CONFIGURACIONES DEL PODER EN ARGENTINA
Sobre las etapas políticas de los doscientos años argentinos
On political stages of two centuries argentines
Ricardo Sidicaro*
* Instituto Gino Germani IIGG-UBA-Investigador del Conicet. Correo: rsidicaro@sociales.uba.ar
RESUMEN
Las diferentes etapas del desarrollo político de los dos siglos argentinos son analizadas por el autor considerando interpretaciones de actores políticos y de sociólogos de cada época que centraron el foco de su interés en los sistemas de poder y en los modos de acción de los dirigentes del Estado y de los partidos políticos.
Palabras clave: Partidos políticos; Liderazgos; Personalismos
ABSTRACT
Different stages of political development of two centuries argentines are analyzed by the author considering interpretations of political actors and sociologists of each era that centered the focus of interest in systems of power and modes of action of the leaders of the State and political parties.
Keywords: Political parties; Leaderships; 'Personalismos'
SUMARIO
La etapa inicial.El sistema de poder de la república oligárquica.La primera transición a la democracia (1912-1930).La republica militar.La segunda transición a la democracia (1983-2010)
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El objetivo de este texto es presentar brevemente un conjunto de cuestiones de orden conceptual que estimamos sociológicamente relevantes para los análisis de la formación de las instituciones y de la cultura política argentina. Los dos siglos transcurridos desde 1810 constituyen al respecto una buena ocasión para realizar esta aproximación de carácter macro, y bien vale aclararlo, sin ningún interés de búsqueda de pretendidas esencias o de constantes metafísicas. Si bien es cierto que los acontecimientos pasados - -o más precisamente, las relaciones de fuerza políticas y sociales dejan trazas en los entramados institucionales y en los estilos cognitivos y de acción de los actores, esas consecuencias no persisten como si fuesen configuraciones geológicas.
Las sucesivas etapas que abordaremos estimularon la producción de variadas y agudas observaciones de sus contemporáneos y reflexiones de actores político-intelectuales de los todavía cercanos acontecimientos que intentaron encontrar enseñanzas o justificaciones para la acción. Unos y otros dejaron visiones de los sistemas de poder, no exentas de componentes subjetivos o de preferencias declaradas, que aquí valoraremos en tanto testimonios de época verosímiles. Las descripciones y explicaciones no siempre metódicas presentes en esos relatos supusieron recortes analíticos no necesariamente explicitados y a los que sus autores presentaron como realidades al mismo tiempo que enfatizaban los aspectos que juzgaban más negativos. Al tomar esos testimonios como fuentes de informaciones pertinentes no los consideramos como proveedores de datos históricos sino como indicios verosímiles de las situaciones existentes.
De las amplias y variadas interpretaciones sobre los rasgos de cada etapa privilegiamos aquellas que al poner el foco en los sistemas de poder dejaron en un lugar secundario a los personajes que ocupaban la parte más visible de la escena pública. En los tiempos actuales, de caída de los grandes relatos y de declinación de las mitologías estatales-nacionales, se hace más fácil el ejercicio propuesto. Sin embargo, el término bicentenario entraña la idea de ilusión biográfica que hace pensar en una entidad que cumple años y que, como las personas, es portadora de una identidad que se mantiene con el paso del tiempo. Esa concepción es poco compatible con la idea, harto difundida, de que vivimos en una sociedad fragmentada e individualista en la que las dimensiones de lo colectivo se han debilitado en grado extremo, pero, no es menos cierto, que el deseo de comunidad alienta los festejos. Si a la sociología se la ha definido como una ciencia que incomoda es, entre otras razones, por su cuestionamiento de la existencia de supuestas naturalezas esenciales, filosofías de la historia o continuidades ontológicas. La disciplina también molesta cuando al indagar sobre los procesos políticos se interroga weberianamente por el sentido de la acción de los actores y objetivamente los desencanta.
