ECONOMÍA MORAL: PERSPECTIVAS ANALÍTICAS
La economía moral del trabajo. La legitimidad social de las empresas recuperadas
The moral economy of work. The social legitimacy of enterprises recuperated by their workers.
A economia moral do trabalho. A legitimidade social das empresas recuperadas.
Julián Rebón* Denise Kasparian** Candela Hernández***
* Julián Rebón. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y del
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Uriburu 950 6to piso (CABA),
4508-3815, jrebon@sociales.uba.ar
** Denise Kasparian. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con
sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Uriburu 950 6to piso
(CABA), 4508-3815, denise.kasparian@gmail,com
*** Candela Hernández. Maestranda en Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Universidad de Buenos Aires. Uriburu 950 6to piso (CABA), 4508-3815, candeher@gmail.com
RESUMEN
La recuperación de empresas por sus trabajadores en la Argentina representa un proceso que a pesar de sus características disruptivas e innovadoras ha concitado una amplia legitimidad social. ¿Cuáles son las lógicas que fundan dicha legitimidad? ¿En qué medida esta valoración positiva se extiende a todos los atributos del proceso, aun los más disruptivos? ¿Cómo interactúan las lógicas operantes con los valores hegemónicos sobre los que se erige la sociedad capitalista? A través de la investigación por encuesta, realizamos una medición de la valoración social del proceso de recuperación de empresas en sus diferentes dimensiones e indagamos la configuración cultural que permite entender a la misma. Retomando los desarrollos teóricos en torno al concepto de economía moral, sostenemos que la legitimidad que concita el proceso se funda en la valoración que asume el trabajo como forma de reproducción social, material y simbólica en la sociedad argentina. Esta configuración cultural en torno al trabajo permite discriminar entre lo justo y lo injusto, promoviendo la acción colectiva y la tolerancia a la misma; planteando de este modo, límites a la mercantilización del trabajo.
Palabras clave: Conflicto social; Economía moral; Trabajo; Empresas recuperadas.
ABSTRACT
The recuperation of enterprises by their workers in Argentina represents a process that despite its disruptive and innovative features has gained a wide social legitimacy. Which are the logics that underlie such legitimacy? To what degree this positive assessment extends to all the attributes of the process, even the most disruptive? How do operating logics interact with the hegemonic values on which stands the capitalist society? Through survey research, we measure the social assessment of the recuperation of enterprises process in its different dimensions and we inquire the cultural configuration that allows its understanding. Revisiting the theoretical developments around the concept of moral economy, we argue that the legitimacy the process gains is based on the assessment of labor as a form of social, material and symbolic reproduction in Argentinean society. This cultural configuration around labor allows the discrimination between right and wrong, promoting collective action and a tolerance to it; thereby presenting, limits to the commodification of labor.
Keywords: Social conflict; Moral economy; Work; Enterprises recuperated by their workers.
RESUMO
A recuperação de empresas pelos seus trabalhadores na Argentina representa um processo que apesar de suas características disruptivas e inovadoras que tem atraído uma amplia legitimidade social. ¿Quais são as lógicas que fundam essa mesma legitimidade? ¿Em que medida esta valoração positiva se estende a todos os atributos do processo, mesmo aos mais disruptivos? ¿Como interagem as lógicas que operam com os valores hegemônicos sobre os quais ergue-se a sociedade capitalista? O través da pesquisa de opinião, realizamos medições da estimação social do processo da recuperação de empresas em suas diferentes dimensões e indagamos a configuração cultural que permite compreender a mesma. Retomando os desenvolvimentos teóricos em torno ao conceito de economia moral, sustentamos que a legitimidade que suscita o processo se funda na valoração que assume o trabalho como uma forma de reprodução, material e simbólica na sociedade argentina. Esta configuração cultural em torno ao trabalho permite discriminar entre o justo e o injusto, promovendo a ação coletiva e a tolerância à mesma; apresentando deste modo, limites à mercatilização do trabalho.
Palavras chave: Conflito social; Economia moral; Trabalho; Empresas recuperadas.
SUMARIO
1. Introducción; 2. La economía moral del trabajo; 3. La recuperación de empresas desde la perspectiva de la economía moral del trabajo; 4. La fuerza moral de la ocupación; 5. Conclusiones; 6. Bibliografía.
*****
1. Introducción
La recuperación de empresas alude a un conjunto de procesos desarrollados en la Argentina
reciente en los cuales trabajadores de empresas en crisis asumen en forma colectiva, organizados
en cooperativas de trabajo, la responsabilidad de llevar adelante la producción. Frente a la
vulneración de la relación salarial por parte del capital, los trabajadores en la defensa de su
puesto laboral avanzan sobre la dirección de la producción. Defender su condición de trabajo
implica alterar su categoría laboral, emprendiendo el desafío de la producción sin patrón (Rebón,
2007).
Desde fines de la década del noventa, y especialmente a partir de la inédita crisis general que trajo aparejada la eclosión del modelo de acumulación financiera en 2001, las recuperaciones de
empresas se desarrollaron en nuestro país (Fajn et al., 2003; Rebón, 2007; Salgado, 2009). En la
actualidad, transcurrida más de una década, aunque con un ritmo ralentizado respecto al del
comienzo del siglo XXI, nuevas recuperaciones de empresas siguen teniendo lugar. La
recuperación como esquema de acción se ha convertido en un elemento significativo de la cultura
de lucha de los trabajadores. Su incorporación a la "caja de herramientas" de los mismos, como
modo de enfrentar el cierre empresarial, ha sido un elemento central en la vigencia y desarrollo de
estos procesos superado el contexto crisógeno del inicio del ciclo de recuperaciones (Salgado,
2009). No obstante, a pesar de su difusión y desarrollo no dejan de representar un fenómeno
acotado. Según datos del Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, actualmente son 318 las empresas recuperadas por sus trabajadores que se
encuentran en actividad a nivel nacional (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, 2013).
A pesar de ser un fenómeno acotado, sus características innovadoras y transgresoras lograron
alcanzar amplia repercusión pública. La novedad que introducen estas experiencias radica tanto
en el proceso constituyente, como en sus resultantes. En primer lugar la forma emblemática -
aunque no excluyente- de avanzar en la defensa de la fuente laboral, la toma, implica una forma
de acción que desborda los canales formales de regulación del conflicto. En segundo lugar, el
proceso productivo resultante expresa un amplio conjunto de transformaciones frente a las
empresas capitalistas de origen, entre las que se destaca, la transferencia de la función de
dirección desde el capital al colectivo autogestionado de trabajadores y la alteración de las
relaciones de propiedad, articulando de modo novedoso trabajo asociado y propiedad de los
medios de producción (Rebón y Salgado, 2010). Paradójicamente, a pesar del carácter disruptivo
y -como veremos en este artículo- controversial de la toma como forma de acción colectiva, y el
carácter transgresoramente innovador de la afectación resultante a la propiedad privada sobre los
medios de producción -un valor social central de la sociedad capitalista-, la experiencia de la
recuperación de empresas ha concitado una amplia valoración social positiva. Repercusión y
valoración que se evidencian en hechos tales como la reforma de la Ley de Concursos y Quiebras,
impulsada por el Ejecutivo nacional1, la inclusión de la temática en telenovelas2, en libros de
texto de educación media3 y en suplementos de medios gráficos, entre otros.
En este sentido surgen los siguientes interrogantes: ¿Cómo es posible que un hecho de las
características de la recuperación de empresas concite amplia legitimidad social? ¿Cuáles son las
lógicas que fundan la legitimidad de esta experiencia? ¿En qué medida esta valoración positiva se
extiende a todos los atributos del proceso, aun los más disruptivos y controversiales? ¿Cómo
interactúan las lógicas operantes con los valores hegemónicos sobre los que se erige la sociedad
capitalista actual?
