ARTICULO ORIGINAL
Prensa escrita, empresarios y dictadura: el intransigente y la reorganización de las entidades empresarias. Salta, 1975-1977
(Press, business and dictatorship: El intransigente and reorganization of business entities. Salta, 1975-1977)
Rubén Emilio Correaa y Alejandra Soler Carmonab
a - Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, IEHS, director del proyecto Nº 1474 y 1804;
b - Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, IEHS, profesora adscripta al Proyecto Nº 1474 y 1804
Resumen:
Una de las primeras medidas del gobierno militar de 1976 conminaba a las diferentes organizaciones políticas y gremiales a suspender toda actividad que no fuera de carácter administrativo. Pero el "congelamiento" de la actividad política dictada por el gobierno de facto no impidió a las organizaciones empresarias salteñas iniciar tratativas tendientes a su unificación. Al contrario, determinar las nuevas direcciones de las cámaras empresarias y organizar su representación era la exigencia de esta nueva etapa en donde comenzaba la plena ejecución de un nuevo programa económico. El diario El Intransigente, vinculado a los intereses de los productores tabacaleros y poroteros del Valle de Lerma se convertirá en el vocero de la campaña de reunificación de los empresarios salteños y de apoyo al gobierno provincial y nacional.
El artículo presenta los resultados de las investigaciones que venimos realizando sobre la historia de la prensa escrita en Salta de 1975 a 1983. Nos proponemos caracterizar el proceso de reorganización de las asociaciones empresarias salteñas a partir de 1976 y establecer el papel que jugó la prensa escrita en ese proceso, atendiendo a su retórica argumentativa y su posición en el entramado de intereses de las diferentes fracciones y capas de la burguesía salteña.
Palabras clave: Prensa escrita; Empresarios; Dictadura militar
Abstract:
One of the first measures taken by the 1973 military government was to restrain political organizations and unions of any non-administrational activity. Albeit such political restraints, in Salta business organizations started negotiations towards their unification. In fact, determining new directions and leadership for business chambers was essential for a new chapter with a whole new economic agenda. The newspaper El Intransigente, biased for the tobacco and beans farmers on the Valle de Lerma, was about to become the spokesman of Salta's businessmen and a supporter of both the local and national government.
The article presents the results of the investigations we've conducted about Salta's press from 1975 to 1983. Our purpose is to characterize the business reorganization process that took place starting in 1976 and to establish the role that the press had in it, evaluating their argumentational rethorics and their position on the interests web of the different fractions and layers of Salta's bourgeois.
Keywords: Writting press; Business men; Dictatorship
1. Introducción
El artículo presenta los resultados de las investigaciones que venimos realizando sobre la historia de la prensa escrita en Salta. Nuestro interés está centrado en el estudio de la relación entre prensa escrita y agrupaciones empresariales en Salta, durante los años 1975-1977. En este trabajo nos proponemos, en primer lugar, caracterizar el proceso de reacomodamiento de las organizaciones empresarias salteñas a partir de 1976 y, en segundo lugar, establecer el papel desempeñado por el diario El Intransigente de Salta y su empresa editora (NOA S.A.) en la reunificación de las entidades empresarias enfrentadas durante los gobiernos peronistas (1973 -1976).
Un punto de partida fundamental para el desarrollo de este y otros trabajos realizados por el Proyecto Nº 1474, fue el de concebir a la prensa "... como uno de los elementos de la estructura material de la ideología dentro de un sistema histórico de relaciones de dominación, cuyo objetivo es el mantenimiento y el desarrollo 'del frente teórico ideológico' de la clase dominante. En el proceso de construcción y mantenimiento de la hegemonía se configura un sistema de dominación y consenso, esto último necesita de canales concretos para la expansión de la ideología hegemónica, la prensa es uno de ellos".1
No obstante la aseveración anterior, consideramos necesario plantear algunas aclaraciones sobre el objeto de estudio. En primer lugar, hablar de "la prensa escrita" también implica reconocer la existencia de una empresa capitalista y la existencia de una división del trabajo en el interior de la misma, donde se distinguen una estructura administrativa y otras de planificación, de estrategias comerciales, etcétera, cuyo objetivo fundamental es reproducir e incrementar el capital, y garantizar la rentabilidad de la empresa.
En segundo lugar, la mirada más amplia que define a "la prensa" como instrumento para asegurar "el desarrollo del frente teórico-ideológico de la clase dominante", no contradice la posibilidad de establecer que ese "frente" o la "clase dominante" pocas veces constituyen un bloque monolítico y desarrollan su actividad en un marco de permanentes contradicciones y fracturas más o menos intensas, según las condiciones histórico - políticas.
Estas aclaraciones son fundamentales para el presente trabajo, más aún si consideramos que nuestro interés está centrado en el estudio del diario El Intransigente, atendiendo su posición en el entramado de intereses de las diferentes fracciones y capas de la burguesía salteña en el contexto de la última dictadura militar.
2. Referencias sobre el tema y planteo del problema
Estudiar, por un lado, el proceso de reacomodamiento de las agrupaciones empresariales salteñas a partir de la dictadura. Por otro, los intereses concretos en torno a los cuales se reestructura ese realineamiento, y sus relaciones con la prensa escrita, exige apuntar algunas referencias sobre el tema.
