Introducción

El turismo es una actividad económica que genera múltiples y variadas demandas derivadas en los territorios en los cuales se inserta, donde su efecto generalmente permea lo social, cultural, ambiental y económico de múltiples formas, aunque con una lógica de apropiación desigual de los excedentes a escala de los actores y de los territorios.

Este potencial en términos de desarrollo económico, ha despertado, desde hace varias décadas, el interés académico y desde la política pública por el desarrollo del turismo en los espacios rurales, particularmente el desplegado por actores propios de este medio, especialmente por los más vulnerables en el marco de las nuevas dinámicas productivas.

El Turismo Rural se plantea como una opción productiva en la década de 1950, en las sociedades industriales europeas desarrolladas con el objeto de promover el progreso económico, social y humano para el espacio rural ante el creciente progreso industrial en las ciudades y el despoblamiento y subordinación productiva del medio rural (^{Posada, 1999}; ^{Estrada, 2013}). La política europea de desarrollo rural que ha incidido de manera significativa en el fomento del turismo ha sido la iniciativa LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) que buscó frenar la migración rural, a través de la diversificación de las actividades productivas y el desarrollo del medio rural (^{Duarte, 1999}; ^{Giangiordano, 1997}; ^{Pérez Fra, 2003}; ^{Cànoves, Villarino y Herrera, 2006}, ^{Olvera Hernández, Cazorla Montero y Ramírez Valverde, 2009}).

En la Argentina, el Turismo Rural surge como forma de complementar los ingresos, a principios de la década de 1990, en la Región Patagónica, traccionado por una gran depresión del sector agropecuario producto de los bajos precios internacionales de la lana, principal fuente de ingreso en dicha región. Luego comienza a expandirse al resto del país, principalmente en los períodos de crisis del sector primario, y para hacer frente a las problemáticas actuales del espacio rural a escala mundial: aumento del tiempo de no-trabajo (^{Gorenstein y Gutman, 2001}), subordinación de las producciones primarias a las cadenas de producción globales (^{Graziano da Silva, 2001}), concentración de propiedad (^{Sili y Soumoulou, 2014}); migración de los jóvenes (^{Neiman y Bardomás, 2001}; ^{Román y Ciccolella, 2009}; ^{Neiman, 2009}), entre los factores más destacados.

El acompañamiento público comienza a partir del año 2000, con el lanzamiento del Programa Argentino de Turismo Rural denominado RAICES desde la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAPGyA) y la Secretaría de Turismo (SECTUR) (^{Estrada, 2013}). Si bien ^{Guastavino, Rozemblum y Trímboli (2010)} señalan acciones previas, tales como el soporte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a proyectos vinculados al Turismo Rural en la Patagonia y, por otro lado, la conformación de la Red Argentina de Turismo Rural en el año 1996, proyecto elaborado por el Instituto de Economía y Sociología Rural del INTA.

A este programa pionero le sucedieron otros, como el Proyecto Nacional de Turismo Rural (PRONATUR- SAGPyA-INTA) implementado en el año 2008 con el propósito de conformar una masa crítica de prestadores nacionales capacitados con apoyo institucional (^{Trivi, 2016}) y el Programa Turismo en el Espacio Rural de la República Argentina (TERRA -Ministerio de Turismo de la Nación) lanzado en 2010, el que impulsó el desarrollo y posicionamiento de una oferta más estructurada y dotada de viabilidad económica, social, ambiental y política, respetuosa de las identidades locales y con una mayor equidad en la distribución de los beneficios económicos en el medio rural (^{Ercolani y Pelliza, 2013}).

Más allá de los mencionados programas impulsados, siempre coexistió un acompañamiento desde el INTA a los proyectos vinculados al Turismo Rural, con acciones formalizadas a partir del año 2004, en el marco del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER) más conocido como Cambio Rural (en adelante CR) que incorporó la oferta de servicios técnicos a prestadores o potenciales oferentes de Turismo Rural. Esto tuvo gran alcance espacial dada la trayectoria institucional del INTA y su fuerte presencia territorial en todo el ámbito nacional (^{Estrada, Kwiatkowski y Córdoba, 2018}).

A más de 15 años del Programa CR trabajando con grupos de Turismo Rural, esta publicación buscó identificar cuáles son los principales logros percibidos por los actores destinatarios del mismo y cuáles son las cuestiones pendientes en función de los objetivos planteados por dicha política pública, particularmente en el Sudoeste Bonaerense (Buenos Aires, Argentina). Este recorte territorial está integrado por los partidos de Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Guaminí, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist y Villarino.