En el presente trabajo se realiza una medición de la valoración social del proceso de
recuperación de empresas en sus diferentes dimensiones y se indaga la configuración cultural
(Grimson, 2012) que permite entender a la misma. Se sostiene que la alta legitimidad social que
concita el proceso se funda en la valoración que asume el trabajo como forma de reproducción
social, material y simbólica en el conjunto de la sociedad argentina. Retomando los aportes de
E.P. Thompson en La economía moral de la multitud (1979) y otros desarrollos posteriores, se
analiza el trabajo como un bien que aglutina diversos valores, significados e ideas. Éstos permiten
discriminar entre lo justo y lo injusto, promoviendo la acción colectiva y la tolerancia a la misma
cuando se consideren avasallados. Esta configuración cultural en torno al trabajo plantea de este
modo límites a su mercantilización. Así la defensa del trabajo en ciertas condiciones puede
incluso relativizar y subordinar a la propiedad de los medios de producción como valor social.
La metodología empleada se basa en la investigación por encuesta. Se analiza, con base en la
estadística descriptiva, una encuesta representativa de la población mayor de 18 años del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuyo objetivo central fue relevar percepciones y
valoraciones sobre el proceso de recuperación de empresas. La encuesta fue realizada por nuestro
equipo en agosto de 2012, en el marco del proyecto UBACyT La cultura de la recuperación de
empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso con sede en el
Instituto de Investigaciones Gino Germani, y el Centro de Estudios para el Desarrollo de la
Economía Social en América Latina. Se trabajó con un diseño muestral polietápico, estratificado
y probabilístico. La muestra es de 599 casos con un margen de error ±4%.4
A continuación abordamos los interrogantes planteados. En el primer apartado presentamos y
discutimos el concepto de economía moral, junto con los desarrollos de Marx y Polanyi en torno
al trabajo y su carácter estructurador del conflicto social en sociedades capitalistas, con el objeto
de introducir teóricamente nuestro problema de investigación. En el siguiente apartado
analizamos el conocimiento y valoración del proceso de recuperación de empresas en sus
características generales, emergiendo la economía moral del trabajo como su clave explicativa.
Posteriormente exploramos la eficacia de este elemento de legitimación en lo atinente a una de las
aristas más disruptivas de las recuperaciones: la toma del establecimiento de trabajo como forma
de lucha. Finalmente, en las conclusiones retomamos los hallazgos del trabajo, planteando con
base en los mismos, nuevas líneas de investigación.
2. La economía moral del trabajo
El concepto de economía moral como aproximación teórica de análisis del conflicto social se
origina en los estudios de Thompson (1979) a propósito de los motines para fijar el precio del pan, protagonizados por las clases populares en la Inglaterra del siglo XVIII. En la obra de
Thompson, este concepto refiere a un consenso popular anclado en el pasado, que permite a los
sujetos distinguir las prácticas económicas en función de su legitimidad, estableciendo un marco
cultural que inspira y legitima la acción colectiva. El autor analiza las mediaciones culturales
entre la privación y la acción colectiva que operan como nociones legitimizantes de la misma. El
motín de subsistencia de las clases populares en torno a un bien de uso central en su reproducción
social -el pan- se fundaba en elementos del modelo paternalista5 predominante en dicha sociedad,
el cual establecía límites a la fijación del precio del pan por el mercado, en especial en épocas de
escasez. Estos elementos convertían a la privación del acceso al pan en épocas de crisis en un
agravio con amplia legitimidad social para ser resistido. Los componentes culturales que
enmarcaban las relaciones de intercambio nutrían en dichas condiciones la acción directa de los
disconformes, así como la tolerancia de otros actores. La economía moral de la multitud
representaba una recreación selectiva del modelo paternalista -soslayando sus aspectos vinculados
al orden- que en condiciones de desequilibrio marcado operaba como la noción legitimizante de
la resistencia y la protesta frente a las privaciones.
En The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistance in Southeast Asia (1976),
Scott incorpora el concepto de economía moral a los estudios sobre el campesinado. Analiza la
resistencia del mismo y la conflictividad con el Estado que se suscita frente al avance del
capitalismo. En su estudio plantea que la economía de los campesinos vietnamitas y birmanos
estaba anclada en una ética basada en una aversión al riesgo, cuya lógica central era lograr la
subsistencia. La economía del campesino estaba permanentemente sometida a la posibilidad de la
inanición y la imposibilidad de la reproducción social. El equilibrio precario con sus condiciones
de vida hacía que se procurara un ingreso mínimo pero seguro, evitando innovaciones que
fácilmente pudieran ocasionarle -en caso de fracaso- una catástrofe individual. Toda una serie de
patrones de reciprocidad vinculaban a los campesinos entre sí y con los terratenientes, otorgando
un seguro frente al riesgo, un ingreso mínimo, contra la posibilidad de la hambruna de la familia.
El vertiginoso avance del mercado y el Estado debilitaba estas relaciones. Desde la ética de la
subsistencia, estas transformaciones eran representadas como una fuente de malestar y de riesgo
intolerable, inspirando cuando las condiciones políticas lo permitieran, la protesta e incluso la
revolución.
Más recientemente Edelman (2005), retomando la perspectiva de Scott, introduce el concepto
para analizar el movimiento campesino internacional y su resistencia a la mercantilización de la
tierra y la producción agrícola en la sociedad contemporánea. De este modo el concepto permite
comprender el marco cultural de las resistencias de las comunidades campesinas pero, a
diferencia de las anteriores aproximaciones, su utilidad analítica se desarrolla en el marco de una
sociedad dominantemente capitalista. El autor hipotetiza que estas resistencias están basadas en
elementos culturales anclados en una ética de subsistencia que entiende y juzga inaceptables
ciertas expansiones de la mercantilización, promoviendo el reclamo en términos de derecho
frente al Estado y el capital.
Arnold (2001) realiza una revisión crítica del concepto en la ciencia política, introduciendo
una redefinición que lo delimita a partir de bienes específicos cuya valoración social por parte de la sociedad les otorga el status de "bienes sociales". Estos bienes son objeto de una significativa y
plural valoración por parte de la comunidad, en la cual el valor mercantil es limitado por otros
conjuntos de valores. Estos bienes sociales son fuente de identidad y poseen diferentes
valoraciones que están ancladas en cómo una cultura específica representa el bien. La economía
moral permite explicar cómo los consensos populares acerca de la legitimidad de ciertas prácticas
con relación a ciertos bienes fungen como un inspirador de la acción colectiva cuando se produce
un desequilibrio marcado o una ruptura con respecto a dichas prácticas y, en este sentido,
funciona como un potencial limitador de las relaciones de intercambio. La indignación moral no
radica necesariamente en el choque del capitalismo con otras formas económicas preexistentes o
culturas ancladas en el pasado, sino en la forma concreta en que una sociedad define en términos
simbólicos y materiales su relación con un conjunto de bienes.
En nuestra perspectiva, toda economía implica dimensiones morales, en cuanto las relaciones
sociales de producción expresan y configuran valores que las reproducen y/o transforman
(Coraggio, 2011: 370). No obstante, ni las relaciones de producción, ni las valoraciones morales
en torno a las mismas conforman un conjunto homogéneo. En una formación social de carácter
capitalista, si bien dicho modo de producción es predominante, se encuentra en articulación e
interpenetración con otros modos de producción subordinados (Wright, 2010). En este sentido,
cuando abordamos las formas concretas en las cuales opera el capitalismo, encontramos que la
mercantilización de la fuerza de trabajo nunca es plena (Polanyi, 2007). Si en el campo de las
relaciones de producción existe heterogeneidad, esto también tiene lugar en el campo de su
legitimación cultural. En la sociedad capitalista la propiedad privada es un valor central que
requiere alcanzar el estatuto de la institucionalidad jurídica para poder reproducirse en el tiempo.