En junio de 1973 el gobierno nacional encabezado por Héctor Cámpora, junto a las conducciones de la CGT y CGE, había firmado el denominado Pacto Social dirigido a alcanzar una tregua que contuviera las demandas de los trabajadores. El Pacto supuso la centralización de la representación empresaria en torno a la reorganización de la CGE. En investigaciones anteriores estudiamos aquella reorganización y el lugar que ocupó la prensa salteña, El Tribuno y El Intransigente, cuyos intereses estuvieron intensamente implicados en los conflictos que suscitó aquel proceso con las organizaciones patronales salteñas preexistentes (UDEES) y con el gobierno de Miguel Ragone (1973 - 1974).2
Señalábamos que las cámaras que integraban la UDEES, creada en 1971, provenían de las asociaciones más antiguas de la provincia vinculadas al sector agropecuario y el comercio (Cámara de Comercio e Industria, Cámara del Tabaco, Sociedad Rural, Cámara de Comercio Exterior, de Minería y otras). Muchos de estos productores agropecuarios eran al mismo tiempo comerciantes y productores en ramas vinculadas a la agroindustria; por lo tanto, el peso de ese grupo patronal en la dirección de la entidad gremial era determinante. Socialmente estaban identificados con las principales familias propietarias tradicionales y políticamente al viejo partido conservador Unión Provincial, cuyas figuras centrales giraron en torno a la familia Patrón Costas y a la Unión Cívica Radical.
Según los datos de la prensa, era la Cámara del Tabaco, fundada en 1963, la que generaba la mayor cantidad de ingresos comparativa-mente con las restantes entidades que formaban parte de la UDEES. Aquella cámara reconocía como uno de sus más importantes representantes a Miguel Ángel Martínez Saravia, a quien la UCR había propuesto como candidato a gobernador para las elecciones de marzo de 1973. Derrotado en aquellas elecciones por la fórmula Miguel Ragone - Olivio Ríos (FREJULI), pasa a encabezar la empresa NOA S.A. junto a Alberto S. Gir (miembro de la Cámara de Comercio Exterior), que a fines de 1973 adquiere el diario El Intransigente.
El anuncio de la reorganización de la CGE significaba una amenaza para la entidad tradicional y, de hecho, sufrió un importante vaciamiento como resultado de las estrategias desplegadas por Roberto Romero, quien fuera uno de los principales accionistas del grupo empresarial Horizontes S.A., editora del diario El Tribuno, y designado reorganizador de la CGE en Salta.3 Romero emprendió una intensa tarea dirigida a dos frentes: creación de nuevas cámaras o asociaciones de comerciantes y productores, muchos del interior de la provincia, y cooptación de las asociaciones que antes formaban parte de la UDEES. Esto dio lugar a un proceso de desafiliación y vaciamiento de esta agrupación empresarial, acompañado de un discurso que denunciaba el centralismo capitalino y la pasividad de las entidades tradicionales frente al panorama promisorio que para ellos significaba la etapa abierta en 1973, con el retorno del peronismo al poder. En ese marco, el diario El Tribuno, mediante sucesivas editoriales y publicación de entrevistas con los empresarios que adherían a la CGE, pretendía erigirse como el verdadero vocero de los intereses de todos grupos empresariales de la provincia, publicando un amplio programa económico elaborado por el grupo Horizontes S.A.
A fines de 1973, Roberto Romero fue desplazado de la conducción de la CGE y su lugar ocupado por el ingeniero Francisco García, vinculado con altos funcionarios del Ministerio de Economía del gobierno de Miguel Ragone. Los testimonios orales recogidos para el trabajo al que hicimos referencia en líneas anteriores, consideran a Romero como un "poder en las sombras", con ambiciones políticas coartadas debido a sus reiterados y fracasados intentos de entrar al Partido Justicialista. El desenlace de la reorganización de la CGE puede interpretarse como otro fracaso de Romero, al haber perdido en noviembre de 1973 la dirección de la CGE, principal interlocutora del gobierno nacional y provincial en materia económica.
Hasta aquí la reseña sobre los antecedentes del tema basados en trabajos anteriores, y referidos a un momento histórico conflictivo, pero durante el cual las expectativas económicas y políticas abiertas en marzo de 1973 parecían tener alguna vigencia para los contemporáneos.
En este trabajo, tal como señalamos, nuestro objeto de estudio se desplaza a los años 1975 a 1977, momento en el cual se hace más aguda la crisis política, social y económica en la provincia y el país, tema que profundizaremos en los siguientes apartados. Durante aquellos años, se desenvuelve un proceso de dislocamiento de las agrupaciones empresarias del interior del país. Sin apartarse de la CGE nacional, algunas promovieron la organización de múltiples entidades alternativas como el NOA Empresario, MEDI (Movimiento de Empresarios del Interior), MUE (Movimiento de Unidad Empresaria), MUI (Movimiento de Unidad Industrial), APEGE (Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), etc., que como culminación de esta crisis interna y en la relación con el gobierno, emprendieron una enérgica campaña contra el tercer gobierno peronista, en particular, durante los primeros meses de 1976. Es en esta coyuntura que nos interesa indagar el proceso de reacomodamiento de las agrupaciones empresarias de Salta, y los intereses que involucraban a la prensa escrita salteña, en particular, al diario El Intransigente.
