ARTÍCULOS
Autonomía, reestructuración institucional y «desperonización»: el impacto de la «Revolución Libertadora» en la comunidad universitaria bahiense (1955-1957)
Patricia A. Orbe
CONICET - Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur
Resumen: Abordar el estudio de las universidades nacionales argentinas ha despertado un creciente interés dentro del campo de las investigaciones históricas de los últimos años, dada la importancia que tuvieron estas instituciones en la promoción y desarrollo de discursos y prácticas que les otorgaron un fuerte protagonismo, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, el presente trabajo indaga el proceso de transformaciones que atravesaron la trama políticoinstitucional de la comunidad universitaria de la ciudad de Bahía Blanca, originadas por el golpe de estado de 1955 y la aplicación del programa de «desperonización » implementado por la dictadura que lo continuó. Con tal objetivo, se aborda la conflictiva trayectoria del ITS antes del golpe de 1955, se señala a sus protagonistas, atendiendo especialmente a la posición que ocuparon en el contexto político-ideológico de la época. Posteriormente, se analiza cómo y mediante qué mecanismos e instrumentos dicho gobierno de facto reestructuró esta comunidad, integrada por docentes, graduados y estudiantes, bajo un nuevo status institucional y jurídico.
Palabras claves: Comunidad universitaria; Bahía Blanca; «Desperonización».
Abstract: The study of Argentine National Universities has awakened the increasing interest of historians during the last several years. This is due to the role of such institutions in the promotion and development of discourses and practices with strong impact on politics and society, especially during the second half of the 20th century. This article studies the institutional and political changes imposed over the academic community of the University of Bahía Blanca as a result of the 1955 military coup and the program of «deperonization» implemented by the dictatorship that followed it. In the first place, the articles focus on the troublesome history of the «Instituto de Tecnología del Sur» (South Institute of Technology) before the 1955 coup, its main actors and their positions in the political and ideological context. Further, it analizes how and by which means the military regime reshaped the academic community formed by professors, graduates and students under a new institutional and juridical status.
Key words: Academic community; Bahía Blanca; «Desperonización».
Introducción
Dentro del amplio campo de estudios referidos
a la historia argentina contemporánea, el abordaje de la trayectoria de las
universidades nacionales ha despertado un creciente interés debido a la
importancia que tuvieron estas instituciones en la promoción y desarrollo de
propuestas alternativas al orden establecido, especialmente en la segunda mitad
del siglo XX. Desde esta perspectiva, las investigaciones han asumido distintas
modalidades, en un esfuerzo por superar las enormes dificultades que origina la
escasez de archivos sistemáticamente organizados y de consulta pública.
En los últimos años, gracias a los invalorables
aportes de la entrevista oral, en las investigaciones sobre esta temática hemos
podido acceder a la multiplicidad de sentidos atribuidos por sus protagonistas
al pasado universitario, lo que ha enriquecido enormemente el análisis del rol
desempeñado por las casas de altos estudios como espacios de discusión,
construcción y difusión de ideologías y prácticas políticas, principalmente en
los años posteriores a su funcionamiento autonómico y autárquico.
En este sentido, en el presente trabajo nos
introducimos en el proceso de transformaciones que atravesaron la trama
político-institucional de la comunidad universitaria de Bahía Blanca,
originadas por el golpe de estado de 1955 y la aplicación del programa de
"desperonización" implementado por la "Revolución
Libertadora"1. Con este objetivo, y a fin de
comprender las innovaciones que se desarrollaron a escala local en relación al
contexto nacional, a continuación presentaremos un breve panorama de los
cambios que dicho gobierno de facto incorporó al ámbito universitario
argentino, atendiendo en particular a los fundamentos que los sustentaron.
La política universitaria de la
"Revolución Libertadora"
Con el derrocamiento del gobierno de Juan
Domingo Perón por la autoproclamada "Revolución Libertadora" en 1955,
y el establecimiento del gobierno provisional, se abrió una nueva etapa en la
vida nacional, con fuertes repercusiones dentro del escenario universitario.
El nuevo grupo dirigente, encabezado por el
general Eduardo Lonardi y meses más tarde por el general Pedro Eugenio Aramburu
y el almirante Isaac Rojas, intervino rápidamente en el ámbito educativo y en
especial dentro de la esfera universitaria, en el marco de su programa de
"reconstrucción" de estas instituciones por considerarlas atravesadas
por una "situación de descomposición y de virtual acefalía"2. Las universidades nacionales, uno de los principales
campos de conflicto entre las fuerzas del peronismo y las de la oposición,
fueron intervenidas a los pocos días del golpe de estado e inmediatamente se
inició en su seno el proceso de "desperonización", presentado por el
gobierno de facto como la reorganización de la enseñanza "con sentido
republicano y democrático dentro del espíritu de las tradiciones auténticas del
país"3.
El encargado de diseñar la política
universitaria a seguir fue Atilio Dell'Oro Maini, un destacado abogado que
había construido su carrera ascendente sobre la base de su trayectoria
intelectual y del doble vínculo con
la Iglesia
y la clase propietaria. Había sido
miembro de
la
Liga Patriótica
y el primer director de la revista Criterio. Su perfil se ceñía al de un
conservador católico, lo que permite comprender que la promoción de la
educación religiosa como un elemento de ordenamiento social fuera una de sus
principales preocupaciones4.
Es necesario destacar, como sostiene Pablo
Buchbinder, que en sus comienzos el gobierno militar procuró sostenerse en una
alianza relativamente amplia: si bien el Ministerio de Educación fue entregado
a los sectores católicos, en las universidades nacionales reconoció como
interlocutor al movimiento estudiantil reformista de tradición laicista y de
izquierda. Por propuesta de los estudiantes, se designó como interventor de
la UBA
a José Luis Romero, a José
María Manuel Fernández en
la Universidad Nacional
del Litoral, a Benjamín
Villegas Basavilbaso en
La Plata
y a Juan Adolfo Vázquez en Tucumán, entre otros, verdaderos referentes de la
intelectualidad perseguida por el peronismo5.
El gobierno restableció transitoriamente la
vigencia de la ley Avellaneda6, al derogar las
leyes peronistas 13.031/47 y 14.297/54 por considerar que cercenaban la
autonomía universitaria7. Por la misma normativa,
establecía que hasta que las universidades no eligieran sus propias autoridades
los interventores y los delegados interventores nombrados por el Poder
Ejecutivo detentarían las facultades que los respectivos estatutos les
conferían a los rectores y Consejos Superiores, y a los decanos y Consejos
Directivos respectivamente, a fin de que iniciaran la obra de "reconstrucción"
exigida por el nuevo régimen. En este sentido, los interventores gozaron de
amplias atribuciones para proceder en sus tareas, sin necesidad de requerir la
aprobación del Poder Ejecutivo, debido a que para las autoridades nacionales se
hallaban "identificados con el verdadero espíritu de
la Revolución
"8.
Al mismo tiempo, se declaró en comisión al
personal docente y auxiliar9 para facilitar la tarea
de los interventores, encargados de llamar a concurso de títulos y antecedentes
para renovar el claustro docente. A los pocos días se decretó la
reincorporación de los profesores universitarios que hubieran sido separados de
sus cátedras u obligados a renunciar durante el gobierno peronista, "a
causa de haber defendido la autonomía universitaria, la libertad de conciencia
y la dignidad nacional"10. Esta disposición
era considerada otro acto más de "reparación moral", independiente
del llamado a concurso de los diferentes cargos docentes. Del mismo modo, se
ordenaba a los interventores que en caso del fallecimiento de estos profesores
perjudicados por el peronismo, se organizaran ceremonias de homenaje en su
memoria.
El impacto de dichas medidas en el ámbito
universitario se vería acentuado por efectos de la sanción del decreto-ley
6.403 del 23 de diciembre de 1955. Esta normativa establecía un nuevo régimen
de organización y funcionamiento para las casas de altos estudios basado en el
principio de la autonomía universitaria. En su primer artículo se determinaba
que las universidades nacionales se organizarían y funcionarían dentro del
régimen jurídico de autarquía, con pleno gobierno de sus estudios y la
administración de su patrimonio. En otras palabras, estaban facultadas para
darse a sí mismas la estructura y los planes de estudio que se orientaran a la
formación profesional, a la investigación científica y a la cultura universal.
