RESEÑAS
FRADKIN, Raúl -compilador- El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la constitución del Estado en el Buenos Aires rural, Prometeo, Buenos Aires, 2007, 165 pp. ISBN 978-987-574-192-8.
Entre 1780 y 1830 el mundo rural bonaerense vivió una serie de importantes transformaciones que produjo la estructuración del espacio regional y de la economía agraria que alcanzarían su máxima expresión durante el siglo XIX. A través del conjunto de estudios reunidos en esta compilación, el autor se propone revisitar la imagen del funcionamiento de la Justicia durante la transición del orden colonial al posrevolucionario en la mencionada campaña. En tal sentido, el libro se inscribe en un marco de renovación de la historia de la Justicia que pretende superar los estudios tradicionales de la historia del Derecho, enfatizando la relación de las estructuras de poder desplegadas con el espacio geográfico y su población, para obtener así un acercamiento al proceso de formación estatal, en función de develar las formas específicas de ejercicio del poder. De tal forma que los capítulos del libro buscan situar su aporte en ese intento del Estado por poner bajo el imperio de la ley a un mundo social heterogéneo, dinámico y móvil, que comportaba un estrecho entramado de relaciones sociales en su interior pero se vinculaba de manera muy laxa con el poder que pretendía institucionalizarse en la campaña.
La disposición de cada capítulo dentro del conjunto da cuenta de la linealidad y coherencia con la que se pretende responder a estas inquietudes. Así, el primer capítulo se ocupa de la construcción de ese orden institucional en la campaña prestando especial atención a la multiplicación de las estructuras de jurisdicciones territoriales y a la complejidad que adoptó su implantación en el medio rural. Estas estructuras de poder (en particular la militar-miliciana, la eclesiástica y la judicial-policial), operaron en un espacio socialmente construido y se asentaron sobre las estructuras de los pueblos existentes desde las que intentaron desplegarse en el medio rural. Lo que resulta significativo es que, en buena medida, el ejercicio efectivo de las funciones asignadas a cada estructura era efectuado por un conjunto de vecinos que no conformaban una burocracia profesional y cuyas funciones tendían a superponerse y generar disputas en torno al ejercicio del poder.
El planteo propuesto resulta sugerente en tanto repara, más allá del despliegue de la fuerza coercitiva por parte del Estado para imponerse, en lo dificultosa que esta empresa se reveló en la práctica, siendo los pueblos rurales el centro de esta actividad que se ejercía a través de mediaciones sociales (sin las cuales el Estado no podía aún funcionar) como las de los curas párrocos o los jueces de paz.
La importancia de la mediación de estos últimos queda demostrada por la reticencia de los actores sociales del mundo rural a recurrir a la Justicia letrada para dirimir sus conflictos, muchos de los cuales seguían resolviéndose en el Juzgado de Paz. Tal como acertadamente se plantea en el capítulo 2, tras un análisis de la esfera civil de la Justicia, para mediados de la década de 1830 la inserción efectiva del Estado en el entramado social rural estaba pendiente y la Justicia seguía siendo una cuestión relacionada con la vecindad. Esto, lejos de estar planteando la ausencia de dispositivos de Justicia en el mundo rural nos habla de la presencia de "diversas formas de infrajudicialidad", es decir, espacios del derecho que se desplegaban por fuera de los juzgados, arraigados más en lo consuetudinario que en lo institucional. Esa población rural en aumento tuvo a la Justicia de Paz como el ámbito por excelencia para resolver sus conflictos.
En relación con uno de esos modos de administrar justicia, el capítulo 3 se adentra en el papel desarrollado por los curas párrocos, mediadores de primera instancia en la vida social rural.
El ejercicio de la justicia eclesiástica fue limitándose desde finales del período colonial, proceso que se reforzó en la etapa posrevolucionaria, en un marco en el que las autoridades civiles pretendieron un mayor control sobre la campaña bonaerense. Sin embargo, tal como lo ponen de manifiesto los datos desplegados en el análisis propuesto, no fue fácil despojar a la Iglesia de atribuciones que consideraba de su pertenencia, ya que estos párrocos desempeñaron funciones judiciales propias de sus cargos, pero además intervinieron informalmente en la resolución de conflictos locales, mediaciones que generaron enfrentamientos con los alcaldes y jueces civiles, de allí la importancia de detenerse a pensar en la complejidad de la construcción del poder en estas sociedades, tarea a la que se abocan detenidamente los autores de los diferentes capítulos.
Finalmente, si se postula que esta sociedad de campaña no era anómica, es necesario indagar en su relación con las normas y la justicia. A tal propósito se dedican los capítulos 4 y 5, en los que se aborda un tópico clásico sobre aquella sociedad: la figura del "vago y malentretenido". En tal sentido, se insiste atinadamente en que mas allá de las transformaciones filosóficas y de la producción de la normativa, ésta se habría ido amasando en estrecho diálogo con la realidad social y con los modos en que los sujetos sociales interpretaban las orientaciones fijadas por el Estado.
El concepto amplio y laxo de vagancia sirvió de sustrato para perseguir un conjunto de conductas y prácticas que terminaron por subsumirse en esta figura. En síntesis, desde la década de 1780 puede observarse una creciente disposición de las autoridades a perseguir la "vagancia" y a criminalizar prácticas sociales anteriormente toleradas o, al menos, no vistas como tan peligrosas. Un nuevo clima de ideas tomaba forma y progresivamente iba impregnando las orientaciones de las autoridades y las percepciones sociales.
Sin embargo, cabe tener en cuenta, como lo hacen los autores, no sólo los cambios progresivos en pos de la incorporación de las ideas del pensamiento ilustrado en la práctica judicial, sino también la pervivencia de la importancia de la confesión del imputado junto a los testimonios de los testigos y la fama como elementos de prueba, que no desaparecieron. Encontramos aquí otro de los aportes centrales del texto: el diálogo que logra establecer entre las transformaciones que se dieron en la práctica según las necesidades políticas o económicas cambiantes, en el marco de continuidades más generales. Finalmente, la contextualización de las causas judiciales con los procesos sociales, económicos y políticos, así como el planteo de la capacidad de agencia de los actores sociales frente a la normativa -como las resistencias de los curas párrocos al recorte de sus funciones judiciales o la reticencia de los habitantes rurales a recurrir a la justicia letrada- nos ponen frente a un estudio que lejos de mostrarnos una sociedad anómica o un Estado autoritario nos revela de manera amena y sugerente las dificultades con las que ese Estado se encontró para imponerse en el período estudiado y la característica multidireccional del poder que se generaba en el discurrir cotidiano de las relaciones interpersonales. En síntesis, nos hablan del proceso de construcción del poder y de la gobernabilidad en el mundo rural bonaerense desde la complejidad del proceso y no desde el posible éxito o fracaso de las medidas adoptadas.
Por Yolanda de Paz Trueba
(IEHS-UNICEN, CONICET)