ARTÍCULOS DE HISTORIA ARGENTINA
Los pleitos civiles de los indígenas y las justicias de Buenos Aires en tiempos tardocoloniales e independientes tempranos.
Ángela Calabrese Bonzón
Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires. Argentina. acalabresebonzon@live.com.ar
Recibido: 01-IX-2013
Aceptado: 14-X-2013
RESUMEN
El presente
artículo analiza y construye una interpretación de los litigios de los indios
que tuvieron lugar en el marco de la justicia civil de Buenos Aires durante
fines de la Colonia y las primeras décadas de vida independiente. En particular
y considerando como sujeto analítico a todos los indígenas que habitaban
el Estado al momento de litigar en los juzgados hispanocriollos, el trabajo
muestra cómo las justicias se desplegaban en la administración de dichos
pleitos; qué participación tuvo el indio querellante y querellado y
finalmente, en qué medida los derechos establecidos por la
legislación imperante se extendieron a este sector social en la práctica.
Para su abordaje y comprensión -y dado que los expedientes se convierten en
la principal fuente de análisis- de un corpus seleccionado de causas
indígenas administradas por la justicia de Buenos Aires desde 1785 con el
inicio de las actividades de la Segunda Real Audiencia y de la subsiguiente
Cámara de Apelaciones en 1812, se extrajeron únicamente aquellas de índole
civil. De esta manera, el trabajo busca cubrir, en la medida de lo posible, el
vacío de conocimiento existente en la historiografía argentina en relación a
las cuestiones propiamente planteadas.
Palabras claves: Indígenas; Justicia Civil; Buenos Aires; Colonia
tardía; Período Independiente Temprano.
ABSTRACT
This article
analyses and builds an interpretation of the litigations of the Indians which
took place in the framework of civil justice during the late Colony and the
initial stages of the Independence. Considering as analytical subject to all
the Indians that inhabited the State at the time of litigating in the courts
Hispanocriollos, the work shows how the justices were deployed in the
administration of such lawsuits; what role the plaintiff and defendant Indian
had; and finally, to what extent the rights established by the commanding
legislation, were extended to Indians in practice. For its approach and
understanding -and because expedients become the main source of analysis- we
extracted only those of civil indole from a selected corpus of indigenous
judicial trials administered by the justice of Buenos Aires from 1785 with the
beginning of functions of The Second Royal Audience and of the following
Appeals Chamber in 1812. So, as far as possible, this work seeks to cover the
knowledge gap regarding the raised issues of the Indians, that exists in the
Argentine historiography.
Key words: Indians; Civil Justice; Buenos Aires; Late Colony; Early
Period of Independence.
(.) Dondequiera que vamos está presente el indio. Lo respiramos. Lo presentimos
andando sus comarcas. Quechua, aymara, tehuelche, guarán o mocoví. Chiriguano o
charrúa, chibcha, mataco o pampa. Ranquel, arauco, patagón, diaguita o
calchaquí. Omahuaca, atacama, tonocotés o toba. Desde todos los sitios nos
están contemplando los indios. Porque América es eso: un largo camino de
indianidad sagrada. (.)
Los indios de Atahualpa Yupanqui.
INTRODUCCIÓN
La cuestión relativa a los
códigos legales bajo los que solían ser juzgados los conflictos de los indios,
ha conducido a distintos investigadores a la indagación de los motivos por los
cuales los indígenas recurrían a fuentes externas de poder. Al respecto, se han
planteado diversas motivaciones que podían ir desde la incapacidad de los
Caciques para resolver el conflicto hasta modificaciones en la estructura
tradicional indígena que desgastaron la autoridad cacical y generaron cambios
en la consciencia legal de los indios, existiendo consenso en torno a la idea
de que esta apertura a los códigos legales de Occidente coexistía con la
persistencia de ideas nativas1. Asimismo, el
Cacique podía funcionar como intermediario cultural entre ambas
sociedades -blanca e indígena- y está documentada su presencia en la ciudad y
la campaña por diferentes razones. Aquella función de intermediación se
relacionaba con la presencia, tanto en las áreas centrales como en los espacios
de frontera, de individuos que por su posición económica, política, social,
cultural y o religiosa, actuaban como mediadores culturales entre el mundo
indígena y el hispanocriollo debido a que se encontraban favorablemente
posicionados en ambas sociedades. Estos personajes podían ser lenguaraces,
cronistas, misioneros, mestizos, renegados, como así también Caciques, que al
compartir elementos de ambas culturas actuaban bajo diversas circunstancias. En
este sentido, los intermediarios o cultural brokers funcionaban como
puente para la convivencia interétnica y algunos actuaban como interlocutores
de comitivas diplomáticas dentro del espacio indígena2.
Así, los jefes tribales podían interceder ante las autoridades de Buenos Aires
cuando algún indígena de su toldo quedaba vinculado a acciones criminales
dentro de la jurisdicción del blanco, modalidad que en algunos casos conllevaba
la participación activa del Cacique en el procedimiento3.
Al respecto, se ha postulado que en la época colonial, el sistema judicial de
la campaña solía acudir a diversas formas de infrajudicialidad entendidas como
mecanismos de arbitraje y de compensación que operaban fuera de los juzgados y
se apoyaban en normas y valores consuetudinarios correspondientes a las
prácticas propias de la sociedad indígena, lo cual generaba una
imprevisibilidad en la resolución de los conflictos. Se trataba de dos sistemas
judiciales distintos que a veces podían actuar complementándose aunque
implicaban formas diferentes de sentenciar los delitos. Cuando los indígenas
apelaban a mecanismos de mediación a fin de lograr un acuerdo entre las partes
y que ambas queden en absoluta conformidad con lo resuelto, el sistema
occidental buscaba identificar culpables y víctimas4.
En tal contexto, la propuesta investigativa de este artículo es el estudio del
funcionamiento de las justicias de Buenos Aires y los casos civiles de los
indios, asentando la mirada en todos los indígenas que, con independencia de su
procedencia (si se hallaban en tránsito o bien integrados y asentados en los
espacios controlados por españoles y criollos) habitaban el territorio bonaerense
donde el Estado tenía algún tipo de injerencia y actuación. Un Estado, a cuya
justicia debían responder al momento de ser procesados, imputados, indagados o
interrogados, o a la que podían recurrir para efectuar denuncias. Mayormente,
se trataba de indígenas integrados, es decir, que habitaban dentro de
los límites de sociabilidad de la población blanca bajo el control del poder
central de Buenos Aires y que estaban vinculados con las estructuras sociales,
económicas, políticas y jurídicas del aparato administrativo. Pero debe
efectuarse una aclaración fundamental e inherente a la unidad analítica, que
atañe a los indígenas de frontera consistentes en los grupos no
sometidos y establecidos en las periferias del espacio hispanocriollo,
designados indistintamente como indígenas de toldo o indígenas autónomos.
Nuestra minoría étnica también estaba integrada por estos últimos, quienes
incursionaban en el espacio porteño por diversos motivos. En consecuencia, la
consideración de dichos actores sociales en un mismo objeto de estudio,
responde únicamente al criterio técnico de que los asuntos jurídicos en los que
los indios autónomos aparecían involucrados, igualmente fueron presentados ante
la justicia de Buenos Aires y administrados por ella, según consta en las
fuentes documentales. Recordemos que esta realidad se desarrollaba en un
contexto donde indios y criollos establecían una multiplicidad de vínculos no
limitados a los conflictos bélicos, sino vertebrados en torno a otros aspectos,
por lo cual diversas influencias culturales propias del blanco penetraron en la
sociedad tribal, al tiempo que los pobladores de la frontera adoptaban
numerosos elementos de los indios. Esta dinámica recíproca implicó la
existencia de cristianos o huincas -desertores, delincuentes, fugitivos,
cautivos- que vivían en las tolderías de manera permanente o temporal y, al
mismo tiempo, de indígenas que grupal o individualmente se establecían cerca o
dentro del territorio blanco, algunos de los cuales pudieron integrarse,
lográndose un complejo proceso de mestización5.
Hecha esta salvedad, en un trabajo anterior, hemos sostenido que los indígenas
que al momento de tener un problema con la justicia se hallaban en jurisdicción
bonaerense, eran considerados habitantes del territorio y, conforme a ello,
habían recibido el mismo régimen jurídico que la población restante,
especialmente a partir de 1810 con la llegada de la independencia, cuando los
derechos de ciudadanía pudieron haberse extendido a todos los indios
establecidos en jurisdicción hispanocriolla y sin haberse aplicado -como
efectivamente sucedió en el Antiguo Régimen- procedimientos o normativas
propias del sistema indígena para la resolución de los casos. Lo dicho emerge
de forma notoria en los delitos criminales destacándose el proceso del indio
Francisco Pampa Economi, quien acusado de homicidio de otro indígena tribal en
territorio porteño fue penado en el marco del sistema del blanco, hecho que
permitió no sólo percibir cómo fue el accionar de la ley vigente y la modalidad
de procedimiento adoptada por la institución jurídica ante los delitos
criminales de esta minoría étnica, sino principalmente plantear la existencia
de igualdad jurídica (aunque no social) para estos habitantes en el Buenos Aires
independiente6.
Por lo tanto, el presente artículo parte del supuesto de que la tesis anterior
también se cumpliría en los asuntos civiles de los indios acaecidos
entre fines de la Colonia y primeras décadas independientes, en el período
comprendido entre 1785 y 18337; asumimos que
los mismos habrían estado administrados acorde al régimen jurídico-legal de
Buenos Aires y los indígenas habrían gozado de derechos legales marcados por la
legislación imperante, con lo cual habrían podido desenvolverse bajo las mismas
condiciones que los demás habitantes (especialmente los hispanocriollos). En
consecuencia, suponemos que el goce de tales derechos habría sido proporcional
a la aplicación de las normas, leyes y reglamentaciones propias del blanco. Por asuntos civiles indígenas queremos significar principalmente los
distintos pleitos con y entre los indios. Entonces, nos planteamos un doble
objetivo para corroborar la hipótesis: indagar hasta qué grado se extendieron
los derechos legales a este sector social en la práctica, al tiempo que
describir cómo se desplegaban las justicias de Buenos Aires en la
administración de los mismos y qué rol asumieron los propios indígenas en la
esfera de lo jurídico-civil.
¿QUÉ CONCEPCIÓN DEL DERECHO EXISTÍA EN BUENOS AIRES DURANTE EL PERÍODO?
Durante el Antiguo Régimen
existía una concepción general del derecho basada no sólo en la ley escrita y
las doctrinas (opiniones y comentarios de juristas) sino además en la costumbre
y la equidad. Los dos últimos consistían en principios ampliamente compartidos
por la gente común y resultaban cruciales al interior de la cultura jurídica de
la época. La Corona respetaba aquellos principios de la equidad y la costumbre,
ya que existía una participación no letrada en la administración de la justicia
colonial, y publicaba los decretos y ordenanzas reales para que los jueces y
súbditos no alegaran ignorancia de la ley, dado que las normativas tenían un
peso importante. Entonces, debido a que las nociones de justicia y equidad
estaban naturalmente incorporadas en la sociedad, la magistratura recurría a
estas fuentes compartidas por el pueblo. Ello significaba que el Derecho
Indiano, por su misma construcción, satisfacía tanto las exigencias procedentes
de la Península como las necesidades de la gente común8.
Esta modalidad judicial subsistió en los primeros tiempos independientes y
ciertas documentaciones así lo testifican. El Fray Pedro Pacheco de la Orden de
la Merced, apelando a su cargo de Procurador General de la Redención de
Cautivos Cristianos, solicitó a la justicia que las limosnas recolectadas a
beneficio de la propia redención sean destinadas para el rescate de varios
cautivos que se hallaban en manos de los indígenas infieles de la frontera. El
religioso expresaba el bien que deseaba obtener de la Real Audiencia de Buenos
Aires y alegaba que su petición se debía a la imposibilidad de remitir dicho
dinero a la Metrópoli española dadas las circunstancias sociopolíticas de la
época:
Fray Pedro Pacheco de la Orden de la Mexced y como procurador General de la Redencion de cautivos Chxistianos ante V. A. con mi may.x xespeto parezco y digo: qe. con fha 16 de Nove.. del año pxoximo pasado me presenté a este Supexx. Txal solicitando se sirviese dar provída. pa. qe. de las limosnas colectadas á beneficio de la pxopia xedencion se dignase apxopiaxlas pa. el Xescate de varios pobres cautivos qe. se hallan entre los Indios infieles de estas frontexas con otras considexaciones qe. expuse al mismo efecto px. no podex xemitix dichas limosnas a la Metrópoli pr. las actuales cxiticas circunstancias en qe. se halla (.) A V. A. pido y supco qe. pr. el Escxibano de Camaxa Dn. José Gaxcia se me dé en debida foxma y texminos qe. llevo solicitando. Pido justa (.)9.
Evidentemente, las nociones
acerca de lo que era justo o de lo que constituía la justicia estaban
compartidas por los distintos sectores de la pirámide social y hasta los más
subordinados expresaban su parecer respecto a cómo debía hacerse justicia en
sus propios casos10. Los indígenas no
constituyeron una excepción a la regla y, al igual que el resto de la
población, podían y solían acudir al amparo judicial de Buenos Aires para
proteger sus intereses por algún perjuicio que los afectaba. Se presentaban
voluntariamente con la expectativa de conseguir lo que creían ser justo para sí
y bajo la convicción de que la ley los favorecía. Los modismos expresivos
altamente frecuentes utilizados por los indios frente al funcionario judicial
fueron las súplicas y desde el punto de vista identitario, conllevaban
calificativos peyorativos y discriminatorios de sí mismos porque la
autopercepción del indígena se constituía en la asimilación de la ideología
dominante que lo situaba en el grado más bajo de la escala social 11. Una indígena de la campaña acudió a la
Justicia solicitando solución a su problema: sus palabras fueron claras en el
memorial presentado al Protector de Naturales, donde apelaba al piadoso corazón
de su señoría para que haga justicia en su caso y firmaba como humilde
servidora 12. Julián Galván se autodefinía como
(.) Pobre indio, miserable ciego, y desamparado (.) con la mayor
sumicion y el mas profundo acertamiento (.)13,
para reclamar por el pago de unos bueyes que se le adeudaban. Se ha advertido
que quienes poseían una posición subalterna asumían con facilidad el rol social
de gente humilde, subordinada y necesitada. Tales actitudes estratégicas
buscaban lograr la compasión del juez y, en varios casos, derivaban en
resultados positivos porque los magistrados terminaban fallando muchas veces en
favor de ellos a fin de conservar la armonía local y de que la justicia se
convirtiera en un recurso óptimo no sólo para los rangos sociales más altos o
medios sino además para las clases bajas de la sociedad.