3. 1975 - 1976. Crisis y reconstrucción de la representación empresarial
Para entender el proceso de dislocamiento que anticipamos en el párrafo anterior, es necesario volver brevemente al año 1974 y al contexto nacional.
En su estructura organizativa interna la CGE, nacional y las filiales provinciales, representaba a las tres ramas de la actividad económica: industria, comercio y producción primaria. Al poco tiempo de constituida la confederación, ésta comenzaría a sufrir el influjo de la poderosa Unión Industrial Argentina. Fusionada con la rama industrial de la CGE a comienzos de 1974, la UIA, luego CINA (Confederación Industrial Argentina), determinaría la puesta en práctica de una política oficial orientada a flexibilizar la política de precios y subsidiar las importaciones de insumos utilizados por los sectores del gran capital industrial, absorbiendo un gran porcentaje de los fondos correspondientes a las retenciones de productos tradicionales.4
Esto, que para la gran industria significaba una distribución "equitativa" del impacto de la inflación importada, produjo la reacción tanto de la burguesía agraria como de los sectores más poderosos del comercio, reunidos en la Unión Comercial Argentina (UCA). Mediante sucesivas solicitadas publicadas en la prensa nacional, alertaban a los consumidores sobre un proceso que, según ellos, los hacía aparecer como los victimarios, cuando en realidad eran víctimas que debían soportar las cargas de la flexibilización y luego liberación de la política de precios dictada en 1974.
El descontento de la corporación de grandes y medianos comerciantes, confluía con el de la burguesía agraria. La permanencia del control de precios de los productos agropecuarios, la política impositiva y la falta de participación de este sector en la toma de decisiones, hizo que la burguesía agraria retire el apoyo que al principio había dado al Pacto Social.5 A fines de 1974 asume Alfredo Gómez Morales en el Ministerio de Economía, con lo que se dejaban sin efecto algunos proyectos de Gelbard que irritaban a esta fracción de la burguesía.6 Pero la desvalorización de los precios de sus productos, el cierre del Merca-do Común Europeo a las carnes argentinas a mediados de 1974 y el plan de ajuste del nuevo ministro, no contribuyeron a frenar la insatisfacción de los empresarios y el proceso de reagrupamiento que comenzó a gestarse para llevar adelante la ofensiva definitiva contra el gobierno.
En junio de 1975 Gómez Morales es reemplazado por Celestino Rodrigo. El Plan del nuevo ministro de Economía, y las luchas de la clase obrera durante las jornadas de junio y julio de 1975, pusieron de manifiesto las limitaciones de los acuerdos alcanzados, no sólo entre la CGE, CGT y gobierno nacional, sino también entre las diferentes filiales de la Confederación General Económica.
Mientras la lucha de los trabajadores en Buenos Aires lograba el desplazamiento del ministro, en Salta fueron las corporaciones empresariales las que consiguieron desatar la crisis del gobierno y la designación de un nuevo interventor nacional, a fines de 1975.
El 22 de noviembre de 1974 el gobierno de Miguel Ragone había sido intervenido por Isabel Martínez y reemplazado por el interventor nacional, José Alejandro Mosquera, alineado a la facción verticalista del PJ salteño. Frente a las dificultades para sostener el presupuesto de la provincia y el Plan Trienal aprobado durante la administración de Miguel Ragone, Mosquera impulsó, con el apoyo del gobierno nacional y la CGE nacional, una reforma impositiva en abril de 1975, que entre otras medidas implicaba la modificación del impuesto inmobiliario y al consumo de energía eléctrica. La iniciativa generó el rechazo no sólo de la totalidad de las agrupaciones empresarias existentes hasta ese momento (CGE, UDEES, Cámara de Comercio e Industria de Salta) si no también de las fuerzas de oposición reunidas en la "Multisectorial" (U.C.R. y Unión Provincial),7 que calificaron la medida de "confiscatoria e inconsulta". La reforma fiscal fue aprobada pero rigió hasta febrero de 1976, fecha en que es derogada por el nuevo interventor, Ferdinando Pedrini, quien había asumido en noviembre de 1975.
Siglas de las organizaciones patronales en Salta8
Confederación |
Sigla |
Fecha de iniciación de actividades |
Carácter |
Dirección/ Composición |
Movimiento de Unidad Industrial |
MUI |
Diciembre 1975 |
Regional |
Promovida por la Cámara de Comercio e Industria de Salta. |
Movimiento de Empresarios del Interior |
MEDI |
Diciembre 1975 |
Regional |
Promovida por la CGE de Salta. Hacia 1976 desarrolla reuniones con las filiales de otras provincias para lograr su constitución definitiva. |
Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias |
APEGE |
Agosto 1975 |
Nacional |
Promovida por la Cámara de Comercio e Industria de Salta. Reunía a entidades de diferente grado entre las que se encontraban UDEES, Cámara de Comercio Exterior, Sociedad Rural, Cámara de la Construcción. |
Confederación General Económica |
CGE |
Junio 1973 |
Nacional |
Diversas Cámaras que paralelamente formaban parte de UDEES. |
Unión de Entidades Empresarias de Salta |
UDEES |
1971 |
Local |
Constituida por las cámaras tradicionales de la provincia: Cámara del Tabaco, Cámara de Comercio Exterior, Sociedad Rural. |
Al momento, la situación de las agrupaciones empresarias salteñas había comenzado a cambiar. La Cámara de Comercio e Industria de Salta (CCIS), que recién en 1974 decide adherir a la CGE, sin dejar de formar parte de la UDEES, decide desafiliarse de la primera en marzo de 1975 con motivo de lo resuelto en la "Gran Paritaria" de febrero de ese año. Según lo previsto, el gobierno debía crear un Fondo Empresario Permanente a donde se destinarían aportes obligatorios para la CGE nacional. Días después de un comunicado de prensa que informaba la oposición de esta Cámara a tal medida, se decide finalmente la desafiliación hasta tanto se consultara a "las bases". 9
Meses después, en diciembre de 1975, la CCIS promueve la formación del Movimiento de Unidad Industrial (MUI) para hacer frente a la CINA, que nucleaba a los empresarios de los centros industriales más importantes del país y determinaba la dirección de la CGE Nacional.