El enfoque metodológico utilizado fue exploratorio descriptivo de tipo cualitativo y cuantitativo. Centrándose el trabajo en la información primaria obtenida a partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas a oferentes de servicios turísticos del sudoeste bonaerense que han participado de CR, así como a referentes regionales y nacionales del INTA. Este aporte se enmarca en una investigación más amplia que aborda el análisis de las complementariedades y rivalidades en el uso de los recursos para los actores rurales que desarrollan actividades de base agrícola-ganadera y otras asociadas con el Turismo Rural.

El trabajo se estructura de la siguiente forma. En un primer apartado se analizan los aspectos generales del esquema de funcionamiento del Programa CR, a continuación, se presenta la evolución en el acompañamiento del mencionado programa, a través de sus distintas etapas, a los oferentes de servicios turísticos a nivel nacional. Seguidamente, se evalúan los logros y falencias del Programa CR según la mirada de los actores rurales oferentes de servicios turísticos en el Sudoeste Bonaerense. Por último, se presentan las conclusiones.

El Programa Cambio Rural (Minagri-INTA). Caracterización y esquema de funcionamiento

El Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria, conocido como Cambio Rural (CR) es un programa intervencionista del Estado nacional, financiado desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (inicialmente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación SAGPyA) y ejecutado por el INTA, quien se ocupa de la esfera técnica y administrativa, y de su promoción y seguimiento.

El mismo se implementa desde el año 1993 y fue puesto en marcha con la finalidad de colaborar con los pequeños y medianos productores empresariales capitalizados (PyMES agropecuarias y agricultura familiar) en respuesta al diagnóstico institucional realizado sobre la situación de este segmento de productores en el marco de la crítica coyuntura agropecuaria de finales de la década de 1980, caracterizada por el deterioro de los precios internacionales de los bienes primarios exportables y la crisis económica nacional (^{Carballo González, 2007}; ^{Taraborrelli, 2017}).

Entre sus objetivos se listan asistir en la organización de la producción, transformación y comercialización, capacitar a los actores sociales, fortalecer articulaciones público privadas vinculando a los productores con la oferta tecnológica y promover una mejora en la competitividad de las empresas de los pequeños y medianos productores que permitiera aumentar el ingreso en el corto plazo y crear las bases para el desarrollo local y regional, a largo plazo.

Este programa, desde su lanzamiento, detentó una gran cobertura espacial dada la trayectoria institucional del INTA y su fuerte presencia territorial en todo el ámbito nacional¹ y se constituyó en la principal política de Desarrollo Rural en la Argentina (^{Lattuada, 2014}), aunque subordinada a los vaivenes de las políticas nacionales, para las que la Extensión Rural no constituye una prioridad, al igual que el resto de las políticas públicas con una impronta paliativa, sectorial y de bajo impacto en cuestiones estructurales (^{Carballo González, 2007}; ^{Laurino, Riveros y Alamo, 2007}; ^{Taraborrelli, 2017}).

Se alude a la sobreestimación por parte del Estado nacional de la capacidad tecnológica y la institucional del INTA para el cumplimiento de los objetivos planteados, y la subestimación de las condiciones del contexto. Esto último, particularmente el planteo carente de cuestionamiento de las bases de reproducción de la desigualdad capitalista por parte del INTA, un contexto de desfinanciamiento de este organismo por parte del Estado Nacional y de la transferencia de responsabilidades en cuestión de desarrollo y desocupación hacia los gobiernos locales y provinciales, ONG y organizaciones de base (^{Carballo González, 2007}; ^{Romero, 2012}).

El eje del programa se constituyó en el asesoramiento a privados por privados contratados con apoyo financiero del Estado, acotado en el tiempo y basado en el trabajo grupal y participativo, con el objetivo inicial de integrarlos a las cadenas de valor, en un ámbito de equidad social y sostenibilidad ambiental.

Si bien CR ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, las que se vieron plasmadas en los diversos Manuales Operativos, el esquema de base para su funcionamiento ha mantenido la siguiente estructura respecto de los actores directamente involucrados: productores integrantes (donde uno de los integrantes asume el rol de representante del grupo), Promotor Asesor (PA) y Agente de Proyecto (AP) (^{Gargicevich y Arroquy, 2012}).

