1. Introducción.

A casi 40 años del llamado “conflicto armado del Atlántico Sur”, más conocido como la “guerra de las Malvinas” en la que se enfrentaron Argentina y el Reino Unido debido a que ambos Estados se disputaban la soberanía de dichas islas, analizar la posición de México ante esta confrontación resulta un ejercicio intelectual de amplias proporciones.

Como punto de partida hemos de reconocer que el posicionamiento de un país frente a éste o cualquier otro tema de la agenda internacional no puede reducirse a una visión en la que se logre identificar una postura única, homogénea y que represente el sentir de todo el Estado.

Frecuentemente se habla de la posición de México en el escenario internacional y pocas veces nos detenemos a considerar la amplia gama de objetivos, factores, actores e intereses intrínsecos; además, la profunda interdependencia que caracteriza a las relaciones internacionales debe tomar en cuenta las dinámicas propias al interior del Estado, es decir, el contexto nacional así como las condiciones que imperan en el espacio regional e internacional en que se desarrolla un determinado proceso.

Este ensayo tiene por objetivo analizar diversos de estos elementos condicionantes de la postura de México frente a la guerra de las Malvinas, tanto en el ámbito doméstico como en el regional, los cuales no podían estar ajenos a la lógica mundial en la que la Guerra Fría y la bipolaridad constituían el escenario internacional.

2. El escenario mundial durante la confrontación.

La guerra de las Malvinas, cuyas fechas oficiales van desde el día 2 abril al día 14 junio de 1982 -setenta y cuatro días de conflicto bélico- se dio en el marco de un mundo bipolar en el que la confrontación Este-Oeste era el telón de fondo de la política internacional[¹ ].

El enfrentamiento entre Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se encontraba en lo que algunos autores han dado en llamar “la segunda Guerra Fría” en la que en Estados Unidos, después de una aparente pérdida de hegemonía bajo la administración del demócrata Jimmy Carter (enero 1977- enero 1981) y la consolidación del poder hegemónico soviético, es gobernado por el republicano Ronald Reagan, quien buscaba recuperar el liderazgo norteamericano en los asuntos mundiales[² ].

La década comprendida entre 1970 a 1980, conocida como de “coexistencia pacífica”, producto de la primera distensión, estuvo marcada más por preocupaciones de orden económico. De una visión del mundo Este-Oeste se pasó a una lógica Norte-Sur, en la que los países eran categorizados como “ricos” o “subdesarrollados”, dándose especial atención a los debates en torno al Nuevo Orden Económico Internacional[³ ]. Sin embargo, esta distensión llegó a su fin con la invasión soviética a Afganistán y el regreso de los republicanos a la Casa Blanca en 1980, con la clara intensión de recuperar el poder perdido y replegar el avance soviético en distintas zonas de influencia. En este proceso, la guerra de las Malvinas fue una pieza más de este reacomodo hegemónico.

Ronald Reagan quien, si bien antes de iniciarse la guerra entre Argentina y Gran Bretaña, en una entrevista con el General Leopoldo Galtieri, expresó su preocupación por el rumbo que tomaban los acontecimientos -e incluso propuso gestionar buenos oficios vía su embajadora en las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick para encontrar una salida diplomática y negociada al conflicto- ante las negativas de Galtieri no dudó en advertirle que la relación entre Washington y Argentina se vería irremediablemente afectada, ya que se ponía en riesgo a todo el hemisferio, por lo que Estados Unidos no dudaría en dar todo su apoyo a Gran Bretaña, su aliada histórica tanto por su peso en Europa como por su rol en la OTAN, particularmente en el marco de la bipolaridad[⁴ ].

La confrontación ideológica capitalismo versus marxismo-leninismo, lideradas por la EE.UU y la URSS, respectivamente, también hizo eco en el conflicto del Atlántico Sur. Por una parte, las izquierdas, en distintos países vieron en esta guerra la ocasión de liberar la oprimida clase trabajadora argentina de la llamada “bestia negra” del fascismo representada por el régimen militar comandado por Galtieri, al tiempo que se oponían a la derecha radical encarnada en Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Por otra parte, los gobiernos progresistas veían en el régimen argentino una brutal dictadura militar cuya crisis ya era evidente, por lo que, en caso de ser derrotada, nadie extrañaría.