Asimismo se les reconocía la facultad de expedir los certificados de
competencia que correspondían a los estudios realizados en su seno.
Lo verdaderamente novedoso residía en el hecho
que se les permitiera elegir y remover a sus profesores, sin intervención del
estado nacional11. Es que más allá de los cambios
que había podido introducir
la
Reforma
de 1918 en los estatutos de las distintas
universidades a lo largo de la primera mitad del siglo XX, el viejo sueño
reformista de alcanzar la plena autonomía universitaria con respecto al estado
nunca se había concretado precisamente porque los docentes eran designados por
el Poder Ejecutivo. Esta atribución se había establecido a partir de
la Ley Avellaneda
y
luego fue reiterada en la normativa que la había reemplazado durante el gobierno
de Perón12. Es decir que si bien la vida
universitaria había estado marcada por períodos de una fuerte injerencia de las
autoridades nacionales, seguidos por lapsos de mayor libertad para dirimir sus
problemas, el hecho de que la composición del claustro docente -el de mayor
poder político dentro del gobierno universitario- estuviera subordinado a las
decisiones de los gobernantes de turno, condicionaba profundamente el
funcionamiento y la trayectoria de estas instituciones.
Ahora bien, ¿por qué en 1955 el poder político
había decidido "liberar a
la Universidad
de la dependencia financiera y
burocrática que pudiera trabar su desarrollo y, particularmente, el digno
ejercicio de la libertad moral e intelectual"13?
¿Por qué, si gobiernos de distinto signo y estilo político habían coincidido en
reservarse ese resorte de poder que residía en el control del claustro docente,
el régimen militar decidía desprende de esa facultad para otorgársela a la
misma comunidad universitaria? Quizá haya estimado que ya no era necesario ese
instrumento estratégico en un ámbito integrado por quienes consideraba aliados,
que habían dado sobradas muestras de resistencia política ante los embates del
"enemigo común", derrotado meses atrás.
Posiblemente, la dictadura considerara que con
los decretos emitidos con anterioridad al 6.403/55 había creado las condiciones
necesarias para reorganizar la universidad sin elementos
"indeseables", por lo que ya se podía delegar en los propios
universitarios la tarea de reconstrucción sobre nuevas bases, sin participación
de los proscritos.
Por otro lado, el decreto determinaba
claramente el establecimiento del gobierno tripartito de docentes, estudiantes
y egresados en los órganos colegiados en un número a determinar por cada
universidad aunque "en una proporción que asegure la responsabilidad
directiva de los representantes del claustro de profesores"14, con lo que se hacía realidad sólo parcialmente una
antigua demanda reformista debido a que no se daba lugar al reclamo de una
participación paritaria.
No obstante haber delegado la designación
docente en la misma comunidad universitaria, el gobierno militar condicionó
estrictamente el marco de la elección de los postulantes a cubrir las cátedras.
Se establecían los requisitos que deberían satisfacer los aspirantes, entre los
que se destacaban más allá de los antecedentes académicos, el no haber
realizado
"actos positivos y ostensibles que prueben objetivamente la promoción de doctrinas totalitarias adversas a la dignidad del hombre libre y a la vigencia de las instituciones republicanas; (...) actos positivos y ostensibles de solidaridad con la dictadura, que comprometen el concepto de independencia y dignidad de la cátedra" (artículo 32 del decreto-ley 6.403/55).
Así la flamante autonomía encontraba su límite en el programa de "desperonización" de la "Revolución Libertadora", reflejada en este articulado, así como en las amplias facultades que se les otorgaba a los interventores y delegados interventores para decidir sobre las impugnaciones a concursantes que pudieran presentar docentes, estudiantes o egresados15. Con el mismo propósito, se recomendaba a las comisiones evaluadoras de los antecedentes16 de los postulantes que tuvieran en cuenta
"como un título de valor moral, el ejemplo dado a sus alumnos por los profesores que, sacrificando su interés personal, perdieron la legítima posesión de sus cátedras por mantener su independencia y el libre ejercicio de las mismas, o por defender el decoro de las instituciones republicanas" (artículo 37 del decreto-ley 6.403/55).
En otras palabras, dicho pasaje señalaba que
el haber asumido una oposición o haber sufrido la persecución política bajo el
peronismo debería considerarse como antecedentes de mérito, suficientes para
ser premiados con la cátedra universitaria.
En lo relativo al claustro de los estudiantes y
de los graduados la normativa era evidentemente más laxa. Se establecían las
condiciones para conformar los padrones de estudiantes y egresados, así como
aquéllas necesarias para poder convertirse en representantes de sus claustros17. Sin embargo, no se detenía en consideraciones de tipo
ideológico: el régimen no se preocupaba por las convicciones políticas de
estudiantes y de graduados probablemente porque había restringido su
participación en el gobierno universitario a una situación de minoría.
Condicionando la composición del nuevo claustro docente que tenía el control
mayoritario de los Consejos y
la
Asamblea
, se daba por supuesto que la política universitaria
se conduciría por cauces acordes a los principios que inspiraban la
"Revolución Libertadora", al tiempo que se dotaba al sistema universitario
de una fachada democrática que se pretendía ejemplar18.
Este complejo proceso de cambios tuvo su
correlato en la ciudad de Bahía Blanca, sede del Instituto Tecnológico del Sur (ITS),
institución fundada durante el gobierno peronista, en respuesta a los
recurrentes reclamos regionales en demanda de una casa de altos estudios que
satisficiera las necesidades en materia de educación superior de la zona
austral. A fin de introducirnos en los cambios que la política universitaria
del gobierno militar provocó en la comunidad universitaria bahiense, a
continuación abordaremos brevemente la conflictiva trayectoria del ITS antes
del golpe de 1955, presentaremos a sus protagonistas, atendiendo especialmente
a la posición que ocuparon en la trama político-ideológica de la época.
Posteriormente, procederemos a analizar cómo y mediante qué mecanismos e
instrumentos la "Revolución Libertadora" reestructuró la comunidad
universitaria local bajo un nuevo status institucional y jurídico.
El ITS y el origen de la comunidad
universitaria bahiense
El Instituto Tecnológico del Sur había sido
creado en 1946 por una ley de
la
Legislatura
de la provincia de Buenos Aires, a través de la
iniciativa del diputado peronista bahiense Miguel López Francés19. Constituía un importante logro para la ciudad que
desde las primeras décadas del siglo había perseguido el sueño de contar con
una casa de altos estudios que jerarquizara su condición de "faro cultural
del sur argentino"20.
En el proceso de implementación del ITS fue
designado como rector interino el propio López Francés, quien se había
convertido en el ministro de Hacienda por decisión del gobernador bonaerense
Domingo Mercante. Como vicerrector fue elegido Santiago Bergé Vila, en cuyas
manos quedó la organización de la institución debido a que López Francés
desempeñaba sus principales funciones en la capital provincial. No obstante, la
situación política privilegiada del rector hasta 1952 permitió al ITS contar
con importantes recursos financieros provinciales, que hicieron posible la
conformación de un patrimonio considerable21.
El Instituto, que comenzó sus actividades
académicas en 1948, se estructuró en función de escuelas -de Ciencias
Económicas, Química Industrial e Ingeniería Industrial22-
y no de facultades. A diferencia de las universidades nacionales, el ITS no
tenía órganos colegiados. Se había establecido que el rector sería acompañado
en sus funciones por un Consejo Académico Superior, integrado por el
vicerrector y los directores de las distintas escuelas. En materia académica,
los títulos profesionales eran otorgados por
la Universidad Nacional
de La Plata23.
Las facilidades que brindaban al estudiantado
las autoridades del Instituto, sumadas a la suspensión de los aranceles
universitarios que tuvo lugar en diciembre de 194924 y a la diversificación de la oferta educativa, provocaron un notable aumento de
la matrícula, que pasó de 269 alumnos en
Por otro lado, las becas y las residencias
estudiantiles propiciaron la integración de numerosos alumnos de bajos recursos
o de otras regiones a la comunidad universitaria y a la ciudad misma. En el
caso de las residencias, además de su rol social debemos señalar la importancia
que tuvieron en la articulación del movimiento estudiantil a escala local. En
distintos testimonios, se ha manifestado que las primeras reuniones del Centro
de Estudiantes de Química e Ingeniería (CEQI) y del Centro de Estudiantes de
Ciencias Económicas (CECE) se realizaron en estos pensionados del ITS25. Los representantes de ambos centros finalmente
confluyeron en la conformación de
la Federación
Universitaria
del Sur (FUS) el 25 de junio de 1949, dando
origen a una organización estudiantil de vital importancia en la vida
institucional del ITS y, posteriormente, en la creación y consolidación de
la Universidad Nacional
del Sur (UNS). A esta Federación se sumaría posteriormente el Centro de
Estudiantes de Profesorado.