Este proceso de reacomodamiento también tocó a la CGE local, dirigida por el ingeniero Francisco García. Junto a las filiales de Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Misiones y Santa Cruz, la CGE de Salta promueve a fines de 1975 la formación del Movimiento de Empresarios del Interior (MEDI). La nueva agrupación tenía sus orígenes en la última asamblea realizada por la CGE en agosto de 1975, en donde las filiales del norte fracasan en su objetivo de expulsar a Julio Broner de la conducción de la entidad nacional. Así, sin desafiliarse de la CGE por el lugar estratégico que ésta ocupaba, fundaron un bloque dentro de ella, que reclamaba "democracia y federalismo" en el funcionamiento de la central.10
En agosto de 1975 la puja al interior del sector empresario nacional también se expresó a través de la creación de APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), organización que disputaba a la CGE nacional la representación del sector, y encabezaría la ofensiva contra el gobierno de Isabel Martínez. Reunía a la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Cámara Argentina de Comercio y Cámara de la Construcción. Según Chitarroni Maceyra, "APEGE nucleaba los intereses empresarios más tradicionales y anti-peronistas abiertamente proclives a una política económica liberal".11 En Salta la APEGE fue otra organización liderada por la activa CCIS bajo la presidencia de Marcelo Salas y Francisco Fernández Jiménez, y reunió a la Cámara Regional de la Producción, la Sociedad Rural, Cámara de la Construcción, Cámara de Comercio Exterior y UDEES, entre otras.
En el mes de febrero de 1976 se daría otra oportunidad para un acuerdo más amplio (aunque esto no implicó la unificación organizacional) entre las diferentes agrupaciones empresarias salteñas. Durante los primeros meses de ese año, el gobierno nacional comunicó que en el mes de marzo serían convocadas las convenciones colectivas de trabajo. Aunque pueden señalarse múltiples factores de movilización para los empresarios, este anuncio fue definitorio, ya que uno de los argumentos fundamentales que lo movilizaban era el pedido de "supresión de los obstáculos legales que traban la producción, afectan la productividad y elevaban los costos de producción...",12 (es decir, liberalización económica, represión a los trabajadores y control salarial). La CCIS, como representante de APEGE en Salta, convocó a sus afiliados y declaró el "estado de movilización", a partir de un programa consistente en: supresión de todo impuesto al patrimonio, a las actividades lucrativas y modificación del tipo de cambio, seguridad de los bienes y personas.13
Esta iniciativa coincidió con la elaboración de un plan de acción diseñado por la CGE nacional orientado a "protestar por el deterioro de la actividad productiva en las áreas de la mediana y pequeña empresa". El diario El Tribuno del 2 de febrero de 1976 recordaba que la entidad había asumido una postura crítica contra la conducción económica nacional "a instancias de sus bases en el noroeste". El artículo marcaba tres antecedentes en relación a esa toma de posición de la CGE nacional: "La movilización decidida a mediados del mes pasado, la reunión de agosto en Tucumán y la Declaración del Chaco, planteada en una reunión del 11 y 12 de octubre de 1975".
Aquel programa de acción se fundamentaba en las mismas críticas que sostenía APEGE: deterioro empresarial provocado por la inflación, incrementos salariales y excesivas cargas tributarias. Pese a las diferencias que la separaban de la CGE, la APEGE apoyó la iniciativa y coincidieron en la convocatoria a un paro empresarial para el día 16 de febrero de 1976.
La medida empresaria obtuvo el apoyo de las principales fuerzas conservadoras de la provincia reunidas en la Alianza Provincial (Unión Provincial, Nueva Fuerza y Movimiento Federal) que calificaron la actitud del "genuino empresariado nacional" de "valiente y patriótica". El día 17 de febrero los diarios informaban que el paro había sido total en la provincia, tanto en el campo como en la ciudad.
El movimiento obrero salteño (CGT y 62 Organizaciones), que se había pronunciado en rechazo a la acción empresaria, respondieron el día 20 de febrero con una movilización en apoyo del interventor Pedrini. En el marco de esta crisis político-social, el 26 de febrero es designado René Orsi como nuevo interventor de la provincia de Salta.
A nivel regional, para las agrupaciones empresarias, el conflicto había sido suficiente para comprobar la existencia de un conjunto de intereses comunes entre ellas. En los días del paro no sólo se había terminado de constituir el MEDI, sino que la CGE local y sus cámaras adherentes, estaban analizando la desafiliación de la CGE nacional.14 Por otro lado, ya se había dado existencia al MUI, liderado por la CCIS.
