ARTÍCULOS
Procesos transnacionales en el salar de Atacama-norte de Chile. Los impactos de la minería y el turismo en las comunidades indígenas atacameñas
Paola Bolados García
Paola Bolados García. Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Convenio de Desempeño de las Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales, Universidad de Valparaíso. Blanco 1215, Depto. 101 (2340000), Valparaíso, Chile.
E-mail: paola.bolados@uv.cl
Recibido 16 de abril 2013.
Aceptado 5 de septiembre 2013
RESUMEN
En este paper analizamos los procesos de globalización transnacional en el contexto interétnico y multicultural de la región del salar de Atacama-norte de Chile; asimismo, los impactos de las industrias de la minería y el turismo en la configuración de complejos culturales transnacionales en una zona geopolítica y económica estratégica. El trabajo entrecruza diversos niveles de análisis –discursos y prácticas-, y de agentes locales –indígenas y no indígenas-, regionales, nacionales y transnacionales, así como también heterogéneas escalas –comunidad, empresas, estado-, que dan cuenta de relaciones dinámicas y cambiantes en torno al control de los recursos naturales y culturales. Este trabajo también se refiere al nuevo contexto que plantea el neoliberalismo en el Chile posnoventa y las contradicciones de su política medioambiental y multicultural en contextos étnicos específicos.
Palabras clave: Complejos culturales transnacionales; Salar de Atacama; Minería; Turismo; Atacameños.
ABSTRACT
Transnational processes in the atacama desert of northern Chile: the impacts of mining and tourism on Atacameño indigenous peoples. In this paper, processes of trasnational globalization are analysed in the context of the ethnic and multicultural region of Salar de Atacama, northern Chile. The impact of mining and the tourist industry on the configuration of a transnational cultural complex in a strategic area and its geopolitical and economic importance are studied. The paper interweaves various levels of analysis (discourse and practice) agents (local, −Indigenous and non-Indigenous− and regional, national and transnational), and intersecting heterogeneous scales (community, companies, and state), which together have produced intense and dynamic partnerships and conflicts based on the control of natural and cultural resources. As such, this paper concerns the new context posed by neoliberalism in Chile post 1990 and the contradictions of its environmental policy in specific ethnic contexts.
Keywords: Transnational globalization; Salar de Atacama; Mining; Tourism; Atacameños.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, los estudios sobre transnacionalización
experimentaron un agudo tratamiento
tanto desde la antropología, la sociología, la economía,
como de otras corrientes, tales como la crítica
literaria y los estudios poscoloniales. Estos, particularmente,
relevaron los efectos tanto sociales como
económicos del nuevo orden mundial nominado por
algunos como capitalismo global (Harvey 2006), capitalismo
milenarista (Comaroff y Comaroff 2001),
capitalismo transnacional, o bien conocido como
parte de una nueva fase de liberalismo denominada
neoliberalismo (Ferguson 1994, Taylor 2006). Gran
parte de este corpus se centró en los desplazamientos
forzados y sus efectos sobre la construcción de nuevas
identidades y territorialidades fuera del espacio local
tradicional, y mostró los imaginarios en contextos de
diásporas, exilios y desterritorializaciones (Appadurai
2001; Bhabha 2002).
Sin desconocer este intenso y prolífero debate, diversos
investigadores exploran sugerentes perspectivas,
y consideran que este paradigma tiene un interesante potencial analítico en la medida que es capaz de superar
su principal debilidad: "su inhabilidad [...] para
pensar sobre las fuerzas del nacionalismo, [...] o la
agresión imperialista" (Briggs et. al 2008: 626). De esta
manera, lo transnacional se presenta como una categoría
analítica que puede facilitar nuestra comprensión
de las trayectorias fuera del marco establecido por la
categoría de nación, dominante en los estudios sociales
y antropológicos del último período. A su vez,
nos permite relevar la agencia resignificadora de los
procesos hegemónicos intervinientes en los tartamudeos
del capitalismo transnacional (Tsing 2005: 5). En
consecuencia, lo transnacional no lo estudiamos sólo
y exclusivamente como un fenómeno contemporáneo,
sino como un concepto/problema constitutivo y constituyente
de lo social e histórico, cuyo potencial analítico
y explicativo contribuye a entender la emergencia
de grupos en procesos de diferenciación socioétnica.
Observamos que procesos de identificación y memoria
surgen desde experiencias y trayectorias sociales que
se gestan o crean fuera del ámbito de lo que tradicionalmente
se ha comprendido como el espacio de
lo local o comunitario (Kearney 1995: 548); mientras
que, paralelamente, su rastreo etnográfico nos redirige
al estudio de las sedimentaciones complejas que revelan
la lógica histórica sobre la cual se construyeron
y construyen las que hoy conocemos como sociedades
indígenas (Hill 1996; Bartolomé 2006). Estos procesos
son incentivados desde instancias globales de
producción cultural cuyos efectos se reflejan en las
representaciones e imaginarios de los agentes sociales
(instituciones, organizaciones, fundaciones, etc.). Estas,
a su vez, contienen apropiaciones y contestaciones
diferenciadas entre grupos y/o comunidades, las cuales
se producen desde memorias inconexas y provenientes
de heterogéneas trayectorias sociales. De esta forma,
lo transnacional se vuelve un punto de intersección
desde el cual recoger múltiples historias que, más que
remitir a temporalidades consecutivas, se presentan
como memorias heterodoxas en una región estratégica
como es el salar de Atacama en el norte de Chile.
La historia de esta región y de sus grupos étnicos
y sociales hoy identificados como "atacameños" ha
estado marcada por una dinámica de interacción e
intercambio bajo diversas ideologías y fronteras, y se
revela como un paisaje resultado de variadas luchas y
reconfiguraciones sociales y territoriales. Lo transnacional,
en este sentido, contribuye -a nuestro entender- a
escapar de las visiones nacionalizadoras y/o nacionalistas
que tienden a representar lo atacameño exclusivamente
como un fenómeno étnico moderno o bien
un objeto/sujeto exclusivo de la arqueología. Ambas
perspectivas quedaron consignadas en el informe final
de la denominada Comisión Verdad Histórica y Nuevo
Trato del año 2003 realizado a solicitud del estado de
Chile, mediante el cual se buscó legitimar científicamente
la preexistencia de las poblaciones originarias reconocidas en la legislación indígena del año 1993
(Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato 2003). El
informe mostró una variedad de perspectivas no del
todo coincidentes respecto de la emergencia de una
identidad atacameña: por un lado, la interpretación
arqueológica enfatizó los intercambios e interacciones
desde una identidad y una cultura protagónicas identificadas
con el surgimiento de una nación atacameña
en el periodo pre inca hacia el 900 DC1. Del otro,
la interpretación antropológica propuso lo atacameño
como una identidad étnica producto de procesos
modernizadores vinculados a la inclusión social de
estas poblaciones a la república de Chile a fines del
siglo XIX, producto de la Guerra del Pacífico en 1879,
con la cual Chile consigue anexar estos territorios,
antes pertenecientes a Perú y Bolivia. Entre ambas
perspectivas, los estudios históricos de la zona aportan
con abundante material documental una tercera
tesis: un mapa interdigitado e interétnico conformado
por poblaciones como los atacamas, lípes, tarapacas,
omahuacas, camanchacas y proanches, quienes comparten
y cohabitan una extensa área (hoy parte del sur
boliviano, noroeste argentino y norte chileno). Estas
interpretaciones constituyeron la base de la política
multicultural del estado que caracterizó la década de
los noventa en Chile, la cual pretendió otorgar visibilidad
política a las poblaciones indígenas nacionales,
a la vez que participación económica en los mercados
regionales y globales (Boccara y Bolados 2008).