Estos alumnos del ITS que fundaron
la FUS
se organizaron para la
defensa de los intereses estudiantiles guiados por los postulados de
la Reforma Universitaria
de 1918. Entre sus primeros miembros se encontraban estudiantes bahienses que
habían empezado sus estudios en
la Universidad
de Buenos Aires y la de
La Plata
y que, al continuar
sus carreras en el ITS, fueron los encargados de transmitir a sus nuevos
compañeros sus experiencias en la política universitaria. Probablemente, haya
sido este nexo con otras universidades nacionales lo que llevó a esta
federación regional a convertirse en miembro integrante de la FUA26.
La tensión política que se vivía con gran
intensidad en las universidades durante el peronismo no se reflejó en el
Instituto hasta 1952. Como ha sostenido José Marcilese27,
en los primeros años del ITS la relación entre el alumnado y la conducción fue
considerablemente armoniosa y estrecha debido a que ambos sectores perseguían
la consolidación de la institución. Pero también fue fundamental en este
sentido que las autoridades, encabezadas por Miguel López Francés, no exigieran
afinidad política de los docentes ni de los alumnos en relación con el partido
gobernante, evitando así las confrontaciones que se estaban desarrollando en
otros ámbitos universitarios.
La interna peronista de la provincia de Buenos
Aires se tradujo al interior del Instituto en 1952, provocando un gran impacto
en la comunidad universitaria bahiense. Como el ITS estaba estrechamente
vinculado con la gestión Mercante y su ministro de Hacienda, al producirse la
renovación de las autoridades provinciales se generó una gran incertidumbre
sobre sus posibilidades de continuidad institucional.
En mayo del mencionado año, la universidad
platense envió al ingeniero José Gandolfo como delegado interventor con el
objetivo de reencauzar el funcionamiento del Instituto. A pesar del reemplazo
de López Francés28, la gestión tuvo cierta
continuidad dada la confirmación de Bergé Vila como subdelegado interventor. No
obstante, la situación se agravó cuando en octubre de 1952 el Poder Ejecutivo
Nacional desvinculó al ITS de
la
Universidad
de
La
Plata
-Universidad Nacional de Eva Perón, como se la
denominaba entonces- para colocarlo bajo dependencia del Ministerio de Educación29, poniendo en duda su status universitario.
Esta decisión estuvo acompañada por la llegada
del ingeniero Juan Rioja como interventor del instituto a fines de octubre. Con
el fin de retomar el perfil técnico de la institución, entre las primeras
medidas adoptadas por el funcionario se contaron el cierre de las carreras
humanísticas y una notable disminución en las actividades culturales ofrecidas
a los miembros del ITS y a toda la comunidad.
Asimismo se desarrolló una política de presión
y adoctrinamiento especialmente destinada a eliminar los focos disidentes
dentro de los claustros. Se comenzó a exigir a los docentes y empleados
afiliación al partido gobernante, en tanto a los estudiantes se les obligó a
asistir al dictado de una materia de Formación Política, con la intención de
reforzar la adhesión a los fundamentos ideológicos del peronismo. El mismo
interventor Rioja se encargó de impulsar la creación de
la Federación Gremial
Universitaria del Sur (FGUS), filial local de
la Confederación Gremial
Universitaria (CGU), una organización estudiantil que comulgaba con la política
del gobierno. Con esta iniciativa, pretendía quitar peso representativo a
la FUS
dentro del estudiantado,
pero no tuvo éxito en su empeño ya que
la FGUS
no alcanzó un gran predicamento entre los
alumnos.
El temor al cierre del Instituto y el
descontento provocado por la política de homogeneización ideológica encarada
por la intervención afectaron considerablemente el normal desenvolvimiento de
la institución. El último trimestre de 1952 encontró al ITS prácticamente
paralizado en sus actividades académicas. La mayoría de los estudiantes,
liderados por
la FUS
,
se declararon en huelga para expresar su disconformidad con los cambios
introducidos por el interventor Rioja, al tiempo que organizaron
manifestaciones y actos públicos con el fin de concientizar a la población de
la grave situación que atravesaba el ITS.
Como consecuencia de su actitud opositora,
muchos alumnos fueron marginados de sus lugares en las residencias e incluso de
sus cargos como ayudantes de cátedra.
La
FUS
y los centros que la conformaban perdieron
representatividad ante la intervención, la cual sólo reconocía como
interlocutor válido a
la
FGUS.
Ante
la férrea resistencia que la política oficial
encontró dentro y fuera del Instituto, las críticas de la prensa local y de
algunos medios nacionales así como el apoyo que recibió la comunidad
universitaria bahiense dentro del ámbito legislativo30,
hacia fines de diciembre de 1953 el gobierno dio lugar al reestablecimiento del
vínculo académico del instituto con
la Universidad Nacional
de
La Plata. Para
enero de 1954, se levantó la intervención al designarse al ingeniero agrónomo
Bartolomé Schelotto y al abogado Jorge D. Solana como rector y vicerrector del
ITS respectivamente.
La presión política se moderó y, en un clima de
menor tensión, el ITS reabrió los profesorados y renovó su oferta cultural, en
un intento por volver a la senda académica de la cual había sido apartado. Sin
embargo, este conflicto político había dejado huellas, especialmente en las
agrupaciones estudiantiles. Por tal motivo, éstas, junto a los sectores que
habían padecido la persecución del poder oficial, adhirieron con entusiasmo a
los sucesos que desencadenaron el derrocamiento de Perón en 1955.
Los antiperonistas y la creación de
la Universidad Nacional
del Sur
En septiembre de 1955, el Comando Naval de
Bahía Blanca, en cumplimiento del programa del gobierno militar, determinó la
intervención del Instituto Tecnológico del Sur. La nueva dictadura daría
comienzo, de este modo, a un proceso de transformación que conmovería
profundamente a la comunidad universitaria bahiense. A fin de concretar sus
objetivos de cambio, fue introducido en su seno un nuevo grupo político en
posición dominante, el cual llevaría adelante el "reordenamiento" de
la casa, dentro del cual se contemplaba la creación de
la Universidad Nacional
del Sur, sobre la base del ITS.
Este grupo, de composición fluctuante, mantuvo su predominio durante los meses
que duraron la intervención al ITS y la estructuración de la flamante UNS hasta
sus primeras elecciones como universidad autónoma, a mediados de 1957. Podemos
identificar a sus integrantes a partir del análisis de las relaciones que
existieron entre las distintas designaciones individuales y colectivas que la
dictadura realizó durante el lapso mencionado, a través del Comando Naval de
Bahía Blanca y los decretos del PEN Nº 2.432/55, 154 bis/56 y 13.454/56.
Mediante la utilización de estos resortes
institucionales, el gobierno de facto constituyó el grupo político que habría
de traducir a nivel local su programa universitario. La primera elección recayó
en Pedro González Prieto como interventor del ITS. Este docente de la casa, que
había sido cesanteado por el gobierno de Perón, colocó al frente de las
distintas escuelas y secretarías del instituto a un conjunto de profesionales y
docentes representativos de distintas vertientes partidarias del antiperonismo31. Entre ellos, el contador Américo Malla y el abogado
José Luis García Pereyra, de orientación socialista32,
el doctor Florindo Valero, dirigente conservador, Jorge Alfredo Viglizzo, de
extracción radical, y Miguel Medrano, bioquímico que se desempeñaba como
secretario municipal desde la intervención del capitán Guillermo Castellanos
Solá en la ciudad a partir del golpe de estado.