En la realización de estas breves indagaciones hemos tenido presente la recomendación con la que Barrington Moore Jr. cerró su libro Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia: "Todo estudioso de la sociedad humana puede hallar en la simpatía por las víctimas de los procesos históricos y en el escepticismo respecto a las vanaglorias de los triunfadores las salvaguardias esenciales para no quedar prendido en la mitología dominante".[1]
Como con cualquier otro gran cambio sociopolítico de la modernidad, las preguntas sobre 1810 encontraron interpretaciones que remitieron a categorías analíticas clásicas: clases, elites y pueblo. Digamos que puede parecer un tanto sorprendente que en la explicación de la historia argentina aceptada como oficial se haya adjudicado a los intereses económicos de la burguesía comercial porteña un rol fundamental en el inicio de la ruptura con la dominación española. Al respecto, la interpretación histórica propuesta por Bartolomé Mitre resultó decisiva. Sin desdeñar el papel de los grandes hombres ni la importancia de los sentimientos independentistas que podían anidar en la población, en el relato argentino de los sucesos de Mayo es dable reconocer la afinidad con la que sería la llamada interpretación marxista de la historia. Mitre empleaba el concepto de clase siguiendo, entre otros, la concepción del político e historiador francés François Guizot que en 1828 había publicado la Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l'empire romain jusqu'à la Révolution française.Marx en una carta a Weydemeyer de marzo de 1852 le señalaba que no era suyo el mérito de haber descubierto la existencia de las clases sociales ni de su lucha en las sociedades modernas : « mucho antes que yo los historiadores burgueses habían descrito el desarrollo histórico de esa lucha y los economistas burgueses la anatomía económica de las clases » [2]
Actualizado en la literatura de la época, Mitre siguió la idea de Guizot al considerar el papel político de las clases económicas en las luchas por el poder. En estas orillas del Río de la Plata, tal como lo planteó Mitre y lo canonizó luego la escuela pública, los comerciantes criollos impulsaron, a los efectos de acrecentar sus ganancias, el proyecto emancipador. La revolución burguesa destinada a romper con la dependencia respecto al monopolio comercial ibérico encontraba en esa visión de las cosas una cierta afinidad con el marxismo economicista que simplificaría las conceptualizaciones de clases de Marx, por cierto mucho más complejas y elaboradas. Con el afán de deslindar la interpretación mitrista de las teorías marxianas, en 1947 Ricardo Levene subrayó las diferencias señalando que la explicación de Mitre remitía también a aspectos políticos y psicologistas y que no se agotaba en los factores económicos y, destacó, además las claras intenciones democráticas de sus análisis.[3]
En 1810, las principales figuras que impulsaron los cambios que llevaron a la independencia de la dominación española plantearon con claridad sus intenciones de construir un régimen democrático. Entre quienes integraron la elite iluminista dispuesta a construir realidades políticas a partir de lecturas, se destacó Mariano Moreno, traductor del Contrato Social de J. J Rousseau y al que la historia nacional le adjudicó el rol de un verdadero jacobino en los momentos iniciales de la revolución de Mayo. Sobran las fuentes y los datos que muestran que la elite iluminista tenía una influencia limitada en el territorio que se proponía transformar en república democrática. Si en algunos países de Europa, Francia es el ejemplo más claro, los regímenes absolutistas dejaron una territorialidad unificada que contribuyó objetivamente a la aceptación de las autoridades nacionales emergentes de las revoluciones burguesas sucesoras y la instauración del nuevo sistema político, esa situación no fue la que dejaba el virreinato español.
La presencia del pueblo fue también introducida por Mitre. Juan B. Justo, el fundador del partido socialista argentino, probablemente tenía in mente una visión crítica de lo que el socialismo denominaba la política criolla cuando en una conferencia pronunciada en el año 1898 citó la descripción que hizo Mitre de la diversa y variopinta concurrencia reunida frente al Cabildo de Buenos Aires para apoyar a las que fueron las primeras autoridades patrias:
"Así es que el 25 de Mayo de 1810, mientras 200 personas 'de la parte principal y más sana del vecindario`, según rezan los documentos de la época, daban el paso decisivo hacia la Independencia, toda la agitación popular se reducía a unos 100 hombres, dice Mitre, 'manolos' llevados del barrio del Alto por French, 'agente popular de Belgrano y `ciudadanos más decididos` llevados por Berutti, `agente popular de Rodríguez Peña`. Ese fue el pueblo que aclamó a la Junta, y que durante las deliberaciones, `vociferaba`, según López, dirigido por los caudillos secundarios de la revolución".[4]
En el relato de Justo aparecían de un modo para nada anecdótico datos aportados por Mitre en su obra La historia de Belgrano, que sin acartonamiento describían a aquellos que sin saberlo fueron los pioneros en el armado de actos públicos con el fin de inaugurar lo que desde entonces serían los respaldos de legitimidad popular de tipo plebiscitario a los jefes políticos. La idea de que el pueblo podía expresarse directamente en una plaza se convirtió, como se sabe, en un recurso permanente de la cultura política argentina.
Un salto en la enunciación de los protagonismos populares fue el dado por José M. Ramos Mejía en Las multitudes argentinas, quien remitiendo a las mismas páginas del libro de Mitre citado por Justo, pero, inspirado en las teorías de Gustave Le Bon, resaltó la presencia de las multitudes que ante las vacilaciones de la Junta para desplazar al virrey irrumpieron en el escenario público cuando:
"un rumor sordo de descontento cundió hasta los suburbios y empezó a circular por las plazas y las calles de la ciudad, concurso numeroso de gente que nadie había citado ni dirigido (...) El peligro provocaba rápidamente la formación de la multitud ... "[5]
En un movimiento interpretativo por cierto original, los 'manolo' de Justo-Mitre se habían convertido en los vigilantes y activos soportes sociales del nuevo rumbo político emancipador y, de hecho, en lugar de ser "puntos" de caudillos pasaron a ser verdaderos fundadores de la ciudadanía y exigiendo el cumplimiento de los objetivos independentistas a la vez que hacían una experiencia de sociabilidad política igualitaria:
"el orillero, feliz al tutearse, por fin con el alcalde y con el decente de arriba, había adquirido una confianza y una conciencia de su valer ... "[6] Sin proponérselo, Ramos Mejía encontraba los rasgos iniciales de los cuestionamientos populistas de las distancias sociales. La deferencia de los de abajo hacia los de arriba se habría, entonces, comenzado a resquebrajar en los días iniciales de la construcción nacional.
El historiador nacionalista Julio Irazusta hizo más complejo el juego de actores de 1810 al incluir en las motivaciones de la burguesía mercantil porteña y de la de la elite iluminista el interés de ligar la economía rioplatense al Imperio Británico. Irazusta destacó que Moreno había redactado la Representación de los hacendados expresando la defensa del libre cambio en nombre de los comerciantes de Buenos Aires que aspiraban independizarse de España para entrar en la orbita de la dominación inglesa.[7] La ampliación del sistema de poder así bosquejado inauguraba una serie de interpretaciones que con el tiempo adquirió alta aceptación en quienes desde distintos, y hasta opuestos ángulos ideológicos, denunciaron la existencia de una coalición de intereses entre clases económicas locales y potencias extranjeras.