4. 1976. Dictadura y reacomodamiento de fuerzas
Una de las primeras medidas del gobierno militar de 1976 conminaba a las diferentes organizaciones políticas y gremiales a suspender toda actividad que no fuera de carácter administrativo. La CGE nacional fue intervenida por el Coronel Emilio Piccione Thomas, quien inmediatamente informó la novedad a las entidades del interior del país. Pero el "congelamiento" de la actividad política dictada por el gobierno de facto, encabezado en la provincia por el coronel Carlos Alberto Mulhall, no impidió a las organizaciones empresarias reiniciar las tratativas tendientes a su reunificación. Al contrario, determinar las nuevas direcciones de las cámaras empresarias y organizar su representación era la exigencia de esta nueva etapa en donde comenzaba la plena ejecución de un nuevo programa económico en un contexto de proscripción de las actividades partidarias.
4.1. El programa económico de la dictadura y la burguesía agraria salteña
Para los militares, el problema en la Argentina había sido el modelo de desarrollo que estimulaba la lucha por la apropiación del ingreso entre el capital y el trabajo. Se proponían terminar con la máquina de los subsidios y cambiar la estructura económica a partir de la modificación de la relación de fuerzas entre clases y fracciones.15
El desequilibrio entre los diferentes sectores productivos sería corregido restituyendo a la burguesía agraria parte de los privilegios perdidos durante el período anterior. Así, a partir de marzo de 1976, se eliminó el tipo de cambio preferencial, las líneas de crédito y las exenciones impositivas que beneficiaban al sector más concentrado de la industria. Paralelamente, se liberaron los precios de los productos del sector agropecuario, se derogó el monopolio de la Junta de Granos en el comercio exterior y las retenciones a sus exportaciones se redujeron a la mitad.16
Las perspectivas que se abrían para la burguesía agraria salteña eran particularmente favorables. La derogación de las disposiciones de la ley 20.680 sobre precios máximos se interpretó como una medida promisoria para el sector tabacalero y agrario en general. El aumento en el precio de los cigarrillos, que era inminente según informaban los diarios en abril, posibilitaba al Fondo Especial del Tabaco (FET) disponer de una mayor capacidad de pago del sobreprecio a los productores. Además, el día 27 de mayo se dio a conocer que mediante decreto nacional se anticiparían al FET 500 millones de pesos para saldar deudas a productores tabacaleros. Con esta medida se respondía a los pedidos que la Cámara del Tabaco había realizado en una reunión con el secretario de Estado de Agricultura de la Nación, Mario Cadenas Madariaga, a fines de abril de 1976.17
Otro indicio favorable para el sector llegó en los primeros días de julio, cuando se dio a conocer una resolución del Banco Nación por la cual, de forma inédita, se otorgaba un crédito de 80 mil millones de pesos a la Cooperativa Agrícola de Rosario de la Frontera, que concentraba la producción de tabaco y poroto de esta localidad.18 En los últimos días de ese mes, Ernesto Azurmendi, dirigente de la Cooperativa y miembro de la Sociedad Rural, es designado intendente de Rosario de la Frontera.
En el mes de mayo la Asociación de productores de legumbres de esa localidad, logró la ampliación de créditos para la cosecha de porotos en el Banco de la Provincia, que significaba el otorgamiento de 4 mil pesos por hectárea hasta un máximo de 200 hectáreas por producto. Anteriormente, el sector agropecuario, había logrado la eliminación del 10% de retención a sus exportaciones.
Recordemos que fracciones de la burguesía salteña dedicada a las actividades agrarias, como la producción de tabaco y poroto, reunidas en la Cámara del Tabaco y la Cámara de Comercio Exterior, encabezaban la empresa NOA S.A., editora del diario El Intransigente.19 Al mismo tiempo, esas cámaras eran las que dirigían la UDEES.20 Así, por los intereses que representaba el bloque NOA, El Intransigente y UDEES y sus coincidencias con el programa económico que comenzaba a desarrollar la dictadura, no será difícil entender su alineamiento político en la etapa abierta en marzo de 1976, ni su esfuerzo en reorganizar y dirigir al empresariado salteño, y construir su legitimidad a través de la prensa.4.2. La reorganización empresaria y El Intransigente
Entusiasta frente a las concesiones económicas a los sectores agropecuarios otorgadas por el nuevo gobierno y, como acabamos de apuntar, vinculado a los intereses de los productores tabacaleros y poroteros del Valle de Lerma, el diario El Intransigente se convertirá en el promotor y vocero de la campaña de reunificación de los empresarios salteños y de apoyo al gobierno provincial y nacional.
Señalamos que en Salta existían en ese momento cuatro entidades empresarias de diferente grado cada una. La CGE, Cámara de Comercio e Industria (CCIS), Cámara Regional de la Producción y la UDESS, a la que pertenecían la Cámara del Tabaco, de Comercio Exterior, Minería (que paralelamente formaban parte de la CGE de Salta). Por otro lado, vimos cómo algunas de estas cámaras habían encarado la formación de federaciones regionales, como el MEDI (CGE) y el MUI (CCIS).