El programa apuntala a grupos de productores que realizan una misma actividad² y que se localizan próximos a través de la contratación de un profesional (PA), que cumple con el rol de ‘extensionista rural’, que de forma complementaria, organiza/facilita la gestión integral de sus emprendimientos, para promover procesos de innovación de los grupos en el territorio en el que se encuentran insertos, a través de reuniones mensuales. Los PA son apoyados en su trabajo por el AP, quien vincula a los grupos con los recursos, principalmente humanos del INTA (Figura 1).

Cabe destacar que el pago es poco oneroso tanto para el PA (requiriéndose solo una dedicación part-time a esta actividad) así como también el aporte para el funcionamiento de los grupos.

Fuente: elaboración personal

Figura 1 Actores directamente involucrados en la conformación de los Grupos de Cambio Rural 

Luego de la conformación del grupo y la solicitud de alta, el grupo ingresa al sistema con un alta transitoria por seis meses hasta que completa el Plan de Mejora Individual (PMI) y posteriormente el Plan de Trabajo Grupal (PTG) obteniendo así el alta definitiva.

El grupo aprobado (de no disolverse) percibe un aporte económico estatal que se extiende por tres años, destinado a cubrir parte de los honorarios del PA, solicitándose a los integrantes del grupo de trabajo que contribuyan aportando con una contraparte equivalente al monto otorgado por el Estado. Este último aspecto, en la práctica, generalizadamente no se cumple. Los productores se muestran reticentes a destinar recursos propios para cubrir la remuneración del PA, sin embargo, realizan pagos poco onerosos para objetivos puntuales a materializarse en el corto plazo, vinculados a las actividades a desarrollar por el grupo no financiadas por los organismos públicos (^{Estrada et al., 2018}).

El propósito del programa es que luego de los años de estímulo técnico y financiero por parte del Estado, el grupo consolidado pueda hacerse cargo de la totalidad de los honorarios PA, sin embargo, según ^{Gargicevich y Arroquy (2012}), en la práctica, la mayoría de los grupos se desarticulan, siendo este el punto más vulnerable del programa³.

Transcurridos los tres años, el propio grupo debe autofinanciar la continuidad del asesor, pasando a ser denominados como Grupos Adherentes, siguiendo vinculado al programa, con la obligación de informar sus actividades y reunirse mensualmente, conservando así el apoyo que les permite sostener la red de contactos productivos e institucionales, acceso a capacitaciones e información sectorial.

La Figura 2 describe el ciclo de vida de los Grupos del programa según el “Manual Operativo Cambio Rural 25 Años” (^{Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2017}).

Fuente: elaboración personal con base en datos de la ^{Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (2017)}

Figura 2 Ciclo de vida de un Grupo de Cambio Rural. Año 2017 

Cambio Rural y el acompañamiento a los oferentes de servicios turísticos a través del tiempo

Producto de la investigación primaria y secundaria desarrollada, se han podido identificar claramente cuatro etapas del programa CR, donde básicamente se diferencia la población objetivo del mismo; pudiéndose encontrar un correlato claro con las actividades/producciones comprendidas y la cantidad de grupos financiados para cada período (^{Estrada et al., 2018}), más allá de ciertos solapamientos producto de los tiempos de implementación de estos cambios y los ciclos de vida de los grupos de CR.

Etapa 1, desde 1993 hasta 2003: Esta etapa se inicia en mayo de 1993 y se extiende hasta la conformación del PROFEDER. Por entonces, el programa se centró en el acompañamiento a los pequeños y medianos productores capitalizados. La mirada en ese entonces era productivista inspirada en el Movimiento CREA, surgido en 1960⁴ abocada a solucionar problemas sectoriales específicos de cada grupo de trabajo teniendo como sostén la amplia estructura del INTA con presencia en todas las regiones de la Argentina.

Se promueve la organización grupal para la compra conjunta de insumos y bienes de capital, la articulación con la agroindustria, y la formación de entes comerciales o sociedades con cadenas de distribución con el objeto de incrementar el poder de negociación de los productores (^{Gargicevich y Arroquy, 2012}).

Según estos autores, para el año 2003, se contabilizaban 632 grupos a nivel nacional, con un promedio de diez integrantes por grupo, no existiendo registros previos confiables para años anteriores dado que no eran sistematizados regularmente (^{Gargicevich y Arroquy, 2012}).

En este período no había financiamiento para grupos específicos de Turismo Rural, si bien es posible identificar algunos casos donde los productores, prestadores de servicios turísticos o interesados en desarrollarlos, participantes de CR a través de otra actividad agropecuaria (horticultura, ganadería, etc.) obtenían eventualmente algún tipo de asesoramiento para la oferta del mismo, aunque el turismo resulta ser el eje en el asesoramiento grupal.