En síntesis, durante la época colonial, existía un derecho vulgar consistente
en un derecho orgánico elaborado y ejercido no sólo por los letrados
sino también por la gente común. Este derecho permitía, por un lado, que el
pueblo se presentara ante las autoridades con la expectativa de conseguir lo
que creía corresponderle en justicia y equidad, teniendo así una participación
activa en el ámbito judicial. Se trataba de un sistema flexible, maleable y
viable, producto tanto de las instituciones del estado como del pueblo, y
probablemente esta herencia colonial haya representado una dificultad para la
aceptación de una legislación basada en leyes científicas, correctas y no
arbitrarias durante los tiempos independientes del siglo XIX14.
En el caso de los indios, sus necesidades no eran desoídas y sus peticiones y
denuncias se producían en el marco de un régimen legal donde su principal
propósito consistía en dar a cada uno lo suyo. Destaquemos que, en el
plano del reconocimiento de los derechos de los demás, fue un principio célebre
del jurista romano Dominicio Ulpiano (considerado uno de los creadores del
derecho romano clásico) quien incorporó dicha frase en su definición de
justicia. Para Ulpiano, la misma era la voluntad constante de conceder a
cada uno su derecho. Los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente,
no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo15,
concepto puesto en práctica en el Buenos Aires colonial e independiente
temprano.
LAS CAUSAS JURÍDICO-CIVILES DE LOS INDIOS
Del relevamiento de 102
causas judiciales indígenas tramitadas en Buenos Aires desde el inicio de las
actividades de la Segunda Real Audiencia hasta el año 1833, encontramos que
sólo 13 son civiles representando un 12 % aproximadamente del total de los
casos seleccionados (Ver Tabla 1). Por lo tanto, acorde con los objetivos
propuestos, esta extracción constituye la muestra de análisis del presente
artículo. Las causas, presentadas en los tribunales porteños, fueron tramitadas
ante la Escribanía Mayor de Gobierno y Guerra e iniciadas por diversos
conflictos a los cuales hemos agrupado en las categorías de: tierras (comprende
usurpaciones; desalojos; daños varios en las tierras); deudas (reúne los
juicios civiles entablados por pagos adeudados; cobros de deudas por trabajos no
cumplidos; cobros de salarios no cancelados); daños materiales (incluye
destrozos; incendios en propiedades -quintas, chacras, corrales, haciendas-;
restituciones de dinero; restituciones de bienes consistentes en ganado,
mobiliario, etc., pero no tierras); familia (incluye todos los juicios
desencadenados por despojos de familiares; tenencia de menores) e injurias y
malos tratos (comprende las agresiones físicas y verbales que generalmente
acompañaron algún conflicto mencionado en cualquiera de las categorías
anteriores). Sumado a ello, existieron trámites de carácter civil, no
vinculados a un juicio y en los que podía o no intervenir el Protector General
de Naturales. Un caso típico al respecto, lo representa la siguiente petición
de licencia para concretar matrimonio por Iglesia. En 1813, Antonio de la
Torre, gallego, oriundo de Cartagena del Levante y ex soldado del Regimiento de
Dragones, rebajado por haber quedado inutilizado en acción de guerra, solicitó
licencia para casarse con la china Francisca Balladares, hija legítima
de Cayetano Balladares, indio fallecido, y de la india María
Bargues natural de la Reducción de los Quilmes. La petición estaba dirigida al
Gobernador Intendente Miguel de Azcuénaga y por decreto del mismo debieron
acreditarse los consentimientos de la futura contrayente y su madre, las cuales
comparecieron ante el Escribano e inmediatamente -al cabo de seis días- se
otorgó la licencia solicitada16. Años atrás, en
las postrimerías del siglo XVIII, la india Michaela Illescas había solicitado a
través del Fiscal Protector de Naturales, una licencia para que su hijo, quien
estaba sirviendo de soldado blandengue, fuera restituido al pueblo de su
naturaleza, el de los Quilmes, para que pudiera asistir y atender a su familia,
pues su madre (viuda de un ex Regidor de dicho pueblo) había quedado sola con
dos hijos, uno pequeño y una hija de catorce años. Por ende, en vista de lo
alegado por el Protector, se ordenó al Comandante de Frontera que otorgara
aquella licencia17.
Los juicios civiles analizados duraron dos años y medio en promedio (existiendo
trámites que no demoraban más de una semana), implicaron la indemnización por
daños y perjuicios al demandante y el cobro de costas procesales (Ver tabla 1). Algunos se administraron y resolvieron
directamente en el contexto del sistema judicial de la campaña (en los que el
Alcalde de Hermandad tuvo la atribución de juzgar en las demandas e intervenir
en los pleitos), en tanto la mayor parte de los asuntos obtuvo más
trascendencia y se sustanció en el marco de una articulación permanente entre
la justicia rural y la urbana de nivel superior. Fradkin asegura que la
dependencia entre ambas justicias constituía un rasgo característico de las
prácticas pre y post revolucionarias y uno de los canales primordiales de
perduración de las normas y las prácticas coloniales, lo cual se acentuaba por
el carácter verbal de casi todas las instancias que se tramitaban en este nivel18.
Tabla 1. Causas civiles de
indios sustanciadas en el sistema judicial de Buenos Aires entre 1785 y 1833.
Fuente: Elaboración propia
sobre la base de: AGN: Leg.2.Expediente 12; Leg.5.Expedientes 5, 158, 162.
AHPBA: 13.A1.L3.N°53; 13.A1.L4.N°20; 13.A1.L6.N°10; 13.A1.L14.N°1. 13.A2. L6.
N°7; 13.A2.L7.N°17; 13.A2.L7.N°40; 13.A2.L8.N°34; 13.A2.L10.N°8. *Lugar:
refiere a la Capital porteña y al partido donde se producían los pleitos o se
gestionaba algún trámite civil.
Pero también hubo demandas,
querellas y denuncias asociadas a los indios que fueron presentadas ante el
Juzgado de Primer Voto. Por denuncia entendemos a la acción mediante la cual se
ponía en conocimiento a cualquier autoridad o funcionario -judicial o policial-
de ciertos hechos que constituían un delito o podían interpretarse como tal. De
acuerdo a lo registrado en los expedientes, la misma conllevaba una acusación hacia alguien que había generado el daño referido y de quien se esperaba la
subsanación del delito denunciado. Denunciar y acusar se
concretaban en un mismo paso; a su vez, la querella consistía en la
interposición legal de un escrito en el que se solicitaba al órgano
jurisdiccional, la investigación y sanción de un delito y se efectuaba una
relación detallada de los hechos ofensivos que la motivaban; además, el
acusador especificaba inicialmente su nombre completo, oficio y jurisdicción.
Puede afirmarse que la acusación y la querella eran lo mismo,
porque al querellar se acusaba a quien se consideraba como el
responsable del daño. Simultáneamente, se aludía a las querellas como demandas
civiles y criminales e inclusive súplicas. De hecho, los Protectores solían
hablar indistintamente de demanda o querella y esta sinonimia se
reiteraba en el discurso de las otras autoridades19.
Hecha esta salvedad, el acto de radicar una demanda o querella por parte del
indígena ante el Protector de Naturales, promovía la acción legal del último de
comunicar el caso al acusado y, generalmente, al Virrey. Es decir, por un lado,
ordenaba una notificación de la demanda al demandado y le exigía una
explicación de los hechos en cuestión, tras lo cual sobrevenía la contestación
del demandado. Por otro, elevaba un escrito al Virrey poniéndolo en
conocimiento de la denuncia del indio y proponiendo soluciones posibles: el
Protector General defendía y alegaba resoluciones, pero nunca dictaminaba
sentencia. Esto último podía ser tarea expresa del Presidente de la Real
Audiencia de Buenos Aires. En realidad, los informes del Protector siempre
pasaban por vista del Virrey quien proveía decretos donde normalmente avalaba
el argumento y la petición de aquel. A diferencia, en el período Independiente
Temprano, cuando la Real Audiencia fue sustituida por la Cámara de Apelaciones
a partir de 1812, los pareceres del Agente Protector General de Naturales
podían pasar por vista del Gobernador Intendente quien decretaba la
penalización.
Concluyendo, los Alcaldes de Hermandad y el Protector de Naturales solían
actuar conjuntamente; este último ordenaba al primero el cumplimiento de
ciertas providencias consistentes en tomar declaración a testigos y a las
partes litigantes, exigir el pago de fianzas adeudadas, notificar el estado del
caso, entre otras. Respecto a los Jueces Comisionados, fueron actores
frecuentes en los pelitos indígenas, designados por el Virrey o bien por el
defensor de indios para la averiguación de datos en los ámbitos rurales. Al
mismo tiempo, nunca faltaba la presencia de un Escribano que rubricaba,
notificaba dictámenes, resoluciones o decretos y registraba absolutamente todo
dando fe de la información. Asimismo, se observa una baja proporción de
notificaciones al indígena interesado durante el juicio, pero cuando las hubo,
consistían en comunicaciones de decretos y resultados de diligencias efectuadas
por alguna autoridad.
Por supuesto, no se intenta generar una respuesta acabada a través del estudio
de sólo estas causas, ya que lo ideal sería contar con otros casos similares
para comparar, pero considero que la riqueza del contenido de las mismas ha
permitido analizar sistemáticamente las cuestiones planteadas y construir un
argumento interpretativo.
LOS LITIGIOS: CONTENIDO Y RESOLUCIÓN
Los indios frecuentemente
eran atropellados, injuriados y despojados de sus familiares y bienes por los
Alcaldes de Hermandad del partido donde vivían. La india María Paula Arellano,
residente en la Cañada de La Paja, denunció ante el Fiscal Protector al Alcalde
de aquel paraje, Fructuozo Velasquez, quien tras ingresar a su rancho, la privó
violentamente de sus bienes, de tres hijas y de un hijo varón que ayudaba en la
venta de los animales que la india criaba y cuidaba, siendo ésta la única
fuente de subsistencia de la familia20. Por una
situación similar, el Fiscal Protector promovió una causa judicial en nombre de
la india Ana Ledesma en la ciudad de Buenos Aires, para que el Alcalde de
Hermandad del partido de San Pedro, Juan Chacón, restituyera a la misma los
nietos y bienes materiales de los que la había despojado. Presentándose como
natural y vecina de aquel partido, la india denunció que dicho Alcalde no sólo
ingresó a su rancho quitándole sus tres nietos -Juan, María Feliciana y Lucas-
ubicándolos en familias diferentes (a Juan lo entregó a un vecino de Salto, en
tanto a los otros dos, los estableció en casa de un vecino de San Pedro), sino
además sustrajo en ese mismo acto, un ganado que incluía animales de su
propiedad y otros heredados por los niños de sus padres. Por el fallecimiento
de un hijo suyo llamado Estanislao Mancilla y su nuera, enfermos ambos de
viruela, los hijos quedaron a su cargo (.) paxa que los mirase y atiendiese
como Madre que soy de ellos dos vezes pues soy su Abuela (.)21.
Por ello, la indígena recurría al Fiscal Protector Manuel Villota para que
Chacón (.) habiendo infexido un violento despojo (.) compaxesca ante
VSa. haciendo magnifiesto los motivos que hatenido pa. despojarme de mis Nietos
y bienes (.)22.
De esta manera, se iniciaba un proceso cuya sustanciación demoró cuatro años.
El expediente circuló del Fiscal Protector al Virrey y a los sucesivos Alcaldes
de Hermandad del partido, dado que este funcionario se renovaba anualmente en
su cargo y debía tomar conocimiento del caso para cumplir con las diligencias
ordenadas por la Real Audiencia o por el defensor de indios durante el
desarrollo del juicio. Finalmente, en atención a lo peticionado por el Fiscal
Protector, el Virrey dictaminó que Chacón devolviese a Ana Ledesma los bienes
materiales -en especies o en dinero- que había vendido en una subasta pública
por 20 pesos y 7 reales. En definitiva, casi la totalidad del pleito giró en
torno a lograr judicialmente que la india recibiera una remuneración económica.
Sin embargo, nada pareció favorable respecto a la potestad de la india sobre
sus nietos porque sólo se libró una orden al cuestionado Alcalde, de remitir
los niños a la Capital porteña a disposición del Fiscal Protector para que
reciban una correcta educación.
En realidad, fueron comunes los juicios por despojos de los indios que se
sustanciaban en la justicia civil de Buenos Aires. No obstante, se libraron
litigios de este tipo donde ninguna de las partes involucradas era indígena
aunque sí el objeto de reclamo entre ambas. La india María Viviana,
descendiente de la Nación Guaraní, de estado civil viuda y domiciliada en la
jurisdicción del partido de Pergamino, había entregado a dos de sus hijos
-Dionisio, de unos siete años de edad y Claudio, de aproximadamente tres- a
Doña María Isabel del Pozo, una vecina del partido de San Nicolás de los
Arroyos, para que ésta les diese la debida manutención que su madre no podía
brindarles por su estado de pobreza y desamparo. El primero, vivía
temporalmente en casa de Isabel donde recibía el alimento, el vestido y la
educación básicos hasta que pudiera gobernarse por sí solo, pero bajo la
condición de cumplir una tarea laboral: cuidar un rebaño del cual unas ovejas
pertenecían a la india, en tanto otras, a la hospedadora. Al segundo, Claudio,
la india directamente se lo había otorgado de palabra para que lo tuviera como
propio porque le constaba la santa cristiandad y temor de Dios que profesaba.