Asimismo, vinculados al ámbito cultural y
educativo, se destacaban entre estos colaboradores de González Prieto el
contador Walter Espósito, que años atrás había sido despedido del ITS, e
intelectuales vinculados a instituciones de gran prestigio local y nacional
como
la
Biblioteca Rivadavia
y el Colegio Libre de Estudios
Superiores (CLES): el ingeniero José María Arango33,
la doctora Berta Gaztañaga de Lejarraga34 y el
doctor Gregorio Scheines.
Estas tres últimas figuras resultan muy
significativas ya que
la
Biblioteca
y el CLES funcionaban paralelamente al ITS y
habían mantenido relaciones conflictivas con el gobierno peronista y con el
propio Instituto.
La
Biblioteca Rivadavia
, considerada como una de las más
importantes bibliotecas populares del país35,
había visto amenazada su autonomía ante la iniciativa oficial de transferirla
al ITS a fines de 1950. Aunque el proyecto fracasó, ante el rechazo de la
transferencia por parte de la mayoría de los asociados, esta injerencia del
poder político en la entidad habría de promover su acercamiento a los
opositores al gobierno.
Este alineamiento se puso de manifiesto cuando
la filial local del CLES fue desalojada del edificio que ocupaba por el
gobierno provincial36 y
la Biblioteca Rivadavia
permitió que continuara con sus cursos y conferencias en los salones de su
edificio, impidiendo que el Colegio suspendiera sus actividades, como había
pasado en muchas filiales nacionales debido a la fuerte presión política que
recibían.
De esta manera, el CLES y
la Biblioteca Rivadavia
se aliaron para defenderse de los embates del gobierno a la vez que, como
sostiene Mabel Cernadas
"se constituyeron en la base de una red donde circulaban los intelectuales no peronistas, eran el ámbito donde encontraron refugio profesores universitarios, literatos, artistas y científicos expulsados de la órbita oficial como también se transformó en la caja de resonancia de la solapada resistencia al régimen" ( Cernadas, en Cernadas -Vaquero, 2005: 31).
Por lo tanto, podemos observar que las
nuevas autoridades del ITS estaban íntimamente vinculadas a partidos opositores
a Perón, así como a sectores e instituciones que habían enfrentado las
consecuencias del avance del peronismo sobre los espacios culturales que a
nivel local se habían resistido a subordinarse a los lineamientos del gobierno37.
Simultáneamente a la intervención del ITS, el
general Lonardi y su ministro Dell'Oro Maini constituyeron una comisión para
estudiar el ordenamiento legal definitivo del Instituto. Esta comisión estaba
integrada por intelectuales y científicos de primera línea que también habían
sido marginados de la vida educativa y universitaria por el peronismo, como
Vicente Fatone y Ezequiel Martínez Estrada -ambos vinculados al CLES-, Benjamín
Villegas Basavilbaso y Eduardo Braun Menéndez. A estas figuras se sumaba Manuel
Villada Achával, personalidad que estaba ligada al propio Lonardi por lazos de
parentesco y pertenecía a "una vieja familia aristocrática católica de
Córdoba con una larga tradición en el activismo de derecha" (Lewis, en
Rock, 2001: 329).
Como la incorporación de Villada Achával
respondía a sus contactos con los sectores nacionalistas y católicos que se
habían volcado al antiperonismo en los últimos años y tenían una fuerte
presencia en el gabinete de Lonardi, su permanencia en este nuevo grupo de
poder que se iba gestando en torno a la comunidad universitaria bahiense fue
muy efímera, tanto como el liderazgo del general Lonardi entre los hombres de
la "Revolución Libertadora".
Sin embargo, los miembros restantes de esta
comisión fueron reconocidos por el nuevo presidente, el general Aramburu, al
nombrar a Vicente Fatone como rector interventor de la flamante UNS38-creada en enero de 1956- y constituir su Comisión
Asesora con Villegas Basavilbaso, Braun Menéndez y Martínez Estrada. Esta nueva
comisión que habría de colaborar con la labor de Fatone, se completaba con
Pedro González Prieto, representante del grupo local y Osvaldo Horacio Dondo,
escritor y docente del ITS, ligado al círculo de la intelectualidad católica al
que pertenecía el ministro Dell'Oro Maini.
Este grupo antiperonista se iba consolidando
con las reiteradas muestras de confianza que le manifestaba la dictadura. Para
dar continuidad al proceso iniciado por González Prieto, en un primer momento
Fatone confirmó a todos los miembros del equipo que éste había nombrado durante
su breve gestión, por estar "compenetrados con los altos destinos de
la Universidad
e
identificados con los ideales que sustentan su creación"39.
El retorno de Braun Menéndez a sus cátedras en
la Facultad
de Medicina de
la UBA
y la designación de
Villegas Basavilbaso como interventor de
la Universidad Nacional
de
La Plata
,
fueron circunstancias que reforzaron la posición predominante de las figuras
locales dentro del grupo encabezado por Fatone y González Prieto. Esta
tendencia se vio acentuada y legalizada hacia mediados de 1956 cuando el nuevo
ministro de Educación, Carlos Adrogué, confirmó a Fatone como interventor,
disolvió
la
Comisión Asesora
y conformó el Consejo de
la UNS
con el interventor y sus
delegados al frente de los departamentos: Berta Gaztañaga en Humanidades,
Américo Malla en Contabilidad, Pedro González Prieto en Geografía y Geología, a
los que se sumaban Héctor Vilaseca en Economía, Julio Simón en Química, Néstor
Casanova en Ingeniería, Ricardo Arrigoni en Física y José Distéfano en
Matemática40.
De esta manera el gobierno militar terminaba de
modelar este grupo, dotado de todas las atribuciones legales necesarias
tendientes a reestructurar la comunidad universitaria bahiense antes de que
adquiriera su máxima autonomía del estado nacional, una vez sancionado su estatuto.
A través de estos cambios se apuntaba a devolver a los claustros a los sectores
que fueron marginados de ellos durante el gobierno peronista y excluir a
aquellos identificados con él. Esta tarea de "desperonización" de la
universidad y de ordenamiento de los claustros de acuerdo a las condiciones
políticas restrictivas que había instaurado la "Revolución
Libertadora", fue iniciada a través de cesantías colectivas y de la
reincorporación del personal separado de sus cargos por el peronismo.
Las cesantías habían comenzado en el ITS bajo
la dirección de González Prieto, siendo confirmadas y continuadas por Fatone en
la UNS. Se
destacaron en esta nómina las figuras de Santiago Bergé Vila y Antonio
Tridenti, pertenecientes al grupo de profesionales fundadores del Instituto y,
a la vez, referentes indiscutidos del peronismo local41.
Como "acto de reparación moral", el
interventor Fatone reincorporó al profesor Pedro González Prieto, el contador
Walter Omar Espósito, el escribano Roberto Mario Arata y al doctor Gualterio
Monacelli, todos de
la Escuela
de Ciencias Económicas; a las profesoras Alicia Salvioli de González Prieto y
Haydée Bermejo Hurtado, de
la
Escuela
de Profesorado42; al
ingeniero Carlos Francisco De Luca, el profesor Francisco Mateo Moine y el
licenciado Eduardo Abramoff Carbonell, de
la Escuela
de Ingeniería Química, en los cargos que
desempeñaban en el momento de su separación, aunque con carácter interino y ad
honorem. De este modo, profesores como González Prieto y Espósito consolidaban
su posición dentro de
la UNS
:
habían reingresado como funcionarios pero recuperaban su lugar dentro del
claustro docente. También merece destacarse el reintegro del escribano Arata y
el doctor Monacelli al ámbito universitario, dada la transcendencia que
adquirirían como autoridades de
la
UNS
en los años sucesivos43.
La recomposición del cuerpo docente se
complementó con el llamado a concurso para renovar el plantel heredado del ITS
-que había sido puesto en comisión- y para cubrir los cargos abiertos a partir
de la adopción del sistema departamental44 y la
creación de nuevas carreras. Este proceso se habría de prolongar por varios
años pero mantuvo desde sus comienzos las cátedras "desperonizadas"
debido a que, por la vigencia del decreto 6.403/55, se mantuvieron cerradas a
los postulantes que hubiesen estado ligados al gobierno derrocado en 1955.