Las reuniones orientadas a unificar a estas agrupaciones empresarias ya habían comenzado a desarrollarse pocos días antes del golpe. La iniciativa surgió del seno de la UDEES, que proponía la creación de un Secretariado Coordinador de Entidades Empresarias. La CCIS, que formaba parte de aquella federación, aunque actuaba autónomamente, acepta la iniciativa, pero con la condición de que las reuniones no se realizaran en la CGE.21
El día 1 de abril de 1976, el diario El Tribuno informaba que había trascendido la idea de reunificar al empresariado en torno al fortalecimiento de la UDEES, la entidad más antigua, dejando librada la posibilidad de las cámaras de adherir individualmente a las entidades nacionales. Aseguraba también que a esta idea adherían las cámaras agrupadas en la CGE, e incluso su dirigencia, que había sufrido un proceso de desintegración desde la oposición abierta a la CGE nacional durante febrero de 1976. Sin embargo, alertaba el diario, no se sabía la actitud que finalmente adoptaría la CCIS o la Cámara de la Producción que actuaban por fuera de la CGE y de la UDEES.
Efectivamente, la CCIS había comenzado a distanciarse de las centrales empresarias locales y nacionales. El día anterior a la noticia de El Tribuno citada en el párrafo anterior, se había desafiliado de la UDEES por considerar que no estaban aseguradas las condiciones para la verdadera unidad empresarial invocada, y que ésta más bien respondía a otros intereses.22 Pese a esto, la CCIS seguía participando de las reuniones del MUI (por ejemplo, la de Tucumán, el 8 de mayo) que propendían a unificar al empresariado, pero a nivel regional. También en esas reuniones la CCIS parece haber obstaculizado la unificación del MEDI y el MUI, del que era fundadora, bajo el argumento de que había que "dejar madurar a cada una".23
Paralelamente, a partir de abril, El Intransigente multiplica sus notas y editoriales referidas a la necesidad de unificar a las entidades empresarias con el objetivo de constituir un "interlocutor válido" frente al gobierno, que necesitaba de la iniciativa y del apoyo de las empresas. En las sucesivas notas El Intransigente apuesta al fortalecimiento del MEDI (creación de las CGE del interior) como organización representativa de los intereses regionales, al tiempo que exaltaba la actitud de renunciamiento tanto de la UDEES como de la CGE para llevar adelante el proceso de unificación de las entidades locales.
El alineamiento El Intransigente - Cámara del Tabaco - CGE - MEDI, es coherente si tenemos en cuenta que en la primera mitad de 1976 la Cámara del Tabaco pasa a formar parte de CGE (sin desvincularse de la UDEES). Ignoramos la fecha exacta, pero en una nota periodística del 14 de mayo de 1976 ya figuraba entre una de sus adherentes.
¿Cómo explicar esa identificación de intereses entre la UDEES y El Intransigente con la CGE local de 1976, teniendo en cuenta que en 1973 se habían enfrentado, tal como explicamos en apartados anteriores? En el mes de mayo, Ernesto Azurmendi, radical vinculado a la UDEES, a la Sociedad Rural y al grupo empresarial que editaba El Intransigente, figura con un cargo en el secretariado de la CGE. Por otro lado, la Cámara Regional de la Producción desplaza a Fredy Saravia de la dirección, y es reemplazado por Luis María Patrón Costas, emparentado a la agroindustria y a familias conservadoras. El 8 de junio los diarios informaban que Adolfo Barrantes había sido designado interventor del FET. El 5 de septiembre de 1976 la CGE es intervenida por Néstor Barrantes, ex gerente de la Sociedad Rural, con lo que se desplaza a Francisco García de la industria de la construcción.
La gran burguesía agraria y agroindustrial salteña parece haber emprendido un avance hacia el copamiento de la dirección de una CGE debilitada por los sucesos de los primeros meses de 1976, referidos en una sección anterior del trabajo. Así, las contradicciones que a nivel de las direcciones de las grandes organizaciones patronales (CGE - UDEES) habían enfrentado a diversas fracciones de la burguesía salteña, ahora parecían disueltas.
Pero, a pesar de lo expuesto, era evidente que entre las entidades empresarias se desataba una sorda lucha por encabezar la dirección de la o las organizaciones destinadas a servir en la interlocución entre la burguesía de la provincia y el gobierno nacional. Así, a mediados de mayo de 1976, la Cámara del Tabaco, junto a la Cámara Salteña de la Construcción, la de Comercio Exterior y otras, se habían reunido en Buenos Aires con el interventor militar de la CGE, "para pedirle una definición en política gremial debido a que la suma de cámaras que constituyen la CGE local representan el mayor movimiento económico de la provincia".24
Días después, El Intransigente publica una nota, "¿Control hegemónico o deseos federalistas?", en donde explica que "... el periodismo, de un modo general, resume, como síntesis de su observación, la permanencia de enconos y la readopción de viejas tesituras, creadas al calor de un oculto deseo hegemónico...". El diario denunciaba que la mayoría de las entidades del interior habían sido intervenidas, mientras que a otras no les había llegado la medida, con lo que seguían actuando gremialmente sin problemas (quizás refiriéndose a la CCIS). "El derecho a ser interlocutor parece ser el motor que está reavivando viejos enconos (...) una cosa es reclamarse entidad representativa y otra cosa es serlo realmente, la representación está enmarcada en los límites de la contribución financiera que hace el empresariado en el desarrollo de la provincia".25
Los comentarios, quizás dirigidos a la Cámara de Comercio e Industria, reticente a participar de las reuniones que se veían desarrollando con la CGE, se orientaban a legitimar la nueva coalición empresarial constituida, de la que El Intransigente era vocera. El 10 de junio, insistía en una editorial: "... en Salta se elevó una voz decidida a marginar ciertas rivalidades surgidas como consecuencia del anterior proceso político - económico y con vocación unificadora. Se trata de la UDEES que ha convocado a todas las fuerzas empresarias, para que una mesa común, olvidándose de CGE o APEGE, analicen lo que la provincia realmente necesita".