La condición social y económica de la india Viviana fue el motivo por el cual
había decidido desprenderse en aquellos términos de sus dos hijos mayores,
junto a la circunstancia de su viudez a la que consideraba una limitación más
para criarlos. De este modo, no podía hacerse cargo de ellos (.) por
hallarse desamparada de todos posibles y en suma orfandad sujeta andar de casa
en casa ya conchabada, ya de agregada, por no poder conchabarse muchas beses
causa de allarse -como dice- viuda y cargada de cinco hijos siendo estos dos
los mayores (.)23. La imposibilidad de
conseguir conchabo por el hecho de tener hijos pequeños y en edad no suficiente
para aportar fuerza de trabajo, influía profundamente en su precaria condición,
siendo su sentimiento que ya no podía servir para atender a sus criaturas. Como
se sabe, el conchabo no siempre constituía el medio principal para cubrir las
necesidades básicas de subsistencia, pues la crianza de animales por cuenta
propia y el cultivar podían suplirlo. Empero, no consta declarado el número de
ovejas de propiedad de la india aunque probablemente haya sido demasiado escaso
como para constituirse en la fuente central de sostén económico. Por ello,
contaba con la alternativa de incorporarse como agregada, pero por su situación
de desempleo había adquirido fama de bandolera y vida estragada. A diferencia
de Isabel, cuya buena reputación la hacía acreedora de honor y respeto -bienes
simbólicos que siempre necesitan del reconocimiento de los otros- la india
Viviana no podía jactarse de lo mismo. La mujer sostenía ante el Alcalde de la
Capital porteña, que la tenencia de los dos niños se debió a que (.) hase el
tiempo detres años y mas qe. una India (.) como se huviese visto en la
mayor inhopia y horfandad; y con dos hijos pequeños experimentando con ellos
una eterna mendicidad (.)24, se encontró en
la necesidad de entregárselos a fin de que los doctrinara e instruyera en la
religión cristiana y los criara en iguales términos como si fueran sus propios
hijos. No obstante, el Alcalde de Hermandad de aquel paraje, Vicente Roldán, le
había quitado el hijo menor de la india, situación que originó una pequeña causa
civil promovida por Isabel en la jurisdicción de la Capital porteña donde se
presentó personalmente para exponer su petición (.) en las Piadosas Puertas
de V.E. a fin de qe. se digne administrarle justicia en el Particular
haciéndole entender aldho Alcalde, no haber procedido según le correspondia (.)25. Pretendía obtener de Roldán una
indemnización por los gastos de crianza del indiecito durante tres años a razón
de 6 pesos por mes, o bien que le restituyera ese niño. De cualquier modo, la
suplicante también había expresado su intención de no continuar haciéndose
cargo del niño argumentando que (.) sus facultades son limitadas y solo comi
trabajo personal suciste mis alimentos y el de mi Madre anciana de serca de
ochenta años (.)26. La inmediata admisión
del reclamo interpuesto por Isabel, conformó la primera instancia dentro del
proceso civil, tras la cual el Alcalde del Cabildo decretó que el acusado
informara sobre los hechos. El mismo, pronto presentó una contestación
admitiendo haber sustraído al mulatillo porque (.) procede de la India María
Bibiana de bastante racionalización y conocimiento pero de una vida extragada y
por esso perseguida de la justicia (.)27 y
porque usaba el derecho de ser el Padrino de bautismo de Claudio. Además,
afirmaba que la propia india lo había instado a quedarse con el niño bajo la
obligación de brindarle enseñanza y sustento, asegurando que difícilmente podía
cumplir con esta responsabilidad del momento que la india huía con sus hijos o
los entregaba al verse perseguida por la justicia: (.) estaba en una parte
como en otra y en este casso entraba la justicia ella se profugaba con sus
hijuelos (.) en estas extremidades de miserias ha sido quando la
miserable India le entregó los dos hijos, qe. confiessa, Da. María Isabel del
Pozo tenia en su poder (.) 28. Por eso, en
su descargo, Roldán acusaba a Isabel del Pozo de estar faltando a la verdad y
de haber efectuado una maliciosa presentación.
Sin duda, las partes litigantes fueron Isabel del Pozo y el Alcalde de
Hermandad aunque no así la india María Viviana que sólo participó en la causa
como única declarante a pedido expreso de la primera. Efectivamente, Doña
Isabel solicitó al Alcalde rural de Pergamino -partido donde vivía la indígena
al momento del pleito- que la misma declarara conforme derecho acerca de las
cuestiones en disputa, a fin de aclarar todo lo relacionado con la entrega
voluntaria de los niños. Así, la india confirmó las versiones de Isabel, negó
que Roldán fuera el Padrino de agua y oleos de su hijo y aseguró que (.) bastante
sentimiento tiene de este hecho porque le consta que en poder de dicho Alcalde
no ha de estar su hijo (tan bien) como bajo el cuidado de Dña Isabel del Pozo
ni ha de recibir la educación ni el trato qe. en donde lo dio (.)29. (La aclaración es nuestra). Al resolver el
litigio, el tribunal porteño ordenó al Alcalde Vicente Roldán restituir
inmediatamente el hijo de la india a Isabel del Pozo, o bien, en su defecto,
indemnizarla con el dinero equivalente al que la demandante invirtió en
alimento y vestido, a razón de cuatro pesos por mes.
Como hemos visto, Isabel del Pozo no acudió al Protector de Naturales (ni su
intervención se tornó necesaria) a diferencia del Sargento de Milicias Cayetano
Abendaños quien sí recurrió a este funcionario cuando el Alcalde de Hermandad
de Lobos llevó detenido a su peón, el indio Josep Miguel Gonzalez30. Sucedía que Abendaños le había adelantado a
Gonzalez un dinero por trabajar en la cosecha, pero esa tarea quedó incumplida
porque este último fue privado de su libertad. Sin embargo, la prisión había
sido motivada por una deuda del año pasado contraída por el indio con su
anterior patrón llamado Abrego. El mismo, también le había adelantado un dinero
en pesos por un trabajo que nunca realizó porque se conchabó con el mencionado
Abendaños. Lo cierto es que la deuda motivó la interposición de dos querellas
por parte de Abrego contra el indio Gonzalez, razón por la cual el Alcalde de
Hermandad alegó haberlo apresado en su casa durante tres días y con
grillos y puesto a trabajar sacando papas de la huerta. Empero, el propio
indígena declaró que luego de su liberación solicitó conchabo en la casa de
dicho Alcalde quien le ofreció un trabajo continuo y mejor remunerado, pues
recibía 7 pesos corrientes a diario, cuando los anteriores le pagaban sólo 2
reales por día, en el caso de Abrego y 6 pesos por mes, Abendaños. Por ello, el
Virrey resolvió que no existía mérito para entregar el indio peón a su acreedor
Cayetano Abendaños aunque sí para que su actual patrón cancelara la deuda a
cuenta de los salarios devengados, o bien que devengara lo debido a Abendaños. No
obstante, si el Alcalde se negaba, Gonzalez debía trabajar con éste hasta
cancelar la deuda.
Los hechos registrados demuestran que no sólo los indígenas sino también los
hispanocriollos podían acudir al Protector de Naturales buscando resolver un
conflicto atinente a aquellos. Sin embargo, en algunas causas civiles es
posible observar que aun estando acusados y debiendo rendir cuentas por sus
acciones, los indios no siempre recurrían a su defensor oficial. Esto sucedió
en un breve pleito vecinal ventilado en el Cabildo que tuvo lugar cuando el
presbítero Joseph Gonzalez promovió una demanda contra el indio tape Apolinario
ante el Alcalde de Primer Voto31. La pretensión
perseguía obtener una indemnización de los daños provocados en su chacra a raíz
de, por un lado, un incendio causado por la gente de Apolinario con la cocción
de unos pasteles para celebrar su trilla y, por otro, el ingreso a su campo de
bueyes porque no los encerraba durante la noche. Los mismos, habían penetrado
en cuatro ocasiones pese a que la propiedad estaba cercada y zanjeada para
proteger la producción agrícola (con la que sustentaba a las huérfanas del
colegio a su cargo) y la leña (destinada como material para obras en dicho
instituto y en la iglesia que capitaneaba).
El Protector de Naturales no intervino en ninguna instancia, posiblemente
porque el indígena reconoció su culpa y aceptó sin reclamos resarcir el daño
mediante el pago de una multa de dinero; sólo protestó que su ganado no
superaba los seis bueyes y algunos caballos, siendo otros animales del
vecindario los que también ingresaban a esa chacra contribuyendo a los
destrozos. Pero esa declaración de una culpa compartida con otros habitantes de
la comarca, no habría sido un motivo contundente para que el indígena
recurriera a una defensa oficial, ya que no trascendió en el juicio. Como parte
de la pena, el Alcalde de Primer Voto, por un lado, ordenó al indio trasladar
su vivienda a otros terrenos -ante lo cual Apolinario sencillamente contestó que no lo haría por tener sembrado el trigo (.) y así viajaría el a vexce
con el Señox Alce. y expondría lo mismo (.)32 y por otro, habilitó al capataz, los peones y esclavos del religioso para matar
los animales siempre que ingresaran a la chacra y destrozaran el cerco. Para la
justicia, la culpabilidad del indígena estaba comprobada y aceptada por éste,
razón que nos llevaría a pensar que el Fiscal Protector difícilmente hubiera
apelado al decreto del Alcalde del Cabildo para evitar la expulsión de aquel.
Incluso, ante la negación a marcharse, sobrevino la prevención del Alcalde de
que lo haga luego de cosechar sus sembrados -si es cierto que les tiene hechos-
con el agregado de que el presbítero estuviera atento al cumplimiento de la
pena y diera parte a la justicia si el indígena no abandonaba el lugar.
Ahora bien, en el próximo caso no hubo demandas sino sólo una denuncia indígena
que se canalizó ante la justicia de Buenos Aires. La administración del Cabildo
del Pueblo de los Quilmes fue cuestionada por la india Michaela Illescas ante
el Fiscal Protector, con motivo de solicitar la reparación de su vivienda con
los fondos procedentes de los arrendamientos de los terrenos del pueblo y que
aquella entidad recababa mensualmente. La mujer necesitaba componer su rancho
habitación y exigía la justicia distributiva del dinero entrante a fin de que
una parte fuera destinada para el arreglo. Denunciaba que normalmente el
Cabildo asignaba lo recaudado para otros propósitos, en lugar de fomentar a
viudas de extrema pobreza, huérfanos y demás vecinos que, en definitiva, eran
los legítimos dueños de las tierras. Más allá de los detalles del proceso en el
cual la alta justicia urbana tuvo amplia intervención, se comprobó que el
Cabildo declaraba menos entradas que las que realmente ingresaban y el cura de
la Parroquia de la Exaltación de la Cruz del Pago de Magdalena y del Real
Pueblo de los Quilmes, corroboró la versión de la india asegurando entre otras
cosas que el Regidor del pueblo disfrutaba del dinero. Finalmente, en atención
a lo peticionado por el Fiscal Protector, la Real Audiencia ordenó al Alcalde
de la Hermandad del pueblo de los Quilmes, repartir entre la india Michaela
Illescas y las chinas viudas y más pobres del lugar, los 15 pesos recaudados de
los arrendamientos correspondientes al año 1799; dicho Alcalde dejó constancia
ante el máximo tribunal de haber otorgado 7 pesos a Illescas, 4 pesos a Thomasa
Navarro y otros 4 pesos a María Martínez. Asimismo, el Virrey ordenó que el
Cabido de los indios rindiera cuentas al Fiscal Protector de las cantidades
tributadas por los terrenos en el año 1800 y de las personas entre las que se
distribuyeron33.
Unos años más adelante, surgió el caso de Francisco Escalante Vilches, a quien
un fallo de la Real Audiencia absolvió definitivamente de la acusación de ser
el autor del robo y muerte de dos bueyes y una lechera, por hallarse cebo y
grasa de los mismos en un cuero de su marca34.
Consecuentemente, Marcelo Lamela se apersonó ante el Alcalde de Hermandad de
Areco aprovechando las circunstancias del robo de aquel ganado a Juan Quevedo: (.) quejándome civil y crriminalmente contra el vecino Franco Vilches a causa de
los gravísimos daños que continuamente estoy experimentando en mis aciendas
desde el instante qe. principié a criarr acienda (.)35.
Calificó a Escalante de dañino y aseguró que protagonizaba varias pilladas
afectando a los hacendados. En consecuencia, solicitó que por derecho de ley
fuera encarcelado, castigado, embargado en sus bienes y expulsado del
vecindario36.
Como ya señalamos, la justicia halló inocente al acusado pero, resuelto el
litigio, la Real Audiencia no admitió nuevas instancias sobre la materia frente
a la solicitud del absuelto Francisco Escalante Vilches de ser indemnizado por
los gastos y perjuicios que dicho Marcelo Lamela le causó. Por ello, ante la
negativa, recurrió a la defensa del Fiscal Protector General de Naturales
presentándose como indio, identidad étnica que nunca había dado a
conocer previamente ante los estrados judiciales. Así, la apelación del
Protector en representación de Escalante, fue aceptada por la sorprendida Real
Audiencia que no dudó en destacar la novedad aduciendo que:
(.) Agregándose á los antecedentes de la materia, en qe. se xecuexda haberse tomado resolución definitiva, sinqe en todo el discuxso del asunto haya manifestado el interesado la calidad de Indio con qe. al presente se apersona, hágase saber su estado al Sox. Fiscal exponente, para qe. pueda pedir y exponer lo qe. estimase conveniente sobre la matexia (.) 37.