La región del salar de Atacama entonces se presenta
como una amalgama resultante de geografías,
relaciones sociales y poder (Ferguson y Gupta 2002;
Moore 2005) configurada, entre otros elementos, por
los grupos originarios diversos que han habitado en
ella, la impronta que dejaron funcionarios coloniales y
agentes modernizadores y civilizatorios como viajeros
y cronistas que permitieron la actuación temprana de
las ciencias naturales primero y luego de las sociales;
la presencia de ideologías liberales y socialistas que
marcaron los primeros conflictos obreros mineros en
el territorio; la presencia de religiones como el cristianismo,
especialmente el catolicismo y, en los últimos
tiempos, el protestantismo en sus diferentes versiones
evangélicas que se introdujeron en los Andes; las divisiones
sociales del trabajo, que incorporaron actividades
prediales y no prediales relacionadas con el
turismo y la minería, la circulación de poblaciones
migrantes tradicionales (quechuas y aymaras) y las
migraciones transnacionales movilizadas por las actividades
antes mencionadas, las políticas educativas de
chilenización que operaron como fronteras simbólicas
desde la república hasta la llegada de las políticas
interculturales; las acciones extractivistas y depredatorias
del medioambiente derivadas de una actividad
minera centenaria; las privatizaciones de los recursos
naturales no renovables como son las aguas superficiales
y subterráneas en las últimas cuatro décadas, la participación e involucramiento de organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales en
la región del salar y la presencia masiva de servicios
e instituciones estatales. Todas constituyen piezas de
un puzle nada fácil de armar y cuyas historias, vistas
desde la categoría de lo transnacional, abren nuestro
horizonte de análisis más allá de la nación, lo nacional
y otras categorías que de ella han surgido: minorías
étnicas, comunidades indígenas, minorías nacionales,
etcétera.
Discutida ya en términos generales la categoría
de lo transnacional para entender los procesos de
la región del salar de Atacama en el norte de Chile,
le otorgamos especificidad a partir de la noción de
Daniel Mato (2000, 2004) de "producción cultural
de complejos transnacionales", la cual nos permitiría
entender los impactos de las industrias de la minería
y el turismo en esta región. A través de esta noción
queremos señalar dos aspectos: el primero se refiere
a las dimensiones socioculturales de estas industrias;
el segundo, a su configuración en espacios sociales
dentro de los cuales agentes tradicionalmente denominados
locales, regionales, nacionales y transnacionales
establecen en el tiempo relaciones que pasan por
momentos de alianzas y negociación, mientras que
en otro, por luchas y conflictos. De esta forma, nos
negamos a ver a ambas sólo y exclusivamente como
industrias económicas, sino fundamentalmente como
productoras culturales en la medida en que participan
y se constituyen en actores relevantes de la vida y el
desarrollo de las poblaciones y de los grupos donde
realizan actividades extractivas. En este caso, el salar
de Atacama agrupa a las poblaciones que desde
tiempos coloniales forman una unidad administrativa
conocida como Atacama La Grande o Atacama la Alta
y cuyo centro fue desde entonces la localidad de San
Pedro de Atacama. Esta área geográfica refería a las
localidades que rodeaban el salar y se distinguía de
las agrupadas en el sector denominado Atacama la
Chica o Atacama la Baja, cuyo centro fue el poblado
de Chiu Chiu. Esta región, en las postrimerías del siglo
XX, adquiere autonomía política y administrativa con
la creación del Municipio de San Pedro de Atacama
en el año 1981, cuando se independiza de la ciudad
de Calama y se constituye en un municipio que a lo
largo del tiempo adquirió carácter étnico. Una década
y media después y producto de la implementación de
la legislación indígena, esta región se configura en un
Área de Desarrollo Indígena (ADI) -bajo la denominación
colonial- de ADI Atacama La Grande, designación
que el estado chileno utilizó para desplegar
su política indígena y multicultural con cuantiosos
recursos dirigidos a las entonces siete poblaciones
originarias reconocidas en la ley, entre ellas la de los
atacameños (Bolados 2012). No obstante, este proceso
de reconocimiento y de patrimonialización promovido
por el estado, luego de retornada la democracia en Chile, convergió con demandas socioétnicas pendientes
cuya intensidad se expresó en un fenómeno étnico
y político en el salar de Atacama durante la década
del noventa, el cual mostró directas implicancias con
la instalación y expansión de una minería y un turismo
transnacional en la región. Ambas actividades industriales,
minería y turismo, se configuraron así, y esta es
nuestra tesis, en complejos culturales transnacionales,
en tanto estimularon definiciones sobre el desarrollo
local, la cultura e identidad atacameñas, los migrantes
nacionales y extranjeros, el estado, las empresas, la
participación de instituciones globales como ONG y
otros organismos internacionales. A su vez, se constituyeron
en activadores de nuevos circuitos de movilidad
y prácticas de territorialidad en regiones indígenas de
especial interés para las empresas transnacionales relacionadas
con estas industrias.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, nuestro
trabajo privilegia los efectos globalizantes y transnacionalizadores
de estas actividades en un sentido amplio,
así como sus impactos territorializadores consecuencia
de la presión por configurarse simultáneamente en
una región indígena, minera y turística en la nueva
cartografía del capitalismo global. Un capitalismo milenarista
que se caracterizará, entre otras cosas, por
fomentar procesos de mercantilización de la cultura y
la etnicidad mediante la exaltación de un indigenismo
exótico y la aparición de un nativo ecológico (Doane
2007). Estos procesos experimentan contestaciones y
resignificaciones en un contexto de formación de nuevas
redes transnacionales formadas por actores locales,
regionales, nacionales y transnacionales, que despliegan
relaciones cambiantes en el transcurso del tiempo.