En la persecución de su interés por disputar el
control de
la UNS
,
este grupo antiperonista universitario contó con el apoyo incondicional de la
prensa de la ciudad, desde cuyas columnas se difundía profusamente el acontecer
dentro de la institución, proyectando sobre la opinión pública una imagen
altamente positiva de sus autoridades y de las transformaciones que habían
encarado. Más allá de las innumerables noticias sobre la universidad, a modo
representativo podemos señalar que el diario La Nueva Provincia45 afirmó que "una verdadera ovación saludó al Sr.
González Prieto mientras tomaba posesión del rectorado" y que "si
la Universidad
sigue
contando con el actual plantel de hombres, el porvenir de la casa no
peligra", para luego sentenciar que "el profesor Fatone debe
continuar" y celebrar la normalización de
la UNS
al garantizar que
"fue ejemplar el comicio llevado a cabo ayer"46.
Si bien el movimiento estudiantil bahiense y el
reducido grupo de graduados apoyó en general la gestión de González Prieto y de
Fatone, por respeto a sus trayectorias académicas y por compartir la misma
matriz de oposición al peronismo, al sumarse a la tarea de la reestructuración
universitaria junto a los docentes, comenzaron algunos conflictos relacionados
a la distribución y al uso del poder que usufructuaba este grupo dominante.
Los estudiantes, a través de sus centros,
colaboraron en la elaboración de las listas de docentes a cesantear en las
distintas carreras de la institución47 pero al mismo
tiempo dificultaron la tarea de la intervención al cuestionar la gran cuota de
poder que le había otorgado la dictadura al claustro docente, cuota a la
consideraban desproporcionada y perniciosa para un régimen de autonomía y
cogobierno.
Ante la evidente oposición de los sectores estudiantiles reformistas a ciertos
lineamientos señalados desde el estado, el gobierno intentaría restringir su
participación en el proceso de reorganización de las universidades nacionales.
Tal fue el principal motivo por el cual las tensiones políticas volvieron
cuando, a mediados del mes de junio de 1956, el Poder Ejecutivo modificó los
decretos 477, 478 y 6.403 de 1955 por la sanción del decreto 10.775 que
establecía la creación del Consejo de
la Universidad
en todas las casas de altos estudios
dependientes del Estado. Con el fin de "reordenar el gobierno
universitario durante la intervención", el régimen militar constituía
estos organismos colegiados solamente con los rectores interventores y los
decanos interventores de cada facultad, reconociéndoles las atribuciones que en
los decretos mencionados se conferían al interventor48.
Además el Consejo de
la
Universidad
actuaría como instancia única y definitiva para
designar por concurso los profesores, a partir de las ternas que elevaran los
delegados interventores al frente de los departamentos.
Por otro lado, en el artículo 8 se establecía
que este Consejo sería el encargado de preparar el proyecto de estatuto para
ser sometido a la aprobación de una asamblea universitaria compuesta por los
integrantes de los Consejos Directivos, la cual podría introducir enmiendas en
el proyecto. Una vez aprobado el estatuto, el gobierno determinaba que cada
universidad debería reorganizarse en el plazo máximo de 90 días, período dentro
del cual se procedería a la elección de los decanos y el rector49.
El cambio introducido por el decreto 10.775
despertó fuertes protestas del sector estudiantil en su conjunto debido a que
consideraba que la norma lesionaba la autonomía universitaria. En
la UNS
, las agrupaciones del
claustro de alumnos se manifestaron partidarias de la elección previa de
representantes de los tres claustros para integrar el gobierno provisorio de la
universidad, el cual debería tener a su cargo la redacción del estatuto
definitivo.
La FUS
afirmó:
"Fuimos la verdadera Universidad durante la dictadura; hoy son los profesores los que deben preservarla de todo posible mal. (...) La responsabilidad del profesorado argentino quedó ampliamente demostrada antes del 16 de septiembre de 1955. Salvo escasas excepciones -y las excepciones son generalmente dudosas- no evidenciaron ni la integridad, ni el valor, ni la honestidad necesarios para poder asumir hoy la gran responsabilidad de dirigir un centro creador de cultura como debe ser la universidad "50.
Ante estas declaraciones, el rector
interventor Vicente Fatone presentó su renuncia por considerarse agraviado
públicamente, situación que generó en
la
UNS
un clima de profunda tensión. También hicieron lo propio
algunos directores interventores de los departamentos, renuncias que no fueron
aceptadas por el rector.
La FUS
entrevistó inmediatamente a Fatone pidiéndole que retirara su dimisión
motivada, a su entender, por una equívoca interpretación del polémico
comunicado, que no se refería a su persona ni a su conducta durante el
peronismo. Las muestras de adhesión a su labor se multiplicaron. Distintas
entidades bahienses y la misma FUS solicitaron al ministro de Educación Carlos
Adrogué la continuidad del interventor de la universidad. El Poder Ejecutivo
ratificó su confianza en el profesor Fatone y rechazó su renuncia.
Reafirmando su postura al respecto, el gobierno
dictó el 22 de agosto las "Disposiciones para la organización de
la UNS
", bajo el decreto-ley
15.249. En ellas se establecía la desaparición de
la Comisión Asesora
,
designada por el decreto 154 bis y se expresaba la facultad del interventor
para llamar a concurso de directores de departamentos, jefes de institutos,
profesores titulares, adjuntos e investigadores y formalizar los contratos que
necesitara el normal funcionamiento de la UNS51.
Finalmente, para acentuar aun más el predominio docente en el gobierno
universitario, se determinaba que
la Asamblea Universitaria
que aprobaría el estatuto se constituiría no solamente con los directores
departamentales, los profesores titulares y adjuntos y los representantes de
los estudiantes y egresados en la proporción señalada en anteriores normativas52, sino también con todos los jefes de institutos y los
investigadores designados por concurso.
En respuesta a ese determinante recorte a la
participación estudiantil, cuando el flamante Consejo Universitario fue conformado
por el propio rector interventor y los ocho directores-interventores de los
departamentos,
la FUS
decidió retirar todos sus delegados ante las comisiones formadas en el proceso
de organización. Sin embargo, manifestó su apoyo a la labor de las autoridades
universitarias en la medida que promoviera acciones constructivas y
beneficiosas para la vida de
la UNS.
La
universidad bahiense había experimentado grandes
transformaciones sobre la base de la herencia del Instituto Tecnológico, pero
nuevos desafíos no tardaron en presentarse. En marzo de 1957, el Consejo
Universitario aprobó el proyecto de estatuto para
la UNS
y convocó a elecciones de
docentes, investigadores, graduados y alumnos para el 19 de junio, a fin de
constituir el nuevo gobierno universitario de carácter autónomo.
Estas elecciones dieron lugar a un nuevo
cuestionamiento de la labor del grupo docente que dirigía
la UNS. Desde
el claustro
de graduados, que recién comenzaba a organizarse, se intentó infructuosamente
impugnar los comicios. Esta impugnación, que contó con el respaldo de algunos
profesores y fue elevada al gobierno nacional, estaba fundada en la convicción
de que sólo
la
Asamblea Universitaria
-a componerse en primera instancia por
todos los directores departamentales y de los institutos de investigación,
profesores titulares y adjuntos, investigadores designados por concurso,
sumados a los representantes de los alumnos y los graduados- era la que podía
definir la forma de elección de las autoridades que seguirían a la intervención,
una vez que dictara el estatuto. Dado el reducido número de docentes e
investigadores concursados en
la
UNS
, los graduados y profesores que objetaban estos comicios
consideraban que era posible constituir
la AU
sin necesidad de elecciones previas dentro del
cuerpo docente y de investigación53.
A pesar de que los argumentos esgrimidos se
fundamentaban en la normativa vigente, especialmente en los decretos 10.775/56
y 15.249/56, el interventor Fatone rechazó la impugnación por considerar que el
Consejo de
la Universidad
,
que él integraba, gozaba de la suficiente autonomía como para llamar a
elecciones, como una resolución más contra las cuales "no había recurso
jerárquico" tal como lo expresaba el artículo 5 del decreto 10.775/56.
Ante la falta de apoyo a esta solicitud dentro
de la comunidad universitaria y del gobierno nacional, esta expresión de
disidencia ante la autoridad del interventor fracasó. El grupo de Fatone y
González Prieto había obtenido otro triunfo que coronaba su labor. El nuevo
Consejo Universitario eligió al docente de Filosofía Hernán Zucchi como el
sucesor del interventor designado por el gobierno militar, e inmediatamente
convocó a nuevas elecciones para noviembre a fin de conformar
la Asamblea
que en los meses
subsiguientes habría de sancionar el estatuto definitivo de la casa.