La heterogeneidad de valores y de criterios de justicia conduce a articulaciones diversas, donde
aún los valores predominantes, como es el caso de la propiedad privada, son limitados por su
articulación contradictoria con otros valores. Esta dinámica cultural, al legitimar y deslegitimar
prácticas económicas, colabora en la reproducción, limitación o transformación de las relaciones
sociales de producción.
Nuestro uso del concepto de economía moral retoma de Thompson (1979) la relevancia del
marco cultural en la acción colectiva. Es la economía moral la que funge de noción legitimizante,
transformado la privación en agravio, inspirando la acción y funcionando ésta, o su amenaza en
momentos de desequilibrio, como un limitador y configurador de las relaciones sociales de
producción en su amplia acepción. Pero esta noción legitimizante, a diferencia de la
conceptualización de Thompson, no se reduce a un criterio fundado en un pasado precapitalista.
Como demostraremos posteriormente, puede tener su origen en otra etapa del capitalismo, pero
operar de forma novedosa en el contexto actual.
A semejanza de Arnold (2001), nos referimos a un bien específico, la fuerza de trabajo, que
en el marco de una configuración cultural (Grimson, 2012) adquiere un conjunto de atribuciones
sociales que operan en dos sentidos. Por un lado, al imponer límites a la mercantilización de la
fuerza de trabajo, preservan la heterogeneidad de la formación social, perpetuando la articulación
e interpenetración de modos de producción. Por el otro, en momentos de crisis, las cualidades
sociales atribuidas a la fuerza de trabajo pueden llegar a potenciar dicha heterogeneidad, dando
lugar a innovaciones sociales en el campo de las relaciones de producción.
Para comprender el modo en que opera esta limitación a la mercantilización de la fuerza de
trabajo, es necesario profundizar en las razones de su singularidad. El concepto de fuerza de
trabajo nos refiere a una capacidad de la acción humana: transformar la realidad orientada
sistemáticamente de acuerdo a un plan. Precisamente, esta cualidad humana conlleva un conjunto de atributos, entre los cuales destaca que su mercantilización y consumo productivo presupone la
generación de condiciones para su resistencia. Marx (2002) señaló en El Capital, su gran crítica
teórica al capitalismo, que la singularidad de la fuerza de trabajo residía en su capacidad de crear
valor y no sólo transferirlo. Precisamente, la distancia entre el valor de cambio pagado por el
capital y el valor de uso de la fuerza de trabajo en el consumo capitalista constituye la clave para
el desarrollo de la teoría de la plusvalía y las relaciones de explotación, elemento central para
comprender, desde esta perspectiva, el conflicto social en la relación capital-trabajo. Polanyi
(2007), en La gran transformación, su obra crítica del capitalismo liberal, postula que el trabajo
representa una mercancía ficticia, -en tanto no es creada con el fin de su venta- junto con la
naturaleza, el dinero y hoy podríamos agregar el conocimiento (Burawoy, 2012). El autor señala
que la mercantilización sin límites del trabajo -llegado un punto de su desarrollo- atenta contra la
reproducción del mismo y de la sociedad en su conjunto. Entonces, si la obra de Marx permite
comprender los procesos de construcción clasista asociados a la dinámica de acumulación de
capital, en los cuales la progresiva organización de la fuerza de trabajo tiende a construir nuevas
relaciones de clases y a modificar de este modo las condiciones de venta y consumo de la fuerza
de trabajo; la obra de Polanyi es de vital importancia para comprender los procesos de resistencia
a las etapas de deconstrucción de los bloques históricos precedentes asentados sobre la
autoprotección de la sociedad, y a la renovada mercantilización del trabajo (Silver, 2005). La
profunda dislocación social a la cual conducen las etapas de generalización de la
mercantilización, nutridas usualmente en la utopía de los mercados autorregulados, son vividas
como una amenaza sentida de catástrofe social. Esta catástrofe no se refiere a razones
estrictamente económicas. La destrucción de las instituciones sociales preexistentes y la
desintegración de la organización de la vida que ordena un conjunto social implican una
catástrofe en términos culturales. Por esta razón, los procesos de mercantilización son vividos en
su generalización como una amenaza a la sociedad en su conjunto (Polanyi, 2007). En respuesta a
esta vivencia surge la resistencia social a dichos procesos, la cual tiende a no reducirse al interés
de una clase –aunque ésta no deje de tener relevancia y haya sectores de mayor movilización que
otros- sino que, en general, asume la forma de movimientos que aglutinan a distintos sectores
sociales como participantes o apoyos (Burawoy, 2008).
En suma, una economía moral del trabajo está en nuestra perspectiva definida por los modos
concretos en que una forma histórica de trabajo es socialmente valorada, en articulación y
oposición a otros valores. En este juego de articulaciones y oposiciones, la economía moral del
trabajo configura un campo de posibilidad del conflicto y, en virtud de ello, actúa indirectamente
sobre las formas en que el trabajo es mercantilizado y consumido productivamente. En particular,
nos permite entender los momentos en los cuales las formas que asume la mercantilización
tienden a la dislocación social. En estas situaciones el principio moral asociado al trabajo puede
expandirse, relativizando otros valores y transformándose en un significativo legitimador de la
acción colectiva, incluso cuando ésta desborda los canales institucionales de procesamiento de la
conflictividad social. El caso que abordamos en este trabajo, la recuperación de empresas por sus
trabajadores, es producto de la resistencia a la mercantilización expresada en la vulneración de la
relación salarial (adeudamiento de salarios y despidos) en un contexto de crisis generalizada.
Dicha resistencia a la mercantilización transforma las condiciones de consumo de la fuerza de
trabajo -relaciones de explotación- con amplia legitimidad social, a pesar de la vulneración y
relativización de la propiedad privada de los medios de producción, valor central de toda sociedad
capitalista.
3. La recuperación de empresas desde la perspectiva de la economía moral del trabajo
Históricamente en la Argentina, el trabajo como elemento identitario ha tenido una fuerte relevancia social y política6. Vinculado a la emergencia y consolidación del peronismo, el trabajo
como valor alcanzó una importante institucionalización. La protección social, estructurada en
torno a la figura del trabajador asalariado formal, fomentó la construcción de una cultura de los
derechos sociales, que se expresó no sólo en la vía corporativista, sino también en un imaginario
asociado a los derechos de ciudadanía (Danani y Hintze, 2011). Una forma específica de trabajo -
asalariado a tiempo completo, estable y con beneficios sociales- se convirtió en un elemento clave
en términos identitarios. Representó tanto un modo de obtener medios de vida, como de brindar
pertenencia y reconocimiento social, orientar la vida y proyectar el futuro. El orgullo por trabajar
y por ser trabajador son dos expresiones de esta cultura (Danani y Grassi, 2009). Su existencia
como acreedor de derechos y en contrapartida de responsabilidad fue un elemento delimitador de
la forma que asumieron las relaciones laborales, en su recurrente negociación y conflicto,
canalizado centralmente a través de las instituciones sindicales.
En el proyecto original del peronismo, esta institucionalización progresiva para los intereses
de los trabajadores –con relación a su punto de partida- no implicaba necesariamente en el campo
teórico un antagonismo con el capital y la propiedad privada como valor, más bien fue planteada
como la forma de incorporación de los trabajadores en un proyecto de capitalismo nacional
(James, 1990). Se inauguró una etapa en la cual los poderes públicos respondieron a la cuestión
social, canalizando los conflictos y demandas de las clases trabajadoras mediante su integración
en el cuerpo social y político del país; regulando el conflicto social (Torre, 2010). La
responsabilidad del trabajador en la producción y sus derechos laborales, eran la argamasa
ideológica en la construcción de una pretendida conciliación de clases con el capital como
elemento necesario para la producción, que convirtiera a la propiedad privada y el trabajo en dos
valores de plausible complementariedad. Dicha complementariedad fue arbitrada por los poderes
estatales de modo de volver "al mercado de trabajo menos mercado" (Torre, 2010: 200). La
lógica de la intervención estatal respondió al propósito de generalizar entre los asalariados los
atributos de una ciudadanía social más que a priorizar relaciones de fuerza fundadas en criterios
económicos (Ibíd.)7.
En el contexto de la reestructuración regresiva del capitalismo argentino del último cuarto del
siglo XX, el rol social del trabajo fue objeto de fuertes modificaciones. Precarización,
heterogeneización y crecientes niveles de desempleo signaron estas transformaciones (Salvia,
2007; Rebón, 2007; Bauni, 2011; Maneiro, 2012). A semejanza de otras sociedades (Senett, 2006;
Castel, 2012), la capacidad integradora del trabajo fue debilitada por estos cambios, hasta el punto
de generalizarse el diagnóstico de la "pérdida de la centralidad del trabajo" (Castel, 2012).
A pesar de dichas transformaciones, el trabajo como experiencia identitaria estructurante de
la vida social siguió teniendo una fuerte impronta en la cultura de los trabajadores en la
Argentina. Algunos estudios dieron cuenta de la vigencia de esta cultura, incluso en los momentos donde el desempleo y la precarización alcanzaron sus máximos valores. Danani y
Grassi (2009) han encontrado evidencia de que los trabajadores llegan a no identificar, en algunos
casos, a sus trabajos como verdadero trabajo, por sus características precarias. Otros
investigadores encuentran entre los trabajadores una resistencia a realizar su reproducción con
base en la percepción de planes sociales y una significativa crítica a quienes sí lo realizan
(Dávolos y Perelman, 2004). También es objeto de crítica desde esta cultura el mendigar o vivir
de ilegalismos. En esta línea, las huellas en la memoria popular del rol social del trabajador
asalariado se encuentran en los orígenes de los movimientos de trabajadores desocupados
(Maneiro, 2012). La centralidad del trabajo como articulador de los movimientos de desocupados
se expresa en la consigna de la mayoría de sus acciones colectivas: la demanda de trabajo
sustentada en el derecho a trabajar, que además de tener estatus constitucional, es un valor social
legítimo (Ibíd.). En suma, el "trabajo digno" -aquel asociado al esfuerzo y la responsabilidad- es
la clave identitaria que, aún en condiciones desfavorables, permite que el trabajo represente el
ordenador de la vida frente a otras alternativas de reproducción que se codifican como indignas e
irresponsables (Fernández Álvarez, 2007).
Precisamente, como muchas investigaciones han señalado, el proceso de recuperación de
empresas expresó en su sociogénesis la vigencia de esta cultura en el particular contexto de crisis
generalizada de principios de siglo (Rebón, 2007; Fernández Álvarez, 2007; Dávolos y Perelman,
2004)8. El trabajo como elemento identitario jugó un rol clave como noción legitimizante para
enfrentar el cierre empresarial. Fue la defensa de la fuente laboral el elemento que estableció como justa y legítima la alteración de las relaciones de propiedad y el cambio de categoría laboral
para defender la condición de trabajador. Estas características nos permiten plantear la hipótesis
de la existencia de una economía moral del trabajo como un elemento clave que opera en el
proceso constituyente de la recuperación y en su desarrollo posterior. En el caso de las empresas
recuperadas, la privación del trabajo por el cierre de una unidad productiva es convertida en un
agravio significativo que nutre moralmente a los disconformes. Este criterio de justicia, principio
de economía moral de los trabajadores, pone un obstáculo al carácter capitalista de las relaciones
sociales de producción. Originariamente, la activación de esta noción legitimizante encontró terreno fértil en el marco de la crisis general abierta en 2001; marco en el cual la tesis de la
autorregulación del mercado (Polanyi, 2007) entró en una fuerte crisis de legitimidad. Este
contexto fue particularmente positivo para que se desarrollara una recreación selectiva de la
cultura del trabajo que legitimara la recuperación de empresas poniendo un obstáculo teórico y
práctico a la mercantilización del trabajo. La recuperación de empresas formó parte de un
conjunto más amplio de resistencias a la restructuración regresiva del capitalismo argentino
nutrida ideológicamente por el neoliberalismo (Rebón, 2007; Schuster, 2011; Twaytes Rey, 2011). La dislocación social resultante encontró a distintos actores en el espacio público
defendiendo su propia identidad, generando múltiples solidaridades y empatías. En el particular
contexto de desempleo generalizado, de la cultura del trabajo emergieron las condiciones morales
para que los trabajadores recuperaran empresas y para que estas acciones encontraran apoyo y
tolerancia por parte de un variado conjunto social. La profundidad de la crisis de principios de
siglo fue tal que múltiples experiencias sociales de resistencia y auto-organización quedaron
ancladas a ella, entre éstas, la recuperación de empresas. De este modo, aún superado el contexto
crisógeno, perdura la legitimidad atribuida al proceso.
Revertida la crisis económica, social y política, se generalizó entre ciertos analistas la
convicción de que las experiencias de recuperación de empresas quedarían condenadas al olvido,
frente al panorama de una economía en crecimiento. No obstante, la instalación de la
recuperación de empresas en la cultura de los trabajadores se constituyó en uno de los elementos
centrales en la expansión del proceso (Rebón y Salgado, 2010). La recuperación de empresas se
convirtió en un esquema de acción presente en la caja de herramientas de los trabajadores ¿Cuál
es la intensidad de dicha apropiación en el campo de la cultura de los trabajadores? ¿Representa
un patrimonio exclusivo de las clases trabajadoras? ¿Cuál es la extensión social de la economía
moral del trabajo como noción legitimizante del proceso en términos societales?
Responder estos interrogantes presupone en primer lugar analizar en qué medida el proceso
es conocido por la población. El conocimiento refiere a su difusión en términos de identificación
de su existencia y de sus principales atributos. En segundo lugar, implica comprender, entre
aquellos que conocen el proceso, cuál es su valoración y las razones que la fundan.
A pesar de ser un fenómeno acotado, es decir, no generalizado ni masivo, la recuperación de
empresas es conocida por la población. El 83% de los encuestados dice haber oído hablar de las
mismas y el 87% identifica que esta conceptualización refiere a una empresa en crisis que es
puesta a producir por sus trabajadores. De este modo, casi tres cuartos del total de los encuestados
demuestra conocimiento del proceso, identificando tanto el concepto como los principales
atributos a los que hace referencia. Cabe destacar que este conocimiento no varía nítidamente
según clivajes de condición de actividad ni de clase social. Su presencia es igualmente intensa
entre las capas medias y las clases trabajadoras9. Se trata de una instalación cultural que permea
prácticamente a la totalidad del conjunto social.
Cuadro 1: Conocimiento del proceso de recuperación de empresas según clase social y condición
de actividad de la población del AMBA (2012).
Fuente: Encuesta "Formas Económicas Alternativas". UBACyT La cultura de la recuperación de
empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.
En segundo lugar, el conocimiento social del proceso tiende a implicar una valoración positiva del mismo. Casi la totalidad de quienes expresan conocimiento, lo consideran positivamente (89%). La intensidad de la legitimidad otorgada da cuenta de una valoración que atraviesa a todo el conjunto social y que no presenta variaciones significativas según pertenencia social. Esta composición socialmente diversa de la legitimidad es una característica típica de los procesos de resistencia a los efectos de dislocación social que produce el avance mercantilizador en su intensificación (Polanyi, 2007). Indaguemos en los elementos que nos permiten dar cuenta de esta amplia legitimidad.
Fuente: Encuesta "Formas Económicas Alternativas". UBACyT La cultura de la recuperación de
empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.
Gráfico 1: Valoración del proceso de recuperación de empresas de la población del AMBA
(2012).
Esta actitud favorable, se basa fundamentalmente en la representación de estas experiencias
autogestivas como una forma de preservar la fuente de trabajo por parte de los trabajadores más
que como una forma de democratizar el espacio laboral. El 80% de los encuestados jerarquiza la
preservación de la fuente laboral como el criterio en el cual se basa su valoración positiva. El "trabajo digno" -la actividad laboral como construcción de una estima social positiva- es la clave
que nos permite acceder al corazón del apoyo social que detenta la recuperación de empresas. En
un país signado por la cultura del trabajo, reabrir empresas y conservar fuentes laborales, aún
cuando haya existido una marcada recuperación de los niveles de empleo frente a los valores de la
crisis de inicio de siglo, concita una fuerte legitimidad social. En cambio, sólo un quinto de la
población valora la experiencia en función de la gestión democrática de la unidad productiva en
manos de los trabajadores. Aquí la razón legitimizante no es la preservación de una condición
previa, probablemente percibida como una defensa de un derecho adquirido, sino una innovación
social de carácter progresivo en el campo de la dimensión poder: la autogestión al interior de la
unidad productiva.10
Si el trabajo es el valor fundante de la legitimidad, la propiedad privada es el de la crítica del
proceso. El pequeño número de encuestados que poseen una valoración negativa de las empresas
recuperadas, argumentan críticamente –casi en igual proporción- con base en la violación de la
propiedad privada y en un impedimento de funcionamiento intrínseco a esta forma productiva
expresado en la sentencia de que "No se puede trabajar sin patrón". Mientras que entre los
primeros se enfatiza directamente el valor de la propiedad privada, entre los segundos este valor
aparece oculto tras la naturalización de una forma de dirección vinculada a la apropiación privada
de los medios de producción –función de dirección como atributo del capital (Marx, 2002).
Cuadro 2: Criterios fundantes de la valoración de los procesos de recuperación de empresas de la
población del AMBA (2012).
Fuente: Encuesta "Formas Económicas Alternativas". UBACyT La cultura de la recuperación de empresas.
Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.
De este modo, encontramos en la valoración del trabajo la noción legitimizante de la recuperación de empresas, y su antagonismo deslegitimizante en la propiedad privada. Así la discusión sobre la legitimidad del proceso, expresa una confrontación teórica entre trabajo y propiedad. Los altos niveles de legitimidad del proceso, ¿nos están dando cuenta de que el trabajo relativiza e incluso supera a la propiedad como valor social? ¿O, simplemente, da cuenta de que estos encuestados focalizan sus observables en la lógica del proceso, sin conocer o tomar en cuenta que éste en muchas ocasiones produce una vulneración de las relaciones de propiedad? Enfrentemos a la propiedad y al trabajo con mayor nitidez, acerquémonos al proceso en su arista más disruptiva. Analicemos con tal objeto, la percepción social de la forma emblemática de acción colectiva del proceso: la toma de la fábrica.
4. La fuerza moral de la ocupación
La toma u ocupación como modalidad de acción colectiva implica el avance sobre un
territorio que se encontraba bajo el control de un otro, alterando de este modo las relaciones
jurídicas de propiedad. Dado que desborda los mecanismos institucionales dominantes para el
procesamiento de los conflictos, la toma se inscribe en el conjunto de acciones que caen bajo la
categoría de acción directa, las cuales están vedadas por el ordenamiento social y son susceptibles
de ser penalizadas (Rebón, 2007; Rebón y Pérez, 2012). Esta forma de acción se caracteriza por
ser un esquema de lucha fuertemente disruptivo; la toma u ocupación genera incertidumbre y
altera el orden social. Al mismo tiempo, se diferencia de otras formas de acción por su carácter
modular, es decir, es plausible de ser utilizada por diversos actores para múltiples metas (Tarrow,
2009).
Si nos remitimos a la historia de esta forma de acción en nuestra sociedad, distintos espacios
han sido objeto de ocupación: fábricas, tierras, viviendas, universidades, radios, escuelas,
dependencias gubernamentales, entre otros establecimientos; variando las personificaciones
sociales que llevan adelante la acción y las metas perseguidas. En el campo del conflicto laboral,
la toma de establecimientos productivos ha sido una herramienta de lucha utilizada habitualmente
en nuestro país desde mediados del siglo XX. Generalmente, la toma en el ámbito laboral ha
estado asociada a disputas defensivas que procuran preservar la relación salarial; destacan entre
ellos, los reclamos por despidos y cierres de fuentes de trabajo. En el caso específico de los
procesos de recuperación de empresas, la toma ha sido la forma de acción colectiva emblemática
de dichas experiencias. Ha cumplido un rol central como medio eficaz de apropiarse en los
hechos del espacio de la fábrica para evitar su vaciamiento y reiniciar la producción de manera
autogestionada (Fajn et. Al, 2003; Rebón, 2007; Salgado, 2012)
A pesar de su extensa historia social y su carácter modular, la toma es un formato cuya
utilización es relativamente baja. En el primer semestre de 2012 menos del 2 % de la protesta
social recurrió a este esquema de acción contenciosa (PIMSA, 2012). En nuestra encuesta
encontramos que sólo el 4% de los encuestados participó alguna vez en dicha forma de acción,
representando el valor más bajo de todos los esquemas de acción colectiva indagados11. Al mismo
tiempo, la toma concita una baja legitimidad social: según nuestros datos sólo el 19% de la
población del AMBA muestra una actitud positiva hacia el uso de esta forma de acción en la
Argentina actual.
Considerando la baja frecuencia y la escasa legitimidad que tiene la toma como esquema de
acción, resulta sugerente preguntarse: ¿es posible que la utilización de este formato de acción para
la recuperación de empresas alcance altos grados de legitimidad social? Corresponde señalar que
la repuesta a esta pregunta no es trivial. En tanto la acción directa corre permanentemente el
riesgo de la represión, una de las formas de obstaculizar los procesos punitivos resultantes es su
moralización. En esta dirección, los protagonistas de la acción directa tienden a personalizar el
hecho a expensas del carácter intrínsecamente impersonal de la normativa transgredida. Moralizar
el acto de reclamo en cuestión, implica presentar las particularidades de la situación que justifican
la violación de la norma legal. Las características personales de quienes protagonizan el acto, la
historia de maltratos, la intensidad de las injusticias, las metas que se buscan satisfacer con la
acción; en resumen, un conjunto de atributos convierten al acto y a sus participantes en
singulares. Esta singularización, en su conexión con valores morales de amplia difusión social,
otorga al hecho cometido la posibilidad de reconocimiento moral por parte de terceros, pese a la
transgresión que introduce en el orden social. En la medida en que la acción no alcance
legitimidad, tenderá con mayor facilidad, a ser criminalizada y tipificada como un delito. Por lo
tanto, su legitimidad dependerá de su capacidad -en función de su forma, su meta y la identidad
de sus protagonistas- para activar valores morales compartidos o complementarios entre los
demandantes y terceros, o incluso hasta con el mismo adversario (Rebón y Pérez, 2012).
Hechas todas estas aclaraciones retomemos nuestro interrogante, ¿en qué medida la
recuperación de empresas logra construir una singularización que legitime el proceso? En caso de
que logre constituirla, ¿en qué medida ésta se asocia con la configuración de una economía moral
del trabajo?
En contraposición a la valoración de la toma como forma de lucha genérica, la ocupación de
la unidad productiva con el fin de recuperar la empresa y ponerla a producir, es considerada una
forma legítima de acción: el 84% de la población considera justo que trabajadores de una fábrica
que está por cerrar la ocupen para ponerla a producir12.
En este sentido, la valoración positiva del
proceso de recuperación de empresas se hace extensiva a la modalidad de acción directa que
posibilita su desarrollo, pese al trastrocamiento que introduce en las relaciones de propiedad.
Fuente: Encuesta "Formas Económicas Alternativas". UBACyT La cultura de la recuperación de empresas.
Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.
Gráfico 2: Percepción en términos de justicia de la toma con el objeto de recuperación productiva
de la población del AMBA (2012).
Ahora bien, teniendo en cuenta la escasa utilización de esta forma de acción y su baja
aceptación en la sociedad, resulta llamativa la alta legitimidad constituida en torno a la toma de
un establecimiento productivo por parte de sus trabajadores ante su cierre inminente ¿Sobre qué elementos se funda dicha valoración positiva? Nuevamente la defensa de la fuente de trabajo es el
criterio que convalida la acción directa (65%). Los trabajadores son acreedores de una solidaridad
social que legitima alterar las relaciones de propiedad -si fuera necesario- para defender su fuente
laboral.
En menor medida, la falta de otra alternativa de elección y por ende de decisión moral,
legitima la acción (20%). Como señalan los encuestados: "No lo hacen porque quieren, lo hacen
porque no les queda otra". En este caso, el trabajo aparece como elemento implícito que funda la
valoración, no siendo una opción posible perderlo. Otra respuesta convierte al trabajo en fuente
de propiedad, es justa la ocupación o toma de la fábrica ya que "les pertenece porque es fruto de
su propio trabajo" (15%). Así, el esfuerzo de los trabajadores y el trabajo adeudado, tornan
difusas las fronteras entre propiedad establecida y propiedad merecida, promoviendo la
legitimidad de la toma del establecimiento.
Las razones esgrimidas por los entrevistados para fundamentar su valoración en torno a la
toma de una unidad productiva por parte de sus trabajadores como una forma legítima de acción,
nos permiten hipotetizar que la misma se funda en la capacidad del proceso de recuperación de
empresas de singularizar el acto en base a cuatro elementos.
En primer lugar, el papel ya referido que posee el valor social del trabajo como elemento
legitimador de la acción. Como hemos señalado, el trabajo como bien social aglutina diversos
valores, significados e ideas los cuales le imponen límites a su mercantilización, promoviendo el
pasaje de la privación a la acción contenciosa. La defensa de la fuente de trabajo adquiere la
suficiente fuerza moral como para relativizar el valor de la propiedad privada frente al valor del
trabajo.
En segundo lugar, el espacio afectado por la ocupación es la fábrica o empresa, es decir, un bien de carácter lucrativo y no generalizado. Es de carácter lucrativo, en tanto que persigue una
ganancia y no simplemente una retribución a un esfuerzo. Es de carácter no generalizado, en tanto
que sólo una minoría de la población es propietaria de establecimientos productivos13. Por estas
razones, no se propicia una identificación inmediata con la personificación afectada por la
ocupación. Precisamente, a nivel simbólico, es más generalizado el temor a la pérdida de la fuente
de trabajo que el ver afectado un bien lucrativo pasible de ser ocupado; esta última es una
situación más ajena para la mayoría de la población.
En tercer lugar, otro elemento sobre el cual se funda la legitimidad es el carácter defensivo y
restaurador de la meta perseguida por los trabajadores. Toda defensa pretende la preservación de
una condición o relación previa. En el caso de las empresas recuperadas se busca mantener la
condición de trabajador, representando el trabajo un derecho adquirido e
institucionalizado. Precisamente, la búsqueda de la defensa de una relación legitimada
socialmente es la que permite definir la situación como un "agravio". La toma persigue un
principio de restablecimiento o restauración de una situación. Si en el caso analizado por E. P.
Thompson se perseguía colectivamente restablecer el "precio justo" del pan, aquí se procura la
defensa del trabajo14.
Finalmente, la legitimidad suscitada se sostiene en la no aleatoriedad o arbitrariedad de la
acción. En el caso de la recuperación de empresas existe una vinculación entre el espacio que se
ocupa, los actores que llevan a cabo la acción y la fuente del conflicto, que hace que la ocupación
no sea considerada como arbitraria. Es decir, hay un principio de vinculación específica y causal
entre el causante del agravio y el afectado por la acción. Así como en los motines por el precio
del pan que describe Thompson se atacaba a los panaderos, acaparadores y molineros que se
percibían como responsables, aquí la fábrica tomada pertenece o pertenecía a quien es percibido
como el responsable de la pérdida de la fuente laboral. Pero a diferencia de los motines de
subsistencia estudiados por Thompson, los agraviados no son un grupo genérico, no son la plebe
ni son los trabajadores en general, se trata del personal de la empresa específica que cierra o entra
en crisis. Esto hace que el mecanismo de vinculación sea plenamente consistente. Dado que el
trabajador afectado por la crisis empresarial aportó productivamente en dicho establecimiento,
entablando un conjunto de relaciones de diverso tipo que preexisten al desarrollo del conflicto, la
legitimidad se potencia. Incluso, habitualmente en los procesos de recuperación, este aporte
productivo no ha sido remunerado en los términos establecidos por ley, existiendo deudas
laborales, tales como salarios caídos o indemnizaciones. Precisamente, la reforma de la Ley de
Concursos y Quiebras promulgada en 2011 da respuesta a esta situación, al habilitar la posibilidad
de que, ante la quiebra, los trabajadores conformados en cooperativas utilicen sus acreencias
laborales para la compra de la empresa.
En suma, la brecha en términos de percepción de justicia entre la generalizada ilegitimidad
de un formato de acción -la ocupación- y la alta legitimidad de una forma específica que la misma
asume -la recuperación- se explica por el proceso exitoso de singularización. El mismo se logra a
partir de la combinatoria del valor que la fundamenta, su objeto, el carácter de la meta que
persigue y la no arbitrariedad de la acción15.
La toma u ocupación del establecimiento productivo en el caso de la recuperación de empresas funda su legitimidad en la moral del trabajo. Pero esto
no implica que toda legitimación basada en dicha moral sea exitosa. En nuestra hipótesis, el
proceso legitimador es posible porque se combina con el principio de no aleatoriedad y el de
restauración de una situación definida en términos de derecho16. De este modo, la singularización
o moralización del proceso de recuperación de empresas, construida sobre las particularidades de
la situación, justifica la violación de la propiedad privada, permitiendo activar valores morales
entre los demandantes y terceros, dotando a la acción de amplia legitimidad social.
Por el contrario, la minoría de los encuestados que no considera legítima esta forma de
acción colectiva destaca, en su mayoría, la existencia de otras formas de reclamo. Frente a la
percepción de ausencia de alternativas, emerge aquí la existencia de otros canales que podrían ser
utilizados. En menor medida, el valor de la propiedad, en relación a la legitimidad que le confiere
el marco legal, o enfatizado en sí mismo, son los elementos que se destacan.
Entonces, si el valor del trabajo y la falta de alternativas funcionan como elementos
legitimizantes de la acción; la lógica de la deslegitimización es totalmente la contraria, otro valor,
la propiedad, y otro marco de acción en el cual existen alternativas, responsabilizan al actor de las
consecuencias negativas o transgresoras de su acción configurando el núcleo de la crítica.
Cuadro 3: Razones de percepción en términos de justicia de la toma con el objeto de recuperación
productiva de la población del AMBA (2012).
Fuente: Encuesta "Formas Económicas Alternativas". UBACyT La cultura de la recuperación de
empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.
En suma, la privación del trabajo por el cierre de una unidad productiva es socialmente definida como un agravio significativo que nutre moralmente a los disconformes y los convierte en acreedores de solidaridades diversas. La singularidad del uso de la toma, en el caso de la recuperación de empresas, logra construir una fuerza moral a su favor que le otorga legitimidad aun cuando transgreda normas y valores dominantes en la sociedad argentina.
5. Conclusiones
El proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores, a pesar de sus características
transgresoras, reviste en la actualidad una intensa legitimidad social. Como hemos demostrado,
esta paradoja se puede comprender a partir de un elemento clave de la configuración cultural
argentina que hemos denominado economía moral del trabajo. Este principio moral es el
elemento central que permite entender la legitimidad del proceso, incluso en sus aristas más
disruptivas. De este modo, la paradoja planteada se explica precisamente en que el alto consenso
social alcanzado se funda en un principio moral de larga tradición en nuestra sociedad, en
particular entre sus clases trabajadoras.
La cultura del trabajo forma parte de las ideas dominantes en la sociedad argentina y en sus
clases populares. En nuestra configuración cultural ésta ha cumplido una función ambivalente. En
primer lugar favorecer la reproducción de un orden social de carácter capitalista. La
interiorización del trabajo como elemento de dignificación personal formó y forma parte de un
largo y complejo proceso de construcción de una fuerza de trabajo asalariada disciplinada y dócil
que viabilice su consumo productivo (Foucault, 1989; Marx, 2002). No obstante, la forma
singular en que este proceso se desarrolló en nuestro país, implicó la configuración de límites
morales a su mercantilización, promoviendo la existencia de derechos de los trabajadores con
institucionalizaciones diversas. Como tal, ha operado como una noción legitimizante de la lucha de los trabajadores en torno a las condiciones de venta y consumo de la fuerza de trabajo.
Así, la cultura del trabajo no es equivalente a docilidad, expresa la aceptación de un orden
productivo en el cual la fuerza de trabajo representa un elemento subordinado, pero también
impone límites a la forma que asume dicha subordinación y sus correspondientes relaciones de
explotación. En la hipótesis planteada por este trabajo, en el contexto de la crisis generalizada de
principios de siglo, se desarrolla un proceso de autonomización y radicalización factual de la
economía moral del trabajo. La defensa del trabajo alcanza a relativizar incluso al principio de
propiedad privada en lo atinente a los medios de producción, promoviendo y legitimando la
innovación social. Análogamente al caso analizado por E. P. Thompson, es la autonomización de
un elemento presente en la reproducción de un orden social el que genera el marco cultural para la
defensa en el campo de las clases populares. Pero la resultante no es sólo establecer un límite a la
mercantilización; en la búsqueda del restablecimiento de una relación se constituye una
innovación social en el campo socio-productivo. Es decir, colabora en la construcción y
legitimación del cambio social en el terreno de las relaciones de producción, en el terreno de la
acumulación capitalista propiamente dicha. La valoración social lejos de representar simplemente
un elemento de reproducción social, se constituye en una fuente moral para el cambio social.
Esta alta legitimidad del proceso, anclada en la economía moral del trabajo, constituye
condiciones culturales para su ampliación. En tal sentido, no debe sorprender que aún cuando las
condiciones sociales que viabilizaron su rápido desarrollo a principios de siglo cambiaron
significativamente, continuaron surgiendo nuevas empresas recuperadas -aunque a un ritmo
menor-. También este contexto es el que nos permite comprender el amplio consenso
parlamentario que acompañó a la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras con el objeto
de promover la viabilización institucional de nuevas recuperaciones. Por último, también implica
que en caso de reiterarse situaciones de crisis general, está sentado el marco cultural para dar
lugar a nuevas oleadas de recuperaciones de magnitudes difíciles de prever.
Finalmente, en base a los hallazgos de este trabajo, buscamos promover una reflexión de
más amplio alcance, aquella que nos interroga, a partir de la heterogenización de la formación
social, sobre la intensidad de la hegemonía capitalista en el campo socio-productivo. ¿Cómo son
percibidas las formas socio-productivas autogestivas y asociadas que promueven la
heterogeneización de la formación social? ¿La producción capitalista está naturalizada como laúnica forma de producción social posible? ¿Cuál es el grado de consenso social del capitalismo
como forma productiva? La crisis de la hegemonía neoliberal a la que hoy asistimos en nuestro
país promueve la necesidad de desarrollar investigaciones en esta línea. En la actualidad, cuando
emerge un nuevo impulso de la presencia del Estado como regulador de la economía, incluyendo
la recuperación de funciones empresariales, y se asiste a una proliferación de cooperativas de
trabajo fruto del impulso de la sociedad civil pero también -cada vez en mayor medida- de su
promoción por parte de la política pública, estas preguntas adquieren significativa relevancia. La
construcción de una Argentina post-neoliberal, que procure abordar la heterogeneización
progresiva de la formación social, generando distintas formas de producción que impliquen un
avance del control social, valida la necesidad de conocer y, si fuera necesario, poner en crisis la
dimensión simbólica de los modos en que producimos nuestras condiciones de vida.
1 La reforma de la Ley de Concursos y Quiebras promulgada en 2011 habilita una nueva vía de institucionalización del proceso, estableciendo que ante la quiebra de una empresa los trabajadores conformados en cooperativas utilicen las acreencias laborales para su compra. En marzo de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en la fábrica recuperada Envases Flexibles Mataderos el proyecto de modificación de la Ley de Concursos y Quiebras. En el discurso pronunciado en aquella oportunidad dijo: "Siento que la Argentina es una gran fábrica recuperada" (La Argentina es, 18 de marzo de 2010).
2 En la telenovela Dulce Amor la protagonista, tras la quiebra de una empresa decide, junto con los trabajadores, no dejar entrar al nuevo dueño y conformar una cooperativa de trabajo para recuperar la empresa, acción que cuenta con el consenso de los vecinos del barrio. Esta telenovela se emitió diariamente en el horario de máxima audiencia durante el año 2012 por el canal de aire argentino TELEFE, alcanzando a más de dos millones de televidentes.
3 Nos referimos al manual para quinto año de la provincia de Buenos Aires Saber es clave: Política y Ciudadanía de la Editorial Santillana, cuyos contenidos han llegado a inquietar a diversos sectores propietarios. En una nota publicada en el diario La Nación distintos dirigentes empresariales expresaron su preocupación por el hecho de que en dicho manual el modelo empresarial exaltado era el de las fábricas recuperadas y no el de la propiedad privada (Olivera, 2011).
4 En el año 2011 en el marco del Taller de Investigaciones sobre Cambio Social y del proyecto UBACyT ya mencionado, se efectuó un primer relevamiento exploratorio sobre el tema. Registramos 148 entrevistas semiestructuradas a habitantes del AMBA con base en un muestreo de cuotas por sexo y edad. Dicho relevamiento nos sirvió de insumo para construir y refinar las preguntas y categorías del cuestionario que aplicamos en el año 2012.
