¿Qué significa realizar investigación para la incidencia en antropología?

El área de investigación de CAREF, al igual que las áreas de investigación de otras organizaciones de la sociedad civil, en general realiza investigación para incidencia. Esto significa que la investigación que se lleva a cabo no busca centralmente discutir teorías o modelos migratorios sino evaluar y discutir políticas migratorias, es decir que tiene una orientación práctica. Por lo tanto, todas estas investigaciones suelen tener una estructura similar. En primer lugar, se busca entender cuál es el marco normativo o institucional en el que se lleva adelante determinada política o programa migratorio. Luego se trata de analizar cuál es el impacto cuantitativo que esa política o programa está teniendo en la población migrante en general (¿afecta a muchas personas?, ¿a quiénes?) y, a través de un abordaje cualitativo o etnográfico, se busca describir cuál es el impacto concreto que tiene en la vida de las personas migrantes.

Un ejemplo claro para entender esta estructura es la investigación que realizamos sobre tres programas especiales de regularización para migrantes extra- Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Primero buscamos las normas o las disposiciones que crearon estos programas y observamos cuál fue su singularidad para la regularización de las personas extra-MERCOSUR. Posteriormente, el procedimiento habitual es solicitar información administrativa a Migraciones amparándonos en la Ley de acceso a la información pública (^{Ley 27.275}). En esa oportunidad pedimos que nos brindaran información sobre todas las personas provenientes de países extra-MERCOSUR que habían regularizado su situación en el marco de esos tres programas puntuales. Específicamente, necesitábamos saber cuántas personas se habían regularizado por año, por género y por país de origen. También solicitamos que nos informen el tipo de residencia que habían obtenido (temporaria o permanente). Una vez que contamos con esta información cuantitativa, comenzamos a realizar entrevistas. En estas entrevistas pedíamos a las personas migrantes que nos contaran, desde su experiencia personal, cuáles habían sido los pasos del mecanismo de regularización puesto en marcha por la Dirección Nacional de Migraciones, cómo se habían enterado del programa, cómo habían hecho para juntar y entregar la documentación, si lo habían podido hacer solos o si habían necesitado ayuda y si habían encontrado alguna ventaja laboral o de otro tipo una vez concretado el trámite. El análisis de toda esta secuencia después nos permite emitir una reflexión fundamentada sobre la política concreta que estamos evaluando. En este caso, notamos ciertas falencias en estos programas. Principalmente que no garantizaban el acceso a la residencia permanente, que es el indicador clave de una buena política migratoria. Debido a la exigencia de ciertos requisitos, muchas de las personas se quedaban en el camino, es decir que llegaban hasta la residencia temporaria pero nunca podían llegar a obtener la permanente.

Por lo tanto, no se trata de informes que se centran en la discusión de la teoría migratoria (los modelos, etcétera), sino que muestran las consecuencias de las políticas concretas que pone en marcha la Dirección de Migraciones y a través de eso iluminan cómo el Estado piensa a los migrantes y a los derechos. Y por supuesto, siempre que podemos, hacemos propuestas lo más concretas posibles para mejorar el acceso a derechos. Pienso que esa es la marca principal de la investigación para incidencia (sumado a que todo se hace con urgencia, en un plazo máximo de un año). Lo interesante es que mucho de lo que discutimos lo hacemos a partir de los datos que posee la propia Dirección Nacional de Migraciones, no los obtenemos de otras fuentes. Migraciones cuenta con esos datos, pero muchas veces no los analiza.

¿Y qué tipo de sugerencias o reflexiones proponen en estos informes?

Casi siempre realizamos alguna sugerencia. A veces de manera más explícita y puntual, y a veces se entrelazan con las conclusiones de los informes. Hay sugerencias que son fáciles de hacer porque son cambios muy puntuales, de orden práctico, pero hay otras que son mucho más complejas porque involucran la voluntad política. Por ejemplo: hay una sugerencia obvia que es facilitar el proceso de regularización. Es algo que siempre repetimos y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, cuando no se hace, no es porque no saben cómo hacerlo o porque no se dieron cuenta de que era posible facilitar ese proceso, simplemente no es parte de la agenda política.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente y de qué manera se vio afectada la metodología utilizada debido a la pandemia, si es que así lo fue?