Etapa 2, desde 2003 hasta 2014: Esta etapa comprende desde la conformación del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER) hasta el relanzamiento de CR en el año 2014.

A partir del año 2003, CR pasa a formar parte de PROFEDER junto a otros tres programas nacionales: Unidad de Planes y Proyectos para Productores Minifundistas (Minifundio), el Programa Nacional de Autoproducción de Alimentos (ProHuerta), y el Programa para Productores Familiares (Profam)⁵. Además de los programas preexistentes, el PROFEDER presentó dos nuevos instrumentos, Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local y Proyectos Integrados, ambas propuestas con el objeto de estimular/impulsar el desarrollo económico y social de los territorios y promover nuevas alternativas productivas para los actores locales. Esta nueva fase se gesta como producto de la adecuación institucional del INTA a las demandas del sector agropecuario y de la sociedad en general, ante un contexto macroeconómico nacional adverso, donde el INTA se autodefine como promotor de la expansión productiva y del desarrollo social en el medio rural.

Bajo este esquema, los nuevos programas incorporan un diferente enfoque centrado en fortalecer el desarrollo territorial con inclusión social, cuyos pilares eran: 1) integrar los sistemas socio-productivos locales/regionales al mercado nacional e internacional; 2) generar empleos e ingresos a través de la incorporación de tecnologías organizacionales y comerciales; y 3) la articulación de diversos actores para fortalecer el capital social, sosteniendo el histórico rol central del extensionista más allá de las ideologías y los lineamientos políticos y económicos propios de los gobiernos nacionales y sus visiones sobre la institución (^{Alemany, 2003}; ^{Benítez, 2010}; ^{Gárgano, 2015}).

Estos programas posibilitaron el apoyo técnico y cierto financiamiento para proyectos de pequeños productores en distintos territorios por más de una década, más allá de la pasividad de los actores locales en traccionar los recursos, los altibajos del programa y los condicionamientos para la participación que se fueron multiplicando (^{Manzanal et al., 2006}).

En los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2005-2015 del INTA se denota el énfasis en el trabajo en el ámbito regional y local con el objeto de fortalecer las capacidades territoriales, a partir de la participación de la población en la preparación y gestión de proyectos, y la consideración de las diferentes características y requerimientos de los actores, para lo cual se consideró necesario generar capacidades regionales con el desarrollo de equipos de trabajo (de extensión) (^{INTA, 2004}). En este contexto, en los primeros años de esta etapa se promueve la formación de los técnicos a través de posgrados académicos en áreas sociales y territoriales.

En el año 2004 se incorpora el rubro Turismo Rural al programa, mostrando desde entonces una tendencia de constante crecimiento, ubicándose entre los de mayor tasa de crecimiento a nivel nacional (^{Gargicevich y Arroquy, 2012}). Lo que puede ser explicado, por un lado, por el nuevo enfoque del programa y la visión de los extensionistas más ávidos de promover el desarrollo territorial en espacios rurales, donde el turismo ha sido señalado desde lo académico (^{Fernández y Ramos, 2000}; ^{Barrera, 2006}) y desde lo público (^{Guastavino, Lance y Rozenblum, 2015}) como una actividad con gran potencial para dinamizar no solo aspectos económicos, sino también culturales y ambientales. Por otro lado, por la progresiva necesidad de los actores rurales de implementar/reforzar estrategias adaptativas en las unidades productivas con el objeto de complementar sus ingresos a escala familiar (^{Estrada, 2016}), y la percepción que tienen de esta actividad como una alternativa viable dada la muy baja o nula inversión inicial particularmente para quienes cuentan con algún tipo de inmueble para el desarrollo de la actividad (^{Troncoso, 2003}; ^{Barrera, 2006}; ^{Estrada, 2013}). Y, por último, por las oportunidades potenciales que ofrece el Turismo Rural en el marco de las nuevas modalidades de turismo que comienzan a ser cada vez más demandadas.

Según ^{Gargicevich y Arroquy (2012}), entre los años 2003 y 2012, se pasó de 632 a 1.486 grupos a nivel nacional de todos los rubros, con un promedio de diez integrantes por grupo.

Etapa 3, desde 2014 hasta 2016: En el año 2014, después de 20 años de ejecución del Programa, se relanza bajo la denominación de Cambio Rural ii (innovación e inversión) más conocido como Cambio Rural II. La reedición tiene como marco político-institucional al Plan Estratégico Agroindustrial y Agroalimentario Participativo y Federal (PEA, 2010-2020), lanzado el 14 de mayo de 2010, que pretende dar un fuerte impulso al agregado de valor en origen y el desarrollo rural equitativo e integral.