La
UNS
estaba normalizada
y la misión prioritaria del grupo interventor, concluida. El esfuerzo por
borrar los vestigios del peronismo en la comunidad universitaria bahiense parecía
satisfecho. El adversario político, antes excluidor, ahora estaba excluido.
Nuevos conflictos se desarrollarían dentro de los claustros y afectarían
considerablemente la trayectoria de la institución y sus miembros, exponiendo
los intereses en pugna que convivían en tensión permanente. La "cuestión
peronista" temporalmente habría de ser soslayada por la importancia que
adquirieron otras problemáticas y debates que sacudieron las casas de altos
estudios de cara al fin de la década. No obstante, continuaría latente y
resurgiría con inusitada vitalidad y violencia para conmover la escena
universitaria nacional hacia comienzos de los años setenta.
Conclusiones
El golpe militar de 1955 y el régimen de
facto al que dio origen marcaron a fuego la historia
argentina del siglo XX y dejaron una profunda huella dentro del campo
universitario nacional. No obstante, mientras que habitualmente, en su intento
por redefinir el sistema político y desperonizar la sociedad, la
"Revolución Libertadora" y su legado reciben severas críticas por
parte de sus contemporáneos y de los analistas del período, su labor en el
escenario universitario suele ser reconocido desde distintos sectores como el
fundamento de la "década de oro" de la universidad argentina.
En este sentido, la fuerte presión política que
el gobierno peronista había aplicado sobre estas instituciones y la
implementación del régimen de autonomía que la sucedió colaboraron enormemente en la construcción del mito de la universidad como una "isla
democrática" dentro de un contexto social articulado por la cultura del
autoritarismo.
Sus protagonistas, los universitarios que
habían padecido la persecución y la exclusión de los claustros bajo el gobierno
de Perón, vivieron el régimen autonómico como una verdadera reparación moral y
se aferraron a su defensa, sin atender -en muchos casos- al traumático
acontecer que se desarrollaba fuera de las aulas, laboratorios y bibliotecas.
Concentrados en la reconstrucción universitaria, los docentes, graduados y
estudiantes obtuvieron innegables logros a nivel académico y científico,
imposibles de sostener y reiterar luego del fin de la autonomía en 1966.
De allí surge el énfasis en los méritos del
devenir universitario entre la "Revolución Libertadora" y la
"Revolución Argentina" en contraste con las etapas previas a dicho
período y las casi dos décadas posteriores, signadas por la violencia y la
muerte. Sin lugar a dudas, coincidimos en esta apreciación: si a nivel nacional
la universidad argentina vivió en ese lapso experiencias memorables, qué
podemos decir los que investigamos la trayectoria de la comunidad universitaria
de la ciudad de Bahía Blanca, que durante esos años finalmente vio consagrado
el viejo anhelo de contar en su suelo con una institución de tal jerarquía.
Esa vivencia también dejó su huella en el
"mito de los orígenes" de
la UNS. La
creación de la casa de altos estudios
quedó asociada al reconocimiento de la dictadura hacia la resistencia local
frente a los embates del gobierno derrocado. Era un "premio al antiperonismo"
de la ciudad y sobre esa base, como hemos visto, se encaró la intervención del
ITS y la estructuración de
la UNS.
Por
tal motivo, podemos afirmar que
la Universidad Nacional
del Sur no fue "una isla democrática" porque la
"desperonización" -es decir la proscripción del peronismo-, que
condicionó su autonomía tanto como la de sus pares, excluyó de su comunidad a
un sector político considerable e impidió que dentro de los claustros se
expresaran efectivamente todas la voces, lo que contribuyó a profundizar aun
más el revanchismo y la intolerancia que atravesaba por completo al sistema
político nacional, y que se intensificaría en extremo con el correr de los años
venideros.
Notas
(1) El presente trabajo se inserta en el marco de mi investigación doctoral sobre "La política y lo político en torno a la comunidad universitaria bahiense (1956-1976). Estudio de grupos, ideologías y producción de discurso".
(2) Cfr. Anales de la Legislación Argentina , decreto 133 del 30 de septiembre de 1955 sobre la intervención de la Universidad de Buenos Aires.
(4) Con ese objetivo, en 1922, junto a otros militantes católicos, había fundado los Cursos de Cultura Católica. Los Cursos se organizaron como una universidad de elite que permitió obtener apoyaturas sociales y financieras, revalorizar intelectualmente al catolicismo y atraer profesionales e intelectuales con el fin de formar cuadros de orientación nacionalista y tomista. Más tarde, se había sumado a las filas del antiperonismo y había accedido a integrar el gabinete de la "Revolución Libertadora" para encargarse de la cartera educativa. Sobre los antecedentes políticos de Dell'Oro Maini consultar David Rock y otros, La derecha argentina: nacionalistas, neoliberales, militares y clericales. Buenos Aires, Ediciones B, 2001, pp. 121-122.
(5) Cfr. Pablo Buchbinder, Historia de las Universidades Argentinas, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 170-171.
(6) Ley 1.597 del 25 de junio de 1885. Fue la primera ley universitaria, que había regido, debido a la generalidad de sus normas, durante 62 años, hasta 1947 cuando fue reemplazada por las leyes 13.031/47 y 14.297/54, sancionadas por el gobierno peronista. Según Emilio Mignone, a pesar de que se la conoce con el nombre de su inspirador, esta normativa dista mucho de su proyecto original. Las ideas de Avellaneda chocaron con el criterio estatista del Poder Ejecutivo, expuesto en la Cámara por Eduardo Wilde, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. En tanto Avellaneda pretendía dotar de mayor autonomía a las universidades, finalmente se estableció una fuerte intervención estatal en su funcionamiento. Cfr. Emilio Mignone, Política y Universidad. El Estado Legislador, Buenos Aires, Lugar Editorial, 1998, pp. 20-21.
(7) Cfr. Anales de la Legislación Argentina , decreto-ley 477 del 7 de octubre de 1955.
(8) Entre sus facultades detalladas en el artículo 2 del decreto-ley 4.361 del 30 de noviembre de 1955, se encontraban la de designar profesores interinos a propuesta de los delegados interventores de las facultades o bien remover o separar docentes de sus cargos cuando lo exijan "los intereses de la reestructuración universitaria".
(9) Cfr. decreto 478 del 7 de octubre de 1955. En relación al proceso de renovación del claustro docente en la UBA entre 1955 y 1958 como parte de la "desperonización" de la universidad, resulta enriquecedor el análisis realizado por Federico Neiburg en "Politización y universidad. Esbozo de una pragmática histórica de la política en la Argentina ", publicado en Revista Prismas, Universidad Nacional de Quilmes, nº 3, 1999, pp. 51-71.
(10) Cfr. Anales de la Legislación Argentina , decreto 2.538 del 4 de noviembre de 1955.
(11) Sobre el particular, Emilio Mignone ha señalado la singularidad de la norma al decir que ".los profesores son designados por las autoridades universitarias, innovando sobre una tradición iniciada por la ley 1.597, que otorgaba dicha facultad al Poder Ejecutivo.", Emilio Mignone, Op. cit., p. 39.
(12) "Las cátedras vacantes serán llenadas en la forma siguiente: la Facultad respectiva votará una terna de candidatos que será pasada al Consejo superior, y si este la aprobase será elevada al Poder Ejecutivo, quien designará de ella el profesor que deba ocupar la cátedra", artículo 6, ley 1.597/85. Como ya hemos mencionado, esta normativa fue reemplazada durante el gobierno peronista por las leyes 13.031/47 y 14.297/54, según las cuales los profesores titulares seguían siendo designados por el Poder Ejecutivo, a partir de una terna elevada por la Universidad , aunque con un concurso previo de antecedentes.
(13) Cfr. Anales de la Legislación Argentina , fundamentos del decreto-ley 6.403 del 23 de diciembre de 1955.
(14) Cfr. Anales de la Legislación Argentina , artículos 3 y 12 del decreto-ley 6.403 del 23 de diciembre de 1955.
(15) Cfr. Anales de la Legislación Argentina , artículo 33 del decreto-ley 6.403 del 23 de diciembre de 1955.