Durante el año pasado y parte de éste, en CAREF trabajamos en proyectos que habían sido diseñados antes de la pandemia. Por lo tanto, en un horizonte de incertidumbre, debimos reconvertirlos sin saber bien cuándo volveríamos a la investigación presencial. Uno de esos proyectos se inició justo antes de la pandemia. Implicaba hacer entrevistas a personas que hubieran regularizado su condición migratoria a través de unos programas especiales destinados a poblaciones senegalesas, dominicanas y haitianas. Como mencioné antes, una primera parte del informe implicaba una revisión de la normativa y de la información administrativa y estadística de la Dirección Nacional de Migraciones vinculada con esos programas. La otra parte implicaba realizar entrevistas a quienes habían aplicado a esos programas para ver cómo había sido su trayectoria antes y después. En otro momento las hubiéramos hecho de modo presencial pero el año pasado debieron ser virtuales. Esto requirió mucho esfuerzo, principalmente porque con muchos de ellos no compartimos lengua materna y el nivel de manejo del español era muy variado. La virtualidad le agregaba un elemento más de dificultad que en la presencialidad se puede subsanar de otras formas. Además, se hicieron menos entrevistas de las que se hubieran hecho en un contexto de no pandemia porque resultaba muy difícil contactarnos con las personas y coordinar los encuentros. Sin embargo, la ventaja que tuvo este giro metodológico es que ya no hubo restricciones geográficas para realizar las entrevistas. Normalmente siempre definimos un área geográfica -el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- para facilitar la organización del presupuesto, traslados y demás actividades. En cambio, esta vez pudimos entrevistar por videollamada también a personas en Córdoba y Mendoza.

¿Algunos de estos cambios metodológicos podrían seguir aplicándose a futuro?

Creo que la mayor parte de las personas se amigaron con estas tecnologías y quedaron instaladas como una forma de comunicación. Yo no reemplazaría nunca la entrevista presencial ni el trabajo de campo. El contexto en el que tiene lugar la entrevista cara a cara tiene una riqueza aportada por el ambiente que en la virtualidad se pierde. Hay una monotonía en los encuentros virtuales que trae dificultades para profundizar las charlas, ya sea porque se pierde lo gestual o por el diálogo enlentecido o la superposición de voces. Sí pienso que hacer entrevistas virtuales puede ayudar como una primera instancia de acercamiento sincrónico y visual. Nosotros cuando tenemos que arreglar las entrevistas llamamos por teléfono o mandamos un mensaje aclarando para qué es la entrevista y qué vamos a preguntar. Estos primeros pasos se podrían hacer por videollamada y luego tener la entrevista presencial.

Seguramente las herramientas virtuales quedarán para realizar ciertas actividades específicas como reuniones o las capacitaciones de los estudiantes convocados para participar en la investigación. Creo que esto ahorrará pagar traslados y hacer grandes planificaciones que requieren mucha logística. Además, de esta manera pudimos abrir la convocatoria y pasar a trabajar con estudiantes de Córdoba, Misiones y de la provincia de Buenos Aires (fuera de AMBA), que es lo que estamos haciendo ahora. En este aspecto, lo que se ganó geográficamente y en ampliación de la mirada compensa en parte lo que se pueda perder en profundidad o intercambio en la presencialidad.

Respecto a los procesos migratorios ¿cómo se han visto afectados por la situación de emergencia sanitaria?

La particularidad que trajo la pandemia fue la incertidumbre, todo va cambiando de un momento a otro. Las dificultades históricas se mantuvieron, pero se agregaron obstáculos nuevos vinculados a distintos factores. Por un lado, el cierre de frontera hizo que muchas personas no pudieran ingresar al país y los procesos de reunificación familiar se vieron demorados o interrumpidos o se hicieron por otras vías, porque cuando las familias se tienen que reunir, lo hacen como sea. Otro obstáculo se vinculó con el cese de atención presencial en las instituciones que atienden personas migrantes, específicamente la Dirección Nacional de Migraciones que tardó en implementar otro mecanismo de atención. A su vez, muchísimas personas se quedaron sin trabajo, ya sea porque tenían trabajos informales o porque trabajaban en la vía pública y necesitaban estar físicamente en espacios de circulación de personas. Otro obstáculo importante fue que el permiso para circular no contemplaba las distintas situaciones documentarias de un montón de personas migrantes. Los que tenían Documento Nacional de Identidad (DNI) no tenían problema, pero al comienzo, quienes tenían residencia precaria, pasaporte o documento de identidad del país de origen no podían tramitar el permiso porque el sistema no lo permitía. Esto tardó varias semanas en corregirse. La vivienda también fue un problema. Si bien el ^{Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 66/2021} prorrogó la suspensión de desalojos y estableció un control de precios, solo fue pensado para una forma de acceso a la vivienda en la que se alquila mediante un contrato con mediación de una inmobiliaria. No contemplaba a los hostels, pensiones u otros tipos de vivienda donde no hay un contrato formal escrito entre locador y locatarios.

¿Las “dificultades históricas” que mencionas tienen que ver con dificultades para lograr obtener la documentación?

Sí, en un contexto de no pandemia las dificultades prácticas más frecuentes tenían que ver con la gestión de la documentación. Por lo general, los problemas derivaban de los mecanismos a través de los cuales se hacen los trámites. Por ejemplo, hubo muchos obstáculos cuando en 2019 gran parte del proceso pasó de ser presencial a virtual. Otros obstáculos derivan de cuestiones con los documentos del país de origen (por ejemplo, por documentos vencidos) y de dificultades para afrontar el pago de las tasas. Son problemas habituales y que en general no eran difíciles de resolver. Aunque no fuera rápido, siempre había caminos conocidos que, con más o menos demora, llevaban a su resolución. Por ejemplo, se sabía que si un documento de país de origen estaba vencido se solucionaba en el consulado. Sin embargo, a raíz de la emergencia sanitaria, cerraron los consulados y la opción virtual alternativa para realizar el trámite no era eficaz. Esto generó grandes demoras en la gestión de documentación que trajo aparejados muchos otros problemas vinculados a desalojos y conflictos laborales.

¿Los problemas de documentación llevaron a dificultades a la hora de solicitar asistencias específicas por la pandemia como el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) o algún otro tipo de ayuda?

Una condición determinante para recibir el IFE era que las personas tenían que tener

“...residencia legal en la República Argentina no inferior a DOS (2) años anteriores a la solicitud”

(^{DNU 310/2020, Artículo 2°}). Por lo tanto, quienes tenían una residencia precaria por asilo desde hace más de dos años lo solicitaron, ya que se trata de una residencia legal. Sin embargo, en los hechos el trámite requería poseer DNI, y no solo DNI sino DNI de residente permanente. Esta diferencia entre la teoría y la práctica generó que solo se le otorgara a un porcentaje muy bajo de las personas extranjeras que se inscribieron y en todos los casos se trató de residentes permanentes con DNIs casi siempre otorgados por lo menos dos años antes. Si no se hubieran acumulado tantas malas suertes burocráticas, en el momento en que se abrió la inscripción al IFE muchas más personas hubieran tenido su DNI de residente permanente (que es lo que les correspondía por el tiempo que hacía que estaban en el país y por el momento en que habían iniciado su trámite) y hubieran podido recibir la ayuda. La preocupación que tenemos ahora es que se está viendo un manejo similar con respecto a la inscripción para la vacunación. Hay muchas jurisdicciones que solo permiten inscribirse con DNI, y muy pocas que también permiten la inscripción con pasaporte, con certificado de residencia precaria o con cédula de país de origen.

¿Cómo discuten a nivel estatal los prejuicios socialmente extendidos sobre la cuestión migratoria muchas veces pro- movidos por los medios de comunicación?

Es una respuesta muy compleja. Yo siempre pienso que un pecado de soberbia de la academia es pensar que el funcionario público no entiende o no sabe. Eso no es necesariamente cierto. Mayoritariamente, los problemas no tienen que ver con el desconocimiento, sino que son agendas e intereses políticos distintos los que balancean o priorizan la dirección de las acciones. Por ejemplo, respecto a la asociación migración- criminalidad, yo creería que no hay ninguna persona dentro de Migraciones que seriamente sostenga esa relación. A lo sumo, dejan correr y promueven ese argumento mediático porque les es funcional a sus intereses. Lo migratorio es como un peón que se puede usar en distintas partidas políticas. Por eso, para llevar adelante políticas de incidencia es más productivo hablar con los funcionarios directamente y no a través de los medios de comunicación, pero esto no siempre es posible. Una de las grandes frustraciones de las organizaciones civiles que trabajamos temas de migración durante el gobierno de Macri fue que la comunicación era a través de los medios; era imposible que nos recibieran directamente. Todo se daba a través de los diarios que crean noticias también en vinculación con sus propias agendas.

Doy un ejemplo. Una vez que una persona migrante cumple una condena tiene que esperar 10 años para volver a tener documento. Si se queda en el país, se queda como fantasma civil: después de haber cumplido la condena penal le cae esta otra condena administrativa que es no poder tener documento argentino. A una persona argentina no le pasa, si cumplió su condena después todo es muy difícil pero no es un fantasma civil. Y eso de los diez años para volver a obtener el documento está en la ley migratoria. Esa cláusula es completamente conocida, los funcionarios lo saben, pero nadie quiere dar la discusión. Y saben que además eso trae consecuencias para las familias; los hijos argentinos o migrantes pagan la condena ya cumplida de los padres. Es una discusión que no es mediática y que es ampliamente conocida por los trabajadores de Migraciones que saben muchísimo del tema y saben qué medidas funcionan y cuáles no. Pero en muchos casos no tienen capacidad de decisión para intervenir o modificar esas medidas o hay otros intereses en juego. Es muy soberbio (o muy ingenuo) de la academia pensar que esas personas no entienden o no saben lo que hacen; están constreñidas por muchas otras cuestiones. Por eso no tengo en claro la respuesta, pero sí tengo claro que es una cuestión muy frecuente en la academia señalar con el dedo. Y eso a mí me genera una gran inquietud, verdaderamente me incomoda.