Si bien el programa presenta una línea de continuidad en el esquema operativo del programa, se aprecian modificaciones significativas respecto de los objetivos iniciales, el espectro de actores beneficiarios y la articulación con otras políticas de desarrollo.

Los nuevos objetivos responden a un cambio de enfoque conceptual que promueve el desarrollo de emprendimientos de integración vertical y horizontal en comunas y municipios rurales, buscando detener el despoblamiento rural, incorporar innovaciones tecnológicas y organizacionales, apuntando no solo a la eficiencia productiva y/o comercial, sino que busca contribuir al desarrollo integral del territorio, ampliando la base de productores beneficiarios al incorporar a las pequeñas producciones vinculadas a la agricultura familiar, mayormente ligadas al despliegue de estrategias de supervivencia (^{Taraborrelli, 2017}). Tal como menciona ^{Fernández (2017}) se pretende una mirada que contemple las múltiples dimensiones que conforman la realidad productiva y social de PyMEs agroalimentarias y agroindustriales, cooperativas y productores familiares capitalizados y con posibilidad de capitalizarse. Por tal motivo el Programa, además de tener en cuenta indicadores de productividad y comercialización, comienza a relevar información sobre aspectos ambientales y familiares de los destinatarios, bajo la visión de un modelo de desarrollo territorial integral que incluye no solo a los productores agropecuarios y sus familias, sino al conjunto de la población que reside y trabaja en el ámbito rural no agrario (^{Taraborelli, 2017}).

Respecto de los instrumentos de intervención, también se observan diferencias con las etapas anteriores, con el relanzamiento se implementó un mecanismo de asistencia financiera conocido como “Caja de herramientas”, que buscó orientar a los productores respecto a las potenciales líneas crediticias y brindar asesoramiento para su obtención.

Otra modificación es que se suprime el año de prórroga con aportes públicos a solicitud de los productores (adicional a los tres años de financiamiento).

Etapa 4, desde 2016 hasta la actualidad: En esta etapa se vuelve a la filosofía de la primera fase del programa: el trabajo con pequeños y medianos productores capitalizados o en vías de capitalización, excluyendo de los beneficiarios a la agricultura familiar. Si bien hay un periodo de transición, dado que los programas iniciados en la etapa previa no se desarticularon, sino que siguieron/seguirán vigentes hasta su finalización.

Asimismo, la ^{Resolución Nº 249/E/2017} del Ministerio de Agroindustria, plantea aspectos restrictivos relacionados a las características de los productores participantes, principalmente vinculados al ingreso anual neto y a la nacionalidad (ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo), aspectos que generaron controversias⁶.

En este nuevo esquema, el Ministerio dio de baja a dos tercios de los grupos CR a nivel nacional (880 de baja, unos 8.800 productores, y quedando en funcionamiento 404 grupos). En este nuevo contexto, quedan sin financiamiento la mayoría de los grupos de TR y surge la inquietud acerca de la aprobación de financiamiento para nuevos grupos de TR.

La Figura 3 muestra la evolución cuantitativa de los grupos de CR de TR en el periodo 2006-2018 a nivel nacional. En la misma se puede ver una evolución creciente sostenida hasta el año 2012, entre 2006 y 2012 casi se quintuplicaron los grupos de TR; y una tendencia decreciente desde el año 2014 hasta la fecha. El análisis del periodo donde se dispone información discriminada entre grupos de TR con y sin aporte económico, 2014 -2018, muestra que entre 2014 y 2015 disminuyó el 28% la cantidad de grupos en total y la cantidad de grupos con financiamiento aumentó el 66%, pasando de 30 a 50 grupos de un total de 84. A partir del año 2015 se observa un decrecimiento constante de los grupos con financiamiento, mientras que se sostiene el número de grupos autofinanciados.

Fuente: elaboración personal con base en datos suministrados por el INTA

Figura 3 Evolución de la cantidad de grupos de Cambio Rural de Turismo Rural a nivel nacional. Años 2006-2018 

La Tabla 1 detalla la cantidad de grupos existentes con y sin aporte económico público de TR entre los años 2014-2018 para cada región del INTA.

Tal como puede apreciarse en la tabla, la región Buenos Aires Sur se destaca en los distintos años por contar con mayor cantidad de grupos con financiamiento (2014-2017) como sin aportes en el 2018, siendo notable la diferencia en cuanto a cantidad de grupos respecto a otras regiones, durante todo el periodo analizado.