Lejos de constituir el comienzo de la construcción de un Estado-nación la ruptura de la situación colonial abrió una larga crisis política de casi medio siglo. Ernesto Quesada, verdadero pionero de la sociología histórica argentina, escribió en 1898 una interesante interpretación de las reacciones suscitadas ante los proyectos que apuntaban a convertir un virreinato administrativo, cuya unidad era básicamente formal, en una nación republicana, proyecto resistido por quienes no estaban dispuestos a ceder las potestades de los autogobiernos regionales a un poder central.[8] Podrían explorarse las interpretaciones enfrentadas, si bien eso extralimitaría los propósitos de este artículo, en torno a las causas de los años de luchas intestinas: reacción popular a favor de la preservación de la autonomía de los pueblos o resistencias de las elites locales al programa modernizador y secularizador de la burguesía porteña y de sus intelectuales europeizados. Si de interpretaciones se trata, no cabe duda que por mucho tiempo la narración más exitosa fue la proporcionada por Sarmiento en su célebre dicotomía entre civilización y barbarie. Pasional y con pretensión analítica, el sanjuanino escudriñó en las combinaciones político-intelectuales de la primera mitad del siglo XIX a fin de establecer el nexo entre Facundo y Rosas, personaje este último por medio del que supuestamente el "interior" bárbaro alcanzaba el poder en Buenos Aires y lograba retardar la marcha hacia la civilización.
El Facundo fue el primer gran fresco sociológico en el que, usando conceptos de Emilio Durkheim, es dable ver la enconada resistencia de la solidaridad mecánica del interior pastoril frente al avance de la solidaridad orgánica de la ciudad-puerto mercantil. Pero Durkheim no hubiese, seguramente, aceptado tal visión del conflicto pues creía que la cultura la creaban los sistemas de sociabilidad existentes y que mal podía argumentarse que la civilización podía llegar mediante la imposición de los civilizados sobre los bárbaros.Civilización y barbarie, los términos justificadores del colonialismo francés eran totalmente ajenos a la óptica durkheimniana que definía al Estado como un órgano moral encargado de preservar el respeto de la dignidad del ser humano
El sistema de poder de la república oligárquica
Desde la organización nacional que siguió a la sanción de la Constitución de 1853 se estableció un nuevo sistema de poder que fue caracterizado de modo bastante similar por diversos analistas. José Nicolás Matienzo, que desempeñó responsabilidades políticas y académicas durante el primer tercio del siglo XX profesor y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires en la época del Centenario, Ministro de Gobierno en Santiago del Estero a los 23 años y titular del Ministerio del Interior durante el primer año de la gestión presidencial de Marcelo T. de Alvear al que se puede considerar un precursor de los estudios de sociología política argentina condensó las características de los "dueños" del poder en su libro editado en la época del Centenario:
"Los gobernantes se reclutan en una clase de ciudadanos que, si no constituyen propiamente una casta, forman por lo menos una clase dirigente, en cuyo seno se ingresa con relativa facilidad. A esa clase pertenecen los jefes de partido y demás directores políticos. (...) Los miembros de esa clase mantienen entre sí relaciones sociales y económicas más o menos estrechas, y comparten, como es natural, opiniones y sentimientos comunes acerca de los móviles y propósitos de la conducta individual y colectiva. Sin esta posesión de una moral común, no sería posible el intercambio de servicios y atenciones que recíprocamente se prestan, sin atención de partidos políticos"[9]
Los observadores extranjeros hicieron igualmente descripciones descarnadas de la vida política nacional. El español Adolfo Posada fue, probablemente, el primer sociólogo internacional que buscó interiorizarse de los problemas argentinos desde un enfoque global. Su interés por los temas políticos lo llevó a dedicar a esa cuestión una parte significativa de su libro La República Argentina publicado en 1912. En su viaje al país en la época del Centenario debió escuchar las opiniones optimistas oficiales pero también recogió los juicios de los críticos. El espiritualismo de su formación krausista le sirvió, seguramente, para no caer en los reduccionismos de quienes pensaban que el crecimiento económico operaría favoreciendo la modernización de todas las esferas de prácticas sociales, incluyendo la política. Es probable que el libro de José Nicolás Matienzo, que acababa de publicarse, haya sido el que más influyó en sus argumentos. Posadas caracterizó el sistema de poder vigente diciendo que existía:
"una oligarquía política en la tradición de los `mandones` o caciques al servicio hoy de una oligarquía de infraestructura financiera o económica, que viene a la vida con fuerza, luego que se desvanece la política un poco romántica y generosa de los Sarmiento y Mitre, ocupando su lugar la concepción económica de Pellegrini. Obsesionado y envanecido con la fuerza de la producción, con la plétora de sus bancos, con el ruido de sus trenes y el mareante movimiento de sus puertos, la formación del núcleo ético freno de toda política y del núcleo cultural almas de toda política eficaz no ha podido seguir, en la misma altura, al proceso económico".[10]
La reflexión de Posada sobre las cúspides políticas destacaba el personalismo dictatorial de los presidentes que controlaban las decisiones públicas por encima del Poder Legislativo y vulneraban el federalismo. Las causas más generales de ese modo de operar, según el sociólogo español se hallaban en la debilidad de las tradiciones cívicas y en la falta de verdaderas reacciones éticas de la masa, compuesta por una gran cantidad de extranjeros y cuya preocupación, decía, era el orden material y no se interesaba en la política. En lo relacionado a las designaciones de autoridades, Posada se inspiraba en el estudio de Matienzo sobre la modalidad oligárquica de elegir a los más altos mandatarios nacionales y provinciales así como a los legisladores que, supuestamente, debían representar a la sociedad. Al respecto, Posada citaba el libro de Matienz :