Muchos gobiernos moderados decidieron permanecer al margen, ya que, si bien no apoyaban las acciones militares británicas, tampoco podían estar del lado de lo que se llamaba una “dictadura genocida”. Así el gobierno argentino parecía estar solo frente la alianza anglosajona, la cual incluso fue apoyada por otra dictadura latinoamericana, la chilena de Augusto Pinochet. En este contexto parecía que la Operación Cóndor[⁵ ], cuyo apoyo a la junta militar presidida por Jorge Rafael Videla hasta apenas unos años antes había llegado a su fin -al menos así lo fue para Argentina, no para otros estados latinoamericanos-.

Otra lógica global que se superpone a la bipolaridad en la guerra de las Malvinas fue la confrontación Norte-Sur, perspectiva desde la cual un país del Tercer Mundo atentaba contra los intereses de una economía capitalista del primer mundo, favoreciendo la alianza anglo-americana a la que se sumó Francia. No obstante, la solidaridad del tercer mundo con el gobierno argentino estuvo ausente dado el proceso y dinámicas llevadas a cabo durante el autollamado “Proceso de Reorganización Nacional”, encabezado por la junta militar de Videla de 1976 hasta 1981 y continuada por Viola y Galtieri hasta el estallido de la guerra con Gran Bretaña.

Rivalidades Este-Oeste, Norte-Sur, confrontación ideológica, lucha hegemónica, crisis de modelos económicos proteccionistas y nacionalistas fueron entre otras, dinámicas dominantes del sistema internacional en que se desarrolla la confrontación anglo-argentina.

3. México: contexto nacional.

Para la década de los ochenta, el actuar de México en el escenario internacional respondía a la lógica de su sistema político forjado durante el transcurso de las cuatro décadas previas. Con el fin del “Maximato” (1928-1934), bajo la administración del General Lázaro Cárdenas (1934-1940), y los subsecuentes sexenios, se fueron consolidando los elementos centrales que dieron sentido y continuidad a dicho sistema prácticamente hasta 1994[⁶ ].

Algunos de los elementos fundamentales que nos permiten entender la estructura y el funcionamiento del sistema político mexicano y que explican su permanencia por más de 50 años son, en términos generales: un sistema centrado en el presidencialismo, la existencia de un partido oficial que institucionalizó no sólo la revolución, sino las dinámicas de legitimación de la presidencia, una estructura de organización federal formal, profundamente centralista en la práctica, además de ser un sistema con carácter autoritario, fincado en el corporativismo, lo que lo hizo un modelo que podríamos llamar único.

Particular relevancia adquiere la presidencia de la República como la instancia eje en la que giran todos los elementos del sistema, y a la cual algunos autores, como Enrique Krauze[⁷ ], dieron por llamar “presidencia imperial” o “dictadura perfecta”, tal y como la refiere Vargas Llosa. En ambos casos se alude a que la historia política de México es el resultado de las biografías de los titulares del poder ejecutivo. Incluso Jorge G. Castañeda, en su libro “La herencia, arqueología de la sucesión presidencial en México”, destaca los particulares mecanismos de la sucesión presidencial en el país, lo cual define la política mexicana, particularmente del periodo referido (1934-40 a 1994)[⁸ ].

La presidencia de la República ejerció un poder casi absoluto, por lo menos hasta 1994. El proceso tradicional en la sucesión presidencial funcionó igualmente hasta dicho año. Las elecciones no fueron competitivas sino hasta 1983 -en ciertos casos del ámbito local- y más claramente hasta 1988. Además, a la dinámica centralista del federalismo se suma la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, ya que no fue sino hasta 1997 cuando el partido oficial perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. En tanto que el Poder Judicial poca independencia ha observado, a pesar de que la Constitución establece la división de poderes.