Asimismo, se muestra una tendencia creciente en los grupos con financiamiento hasta el año 2015 y desde el 2015 al 2018 una tendencia decreciente, finalizando en el 2018 con ningún grupo con financiamiento público.

Logros y falencias del Programa Cambio Rural según la mirada de los actores rurales oferentes de servicios turísticos en el sudoeste bonaerense (provincia de Buenos Aires-Argentina)

El recorte espacial de análisis es el Sudoeste Bonaerense, territorio pionero en la conformación de Grupos de CR específicos de Turismo Rural en el año 2004 (recorte territorial perteneciente al Centro Regional del INTA en el sur de Buenos Aires). Según el INTA, estas primeras experiencias dieron lugar a lo que luego se conoció como la Red de Turismo Rural del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires⁷ (^{Guastavino, 2014}).

El trabajo de campo se desarrolló en los Municipios comprendidos dentro del Sudoeste Bonaerense (Bahía Blanca, Coronel De Marina Leonardo Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Tornquist, Saavedra, Adolfo Alsina, Puán, Villarino y Patagones). Constó de dos etapas, la primera en el marco del desarrollo de una investigación más abarcativa sobre la oferta de Turismo Rural, donde se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores del medio rural, propietarios de establecimientos que ofrecen/ofrecieron servicios, particularmente de pernocte como una actividad complementaria a la de base propia del medio rural; en este contexto se relevaron aspectos vinculados con el acompañamiento público recibido. Este trabajo se desarrolló desde el año 2016 hasta junio de 2019. En una segunda etapa, se realizó una encuesta semiestructurada, durante los meses de abril y mayo de 2019, a prestadores de servicios turísticos del Sudoeste Bonaerense que participaron del Programa CR en grupos de Turismo Rural, sin tener en cuenta la actividad desplegada. Las entrevistas en profundidad realizadas permitieron efectuar una caracterización de los oferentes rurales de Turismo Rural en este recorte territorial, y de sus necesidades.

Los oferentes rurales de servicios turísticos con pernocte en el recorte territorial analizado (unos veinte casos), desarrollan la actividad como parte de un menú de actividades productivas a escala familiar, donde la principal está vinculada a la actividad agrícola-ganadera, primando en la organización laboral las obligaciones/demandas de la actividad principal, consecuentemente la oferta de servicios turísticos se presenta discontinuada a lo largo del año, atendiendo la carga de trabajo y de descanso familiar, y con ciclos temporales en función de la rentabilidad de la actividad principal quedando la actividad turística supeditada a esta (^{Estrada, 2016}).

Existe gran heterogeneidad en los motivos esgrimidos para desplegar la actividad turística, estos generalizadamente aluden en primer lugar a cuestiones extraeconómicas, si bien el aspecto económico está presente dada la necesidad de complementar en la mayoría de los casos los ingresos familiares ante la baja en la rentabilidad de la actividad principal a escala familiar (^{Estrada, 2013}; ²⁰¹⁶). Se denota un manejo de tipo hobbista, caracterizado por una oferta no profesionalizada: oferta limitada en los servicios, atención exclusivamente con reserva previa, nula o escasa presencia en redes sociales, muy acotada inversión específica en el mantenimiento y mejoras, carencia de manejo económico-contable y una oferta centrada en las posibilidades de la explotación sin considerar los requerimientos de la demanda en el contexto actual (^{Estrada, 2013}; ²⁰¹⁶). A pesar de estas limitaciones, logran atraer a cierta demanda motorizada por un consumidor con nuevos intereses, con ansias de experiencias diferentes, personalizadas y positivas, lo que lo lleva a valorar e incursionar en destinos no tradicionales (^{Bordas, 2003}).

En este contexto, el oferente rural de estos servicios se caracteriza por un manejo no empresarial de la actividad, presentando una demanda baja y errática de asistencia pública. El trabajo de campo reveló demandas puntuales a los gobiernos locales (mantenimiento de caminos vecinales, difusión) y escueto apoyo municipal (más allá de la alternancia en los gobiernos locales), en contraste con una sostenida presencia del INTA y con una abierta convocatoria a la participación, particularmente en el marco del programa CR. Si bien en la mayoría de los casos analizados, la participación en los grupos de Turismo Rural respondió a un estímulo exógeno, particularmente la motivación/influencia de los PA más que a los intereses de los actores rurales (^{Estrada et al., 2018})⁸.