En concordancia con lo que sostiene Mato, lo que nos
resulta interesante aquí es relevar las "convergencias
y divergencias" entre agentes; asimismo, los "aprendizajes
mutuos, préstamos culturales, transacciones
de conveniencia y otras formas de negociación, o de
conflicto y resistencias, entre los intereses de unos y
otros" (Mato 2004: 72). En consecuencia, observamos
los procesos transnacionales en la región del salar de
Atacama-norte de Chile como fenómenos contemporáneos
con arraigo histórico, cuya intensidad es producto
de múltiples acciones y una heterogeneidad de agentes
intervinientes (Figura 1).
Figura 1. Mapa del salar de Atacama y sus comunidades, donde aparecen las concesiones mineras y geotérmicas, así como
las diversas protecciones nacionales e internacionales relacionadas con el turismo y la biodiversidad.
LOS COMPLEJOS CULTURALES TRANSNACIONALES DE LA MINERÍA Y EL TURISMO EN EL SALAR DE ATACAMA
La década del noventa reveló ser un período paradigmático
en cuanto se vieron desplegar procesos
contradictorios. De un lado, los avances en cuanto a
derechos y participación social indígena se canalizaron
a través de políticas inter o multiculturales en varios
países y sus respectivas legislaciones. Paralelamente, la progresiva incorporación de organismos internacionales
con un discurso medioambientalista y de protección
del entorno natural y cultural presionaron a agentes
nacionales y transnacionales a adoptar políticas de
responsabilidad social empresarial bajo el concepto/
paradigma de la sustentabilidad. El primer proceso
se explica en parte por la transnacionalización de la
problemática indígena o étnica (Stavenhagen 2001),
la cual se tradujo en un acogida positiva a demandas
históricas de los movimientos indígenas de las décadas
anteriores (Bengoa 2007; Bello 2008). El segundo
se relaciona con la globalización del discurso verde
que se cristalizó en la Declaración de Río firmada en
19922, que obligó a las empresas a comprometerse con medidas de mitigación y políticas de buen vecino con
las comunidades aledañas a sus faenas.
Estos avances, no obstante, se entrecruzaron con
una consolidación del capitalismo transnacional en la
región, luego de casi tres décadas de extractivismo.
Industrias como la agricultura, la minería y el turismo
entraron en conflicto respecto del acceso y disponibilidad
de los recursos, especialmente el hídrico; asimismo,
los impactos en el deterioro del paisaje y la
calidad de vida de las comunidades comienzan a ser
visibilizados, cuestionados y resistidos. Este movimiento
fue incorporado no sólo por medioambientalistas
opositores a megaproyectos contaminantes, sino que también fue liderado por organismos internacionales
relacionados con los pueblos indígenas, quienes denunciaron
impactos tanto en el desplazamiento de
poblaciones, la contaminación de suelos agrícolas y
cambios en sus actividades tradicionales.
El primer proceso se inicia en Chile con la aprobación
en el año 1993 de la Ley Indígena3. La misma
que permitió la creación de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena (CONADI) y con ella, de las
Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), y que reconoció
jurídicamente a las poblaciones originarias nacionales
como "comunidades indígenas". El segundo se expresó
en la Ley de Medio Ambiente promulgada el año
19944, la cual incorporó el tema de la participación
social y definió como elementos del patrimonio ambiental
el resguardo de áreas de valor arqueológico,
antropológico, paisajístico y turístico. Ambas acciones
fueron parte de los compromisos de los gobiernos democráticos
de la concertación que subieron al poder
luego de 17 años de la dictadura militar de Augusto
Pinochet (1973-1989). Este proceso tuvo como objetivo
compatibilizar democracia política y liberalismo
económico abriendo las puertas a lo que algunos han
llamado un neoliberalismo templado (Taylor 2006).
No obstante, las paradojas de la democracia chilena
(Paley 2001) se manifestaron tempranamente con el
proyecto hidroeléctrico Ralco en la región del Bío Bío
en el año 1997, el cual mostró las incompatibilidades
y superposiciones entre la legislación indígena y
medioambiental con la política energética sustentada
en un modelo económico basado principalmente en
las exportaciones de materias primas y cuyos impactos
directos significaron el desplazamiento de familias
pehuenches de sus territorios5. Este conflicto que se
desató en el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000)
intentó ser reparado con los diálogos comunales del
año 1998 por medio de un programa de etnodesarrollo
denominado Programa Orígenes. Este megaproyecto
fue ejecutado durante los gobiernos socialistas de
Ricardo Lagos (2000-2006) y Michell Bachelet (2006-
2010), período en el cual se terminaron de privatizar
las aguas sanitarias en Chile y continuaron entregándose
indiscriminadamente concesiones mineras y de
aprovechamiento de aguas –superficiales y subterráneas–
en el salar de Atacama.
En resumen, la estructura indigenista y multicultural
que operó desde el retorno a la democracia en
el salar de Atacama coincidió con la expansión de
la industria minera y con lo que se conoció como el
"boom turístico" desatado hacia fines de los años noventa
en la comuna de San Pedro de Atacama (Bustos
2005). Estos procesos se tradujeron en un crecimiento
sociodemográfico exponencial que se expresó en la
variación intercensal entre los años 1992 y 2002 (INE
2002) y que mostró no sólo una duplicación de la población
de la comuna de San Pedro de Atacama, sino
también una mayor demanda de los recursos naturales
y culturales asociados al recurso hídrico y a la venta
del paisaje exótico de lo indígena atacameño. Junto
con la fiebre de inversiones característica de los años
noventa en esta área, la conflictividad social en la
región del salar creció hasta que en la segunda mitad
de la década siguiente, explotó con los conflictos ambientales
de Pampa Colorada y Tatio, producidos en
2007 y 2009 respectivamente. El primero significó el
rechazo de las comunidades al proyecto de extracción
de aguas en el sector Pampa Colorada solicitada por
la minera transnacional australiana BHP Billiton controladora
de Minera Escondida, segunda productora de
cobre en Chile. El segundo tuvo como protagonista al
consorcio Geotermia del Norte, formado por la multinacional
italiana ENEL y las empresas nacionales del
estado CODELCO (Corporación del Cobre) y ENAP
(Empresa Nacional del Petróleo), las cuales realizaron
exploraciones geotérmicas cerca del sitio sagrado y
turístico de los géiseres del Tatio, que fueron frenadas
cuando se produjo la descompensación en una de sus
fumarolas.
