TRABAJO, PODER Y CULTURA

El rol de la protesta social en la crisis política. El caso de las caídas de los gobernadores sanjuaninos.

Cintia Rodrigo^*

 ^* Licenciada en Sociología (Universidad Nacional de San Juan). Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Instituto de Investigaciones Socioeconómicas-Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Nacional de San Juan. Correo electrónico: cintia_rod@yahoo.com.ar

I. Introducción

La destitución de un gobernante mediante juicio político implica una discontinuidad dentro de la rutina "normal" de la vida política democrática, en la cual el instrumento fundamental para organizar la sucesión gubernamental es el voto. En este sentido, la realización de un procedimiento de juicio político supone una situación de crisis, entendida como un proceso social que conduce, o puede conducir, a rupturas en el funcionamiento de las instituciones políticas propias de un sistema social (Dobry, 1988: 2). Un proceso de crisis política concierne, de este modo, a fenómenos que son percibidos y analizados como discontinuidades que intervienen en el flujo "normal" de las rutinas o los intercambios políticos.

En una coyuntura rutinaria, la trama de relaciones políticas que permite acceder a cargos de gobierno involucra a dos grandes grupos de actores que participan de la actividad política a partir de lógicas distintas e interdependientes. