CONFIGURACIONES DEL PODER EN ARGENTINA
Las estadísticas oficiales en Argentina ¿Herramientas u obstáculos para las ciencias sociales?
Official statistics in Argentina. Useful tools or obstacles for the social sciences?
Javier Lindenboim*
* Director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), FCE-UBA; Investigador Principal del CONICET. Se agradecen los comentarios de los licenciados Agustín Arakaki y Jimena Valdez a una versión preliminar de este texto. Correo: lindenboim. uba@gmail.com
RESUMEN
Todo
país moderno procura disponer de sus propios registros intentando atender a las
definiciones, pautas y criterios de orden científico acerca de las estadísticas
y también las recomendaciones de los organismos internacionales de diverso tipo.
Por lo común, dichas estadísticas
tienden a configurar un entramado de alta densidad porque conceptualmente los
indicadores son más débiles cuánto más aislados se encuentren. Es decir, casi
ningún indicador tiene sentido por sí sólo ni puede generarse al margen del
resto.
En ese marco, el presente texto
propone reflexionar acerca de la relevancia que tiene la existencia y
disponibilidad de información económica, social, demográfica, etc., que sea
confiable, actualizada y comparable históricamente. No constituye, por cierto,
un texto propio de la ciencia estadística. Lo que se procura es, apenas, llamar
la atención en torno de la pertinencia que tiene la estadística pública no sólo
para los propósitos académicos mencionados sino para el ejercicio de la gestión
estatal en sus diversas expresiones y, en un sentido más amplio, para las
variadas formas de actividad social.
Palabras clave: Estadisticas públicas; Ciencias sociales; Fuentes de información; Argentina
ABSTRACT
Every modern country
strives to have their own official records at their disposal in order to respond
to statistics-related definitions, guidelines and scientific criteria as well
as recommendations by internationals organizations of various kinds.
Usually, such
statistics tend to configure a high density framework because conceptually the
more isolated the indicators are, the weaker they become. In other words,
almost no indicator makes sense by itself nor can be generated if divorced from
or unrelated to the rest.
In this context, the following
text is set out to ponder over the relevance of the existence and of the
availability of economic information, as well as social, demographic, etc.,
that is reliable, updated and historically comparable. It does not constitute a
text that's exclusive to statistical sciences, however. It is the
intention of the present text to simply draw attention around the relevance of
public statistics not only for the mentioned academic purposes but for the
exercise of government administration in its various expressions and, in a
broader sense, for the numerous forms of social activity.
Keywords: Official statistics; Argentina; Academic research; Governance
SUMARIO
Introducción.El Sistema Estadístico Nacional (SEN).Un breve repaso.Distorsiones en el pasado reciente.La medición de la pobreza y la indigencia ¿efectos no queridos? Una obligación imprescindible hacia delante.Anexo: Censos de población, Censos Económicos, Encuestas a hogares, Series sobre salarios, Cuentas nacionales. Referencias bibliograficas.
*****
Más allá de procurar atender las definiciones, pautas y criterios de orden científico acerca de las estadísticas y también las recomendaciones de los organismos internacionales de diverso tipo (Organización de las Naciones Unidas, Oficina Internacional del Trabajo, por ejemplo), todo país moderno procura disponer de sus propios registros. Estos pueden, inicialmente, identificarse con un conjunto amplio y confiable de informaciones que representen a cabalidad el desempeño económico, social, fiscal, etc. de modo de facilitar la construcción de metas a alcanzar por la sociedad en cuestión y de identificar los instrumentos habitualmente propuestos por el gobierno de turno- para el logro de aquellos propósitos u objetivos.
Por lo común, dichas estadísticas tienden a configurar un entramado de alta densidad en un doble sentido. Por una parte, porque conceptualmente los indicadores son más débiles cuánto más aislados se encuentren. Al propio tiempo, porque desde el punto de vista metodológico u operacional son, crecientemente, parte constitutiva de una construcción definida como un sistema estadístico. Es decir, casi ningún indicador tiene sentido por sí sólo ni puede generarse al margen del resto.
Por lo general, las estadísticas de carácter socio económico se sustentan en los datos que libre y colaborativamente proporciona la población, ya sea en sus casas (ante los censos de población o encuestas a hogares) o en las unidades económicas, al cumplimentar los diversos tipos de registros o al responder a relevamientos generales o sectoriales. En este sentido, indudablemente, la construcción de la "conciencia estadística" en la sociedad es una labor cultural de primera importancia que recae de manera preponderante en el organismo o conjunto de organismos que tienen tal cometido específico. De manera que además de la excelencia y solvencia de tales entidades, se hace necesario tejer un vínculo de confianza y respeto recíprocos entre los institutos estadísticos y la población en general. Como toda construcción social se trata de una tarea de largo aliento que requiere mucho esfuerzo, mucha perseverancia y una preocupación específica por evitar cualquier tipo de circunstancia que atente contra esa vinculación.[1]
En este sentido, el caso de Argentina no deja de ser llamativo: el organismo rector en materia de estadísticas públicas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) constituye, hasta ahora, el último eslabón de una extensa cadena de formas y denominaciones diversas para el principal organismo estadístico del país.[2] Según la norma constitutiva, conforma la cabeza del sistema estadístico nacional y como tal orienta la labor de los institutos provinciales correspondientes. Además, llegó a constituirse en referente indiscutido a nivel de la región latinoamericana. En la primera década del siglo XXI la armonización estadística en el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) ha tenido en el INDEC a uno de sus actores principales y más dinámicos.[3]
En ese marco, el presente texto propone reflexionar acerca de la relevancia que tiene para el desarrollo de las tareas propias de las disciplinas sociales- la existencia y disponibilidad de información económica, social, demográfica, etc., que sea confiable, actualizada y comparable históricamente. No constituye, por cierto, un texto propio de la ciencia estadística. Lo que se procura, apenas, es llamar la atención en torno de la pertinencia que tiene la estadística pública no sólo para los propósitos académicos mencionados sino para el ejercicio de la gestión estatal en sus diversas expresiones y, en un sentido más amplio, para las variadas formas de actividad social.[4]
Las autoridades y el personal del INDEC, en su extensa trayectoria, desarrollaron tareas y capacidades meritorias. Claro que también se cometieron errores. El balance, al menos hasta mediados de la década actual fue sin duda positivo. En cuanto a los vínculos entre el INDEC y las autoridades gubernamentales, no siempre fueron armoniosos. También se registraron desacuerdos con decisiones del Instituto, en ciertas ocasiones, de parte de usuarios relevantes.
Pero nada de todo ello justifica la imposición de criterios no académicos que, en modo alguno, fueron puestos en marcha con el propósito de superar eventuales errores del pasado. Y, en especial, lo que no tiene antecedentes es el modo y el contenido de la acción gubernamental sobre la estructura del organismo, sobre el contenido de la labor cotidiana y sobre las personas a cargo, como se ha visto en los años recientes en el organismo responsable del Sistema Estadístico Nacional de la República Argentina.
