Domingo Cavallo - símbolo de la década menemista- en el Ministerio de Economía. De este modo, la conflictividad social ya presente en el momento de las elecciones de octubre continuó en ascenso al no mostrarse cambios en las políticas.
El contexto de conflictividad general se presentó entonces como una importante oportunidad política para el vertiginoso crecimiento y visibilidad pública del Frente Nacional contra la pobreza (FRENAPO), que había sido organizado como un reagrupamiento de distintas fuerzas progresistas a comienzos de 2001 por la CTA. Desde mediados de año venía propiciando una campaña para la aprobación de una asignación universal por hijo y por desempleo; al no visualizarse cambios en el rumbo económico sino, por el contrario, ser éste ratificado tras el lanzamiento del «corralito»29 , se decidió llevar a cabo una consulta popular, planteada como un plebiscito, entre el 13 y el 17 de diciembre. La respuesta y movilización popular fue explosiva, más de 3.000.000 de personas en todo el país apoyaron las propuestas del FRENAPO, pronunciándose positivamente en la consulta. Esta masiva afluencia a expresarse en contraposición a la dirección que estaba llevando el gobierno, apareció también como otra forma de política contenciosa, en el sentido de utilizar formas previstas institucionalmente para expresar de manera directa la voluntad popular. Sin duda este nuevo ejercicio ciudadano debe haber incidido también en el ánimo colectivo para predisponerlo favorablemente a la utilización de la calle como estrategia de acción política cuando sintiera cercenados sus derechos.
Reflexiones finales
Concentrar la atención sobre las acciones analizadas no significa considerar que diciembre de 2001 haya tenido un único sentido ni presuponer la existencia de objetivos y de actores plenamente consolidados en una dirección determinada. Sin duda los hechos de diciembre no reconocen como antecedente sólo al «voto bronca», pero tampoco fue el climax del ciclo de protesta social que se venía desarrollando. Esos actores estuvieron presentes pero hubo otros, se reiteraron demandas anteriores pero también aparecieron nuevas, propias del escenario que se fue dibujando a lo largo del año 2001 cuando terminó de anudarse una representación colectiva de injusticia que atravesó a distintos sectores sociales. Esa representación fue construyendo un sentido de agencia que alimentó, a su vez, una especie de consenso de terminación. A diferencia de lo que había ocurrido en el pasado reciente argentino, esta vez no se recurrió a salvadores mesiánicos, la agencia se canalizó a través de diferentes y novedosas formas de ejercicio ciudadano que, más allá de las pretensiones de algunos sectores particulares, no buscaban un cambio de sistema, no era la república o el régimen político lo que parecía estar en cuestión; no el sistema de representación sino la representatividad, no la legalidad sino la legitimidad lo que se exigía hacer efectivas. Ese era el contenido destituyente que se fue construyendo activamente durante 2001. Efectivamente había habido un aprendizaje histórico, ¿un fortalecimiento de la ciudadanía a pesar de los discursos antipolíticos que crecieron durante la década del '90? ¿O tuvieron éstos y la conformación de un régimen de democracia «delegativa» un efecto boomerang contra la representación política? Sea como fuere, parece claro que esta vez los ciudadanos decidieron actuar por su cuenta poniendo en práctica formas de política «contenciosa».
¿Podría pensarse entonces que las acciones analizadas de julio, septiembre, octubre y diciembre tuvieron las características de un no radical que terminó diferenciando lo acontecido de otras protestas sociales anteriores?¿Fueron los votos negativos el puntapié inicial para fundamentar demandas que inscribieran sentidos políticos alternativos a los sostenidos por el gobierno? Creo que sí, esto apareció claro en el éxito de la convocatoria del FRENAPO pero también en las distintas formas de acción directa que se multiplicaron a partir de entonces, de las que la amplia gama incluida en el repertorio contencioso de diciembre apareció como el resultado contingente de la interacción sorda del gobierno con los que protestaban.
Una prueba de esa interacción sorda es que el fantasma de la impugnación comenzó a sobrevolar a partir de las primeras acciones de anulación del voto en Córdoba y, de alguna manera, incentivó las mismas acciones en las elecciones posteriores.
Como mostramos, el mismo término «argentinazo» -aunque con una connotación especial dada por las agrupaciones de izquierda que lo plantearon30- se instaló en el espacio público. Sin embargo frente a esto tanto «los políticos» como el gobierno respondían con un discurso prescriptivo, apelando al deber ser de los ciudadanos para que defendieran la política institucionalizada. De alguna manera, y en este sentido, lo ocurrido el 19 y 20 fue una especie de muerte anunciada.
1 Trabajo
recibido el 30/09/2011. Aceptado el 30/10/2011.
2 Doctora en Historia. CIFFYH- UNC. CONICET.
3 Cfr. AA.VV. Tomar la palabra. Estudios sobre la protesta social y acción
colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos aires, Prometeo, 2005;
Osvaldo BATTISTINI (comp) El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas
en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores. Buenos
Aires, Prometeo, 2004; entre otros
4 Sebastián PEREYRA, Germán PÉREZ y Federico SCHUSTER (Editores)
La huella piquetero. Avatares de las organizaciones de desocupados después
de 2001. La Plata, Ediciones Al Margen, 2009
5 Germán PÉREZ «Genealogía del quilombo: una exploración
profana sobre algunos significados de 2001» En: S. PEREYRA, G. PÉREZ
y F. SCHUSTER, op cit, pp. 29-34.
6 Javier AUYERO, (2007) La zona gris. Violencia colectiva y política
partidaria en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
7 Eduardo RINESSI, Gabriel NARDACCHIONE y Gabriel VOMMARO Los lentes de Víctor
Hugo. Buenos Aires, Prometeo, 2007.