Lorenzo Meyer[⁹ ], en su trabajo titulado “La crisis del presidencialismo mexicano” sostiene que el presidencialismo en México es esa forma de gobierno en donde la división de poderes prevista en la Constitución queda en el papel sin aparecer en la práctica, ya que tanto los poderes Legislativo y Judicial quedan profundamente subordinados al Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con los poderes locales de las entidades que integran la Federación en términos de Estados y Municipios. Meyer agrega que el presidencialismo también implica una sociedad civil débil, sin la suficiente fuerza para actuar de manera independiente, y en la que ni los partidos políticos, ni las organizaciones empresariales o los medios de comunicación ni las comunidades académicas tienen capacidad de actuación con independencia real o relativa del poder presidencial.

Este modelo sui generis de presidencialismo mexicano dotó al Jefe del Ejecutivo de una fuerza inigualable, que incluso algunos han definido como atribuciones ilimitadas, tanto por aquellas otorgadas por la propia Constitución como las que están por encima de ésta llamadas “facultades metaconstitucionales”. Jorge Carpizo[¹⁰ ], en su estudio sobre el presidencialismo mexicano, destacó la enorme concentración del poder del Presidente del país, ya que tenía en sus manos una serie de atribuciones que incluían, entre otras, ser jefe del partido dominante -el cual además está integrado por centrales obreras, campesinas y profesionales-, ser jefe del ejército y las Fuerzas Armadas, además de tener la capacidad de determinar todos los aspectos internacionales en los cuales interviene el país, sin que para ello existiera ningún freno o contrapeso, a lo que se suma una marcada influencia en la economía, a través de mecanismos desde el Banco Central y otros organismos descentralizados así como las empresas paraestatales.

La guerra de las Malvinas estalló en año electoral para México. Terminaba el sexenio de José López Portillo (1976-1982) quien, si bien gozó de ese modelo del presidencialismo ya descrito, no pudo contener los embates de la economía. El cierre de su mandato estuvo marcado por una grave crisis que llevó al país a una recesión económica provocada por múltiples variables, entre las que destacan el desplome de los precios del petróleo -siendo México una economía petrolizada- a lo que se sumó una gran deuda externa, fuga masiva de capitales, inflación galopante y profunda devaluación.

En 1976 la moneda mexicana pasó de la histórica paridad fija de 12.50, prevaleciente de abril de 1954 a agosto de 1976, a 20.50 frente al dólar. Si bien a lo largo de 6 años de la gestión de López Portillo la paridad se mantuvo en el rango de poco más de 20 pesos, en los últimos meses de su administración (1982) se alcanzaron los 48.79 pesos por dólar, a pesar de la tan recordada frase del entonces presidente en la que aseveró “defenderé la moneda como perro”; no obstante, apenas unos meses después de ese discurso presidencial el Banco de México se retiró del mercado cambiario, el gobierno se declaró en moratoria de pagos y vino una nueva devaluación que alcanzó los 104 pesos frente a la moneda norteamericana en agosto de 1982.

La recesión, producto de las erráticas decisiones de políticas económicas y la subsecuente crisis social, así como los continuos reclamos de sectores obrero patronales, empresariales y grupos disidentes fue el escenario en que México debía atender su agenda de política exterior frente a conflictos como los continuos enfrentamientos en el Medio Oriente, la decisión israelí de anexar los Altos del Golán -ocupados en la Guerra de los Seis Días (1967)-, pese a la resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU que consideró tal acción como nula y sin valor; la continuación de la guerra Irán-Irak, la invasión de Israel a Líbano, las pruebas nucleares de Estados Unidos en Nevada además de la presencia de regímenes dictatoriales y poco democráticos en América del Sur y, evidentemente, el tema que nos ocupa: la guerra de las Malvinas.

4. Bases y fundamentos del actuar de México.

El actuar de México en el escenario internacional está condicionado por una serie de factores endógenos y exógenos, así como permanentes y transitorios, por lo que si bien podemos identificar rasgos que le dan continuidad en el tiempo, no debemos perder de vista que incluso aquellas nociones de mayor permanencia -como los principios y doctrinas que sustentan la política exterior- adquieren una aplicación pragmática ante cada situación particular.

Muchos autores y especialistas, como Manuel Tello, han enfatizado que la actuación de México en el escenario internacional es el reflejo de una serie de condicionantes, entre las que destacan su situación geográfica como elemento permanente, la situación internacional siempre cambiante, y el indisoluble vínculo con la propia historia nacional que influye de manera determinante en el diseño, formulación y ejecución de la política exterior.

Desde las luchas por la independencia y la integridad territorial, durante las cuales el país se enfrentó con las pretensiones de varios Estados, hasta la construcción de un proyecto de nación, México fue articulando una serie de pilares sobre los cuales sustenta su actuar internacional, consagrados en principios y doctrinas.

Principios como la igualdad jurídica de todos los Estados, la No Intervención, el respeto al Derecho, la proscripción del uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias y la libre autodeterminación de los pueblos han sido guía y referente permanente para legitimar el actuar de México en distintos escenarios y conflictos.

Particular aplicación de estos principios se hizo en el marco de la Guerra Fría, refrendándose la no intervención como afirmación de la soberanía, además del repudio al uso de la fuerza al lado de la solución pacífica, a lo que se sumó la coexistencia pacífica, esgrimiéndose estos pilares ante diversos conflictos internacionales y, por ende, en la guerra de las Malvinas.

Un principio adicional que acompañó la actuación de México en el mundo durante la Guerra Fría fue el del pluralismo ideológico[¹¹ ] frente a la rivalidad que representó la confrontación Este-Oeste. De manera particular, el presidente Luis Echeverría afirmó que “se debían de aceptar como naturales las divergencias entre Estados cuyos intereses son opuestos y empeñarnos en armonizarlos y alertaba sobre los daños y riesgos que conllevaba un rígido apego a una pretendida unidad ideológica ya que esto ignora el pluralismo propio del sistema internacional”[¹² ].

Tradicionalmente, México se ha ufanado de haber mantenido una reconocida postura internacional basada en principios incólumes, de corte intrínsecamente democrático, llevados incluso a rango constitucional en la administración de Miguel de la Madrid. No obstante, si bien es cierto que los principios están claramente plasmados en el artículo 89, fracción X de la Constitución mexicana, y que nuestras autoridades siempre han pugnado por la democratización de la sociedad internacional, un análisis más cercano revela que la aplicación de esos mismos principios ha estado invariablemente sujeta a interpretaciones pragmáticas por parte de las autoridades mexicanas, derivada de la situación coyuntural en la que se han tenido que aplicar.

Ejemplos no faltan: Cuba en 1962, cuando a pesar de proclamar nuestra solidaridad con el pueblo cubano, el entonces representante de México ante la OEA[¹³ ] proporciona a este organismo el pretexto que le hacía falta para expulsar a Cuba de su seno, es decir, la supuesta incompatibilidad del régimen marxista- leninista de los cubanos con los gobiernos del resto de América Latina; Chile en 1973, cuando, a pesar de la enconada defensa que tradicionalmente se había hecho del principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, y la multicitada Doctrina Estrada, el gobierno mexicano decide romper relaciones con el gobierno del General golpista Augusto Pinochet como forma de repudio; los movimientos revolucionarios en Centroamérica de fines de los setenta y principios de los ochenta –concretamente, los casos de Nicaragua y el Salvador- donde existe una clara intromisión del gobierno mexicano en favor de los insurrectos; así como en la Guerra de las Malvinas, en las que el gobierno mexicano mantuvo una ambigua y vacilante posición que osciló de una férrea declaratoria en organismos internacionales -léase la OEA y la ONU- en la que se hizo un llamado a encontrar una solución pacífica y rechazar el uso de la fuerza, hasta la callada y cautelosa alineación con Estados Unidos, país que evidentemente apoyó la acción militar británica en las islas.

Es, seguramente en este sentido que Gloria Abella[¹⁴ ] califica de falso el dilema, entre el seguimiento irrestricto de los principios como, una política pasiva, conformista, simbólica, juridicista, idealista, proteccionista, reactiva, premoderna, cerrada, versus su aplicación pragmática, a la que se caracteriza como abierta, realista, liberal, moderna, práctica, en busca de resultados.