De esta manera, el máximo Tribunal autorizaba la reapertura de un caso que había dado por concluido. Sin embargo, ¿por qué la Real Audiencia aceptó continuar el litigio Escalante-Lamela a partir de la apelación del Fiscal Protector en representación de Francisco Escalante Vilches, si previamente había rechazado un nuevo reclamo del propio Escalante (aún no declarado indio) no admitiendo nuevas instancias en la materia? En el juicio inicial, la justicia de Buenos Aires sólo comprobó que Escalante era inocente y que no existían pruebas en su contra, liberándolo de toda culpa. Empero, nunca canalizó sus denuncias sobre los agravios que había sufrido. Por eso, una vez absuelto, Escalante solicitó que Marcelo Lamela le pagara una indemnización por daños y perjuicios, pero la Real Audiencia no dio lugar a su pedido. Sin dudas, la posición de hacendado de aquel, funcionó en detrimento de la condición de pobreza de Escalante porque en el ámbito de la justicia colonial, una misma falta tenía penas o resoluciones distintas según el status social del acusado. De hecho, Escalante asumía su precaria condición económica y destacaba la falta de una justicia equitativa para los pobres: (.) los jueces de la Campaña aunque. un pobre tenga la justicia no ce la dan sino al Rico (.)38. Ahora nos preguntamos: ¿por qué Francisco Escalante no mencionó su identidad indígena desde un principio, identificándose únicamente como vecino y primer poblador de la Guardia de Areco donde vivía desde hacía 20 años? ¿Pensó quizás que ser el primer poblador lo beneficiaría? Es difícil precisarlo. En la primer parte del pleito, nadie mencionó su verdadera naturaleza; sólo se atribuyó dicha etnicidad a su mujer y a su suegra: el Alcalde de Hermandad de Areco aseguró al Virrey que siempre sintió decir que Escalante tenía por suegra (.) una china llamada Juana Baes la que nunca tubo mas bida que aser pandillas (.) con gran escandalo deste Pueblo por lo que ya fue despulsada deste según tengo entendido por uno de los Comtes desta Linia (.)39. Por su parte, el Comandante de la Guardia lo conceptualizaba como un vil mulato que tenía por mujer a una china y afirmaba que (.) este Individuo (Escalante Vilches) no espera otra cosa sino incomodar los Tribunales haver sideste modo puede tapar suiniquidad (.)40. (La aclaración es nuestra). De todos modos, cuando Escalante se presentó como indio usando el derecho a contar con la representación del Fiscal Protector, su reclamo no sólo fue atendido sino además solucionado. Sin dudas, ser pobre lo relegó a una injusta indefensión, pero el ser indio no condicionó ni el proceder ni las resoluciones de la Real Audiencia, la cual finalmente condenó a Marcelo Lamela a pagar las costas del juicio (Ver tabla 1). Por su parte, Juan Quevedo debió entregar 15 pesos sellados y corrientes a Escalante Vilches, en reintegro por el dinero que éste gastó sin ser el autor del robo de los animales. Por consiguiente, es posible pensar que había un trato diferencial favorable al indígena.
La intervención de la Iglesia Católica
Desde el inicio de la
Colonia, la Corona Española facultó ampliamente a la iglesia católica para
administrar los asuntos de sus súbditos y aunque el ejercicio de la justicia
eclesiástica fue limitándose desde fines del período colonial, los párrocos
continuaron interviniendo informalmente en la resolución de conflictos locales.
En el litigo anterior, Isabel del Pozo solicitó a los tribunales
administrativos de la Capital porteña, que el cura vicario de la Parroquia de
San Nicolás informara sobre su modo de vivir y capacidad para criar al indio,
como así también en relación al incidente con el Alcalde. La participación del
párroco conformó el último acto del proceso civil y fue un elemento decisivo en
la sentencia del juez: afirmando que conocía a la demandante y su familia desde
hacía cuatro años, el cura Dr. Don Manuel José de Warnes certificó la buena
reputación de Isabel, ejerciendo una real defensa a favor de ella. El
eclesiástico expresó que el Alcalde de Hermandad Vicente Roldán había informado
falsedades y supuestos y que no tenía ningún derecho para concretar aquel
despojo del indio Claudio, así como tampoco para bautizar. Consideraba que el
pretexto de ser el padrino del indio o de haberlo bautizado por necesidad, era sospechoso
y frívolo.
Al respecto, sabemos que algunas funciones espirituales podían ser delegadas
únicamente en notables y vecinos en el marco de las diversas estrategias de
confesionalización instrumentadas por los párrocos y a las que diferenciaban
por el rango social de los sectores poblacionales a los que estaban destinadas.
Pero este no parecía ser el caso de Roldán. Por ello, el religioso informaba
que el cuestionado alcalde no estaba (.) autorizado ni examinado del cura
Párroco para semejantes actos (de bautismo) (.)41 y que haber bautizado al indio en caso de necesidad tampoco lo autorizaba a
cometer aquel despojo. (La aclaración nos pertenece). Las sospechas del párroco
se sintetizaban en una sola cuestión para la cual tenía asimismo una respuesta:
por qué el Alcalde se apoderó del indiecito menor y no del mayor. Según el
cura, Roldán lo hizo para (.) servirse de él y cuidarlo a su humor y mejor
huviera sido qe. lo huviera puesto en otra casa, no qe. precisamte lo tomase para
sí (.)42. En este sentido, le resultaba
insustancial el hecho expuesto por Roldán de tener que educar al indio por la
razón de ser su Padrino, cuando la madre ya lo había entregado a una persona
honrada para tal fin. Al resolver el litigio, la autoridad y credulidad de su
testimonio prevalecieron en la decisión del Alcalde de la Capital porteña que
sentenció en atención a lo informado por el cura de San Nicolás de Los Arroyos.
Generalmente, dichos religiosos podían cumplir un rol determinante en
situaciones como la expuesta, donde sus puntos de vista y valores funcionaban
como prueba de validez para la justicia no eclesiástica. Aparecían en los
procesos judiciales notificando sobre la conducta, el modo de vivir y la
cristiandad de sus feligreses y sus informes podían ser solicitados tanto por
las autoridades como por los mismos implicados que buscaban en el testimonio
del cura, una prueba de su inocencia, honor, honradez y buena vida. En efecto,
su respetable autoridad e injerencia en los pleitos civiles condujo su
participación hasta el grado de indicar al juez interviniente cómo debía
proceder en la resolución de un conflicto: el presbítero Joseph González
solicitó al Alcalde de Primer Voto la designación de un Juez Comisionado para
que informara sobre la veracidad de los acontecimientos denunciados y que, una
vez comprobados, ordenara al indígena Apolinario pagar los perjuicios y
abandonar el paraje. Exactamente, esa fue la resolución de aquel Alcalde
Ordinario quien, si bien por un lado, fue el único que estuvo investido de la
potestad jurisdiccional para aplicar la ley, por otro, mediante sus dictámenes
puso en práctica lo establecido por el religioso y compartió con éste la
consideración de que el culpable absoluto era Apolinario. Por ello, decretó la
libertad del indio Benites (que había sido el único encarcelado por los
agravios propiamente expuestos) previniéndole que no regresara a la chacra (.) bajo
la pena de que si lo ejecuta se pxocedera nuevamente asu arresto, sexa
castigado y remitido al Pueblo de su natuxaleza (.)43.
Los curas vicarios también eran requeridos para revisar el Libro de Bautismos
del curato a su cargo, a fin de obtener la partida de nacimiento de indios e
hijos de éstos; podían efectuar dicha tarea por mandato expreso de los
Protectores de Naturales o de los Alcaldes de la Santa Hermandad que tenían
competencia en los procesos civiles (y criminales). Pero más allá de estas
participaciones, la otra faceta de la moneda mostraba que ciertas acciones de
estos religiosos, motivaron la recurrencia de los indígenas a la justicia
hispanocriolla protestando contra ellos. Una india de Baradero viajó a la Capital
bonaerense para denunciar ante el Fiscal Juez Defensor de Indios, al presbítero
Mariano Gadea de aquel partido y que había servido de teniente de cura en ese
destino) por haberle sustraído una hija de su casa y en contra de su voluntad,
trasladándola a la ciudad porteña para que sirviera a su madre Isabel. La niña,
llamada Mercedes y de sólo doce años, se encontraba bajo este ejercicio desde
hacía un año y medio, y no existía intención de devolverla a su madre legítima.
Así, la india Ana María Guevara no sólo denunciaba el despojo familiar sufrido
y se quejaba por no haber recibido ninguna gratificación, sino principalmente
demandaba a Isabel por los gastos que le causó el viaje a la Capital bajo la
aclaración de retirar la demanda si la madre del presbítero le entregaba su
hija44.
Al mismo tiempo, gran parte de los motivos alegados por los párrocos en
situaciones semejantes giraba en torno a la reputación de los indios y el
prestigio aparecía fuertemente -aunque no exclusivamente- asociado a las
mujeres indias, un tema acuciante en la época y de plena presencia en los
juicios civiles de estos actores sociales. Los presbíteros solían alegar en su
defensa haber sustraído a los hijos de los indígenas del poder y dominio de sus
padres, por considerar que los mismos no practicaban una vida basada en los
preceptos cristianos y que eran sumamente negligentes en la enseñanza de la
Doctrina Cristiana. Siguiendo con la historia anterior, la mala vida de la
india Guevara constituyó la razón por la cual el párroco le había quitado su
retoño. Por ende, no considerándola apta para tener hija alguna en su poder,
alegaba que la niña desconocía los principales misterios de salvación, no sabía
persignarse debidamente e ignoraba las obligaciones cristianas. Como se sabe,
la concurrencia a misa era obligatoria en la época y de hecho, el religioso
fundamentaba su acción en el logro de un propósito: que la hija de la india
recibiera una educación adecuada y cristiana para que pudiera oír misa,
confesarse y llegar a la misa de la comunión.
Osvaldo Otero afirma que el común denominador entre el Estado y la Iglesia era
el control de los súbditos a través de su idea de orden y de su religiosidad,
de modo que el Catolicismo constituía la base sobre la que se apoyaba la
armonía social y sus conceptos morales representaban el fundamento ideológico
del sistema45. En ese sentido, tampoco
resultaba extraño el concepto de aquel presbítero sobre la india progenitora, a
la que definía como (.) ineficas en zelo y cuidado pa con su familia (.)
porque tenía otra hija que estando soltera y bajo el cuidado de su madre (.) se
hizo embarazada cuyo echo se hizo publico en todo Baradero con notable
escándalo (.)46 y la consecuencia habría
sido -según el relato del eclesiástico- la separación de la joven de su madre y
su ubicación en casa de un vecino decente para que (.) permaneciendo allí se
cortara (.) el lazo de su desenfrena pasión (.)47.
Sumado a ello, el Alcalde del partido había ubicado a una tercera hija de la
india en casa de otro vecino. Además, si bien en un principio el párroco
hablaba de Padres, la figura paterna no fue mencionada en el desarrollo
posterior de su descargo, haciendo recaer en la madre todo el peso de la
responsabilidad de una buena crianza y educación de las hijas. Simultáneamente,
el religioso destacaba la extrema pobreza de la familia de la india Ana Guevara
y consideraba que tal situación de carencia coadyudaba al desarrollo de una
baja moral, pues en su opinión (.) estando como es cierto cargados de hijas
mujeres mosas, su desnudes y miseria no puede menos qe exponerlas talves
avarios precipicios qe por lo regular ofrese la libertad del campo (.)48.
Efectivamente, cuando algunas conductas adquirían el carácter de escándalo
público, eran perseguidas y penadas por la Iglesia y el Estado y se
consideraban una transgresión a los valores morales del orden hegemónico,
valores que dichos Organismos representaban y cuidaban49.
Los alcaldes de hermandad y los indios
Los Alcaldes de Hermandad
eran vecinos respetables en la jurisdicción de su competencia, no letrados, que
ejercieron la justicia rural en la campaña de Buenos Aires durante todo el
período colonial y en el independiente temprano hasta 1821. En general,
asumieron una actitud de dureza en el trato hacia los indios, sin muestras de
tolerancia y en más de un caso -especialmente cuando éstos los denunciaban-
solían construir una imagen negativa propia del estereotipo colectivo de indio
existente en la época. En este sentido, uno de los elementos desacreditadores
que emergía con claridad en el discurso de los Alcaldes de Hermandad, era la
negación de la etnicidad del indígena: uno llamaba mulatillo a un indiecito
cuya tenencia se disputaba en la justicia; otro afirmaba ante el juez que una
india no era tal sino mulata al igual que sus nietos: (.) unos
menores mulatillos qe luego han querido titularse indios pr su abuela qe es de
la misma clase (.)50. Similarmente, un
tercer Alcalde de Hermandad aseguraba que Teodora había viajado a la Capital
porteña clandestinamente y se había presentado como india no siéndolo ,
alegando que en el partido a su cargo no se la conocía bajo tal identidad
étnica; es probable que por esta razón dicho Alcalde nunca se haya referido a
Teodora como india ni en sus informes ni en sus actas51.
En una palabra, estas autoridades del ámbito rural manifestaban su total
disconformidad por el hecho de que un indio se presentara ante el Protector no
siéndolo y, aun así, fuera beneficiado con la representación legal del mismo.
¿Tal vez los movilizaba el interés de que los indios no contaran con la personería
de un Protector de Naturales que actuaba con firmeza y exigía la justicia
exacta para sus defendidos, al tiempo que no tenía condescendencias para con
los Alcaldes de Hermandad cuando éstos procedían con abusos y atropellos contra
un indígena? Es posible, porque la
negación de la etnicidad de los indios generalmente no recibía relevancia ni
atención alguna en los procesos judiciales, ni otros actores sociales o
jurídicos del caso adherían a la idea planteada. Tampoco se ha observado que
las autoridades hayan intentado comprobar la falsedad o veracidad de la calidad
de indio declarada por su cuestionado portador. De todos modos, creo
conveniente detenerme en una breve aclaración al respecto.
Los indios figuran como tales en los expedientes y es difícil -y en ciertos
casos, imposible- corroborar lo contrario a fin de refutar o no la fuente
documental, a menos que algunos pudieran rastrearse genealógicamente en base a
datos precisos. Pero aun así, es innegable que mantenían lazos interétnicos
siendo protagonistas de un importante mestizaje social, de modo que varios
individuos pudieron no haber sido puramente indígenas. En verdad, constituyeron
una minoría étnica al interior del espacio hispanocriollo, que había adquirido
pautas de la sociocultura colonial a tal punto que la historiadora Susana
Aguirre los define como indios mestizos52 porque habían aprendido a desempeñarse en un mundo que no era el propio,
incorporando recursos culturales ajenos de diversa índole: materiales, simbólicos,
de conocimiento, de organización, entre otros. Es decir, el calificativo de
mestizos no está dado aquí en un mero sentido biológico como comúnmente suele
empleárselo, sino que alude a un mestizaje sociocultural del indio producido
por su compenetración en la cultura hispana por la interacción de su propia
cultura -o de lo que de ella se le permitió conservar- con la del español que
le fue impuesta. Al estar integrado en una sociedad y cultura ajenas,
evidentemente debió adoptar otra lógica.