5 El modelo paternalista, sustentado en un cuerpo de leyes, el derecho consuetudinario y costumbres, generalmente informaba las acciones de gobierno en épocas de emergencia. Se centraba en la supervisión de los mercados y la protección del consumidor, pautando detalladamente los modos en que debía llevarse a cabo la comercialización. Los molineros y panaderos eran considerados servidores de la comunidad, cuya actividad no estaba orientada al lucro, sino a la obtención de una ganancia razonable (Thompson, 1979).
6 En las sociedades capitalistas, la forma mercancía de la fuerza de trabajo es el principio organizador de la vida social, dando sentido y lugar a otro conjunto de relaciones. Es medio y resultado del proceso de definición de los sujetos, de los objetos necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas y de los medios legítimos para acceder a ellos (Danani y Hintze, 2011). El modo específico en que esto ocurre varía históricamente según las distintas formas de capitalismo, régimen político y configuración cultural. En esta dirección cualquier abordaje de la resultante de este proceso en términos identitarios es histórico-concreto.
7 Desde la perspectiva de Polanyi (2007), este proceso puede ser comprendido en el contexto histórico de un capitalismo en ascenso que conllevaba un movimiento doble: a la vez que se expandían los mercados y los bienes integrados a él, surgía un movimiento para resistir los efectos y peligros de un sistema de mercado autorregulado en relación a la mano de obra.
8 El hecho de que la lógica estructurante del proceso de recuperación de empresas sea la reproducción de la condición de trabajador y que la economía moral del trabajo represente su noción legitimizante deja una huella significativa en la cultura de los emprendimientos productivos resultantes. Una de sus expresiones es que entre los protagonistas de las experiencias, aún luego del paso de los años, la identidad de trabajador tiene mayor peso que la de cooperativista, y la conservación de la fuente de trabajo como elemento característico de la empresa prima por sobre sus elementos de innovación social. En este sentido, en una encuesta realizada a trabajadores de empresas recuperadas nacidas al calor de la crisis de principio de siglo, casi 10 años después del inicio de su proceso de recuperación, ellos expresaban sentirse trabajadores (67%) más que cooperativistas (29%), y encontrar en la conservación de la fuente de trabajo el elemento definitorio del carácter social de la unidad productiva (61%), antes que en la posibilidad de permitir la autogestión de los trabajadores (33%). (Encuesta realizada en 2011 en el marco del proyecto UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso. La muestra es de: 138 casos, con base en un muestreo por cuotas. El trabajo de campo fue coordinado por Rodrigo Salgado).
9 La aproximación social a la pertenencia de clase se realiza a partir de una adaptación del esquema clasificatorio de Dalle (2012) a nuestro registro. Los patrones, los asalariados con alta calificación y/o personificación de las funciones de dirección en el proceso productivo, y los cuentapropistas con tareas de alta calificación fueron clasificados en las capas medias. En cambio, los asalariados sin jerarquía ocupacional y baja calificación, junto los cuentapropistas con baja calificación, fueron clasificados como clase trabajadora.
10 Entre las clases trabajadoras adquiere mayor intensidad el criterio fundado en la defensa de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo que la valoración de la transformación estructural progresiva de las relaciones de producción. La "defensa del trabajo" –que es siempre mayoritaria- adquiere incluso mayor intensidad entre la clase trabajadora (85%) que entre las capas medias (66%). Así la valoración del control social del espacio socioproductivo – la perspectiva socialista en términos de Wright (2006)- tiene menor intensidad entre aquellos que personifican más plenamente la fuerza de trabajo. Mientras que entre los trabajadores, sólo el 15% sostiene el criterio fundado en la autogestión, en las capas medias la referencia a la misma asciende al 34%. Retomando la distinción leninista, la recuperación de empresas entre los trabajadores se inscribe intensamente en una conciencia de clase sindicalista o traudeunionista (Lenin, 1981).
11 Además se indagó en la utilización por parte de los encuestados de los siguientes esquemas de acción colectiva: movilización (25%), huelga (18%), corte (8%), escrache (8%) y cacerolazo (8%).
12 La pregunta textual que se realizó para indagar la legitimidad de la toma con el objeto de recuperación productiva es: Para Ud. ¿es justo que un grupo de trabajadores de una fábrica que está por cerrar la ocupe para ponerla a producir?
13 Tal como hemos mencionado, la recuperación de empresas es un fenómeno acotado. Esta característica favorece que tampoco se generalice el miedo a su expansión en el conjunto de los sectores empresarios.
14 Como ya hemos desarrollado en otros trabajos (Rebón, 2007), este carácter defensivo de la meta no implica que en sus consecuencias el proceso no produzca innovaciones sociales de diverso tipo.
15 En nuestra encuesta encontramos datos que avalan el vigor de esta singularización con relación a otras situaciones. Revisar comparativamente las tomas vinculadas al proceso de recuperación de empresas, con las asociadas al acceso a la vivienda, permite dotar de mayor inteligibilidad a los elementos que fundan la legitimidad social en el caso de las recuperadas. A diferencia de éstas, que personas sin vivienda ocupen un terreno deshabitado para poder vivir no cuenta con una valoración positiva por parte de la población, de hecho, los valores tienden a invertirse. La mayoría de los encuestados (65%), no están de acuerdo con esta forma de ocupación y menos de un tercio (30%) la legitima. Según nuestra hipótesis esto se debe a marcadas diferencias en los cuatros aspectos de la singularización reseñados. A pesar de que el acceso a la vivienda, al igual que el trabajo, es un derecho constitucional, éste tiene un rol más relevante en el entramado institucional y cultural; precisamente se lo considera el medio legítimo para obtener una vivienda, entre otros bienes y necesidades. Por otro lado, en lo que respecta al objeto de ocupación, en la toma de terrenos aumenta el temor en los encuestados a ser afectados en su propiedad personal, siendo un espacio de posesión generalizado y no necesariamente relacionado a la obtención de ganancias. Al mismo tiempo, la toma de terrenos tiene un carácter ofensivo, es decir, apunta a transformar las relaciones preexistentes, buscando obtener una condición que anteriormente no se poseía. Por último, generalmente en la toma de terrenos, no existe una relación previa entre el espacio que se ocupa y los actores que llevan a cabo la acción.
16 En el relevamiento exploratorio ya mencionado realizado en 2011 a habitantes del AMBA, encontramos evidencia que promueve esta hipótesis a partir de la comparación en términos de justicia de distintos tipos de ocupaciones de establecimientos laborales con fines autogestivos. La ocupación de un establecimiento que está por cerrar por parte de sus trabajadores concita una alta legitimidad: un 75% de los encuestados la considera una acción justa. Sin embargo, cuando la ocupación es llevada a cabo por un grupo de desocupados que pretenden poner a producir la fábrica pero que nunca trabajaron en ella, la aceptación desciende drásticamente, ubicándose en un 33%. Si bien el carácter no representativo estadísticamente de dicho relevamiento no permite la generalización de resultados, nos sirve de apoyo preliminar a nuestro planteo inicial. Estos elementos dan cuenta de una moral del trabajo operante a partir de la singularización que logra aunar la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores. Esta configuración cultural, en el caso del avance de desocupados sobre el control de una unidad productiva, se ve limitada por la ausencia de un vínculo preexistente con la personificación y el espacio afectados por la ocupación; y por el carácter ofensivo de la meta perseguida. Cabe destacar que en otros trabajos hemos encontrado evidencia de un gradiente similar en términos de percepción de justicia entre ambas formas de ocupación, entre los trabajadores de las empresas recuperadas. (Rebón, 2007; Hernández, 2013)
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Recibido: 25.06.14
Aprobado: 11.02.15