Pero, además, las posiciones del diario también se dirigían a plantear un criterio de representación y de legitimación: la fracción burguesa que más contribuía a los ingresos de la economía provincial. Hacia ese objetivo se orientaban sus editoriales y comentarios desde los primeros meses de 1976.
En la sección "Salta Produce", dedicada a la propaganda e incentivo de las actividades agropecuarias de la provincia, insistía en que ésta, y en particular el tabaco, era el sector que más beneficios económicos retribuía a la provincia. La consideraba una actividad con una capacidad productiva superior a cualquier otra, "primera e indiscutible fuente de divisas" y que, además, "al no requerir para su producción insumos importados a gran escala, lo convierte en principal revitalizador de la balanza de pagos". La descapitalización del campo era responsabilidad de los altos costos y la persistencia de precios no retributivos.26
Para El Intransigente, Videla, "jefe de los centuriones de la república", "el militar democrático, humano y comprensivo",27 había logrado "resurgir la nacionalidad" e interpretar los intereses del agro. Era la oportunidad para crear una entidad empresaria única, "un único inter-locutor que representara al "interior". Su propuesta era "generar un desarrollo armónico de las fuerzas productivas del país". Y señalaba: "... los esfuerzos deben centrarse en abrir los nuevos polos de desarrollo de la Argentina tanto en los campos de la producción, como en la industria y el comercio (...) recuérdese que los secretos de la geopolítica brasilera ha sido desarrollar complejos industriales fronterizos, debido a que no hay mejor resguardo territorial que la industrialización". Esta era parte del programa que el diario proponía que sea considerado por las entidades empresarias del interior, particularmente el MEDI.28
A manera de conclusión
De la exposición podríamos sugerir algunas hipótesis para orientar futuras investigaciones; entre ellas, la política de "aislamiento" de algunas fracciones y capas de la burguesía salteña reunidas en la CCIS, respecto a otras entidades empresarias salteñas (como la CGE y la UDEES), fue acompañada de otra estrategia en sentido opuesto en relación a las agrupaciones empresarias regionales.
Desde el golpe de Estado de 1976, la CCIS intensificó los contactos con otras organizaciones patronales provinciales a fin de reflotar el MUI, del que era fundadora. En los meses de mayo y junio se multiplican las reuniones en esa dirección con entidades de Mendoza, Bue-nos Aires, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos y Santa Fe. La CCIS, entonces, ya contaba con una federación que la contuviera, y que representara sus intereses frente a la nueva administración, por lo que no necesitó subordinarse a entidades con fuerte influjo del agro salteño.
Con respecto a la vinculación MUI - MEDI, desde abril hasta fines de 1977 por lo menos, la CCIS obstaculiza la unificación entre estas dos federaciones regionales, lo que puede ser interpretado como una fuerte disputa por quién lideraría el bloque regional.
En relación al alineamiento UDEES - El Intransigente con la CGE de 1976, observamos que la burguesía agraria salteña había ocupado la dirección de ésta última, quizás con el objetivo final de controlarla, para cerrar un posible espacio de representación de otros sectores. Y es que la dirección y el control de las asociaciones empresarias se volvían fundamentales en un contexto de proscripción de la actividad política, y en donde era el único canal para garantizar la interlocución con el gobierno.
La prensa escrita (El Intransigente) fue, además de una empresa ligada a un grupo económico determinado, el canal a través del cual la burguesía agraria salteña intentó promover un determinado programa económico, coordinar las acciones necesarias para reorganizar y dirigir una confederación empresarial con nueva composición, legitimando ese rol a partir del lugar que objetivamente ocupaba en la economía salteña como mayor contribuyente.
A partir de los problemas planteados dejamos abiertas las puertas a nuevas investigaciones que profundicen el estudio sobre la compleja relación que dividió a la burguesía salteña y sus organizaciones representativas durante los primeros años de la dictadura militar.
Notas:
1 - Correa, Rubén y Abrahan, Carlos, "Algunas consideraciones sobre los estudios históricos de la prensa política a fines del siglo XIX Y comienzos del XX", en Mabel Parra y Rubén Correa (Coord.) La prensa escrita en Salta. Política y discurso periodístico: 1850-1920. (Salta: Editorial Salta Continuo, 2003) pp. 21 y 23.
2 - Correa, R., y Soler, A., "Pacto Social y fractura del bloque patronal. Un estudio desde la prensa escrita sobre el origen y crisis de la CGE durante el gobierno de Miguel Ragone", En http://www.revistaestudios.unc.edu.ar/articulos02/articulos/correa-soler.php(Córdoba: Revista Estudios Digital Nº 2. Invierno del 2009. ISSN 1852-1568).