Prosiguiendo con nuestro tema, los Alcaldes de Hermandad también descalificaban
el relato de los hechos construido por el indio, señalando que había faltado a
la verdad, que recurría a artificios , que decía puras nulidades y o que
lograba sus objetivos a la sombra del Protector: (.) ha conseguido a la
sombra del Sr. Protector de Naturales el qe. se libre providencia contra mí pa.
la entrega de los mismos bienes que apenas llegaron a veinte pesos y 7 reales
con otras condenaciones de igual perjuicio a fin depoder exponer a V.E. quanto
conduce a mi defensa en el particular (.)53.
Tales frases parecían funcionar como una herramienta de defensa y justificación
de sus actos ilícitos contra los indígenas aunque los magistrados no siempre
procedían en función de las mismas. En otras ocasiones, estos Alcaldes de la
campaña ponían en tela de juicio y denunciaban la moral y decencia de los
indios, en particular, de las mujeres indias, donde el tema del honor era
recurrente. La infinidad de situaciones podía darles o no la razón, pues a
veces sólo buscaban estigmatizar la imagen del indígena, pero esta injerencia
en aquellos aspectos de la vida no constituyó una característica distintiva de
los Alcaldes de Hermandad. Como ya señalamos, los eclesiásticos también
condenaban conductas del indio que juzgaban impúdicas o moralmente inapropiadas
y en muchos casos, tanto uno como el otro se proponía corregir las malas
costumbres arraigadas. En un litigo previamente descrito, el Alcalde de
Hermandad Juan Chacon (acusado por la india Ana Ledesma de haberla despojado de
tres nietos y un ganado) recurrió a la figura del amancebamiento para
fundamentar sus acciones. Aseguraba que la misma se fugó con su nieto mayor,
Juan Mancilla, y envió a prenderla encontrándola
(.) en una casuchilla durmiendo a pierna suelta con su nieto lo que en compañía de todos mis auxiliantes, queserian siete uocho fui a la casa, y el que me dio el haviso me llevó derecho a una troja de maíz y me dijo aquí está Sr el matrimonio (.) y los bimos por nuestros ojos juntos durmiendo Nieto y Abuela cosa asombrosa que en su vista mando al Nieto a salir, y lo hise atax, y al dueño de la casa le ordene que lo que amaneciera me llevase a la vieja a una casa donde hiba aespexax el dia, de allí distante como dos otres leguas (.)54.
Inclusive, el defensor de Chacón reiteró esa convivencia inmoral asegurando que éste (.) no procedió conducido de pacion alguna ó el menor interés particular, y sí solo el justo deceo de no hacerse responsable de un disimulo, y tolerancia, de que jamás podía tener excusa (.)55. En ese sentido, argumentaba que aquella torpe correspondencia sumada a la pobreza en la que vivía la india con los niños, justificaban la conducta de su defendido:
(.) en cumplimiento de los deberes de su ministerio para consultar su educación y enseñanza por el abandono en que los tenia la abuela (.) y evitar al propio tiempo el escandalo que ya se rugia de su toxpe comercio con el mayor de ellos, como vino al fin a comprobarse sorprehendiendolos en un propio lecho y vajo una misma cubija (.) aunqe paresca increíble la torpe correspondencia de la Ledesma con su nieto qe fue el origen de haberla privado de todos ellos y de sus cortos bienes para atender con su producto a su subsistencia (.)56.
Como se sabe, los delitos que
atentaban contra el honor, el decoro y la moral estaban fuertemente penados por
el orden dominante, católico apostólico en su esencia. Por ello, el
amancebamiento denunciado por el ex Alcalde de Hermandad no pasó inadvertido
ante los ojos de la justicia de la Capital porteña. El Fiscal Protector
investigó la convivencia incestuosa y concluyó que la misma quedaba refutada
sólo por la edad del niño quien -según declaró la india- tenía de 11 a 12 años.
Este fue el dato aceptado por la justicia porque si de acuerdo al denunciado
Alcalde hubiera sido un joven de 18 a 19 años de edad, habría nacido hacia
1781-1782. Sin embargo, cuando el cura vicario del partido de San Pedro, por
orden del Fiscal Protector, buscó en el Libro de Bautismo a Juan (nieto de la
india por parte del hijo de ésta, Estanislao Mancilla) no encontró su partida
de nacimiento entre las pertenecientes a todos los que fueron oleados entre
1770 y 1793, ya que el niño no apareció ni con aquel apellido ni con el de
Vazquez perteneciente a su madre. Con ello, el Protector de Naturales dio por
supuesto que Juan Mancilla no había nacido en aquellos años y sin pensar en
otras posibilidades, no investigó por qué el niño no aparecía registrado en la
Iglesia durante ese período. En términos del vicario, podría haber sucedido que
sus padres hayan omitido el trámite de ponerle óleo y crisma o bien que el cura
a cargo en ese tiempo no haya anotado la partida del niño, pero no se
intentaron otras probanzas y el ilícito trato -siempre negado por la india- fue
descartado por la justicia.
Asimismo, es importante destacar que las alusiones sobre la moral de las
indias, en algunos casos eran verdaderas y en otros, ciertamente no. Al
respecto, merece detenernos en el trabajo de María Bjerg que resulta doblemente
interesante sobre la figura femenina indígena: no sólo analiza procesos de
mestización -reconstruyendo los lazos familiares, comerciales y sociales que
vincularon a los distintos actores de la campaña y de la sociedad de frontera-
sino además, en ese intento, aborda prácticas sociales indígenas como los
amancebamientos protagonizados por las indias y la poligamia o matrimonios
dobles de los indios (y de los criollos), considerados conductas punibles por
parte del sistema judicial de Buenos Aires. Es decir, refiere a prácticas
polígamas que estaban condenadas por la sociedad hispanocriolla. La autora
examina el mestizaje que involucró a indios e indias (situados en el territorio
bonaerense o que habitaban temporalmente en las proximidades de los fuertes
durante los siglos XVIII y XIX) con españoles y criollos, y las consecuentes
redes mestizas de parientes y compadres trazadas por estos actores. Así,
centrada en las mujeres indígenas, efectúa un análisis del intercambio
interétnico biológico y cultural observado a partir de las relaciones sexuales
y amorosas entre las mismas y los hombres hispanocriollos -abordando inclusive
el rol desempeñado por éstas en la urdimbre de los vínculos trazados- e indaga
en el mestizaje a través del parentesco simbólico como práctica social, dando
lugar a una contribución original sobre una faceta social del mundo indígena de
la cual no existen prácticamente estudios sistemáticos en la actualidad. En
este contexto, un fenómeno extendido fue el amancebamiento con indias,
destacándose los protagonizados por soldados y que eran objeto de constante
preocupación por parte de las autoridades militares superiores de la campaña y
la frontera. Precisamente, hasta mediados del siglo XIX, los indios solían
pasar prolongadas estadías cerca de las guardias y los fuertes, al tiempo que
los soldados ingresaban a los toldos atraídos por las chinas. Empero, el establecimiento
de vínculos con indias no se restringía a los soldados de las guarniciones
militares cuyas inmediaciones estaban habitadas y visitadas por mujeres
indígenas, sino también involucraba a otros criollos -sin importar jerarquías
sociales o profesiones- que convivían con las mismas57.
Por supuesto, las conductas desviadas atribuidas a los indios, no constituyeron
la única razón por la cual los Alcaldes de Hermandad basaban sus actos; la
ausencia de prácticas y creencias católicas en la cotidianeidad de los indios y
la falta de cumplimiento con obligaciones cristianas, resultaban ser otros
motivos comunes por los que se sentían obligados a orientar sus vidas y
remediar tales falencias. Franco Mendoza fue injuriado y despojado de sus tres
hijas y su mujer por el Alcalde de Hermandad de Los Lobos, quien los depositó
en la Parroquia; sumado a ello, sustrajo los escasos bienes del rancho del
indio consistentes en unos cortos trastes: una fanega cuartilla y media de
trigo; 12 gallinas; una olla vieja de fierro y una petaca cerrada . La razón
por la cual el alcalde declaró haber actuado de tal manera, no fue un
comportamiento impúdico sino (...) la ignorancia en qe. se hallan delos
misterios de nuestra religión (.) , pues afirmaba haber visitado la
vivienda de Mendoza un par de veces, sin lograr que él y su familia se
acercaran a la iglesia58.
A pesar de lo propiamente dicho, algunos indígenas efectuaban denuncias y
establecían demandas directamente ante el Alcalde de la Santa Hermandad del
partido donde vivían, esperando que sea éste quien hiciera justicia en su caso.
En general, el mismo arbitraba en las disputas y problemas entre vecinos, dado
que tenía competencia en la baja justicia criminal y atribuciones sobre
conflictos de menor cuantía, como litigios civiles de poco monto entablados
entre los habitantes de su jurisdicción. Efectivamente, la india Teodora
Astudillo del Arroyo de Ramallo y su marido se quejaron ante la autoridad local
del partido, Manuel Ruiz, de las acciones de un Sargento de Milicias retirado,
interponiendo una demanda contra éste; con ello, se inició una causa de paz
vecinal agravada por el delito de agresión física y verbal hacia la mujer59. Según Juan Carlos Garavaglia, el Alcalde de
Hermandad y sus sucesores, los jueces de paz, siempre conservaron su rol de voceros de la sociedad local porque la función esencial de la Santa Hermandad, pese a
su carácter delegado, era la mediación y para ejercerla debían poseer
primordialmente una cultura social más que una cultura jurídica aunque
no desconocían los rudimentos básicos de la tradición jurídica hispánica60. Sin embargo, aquella india protestaba porque
Ruiz no había dado curso a su demanda, haciéndola desaparecer por la amistad
que compartía con el acusado y los hechos así parecían confirmarlo: si bien se
consignó que el careo fue actuado en presencia de las partes litigantes, los
testigos y el Alcalde de Hermandad, sólo se hizo constar la versión del
demandado, estando ausente la voz de la india. Sumado a ello, a fin de asentar
la buena conducta del agresor, el Alcalde de Hermandad sólo adjuntó seis
declaratorias de militares que habían sido colegas conocidos de Herrera, cuyos testimonios
compartieron la honradez y hombría de bien del acusado.
Lo cierto es que no hubo mediación neutral por parte de aquel juez, lo cual
motivó que la india derivara inmediatamente su problema al Fiscal Protector de
Buenos Aires. El mismo, dada la imposibilidad del actual Alcalde de
Hermandad de gestionar la demanda, elevó una comunicación al Virrey Joaquín del
Pino61 sobre el particular de que la mujer le
había expresado los excesos cometidos contra su persona, solicitándole que (.) proponga
querella civil y criminal a su nombre contra Juan José Herrera de aquel
vecindario (.)62. Así, mediante la
intervención de un Juez Comisionado que efectuó los pasos procesales no
cumplidos por la autoridad del partido, quedó corroborada la culpabilidad del
ex sargento Juan José Herrera y la Real Audiencia, en conformidad con la
petición del Fiscal Protector, condenó al demandado al pago de una multa de
treinta pesos que debió satisfacer a la india Teodora Astudillo como vía de
indemnización por daños y perjuicios63. En
efecto, en la jurisprudencia colonial, la compensación económica estaba
contemplada en los delitos por difamación, calumnias, injurias, entre otros,
especialmente si el acusado pertenecía a la gente decente.
En síntesis, hemos abordado procedimientos indígenas civiles que surgieron en
la sociedad hispanocriolla, otorgando especial interés a la Iglesia y los
Alcaldes de la Santa Hermandad en su relación con este sector social. Veamos a
continuación una disputa por terrenos acontecida a tres años de iniciado el
proceso revolucionario.
Usurpación de tierras
Los frecuentes conflictos por
tierras en los albores del siglo XIX, se debían a la situación desordenada de
las mismas: su posesión era informal y de poca relevancia para el Estado y no
había mensuras precisas de las extensiones territoriales. En consecuencia, no
existía un registro catastral y los derechos de propiedad aún no estaban
establecidos claramente64. Esta realidad de
inestabilidad causaba reiteradas denuncias que derivaban en litigios judiciales
por perjuicios en tierras cuyos poseedores no tenían los títulos de
propiedad e inclusive, a veces, ningún otro documento que justificara su
tenencia. La situación no excluyó a los indígenas y por tanto, los encontramos
involucrados en esta clase de problemas como parte de su dinámica social e
histórica.
En principio, nuestro caso tuvo lugar en una época previa a la conformación
provincial, cuando resultaba común la forma de acceso a la tierra mediante la
alternativa de la posesión, la cual consistía en un control ejercido
sobre un terreno sin un título de propiedad pero que asimismo permitía
hacer un uso productivo del mismo65.
Igualmente, durante las décadas de 1800 y 1810, existían otras vías de acceso a
los terrenos mediante las modalidades de las donaciones del Directorio y
la moderada composición, con las cuales se desarrolló un proceso de
ocupación y traspaso de tierras del Estado a manos privadas66.
De todos modos, lejos de intentar ahondar en cuestiones territoriales, que
escaparían al objetivo propuesto, las aclaraciones representan sólo un breve
marco introductorio a un pleito judicial desencadenado precisamente por abusos
en un terreno habitado por una indígena en el partido de Navarro en una época
en que se desarrollaba una justicia en constante cambio luego de la
desaparición de la Colonia67. La causa fue
iniciada en 1813 por perjuicios cometidos por un español llamado Ramón Antonio
Mayan, en las tierras de un matrimonio integrado por Pedro Benites y la india
María Andrea Torres68. La misma, en representación
de su marido, estableció una denuncia contra el mencionado Mayan ante el Agente
de la Cámara Protector de Naturales de Buenos Aires, debido a las incomodidades que les provocaba en su terreno. Aseguraba que Benites le había permitido
establecer una pulpería en las tierras, pero Mayan se atribuyó la confianza de
conchabar dos peones para cavar una zanja sin su consentimiento expreso. En
consecuencia, buscaba que se impidiera a Mayan continuar realizándola: (.) yasímismo
pido justizia a su Señoría para que se me de una providencia en mano del señor
presidente para que haga justicia Señor Alcalde de mi partido lo que yo pidiese
quiero impedir la sanga que estaba hasiendo, por orden de la Justicia (.)69. Como participante del proceso, la india
procuraba dar voz a lo que esperaba de la justicia, expresando la sanción que
estimaba adecuada para el acusado. Al mismo tiempo, denotaba hablar con
conocimiento de causa respecto al individuo en cuestión, asociándolo a la
corrupción: (.) Es un ombre de mala reputacion. Es un ombre traydor. Así
estafando a todos los señores de La gunta y es un ombre que no debe de estar en
estas chacra y debe de recoger en la Ciudad porque él a fuerza de dinero y a
fuerza de las falsedades de su mujer, salió bien (.)70.