Doctrinas como la Juárez, Carranza, Estrada, entre otras, al lado de los principios consagrados en la Constitución, han sido el fundamento formal del posicionamiento de México en los asuntos mundiales, al tiempo que algunos críticos del sistema mexicano sostienen que la proclama y la defensa a ultranza de esos principios de política exterior de México ha sido, independientemente de su valor jurídico, un escudo conveniente para obstaculizar la mirada crítica del exterior hacia la situación, no tan favorable de la política interna, caracterizada por el presidencialismo autoritario y sus mecanismos de represión. Así, sustentado en el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, México minimizaba de este modo las críticas del exterior, al asegurar que se estaba modernizando y abriendo espacios para la diversidad política, pero insistiendo al mismo tiempo en que no necesitaba del ojo avizor de ningún guardián externo que atentara contra su soberanía. De esta manera resulta evidente que el diseño y ejecución del proyecto de política exterior de México se legitima y fundamenta en principios y doctrinas, como guías rectoras de lo que el estado “defiende” y aspira a ser y a hacer frente al mundo exterior sin ignorar la necesidad de una aplicación pragmática que refleja lo que el Estado tiene que hacer finalmente a la hora de la consecución de su propio interés nacional, en el marco de la correlación de fuerzas imperante en el mundo en un momento determinado.

Para el mes de abril, en el cual estalla el enfrentamiento entre Argentina y Gran Bretaña, el gobierno mexicano, como parte de su tradición en política exterior condena cualquier agresión a un país de América Latina sobre la base del principio de No Intervención y autodeterminación de los países latinoamericanos; sin embargo, debido a la crisis económica por la que se atravesaba y la creciente dependencia hacia Estados Unidos, México opta por alinearse a éste último, a pesar de que nunca hubo un posicionamiento claro y contundente.

La ambigüedad de la posición mexicana se refleja en una serie de hechos que van desde la oposición que se hace a las acciones británicas después de la Operación Rosario[¹⁵ ], hasta el apoyo que da a la Resolución 502 del Consejo de Seguridad del 3 abril de 1982, en la que con 10 votos a favor, 4 abstenciones y solo el voto en contra de Panamá, se exigía la retirada inmediata de las fuerzas argentinas en las islas, se hacía un llamado al cese inmediato de las hostilidades y se pedía a ambas partes beligerantes a recurrir a una solución pacífica y diplomática[¹⁶ ].

Por su parte, el 28 abril, en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), los Estados signatarios, entre ellos México como miembro original de este instrumento, emitieron una resolución a través de la cual exigieron a Reino Unido el cese de las hostilidades, al tiempo que hacían un llamado a Argentina para no incurrir en acciones que deterioran la situación.

En otro escenario México hizo silencio y se alineó a la posición de la OEA para tratar de encontrar una salida, pero era evidente que perjudicaba a Argentina, ya que Reino Unido era aliado de Estados Unidos, quien a su vez era el principal cliente y socio comercial de México. Esa coyuntura política llevó a que no hubiera una reacción favorable en el gobierno argentino, y más aún porque el gobierno mexicano mantenía en el nivel más bajo su relación diplomática desde la llegada de la junta militar al poder; sin embargo, una marcada solidaridad y entendimiento con el pueblo argentino al que México abrió sus puertas desde la instauración de Videla en la Casa Rosada ofreciendo asilo a un importante número de argentinos. Basta recordar el deterioro de las relaciones México-Argentina durante los regímenes militares, producto de los golpes de Estado, los cuales ocasionaron períodos de dificultades diplomáticas -entre las que destaca el asilo brindado a Héctor Cámpora y Abal Medina-, así como la fuerte corriente de inmigrantes argentinos a México en esta época. De esta manera, México no estuvo abiertamente en contra de la acción argentina en Malvinas, pero tampoco la apoyó. Un particular equilibrio entre la tradicional postura basada en principios y la ejecución pragmática con base en los imperativos contextuales.