"Si hubiera de trazarse una línea de demarcación entre las prerrogativas del presidente y de los gobernadores en materia electoral, creo que lo más exacto sería decir que, por regla general, cada uno de estos magistrados designa candidatos a sucederle, es decir, el presidente es designado por su antecesor inmediato, y del mismo modo el gobernador de cada provincia es designado por el funcionario a quien reemplaza ... En cuanto a los cargos electivos de carácter federal (diputados y senadores al Congreso (...), los gobernadores obran como administradores de un negocio en el que son accionistas principales, pero en el que reconocen al presidente una participación más o menos importante, según las conveniencias políticas, es decir, según la mayor o menor necesidad que el gobernador tenga del apoyo del presidente para sostenerse en el cargo".[11] Sobre los criterios decisivos para acceder a las candidaturas de legisladores nacionales o provinciales, Matienzo decía que los favorecidos eran los amigos y los parientes de los gobernadores mientras que quienes mostraban conductas austeras y respetuosas de la Constitución podían llegar a acceder a las cátedras universitarias si no perturbaban la vida política.[12]
Sobre la situación política de comienzos del siglo XX, Octavio R. Amadeo hizo una interesante interpretación empleando conceptos inspirados en la sociología de Wilfredo Pareto y sostuvo que las elites que antes gobernaron con éxito, habrían dejado luego de producir los tipos de individuos necesarios para el gobierno y así perdieron su aptitud para mantener bajo su control la dirección política de la sociedad. Las reacciones suscitadas contra el sistema de poder descrito, entre otros, por los autores citados no hubieran probablemente tenido éxito de no haber mediado el decaimiento de la capacidad política de esas elites.
La primera transición a la democracia (1912-1930)
Los reclamos de democratización de la vida política realizados desde la revolución cívico militar de 1890 mostraron que en el seno mismo de la minoría gobernante surgían sectores que se preguntaban sobre la conveniencia de abrir el juego político. La Ley Sáenz Peña fue aceptada por buena parte de los políticos conservadores convencidos que mediante elecciones libres podrían legitimarse en las urnas. Por otra parte, operaron a favor del cambio otros factores: los sectores económicamente más poderosos no veían amenazados sus intereses ya que el radicalismo no cuestionaba el modelo agroexportador de desarrollo sin intervención del Estado; en la medida que la mayoría de los obreros era de nacionalidad extranjera carecía de posibilidades de hacer sentir su presencia en la arena electoral. En los países europeos, en cambio, la cuestión democrática se había superpuesto con la cuestión social y la Alemania bismarckiana debió limitar el pluralismo mediante las llamadas leyes antisocialistas y mantener el sufragio censitario hasta 1918 y también la desigualdad electoral rigió en Gran Bretaña hasta el fin de la primera guerra mundial, mientras que en Francia el sufragio universal sólo adquirió permanencia un siglo después de la Revolución de 1789. Indudablemente, la ausencia de un porcentaje relativamente significativo obreros en los padrones comiciales favoreció la temprana instalación de los mecanismos electorales argentinos.
Durkheim en el volumen V de la revista L`Année Sociologique (1900-1901) escribió un breve comentario sobre el artículo de P. Sitta titulado "La popolazione Della Républica Argentina" (publicado en Riv. Ital. D. socol., IV, fasc. 3, p. 310-335) del cual tomaba las informaciones para afirmar que lo que tenía
"de interesante la República Argentina desde el punto de vista demográfico es la parte enorme de los extranjeros inmigrados en el conjunto de la población (25%). Esta particularidad fundamental lleva consigo otras: predominancia marcada del sexo masculino, proporción considerable de hombres de entre 20 y 40 años, débil proporción de familias, pero alta natalidad tanto en los nativos como en los inmigrados (más de 4 hijos por mujer casada). El pueblo argentino tiene entonces una constitución demográfica muy particular, cuya influencia se hace sentir necesariamente en la marcha general de su historia".[13]
El fundador francés de la sociología no se ocupaba de las consecuencias políticas de la inmigración pero pudo haber continuado su texto diciendo que una sociedad con tales características sociodemográficas no podía sino conocer fuertes carencias en el plano de las instituciones y de la integración social y, además, diagnosticado los probables procesos de anomia que, en términos generales, acompañaban los rápidos incrementos de población y de urbanización, así como las situaciones de movilidad social vertical. Por otra parte, en sus consideraciones conceptuales sobre el origen del estado de anomia Durkheim había incluido los efectos de la internacionalización de los mercados que quitaba previsibilidad a las fluctuaciones de las economías nacionales. Hubiese podido considerar también datos seguramente no registrados en su fuente: el sistema de explotación del trabajo asalariado sin legislaciones estatales protectoras del tipo que comenzaba a implementar Europa, cuya ausencia agudizaba los efectos "patológicos" de la división del trabajo social. Igualmente, desde una perspectiva durkheimniana cabía observar las consecuencias del proyecto modernizador fundado en la necesidad de tomar distancia de las tradiciones españolas, en la laicización de la educación, en la crítica de las formas de sociabilidad del interior vistas como arcaicas, en la estigmatización de las poblaciones aborígenes. Crear un país fundado casi exclusivamente en la conciencia colectiva relativamente débil que surge de la solidaridad orgánica, hubiese dicho Durkheim, hará difícil la estabilización de un régimen político democrático dadas las insuficientes condiciones para la formación de un espíritu público unificado en torno a valores nacionales compartidos.