Diferente resultaba la relación de los hechos efectuada por el Alcalde de
Hermandad del partido Miguel Barrales. Alegaba que Pedro Benites permitió al Español
Europeo poblar la tierra pese a la oposición de un vecino y conceptualizaba
al compañero de la india como un hombre de muy poca labranza, al que
conocía desde hacía bastante tiempo y no necesariamente por su buena conducta
porque le había provocado ciertos malestares con su comportamiento del mismo
modo que a los anteriores Alcaldes de Hermandad. Agregaba que podía (.) dar
prueba de su conducta y ejercicio por las muchas dependencias y las continuas
quejas (.)71. Lamentablemente, no existió
ningún testimonio que avalara o refutara los relatos del Alcalde y no se
mencionó la ocupación u oficio de Benites. Pero sus argumentos, lejos de
corroborarse, fueron consecuentes con su posterior versión. Según Barrales,
Benites impidió a Mayan continuar con la realización de la zanja porque éste no
quiso fiarle, aunque no especificó en qué consistía la fianza y si la misma
formaba parte de algún convenio para ocupar la tierra; tampoco precisó por qué
el español se negó a pagarla. Conjuntamente, sostenía que la excavación del
surco perseguía el mero fin de resguardar la casa de Mayan y no generaba daño
alguno por no exceder la cuadra y media de largo en una campaña tan dilatada.
Por otra parte, sólo se conoce el dato aportado por la india de que Mayan no
era dueño de la tierra porque Benites había sido el primero en ocupar esos
dominios desde 1811. Inclusive, en un acto de reafirmación de derechos sobre la
posesión, Andrea Torres aseguraba que su marido (.) tiene derecho de
defender ese terreno porque quiere labrar en el mismo (.)72,
pero que Mayan pretendía obligarlos a abandonar la parcela. Lo cierto es que la
intención de expulsión y la realización de una actividad por cuenta propia en
tierra ajena, cuestionaban la posesión del terreno por parte de Pedro Benites.
No obstante, existía la alternativa de la posesión consistente en un control
ejercido sin un título de propiedad sobre un terreno que a veces correspondía a
alguien simplemente por haberlo ocupado primero y quien podía hacer un
aprovechamiento productivo del bien económico. Parecería que la tenencia de las
tierras de Benites respondía a esta modalidad, ya que en ellas vivía con su
familia y prometía ejercer la labranza en un futuro próximo. Sabemos que la
posesión de larga data podía derivar finalmente en un título de propiedad,
aunque habitualmente se intentaba desalojar a los pobladores sin importar el
tiempo de ocupación.
Pero ¿qué alegaron las autoridades de la justicia urbana? Y en definitiva ¿cuál
fue la solución del conflicto? El Protector de Naturales consideró que Mayan
ocupó las tierras por un favor y beneficio que Benites decidió conceder
permitiéndole ubicarse con una pulpería sin contar con que el español quiso ir
más allá en tierra ajena iniciando una zanja. Para el Protector, estos fueron
los motivos que obligaron a Benites a desamparar su terreno y labranza y a
retirarse con su familia a vivir en casa extraña-según se le había
informado-. Simultáneamente, aseguró que como poseedor antiguo y dueño por
ahora del terreno, el marido de la india podía y debía impedir la ocupación
por parte de Mayan, aduciendo además que este último no tenía derecho a
establecerse sino en la precisa inteligencia, consciente de que estaba
prohibido de disponer de la tierra y ocuparla como propia. Asimismo, esta frase
del Protector exige hacer un doble comentario. Por un lado, al declarar dueño
a Benites, posicionaba a Mayan entre los llamados pobladores o
agregados, personajes comunes en la época que fueron:
(.) ocupantes más o menos informales de terrenos ajenos, a quienes se permitía instalar y desarrollar actividades productivas propias, con algún sistema de reciprocidad en relación con el titular de la tierra. La costumbre antigua, hacía que este tipo de arreglo fuera difícil de erradicar, a veces por la conveniencia del titular de la tierra que no encontraba alternativas en el mercado de trabajo o lo utilizaba como forma de reafirmar sus derechos de propiedad frente a sus linderos y el Estado, pero también porque era aceptado como un derecho por parte de pobladores en situación de extrema necesidad frente a propietarios que tenían recursos territoriales que se consideraba subutilizados73.
Por otro, el por ahora reflejaba aquella inestabilidad en el control individual de los territorios y
de la situación de tenencia informal de tierras que se vivía a comienzos del
siglo decimonónico. Por eso, resultaba llamativa la realización de una zanja
por parte del español, la que comúnmente servía para colocar mojones durante
las mensuras y delimitaciones de un terreno o parte del mismo. En este sentido,
podría interpretarse que la intención de Mayan pudo haber sido la de apropiarse
del total o una parte del terreno de Pedro Benites; de hecho, la acción de
Ramón Mayan fue calificada de usurpación (e impedida) por parte de la
justicia urbana.
En suma, en atención a lo argumentado por el Protector General de Naturales, el
Gobernador Militar Miguel de Azcuénaga decretó que el Alcalde de Hermandad
Barrales ordenara a Mayan tapar inmediatamente la zanja que había empezado a
cavar en el bien económico de Benites y que vigilara la conducta futura del
español. Al mismo tiempo, se obligaba a Mayan a no efectuar en lo sucesivo
ninguna otra operación como ésta en dichas tierras y se lo instigaba a
conservar una relación armónica con Benites evitando toda clase de
desavenencias. De este modo, quedaba advertido de ser desalojado si no acataba
los mandatos.
EL INDÍGENA: ¿UN TITULAR DE DERECHOS?
La administración judicial
estuvo caracterizada por la superposición de jurisdicciones, pues estaba
desempeñada por una multiplicidad de organismos y de diferentes funcionarios
que se disputaban y repartían el ejercicio de la justicia y tenían atribuciones
jurisdiccionales no siempre actuadas de manera exclusiva sino, por lo general,
en forma acumulativa: por eso se habla de la existencia de las justicias.
Al mismo tiempo, la institución judicial en su conjunto representaba una
creciente presencia estatal en los territorios controlados por españoles y
criollos.
En esta organización, la Real Audiencia de Buenos Aires constituía el tribunal
superior de justicia de la Colonia y entendía en tercera instancia -y la última
en ciertos casos- de las apelaciones que se interponían contra los fallos de
los jueces en la totalidad del distrito de su jurisdicción. Ejercía funciones
político-administrativas a través de las diversas figuras institucionales que
la integraban: su presidente, el Virrey; los Oidores; los Regentes; los
Fiscales. Entre las mismas, se destacaba el amparo a los indígenas ejercido por
un Fiscal que alegaba por los indios en los diferentes conflictos (civiles y
penales) y en los cuales siempre cumplía con la defensa y representación legal
del indígena y velaba por la satisfactoria conclusión de las causas. Acorde a
como figura su cargo en las fuentes judiciales, recibía la denominación de Fiscal
Protector General de Naturales o Fiscal de Su Majestad o Protector
General de Naturales e inclusive Protector de Indios. Pero los
Oidores podían asumir este rol, caso en el cual se hablaba del Oydor
Protector General de Naturales o Sr. Oydor y Fiscal Protector: Vistos:
entréguense al Sr. Oydor que hace de Protector Gral de Naturales pr qe (.) pida y exponga lo qe estimase conveniente a su Ministo. sobre la materia74. (El énfasis es nuestro). Durante los tiempos
independientes normalmente se denominaba Defensor General de Naturales o
bien Agente de Cámara Protector General de Naturales. No obstante, existía
el Defensor General de Pobres que protegía a los estamentos más bajos de
la sociedad de los abusos que sufrían y tuvo actuación en algunos asuntos
indígenas.
En el marco específico de los pleitos civiles, sostenemos que los Protectores
de Naturales no sólo defendían sino además reconocían al indígena como
un sujeto de derecho desde el punto de vista jurídico y legal. Una
evidencia de dicho reconocimiento podía observarse en los siguientes alegatos
de distintos representantes de indios. A saber, en un caso ya mencionado, el
Fiscal Protector General de Naturales presentó por escrito al Virrey una fuerte
defensa de la india Ana Ledesma, transmitiendo la queja y el reclamo de ésta y
proponiendo la subsanación de los daños y perjuicios que había sufrido por el
despojo de sus nietos y bienes. En este marco, el Fiscal Protector sostenía que
(.) como pa. poder el Fiscal Protor. haser uso del dro (derecho) que esta
india representa, sea preciso oir al Alce. a que se xefiere (.)75, intimando inclusive a dicho Alcalde a que
restituya todo a la india Ana con la distinción correspondiente. (La
aclaración y el énfasis son nuestros). Otro Fiscal Protector solicitaba al Juez
Comisionado -designado para tomar indagatorias en el partido de una indígena-
que
(.) resolviendo sinperjuicio de esta diligencia sea reconocida la persona de esta India por quales qa. delos facultatibos de esta Capl. que V.Excelencia sea servido nombrar, certificando sobre la calidad dela herida, y golpes qe. expresa le dio el citado Juan Jose Herrera reservándose pox el Escrivano hasta sutiempo, lo qual asi es dejusticia quepide (pxotextando en vista de la informacion) usax mas enfoxma del Derecho de esta India (.)76
En otro caso, el Fiscal
Protector solicitaba que (.) sele entreguen todas las actuaciones qe sobre
ambas diligencias existen en Secxeta. pa en su vista hacex uso delas
acciones qe. a dho. Indio correspondan (.) Sobre lo qual con vista
de todo pxotesta pedix lo combente. en defensa de los derechos deeste Indio (.)77. (Los remarcados nos pertenecen).
Sumado a ello, estos
funcionarios de la Real Audiencia buscaban y lograban con éxito que en los
conflictos indígenas llegados a sus manos, se produjera el cumplimiento
efectivo del conjunto de leyes, reglamentos, resoluciones y aplicaciones
propias de la legislación hispanocriolla. Paralelamente, ejercían una esmerada
defensa del indio con argumentos legales convincentes, atendían sus denuncias
con respeto y alegaban a fin de obtener el fallo de la justicia a favor de los
naturales. De la misma manera, las demás autoridades procedían con respecto al
indio, en función del régimen jurídico-legal vigente y el Virrey podía
decretarle una penalización acorde al derecho castellano e indiano. En íntima
relación, no observamos que durante el tratamiento del juicio se hayan
efectuado acciones legales en perjuicio de los indígenas por su condición
étnica. Por todo lo propiamente dicho, es factible considerar que los mismos
fueron iguales ante la ley78.
Ahora bien, para los indios poseer igualdad jurídica no era equivalente a gozar
de igualdad social: socialmente, nunca recibieron igual trato y se encontraban
inmersos en el contexto de una sociedad altamente jerarquizada donde
conformaban una de las extracciones más bajas. Así, en un orden sociopolítico
dominado por ideas y valores eurocéntricos, era común la construcción de
relaciones interpersonales tendientes a la inferiorización del indígena con la
asignación de desvalorizaciones y atributos negativos, tal como quedó asentado
en un juicio de disenso del año 1809 donde Don Venancio Camargo solicitó un
permiso supletorio para poder contraer matrimonio con Dorotea Lencinas79. Si bien los involucrados no son indígenas,
destaca la frase usada por el primero en su petitorio, con la que expresaba la
degradación humana a la que se subsumía a los pobladores originarios de la
época: el muchacho aseguraba que su padre se oponía a este enlace pese a que su
elegida pertenecía a una de las familias más distinguidas de Rosario y sin
la menor rasa de Indio, Mono ni Mulato. Además, en el expediente, se hace
alusión a la naturaleza de indio y mulato como un vicio de nacimiento. Y
el cura párroco interviniente a favor del enlace de los jóvenes afirmaba que
(.) según la vos publica o informes particulares (.) la flia de la contrayente á mas de estar bien conceptuada en la feligracía por la probiedad de sus costumbres, jamas á padecido la nota infame de originaria de castas, antes bien la opinión general le ha reputado siempre y reputa en el Dia por una de las familias más limpias de sangre y distinguida en aquel lugar (.)80. (El énfasis es nuestro).
Como es sabido, el sistema de
pureza de sangre desestimaba el mestizaje entre blancos y no blancos pero aun
estando vigente, las relaciones interétnicas continuaron entablándose, de modo
que tal imposición nunca se cumplió plenamente.
Por otra parte, los indígenas no ignoraban sus amparos legales dentro del
régimen judicial del blanco; tenían conocimiento sobre lo que el Protector
General de Naturales significaba y representaba para ellos: así lo demostró la
mencionada india María Viviana cuando advirtió al Alcalde de su partido que si
éste no lograba quitar su hijo del poder de otro Alcalde de Hermandad que había
tomado al niño por la fuerza, entonces ella (.) se arrastrara a Buenos ayres
a valerse de su protector el Sr Fiscal del Crimen que tiene noticia lo es de
naturales por su magestad (.)81. De la
misma manera, la india Ana Ledesma exponía ante el Protector sobre la (.) razón
que me haze ocurrir a la Justificada piedad de VSa. paxa que como mi Protector
y Padxe se digne mandax (.) como llevo pedido que es justo82.
Ahora bien ¿los indios contaban con una posición legal que les permitiera
promover una causa civil o entablar una demanda o querella? Podemos responder
positivamente a este interrogante porque los indios iniciaban causas civiles y
querellaban o demandaban a través de la figura institucional del Protector de
Naturales:
Autos promovidos por el Protector de Naturales en representación de la india María Teodora Astudillo contra el Sgto. Retirado de milicias Josef Herrera83. Expediente promovido por el Sr Fiscal Protector de Naturales sobre la prisión por el Alcalde del partido de los Lobos Don Antonio García, al Indio Josef Miguel Gonzalez representado por Cayetano Abendaño84. El Sr. Protector General de Naturales en nombre de la india Ana Ledesma, sobre que el Alcalde de San Pedro Don Juan Chacon, le restituya tres Nietos y los bienes de que le despojó85. Expediente promovido por el Agente de la Cámara, Protector de Naturales, en representación de María Andrea Torres mujer de Pedro Benites, quejándose de las incomodidades y perjuicios que les infiere Ramón Mayan en los terrenos que poseen en el Salado, Partido de Navarro86.