Las luchas protagonizadas por los habitantes de
la región del salar de Atacama, tanto indígenas como
no indígenas, revelaron no sólo las diversas visiones y
cosmovisiones sobre el territorio entre los agentes, sino
también y por primera vez de manera directa, mostraron
la oposición explícita de la industria turística frente
a la minera. Estos conflictos reflejaron la importancia
de estas actividades para los agentes regionales, nacionales
y transnacionales involucrados en la minería y el
turismo del salar, pero también mostraron una posición
distinta de los agentes indígenas respecto del control
y el manejo de los recursos naturales y culturales. En
este sentido, estos episodios configuraron un escenario
y un posicionamiento inédito marcado por el rechazo
de las comunidades indígenas y otras agrupaciones adheridas
frente a la política energética que se pretendía
imponer desde el gobierno nacional, la cual hasta ese
momento había marginado a los agentes indígenas y
no indígenas habitantes del salar directamente afectados
por las intervenciones del desarrollo transnacional.
Como describe un exdirigente minero e indígena que
pidió ser citado bajo el seudónimo de Tajniri:
mirando un poco después y sacando la cabeza un poco más allá y mirando el horizonte de lo que estaba ocurriendo en aquellos años, estoy hablando de los años 90 o un poco 2000, mejor dicho 2001... me doy cuenta que efectivamente, incluso yo mismo era parte de un sistema que había sido instalado a partir del año 78, cuando se crea el decreto ley que modifica la constitución chilena dejando que el cobre sea explotado además por terceros, un poco subvencionado por el estado chileno, eh... lo curioso es que durante los 17 años de dictadura no se hizo nada, o sea... aparte de dejar esa puerta amplia abierta ahí, para que alguien la tome, ellos no dan ningún paso más allá, pero llega la concertación y la concertación... eh... abrió de par en par las puertas, a partir del gobierno de Aylwin ya salen los primeros pasos y en el gobierno de Frei se termina por, yo creo que fue el gobierno más nefasto que ha tenido Chile en ese aspecto... se firmó el tratado minero con Menem con Argentina... creo que nadie le ha tomado el peso a eso, pero es una cuestión tremenda... lo que hace que ambos países tengan una franja de territorio binacional para las transnacionales... lo otro es que se abren como ocho o nueve mineras en ese período y todas transnacionales y la excusa en ese instante era, 'bueno provoquemos empleo porque estamos en una etapa que Chile necesita desarrollo', que es la cuestión que creo yo nací con ese concepto en la cabeza y todavía no veo ¿qué es desarrollo? No lo entiendo... la cosa es que en ese instante ya con el modelo más que consolidado en Chile de este neoliberalismo... Con la presencia potente de las transnacionales en la explotación del cobre... Antiguamente el 75% del cobre era producido por chilenos, con empresas chilenas a través de CODELCO (Tajniri, comunicación personal, febrero 2012).
Este líder atacameño, cuya familia sufrió durante la
dictadura la persecución política y marginación social
y económica debido a la militancia de izquierda de
su padre, dirigió a comienzos de los años noventa la
principal asociación sindical de trabajadores mineros
de Chile hasta que decidió volver a San Pedro de
Atacama. Luego de un período de reencuentro con sus
raíces y su identidad indígena en un contexto de efervescencia
étnica, será el responsable de liderar, desde
la principal organización atacameña, la oposición al
proyecto geotérmico del Tatio. Luego de la experiencia
con el conflicto de Pampa Colorada, consideró
relevante unir fuerzas y convocar a una movilización
más allá de las organizaciones indígenas, decisión
que le significó la crítica y separación de los sectores
más radicalizados de la protesta, que consideraban la
"Defensa del Tatio" una lucha exclusivamente ancestral.
Posteriormente se produjo el quiebre del Consejo
de Pueblos Atacameños a partir de la salida de gran
parte de las comunidades del Alto Loa, entre las cuales
se encontraban Caspana y Toconce, hasta ese momento
administradoras del sitio turístico Géiseres del
Tatio. Pese a estos quiebres y rupturas, el proyecto
logró ser detenido y la empresa fue sancionada por
la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA)
por los daños ambientales producidos. Actualmente,
y como una forma de permanecer en su tierra, este
exdirigente sindical atacameño fundó un proyecto turístico
capaz de armonizar el rescate de su cultura con
un servicio de excelencia.
Los episodios de Pampa Colorada y el Tatio significan
un antes y un después respecto de las políticas
y acciones de sustentabilidad implementadas por las
empresas mineras en el salar. Se levantó un precedente
inexistente relativo a las luchas ambientales, y tanto
las empresas mineras como el estado y las propias
agencias turísticas reflexionaron sobre sus estrategias
de acercamiento y relación con las comunidades. De
hecho, estos conflictos incentivaron una profundización
y expansión de sus discursos y prácticas de responsabilidad
social, desarrollo comunitario y sustentabilidad
vía creación y expansión de fundaciones o
áreas corporativas enfocadas a contribuir en el "rescate
y fortalecimiento de la cultura atacameña": y asimismo
"al cuidado y protección del medio ambiente". Dentro
de las comunidades y organizaciones atacameñas, estos
conflictos significaron una polarización entre sectores
que vieron en estas actividades "un lavado de
imagen" o simplemente las "migajas de la minería" y
otro dispuesto a establecer un marco de negociaciones
con restricciones y una participación directa de
la comunidad en los procesos de monitoreo de los
proyectos desarrollados en su territorio6.
Junto con la pugna por el control y acceso a los
recursos como el agua y el paisaje quedó en evidencia
la incidencia en el sector del salar de Atacama de los
impactos de las circulaciones masivas y permanentes
de la llamada población flotante. Una miríada en permanente
movilidad conformada por trabajadores de
la minería directos y subcontratados; mano de obra
de la construcción de grandes, medianos y pequeños
hoteles; contingentes de funcionarios de los diversos
servicios públicos; personal de agencias y operadores
turísticos; científicos de diversas disciplinas y universidades
tanto nacionales como internacionales que desarrollan
proyectos en el sector; y cientos de turistas
transitando las principales calles y sitios turísticos de
la comuna, lo que provoca interacciones y tensiones
entre agentes social y culturalmente heterogéneos.
GEOGRAFÍAS E IDENTIDADES EN PRODUCCIÓN: DE ATACAMAS A ATACAMEÑOS
Los hoy adscriptos como licanantay o atacameños
formaron parte de una dinámica red de relaciones interétnicas
dentro de una amplia región denominada
circumpuneña, caracterizada por un modelo de complementariedad
ecológica e interdigitación étnica practicada
con grupos y regiones del actual noroeste argentino
y sur boliviano (Martínez 1998; Hidalgo 2004).