En su sexto (último) informe de gobierno a la Nación (1° de septiembre 1982), el ya saliente presidente José López Portillo afirmó: “Hemos sido celosos en garantizar a los extranjeros que ingresan al país la amplia libertad y derechos que consagran nuestras leyes y de modo especial el mantener vigente el derecho de asilo, ejercido cada vez con más frecuencia en la medida que se cierran las opciones democráticas en otros países”, haciendo indirecta alusión a las dictaduras militares en la región así como en otra latitudes. Además, sostuvo: “mi Gobierno acordó pasar de ser un espectador prestigiado por sus principios y su fino criterio, a ser un actor con una trayectoria definida por su propia actuación… Así, además de la mera invocación de ciertos postulados internacionales que son consustanciales a México -autodeterminación y solución pacífica de controversias, no intervención y prohibición del uso de la fuerza- y que constituyen el aspecto tradicional y fundamentalmente defensivo de nuestra política exterior, decidimos adoptar una actitud activa y dinámica ante el mundo, en vez de esperar pasivamente su deterioro… ésta era la actitud que mejor correspondía a los intereses de México contemporáneo y a las aspiraciones de nuestro pueblo.”. La única referencia directa al conflicto del Atlántico Sur fue cuando afirmó: “En el Consejo de Seguridad de la ONU, en torno a la situación en Centroamérica y el Caribe, más recientemente sobre el conflicto de las Malvinas y finalmente en lo tocante a la ronda de negociaciones globales, México diverge, converge y sobre todo, negocia con los Estados Unidos por el camino de la dignidad, el respeto y la amistad”[¹⁷ ].

Si bien la postura de México ante la guerra de las Malvinas en gran medida recayó en la posición asumida desde el gobierno federal vía su accionar a través de la política exterior y los diferentes mecanismos que esta conlleva, tanto en el terreno bilateral como en organismos multilaterales, hay otros actores y voces que también se pronunciaron en torno al conflicto, incluso al margen de la posición oficial del Estado mexicano.

Las distintas corrientes del exilio argentino instaladas en México durante la década de los 70, motivadas por el establecimiento de las juntas militares en el Cono Sur, tuvieron una fuerte influencia en la opinión pública mexicana. De esta manera, la guerra en el Atlántico Sur fue marco para enconadas polémicas, particularmente desde el pensamiento de izquierda que esgrimía posiciones contrarias a las dictaduras, apoyaba la legitimidad de los reclamos territoriales contra el imperialismo en la lógica Norte-Sur, promovía tesis nacionalistas y alentaban las democracias populares con lo que, al lado de la posición gubernamental oficial, se encontraban estas otras variables expresadas en distintos medios de comunicación y publicaciones de la época, ampliándose así las visiones y posiciones mexicanas.

5. Visiones y posiciones en México frente a la guerra de las Malvinas.

Durante la guerra de las Malvinas, en México estaba en el poder un gobierno de corte de centro, pero sin ninguna apertura política. Las elecciones de 1976 se desarrollaron con un solo candidato, quien representaba al oficialismo. El país estaba atravesando una crisis económica, lo que explica la toma de posición oficial. El principio de condenar las agresiones sobre cualquier país del continente no fue factible. Debido a la difícil situación política del país, México opta por alinearse con Estados Unidos y de esta manera no hacer una condena de manera oficial sobre la actuación británica.

José Daniel Jiménez Reyes, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana- Campus Xochimilco de México, en una entrevista para la revista argentina Canillito, sostiene que “hay una manifestación oficial del gobierno mexicano que estaba en contra de los acontecimientos que se desarrollaron después de la Operación Rosario (Fue la primera de las operaciones tácticas programadas por la Argentina con el objetivo de retomar el control de la capital de las islas Malvinas). De hecho, no hubo un momento de tensión diplomática entre México y Argentina como hubo en esa época. Y eso ocasiona que México, de alguna manera, no esté en contra de la acción argentina en Malvinas”

“México hizo silencio y se alineó en la posición de la OEA para tratar de encontrar una salida pero que evidentemente perjudique a Argentina, porque Inglaterra era aliado de Estados Unidos, que a su vez era el principal cliente y socio comercial de México desde los últimos 70 años. Esa coyuntura política llevó a que no hubiera una reacción favorable para el gobierno argentino, pero sí hubo una solidaridad y entendimiento con el pueblo argentino”[¹⁸ ].