(16) Si bien los concursos contemplaban sólo la presentación de antecedentes, se establecía por el artículo 38 que estas comisiones podrían excepcionalmente exigir una prueba de oposición.
(17) En los
artículos 6 y 7 se refiere al padrón de estudiantes en el que estarían
inscriptos los alumnos que siendo ingresantes hubieran aprobado por lo menos
una materia del primer año o bien que no hubieran suspendidos sus exámenes por
dos años a contar desde el último. Con respecto a los delegados de los
estudiantes, éstos deberían ser alumnos de los dos últimos años de la carrera o
bien haber aprobado ¾ partes del plan de estudios.
Por otro lado, deberiacute;an abrirse los padrones de
egresados con quienes tuvieran título expedido por la misma facultad, entre
ellos quienes desempeñaran la cátedra, no podrían ser delegados.
(18) Con el
decreto 6.403/55 el régimen militar quiso saldar sus deudas con sus aliados
reformistas. Por esta razón, accedió a concretar en el ámbito universitario los
principios de autonomía, periodicidad de la cátedra y cogobierno. Pero en su
intento por ser equitativo en la retribución a la "lealtad política",
también favoreció a los sectores católicos -representados por el Ministro de
Educación- promoviendo la creación de universidades privadas. Esta iniciativa
no era novedosa en sí misma dado que a partir de la década de 1930 existieron
en el país distintas propuestas de estímulo a la investigación científica a
través de la fundación de instituciones universitarias privadas. En este
sentido, merecen destacarse los esfuerzos de notables investigadores como
Enrique Gaviola, Eduardo Braun Menéndez y Augusto Durelli. Estos proyectos no
encontraron espacios políticos para concretarse entonces. Pero en 1955, estas
circunstancias se habían revertido.
Por el artículo 28 del decreto 6.403/55 se autorizaba a la iniciativa privada a
"...crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir
diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones
expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente..."
[1]
.
Este artículo despertaría la polémica debido a que afectaba el monopolio
estatal en el otorgamiento de títulos profesionales habilitantes, facultad que
era defendida por los partidarios de la educación laica. De regularse la
enseñanza libre, como proponía la "Revolución Libertadora", las
universidades estatales perderían la exclusividad de ese beneficio para pasar a
compartirlo con las universidades abiertas por la iniciativa privada,
posibilidad que favorecía a los sectores católicos siempre interesados por participar
en la oferta educativa. Este proyecto de Dell'Oro Maini despertó el rechazo del
movimiento reformista universitario, mayoritario en las universidades
estatales, durante los primeros meses del año 1956 cuando la actividad volvió a
los claustros. Ante las presiones adversas, el ministro de Educación abandonó
su cartera, dando una solución provisoria al conflicto, que se reeditaría por
iniciativa del presidente Arturo Frondizi, en 1958. Este debate, que trascendió
como "Laica o Libre", no es materia de análisis del presente trabajo
por haber sido abordado en el artículo de mi autoría "El conflicto 'Laica
o Libre': la subversión de la estructura histórica del campo universitario
argentino (1955-1958)", aceptado para su publicación por Cuadernos del Sur, Departamento de
Humanidades, 2007.
(19) Paralelamente a la presentación del proyecto de López Francés en la Legislatura provincial, los diputados laboristas Cipriano Reyes y Carlos Gericke por un lado y el radical Gabriel del Mazo por otro, presentaron dos propuestas similares a la primera en el Congreso nacional. Sin embargo, sólo el primer proyecto mencionado recibió el apoyo de todas las bancadas en la Legislatura , favoreciendo su aprobación, bajo la Ley provincial Nº 5.051/46.
(20) En 1924, el radical Mario Guido y en 1939, Samuel Allperín, de extracción conservadora, presentaron proyectos para la creación de una universidad en Bahía Blanca desde sus bancas de diputados de la Nación , pero sus iniciativas no prosperaron. Como antecedente del ITS, debemos señalar también que en 1940 se había creado la Universidad del Sur, entidad privada y sin fines de lucro, que ofreció estudios superiores de Ingeniería, Química y Economía a más de 200 alumnos. Pero su vida fue efímera por falta de un apoyo estatal sólido, lo que la llevó a cerrar sus puertas en 1944. Sobre esta temática particular cfr. José Marcilese, "Los antecedentes de la Universidad Nacional del Sur", en Mabel Cernadas de Bulnes (Dir.), Universidad Nacional del Sur, 1956-2006, Bahía Blanca, UNS, 2006, pp.13-76.
(21) En los primeros años, el instituto pudo construir el edificio del rectorado, sito en avenida Colón 80, las residencias estudiantiles, los laboratorios de la calle Gorriti y comenzar las obras del complejo de la avenida Alem 1253 y del barrio de viviendas destinadas a albergar alumnos de pocos recursos. También durante dicho período, recibió de la provincia la propiedad de dos establecimientos rurales en las localidades de Hilario Ascasubi y Argerich para realizar experiencias de campo con los estudiantes.
(22) Posteriormente se agregaría la Escuela del Profesorado.
(23) La anexión del ITS a la Universidad Nacional de La Plata se formalizó mediante el decreto Nº 690/50. .
(24) Anales de la Legislación Argentina , decreto presidencial Nº 6.401/49.
(25) Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur (AMUNS), entrevista realizada el 18 de mayo de 2005 al doctor Roberto O. Gentili.
(26) La FUS no adhería directamente a ningún partido político, aunque en su seno militaban radicales, anarquistas, comunistas, socialistas e independientes que compartían un proyecto de universidad reformista. A pesar de no tener participación directa en el gobierno del instituto, su labor fue muy activa. Sus integrantes organizaban conferencias de interés del alumnado y del público en general, elevaban a las autoridades proyectos de solución a distintas problemáticas estudiantiles y realizaron importantes campañas a fin de promover la transformación del ITS en una universidad nacional, mediante actos, movilizaciones y visitas a distintas ciudades de la región para conquistar adhesiones para su causa.
(27) José Marcilese, becario del CONICET, ha realizado importantes aportes sobre la trama política dentro del ITS en el marco de sus estudios doctorales sobre el peronismo bahiense. Además, al desempeñarse como investigador en el Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur, ha recogido valiosos testimonios de protagonistas del devenir político de la ciudad y del instituto, muchos de los cuales se han utilizado en esta investigación.
(28) Después de renunciar a su cargo en el ITS y de haber perdido prominencia a nivel provincial, Miguel López Francés habría de sufrir, junto a un grupo de funcionarios del saliente gobernador Mercante, una persecución judicial que conduciría a su confinamiento.
(29) Cfr. Anales de la Legislación Argentina , decreto Nº 8921 del 21 de diciembre de 1952.
(30) Cfr. proyecto de resolución del diputado nacional Oscar Alende y otros para que el ITS continúe funcionando con categoría universitaria. En: Félix Weinberg (Comp.), Documentos para la historia de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, UNS, 1982, p. 190.
(31) Sobre el antiperonismo, la doctora María Estela Spinelli ha realizado un destacado aporte a través de su obra Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la "Revolución Libertadora", Buenos Aires, Biblos, 2005. En este sentido, más allá de la distinción que la autora realiza entre las tendencias internas del antiperonismo -radicalizado, tolerante y optimista-, nos orientamos particularmente por su definición de éste como un fenómeno global al decir que " el rasgo común y definitorio que hallamos en el antiperonismo fue su identificación genérica con los valores socioculturales y políticos de una pretendida tradición republicana y el rechazo de la cultura popular del peronismo, como la negación o la antítesis de ésta. Los antiperonistas impugnaron el modo en que el peronismo concibió y practicó la política. La impugnación se centró originalmente en las figuras transgresoras de sus líderes y su elenco político, y se extendió a sus valores culturales, políticos y sociales, en suma, al conjunto de los rasgos que dieron identidad propia al peronismo como expresión política, en el que vieron un fenómeno ajeno a los valores de la argentinidad"; Op. cit., pp. 14-15.
(32) El dr. José Luis García Pereyra años más tarde se acercó al frondicismo.
(33) También había estado ligado a la efímera Universidad del Sur, entidad privada que había antecedido al ITS como casa de altos estudios bahiense.