Los documentos coloniales y otras fuentes históricas
se refieren a estos grupos como "los atacamas", con lo
cual señalan una adscripción geográfica y lingüística
de un grupo que comparte espacios y territorios comunes,
así como herederos de una lengua extraña como
el kunsa y cuya movilidad con diversos grados de
diferenciación se debió reorganizar permanentemente
de acuerdo con contextos cambiantes (Álvarez [1588]
1998). Uno de estos marcos fue el que obligó a estas
poblaciones a incorporarse al proyecto republicano
y modernizante de Chile a fines del siglo XIX, luego
de que esta región -hasta ese momento perteneciente
a la república de Bolivia- fuera anexada a Chile. La
también llamada Guerra del Salitre se constituyó en
el inicio de un periodo de expansión y consolidación
de la minería industrial que se prolongó durante todo
el siglo XX. Con este escenario, las fronteras geopolíticas
y económicas se redefinieron sobre la base de
un proceso de territorialización en torno a la actividad
minera en la actual región de Antofagasta. Estas circulaciones
definieron una ruta de movilidad que tuvo
como eje la mina de Chuquicamata, la cual estimuló
procesos de migración desde las localidades indígenas
hacia la ciudad de Calama (Carrasco 2010). Ruta que
se invirtió a partir de los años ochenta del siglo XX,
primero con la entrada de dos empresas para la explotación
del litio al salar de Atacama; segundo, con
la creación de un distrito jurisdiccional independiente
de la ciudad de Calama como fue la creación de la
comuna de San Pedro de Atacama. Aunque resultan
todavía escasos los estudios sobre el impacto de la
minería en el salar, los realizados hasta el momento
dan cuenta de la presión para que las comunidades
se convirtieran en pequeños campamentos mineros
y abandonaran actividades tradicionales vinculadas
al pastoreo y la agricultura debido a la falta de agua
(Yáñez y Molina 2008). Como lo constata el trabajo
de Núñez, esta minería que denomina "moderna" para
diferenciarla de la minería del salitre y del cobre del
siglo anterior, pese a que frenó el despoblamiento,
significó sin embargo, una progresiva sedentarización
en comunidades atacameñas como Toconao y Peine
(Núñez 2002: 12).
Una década y media más tarde, en 1996, estos
procesos de retorno se intensificaron con la puesta
en marcha Ley Indígena mediante la conformación
del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Atacama la
Grande7. La confluencia de factores históricos, políticos,
económicos y socioculturales tuvo como correlato
la emergencia de procesos de revitalización socioétnica,
caracterizados por la aparición de una primera
generación de líderes indígenas que iniciaron una actuación
protagónica en el municipio local y luego en
otras agrupaciones indígenas que se formaron en ese
período (Consejo de Pueblos Atacameños y CONADI
principalmente). A partir de este proceso, la categoría
de atacameños o lincanantay referirá a elementos de
pertenencia a un pasado común en el cual se incorporan
elementos de un discurso arqueológico (Ayala
2007), pero que a su vez activa procesos de construcción
étnica basados en la pertenencia a una historia,
una territorialidad y una religiosidad compartidas entre
las comunidades del salar. Como lo describe Morales,
la etnopolítica atacameña se caracterizará hacia adentro
por estimular procesos de diferenciación étnica,
mientras que hacia afuera "actuará como una ideología
de la sujeción y asimilación de la diferencia en los
procesos legales de reconocimiento multiculturalista"
(Morales 2010: 153). Un comunero del ayllu de Solor
en San Pedro de Atacama describe este proceso con
las siguientes palabras:
lo que pasa en el 2007 después de 25 años de ausencia, entonces cuando yo era muy chico tenía mucha cercanía con San Pedro hasta que me fui a estudiar a la universidad a los 18 años, entonces de alguna manera para mí fue un shock este cambio porque de repente pasamos de que yo era sampedrino, de que no existía el concepto indígena... Yo recuerdo que en ese momento como que había una interfaz, es decir, nosotros veníamos al museo y ahí habían indios, en algún momento de la historia, del desarrollo de esta zona, habían indios... que no éramos nosotros no, ¡no por favor! ¡Cómo vamos a ser indios! De hecho, nosotros... yo me acuerdo que estudié en primero medio en la escuela de Calama, en el Liceo Industrial de Calama y nosotros teníamos un compañero 'el paitaco', o sea, nosotros le decíamos 'paitaco', que eran indios de mierda, o sea, nosotros nos reíamos de ellos, de hecho, nadie quería ser eso, ya, y llego acá y me encuentro con el shock que todos quieren ser indios o indígenas, entonces es como, es más, hay gente se siente orgullosa, es más, hay gente que incluso tiene como una historia, como una, como diríamos, como... toda una continuidad, ¡siempre fue así!, ¡nosotros descendientes de los tribus Paniri...! Esa era la visión que yo tenía de la cosa indígena en esta zona, como algo que pasó, nosotros ya no somos indígenas... Entonces cuando llegué fue un shock descubrir que sí había indios... y que además ¡yo era atacameño! ¡Era indio! (Gerardo Ramos, comunidad de Solor, febrero 2012).
En el transcurso de este período San Pedro de
Atacama se convirtió en uno de los principales destinos
turísticos tanto nacional como internacional, cuyo
reconocimiento se hizo explícito en 2002, cuando el
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR 2009) lo
declaró Zona de Interés Turístico. Esta declaración fue
particularmente útil para las comunidades y organizaciones
del salar, que llevaron adelante la "Defensa del
Tatio" y se refugiaron en esta declaratoria consagrada
por el propio estado nacional para detener el proyecto
de exploración geotérmica en el delicado sitio de
los géiseres del Tatio. Simultáneamente, esta y otras
acciones tanto del estado como de las organizaciones
atacameñas favorecieron el surgimiento de experiencias
de turismo cultural, étnico o rural, etnoturismo,
etc.; en las cuales las comunidades se incorporaron
de manera protagónica y lograron convertirse en coadministradoras
de sitios emblemáticos como la Reserva
Nacional Los Flamencos y de museos comunitarios
como los de los ayllus de Tulor y Quitor.
En este contexto de expansión sociodemográfica
producto de las presiones globalizantes generadas por
los complejos culturales de la minería y el turismo en
la región del salar, las comunidades indígenas atacameñas
volvieron a la palestra nacional en el año
2011 por las solicitudes de exploraciones geotérmicas
otorgadas por el estado a empresas transnacionales
en todo el sector precordillerano8; por el decreto que
abrió la licitación internacional del Sistema Nacional
de las Áreas Silvestres Protegidas del estado conocidas
como SNASPE, y por el preanuncio de la venta de las
bases para la licitación internacional de litio como
parte de las políticas del gobierno de Sebastián Piñera
(2010-2014)9. Esta triple demanda sobre el territorio en
el último período replanteó un escenario de tensiones
entre agentes locales –indígenas y no indígenas–, agentes
regionales y nacionales y empresas transnacionales,
que reveló nuevamente la superposición de acciones
entre la actividad minera y la turística en el salar y
una nueva fase del proceso étnico local, que esta vez
judicializó los conflictos contra el estado interponiendo
recursos de protección.