El Sistema Estadístico Nacional (SEN)
En cualquier país las estadísticas públicas conforman un agregado no arbitrario. Son, o tienden a ser, un verdadero sistema. En Argentina, el INDEC es nada menos que la cabeza del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Pero más allá de lo institucional, lo importante es que se trata de datos e indicadores con un importante grado de interconexión. El IPC no sólo es por ley el referente obligado de arreglos contractuales públicos y privados, sino que influye de distintas maneras en la determinación de otras variables. Veamos un ejemplo simple: se menciona habitualmente la variación del volumen de ventas de shoppings y supermercados. Lo que se conoce es la evolución de las cuantías nominales, pero para conocer el cambio "real" es necesario deflactar esos montos, es decir transformar los valores nominales en valores constantes descontando la inflación. Si las ventas pasaron de 100 a 120 y la variación de precios fue efectivamente del 7 u 8% anual, el incremento en términos reales es superior al 10%. Pero si los precios variaron un 20%, el cambio en bienes y servicios fue inexistente.
Más allá de la sencillez del ejemplo, esto sirve para entender por qué al haberse falseado la estadística del índice de precios se hicieron visibles otras contradicciones que empujaron a que se fueran "tocando" otros datos. Guste o no, el conjunto de las estadísticas se conjuga en un Sistema Estadístico con todo lo que esto implica. Por varios caminos, mucho más complejos que lo ilustrado aquí arriba, hoy existen dudas razonables sobre la cuantía misma del crecimiento económico.[5]
Con el propósito de trascender el debate eventualmente mezquino circunscripto a algunas de las tareas del INDEC e incluso para ir más allá de nuestro propio país, se destaca en el recuadro siguiente las premisas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para el desempeño de los organismos oficiales productores de estadísticas públicas.
Un excelente marco de referencia |
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1.Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al Gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin, los organismos oficiales de estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados. 2.Para mantener la confianza en las estadísticas oficiales, los organismos de estadística han de decidir, con arreglo a consideraciones estrictamente profesionales, incluidos los principios científicos y la ética profesional, acerca de los métodos y procedimientos para la reunión, el procesamiento, el almacenamiento y la presentación de los datos estadísticos. 3.Para facilitar una interpretación correcta de los daos, los organismos de estadística han de presentar información conforme a normas científicas sobre las fuentes, métodos y procedimientos de la estadística. 4. Los organismos de estadística tienen derecho a formular observaciones sobre interpretaciones erróneas y la utilización indebida de las estadísticas. 5. Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse de todo tipo de fuentes, ya sea encuestas estadísticas o registros administrativos. Los organismos de estadísticas han de seleccionar la fuente con respecto a la calidad, la oportunidad, el costo y la carga que le impondrán. 6. Los datos que reúnan los organismos de estadísticas para la compilación estadística, ya sean que se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos. 7. Se han de dar a conocer al público las leyes, reglamentos y medidas que rigen la operación de los sistemas estadísticos. 8. La coordinación entre los organismos de estadística a nivel nacional es indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del sistema estadístico. 9. La utilización por los organismos de estadística de cada país de conceptos, clasificaciones y métodos internacionales fomenta la coherencia y eficiencia de los sistemas estadísticos a nivel oficial 10. La cooperación bilateral y multilateral en la esfera de la estadística contribuye a mejorar los sistemas de estadísticas oficiales en todos los países |
Fuente: NACIONES UNIDAS, Principios fundamentales de las estadísticas oficiales, NY, 1994 |
Un breve repaso[6]
"Nada más importante que tener un conocimiento exacto de la riqueza y fuerza de los Estados; este es el objeto de la ciencia Estadística y su fin para proceder con acierto en todas las disposiciones que se dirijan al orden económico a efecto de fomentar la Agricultura, animar la Industria y proteger el Comercio, como que son los arcos torales de la felicidad pública { ... } Esos datos son necesarios, son útiles y en vano es creer que sin ellos se puedan tratar con acierto, según que lo desean nuestros jefes, las materias interesantes a la causa común del Estado: sin conocimientos de la fortuna pública, de las necesidades y recursos de estas Provincias, no es posible que se dicten las providencia más convenientes a la felicidad general. "
Manuel Belgrano, Correo de Comercio, 14-4-1810
A lo largo del siglo XX, la producción estatal de estadísticas en Argentina fue evolucionando al ritmo de fenómenos contradictorios, a tal punto que visualizar la línea tendencial de los cambios habidos resulta una tarea nada sencilla.
En la primera mitad del siglo hubo apenas dos censos de población, separados por algo más de tres décadas (1914 y 1947).[7] No obstante, se multiplicaron los registros del Departamento Nacional del Trabajo[8] y con la creación simultánea del Banco Central se articuló un amplio espectro de información económica y financiera. A partir del año 1935, los llamados censos económicos (concentrados en la actividad industrial) se fueron realizando aproximadamente- con ritmo decenal. No ocurrió lo mismo con los censos agropecuarios, cuya ejecución fue mucho más irregular. Por otra parte, la información sobre distribución del ingreso entre trabajadores y empresarios estuvo en un primer período a cargo de la Secretaría de Asuntos Económicos, luego del Banco Central y, finalmente, del Ministerio de Economía.
Los cambios de criterios, de formas de relevamiento o de organismos a cargo resultaron en algunas ocasiones de instancias de mejoramiento técnico, pero a menudo las tareas fueron afectadas por el escaso cuidado en la preservación de la comparabilidad. Es el caso, por ejemplo, de la fecha de realización de los censos económicos (sucesivamente octubre, abril, julio, abril, septiembre, mayo, abril, julio), cuya variación implica eventuales diferencias insolubles, debidas a la estacionalidad.[9]
En la segunda mitad del siglo se iniciaron los relevamientos relativos a los hogares y a la participación en el mercado de trabajo. A mediados de los años sesenta se lanzó la Encuesta de Empleo y Desempleo; la cual fue reemplazada luego de un decenio por la Encuesta Permanente de Hogares, que durante un cuarto de siglo se realizó dos veces por año y que pasó de cubrir sólo el Área Metropolitana a abarcar una treintena de aglomerados urbanos. En 2003, fue reemplazada por un relevamiento similar, pero de carácter continuo.
Sin lugar a dudas, toda sociedad necesita disponer en tiempo y forma de un conjunto de informaciones que permitan delinear y poner en práctica acciones en los más diversos campos (salud, educación, vivienda, política económica, distribución del ingreso, etc.) y, por supuesto, evaluar sus resultados. El Estado no puede gestionar ni gestionarse sin esa información y es al mismo tiempo el principal responsable de su producción con los mayores estándares (posibles) de calidad. Por lo tanto existe un abismo insalvable entre registrar potenciales falencias en tal cometido y poner en evidencia lisa y llanamente su manipulación. Esto es lo que sucede en Argentina desde el inicio de 2007.[10]
Distorsiones en el pasado reciente
La descripción de tan ominoso cometido no es una tarea sencilla. En los apartados que siguen se enumeran apenas evidencias necesariamente parciales e incompletas.
a) La primera "baja": El Índice de Precios al Consumidor
En la jerga de los economistas, "salario real" es la expresión que denomina cierta manera de medir las posibilidades de adquirir bienes o servicios con el ingreso laboral percibido. En rigor, es más fácil imaginar este concepto en su sentido de cambio o modificación: cuánto mejoró o empeoró dicha capacidad de compra del salario. Para ello hacen falta dos elementos (como las dos hojas de una tijera): por una parte cierta medida del cambio en el ingreso en moneda corriente y, por la otra, cierta medida del cambio en los precios de aquellas cosas en que se utiliza aquel ingreso.