Contra lo que suponían los conservadores modernistas, en 1916, el Partido Radical ganó con el 45% de los sufragios las primeras elecciones presidenciales reguladas por la Ley Sáenz Peña, mientras que el oficialismo dividido no consiguió aunar criterios para postular una candidatura única, y algunos de sus dirigentes se pasaban al radicalismo; en 1922 nuevamente el radicalismo triunfó en los comicios presidenciales con el 48% de los votos; en 1928 el Partido Radical consiguió el 57% de sufragios a pesar de haberse dividido y perdido una parte de sus dirigentes que integraron una coalición con casi todas las fuerzas contrarias a Yrigoyen Dos años después, se produjo el golpe militar que contó con amplios apoyos no sólo en los sectores más poderosos de la economía sino, además, en la población en general.
En los 15 años que se cerraban, el radicalismo no había definido en ningún momento un programa electoral con los compromisos que asumía si llegaba al gobierno. José Nicolás Matienzo fue un objetor permanente de ese modo de hacer política y en varios artículos escritos a fines de 1930 recapitulaba esa situación:
"Cuando el partido Radical, muertos sus miembros más eminentes, se encontró gracias a la reforma electoral de 1912, en aptitud de vencer en los comicios, se olvidó de su carta orgánica, y designó a don Hipólito Irigoyen candidato a la presidencia de la República, sin sancionar programa alguno. Así llegaron a la presidencia de la Nación Irigoyen y Alvear, sin obligación de servir principios determinados. " [14]
La estrategia de partido atrapa-todo todavía no tenía esa denominación, pero los radicales y los conservadores la cultivaban con éxito. La ausencia de programa les permitía sumar votos de diferentes intereses sociales. Gino Germani caracterizó al radicalismo como un "populismo liberal" más por algunos términos discursivos que le granjeaban apoyos en los medios populares que por sus políticas gubernamentales. ¿La falta de programas encontró en el personalismo su consecuencia o fue el personalismo el programa? Es interesante destacar, que quienes escindieron el radicalismo en el período de Alvear creyeron que lo más adecuado para enfrentar la candidatura de Irigoyen en las presidenciales de 1928 era no redactar un programa.[15]
De las interpretaciones sobre el derrocamiento del gobierno radical formuladas en la época, la de Carlos Cossio, uno de los más reconocidos especialistas argentinos en filosofía del derecho, fue la más abstracta y mejor fundada. La idea central de Cossio apuntó a situar la crisis institucional de 1930 en el contradictorio contexto abierto con la sanción de la ley de sufragio universal. El citado autor decía que la reforma electoral de 1912 había creado al ciudadano en tanto entidad universal, ya que
"la norma que sigue cada ciudadano al votar puede ser erigida en norma universal, lo que hace cada ciudadano puede ser hecho por otro, y porque establecido el voto secreto cada ciudadano puede decidirse libremente sin que sea tomado, en ese instante, de medio por otro ciudadano más fuerte, que imponga a su voluntad una dirección heterónoma".[16] Pero, agregaba Cossio, esa condición de ciudadanía universal estaba destinada a chocar con los modos de funcionamiento de los partidos y de las instituciones estatales en los que predominaban sistemas de relaciones y de comportamientos de tipo particularistas que habían sido mantenidas. Los partidos sin programas, las administraciones con reclutamientos clientelistas y los jefes personalistas eran incompatibles con el ciudadano universal. Así, más allá de los factores inmediatos que precipitaron el primer golpe militar contra un gobierno elegido mediante procedimientos electorales democráticos, la posición teórica de Cossio invitaba a pensar en los sistemas institucionales cuya continuidad no había sido alterada. José Nicolás Matienzo, en su libro La revolución de 1930 y los problemas de la democracia argentina resumió los rasgos con los que había funcionado el sistema gubernamental democrático y destacó, al igual que otros autores, las consecuencias negativas de la fuerte concentración de poder en la autoridad presidencial y los riesgos que ese fenómeno implicaba:
" ... en un país como el nuestro, donde hay tanta gente aficionada a vivir del tesoro público, el manejo discrecional de las rentas nacionales permite al presidente crearse una enorme clientela de favoritos utilizables en las elecciones, en la prensa, en la propaganda y en otras esferas de la vida política"[17]
Gino Germani innovó conceptualmente en la aplicación del concepto de "fascismo" para el caso argentino en su libro más moderno, Autoritarismo, fascismo y populismo nacional[18].A la luz de los procesos políticos de los años 1930-1976, planteó que los seis golpes militares de ese casi medio siglo debían ser explicados como intentos fascistas, o como sustitutos funcionales del fascismo, cuyos objetivos fueron desmovilizar la sociedad y revertir la creciente intervención de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos. Según Germani, mientras que los fascismos europeos contaron con un fuerte apoyo social de las clases medias temerosas ante los avances de la clase obrera y de la izquierda, en el caso argentino los militares golpistas fueron los encargados de enfrentar y neutralizar las amenazas provenientes del creciente protagonismo social y político de los sectores de clase media y obrera. El golpe de 1930 apuntó a clausurar el ciclo de politización y de modernización de los mencionados sectores sociales estimulado objetivamente por el gobierno yrigoyenista. La intervención militar de 1943 se realizó explícitamente contra las influencias del sindicalismo de izquierda y de las fuerzas políticas y actores culturales progresistas; el hecho de que las divisiones en el seno de los militares terminasen impulsando la creación del peronismo, fuerza política que elevó a niveles desconocido la movilización y participación de los sectores populares, no serviría para poner en duda las evidentes motivaciones profascistas del golpe inicial. En 1955 los militares cumplieron igualmente el rol de alternativa funcional del fascismo y el foco de su acción fue