Estas territorialidades y los imaginarios promineros
y proturísticos que circulan en torno al salar de
Atacama, son fomentados en gran parte gracias a la
acción de los medios de prensa escrita y televisiva
regional, y al trabajo de las áreas corporativas de las
empresas donde se diseñan y planifican las políticas
de responsabilidad social empresarial (RSE). A través
de ambas se propagan las concepciones tanto del
estado como de los privados sobre lo que definen
como sustentabilidad; asimismo sirven como espacios
de difusión de los proyectos e inversiones de estos
agentes y de su importancia en la economía regional
y nacional. Sin embargo, y pese al enorme esfuerzo
comunicacional que alimentan las empresas en favor
de su actividad como fuente del desarrollo chileno,
éstas no han podido aplacar el descontento expresado
en las protestas y movilizaciones que se suscitaron en
el último período. Estas protestas tienen como trasfondo
principal la percepción de las externalidades
negativas por sobre las positivas de la minería. No
obstante, la prensa escrita regional insiste en destacar
los impactos económicos positivos de la minería tales
como las millonarias inversiones, la variedad de cartera
de proyectos y los potenciales negocios asociados;
cuyo efecto "no deseado" –como es el aumento de
la inmigración colombiana–, es presentado como un
efecto menor asociado y legitimado por un discurso
xenofóbico y racializado que los incorpora en tanto
delincuentes, traficantes de drogas o prostitutas.
Aunque las mismas autoridades son conscientes de
que parte importante de los beneficios de la actividad
minera no queda en la región y mucho menos en la
comuna, la población ha comenzado a sentir el peso
de cargar no sólo con la contaminación del ambiente
sino con otros problemas asociados, por ejemplo, la
infraestructura deficiente, la desigualdad social entre
quienes pertenecen o no a la actividad minera, la
inseguridad laboral, los problemas de salud asociados
al alcoholismo, la drogadicción, etcétera. En el
caso de las comunidades indígenas, tanto atacameñas
y quechuas de la provincia del Loa, el descontento y
sus demandas no se relaciona sólo con el problema
redistributivo asociado a la explotación y agotamiento
de sus recursos naturales, sino principalmente por la
marginación en los procesos de participación y toma
de decisión sobre los proyectos que se instalan en su
región, comuna o localidad. La crítica principal en este
sentido apunta a denunciar la exclusión en las decisiones
que impactan en su territorio, lo cual pone en riesgo
la posibilidad de desenvolverse a futuro en él, contenido
esencial del concepto de sustentabilidad según
la declaración de Río de 1992 (Organización de las
Naciones Unidas 1992). Junto con la no participación,
la exclusión y la marginación, las memorias de Pampa
Colorada y Tatio revelaron el olvido e incumplimiento
del estado de los compromisos internacionales, como
el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la propia ley indígena, instancias
que salvaguardan el derecho a recibir una información
clara y oportuna. A su vez, estos hechos llevaron
a las áreas corporativas mineras a reorientar las
estrategias hacia propuestas en el área productiva con
fuerte énfasis en una lógica empresarial y de autoemprendimiento,
con lo cual lograron desviar el eje de
las tensiones y conflictos relacionados con el control
del territorio y sus recursos, principalmente el agua.
Sus acciones, en consecuencia, tendrán como meta
mitigar los impactos sobre la comunidad, y realizar
convenios directos con estas, todo lo cual desperfila
progresivamente la importancia de organizaciones
indígenas como el Consejo de Pueblos Atacameños.
Estas estrategias individualizadoras tienen en parte su
asidero en la propia legislación indígena de los años
noventa, que debilitó a organizaciones tradicionales al
levantar a cada comunidad como una unidad jurídica
independiente. Esto se pudo observar con claridad
en el caso del Tatio, donde el Consorcio Geotermia
del Norte formado por la italiana ENEL y CODELCO/
ENAP desplegó acciones directas con las comunidades
de Toconce y Caspana, quienes tenían a cargo la
administración del sitio Géiseres del Tatio, obviando
al resto de organizaciones locales y provocando,
como dijimos antes, una ruptura dentro del Consejo
de Pueblos Atacameños.
Frente a esta manera de administrar la información
y a estas formas de exclusión en decisiones fundamentales
que afectan al desarrollo cultural y medioambiental
de las comunidades, estas se han apoyado
cada vez más en redes transnacionales y nacionales10 como forma de contrarrestar estos megapoderes en pos
de conseguir un mínimo de visibilidad sociopolítica
y comunicacional para sus demandas. Pese a estas
acciones de defensa, el salar de Atacama sigue siendo
representado como un lugar por explorar y explotar recursos, sean estos naturales o culturales, y que hoy
involucran a la energía geotérmica, áreas silvestres
protegidas por el estado y privadas, como también
recursos tan estratégicos como el litio. Esta misma
idea la sostienen las autoridades regionales de distintas
áreas, como la turística y la minera, y también la
nueva institucionalidad medioambiental, quienes ven
al salar como una región en pañales desde el punto de
vista de su desarrollo, donde queda mucho por hacer y
donde es posible compatibilizar los intereses tanto de
la minería, el turismo y las comunidades. Estos son los
fundamentos actuales para el incipiente desarrollo de
lo que se ha llamado turismo minero, cuyo objetivo es
difundir las actividades extractivas dentro de circuitos
turísticos que se ofrecen. Se lo percibe así como una
estrategia para acercar a la gente a conocer la actividad
y cambiar su imagen respecto de esta. Asociado
a lo mismo, el turismo de negocios es un interesante
aliado para la gente que llega a la región y a la cual
se la quiere invitar a conocer los atractivos turísticos,
de los cuales, uno de los principales es la región del
salar de Atacama. Una tercera actividad que viene
sonando en la boca de la recién creada Subsecretaría
de Turismo es el aún no trabajado turismo astronómico
y que probablemente tendrá como punto de inicio
la puesta en marcha del observatorio ALMA, el más
grande del mundo. Mientras se despliegan las representaciones
de la región en un proceso de desarrollo
incipiente en cuanto a sus bondades y potencialidades,
algunos sectores y comunidades originarias atacameñas
denuncian, por el contrario, un desastre ecológico porque
no se ha respetado los ciclos de la patahoiri –madre
tierra en la lengua extinta kunza–, quien, hoy dicen
sus dirigentes y sanadores, se encuentra trastocada y
agotada por la sobreexplotación de sus recursos y de
su gente. Las comunidades atacameñas consideran que
el estado debería abandonar su actitud de transgresor
de sus derechos y reconocer a la región –habitada
desde hace milenios por grupos de hombres y mujeres
dedicados al cultivo y al cuidado de los animales–
como territorio indígena. Un proceso cuyas principales
deficiencias y contradicciones se encuentran en
el no reconocimiento constitucional de los pueblos
indígenas de Chile y en la lenta implementación del
convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) aprobada en el 2008, convenio que,
es necesario recordar, estuvo detenido 17 años en el
Congreso chileno.