Desde la década de los años veinte en Argentina se dispone de un indicador para ese propósito, cuyo nombre actual es el de Índice de Precios al Consumidor (IPC).[11]
Un instrumento de este tipo requiere responder algunas preguntas como por ejemplo ¿la situación de qué conjunto de personas o familias es deseable considerar? En algún momento se tomó como referencia a un obrero industrial, en otro se incluyó a empleados, a veces se refería sólo a la Ciudad de Buenos Aires, otras se ampliaba a residentes en el Conurbano, más tarde se definió que importaba no sólo el consumo de los asalariados y se buscó incluir a prácticamente la totalidad de las familias.
Una vez definido esto es necesario determinar qué contiene el consumo familiar a sabiendas de que el mismo se compone de cosas que se adquieren diariamente o más o menos a menudo pero también de otras que se adquieren de modo ocasional o muy de vez en cuando. Por eso, determinar los gastos familiares lleva su tiempo.
El período respecto del cual se aplica esa estructura de gastos para analizar la variación de los precios de los rubros que contiene se llama año base. Luego del primer ejercicio de los años veinte hubo sucesivos años tomados como base: 1933, 1943, 1960, 1974, 1988, 1999. Y hacia fines de 2006 se estaba preparando una nueva actualización[12] basado en la estructura de precios registrada a mediados de la década actual, con destino a la creación de un nuevo índice de alcance nacional. Ese proceso fue interrumpido, de hecho, por la alteración del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires: sin anuncio oficial previo y sin mediar debate académico o técnico de ningún tipo que pudiera orientar sobre eventuales cambios derivados de tales análisis, el año 2007 se inició con la irrupción en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de grupos crecientes de personas que impusieron instrucciones verbales destinadas a "ajustar" el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esos grupos que actuaban en nombre de la Secretaría de Comercio Interior y no de la Secretaría de Programación Económica, de la que en ese entonces dependía el INDEC impusieron nuevas modalidades en la mayor parte de los procedimientos relacionados con el IPC del Gran Buenos Aires, alterando la comparabilidad de la serie, pero sin hacer explícitas las modificaciones, ya que por lo general se hacían de manera no escrita. Un año después, en mayo de 2008, se anunciaba un nuevo índice de precios en reemplazo del anterior sin garantizar el habitual período de superposición para permitir lo que se denomina el "empalme" de las series. Al mismo tiempo se discontinuaba el índice de alcance nacional que venía estimándose desde tiempo atrás y se obligaba a algunas oficinas provinciales de estadísticas a alterar sus estimaciones para disimular lo operado en el IPC del Gran Buenos Aires. Tal fue el caso de la provincia de Mendoza, que cobró notoriedad a fines de 2007 y a partir del cual se inició un expediente judicial en torno de la manipulación a nivel nacional.
Como es sabido el forzamiento arbitrario de los valores del IPC tiene estrecha relación con la estimación de la pobreza, lo que se expone un poco más adelante.
b) Un probable "justificativo"
Tiempo después de iniciado este proceso, se dejó trascender de manera informal nunca oficialmente que en realidad se estaban modificando las estadísticas con el propósito de evitar la ampliación del monto de capital de la deuda pública nominada en pesos y ajustable por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que variaba con el IPC. Argumento singular si los hay. El deudor (el Estado Argentino) ofreció en el momento de la renegociación de la deuda externa argentina (2004-2005) dos mecanismos: un título en pesos ajustable por inflación y otro con ajuste por crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En el primer caso el ajuste ampliaba el capital, en el segundo el resultado implicaba pagos anuales. Al reducir artificialmente el índice de precios se evitaba que en el futuro la deuda en pesos incrementara su monto, pero paradójicamente, al mismo tiempo, la otra mitad del endeudamiento terminaba generando más intereses debido a la parcial sobreestimación del crecimiento del Producto.
Cualquiera sea la razón de esta manipulación, sus efectos ominosos se fueron extendiendo a variados ámbitos de la producción estadística y, por tanto, a un vasto campo de la realidad socio económica y política. Como se señaló antes, las estadísticas públicas configuran un sistema que no puede ser alterado en alguno de sus componentes sin que sus efectos se manifiesten en otros elementos constitutivos del conjunto articulado.
c) Negociación salarial, "índice del supermercado" y consultoras privadas
La negociación entre trabajadores y empresarios, por ejemplo, a través de las comisiones paritarias reinstaladas después de la crisis de 2001-2002 requiere, entre otros factores relevantes, un parámetro de referencia. Para tal cometido hace falta un índice de precios que revele cómo se modificaron los valores de los bienes adquiridos con el salario y que permita estimar razonablemente su desempeño en un horizonte temporal inmediato, correspondiente al menos a la vigencia de la convención colectiva correspondiente. Pues bien, eso se rompió. Al punto que el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, en lugar de expresar su preocupación y rechazo ante una acción que desarma a los trabajadores, expresó casi con displicencia que no importaban los índices del INDEC, sino "el índice del supermercado".
Esa desafortunada afirmación, además de perjudicial para los trabajadores, es incorrecta. El índice de precios, aún el que representa a los sectores más humildes, está compuesto por muchas más cosas que las que se adquieren en las compras cotidianas: gastos escolares, vivienda, equipamiento hogareño, recreación, vestuario, transporte.
La distorsión producida desde comienzos de 2007 en este indicador ha sido de tal magnitud que los empresarios han admitido ajustar salarios por el doble o más de lo indicado en las estadísticas oficiales, sin que ello haya significado, como se comenta más adelante, un mejoramiento de los ingresos en términos reales. Recientemente inclusive se ha dado la extraña situación de que las tratativas obrero-patronales incluyan referencias distintas de las estadísticas oficiales.[13]
La distancia entre los resultados amañados y estimadores alternativos es de gran amplitud. En los gráficos que se incluyen a continuación puede observarse que tanto los resultados de una provincia como la de San Luis como un promedio de índices de varias aglomeraciones con registro de la variación de precios, evidencian que el IPC "oficial" computa apenas un tercio de la variación efectiva registrada en las demás jurisdicciones (Gráfico 1). La contracara inmediata es que el aparente incremento del salario real derivado de deflactar la variación media de los salarios por el índice del GBA (según el cual a comienzos de 2010 la capacidad de compra del salario sería un 50% superior al de fines de 2001) desaparece casi por completo pues con la variación de los precios de las provincias consideradas la variación en términos reales es casi imperceptible (Gráfico 2).
Las argumentaciones basadas en la "perversidad de las consultoras privadas", en el "interés de los acreedores de títulos externos" y otras ideas similares, caen por la contundencia del impacto efectivo, no imaginario, de los aumentos de precios sobre los sectores cuyos intereses suelen ser esgrimidos como destinatarios de las acciones públicas en la materia.[14]
d) Más estadísticas en duda: la Encuesta Permanente de Hogares
De manera complementaria puede observarse que los resultados más recientes provenientes de otra área sensible de las estadísticas oficiales, la Encuesta Permanente de Hogares, generan también serias inquietudes. A título de ejemplo, el contraste entre dos momentos críticos de la década actual sugiere comportamientos contradictorios: mientras la retribución del empleo asalariado privado registrado habría tenido un comportamiento similar durante la crisis de 2002 y la recesión de 2009 (16,2% y 17%, respectivamente), los asalariados no registrados habrían tenido una pérdida de algo más del 6% en 2002 pero en 2009 no sólo no declinaron sus ingresos sino que se incrementaron aún más que los de los registrados: 25,7%[15]
Otro dato difícil de comprender es el que resulta del comportamiento del empleo en algunos momentos particulares. Como se verá enseguida, la creación neta de puestos de trabajo fue de gran relevancia entre fines de 2003 y fines de 2006, con tendencia lógica a su disminución. Ya el año 2007 muestra un estado preocupante: si en 2006 se habían creado casi 600. 000 nuevos puestos en el total urbano, en 2007 apenas se superaron los 200. 000.