la represión desmovilizadora del movimiento obrero identificado con el peronismo. La sublevación castrense de 1962 mantuvo el objetivo de desmovilizar política y socialmente a los sectores de la población que reclamaban reformas sociales, políticas y culturales, y lo mismo sucedió con el nuevo golpe de 1966, esta vez las Fuerzas Armadas se declararon decididas a suspender de modo prolongado los canales de participación política de la ciudadanía, anunciando la creación de mecanismos de tipo corporativo de representación de intereses sectoriales. En 1976 las altas autoridades castrenses instauraron un proyecto que apuntó a desarticular definitivamente los entramados societales que, según estimaban, posibilitaban la existencia de los actores movilizados que cuestionaban el statu quo.Esta vez, el sustituto funcional del fascismo fue más exitoso en lo referido al alcance de sus objetivos, pero como consecuencia no esperada de sus políticas gubernamentales surgió el rechazo, nunca antes expresado con tal vigor, de la gran mayoría de la población.
Durante ese medio siglo de predominio militar sobre las relaciones políticas la vida de los partidos no desapareció si bien fue congelada por períodos. Los partidos fueron prohibidos totalmente en algunos momentos y en otros rigieron proscripciones para determinadas fuerzas electorales; no faltaron las participaciones de dirigentes partidarios en los gobiernos autoritarios; los interregnos de gestiones civiles clausurados luego por decisión castrense fueron dejando consecuencias sobre los partidos desalojados de los aparatos estatales. Hubo creación de partidos de existencia efímera pero también se constituyó el peronismo cuya presencia marcó la segunda mitad del siglo pasado. Las respuestas del radicalismo a los cambiantes escenarios impuestos por el sistema de poder con predominio castrense estuvieron en la base de varias de sus escisiones. La disolución del conservadorismo fue, en buena medida, una consecuencia del rol político ejercido por los militares. Entre las innovaciones más importantes surgidas durante esos cincuenta años de restricciones de la democracia cabe destacar la consolidación de un fuerte subsistema de entidades corporativas (empresarias y sindicales), que asumió la representación directa ante el Estado de intereses sectoriales.
El surgimiento de un sistema bipartidista integrado por los peronistas y los radicales cambió la dinámica del campo político a partir de mediados del siglo XX. En lo referido a las modificaciones de los modos de operar anteriores, es de señalar que en oportunidad de la campaña presidencial de 1937 el radicalismo rompió con la tradición al redactar un programa electoral estableciendo una pauta de conducta que no abandonó desde entonces. Los peronistas fueron igualmente favorables a la redacción de programas y de textos de tipo doctrinario. Donde existió, sobretodo, una clara continuidad con los modus operandi del pasado fue en el personalismo que alcanzó su expresión más notoria y asumida conscientemente en el caso del peronismo.
Los elementos básicos del personalismo peronista fueron explicados por Perón en reiteradas oportunidades. La visión de la estructura piramidal de la acción política se fundamentaba como parte de la relación Conductor- masa:
"Los pueblos deben saber, por su parte, que el conductor nace. No se hace ni por decreto ni por elecciones ... Dios ha sabido predestinar con una oportunidad extraordinaria la vida de los hombres, que en sus siglos han representado verdaderos meteoros destinados a quemarse para alumbrar el camino de la felicidad ... Para ser conductor no es suficiente comprender; ni la reflexión ni el raciocinio permiten conducir las masas. Las masas se conducen por intuición; y la intuición la da solamente Dios."[19]
Desde esa perspectiva, la masa debía ser educada y encuadrada por los intermediarios de la conducción ya que era necesario dotarla de doctrina:
"cuando (la masa) no tiene sentido de la conducción y uno la deja de la mano, no es capaz de seguir sola y produce los grandes cataclismos políticos ... Hay que preparar al pueblo para que esté con una causa permanente. Si no tiene la causa, hay que crearla. Por eso conducir en política es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro, hay que enseñarle a la masa, hay que educarla. Hay que enseñar a los intermediarios de la conducción, porque la conducción no se puede realizar con un hombre y una masa, porque si esa masa no esta encuadrada se disocia. La masa debe estar encuadrada por hombres que tengan la misma doctrina del conductor, que hablen su mismo idioma, sientan como él y piensen como él".[20]
La carta nacional del Partido Peronista reflejaba en 1947 ese espíritu organizativo al establecer que
"En el caso de que un afiliado ejerciera la Primera Magistratura de la República y en atención a que la Constitución lo designa como ¨Jefe Supremo de la Nación¨ será reconocido con igual calidad dentro del partido y en consecuencia podrá modificar decisiones de los organismos, proveer a la renovación de autoridades por medio de elecciones extraordinarias y someter las cuestiones que estime convenientes a los Congresos partidarios y a los plebiscitos de los afiliados".[21]
La segunda transición a la democracia (1983-2010)
La idea misma de transición hace necesaria la pregunta sobre quienes son los sujetos del cambio para evitar la confusión entre el establecimiento de reglas democráticas y las efectivas disposiciones de los actores para llevarlas a la práctica. En lo contextual, el punto de partida de 1983 no reunía las mejores condiciones para cerrar la prolongada etapa de la República Militar ni, tampoco, para asegurar la salida de la dictadura procesista. Juan Linz sostuvo que los regímenes democráticos que alcanzan el gobierno sin que hayan existido rupturas violentas o fuertes enfrentamientos con los autoritarismos precedentes se ven en dificultades para emprender la depuración política, modificar las legislaciones o reestructurar el Estado para suprimir las trazas dejadas por el modo de dominio anterior.[22] En el caso argentino estas desventajas se potenciaron por la inexperiencia democrática de los partidos.