Aunque México esgrimía la Doctrina Estrada sobre soluciones diplomáticas a conflictos en todo el continente, su peso en la guerra de las Malvinas fue marginal y no lograba consolidar un liderazgo, como sí lo tuviera en los conflictos centroamericanos. La posición de la República Azteca fue tender una “salvación” diplomática a Argentina sobre las consecuencias de la Operación Rosario. Frente a la negativa argentina, “el gobierno mexicano manda una carta al pueblo argentino solidarizándose, pero al mismo tiempo reprueba al gobierno argentino. Son dos situaciones distintas. Un gobierno argentino que no es reconocido oficialmente como el abanderado de la causa argentina no está teniendo el apoyo del gobierno mexicano, sin embargo, el pueblo argentino sí. Y eso se vio a través de intercambios estudiantiles, programas de exploración geológica conjunta y otras más a nivel institucional educativo. No hay un acuerdo comercial ni diplomático entre ambos países. Y no va a ser hasta entrada la década de los 80 cuando van a reanudarse las relaciones diplomáticas entre México y Argentina, que estaban tirantes, estaban en un estadío muy débil”[¹⁹ ].

Frente a esta posición muy calculada y moderada del gobierno mexicano, estudiantes e intelectuales del país, como Carlos Fuentes, condenaron abiertamente la acción británica, sin respaldar al gobierno argentino, sino como muestra de solidaridad entre los pueblos.

La posición de México, hacia Argentina en particular y hacia el Cono Sur en general, no ha variado a lo largo de los años y fue orientada por dos factores que aunque pudieran parecer contradictorios no lo son y reflejan la posición geopolítica del país: el interés nacional mexicano y el interés nacional estadounidense[²⁰ ]. Por un lado, México buscó tener su propia esfera de influencia en el continente, sobre todo en la época de su gran peso económico continental, pero sin enfrentarse directamente a los intereses de los Estados Unidos. Esta posición de autonomía puede ser más fuerte en los periodos de bienestar económico, pero se desvanece cuando la crisis afecta el país, como precisamente lo fue en 1982. “Ante la guerra de las Malvinas la política exterior mexicana dejó de lado sus diferencias con Argentina y se pronunció, de manera cautelosa, a favor de ésta, pero cuidó las formas pues no quería poner en riesgo los lazos con el vecino del Norte”[²¹ ].

México no tenía una postura latinoamericanista durante este período. “La postura de México era verse democrático en una región no democrática, y ser el faro del progreso en la región. Casi todo el mundo iberoamericano (incluyendo España y Portugal) habían caído en dictaduras, pero México era la gran excepción (igual, algunas más, pero México por su tamaño era el importante), (…) no había tenido dictaduras desde 1910. Y eso lo hace parte de la "primera ola de democracias", pese al presidencialismo mexicano. La gran parte de América Latina, España y Portugal pertenecen a la tercera. Tenía una democracia imperfecta y muy unipartidista, pero democracia al final de cuentas”[²² ]. Las relaciones de México con el Cono Sur siempre fueron marginales. El país Azteca se había enfocado más en Europa, después de Estados Unidos y en Japón y, tardíamente, en China. Argentina, no siendo estratégica, pasó a un segundo lugar. “Entonces México no iba a sacrificar su relación con Reino Unido (que no es primordial, pero es existente y tangible) solo por quedar bien con un gobierno que estaba en dictadura y comenzó un ataque”[²³ ].

Para García Montiel, Argentina no se sentía latinoamericana sino europea y es hasta el año 2000 que el país, después del “corralito” se voltea hacia su propio continente, con los gobiernos de izquierda de Kirchner.