(34) Destacada poetisa bahiense y esposa del reconocido dirigente socialista Pablo Lejarraga, también había sido cesanteada por el peronismo de sus cargos en el Colegio Nacional y la Escuela de Comercio de la ciudad.
(35) Había sido fundada en Bahía Blanca en 1882, contaba con edificio propio y a comienzos de los años '50 poseía alrededor de 70.000 volúmenes y más de 4.000 socios.
(36) En Bahía Blanca, el CLES ocupaba el edificio que le cediera la Universidad del Sur en la esquina de las calle Mitre y Rodríguez. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo desalojó de estas instalaciones a fin de ubicar allí la sede regional de la CGT.
(37) Sobre el proceso de restructuración universitaria en la UBA después de 1955 liderado por sectores vinculados a instituciones culturales opositoras al peronismo, ver José Acha, "Imago Mundi (1953-1956) en una coyuntura historiográfico-política", en: Revista Prismas, Universidad Nacional de Quilmes, nº 3, 1999, pp. 117-142, y Federico Neiburg, "Politización y universidad. Esbozo de una pragmática histórica de la política en la Argentina ", en: Revista Prismas, Universidad Nacional de Quilmes, nº 3, 1999, pp. 51-71.
(38) El 5 de enero de 1956 fue dictado el decreto-ley 154 por el cual se creaba la Universidad Nacional del Sur (UNS), sobre la base del ITS y con todos los bienes que le estaban afectados. La ceremonia de inauguración del 11 de enero de 1956 habría de contar con la presencia del ministro de Educación, Atilio Dell'Oro Maini, el interventor de la provincia de Buenos Aires, coronel Emilio Bonnecarrere y una nutrida comitiva oficial. Sobre el particular, remitimos a nuestro artículo "Bajo el signo de la libertad": análisis del discurso político de la prensa bahiense frente a la creación de la Universidad Nacional del Sur en 1956"; trabajo publicado en: Mabel Cernadas de Bulnes - María del Carmen Vaquero (Edit.), Problemáticas sociopolíticas y económicas del Sudoeste Bonaerense, Actas de las III Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur y Archivo de la Memoria de la Ciudad de Bahía Blanca, 2005, pp. 87-96. ISBN 987-1171-16-1.
(39) Términos utilizados por el interventor Vicente Fatone en los fundamentos de su resolución del 16 de enero de 1956.
(40) Estas últimas designaciones recayeron en profesionales reconocidos en la ciudad por su desempeño profesional y social. No tenían una militancia partidaria pública. Por ejemplo el ingeniero José Distéfano era un joven profesional de la Universidad del Litoral y el contador Héctor Vilaseca era funcionario del Banco Central, como jefe de Títulos y Bolsa.
(41) El
doctor Santiago Bergé Vila era el ex vicerrector del ITS e intendente electo de
Bahía Blanca por el Partido Peronista en 1954 y el doctor Antonio Tridenti
había sido director del Departamento de Cultura Universitaria del ITS a partir
de 1948. Otros cesanteados fueron el contador Benito Franchini -último rector
interino en el período peronista- y el doctor Solana, que se desempeñaba como
vicerrector del ITS en 1954. También figuraron en esta nómina el ingeniero
Antonio Siri, quien se había incorporado al ITS luego de la intervención del
ingeniero Rioja y algunos docentes que también fueron despedidos del Poder
Judicial en 1955: los doctores Romero Krause y Graziani.
Por la trascendencia que tendría como interventor de
la UNS
en 1975, merece destacarse
la cesantía del profesor Remus Tetu en 1955. Este docente de origen rumano se
desempeñaba en
la Escuela
de Ciencias Económicas del ITS y en los meses previos al golpe dictaba en la
institución un Curso de Planificación Democrática, según los lineamientos del
gobierno peronista.
Cabe señalar que algunos de los cesanteados, como Antonio Tridenti, Remus Tetu
y Arnaldo Cañueto, se incorporarían al comité Acción Pro Revisionismo
Universitario de Bahía Blanca, con el fin de luchar por la derogación la
legislación universitaria sancionada por la dictadura por considerarla
"discriminatoria". En 1958, con el advenimiento del gobierno de
Arturo Frondizi, elevarían un memorial al gobierno nacional, provincial y a las
nuevas autoridades de
la UNS
a fin de difundir sus propósitos. Cfr.
La
Nueva Provincia
, 18 de julio de 1958.
(42) En 1956 Haydeé Bermejo Hurtado había sido designada interventora de la Escuela Normal de la ciudad que en pocos meses habría de ser anexada a la UNS.
(43) El escribano Roberto Arata y el abogado Gualterio Monacelli eran dos profesionales de gran prestigio en la ciudad. Luego de su reincorporación habrían de adquirir gran protagonismo dentro del gobierno autónomo de la UNS al desempeñarse en distintas oportunidades los cargos de rector, vicerrector, consejero superior y asambleísta.
(44) Se constituyeron ocho departamentos que conformaron la estructura inicial de la UNS : Contabilidad, Economía, Física, Geología y Geografía, Humanidades, Ingeniería, Matemática y Química. Esta estructura se complementaba con cinco institutos de investigación: de Humanidades de Investigación Económico-Social del Sur, de Edafología e Hidrología, de Matemática y de Ingeniería.
(45) La Nueva Provincia había sido fundada el 1º agosto de 1898 por Enrique Julio. En sus orígenes, mostraba simpatías por el radicalismo y se había manifestado fuertemente crítica al peronismo, posición que conduciría a su temporaria clausura y expropiación por parte del gobierno de Perón en 1950, y posteriormente, a una fuerte identificación con la "Revolución Libertadora". Otro diario importante en la ciudad era El Atlántico. Este medio había sido creado el 3 de enero de 1920 por Edmundo Calcaño, manteniendo su periodicidad hasta el momento de su cierre en 1964. Ligado a los sectores forjistas del radicalismo local en sus comienzos, tuvo cierto acercamiento al grupo peronista vinculado al gobernador Mercante, para luego encontrarse desde 1955 en las filas del antiperonismo. En torno al estudio del campo periodístico bahiense, remitirse a Laura Llull, Prensa y política en Bahía Blanca. La Nueva Provincia en las presidencias radicales, 1916-1930, Bahía Blanca, EdiUNS, 2005.
(46) La Nueva Provincia , ediciones de los días 27 de septiembre de 1955, 20 de mayo de 1956, 26 de julio de 1956 y 21 de junio de 1957 respectivamente. En tanto El Atlántico, aunque de manera más moderada, también seguía detenidamente los acontecimiento universitarios destacando el perfil académico y político de González Prieto y Vicente Fatone en minuciosas reseñas de su trayectoria y entrevistas personales durante su gestión, cfr. ediciones del 26 de septiembre de 1955, 11 de enero de 1956 y 26 de febrero de 1957.
(47) Sobre el particular fue destacada la actuación del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas (CECE), el cual reiteradamente elevó notas a las autoridades universitarias locales, promoviendo las cesantías de algunos profesores por haber violado principios morales, derechos ciudadanos elementales o bien manifestar incompetencia para el cargo. Cfr. El Atlántico, 5 y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 1955; La Nueva Provincia , 9 de noviembre de 1955.
(48) Cfr. Anales de la Legislación Argentina., artículo 2 del decreto-ley 10.775 del 15 de junio de 1956. Por el artículo 6 del mismo, se reservaban exclusivamente al rector interventor las facultades de representación, gestión, administración y superintendencia de la Universidad.
(49) Cfr. Anales de la Legislación Argentina , artículo 9 del decreto-ley 10.775 del 15 de junio de 1956.
(50) La Nueva Provincia , 25 de julio de 1956.
(51) Cfr. Anales de la Legislación Argentina , artículo 1 del decreto-ley 15.249 del 22 de agosto de 1956.
(52) Se refiere a los decretos 6.403/55 y 10.775/56.
(53) Cfr. nota de impugnación en La Nueva Provincia , 22 de junio de 1957. Los responsables de la impugnación eran el Centro de Egresados de Ingeniería de la UNS , y los profesores dr. Marcelo Galar, los ingenieros Alejandro Clara, David Craig, N. Cardona, Eloy Varela, Jorge Reyes, Manuel Muradás, a los cuales se incorporaba el licenciado en Química Alfredo Allan.
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