En 1983, la ilusión colectiva obturó una realidad: después de cincuenta años de república militar, con breves interludios civiles en los que no se consiguieron construir o reconstruir partidos políticos sólidos y con efectivos mecanismos de representación ciudadana, no existían los actores de la democracia y sólo cabía considerar la etapa que se inauguraba como un proceso de transición al eventual pleno imperio de ese tipo de régimen político. Sin partidos políticos capaces de representar los intereses materiales y simbólicos de los distintos sectores de la ciudadanía todo anunciaba la creciente autonomía de los integrantes de la clase política y la aparición hacia ellos de un clima de desconfianza en amplios sectores de la población.
No hubiese sido arriesgado imaginar que con las situaciones de pobreza dejadas por la dictadura se erigirían los sistemas de patrones, brokers y asistidos, habituales en el subcontinente latinoamericano. Por otra parte, con el colapso de las capacidades estatales dejado por los militares se habían acrecentado las dificultades para asegurar una gobernabilidad medianamente eficiente. Las inclinaciones al personalismo, parte como hemos visto de una añeja cultura política vernácula, no favorecían el debate de ideas en el seno de los partidos. La democracia moderna supone niveles de deliberación ciudadana que pueden darse no sólo en los partidos sino, también, en otras formas de organización ciudadana.
Muchas de las observaciones de Carlos Cossio sobre los déficits de la primera transición tenían clara vigencia al comenzar la segunda. La recuperación de la ciudadanía universal se llevaba a cabo en 1983 sin la debida presencia de las demás, e imprescindibles, instancias de igual funcionamiento universal requeridas por un sistema político democrático. El más elocuente símbolo de las carencias de los partidos políticos ante esa ciudadanía fue su desinterés o incapacidad para generar instancias de debate en los que participaran los importantes contingentes de nuevos afiliados. En el plano del Estado, la impunidad en la que por razones diversas, quedaron los numerosos planificadores, ideólogos y ejecutores de los crímenes dictatoriales le quitaba a éste ante la opinión de la ciudadanía el carácter de garante universal de la igualdad ante la ley.
Desde la perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu, puede afirmarse que los habitus o sistemas de predisposiciones incorporados por los miembros de la clase política durante los cincuenta años de predomino castrense sobre los funcionamientos institucionales, los llevaron a naturalizar la ausencia de regulaciones universales de la vida pública. En las claves interpretativas usadas por Matienzo y por Cossio, cabe sostener que la moral común de las dirigencias políticas la distanciaba objetivamente del cumplimiento de un tipo de representación acordes con una situación en la que se recuperaban los atributos de ciudadanía universal. Las clientelas y las parentelas, los favoritismos personalistas y las estrategias de adaptación de los pequeños jefes, como diría Matienzo, aficionados a vivir del tesoro público, conspiraron sin saberlo contra el afianzamiento de un proceso de transición a la democracia que cuenta con un amplio aval en la mayoría de la población que en reiterados estudios de opinión
Desde diciembre de 2001 hasta nuestros días se mantuvieron los rasgos básicos de desconfianza de la sociedad hacia las dirigencias partidarias y de frustración reflexiva ante el funcionamiento del sistema político. El nosotros (los ciudadanos) versus ellos (la clase política) resumió el distanciamiento de los más disímiles sectores de la sociedad con respecto a los partidos. La posición crítica de la ciudadanía operó generando en los partidos crisis internas que debilitaron a sus direcciones y estimularon las divisiones. Así se fue desarticulando el nunca antes demasiado sólido sistema de partidos y proliferaron los intentos de creación de organizaciones sociales de autorepresentación de grupos e individuos disconformes con la falta de soluciones a problemas puntuales. En ese panorama de crisis crecieron los personalismos en las contiendas electorales; cayó el prestigio de las cámaras parlamentarias; los partidos volvieron a actuar como federaciones provinciales y la práctica de los intercambios interesados y facciosos fue el principio regulador. Adolfo Posada y José Nicolás Matienzo cobraron rigurosa actualidad. Las candidaturas digitadas, la manipulación de los electorados, la no representatividad de los legisladores y altos funcionarios nacionales, provinciales y municipales, incluyendo las denuncias de corrupción, se generalizaron, y la diferencia con principios del siglo XX fue la existencia de una ciudadanía mucho más exigente.