Así las cosas durante los tres primeros trimestres de 2008 los nuevos puestos fueron algo más de 100. 000 aproximadamente treinta mil por trimestre. Pero he aquí que los datos de las nuevas bases (difundidas con mucha demora) correspondientes al cuarto trimestre de 2008 exhiben un incremento de 350. 000 nuevas ocupaciones. Téngase en cuenta que se trata del momento en el que empieza a recibirse el impacto de la crisis internacional que dio lugar a importantes medidas oficiales tendientes a evitar la ruptura de contratos laborales, como por ejemplo el programa de Recuperación Productiva (REPRO), y también del anuncio de otras medidas anticíclicas. Una cosa es haber tenido éxito en evitar la caída del empleo y otra muy distinta es recuperar una dinámica proporcionalmente más intensa que la del período 2003-2006.[16]
El Cuadro 1 permite visualizar el cambio abrupto evidenciado por la dinámica del mercado de trabajo, haciendo abstracción de que el segundo trienio aquí considerado comprende de modo predominante la información producida por el "nuevo" INDEC. La dinámica de la fuerza laboral (5,6%) fue superior al aumento poblacional en los primeros años poscrisis. Pero luego ese ritmo no pudo ser sostenido, cayendo a poco más de una cuarta parte del valor inicial (1,6%).
Cuadro 1. Evolución del mercado
de trabajo. Total urbano. Variación acumulada (%)
Seguramente el dato más importante en términos de lo que se venía señalando es el de la ocupación. Excluyendo a los beneficiarios de planes sociales se aprecia que en el primer trienio la creación de puestos de trabajo promedió valores cercanos a los de crecimiento económico, acumulando un 18,2%. El contraste con el siguiente lapso no puede ser más intenso pues se desploma a poco menos del cinco por ciento -es decir también aquí el nuevo valor es apenas una cuarta parte del precedente.
Utilizando las tasas provistas en los informes de prensa de la EPH (aplicándolas a los valores absolutos iniciales y extrapolando al total urbano nacional) se puede observar la dinámica del mercado de trabajo urbano hasta mediados del corriente año 2010. Como en el cuadro anterior, en este Cuadro 2 se distingue la información considerando a los beneficiarios de planes sociales como ocupados[17] o no.
Cuadro 2. Crecimiento acumulado
del empleo. Total Urbano (porcentaje)
La creación acumulada de puestos de trabajo netos de planes de empleo- en los primeros cuatro años de la actual gestión representó una ampliación del orden del 25%[18] es decir un promedio algo superior al 6% anual. De haberse mantenido ese ritmo, en el trienio último (entre 2007 y 2010) el aumento del empleo debió alcanzar valores próximos al 20%. Sin embargo el acumulado registrado a partir de los informes de prensa de EPH muestran apenas un 5%. Debe notarse que al tomarse hasta el segundo trimestre de 2010 se incluyen ya al menos dos trimestres de recuperación poscrisis. El cambio en el funcionamiento del mercado laboral es indudable.
Este rápido repaso da cuenta de la complejidad involucrada. Al esfuerzo por interpretar la realidad a través de la información socioeconómica se agrega ahora el esfuerzo por evaluar la calidad y pertinencia de esa misma información. La pérdida de dinámica en la creación de empleo luego del boom de 2003-2006 ¿se "debe" a la presumible manipulación de los datos de la EPH o se percibe gracias a su propio peso, "pese" a tales procedimientos?
Por supuesto uno de los impactos de mayor notoriedad en estos temas es el relativo a la estimación de la incidencia de la pobreza y la indigencia. A ese tema dedicamos el apartado siguiente.
La medición de la pobreza y la indigencia ¿efectos no queridos?
Al igual que la mayoría de los gobiernos sudamericanos contemporáneos, las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se han planteado el propósito de disminuir significativamente la incidencia de la pobreza y de la indigencia en Argentina. Y, como en el resto de los países de la región, en los primeros años de gestión posterior a la crisis la mejoría ha sido notable. Pero en Argentina, a partir de 2007 se evidenciaron, en simultáneo, dos fenómenos. Por un lado, se abrió una brecha entre las estimaciones oficiales y aquellas provenientes de otras fuentes. Por el otro, hay indicios suficientes para pensar que por lo menos se ha detenido la mejoría que venía observándose en materia de disminución de la incidencia de la pobreza y de la indigencia.
Los indicios pueden resumirse así. La situación socioeconómica de la población ha venido mejorando significativamente en el marco de una recuperación del dinamismo económico producto de la conjunción entre las políticas económicas aplicadas desde 2002 y las nuevas condiciones internacionales. Hasta 2006 ello se manifestó en el notable aumento del empleo así como, parcialmente, en una mejoría del salario real. Desde 2007, como consecuencia de que la absorción ocupacional basada en la capacidad ociosa se habría colmado[19], se debilitó primero (2007) y desapareció después (2008-2009) el factor empleo como dinamizador de los ingresos.
Paralelamente, la estimación del salario real, tal como se expone en el Gráfico 2 es dependiente del índice que se utilice para deflactar los ingresos nominales. Por lo demás, habida cuenta de la heterogeneidad del comportamiento de los salarios en distintos subsectores (sector privado protegido, sector público, sector precario) es posible asumir que los salarios al menos en promedio también habrían perdido el relativo dinamismo de los años previos.
Como ya se ha señalado, para conocer el número de personas o de hogares en condición de pobreza o indigencia se requiere de datos que o bien no existen o bien no son confiables. Dos son los elementos clave que hacen falta: el costo de la canasta de bienes y servicios (básica para la pobreza, alimenticia para la indigencia) y los ingresos obtenidos.
Lo primero ya no puede derivarse de los datos del índice de precios oficial. Y por cierto, ninguna medición alternativa puede reemplazar en extensión y profundidad al relevamiento del INDEC. Pero si éste es falaz, entonces es necesario apelar a otros datos; de éstos hay varios, no muy coincidentes.[20] Lo segundo (ingresos, participación en el mercado laboral, etc.), por su parte, se obtiene de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Pero he aquí que a principios de 2007 los funcionarios encargados de la EPH se negaron a calcular la pobreza con una canasta "depreciada" por la manipulación del Índice de Precios al Consumidor, razón por la cual fueron desplazados. Posteriormente, a raíz de la resistencia del personal interno y de los encuestadores se reemplazó a todos los involucrados en la EPH en el Gran Buenos Aires (habiéndose perdido un trimestre de datos en 2007). Simultáneamente con los desplazamientos de personal, sin explicaciones de ningún tipo, se dejó de cargar en el sitio internet del Instituto el material básico de la Encuesta: las Bases Usuarias.
Esta última decisión generó una acción judicial para acceder a esa información en los primeros meses de 2009. La iniciativa involucró a decenas de instituciones y un gran número de investigadores, encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que neutralizaba las acusaciones de intencionalidad política. Imprevista y milagrosamente, a fines de 2009 aparecieron nuevas Bases Usuarias. Éstas incluyen procesamientos y presentaciones distintos a los anteriores por lo que varios equipos de investigación se están ocupando actualmente de su evaluación.
Pero aún para su utilización acrítica, estas nuevas bases presentan inconvenientes. Los datos (trimestrales o semestrales) requieren, para asignar a cada hogar una posición determinada, incluir la referencia al mes al que corresponde su captación (y, por tanto, la canasta del mes que debe ser tenida en cuenta). En la actualidad esa información no se incluye en las Bases Usuarias "subidas" a la página de INDEC.[21]
Así se explica por qué los discursos oficiales afirman que la pobreza es muy baja y la indigencia casi inexistente, mientras que todas las estimaciones alternativas incluidas las consultoras privadas cercanas al Gobierno indican un piso de 25% de pobreza y un techo superior al 30% y una indigencia no menor al 12%.
Una obligación imprescindible hacia adelante
Suele decirse (y con razón) que es mucho más sencillo destruir una casa que construirla. De allí que la mirada a futuro requiere varias acciones que confluyan en el propósito de reconstruir un sistema estadístico lo cual requiere una estructura que seguramente deberá ser reformulada.[22]
Mientras tanto se han registrado emprendimientos de gran envergadura como el Censo Agropecuario y más recientemente el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Ambos fueron encarados en este marco de incertidumbre. Hasta que se conozcan los resultados del Censo realizado el pasado 27 de octubre, sólo se sabe que las autoridades del INDEC decidieron prescindir de los equipos experimentados propios, desplazaron a sus responsables como ya había ocurrido con el inconcluso Censo Agropecuario de 2008 y se refugiaron en respuestas equívocas, como aquellas brindadas al Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), integrado por cinco universidades nacionales.[23]
Cuando el CAES en efecto- requirió información acerca de las consultas a los núcleos de especialistas (lo cual era una práctica habitual en los censos previos) la respuesta fue que se había consultado a los Ministerios y organismos oficiales "pertinentes", y a Organizaciones No Gubernamentales. Se deduce por lo tanto que los especialistas no merecen ser consultados. De hecho, la Asociación de Estudios de Población de Argentina (AEPA) presentó a principios de mayo de 2010 un documento[24] alertando sobre algunas debilidades detectadas y sugiriendo algunas acciones, pero ni siquiera se le dio acuse de recibo.[25]
Con todo, es deseable que el operativo resulte efectivamente exitoso, pues su información será la base de múltiples acciones en el próximo decenio, además de que habrá de servir de punto de referencia para eventuales ajustes en los niveles de representación política en diferentes niveles jurisdiccionales.
En estos casi cuatro años se ha dilapidado gran parte de la experiencia acumulada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, que incluía un rol señero en América Latina. Se ha perdido un variado número de instrumentos imprescindibles para la acción estatal y para el funcionamiento de la sociedad. Se ha vedado a los trabajadores uno de los elementos necesarios para su accionar tanto en lo que hace a las convenciones colectivas de trabajo como a las discusiones en torno del Consejo Nacional del Salario, la Productividad y el Empleo integrado por trabajadores, empleadores y el Estado. Se ha herido (¿de muerte?) la confianza de la población en el INDEC y, por ende, en el Estado mismo, con el deterioro de la calidad de cualquier información recabada o construida por el instituto oficial. En definitiva, se ha incumplido una obligación elemental del Estado.
No debe omitirse que estas distorsiones intencionadas o no- pueden resultar en piezas claves de la interpretación histórica, ya que pueden servir para ilustrar los procesos reales vividos o para construir una versión de hechos inexistentes pero que cobran vida a partir de su repetición.[26]
Así, mientras en muchos países de la región se perfeccionan los instrumentos estadísticos para garantizar los derechos de las personas, Argentina parece tomar el camino contrario. El derecho a la información no es sólo una argumentación válida para una discusión mediática, sino que incluye, fundamentalmente, el acceso al conocimiento circunstanciado de la realidad económica, social, institucional, resultado de (o vinculada con) la acción estatal. Y, por ello, más allá de otras consideraciones pertinentes, debe hacerse valer su cumplimiento. Se trata en definitiva de un derecho humano tan esencial como otros que suelen presentarse de manera más evidente. Por cierto, no tan urgente como el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, pero igualmente básico. En todo caso es diferente.
ANEXO[27]
" ... (en la actualidad) la República Argentina no dispone de un sistema estadístico abarcador, capaz de dar cuenta -temática y temporalmente- de la evolución secular de las variables relevantes en la mayor parte de las cuestiones que nos propongamos analizar. "
Javier Lindenboim, 2007:285
La situación presente es en cierto modo producto también de un proceso de auge y declinación, en este caso de los contenidos y las prácticas relativas a la constitución, preservación y mejoramiento de un sistema estadístico nacional. Las series estadísticas sobre empleo, desempleo, producción, productividad, ingresos, calificación de la fuerza laboral, y otros atributos del puesto de trabajo (categoría ocupacional, rama de actividad de la unidad económica, etc.) o de la persona (edad, género, nivel educativo alcanzado, etc.) se pueden calificar de insuficientes y/o escasamente aptos, sea para propósitos analíticos o para la elaboración de políticas o programas de acción pública.[28]
Las estadísticas ocupacionales en Argentina, por caso, refieren a momentos separados temporalmente (los siete Censos Nacionales levantados entre 1914 y 2001, inclusive), o bien una cobertura continuada pero dentro de un período acotado (la Encuesta Permanente de Hogares, que toma el último cuarto del siglo XX). Unas y otras, además, adolecen de no pocas diferencias metodológicas (entre sí e internamente) a través del tiempo.
Algo similar ocurre con la información correspondiente a la medición de la actividad económica (producción, producto, valor agregado o ingreso) y de la captación de ingresos monetarios por parte de los partícipes en el proceso productivo (salarios, rentas, ganancia empresaria, ingresos por cuenta propia, etc.).
En los párrafos que siguen trataremos de hacer un recorrido, necesariamente incompleto, por este universo que sostiene (o, mejor dicho, debiera sostener) los análisis sobre el devenir económico y social de nuestro país.
Luego del Censo de 1914 no se realizó otro hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en 1947. Los sucesivos (1960, 1970 y 1980) no sólo cumplieron con la recomendación internacional de realizarlos en los años terminados en 0 sino que, en materia de participación económica de la población, fueron incorporando los criterios referidos a la determinación del carácter activo o no de los habitantes y su composición (ocupados o desocupados) con razonable continuidad en los resultados de la serie.
En el año 1991 se introdujeron cambios que no permiten una comparación consistente con los censos precedentes (al respecto puede consultarse, entre otros, Giusti y Lindenboim, 1997). De manera harto resumida, el nudo problemático reside en que, como consecuencia de la decisión de mejorar la cobertura de la población activa (en materia de género, respecto de las mujeres, en materia territorial respecto de las actividades rurales y en materia sectorial respecto de nuevas y difundidas tareas asociadas con un proceso de mayor división social del trabajo), se aplicaron nuevas metodologías y criterios de captura de la información que tuvieron éxito en tales propósitos; pero no fueron acompañados de (o al menos no fueron operacionalizados) mecanismos que permitan -al mismo tiempo que disponer de mejor información de allí en adelante- mantener la imprescindible comparabilidad con la serie histórica correspondiente.
El siguiente censo, que tampoco se realizó en un año terminado en 0 y que hubiera debido permitir completar el análisis del siglo XX, sufrió demasiados inconvenientes durante su realización[29], limitando mucho la utilización de sus resultados en estas materias. En ambos censos, los ajustes que deben ser realizados a los resultados oficiales en materia de participación ocupacional de la población pueden servir -en el mejor de los casos- para modificar los valores globales de la ocupación, pero no permiten homogeneizar con el pasado componentes tan relevantes como las categorías ocupacionales, las ramas de actividad y otros atributos.
De allí que en el texto se alude a los datos de 1991 y 2001 en un doble sentido: tomando los valores originales y los valores "ajustados" mediante la aplicación de mínimos criterios de comparabilidad histórica, pero que no son producto del relevamiento censal propiamente.
Respecto de los Censos Económicos, debe tenerse presente que los que reciben esa denominación son básicamente industriales. Se han desarrollado, con bastante irregularidad, censos agropecuarios cuya naturaleza y resultados requiere tratamientos singulares. Los restantes también tuvieron una suerte dispar.
Luego del gran Censo de 1914 (que cubrió tanto los atributos de la población como las actividades económicas), se realizó un censo específicamente económico en 1935, promediando la década en la que el crecimiento de las actividades industriales era más que notable. Inmediatamente se continuaron tareas de actualización no censales cada dos años hasta 1943. Junto con el Censo de Población de 1947 también se levantó un censo económico "urbano". A ese relevamiento le siguieron los de 1954, 1964, 1974 (cumpliendo las recomendaciones internacionales de realizarlos en los años terminados en 4) en los que sucesivamente se fueron modificando los criterios de definición tanto de la unidad de observación (el establecimiento), como del gran sector de pertenencia: industria, comercio, servicios, en ocasiones también minería o construcción. También fueron modificándose internacionalmente las clasificaciones (Clasificación Internacional de Industrias Uniforme CIIU) y fueron variando las épocas del año en que se relevaron (abril, julio, abril, setiembre en los cuatro censos de posguerra). Posteriormente en 1985, 1995 y 2005 se agregaron nuevos elementos de heterogeneidad en materia de relevamiento y compilación de resultados que hacen mucho más complejas las tareas de análisis histórico.
En definitiva, los censos económicos han tenido tantas modificaciones en sus criterios básicos (sobre la unidad económica, los sectores relevados, su clasificación sectorial, la fecha de realización) que su información posee escasa comparabilidad, al menos tomando sus resultados tal como en su momento se han difundido (Lindenboim, 1984 y 1992).
En materia de Encuestas a Hogares está cubierto un decenio inicial desde 1963 con la Encuesta de Empleo y Desempleo, reemplazada a partir de 1974 por la -más conocida- Encuesta Permanente de Hogares. Esta última, luego de tres décadas cambió su carácter semestral (aunque durante algunos años había intercalado un relevamiento en agosto) de captura de información por el denominado método continuo de relevamiento, publicándose de esa forma a partir de 2003.
También en este caso si bien habría casi medio siglo de relevamientos hechos a los hogares, no resulta factible realizar un análisis de carácter histórico porque se trata de tres tipos distintos, con propósitos, coberturas y metodologías no necesariamente compatibles.
Por otra parte, el último cambio -operado inicialmente en medio de la hecatombe de 2002, pero iniciado como serie difundida a partir de 2003- no contó con adecuados ejercicios de compatibilización de resultados de ambas series (EPH puntual y continua), generando la necesidad de hacer adaptaciones que, al no haber sido elaboradas oficialmente por el organismo rector (INDEC) obliga a que los usuarios -sean éstos provenientes de ámbitos gubernamentales, académicos o comerciales (consultorías)- efectúen sus propias adaptaciones. Como consecuencia de todo ello no existe "una" serie de referencia. Por otra parte, durante un período importante el relevamiento cubría el área metropolitana central de Argentina y paulatinamente fue incorporando otras áreas urbanas de gran porte. Como consecuencia, las series de largo plazo sólo pueden operar con referencia al Gran Buenos Aires, ámbito que, por su parte, también modificó no sólo su tamaño sino su referencia territorial.
La encuesta continua incorporó además otras modificaciones conceptuales y operacionales -entre ellas referencias monetarias a períodos más o menos amplios (un trimestre o un semestre)- que pueden debilitar seriamente el significado y el uso de sus resultados.
Los datos de distribución personal del ingreso usualmente utilizados provienen de la EPH, en sus dos versiones: puntual, desde su inicio hasta mayo de 2003 y continua, a partir del 4º trimestre de 2003 hasta la actualidad, para el aglomerado GBA. Para el total de aglomerados urbanos, los datos disponibles a este respecto comienzan en 1994. El cambio de metodología que media entre ambas versiones plantea también aquí un problema de comparabilidad que no se ha solucionado de manera integral.
Las series de salario, nominal y real, a su turno, son parciales en materia temporal. Tampoco son representativas del conjunto de las actividades, alcanzando por lo general sólo a algunos sectores económicos. A partir de mediados de los años noventa se cuenta con la base de datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, resultado de las modificaciones introducidas en el régimen de retiro. Como es comprensible, dichos datos no permiten conocer la realidad de los asalariados con vinculación irregular o directamente sin cobertura legal.
Al mismo tiempo, distintos investigadores o instituciones tienden a construir sus propias series, provocando enormes disparidades a la hora de cotejar resultados alternativos.
Por último, pero no por ello menos importante, en materia de distribución del ingreso entre los participantes en el proceso productivo (distribución funcional), existe una nefasta combinación de largos períodos sin información oficial y diversidad de criterios que han sido sucesivamente utilizados, como se verá inmediatamente.
Los datos de cuentas nacionales
El último trabajo oficial que permite una investigación integral de la manera en que se reparte el producto social data de 1975 y es el del Banco Central de la República Argentina. En ese año se publicó el "Sistema de Cuentas del Producto e Ingreso de la Argentina", que cubre el período 1950 1973. Previamente, en 1955, la desaparecida Secretaría de Asuntos Económicos publicó un trabajo de similares características denominado "Producto e ingreso de la República Argentina en el período 1935-54".[30]
Con posterioridad al informe de 1975, existen dos estudios oficiales que intentaron suministrar datos con diverso éxito. En primer lugar, un esfuerzo conjunto entre el Banco Central y la Oficina de Buenos Aires de la CEPAL. Su objetivo residía en actualizar la metodología de las estimaciones con las recomendaciones internacionales y aplicarla al período 19801987, para continuar de allí en adelante. Desafortunadamente, su resultado no fue publicado de manera formal.[31]. Años más tarde, el Ministerio de Economía[32] elaboró una actualización, parcial, que incorporó parte de aquellos avances. De esta manera, hubo datos para el quinquenio 1993-1997, aunque no articulados como sistema (como había ocurrido con la publicación del Banco Central de 1975), ni tampoco comparables con las series preexistentes (incluyendo el valioso documento de mediados de los sesenta a cargo de CONADE-CEPAL). En todo caso, sus resultados fueron incorporados durante un tiempo en la propia página web del INDEC y del Ministerio de Economía y retirados posteriormente. Ya en este siglo, en 2006 la Dirección Nacional del Cuentas Nacionales divulgó a través de su página web una nueva serie también con base en 1993 que en un primer momento reunía datos hasta 2005. Posteriormente se agregaron estimaciones sobre 2006.
En lo que respecta a la labor de investigadores independientes o instituciones no oficiales durante ese largo período, podemos mencionar los siguientes trabajos: a) Dieguez y Petrecolla (1974) enfatizando el papel del sistema previsional; b) De Pablo (1977) analizando la distribución sectorial, c) Orsatti (1983) y d) de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE, 1983), ambos para el período de la dictadura militar, e) Beccaria y Orsatti para los veinte años transcurridos desde 1970 (Beccaria, 1991)[33]. Más allá de estos intentos, la dificultad para disponer de datos precisos alcanzó, para fines de la década del ochenta, un nivel muy significativo.
Más recientemente, una expresión más del renovado interés por el tema la constituyó la estimación realizada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para el período 2001 -2004 (CTA, 2004)[34].
Notas
[1] Dicha conexión puede ser no sólo virtuosa sino esencialmente imprescindible en función del propósito de alcanzar altos niveles de eficacia y credibilidad en los resultados de la labor de los institutos con tal tipo de cometidos.
[2] Según registros parlamentarios recientes la sucesión de denominaciones del organismo ha sido amplia pasando de la Oficina de Estadística Nacional, en 1856 hasta la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, creada un siglo después.
[3] El INDEC fue creado en virtud de la ley 17622 de 1968 en el ámbito del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). De esa forma se reemplazaba el ordenamiento estadístico previo sancionado por la ley 14046 de 1951. Dicha norma determinaba la creación de la Dirección General del Servicio Estadístico Nacional (DGSEN), dentro del Ministerio Secretaría de Estado de Asuntos Técnicos. Un año antes, el gobierno nacional firmó el Decreto 14700/50, donde se dice que "la lucha entablada por nuestro país para lograr su independencia económica ha sido ya definida en su favor ... y que por lo tanto ya no es necesario temer la acción de las fuerzas económicas contrarias a los intereses nacionales. Que, por ello, es conveniente dejar sin efecto algunas medidas que oportunamente fueron adoptadas durante la lucha económica mencionada; entre esas medidas se encuentra la que determinó la reserva absoluta de cifras estadísticas por parte del Poder Ejecutivo nacional ... Que es deseo del Poder Ejecutivo que la estadística oficial, que ha seguido perfeccionando sus métodos e investigaciones, aún durante estos dos años, sea útil a la actividad privada". Así, el decreto autoriza expresamente al Ministerio de Asuntos Técnicos la publicación de las series estadísticas. Al propio tiempo, la publicación de cifras estadísticas no podrá ser realizada por ningún organismo nacional sin previa autorización del Ministerio citado.
[4] Algunas de las ideas aquí expresadas fueron anticipadas en la nota del autor, publicada en LE MONDE DIPLOMATIQUE, Buenos Aires, noviembre de 2010.
[5] Podemos ilustrar lo dicho con las estimaciones de crecimiento económico. Para el INDEC el PBI habría aumentado 8. 7%, 6. 8% y 0. 9% en 2007, 2008 y 2009, respectivamente. Sin embargo, el Estudio Bein & Asociados señala que los valores correspondientes serían 8. 5, 5. 3 y -2. 6%. Las divergencias, entonces, se fueron ampliando en el trienio. Como consecuencia de ello, el PBI per cápita en 2009 estimado por la consultora (7735 dólares) era 4% menor que el del INDEC. No es sencillo adjudicarle a este Estudio un carácter contrario al interés oficial y menos aún el de ser integrante del "arco opositor".
[6] Al final de este documento se agrega un Anexo en el que se puede encontrar un detalle mayor acerca de los vaivenes de la producción de estadísticas públicas en Argentina a lo largo del siglo XX.
[7] A partir de 1960 los Censos de Población y Viviendas se realizaron generalmente- en los años terminados en 0. En cambio los registros relativos a nacimientos, defunciones y movimientos territoriales de personas (nacionales o internacionales) sufrieron interrupciones y cambios que fueron dificultando sobremanera la complementación con la información censal.
[8] Entre los principales cometidos de ese Departamento (creado en 1907) estaba el de recopilar y procesar la información relevante vinculada con el mundo del trabajo. Al frente de sus labores estadísticas durante la primera mitad de la década de los años 10 estuvo Alejandro E. Bunge quien con sus estimaciones demográficas y económicas posteriores, cubrió gran parte del período entreguerras a través de la colección de la Revista de Economía Argentina.
[9] Véase Javier Lindenboim, Reestructuración industrial y empleo. Mitos y realidades, en Desarrollo Económico, Vol. 32, Núm. 126, páginas 227-250, IDES, Buenos Aires, 1992.
[10] Sobre esta desafortunada situación hay múltiples referencias. Véanse, a título de ejemplo, Víctor A. Beker, "Las maravillosas cifras del INDEC", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2008 y Francisco Jueguen/Lucrecia Bullrich, INDEC Una destrucción con el sello de los Kirchner, EDHASA, Buenos Aires, 2010. La información que trascendió de la labor del Consejo Asesor de Evaluación y Seguimiento (CAES), sugiere que el informe elaborado por las cinco universidades públicas convocadas por el Gobierno Nacional es tan detallado como contundente en su análisis crítico de lo actuado por el INDEC en los años recientes. Ese documento estaría concluido desde el pasado mes de agosto pero al momento de redactar este artículo aún no alcanzó estado público.
[11] Este indicador ha sido sistemáticamente afectado por modificaciones no explícitas de las autoridades, operadas obligando al personal técnico del INDEC a ejecutarlas bajo diversas formas de presión o amenazas.
[12] Véase Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, 2004/2005, INDEC, 26-12-2006, Documento I, 5. 872.
[13] El convenio firmado por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la mayoría de las terminales automotrices del país explicita que a partir del 1º de abril de 2011 las partes tendrán en cuenta a la hora de negociar un índice de precios distinto del oficial. Valga como referencia que entre diciembre de 2006 y agosto de 2010, el IPC oficial registra una variación de precios del 35% mientras que el IPC elaborado por la entidad mencionada en ese convenio Buenos Aires City indica el 108%. ¡Nada menos que el triple! Véase Oliver Galak, La Nación, Buenos Aires, 12-10-10.
[14] Mientras se redactaba este texto se escuchan, no sin asombro, las afirmaciones del Ministro de Economía Amado Boudou en el sentido de que la inflación afectaría sólo a los sectores más acomodados. El propio Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía, no pudo menos que rechazar la afirmación de su par nacional, como lo muestran los diarios del 9-11-2010.
[15] Datos provenientes del INDEC recopilados por SEL CONSULTORES en su boletín de Febrero de 2010.
[16] Sólo en el tercer trimestre de 2005 y en el segundo de 2006 el incremento del número de ocupados fue mayor (475 mil y 399 mil, respectivamente) que el que aparece según los datos del cuarto trimestre de 2008 (358 mil). En otro trimestre (cuarto de 2003) hubo un valor cercano -308 mil-, aunque inferior al mencionado. De modo que tanto por el momento crítico como por el contraste con los años previos, de alto dinamismo, el dato del cuarto trimestre de 2008 resulta extraño. Como ilustración podemos indicar que el aumento anual del empleo, acumulado al cuarto trimestre de cada año, para el total urbano nacional siguió el siguiente detalle:
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Ocup (miles) |
728 |
709 |
678 |
218 |
467 |
70 |
Fuente: Expansión al total urbano nacional de los datos de la EPH. Algo más de tres de cada cuatro nuevos empleos creados en 2008 se explican sólo por el cuarto trimestre de ese año. |
[17] Siempre que declaren realizar alguna contraprestación laboral y que el único ingreso sea el de dicho subsidio.
[18] Como se indica en el Cuadro 2 los datos de cada año refieren al segundo trimestre.
[19] Una vez recobrada la utilización de la capacidad ociosa, la tasa de inversión se recuperó de las profundidades del momento más crítico (11%) pero sus niveles relativos no difieren significativamente de los de la década del noventa, que se ubicaban en torno del 20% del PIB.
[20] Las opciones son las estimaciones de distintas consultoras privadas cuyos datos aproximadamente duplican las variaciones mensuales difundidas por el INDEC. Otra variante es utilizar las estimaciones de las jurisdicciones argentinas que se realizan regularmente (un ejemplo de lo cual se aplicó en el ejercicio mostrado por los gráficos 1 y 2, más arriba). Una intermedia es la del grupo que bajo la dirección de la anterior responsable del IPC elabora, en el interior de la Universidad de Buenos Aires, un índice alternativo.
[21] Las "nuevas" bases incluyen algunos resultados al menos- intrigantes, tal como se ilustró más arriba.
[22] Los debates acerca de una nueva legislación en la materia reflejan tal propósito y no sabemos aún cuál habrá de ser el modo ni el plazo en que operen los cambios necesarios.
[23] Las universidades que integran el CAES (Universidad de Buenos Aires y Universidades Nacionales de Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán) fueron convocadas por el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, para asesorar sobre la medición del IPC. Al cabo de un año de labor, en la que sufrieron diversos desplantes por parte de las autoridades del INDEC, redactaron el informe convenido, pero luego de dos meses no habían podido entregarlo, pues el ministro que los convocó dilata su recepción.
[24] Véase El futuro Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, www.redaepa.org.ar/INDEC/AEPA_y_el_CENSO_2010.pdf.
[25] Una cuestión no menor será la relativa a la participación económica de la población y en particular su comparación con los cuestionados valores del Censo de 2001. De modo sencillo, se puede prever una sobreestimación de los cambios producidos a lo largo de la década actual.
[26] La nómina puede ser extensa. Se habla por ejemplo de cierta distribución funcional del ingreso en 1974 pero la serie del Banco Central de entonces culmina en 1973. Comparaciones acríticas como las del empleo industrial entre 1964 y 1974 hablan de un alza del 24% de la ocupación en la industria según los censos respectivos pero esas mismas fuentes muestran que hasta 1973 (tomado en promedio) el alza en nueve años había sido de sólo el 9%. La literatura ha sostenido que en la segunda posguerra la nota característica fue el aumento del empleo asalariado pese a que ya se mostró que en ese lapso la dinámica corrió por cuenta de las categorías no asalariadas. Y así de seguido.
[27] El contenido de este Anexo toma partes de Javier Lindenboim (compilador), Trabajo, ingresos y políticas en Argentina, EUDEBA, Bs. As., 2008, págs. 59 y ss. Allí puede consultarse la nómina completa de las referencias acá citadas.
[28] Es importante remarcar que prácticas como las referidas al Índice de Precios al Consumidor, consumadas por la autoridad política desde fines de 2006, violentando todas las normas técnicas nacionales e internacionales, no hacen sino agravar aún más la situación descripta. No sólo se ha excluido de las tareas de relevamiento, compilación y control al personal idóneo y con formación y experiencia acumulada en la labor sino que se procedió lisa y llanamente a alterar la metodología con el único fin de morigerar el resultado de las estimaciones. Todo ello sin hacerse mención explícita alguna de los cambios introducidos y cuando se la indicó fue tardíamente y sin haber mediado debate académico alguno. Al momento de escribir este texto noviembre 2010- la situación continuaba en esos dramáticos términos.
[29] En efecto, las tareas de preparación se vieron perturbadas por la negativa del gremio docente a continuar apoyándolas lo que se extendió hasta el relevamiento propiamente tal, razón por la cual fue necesario apelar a empleados y funcionarios estatales y otras personas sin entrenamiento alguno.
[30] Sin profundizar en los aspectos metodológicos de ese trabajo, no se incluye dicha fuente en este trabajo no sólo porque aquí nos concentramos en la segunda mitad del siglo XX, sino también por las sensibles diferencias que muestra con respecto a la serie publicada en 1975 en los pocos años en que las mismas se superponen.
[31] Esta circunstancia es mencionada en trabajos oficiales de la CEPAL (Altimir y Beccaria, 1999).
[32] Originalmente, la oficina encargada de tal cometido se encontraba bajo la órbita del BCRA. Posteriormente, con la denominación de Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, pasó a formar parte del Ministerio de Economía.
[33] Tanto De Pablo como Dieguez y Petrecolla analizan parte del período cubierto por el informe del Banco Central de 1975. El resto de los trabajos procura "continuar" dicha serie con estimaciones propias.
[34] En este caso, el estudio presenta una información metodológica algo acotada.
1. AEPA, 2010, El futuro Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, www.redaepa.org.ar/INDEC/AEPA_y_el_CENSO_2010.pdf.
2. Banco Central de la República Argentina. 1975, Sistema de Cuentas del Producto e Ingreso de la Argentina, BCRA, Buenos Aires.
3. Beker, Víctor A. 2008, "Las maravillosas cifras del INDEC", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, octubre.
4. Belgrano, Manuel, Correo de Comercio, 14-4-1810
5. Galak, Oliver, La Nación, Buenos Aires, 12-10-2010.
6. Giordano, O., J. Colina y A. Torres (2003), La masividad del empleo no registrado en la Argentina. Aprendiendo de los fracasos, Documento de Discusión Nº 1, IDESA, Buenos Aires, octubre.
7. Jueguen, Francisco/Lucrecia Bullrich, 2010, INDEC Una destrucción con el sello de los Kirchner, EDHASA, Buenos Aires,
8. Lindenboim, Javier, 1992, Reestructuración industrial y empleo. Mitos y realidades, en Desarrollo Económico, Vol. 32, Núm. 126, páginas 227-250.
9. Lindenboim, Javier (compilador), 2008, Trabajo, ingresos y políticas en Argentina, EUDEBA, Bs. As.
10. Lindenboim, Javier, 2007, La fuerza de trabajo en el siglo XX. Viejas y nuevas discusiones en Susana Torrado (compiladora) Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario, EDHASA, Buenos Aires, dos tomos.
11. Lindenboim, Javier, 2010, "Estadísticas públicas y derechos", LE MONDE DIPLOMATIQUE, edición Cono Sur, Buenos Aires, noviembre.
12. NACIONES UNIDAS, Principios fundamentales de las estadísticas oficiales, Nueva York, 1994
13. SEL CONSULTORES, 2010, Newsletter laboral y social, Buenos Aires, Febrero
Recibido: 27.9.10
Aprobado
definitivamente: 20.11.10