Otro aspecto a destacar es la heterogeneidad en el perfil de los integrantes de los grupos, lo que queda de manifiesto en trabajos que analizan estudios de caso (Corisco et al., 2013; ^{García Casal, Haag y Leonardi, 2015}).

Los actores a la hora de transmitir las experiencias personales, aludieron a un conjunto limitado de herramientas que el Programa les proporcionó. En primer lugar, recurrentemente se menciona el acceso a capacitaciones, lo que según afirman, les posibilitó interiorizarse en determinados aspectos que hacen a la prestación de servicios turísticos, en algunos casos de gran utilidad para la actividad puntual desplegada, mientras que otros contribuyeron a la cultura general. Asimismo, las capacitaciones recibidas estuvieron más vinculadas a herramientas factibles de aplicar a la prestación de servicios turísticos tales como el diseño de la identidad visual tanto grupal como individual (en redes sociales, en la web, folletería, etc.), montajes fotográficos y Buenas Prácticas para la atención al público, mientras que parecen quedar relegadas las temáticas vinculadas a aspectos administrativos, contables y económicos (^{Estrada et al., 2018}); donde los actores consultados se perciben como pasivos respecto de su injerencia en los tópicos de las capacitaciones, más allá de las posibilidades reales dentro de su Grupo y de la Estación Experimental de pertenencia, sin embargo, este aspecto no es cuestionado por la mayoría de los participantes del programa.

Si bien el INTA promueve el cambio de experiencias en distintos territorios con personas que realizan similares actividades, bajo el precepto de acercar problemas y soluciones propias del devenir de la actividad, aspecto valorado por muchos por tener la posibilidad de conocer otras experiencias en otros contextos (físicos/geográficos, institucionales, de demanda, etc.), otros actores hacen referencia a lo restrictivo/demandante de dichas capacitaciones.

Generalizadamente se hace referencia a la conformación/consolidación de una red de contactos públicos y privados, principalmente a nivel local/regional. Si bien esto les posibilitó conocer diferentes actores y/o estrechar lazos generándose mayor proximidad vincular entre oferentes que se enfrentan a problemáticas similares vinculadas al TR, estas relaciones más bien informales, más o menos extensas y más o menos movilizantes de acuerdo al grupo de pertenencia, en general no se han traducido en una mejora sustancial de los beneficios económicos percibidos por los individuos. Solo en algunos partidos (Coronel Dorrego y Villarino) se aludió a que estas relaciones viabilizaron asociaciones informales y esporádicas entre algunos actores que permitieron la prestación de servicios en forma conjunta. En otros casos, dado el perfil altamente heterogéneo de los actores que conformaron el grupo, en términos económicos, sociales, culturales, idiosincráticos, esos contactos solo constituyeron vínculos sociales laxos y acotados en el tiempo (^{Estrada et al., 2018}).

Por último, se alude a la contención generada en los grupos de CR de pertenencia, donde el programa les ofreció un espacio que les permitió sociabilizar problemáticas comunes tanto de la actividad turística desplegada (inherentes a la demanda y a la oferta), como de otras cuestiones productivas, laborales y/o personales.

En síntesis, de las entrevistas a los actores rurales, se desprende que los beneficios percibidos están principalmente relacionados a las dimensiones social⁹, cultural y vincular puntualmente a la capacitación recibida, los contactos generados y contención de los pares, en desmedro de otros aspectos vinculados al manejo de los recursos económicos, los que constituyen la condición principal de la acumulación y de la conservación de las demás especies de capital (social, simbólico, etc.) (^{Brunet y Alarcón, 2004}).

Cabe destacar que este segmento de oferentes que ofrecen alojamiento con pernocte, requiere de una mayor cantidad de recursos (inmueble, mano de obra, entre otros) que otras actividades vinculadas con el turismo rural, por lo que es de esperar un manejo más de tipo empresarial y ante la carencia de este, un apuntalamiento en este sentido.

En las encuestas semiestructuradas realizadas a prestadores de servicios turísticos del Sudoeste Bonaerense que participaron del Programa CR en grupos de Turismo Rural, se observa que el 96% comenzó a hacerlo entre el período 2010-2015. Entre los grupos se mencionaron Arenas y Aromas del paralelo 39 perteneciente a la E.E.A. Hilario Azcasubi; Las Cortaderas, Sierras y Pampas perteneciente a A.E.R Pigüé y A.E.R Coronel Suárez y los grupos Dejando Huellas y Copetonas Turismo Rural pertenecientes a la E.E.A Integrada Barrow.