8 Raúl FRADKIN Cosecharás tu siembra. Notas sobre la rebelión
popular argentina de diciembre de 2001. Buenos Aires, Prometeo, 2002.
9 Mónica GORDILLO Piquetes y cacerolas. El argentinazo de 2001.
Buenos Aires, Sudamericana, Colección Nudos de la historia argentina,
2010.
10 Jacques RANCIERE La noche de los proletarios. Buenos Aires, Tinta Limón,
2010 p 9.
11 James SCOTT Domination and the arts of resistance. Hidden transcripts. Yale
University Press, 1990.
12 Gabriel NARDACCCHIONE «La paradoja de las protestas vecinales bajo
el menemismo: ¿cómo generalizar la protesta defendiendo lo propio?»
en AA.VV. Tomar la palabra. Estudios sobre la protesta social y acción
colectiva en la Argentina contemporánea, Buenos aires, Prometeo, 2005,
pp. 193-216.
13 Ronald AMINZADE et al Silence and voice in the study of contentious politics,
New York, Cambridge University Press, 2001.
14 Jacques RANCIERE El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos
Aires, Nueva Visión, 2007 p.25.
15 Ranciere dirá que la diferencia se marca precisamente en el logos
que separa la articulación discursiva de una queja, la voz. Aún
falta que se experimente la distinción entre el desagrado y el perjuicio
y que se la perciba como comunicable, como definidora de una esfera de comunidad
del bien y el mal. Cfr. Ibídem, p. 14.
16 Gabriel NARDACCHIONE, op. cit.
17 Ronald AMINZADE, et. al, op cit, p. 7.
18 Cfr. Mónica GORDILLO, op. cit.
19 Cfr. Williams GAMSON «Constructing social pr otest» en: Johnston,
Hank and Klanderman, Bert (eds). Social movements and culture, Minneapolis,
University of Minnesota Press, 1995, pp. 85-106.
20 Hace referencia a los efectos de la devaluación de la moneda en México
a fines de 1994.
21 En la tapa del diario salió la siguiente noticia: «Un inodoro
gigante contra el mal olor». La Voz del Interior. Córdoba, 28/3/2001
p 1 y 14 A.
22 Por ejemplo algunos impresos en computadora con la siguiente leyenda: «Dejen
de robar, dejen de mentirnos, no más impunidad ni injusticia social»,
firmado por «los desocupados del 2002». La Voz del Interior, Córdoba,
23/7/2001, p. 2.
23 El voto contenía la siguiente inscripción: «En defensa
de nuestra salud y medio ambiente y en contra de las promesas mil veces reiteradas
y mil veces postergadas, VOTE EL INODORO GIGANTE: Sí a la salud, No a
las falsas promesas, Sí a los desagües, No a la contaminación,
Sí a la impermeabilización del Canal Maestro, No a la discriminación,
Sí a las cloacas, Sí al transporte digno. En Archivo personal
de la Comisión del Inodoro.
24 La Nación. Buenos Aires, 3/9/2001.
25 Por ejemplo Héctor Etchebáster- dirigente del Movimiento Socialista
de los Trabajadores (MST) en Neuquén- se mostraba también optimista
respecto al incremento de votos que obtendría la izquierda, tomando como
ejemplo lo sucedido en Córdoba en las elecciones de septiembre donde
el MST habría pasado de 11.000 a 100.000 votos. Río Negro. Río
Negro, 3/10/2001, p. 16.
26 Por ejemplo el periódico reproducía la foto de una pintada
en una pared en Neuquén que decía: «El 14 de octubre ANULE,
VOTE EN BLANCO O NO VOTE. EN EL CAMINO DEL ARGENTINAZO». Río Negro.
Río Negro, 7/10/2001, p. 15.
27 Dentro de la misma Comisión del Inodoro se promovió el diseño
de dos votos: los dos mantenían la identificación de El Inodoro
Gigante, pero mientras el primero lo ligaba a los Vecinos de la zona Sur y pedían
por desagües en cada uno de los barrios afectados, terminando con la leyenda:
«Las lluvias llegan y la zona sur sigue esperando»; en el otro el
colectivo que aparecía apropiándose del inodoro eran «los
ciudadanos de la provincia de Córdoba» y las consignas principales
eran: «Ni oficialismo ni oposición. Ahora es el turno de los Vecinos»;
en orden de importancia le seguían «Basta de privatizaciones»,
«Basta de recortes», «Justicia para los jubilados»,
«Por un transporte digno», «Paz para los pueblos» y
recién luego «El Sur sigue esperando» y ahí los reclamos
de cloacas, desagües y contra los gabinetes sanitarios implementados. En
Archivo de la Comisión del Inodoro.
28 La Voz del Interior. Córdoba, 15/10, p. 5 A.
29 Así se denominó la medida del entonces Ministro de Economía
Cavallo que el 1° de diciembre estableció restricciones a los retiros
de efectivo de los bancos y a los movimientos de capitales.
30 Al parecer habrían sido distintas vertientes del Partido Comunista
Revolucionario (PCR) las que lanzaron esta denominación con anterioridad
a los hechos de diciembre. De todos modos es indudable que el sentido que adquirió
posteriormente trascendió el contenido inicial adjudicado por esas agrupaciones.
Bibliografía
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y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores.
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propio?» en AA.VV. Tomar la palabra. Estudios sobre la protesta social
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Prometeo: 193-216.
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13. SCOTT, James, (1990), Domination and the arts of resistance. Hidden transcripts,
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