Max Weber, preocupado por la tendencia al agotamiento de los valores de los partidos sostuvo a comienzos del siglo XX que la aparición de lideres carismáticos bien podía ser una alternativa positiva para la recreación espiritual de los mismos, pero esa idea ya no parece adecuada para las sociedades de la época de la globalización en la cual la heterogeneidad de las poblaciones y de sus modos de vida no favorecen la formación de ilusiones colectivas duraderas y los grandes jefes son erosionados por las miradas de los crecientes sectores de la ciudadanía reflexivos e informados. El sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas, pensando en las sociedades postnacionales de nuestros días, fundamentó su propuesta favorable a lo que denominó el Patriotismo de la Constitución, alternativa que consideraba apropiada para integrar las sociedades y sus individuos en una época en la que se han debilitado los anteriores sistemas de cohesión social, sean los provenientes del mundo del trabajo, los derivados de las tradiciones y, más en general, de los valores relacionados con la pertenencia al Estado-nación.[23] La fragmentación social y cultural de una época postnacional debería, según Habermas, encontrar la solución en el fortalecimiento de los principios universalistas ligados a la plena vigencia de las normas del Estado de Derecho, a la defensa permanente de los Derechos Humanos y al respeto y reconocimiento de las pluralidades de los modos de vida y de las diferencias culturales. Siguiendo la idea del sociólogo y filósofo alemán, puede decirse que en los casi treinta años de transición a la democracia, el tema de los Derechos Humanos ganó una importancia notable en los debates nacionales. Las discusiones sobre el Estado de Derecho nunca en épocas anteriores fueron objeto de tanto interés para la ciudadanía: se han multiplicado las entidades que reclaman por un mejor y más equitativo funcionamiento de la justicia; las entidades y organizaciones sociales de autorepresentación de sectores de la sociedad civil han introducido en la escena pública demandas materiales y simbólicas de los más distintas características; las protestas por cuestiones relacionadas con las discriminaciones de diversos órdenes ganaron legitimidad en la opinión ciudadana. La accidentada historia política argentina aquí sumariamente esbozada deja, sin duda, muchas preguntas abiertas sobre la continuación del actual proceso de transición a la democracia. Bajo múltiples aspectos, los elementos propios de los patriotismos constitucionales se entremezclan con las persistencias de las desconfianzas que desalientan la mayor participación política de la ciudadanía. Una y otra dimensión de esa realidad constituyen rasgos característicos de la presente época de la modernidad y, quizás, la Argentina tenga a favor de la profundización de la primera la memoria fresca de sus fracasos en materia de convivencia política democrática.
Notas
[1] Moore, Barrington Jr. : Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno, Barcelona, Península, 1973, pp. 421-422.
[2] "Carta de Marx a Weydemeyer, 7 de marzo de 1852" en Marx, Carlos y Federico Engels: Correspondencia, Buenos Aires, Editorial Problemas, 1947, p. 71.
[3] Levene, Ricardo: Historia de las ideas sociales argentinas, Buenos Aires, Colección Austral, 1947, p. 151.
[4] Justo, Juan B. "La teoría científica de la historia y la política argentina", publicado en Socialismo, Buenos Aires, Librería de la Vanguardia, 1920, p. 22.
[5] Ramos Mejía, José. M: Las multitudes argentinas, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1977, p. 111.
[6] Ibidem.
[7] Irazusta, Julio Influencia británica en el Río de la Plata, Buenos Aires, EUDEBA, 1984, p. 23.
[8] Quesada, Ernesto: La época de Rosas, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1926, cap. 2.
[9] Matienzo, José Nicolás: El régimen republicano-federal, Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación, 1994, p. 218.
[10] Posada, Adolfo: La República Argentina, Buenos Aires, Hyspamerica, 1986, p. 213
[11] Matienzo, José Nicolás: op. cit. p. 153-154 y Posada, Adolfo: op. cit. p. 210
[12] Matienzo, José Nicolás: ibídem p. 155.
[13] Durkheim, Ëmile: L`Année Sociologique (1900-1901), Paris, Alcan, reproducido en Durkheim, Émilio Journal sociologique, Paris, Presses Universitaires de France, 1969, p. 385
[14] Matienzo, José Nicolás: Remedios contra el gobierno personal, Buenos Aires, Librería Anaconda, 1931, p. 84.
[15] Ibídem. P. 88.
[16] Cossio, Carlos: La revolución del 6 de septiembre, Buenos Aires, Librería y Editorial La Facultad, 1933, p. 146.
[17] Matienzo, José Nicolás La revolución de 1930 y los problemas de la democracia argentina, Buenos Aires, Librería Anaconda, 1930, p. 49.
[18] Germani, Gino: Autoritarismo, fascismo y populismo nacional, Buenos Aires, Temas, 2003.
[19] Ibídem. p. 128-129
[20] Perón, Juan: De la primera clase sobre la materia 'Conducción Política' en la Escuela Superior Peronista, 15 de marzo de 1951, en Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, Buenos Aires, 1951, p. 104.
[21] Citado en: Melo, Carlos R: Los partidos políticos argentinos, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1964, p. 69.
[22] Linz, Juan; "Crisis, breakdown and requilibration", in Linz, J. and Stepan, A., ed., The Breakdown of Democratic of Regimes. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978, p. 35.
[23] Habermas, Jürgen: La constelación posnacional Ensayos políticos, Barcelona, Paidós, 2000, pp. 81-146.
Recibido: 27.9.10
Aprobado definitivamente: 28.11.10