Resulta llamativo que del total de los encuestados, el 31% ya no lo hace y el 30% continúa de forma discontinua, mientras que el 39% sigue con la actividad, tal como se observa en la Figura 4.

Fuente: elaboración personal

Figura 4 Caracterización de los oferentes de servicios turísticos que participaron el Programa Cambio Rural en el Sudoeste Bonaerense 

A la hora de indagar sobre la actividad productiva con mayor relevancia del establecimiento, es decir, principal fuente de ingresos, el 50% respondió que se dedicaba a la actividad agropecuaria, mientras que el 27% a la actividad turística y el 14 % a la actividad comercial y el resto a productos regionales.

Respecto de beneficios que recibieron tras su participación en el Programa CR, la mayor parte de los encuestados coincidió en que la “capacitación” y el “contacto” fueron los primordiales aportes recibidos. La totalidad de los encuestados respondió que principalmente tuvieron asesoramiento sobre turismo y en menor medida de atención al público y organización de eventos, solo una persona mencionó recibir preparación sobre “manejo económico”. En cuanto a si registraron mejoras en sus ingresos tras la participación en el programa, el 59% afirmaron que vieron mejoras en sus ingresos.

El 64% de los encuestados aún mantienen vínculos con el INTA, y el 73% volvería a participar del programa “Cambio Rural”, mientras que un 36% no lo volvería a hacer.

Entre las herramientas que los entrevistados mencionan, que le proporcionó el Programa, se destacó el trabajo asociativo o grupal, conocimientos específicos sobre la temática que están emprendiendo y la creación de una red de contacto, donde para la gran mayoría las experiencias personales fueron positivas. La principal falencia mencionada fue la falta de compromiso de algunos integrantes del equipo de trabajo, asimismo algunos hacen mención a un escaso acompañamiento del INTA en cuento a la promoción y al asesoramiento que entienden como ‘gratuito’ por parte del PA.

Consideraciones finales

En el marco de la investigación, el Programa CR aparece como el único programa de apoyo al cual han tenido acceso la mayoría de los actores rurales entrevistados y el INTA como la institución protagónica en el acompañamiento al TR. Esto puede ser explicado por la gran cobertura espacial de la institución, la trayectoria del programa y la carencia de otras alternativas de acompañamiento, particularmente para los actores rurales en territorios con recursos turísticos no destacados, con bajos/nulos presupuestos municipales en las áreas de turismo.

El periodo de mayor acompañamiento a los oferentes de TR desde el programa fue en el 2004-2017, existiendo actualmente incertidumbre acerca de las posibilidades de financiamiento de nuevos grupos de Turismo Rural a futuro, la que parece estar circunscripta a la misma evolución del programa en el marco de la alternancia de los gobiernos y la visión sobre la política pública, lo cual tracciona el despliegue de estrategias adaptativas por parte de los actores (potenciales participantes y los técnicos) los que subordinan o asocian este tipo de proyectos a otras temáticas con mayores posibilidades de aprobación.

En el trabajo de campo se observó que el estímulo para la conformación de los grupos es principalmente exógeno, centrado en los PA. Aspecto que contribuye a explicar el heterogéneo compromiso de los actores, la baja predisposición a contribuir a la remuneración del pago del PA y la alta tasa de discontinuidad en los proyectos una vez finalizado el financiamiento público.

A la hora de evaluar logros esgrimidos por los actores prestadores de servicios turísticos, se observa que los beneficios percibidos están principalmente relacionados a las dimensiones social, cultural y vincular, puntualmente a la capacitación recibida, los contactos generados (con una permanencia variable en el tiempo en los distintos grupos y con un escueto impacto directo en lo productivo) y contención por parte de técnicos y de los pares (aunque no es parte de los objetivos del programa), observándose que no se logran fortalecer otros aspectos que redunden en un manejo más empresarial de la actividad desplegada (aspecto más vulnerable en los actores entrevistados) y por ende se traduzca a los beneficios económicos percibidos, y en la continuidad de la misma en el largo plazo.

En este sentido, pareciera que el programa cumple, por lo menos en los casos analizados, como sostén de ciertos aspectos como la sociabilización de las problemáticas y la capacitación en torno a herramientas de tipo tradicional posibles de aplicar a la promoción del TR, entre los principales aspectos. Sin embargo, se registran falencias respecto de un acompañamiento a los oferentes para que puedan alcanzar la auto sustentabilidad económica de la actividad en el largo plazo, entre los que se destacan el tratamiento de aspectos económico-financieros y el manejo de redes sociales.