Sin duda, las autoridades de
Buenos Aires reconocían el derecho del indio a ser querellante en un pleito: un
Juez Comisionado alegaba (.) yo Dn Isidro Fernandez hize saber esta
deliberación a Ma Theodora querellante en su persona (.)87. (El énfasis es nuestro).
Por último, al indio litigante se le concedía el derecho a presentar o citar
testigos que considerara relevantes para la resolución de la disputa y que
fueran capaces de dar fe y justificar el relato de los hechos y la buena
conducta del primero, con el agregado de que algunos testimonios eran
congruentes respecto a lo narrado por aquel. Otras veces, proponía testigos
para que corroboraran la existencia de los bienes que llevaba declarados (ej.
el número de animales) y la clase y cantidad de gastos y perjuicios que le
había ocasionado la contraparte y o la propia causa jurídica. Simultáneamente,
los testigos aportaban información adicional sobre el indígena: acreditaban su
vecindad y revelaban ciertos aspectos de su vida cotidiana (ocupación, estado
civil y otros). Inclusive, si el caso lo ameritaba, el Protector de Naturales
podía designar por cuenta propia otros testigos que consideraba pertinentes
para el esclarecimiento del conflicto.
Ahora bien, a veces el indio decidía presentarse repentinamente ante el juez
exigiendo se tomara interrogatorio a su testigo cuando éste no había podido
concurrir a declarar en el momento designado por la justicia. Cornelia había
sido propuesta por la india querellante Teodora Astudillo para ofrecer su
testimonio; la mujer se hallaba enferma y vivía distante de la Capital porteña
donde se sustanciaba el juicio. Concluidos los Autos en función de no haber más
testigos y remitidos al Virrey, se presentó la india (.) conduciendo a
Cornelia Gutierrez enferma en una carretilla de que no pudo bajarse; y sin
embargo de que ésta increpó la inportunidadde sucomparendo; siendo por otra
parte delas especialmte nominadas en el interrogatorio (.)88.
Aunque las diligencias estaban finalizadas, el Juez Comisionado igualmente le
tomó testimonio (.) dentro de la misma carretilla y en la calle donde paro (.)89.
Los testigos (propuestos por los indios) presenciales algunos y no presenciales
otros, solían ser vecinos que vivían en el mismo partido o en algún lugar
cercano. Declaraban su nombre y apellido completo y contestaban concretamente
las preguntas efectuadas, previa toma de juramento de decir la verdad ante una
Señal de la Cruz. La información que aportaban enriquecía el litigio civil;
eran creíbles y su testimonio funcionaba como prueba y tenía validez para la
justicia. La importancia de sus declaraciones se destacó en un caso donde una
india querellante entregó al Juez Comisionado los Autos con un decreto adjunto
del Virrey, donde éste ordenaba a dicho funcionario recabar información a
partir del interrogatorio a los testigos presentados por la promotora de la
querella. El juez cumplió con el mandato aunque primero advirtió que iba a
reservarse (.) el examen de oficio de las personas que juzgase imparciales (.)90. Con ello, puede pensarse que las
autoridades determinaban la idoneidad de cada testigo y sólo habrían permitido
la declaración de algunas -y no de todas- las personas que el indio presentaba
como tales.
CONSIDERACIONES FINALES
En principio, varios
elementos formaron parte de los procesos civiles analizados: la denuncia y o la inmediata interposición de una demanda o querella por
parte del indio o contra éste y la cual representaba la primera acción
judicial. Efectivamente, el damnificado acudía a la autoridad competente
buscando una solución a su petición o súplica -por eso figuraba en los
expedientes como suplicante -; luego sobrevenía la inmediata admisión de la
demanda y una lógica de acción a partir de la misma. Dicha demanda o
querella se inscribía en el espacio jurídico y era legítima en el sentido de
que resultaba justa para el sujeto que la entablaba, como así también para el
Orden y el Estado, ya que existía una radicación y aceptación de
la misma por parte de una figura legal (el Protector de Naturales, el Alcalde
de Primer Voto) por encontrarse conforme derecho.
Los pleitos se sustanciaron en la justicia porteña; en algunos, entendía la
Justicia de Primera Instancia a través de los Alcaldes del Cabildo -normalmente
las causas que llegaban a sus manos estaban encabezadas por el título de Juzgado
de Primer (o Segundo) Voto- y de los Alcaldes de la Santa Hermandad. Estas
autoridades podían recibir denuncias de y contra los indígenas y proceder en
consecuencia. Pero en general, se pronunciaba la Real Audiencia que fallaba por
vista , pues los informes del Fiscal Protector de Naturales siempre pasaban por
vista del Virrey, quien en definitiva decretaba en el caso. Por lo tanto, el
proceso además se sustanciaba en la Justicia de Tercera Instancia. Con la
desaparición del Tribunal Superior a inicios del período independiente, el aval
a los alegatos del Protector de Indios podía estar dado por el Gobernador
Intendente, una figura gubernamental que existía desde la Colonia y conformaba
la Justicia de Segunda Instancia. En complemento, intervenían Jueces
Comisionados delegados, apoderados (de los blancos), curas párrocos o
presbíteros y por supuesto, nunca faltaron los Escribanos.
Evidentemente, a los indígenas no se les negó la posibilidad de demandar o
querellar y de llevar a cabo un juicio contra otra persona ante los estrados
judiciales de Buenos Aires, en pos de obtener aquello que consideraban justo
para sí. Tanto en estos casos como cuando eran demandados, su voz tuvo
importancia siendo siempre relevada en los juicios civiles; sus alegatos
tuvieron peso para las autoridades y se les permitía declarar su verdad y citar
testigos. Esto demuestra la capacidad de agencia de los indígenas para
actuar, movilizarse y producir efectos sociales, la cual es precisamente la
capacidad de acción inherente a todos los actores subalternos que conformaban
una parte integrante y activa (y no aislada e inactiva) dentro del universo
jurídico y, por extensión, del espacio hispanocriollo. Parafraseando a Ranajit
Ghua, el subalterno representa una pequeña voz siempre potenciada, capaz de
hacer sentir sus discursos y acciones (contra) hegemónicos, de modo que si
la pequeña voz de la historia tiene audiencia, lo hará interrumpiendo el cuento
de la versión dominante, quebrando su línea del relato y enredando el argumento91. En otras palabras, siempre deja su huella y se
hace sentir pese a que su nombre haya sido borrado del escenario de la
historia. Este modo de representación histórica muestra una nueva dimensión y
complejidad de la historia, insistiendo en el reconocimiento y la presencia de
las fuerzas de la sociedad civil excluidas por el discurso elitista92.
El tratamiento de los pleitos implicó comprobaciones y procedimientos completos
de averiguación de los hechos, al cabo de los cuales las autoridades podían
cobrar por costas. En simultáneo, observamos que las demandas entabladas contra
los indígenas normalmente no presentaron diferencias en su administración y
sustanciación, con respecto a aquellas donde éstos litigaban en calidad de querellantes.
Además, los indios podían resultar inocentes de la acusación que pesaba sobre
ellos o bien quedar comprobada su culpabilidad, en el marco de un juicio justo
que buscaba penar el delito o daño inferido y donde su etnicidad no parece
haber condicionado el proceder y las resoluciones de la justicia civil urbana
de Buenos Aires. No obstante, no podría afirmarse lo mismo de las
intervenciones y los alegatos de los Alcaldes de Hermandad en un asunto
vinculado al indígena. Estas autoridades a cargo de la justicia rural de un
paraje, solían cometer excesos contra aquel, desde no atender una queja hasta
despojarlo violentamente de su familia y bienes, siendo este último uno de los
motivos más frecuentes de conflicto en la campaña. Empero, la justicia de la Capital
no omitía estas situaciones cuando eran denunciadas. Contrariamente a
permanecer indiferente, pedía explicaciones al Alcalde de Hermandad acerca de
su procedimiento y, si correspondía, fallaba a favor del indio advirtiendo al
cuestionado Alcalde sobre el error de su conducta. En el caso que ya conocemos
del indio Josep Gonzalez, el Fiscal Protector exigió al Alcalde de la Hermandad
de Lobos una explicación sobre las razones que tuvo para detener al indio y
encerrarlo en su casa y en la resolución final, el Virrey advirtió a dicho
Alcalde que en casos de esa naturaleza resultaba preferible emplear los
deudores en servicio de sus acreedores y no tomarlos prisioneros. Además, el
presidente de la Real Audiencia nunca diferenció casta o calidad, sólo alegó lo
que consideraba justo y apropiado, resolviendo la situación del indio Gonzalez
con arreglo a la ley 14 tit. 7. Lib. 7 de Indias .
En realidad, es factible afirmar que en todos los asuntos civiles analizados,
la administración y las gestiones judiciales al igual que la resolución de la
situación del indígena fueron efectuadas conforme al Derecho que regía en
Buenos Aires y, por ende, los funcionarios judiciales apelaban a las normas y
leyes contenidas en el Derecho castellano e indiano, complementado por aquellas
que la costumbre había coronado. Conjuntamente, se observa que el indio recibía
ciertos derechos legales en el desarrollo de los litigios y los propios actores
jurídicos, primordialmente los Protectores de Naturales, lo consignaban como
una persona con derechos. Por ello, sostenemos la premisa de que en una
sociedad aún fuertemente estamental, los indios gozaron de una igualdad ante la
ley bajo las mismas circunstancias que el resto poblacional (igualdad jurídica)
en la esfera de la justicia civil de Buenos Aires durante el período abordado.
1Ratto, 2009.
2Ratto, 2005.
3Con motivo de los robos de hacienda sucedidos en la Frontera de San Miguel del Monte y atribuidos a indígenas pampas de las tolderías, el Sargento Pedro López de la Comandancia llevó a cabo un sumario donde afirmaba lo siguiente: (.) empeñé al citado Indio Cacique paraqe. bajo su patrocinio, y direccion pasasen algunos de esta guarnicion a la toldería de los Indios compradores de la hacienda a fin de que examinandolos uno a uno, se pudiesen aclarar los reos, y habiendo convenido el Cacique en ello por el interés según dijo, qe. ael no lo tubiesen pr. malo, nombré al efecto a Juan Berdun natural de Chile en quien concurre la circunstancia de poseer el idioma, y acompañado del Cacique, y su hijo hisiesen la diligcia. (.) encargandole al Cacique, qe.pr. si y por separado de Berdun me avisase el resultado y ofrecio executarlo (.) Previamente, había interrogado al cacique incorporando su testimonio a las actuaciones (Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo Levene -en adelante AHPBA- 1818: 34. A2. L37. E1).
4Ratto, 2009.
5Para mayores detalles, consúltese Mandrini. 1992.
6Calabrese Bonzon, 2012.
7En correspondencia con la temporalidad de la tesis de postgrado de la autora, este artículo se sitúa cronológicamente entre los años 1785, cuando la Segunda Real Audiencia de Buenos Aires inició sus actividades, y 1833, cuando con la campaña de Juan Manuel de Rosas al Sur (abril de 1833-mayo de 1834) la frontera natural del Río Salado -que había permanecido sin modificaciones sustanciales desde la conformación del Virreinato del Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII- fue extendida hacia el sur de la provincia sobre territorio indígena, generándose desde el gobierno un statu quo con los indios diferente al de los tiempos precedentes.
8 Cutter, 2007.
9AHPBA, 1811: 13. A2. L2. N°23.
10Cutter. 2007.
11Revilla. 2005: 52.
12AHPBA, 1813: 13. A2. L10. N°8.
13Archivo General de la Nación Argentina (En adelante AGN), 1801: Leg.5 Exp.153. La causa no ha sido incluida en nuestra muestra ni considerada en el análisis por el estado absolutamente incompleto del expediente.
14Véase Cutter, 2007.
15 He tomado la cita de Web Citas Latinas. Historia Antigua y Humanismo.
16AHPBA, 1813: 13. A1. L6. N°10.
17AHPBA, 1793: 13. A1. L14. N°1
18Fradkin, 1999.
19 Por ejemplo, en una causa, el Fiscal Protector notificaba al Presidente de la Real Audiencia que una india le solicitó (.) proponga querella civil y criminal a su nombre contra Juan José Herrera de aquel vecindario. Cuando la providencia del Protector pasó por vista del Virrey, éste decretó que (.) se admite en cuanto haya lugar la querella intexpuesta por él Sr. Fiscal Protector Gral. de Naturales á nombre dela India Maria Teodora Astudillo; y pa. qe. en su virtud pueda recibirse la información qe. sobre ella se ofrece (.). En la Autocabeza de Proceso, el Alcalde de Hermandad señalaba que (.) Haviendo comparecido en este Juzgado poniendo verbalmente demanda criminal Julián Frias y su esposa Maxia Teodoxa Astudillo (.) contra Dn. Juan Jose Hexxera Saxgto. de Milicias Xetirado Vecino del mismo Arroyo, exponiendo que este la havia atropellado a Teodora Astudillo hiriéndola malamente (.) . Más adelante, el mismo Alcalde señalaba la existencia de (.) una demanda de calumnia puesta x Teodora Astudillo y su esposo J. Frias contra Dn Juan Josef Herrera (.) (Los énfasis son nuestros). Sin duda, se refería por separado a las dos acciones legales que competían a la parte querellante de los delitos: una criminal, que toca al castigo (el demandado había sido acusado de insultar, golpear y herir con un cuchillo a la india) y otra civil, que mira los daños o costas (le generó perjuicios físicos pero también morales porque la injurió en presencia de su marido y otros, atentando contra su honor y reputación). AHPBA, 1802: 13. A2. L7. N°40.
20AHPBA, 1798: 13. A2. L7. N°17. Cuenta y razón de los bienes que le fueron confiscados por el Alcalde de Hermandad. A saber, en pesos y reales: un rancho con la cocina chica, 15 pesos; 60 ovejas, 11 pesos y 2 reales; 20 cabezas de ganado chico y grande, 1 peso; 11 caballos, 4 pesos cada uno; 7 chanchos, 6 pesos cada uno.
21AGN, 1801: Leg. 5. Exp. 158.
22Ibidem.
23AGN, 1801: Leg. 5. Exp. 162.
24Ibidem.
25Ibidem.
26Ibidem.
27Ibidem.