De hecho, al conmemorarse los 30 años de la guerra, en 2012, la polémica sobre las Malvinas retomó fuerza. El artículo publicado por el periódico mexicano El Excelsior[²⁴ ] el 02 de abril de 2012, refleja el sentir de una parte de la prensa mexicana tanto de centro como de derecha. “El problema reside en que Argentina asegura que el territorio es suyo por antigüedad, mientras Gran Bretaña, que tiene total dominio sobre las islas, sostiene que mientras los isleños estén felices con su intervención, no se irán de allí.

‘Las personas de las Malvinas vivieron entonces (desde que acabó la guerra en 1982) y viven ahora con la bandera y el gobierno de su elección’, dijo Sharon Halford, consejera de la Asamblea Legislativa de las islas (al periódico Excelsior). En efecto, la gran mayoría de las personas que habitan este archipiélago apoyan la participación del gobierno británico en materia económica y de seguridad. Otro factor de peso es que la mayoría de las personas en la isla son de origen inglés, pues de sus tres mil habitantes, 2.500 tienen sangre británica. Esto se debe a que el 3 de enero de 1833, Gran Bretaña llegó a las Malvinas, expulsó a la población argentina y estableció población de origen británico. Es por ello que Argentina considera que los habitantes establecidos en el archipiélago son invasores.

‘Frente al reclamo de autodeterminación de los kelpers –habitantes de las Malvinas–, Naciones Unidas no lo considera un derecho legítimo, porque el proceso de ocupación y usurpación inglesa en Malvinas no dejó ninguna población’, dijo la embajadora de Argentina en México (en 2012), Patricia Vaca.

‘Estamos hablando de una colonización, de una violación a las resoluciones, de una falta de respeto al derecho internacional, y de un legítimo reclamo histórico y geográfico’, agregó la diplomática. “Los habitantes de las islas están influenciados por los ingleses, es natural que los argentinos no seamos bien recibidos”, aclaró Eduardo Sargiotto, quien combatió en el Batallón Número uno de Infantería, en la guerra de las Malvinas.”[²⁵ ]

El texto de Excelsior es bastante claro en que los habitantes de las Malvinas, los kelpers[²⁶ ], se sienten británicos y no apoyan de ninguna manera la revendicación argentina. Además del apoyo financiero que recibe la población isleña por parte de Gran Bretaña que rebasa los 40.000 millones de dólares al año, los propios malvinenses tienen recursos propios lo que permite que el PIB per capita en la isla sea de 50.000 dólares anualmente[²⁷ ].

Sin embargo, la prensa de izquierda mexicana como La Jornada tomó muy claramente partido por Argentina. En el mismo año del artículo publicado por Excelsior, La Jornada escribe que “El reclamo por las islas Malvinas es de toda la región, no sólo de Argentina”[²⁸ ] mostrando claramente el apoyo brindado a la nación sudamericana.

Si bien en 1982, la posición mexicana fue ambigua, no es sino hasta 2021 cuando el gobierno mexicano tomará una actitud más radical. En efecto, durante la visita del presidente argentino, Alberto Fernández, a México, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador fue más directo y respaldó al gobierno, y "reiteró el respaldo del Gobierno y del pueblo de su país a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes"[²⁹ ].

No puede haber una posición más clara. Sin embargo, no todos respaldan esta declaración y varios medios nacionales son directamente favorables a las tesis británicas, por el principio del derecho a la autodeterminación, mientras que la prensa de izquierda considera la problemática como una cuestión de colonización como la propia ONU[³⁰ ] lo reconociera varios años antes del estallido del conflicto.

“Bajo el entendido supuesto de que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas, el Comité aprobó una resolución en la que lamenta que, no obstante “el tiempo transcurrido” desde la aprobación de la primera resolución de la Asamblea General sobre este asunto en 1965, “esa prolongada controversia aún no haya sido resuelta”[³¹ ].

Pero en sus últimas asambleas se limita a solicitar un diálogo entre las dos partes y no define la situación como un hecho colonial, lo que dio fundamentos a México para retomar como posición suya el ser un actor moderador y un interlocutor entre las partes. Pero, con el presidente López Obrador, el gobierno azteca tomó posición abiertamente en favor de Argentina, rompiendo la dinámica anterior del país.