3 - En 1957 Roberto Romero, asociado a don Bernardino Biella y Jorge Decavi, compró en rema-te el diario El Tribuno, periódico confiscado al Partido Peronista por la dictadura militar de 1955. En 1959 el grupo empresario organizó el primer directorio de la empresa Horizontes S.A. En 1972 Romero se incorporó al justicialismo, pero su presencia es resistida por los dirigentes tradicionales del partido y por los miembros de la Juventud Peronista. En 1973 se vinculó al Movimiento de Recuperación Peronista, que desconocía el liderazgo de Ragone. En 1983, nuevamente ingresó su ficha de afiliación al Partido Justicialista, pero el triunvirato responsable de la normalización partidaria trabó su incorporación, por lo cual tuvo que recurrir a la Justicia Federal. El ex juez federal Dr. Ricardo Lona falló a su favor, lo cual le permitió competir en las elecciones internas que lo llevaron como candidato a gobernador de la provincia de Salta en las elecciones de octubre de 1983. (Cf. Edición Especial de El Tribuno. 50 Aniversario, 1949-1999).
4 - Peralta Ramos, Mónica, La economía política argentina: poder y clases sociales (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007) pp. 158.
5 - Peralta Ramos, Mónica, pág. 160.
6 - Chitarroni Maceyra, Horacio, El Ciclo peronista. Apogeo y crisis. (Buenos Aires: Grupo Editorial Universitario, 1997), pág. 112.
7 - AyBHS. Diario El Tribuno. 10 de abril de 1975.
8 - La pertenencia de las cámaras empresarias a cualquiera de estas cuatro confederaciones no era excluyente, ya que estas tenían diferente carácter: nacional, regional, provincial.
9 - Cámara de Comercio e Industria. Libro de Actas. Acta Nº 809. 20 de marzo de 1975.
10 - AyBHS. Diario El Intransigente 14 de mayo de 1976.
11 - Chitarroni Maceyra, H. Cámpora, Perón, Isabel, (Buenos Aires: Editores de América Latina, 2006) pp. 168.
12 - Cámara de Comercio e Industria. Libro de Actas. Acta Nº 850. 4 de febrero de 1975.
13 - AyBHS. Diario El Tribuno, 10 de febrero de 1975.
14 - AyBHS. Diario El Tribuno, 17 de febrero de 1976.
15 - Peralta Ramos, Mónica, pág. 165.
16 - Basualdo, Eduardo, (2006), Estudios de Historia económica, (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2006) pp. 120.
17 - AyBHS. El Intransigente, 26 de abril de 1976.
18 - AyBHS. El Intransigente, 3 de julio de 1976.
19 - Según el Boletín Oficial del 28 de Agosto de 1975, el directorio de NOA S.A. estaba constituido por Alberto Gir y Elias Luque (presidente y vice), Miguel Ángel Martínez Saravia (tesorero), Humberto D`Andrea, Daniel Patrón (vocales) y otros.
20 - El diario El Intransigente del 8 de junio de 1976 informaba que las elecciones en la UDEES había renovado a las mismas autoridades: Alberto Gir (Cámara de Comercio Exterior) como presidente y Arturo Figueroa y Miguel Ángel Martínez Saravia (de la Sociedad Rural y la Cámara del Tabaco, respectivamente) en otros cargos directivos.
21 - Cámara de Comercio e Industria. Libro de Actas. Acta Nº 858. 18 de marzo de 1976.
22 - Cámara de Comercio e Industria. Libro de Actas. Acta Nº Acta Nº 858. 29 de marzo de 1976. Cfr. Comunicado de UDEES del 28 de marzo de 1976 publicado en diarios.
23- Cámara de Comercio e Industria. Libro de Actas. Acta Nº 865. 11 de mayo de 1976.
24 - AyBHS. El Intransigente. 14 de mayo de 1976.
25 - AyBHS. El Intransigente. 21 de mayo de 1976.
26 - AyBHS. El Intransigente. 8 de abril de 1976.
27 - AyBHS. El Intransigente, 8 de mayo de 1976.
28 - AyBHS. El Intransigente, 23 de abril de 1976.
Fuentes:
1. Archivo y Biblioteca Histórico de Salta. Diario El Tribuno. Ejemplares de Febrero de 1975, Abril de 1975, Febrero de 1976.
2. Archivo y Biblioteca Histórico de Salta. Diario El Intransigente. Ejemplares de Abril a julio de 1976.
3. Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta. Libro de Actas.
Bibliografía:
1. Basualdo, Eduardo, Estudios de Historia económica, Buenos Aires: Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2006.
2. Chitarroni Maceyra, Horacio, El Ciclo peronista. Apogeo y crisis. Buenos Aires: Grupo Editorial, 1997.
3. Chitarroni Maceyra, H., Cámpora, Perón, Isabel. Editores de América Latina, Buenos Aires: Editores de América Latina, 2006.
4. Correa, R, y Soler, A. "Pacto Social y fractura del bloque patronal. Un estudio desde la prensa escrita sobre el origen y crisis de la CGE durante el gobierno de Miguel Ragone", En http://www.revistaestudios.unc.edu.ar/articulos02/articulos/correa-soler.php (Córdoba: Revista Estudios Digital Nº 2. Invierno del 2009. ISSN 1852-1568).
5. Sartelli, Eduardo, La Plaza es nuestra. Buenos Aires: Ediciones RyR, 2005.
6. Peralta Ramos, Mónica, La economía política argentina: poder y clases sociales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.