A MODO DE CIERRE
En este escenario global, los actores dominantes insisten en que la región del salar de Atacama apunte a constituirse en un centro de producción minera no metálica y de energías renovables como la geotermia, mientras paralelamente se pretende que siga siendo un destino turístico de renombre nacional e internacional. La pregunta que surge es, entonces, ¿cómo podría lograrse este objetivo, en medio de la conflictividad social permanente que en los últimos años ha caracterizado la región, y cómo esta podría satisfacer intereses tan opuestos como los de industria del turismo –que vive del paisaje y de la cultura–, los de la minería –que destruye el paisaje para obtener su producto– y los de las comunidades indígenas que buscan reconocimiento y legitimidad en tanto primeros habitantes de esta tierra? Los discursos y prácticas de la sustentabilidad que continúan inundando el salar no han sido suficientes para salvaguardar una política de los acuerdos y de confianzas con las comunidades indígenas y otros actores11. Las acciones de mitigación que emanaron posteriormente a los conflictos de Pampa Colorada y el Tatio revelaron ser un campo en permanente estado de ebullición. Su carácter inestable e impredecible no implica, sin embargo, que las comunidades se encuentren plenamente cerradas al diálogo y la negociación. Ellas son las primeras en saber que su presente y su futuro se relacionan con la minería, y que sus alternativas de desarrollo dependen de este complejo transnacional. Paralelamente a este escenario de negociación, existe otro, liderado por el Consejo de Pueblos Atacameños, que tomó el camino de la judicialización de estos conflictos indígenas y ambientales, en algunos casos buscando instalar al turismo –industria que reporta retornos más directo y a más corto plazo a las economías atacameñas– como una defensa frente a la minería. Esta estrategia de defensa frente al avance de la minería, a su vez, coincide con las masivas actividades desplegadas en este último tiempo por el Servicio Nacional de Turismo y una nueva política nacional/regional que pretende "ordenar" e "intervenir" sobre el descontrolado turismo en la comuna de San Pedro de Atacama12. Este ha cobrado impulso desde las nuevas instancias nacionales creadas recientemente como es la Subsecretaría de Turismo, cuyo estudio sobre áreas prioritarias del 2011 tenía aún como portada la iglesia colonial de San Pedro de Atacama (SERNATUR 2009). La creación de este organismo da cuenta de la voluntad política de consolidar esta parte de la región de Antofagasta como región turística dentro de los nuevos lineamentos económicos del país. Resumiendo, los conflictos del salar revelan lo transnacional como un espacio complejo y dinámico de relaciones entre actores locales, regionales, nacionales y transnacionales que interceptan y yuxtaponen intereses, imaginarios y voluntades. Un escenario de tensiones al interior de las comunidades y otros actores locales, como también entre las autoridades regionales de la Minería, de Economía y Turismo, Energía o Medio Ambiente. Mientras algunos actores locales –tanto indígenas como no indígenas– apuestan a la mesa de diálogo con la Subsecretaría de Turismo, otros más radicales tales como el Consejo de Pueblos Atacameños piden recuperar sus derechos ancestrales en tanto territorio indígena, rechazando una negociación más abierta con residentes nacionales y extranjeros, y trasladando su lucha a los tribunales nacionales e internacionales. La multiplicidad de acciones, políticas y presiones sobre el territorio interrogan no sólo por los efectos socioculturales asociados a esta complejidad, sino también por la capacidad de recarga del reconocido frágil ecosistema del salar de Atacama en un contexto de exigencias y protecciones medioambientales, que marchan paralelas a las concesiones permanentes de recursos naturales al mundo privado. Entonces, tanto el denominado patrimonio cultural que intenta salvaguardar la ley indígena del año 1993 como el patrimonio medioambiental que intenta defender la legislación del año 1994, se enfrentan a una crisis permanente de legitimidad y consenso. Aunque para muchos pueda aparecer el agua como el eje central del conflicto, la complejidad del salar de Atacama refiere, a nuestro entender, a dimensiones históricas e identitarias múltiples que provienen de la presión por constituir al salar simultáneamente en una región indígena, minera y turística. A su vez, esta deriva de la nula credibilidad hacia el estado y sus conglomerados transnacionales para avanzar en una política de participación real y efectiva, coherente con las diversas legislaciones y políticas implementadas por Chile en las últimas dos décadas; aunque las proyecciones insisten en que el cobre seguirá en alza y continuará siendo supuestamente el sueldo de Chile. Desde esta perspectiva, la sociedad chilena en general, pero en particular las comunidades para las que la actividad minera es central –como Calama, San Pedro de Atacama, e incluso algunos sectores de Antofagasta–, han tomado conciencia de la desproporcionalidad y las marginalidades asociadas a la actividad minera que trasladan el beneficio a otros sectores y regiones, en su mayoría fuera de Chile. Esta percepción y este descontento que tiene en el centro del huracán los problemas medioambientales y la crisis de los recursos naturales actuales han activado movilizaciones sociales que al parecer no van a desaparecer ni mucho menos disminuir. Estas tensiones permean la mayoría de los espacios sociopolíticos actuales en el salar de Atacama, y las comunidades ven hoy como mejor aliado al turismo, mientras acusan a la minería de avanzar sin respeto y por sobre sus derechos culturales. La crisis hídrica del salar producto de la excesiva demanda minera, y de manera más invisibilizada la turística, así como las presiones para implementar energías limpias en su producción, junto con las exigencias de un paisaje natural prístino abierto al turista, marcan el presente y futuro cercano de la región al tiempo que ponen en crisis los modelos de desarrollo económico y social. El actual código de aguas de 1981 impuesto durante el período de la dictadura y que separa el agua de la tierra -propiedad consustancial de la vida en la cosmovisión de pueblos originarios y campesinos como lo son las comunidades atacameñas del salar de Atacama- configura un territorio cuya superposición de mapas se traduce en una dinámica social cuya complejidad y heterogeneidad crecen. Un destino turístico camino a la destrucción, señalan algunos antiguos vecinos, mientras otros auguramos un pequeño/ gran negocio del litio para el estado y las transnacionales que partió mal, pero que –como fueron los ejemplos de Pampa Colorada y Tatio– reflejaron un capitalismo sin memoria y capaz de reinventarse que promete por un tiempo prolongado seguir otorgándole complejidad a este espacio social. Desde esta perspectiva, el salar de Atacama constituye, a nuestro modo de ver, un caso interesante para analizar los procesos de globalización transnacional en perspectiva histórica. Asimismo, se presenta a la región del salar como un ejemplo etnográfico grandilocuente relativo a los modelamientos del poder cuya historicidad se percibe en las memorias y prácticas sociales de los habitantes del salar. Ellas revelan elementos de un pasado reconstruido y atravesado por historias, ideologías y prácticas, donde la interacción transnacional ha sido un eje constitutivo de la sociedad atacameña. De igual forma, los procesos de globalización nos permiten observar los discursos y las prácticas transnacionales, al igual que sus reelaboraciones y traducciones en la construcción de identidades étnicas y sociales entre las comunidades atacameñas. Así también, la conformación de la minería y el turismo en complejos culturales transnacionales deja entrever la utilización de estrategias del pasado en el presente donde los recursos de la naturaleza y la cultura refieren tanto a las memorias de un pasado-presente relacionado con la tierra, como a ideologías inclusivas que desde la colonia inculcaron las prácticas de la propiedad, la territorialidad y la cultura como mercancías transables, las cuales coexisten, han coexistido y continuarán coexistiendo con las prácticas de reciprocidad andina que se llevan adelante en esta región.