28Ibidem.
29Ibidem.
30AHPBA, 1803: 13. A1. L3. N° 53.
31AHPBA, 1798: 34. A2. L23. E28.
32Ibidem.
33AHPBA, 1798: 13. A1. L14. N°1.
34Debido a la denuncia del vecino Marcelo Lamela contra Francisco Escalante, el Comandante de la Guardia de Areco acusó al segundo de haber matado los animales, tomándolo prisionero en dos ocasiones con una barra de grillos y sin efectuar un proceso de averiguación de los hechos. Primero, lo privó de su libertad durante once días, obligándolo al pago de 18 pesos por las pérdidas vacunas; posteriormente, Escalante elevó una providencia al Comandante. Éste la rechazó bajo pretexto de que la firma no era válida, apresándolo nuevamente: en total, estuvo tres meses detenido. Por lo tanto, Escalante no sólo denunciaba los atropellos sufridos y la injusta acusación de abigeato sino también solicitaba se le devolviese su crédito porque han despreciado su firma con palabras injuriosas. De esta manera, el Virrey Santiago Antonio María de Liniers (1807-1809) ordenó al Comandante informar al respecto y abstenerse de proceder contra la persona de Escalante bajo apercibimiento. AHPBA, 1809: 13. A2. L8. N°34.
35Ibidem.
36El vecino Vicente Lazar, enterado de la imputación contra Francisco Escalante, se presentó voluntariamente ante el Alcalde de Hermandad de Areco para notificarlo de la experiencia desafortunada que había tenido con aquel, unos cuatro años atrás. El actual acusado había robado una manada de caballos al vecino Ramón Blanco y al exponente, razón por la cual éste último presentó una demanda verbal contra Escalante. Finalmente, los damnificados recibieron una indemnización de trescientos pesos, de los cuales Escalante -confeso de su crimen- pagó ciento cincuenta, en tanto la mitad restante fue saldada por el comprador de los caballos robados.
37AHPBA, 1809: 13. A2. L8. N°34.
38Ibidem.
39Ibidem.
40Ibidem.
41AGN, 1801: Leg. 5. Exp. 162.
42Ibidem.
43AHPBA, 1798: 34. A2. L23. E28.
44AHPBA, 1788: 13. A2. L6. N°7.
45Otero, 2011.
46AHPBA, 1788: 13. A2. L6. N°7.
47Ibidem.
48Ibidem.
49Para mayores detalles, véase Otero, 2011.
50AGN, 1801: Leg. 5. Exps.158 y 162.
51AHPBA, 1802: 13. A2. L7. N°40.
52Aguirre, 2003: 130-131.
53AGN, 1801: Leg. 5. Exp. 158.
54Ibidem.
55Ibidem.
56Ibidem.
57Berj, 2009.
58AHPBA, 1805: 13. A1. L4. N°20.
59AHPBA, 1802: 13. A2. L7. N°40.
60Garavaglia,2009:94.
61Es interesante destacar que en el expediente, Joaquín del Pino y Rosas Romero y Negrete figuraba con los cargos oficiales de Mariscal de Campo de los Reales Exercitos, Virrey, Gobernador y Capitán General de las Provincias del Río de La Plata y sus Dependencias, Presidente de la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, Superintendente General Subdelegado de Real Hacienda, Rentas de Tabaco y Naipes del Ramo de Azogues y Minas y Real Renta de Correos en este Virreinato.
62AHPBA, 1802: 13. A2. L7. N°40.
63Basándose en el informe del médico, el Fiscal Protector de Naturales se anotició de la superficialidad de las heridas causadas a la india, de su pronta cicatrización y de la ausencia de secuelas visibles en la piel, y por ello no decretó la prisión de Herrera y el embargo de sus bienes. Pero no desestimó la gravedad de los daños físicos porque en función de los mismos y de las injurias verbales que el demandado infirió a Teodora -la trató de puta y de que no era la primer china que castigaba y revolcaba en su sangre- propuso una penalización. Lo interesante es que en el mismo expediente, se asentó una constancia rubricada por el Escribano del cumplimiento de la sentencia por parte del querellado y de la pronta entrega del dinero a la india en la oficina de la Escribanía Mayor del Virreinato de la Capital porteña.
64El Departamento Topográfico fue fundado en el año 1824, comenzando a realizar las trazas de los pueblos y ejidos correspondientes y acorde a una nueva organización técnico-administrativa.
65La Propiedad se refiere al derecho del dueño (o de los dueños) reconocido formalmente por la autoridad pública, a explotar los activos excluyendo a todos los demás y a venderlos o disponer de ellos de otra forma. A su vez, la propiedad puede ser productiva porque tiene capacidad de crear más propiedad (por ejemplo, tierra, capital) y personal, es decir, que sirve exclusivamente para usarse (por ejemplo, vivienda, ropa). A diferencia, la posesión se refiere al control físico de los activos sin un título formal hacia ellos: es una pertenencia de facto, no de jure., que comúnmente se justifica por el uso prolongado o porque se ha heredado de los padres y se asegura mediante la fuerza física y por apoyo comunitario tácito. Así, lo que distingue la propiedad de la simple posesión, es que la propiedad es un derecho que se reconoce por la sociedad o el Estado, por la costumbre o bien por la convención o por la ley. Pipes, 2002.
66La moderada composición consistía en el pago de una cierta cantidad de dinero que un particular -interesado en determinada parcela de tierra- ofertaba por ella, además de denunciarla como vacante y de demostrar mediante testigos que lo estaba realmente o no estaba ocupada por nadie más que por él, o que -en el caso que haber otros asentados en ella- contaba con derechos preferentes a la compra dado que había sido el primero en ponerla en producción. Las autoridades juzgaban si el precio ofrecido era pertinente mediante evaluaciones efectuadas por vecinos del lugar donde se encontraba la tierra y luego de algunos trámites y de la mensura correspondiente, el terreno era entregado en propiedad. Barsky y Djenderedjian, 2003: 115.
67Los acontecimientos de 1810 generaron un contexto de gran ebullición tendiente al cambio paulatino de la realidad instaurada por la dominación colonial y fueron los responsables de una gradual innovación política, económica y social para la región, incidiendo fuertemente en el ámbito legal donde se experimentaron transformaciones en el orden jurídico tradicional heredado de la Corona de Castilla. Y si bien haberse independizado de España no implicó que se gestara de inmediato una matriz diferente en la que se organizara una nueva sociedad y justicia (ni cambiaron repentinamente su naturaleza), la última conservó aspectos de la legislación colonial y experimentó modificaciones mediante nuevos decretos, garantías, reglamentos provisionales y aplicaciones de procedimientos novedosos en materia penal.
68AHPBA, 1813: 13. A2. L10. N°8.
69Ibidem.
70Ibidem.
71Ibidem.
72Ibidem.
73Gelman, 2005: 472-473.
74AHPBA, 1805: 13. A1. L4. N° 20.
75AGN, 1801: Leg. 5. Exp. 158.
76AHPBA, 1802: 13. A2. L7. N° 40.
77AHPBA, 1805: 13. A1. L4. N°20.
78Nuestra tesis de la igualdad jurídica del indígena está postulada en un trabajo anterior: Calabrese Bonzon, 2012.
79AHPBA, 1809: 13. A1. L5. N°14.
80Ibidem.
81AGN, 1801: Leg. 5. Exp. 162.
82AGN, 1801: Leg. 5. Exp. 158.
83AHPBA, 1802: 13. A2. L7. N°40.
84AHPBA, 1803: 13. A1. L3. N°53.
85AGN, 1801: Leg. 5. Exp. 158.
86AHPBA, 1813: 13. A2. L10. N°8.
87AHPBA, 1802: 13. A2. L7. N°40.
88Ibidem.
89Ibidem.
90Ibidem.
91Rodríguez, 1998: 115.
92Para detalles, léase Galindo, 2010.
93La justicia colonial destinó un único expediente para ambos asuntos civiles promovidos por el Fiscal Protector en nombre de la india, bajo una carátula titulada El Sr Fiscal Protector General de Naturales en representación de Michaela Illescas natural del Pueblo de los Quilmes viuda de Xavier Martinez Regdor. qe. fue de dcho. Pueblo, solicita se le de la competente Licencia a un hijo suyo que se halla de soldado Blandengue en la Guardia del Monte por haber ya cumplidoel tiempo pr. qe.sentó plaza y demás razones qe.expresa V.S. La ausencia de relación sustancial entre los dos casos, exige considerarlos independientemente.
94En el expediente figuraba la Tasación de las costas causadas en los Autos seguidos en el Superior Gobierno por parte de Francisco Escalante Vilches contra Marcelo Lamela sobre daños y perjuicios en que ha sido condenado el mismo. A saber (en pesos y reales): al Agente Fiscal Protector de Naturales por 3 vistas a 4 pesos (12 pesos); al Escribano Mayor de Gobierno, por 5 autos y 6 notificaciones, por 1 oficio, por 8 decretos, por 2 autos definitivos (10 pesos); al Juez Comisionado Andrade, por sus dietas y derechos de la actuación desde foja 17 hasta foja 29 (25 pesos, pero se rebajan 12 pesos satisfechos por Vilches foja 28. Total= 13 pesos); a Francisco Escalante Vilches por los 12 pesos satisfechos a cuenta del Dr. Andrade f. 28, los que se le cargan sin perjuicio de los daños que le están mandados abonar y se omiten sacar al margen por no hallarse liquidado su monto. Al Alcalde de Areco, Pascual Moyano, por 4 decretos, 1 nota, 2 notificaciones y 1 declaración en una foja. (3,1 pesos); al Tasador general de costas, por esta tasación con reconocimiento de 48 fojas a 11 maravedis (2,1 pesos). Total Pesos: 52,2.
FUENTES
1. Archivo General de la Nación:
a. División Colonia.
b. Índice de expedientes criminales. 1756-1823.
c. Tribunales 1793-1810.
2. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo Levene.
a. Cuerpo Trece.
b. Juzgado del Crimen.
c. Cuerpo 34
BIBLIOGRAFÍA
1. AGUIRRE, Susana (2003). Cruzando fronteras. Relaciones interétnicas y mestizaje social en la campaña y la ciudad de Buenos Aires en el período colonial. La Plata: Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo Levene.
2. BARSKY, Osvaldo y Djenderedjian, Julio (2003). "Ocupación del espacio pampeano". En Barsky, O. y Djenderedjian, J. Historia del capitalismo agrario pampeano. La expansión ganadera hasta 1895. Buenos Aires: Siglo XXI.
3. Berj, María M. (2009). "Identidades familiares mestizas en la frontera de Buenos Aires". En Faberman, J. y Ratto, S. (Coord.). Historias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas (siglos XIII-XIX). Buenos Aires: Biblos, pp.169-186.
4. Calabrese Bonzon, Ángela (2012). "O proceso criminal do indígena Francisco `Pampa' Economi: alegações e atuações da justiça provincial. (Buenos Aires, 1823)". En Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, vol. 4, nº 3, Rio de Janeiro, Universidad Federal Fluminense, pp. 476-509. Disponible en http://www.historia.uff.br/revistapassagens/sumarios.php.
5. Cutter, Charles (2007). "El imperio `no letrado´: en torno al derecho vulgar de la época colonial". En Palacio, J.M. y Candioti, M. (Comp.). Justicia, política y derechos en América Latina. Buenos Aires: Prometeo, pp.169-202.
6. Fradkin, Raúl. (1999). "La experiencia de la justicia: estado, propietarios y arrendatarios en la campaña bonaerense". En La fuente judicial en la construcción de la memoria (Compilación). Mar del Plata: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pp. 145-188.
7. Galindo, Gloria. (2010). "Los estudios subalternos, una teoría a contrapelo de la historia". En Revista Humanas, n°3, pp. 1-23. Disponible en: http://www.revistahumanas.org/gloria_artigo2.pdf. Consultada el 23-05-2012.
8. Garavaglia, Juan C. (2009). "La cruz, la vara, la espada. Las relaciones de poder en el pueblo de Areco". En Barriera, D. G. (Comp.). Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata (siglos XVI-XIX). Murcia: Universidad de Murcia, pp. 89-164.
9. Gelman, Jorge (2005). "Derechos de propiedad, crecimiento económico y desigualdad en la región pampeana, siglos XVIII y XIX". En Revista Historia Agraria, nº 38, Murcia, SEHA, pp. 467-488.
10. Mandrini, Raúl (1992). "Indios y fronteras en el área pampeana (siglos XVI-XIX). Balance y perspectiva". En Revista Anuario, nº 7, Tandil, IEHS, pp. 59-72.
11. Otero, Osvaldo (2011). "¡Qué desvergüenza es esa! Historia de lo íntimo. Transgresiones afectivas al orden colonial a fines del siglo XVIII". En Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos (En línea). Sección Coloquios. Puesto en línea el 31-03-2011. Disponible en: http://nuevomundo.revues.org/61135. Consultada el 7-12-2012
12. Pipes, Richard (2002). Propiedad y Libertad. España: Turner Publicaciones/Fondo de Cultura Económica.
13. Ratto, Silvia (2005). "Caciques, autoridades fronterizas y lenguaraces: intermediarios culturales e interlocutores válidos en Buenos Aires (primera mitad del siglo XIX)". En Revista Mundo Agrario, vol. 5, n°10, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942005000100008.Consultada el 7-05-2008.
14. Ratto, Silvia (2009). "Los caminos de la justicia. Negociaciones y penalización en los conflictos interétnicos en la campaña bonaerense (primera mitad siglo XIX)". En Faberman J. y Ratto, S. (Coord.). Historias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas (siglos XVIII-XIX). Buenos Aires: Biblos, pp. 145-164.
15. Revilla Blanco, Marisa (2005). "Propuesta para un análisis del movimiento indígena como movimiento social". En Revista Política y Sociedad, vol. 42, n° 2, Madrid, UCM, pp. 49-62.
16. Rodríguez, Ileana (1998). "Hegemonía y dominio: subalternidad, un significado flotante". En Castro-Gómez, S. y Mendieta, E. (edit.). Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate). México: Miguel Ángel Porrúa, pp. 101-120.
17. Web Citas Latinas. Historia Antigua y Humanismo: http://www.citas-latinas.com.ar/2009/08/suum-cuique-tribuere-dar-cada-uno-lo.html. Consultada el 15- 06- 2012.