Agradecimientos
Agradezco a CONICYT por el apoyo a través del proyecto posdoctoral FONDECYT 3120062 y a mi colega Mónica Montenegro por su ayuda en la traducción del resumen en inglés. También mis agradecimientos a los evaluadores, quienes realizaron interesantes sugerencias al manuscrito.
1 Este informe fue resultado de un trabajo realizado por un número importante de investigadores, quienes, según su área de estudio, conformaron grupos de trabajo, comisiones y subcomisiones. Aquí nosotros nos referimos a los trabajos realizados por el grupo Pueblo Atacameño. El informe se encuentra disponible en el link http://www.corteidh.or.cr/ tablas/27374.pdf
2 Desde 1992, con la convención sobre biodiversidad, la declaración de Río de Janeiro y Agenda XXI, se promueve y presiona a un desarrollo en equilibrio con el medio natural y cultural que propulsa un proceso de institucionalización a nivel global sobre el cuidado del medio ambiente, cuyos efectos impactaron tanto a las corporaciones transnacionales como a las estados nacionales para tomar medidas ante los avances de la contaminación y el cambio climático (Organización de Naciones Unidas 1992).
3 Nos referimos a la Ley 19.253 o Ley Indígena que establece normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas.
4 Ver en referencias Ley 19.300.
5 El proyecto hidroeléctrico Ralco fue uno de los primeros en alertar a las comunidades indígenas sobre las limitaciones y alcances reales de la legislación indígena y medioambiental. Asimismo, mostró la ambivalencia de los gobiernos democráticos de la concertación respecto de su política indígena y sus, entonces, directas colaboraciones con las empresas transnacionales. En este caso, se trataba de la empresa española ENDESA, la cual se convirtió en la controladora del tema energético en Chile hasta que en 2007 pasa a ser controlada por la italiana ENEL, una de las empresas socias del consorcio Geotermia del Tatio, involucrado en el conflicto del Tatio.
6 Estos beneficios se comprenden principalmente como mayor acceso y oportunidades de trabajo, capacitación, becas, convenios, etcétera.
7 Esta área indígena fue una de las primeras en funcionar en el norte de Chile y fue concebida por la política indígena de los noventa como una medida para focalizar los recursos y acciones del estado hacia los pueblos indígenas. Las comunidades del Alto Loa hasta ese momento formaron parte del ADI Atacama la Grande; no obstante, en el año 2003 y liderados por la comunidad quechua de Ollagüe, se constituyeron en un ADI independiente denominado Alto Loa.
8 Estas adjudicaciones fueron otorgadas a empresas transnacionales como las canadienses Polaris y Barrick-Zaldivar, la holandesa Transmark, las australianas Origin y Hot Rock y la norteamericana Ormat. Además de algunas que quedaron en manos de grupos nacionales como Colbun (relacionada a la familia Matte) y Antofagasta Minerals (controlada por la Familia Luksic). Estas fueron adjudicadas mediante decretos promulgados entre los años 2009 y 2011.
9 Esta licitación generó enormes críticas desde un grupo de parlamentarios de la oposición al gobierno, quienes presentaron un recurso de amparo por considerar que se trataba de una cuestión de estado que requería ser discutida en el congreso, y que terminó abruptamente como uno de los escándalos más grandes del gobierno en el último período. Esto en parte, por la enorme difusión mediática de parte de gobierno a un proceso que finalmente fue duramente sepultado por haber incurrido en errores tan fundamentales como otorgarle la concesión a la empresa SQM, con quien el estado mantenía litigios pendientes. Finalmente, este error significó la renuncia del subsecretario de Minería y la declaración de la licitación como desierta. Es preciso recordar que parte de la denuncia fue llevada adelante por las otras dos empresas que participaron y que no se adjudicaron la licitación, las mismas que dieron antecedentes de estos errores a nivel público y actualmente se encuentran considerando las posibilidades de querellar contra el estado por los perjuicios producidos por este episodio. Esta situación significó, por un lado, recordar las formas de privatización de empresas como SQM –en ese momento SOQUIMICH– durante la dictadura. Estas y otras informaciones fueron levantando un manto de dudas y oscuridades respecto de una de las dos empresas que concentran la producción de litio nacional y la cual tiene una presencia directa en las comunidades del salar de Atacama.
10 Se pueden mencionar las ONG internacionales de ayuda a los migrantes, como OCCIM, Pan para el Mundo y, en otro momento, a nivel nacional, el activo involucramiento del Observatorio de Derechos Indígenas (hoy de Derechos Humanos). Algunos grupos también han buscado apoyo en la Red Medioambiental Norte, como en el programa Chile Sustentable, liderado por la medioambientalista Sara Larraín.
11 La Ley 19.300, conocida como la Ley de Medioambiente, fue promulgada en Chile en el año 1994. No obstante, entró en completa vigencia recién en el año 2001 luego de que se aprobara su reglamento operativo. Entre sus aspectos principales, la ley establece un sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), encargado de evaluar en un plazo determinado los proyectos presentados. Este proceso se inicia con la presentación de un EIA o Estudio de Impacto Ambiental por parte de la empresa interesada. Además, señala los órganos del estado competentes, encargados de pronunciarse y las formas legítimas de participación ciudadana.
12 Entrevista a la secretaria regional de Economía, Turismo y Fomento. Mayo de 2012.
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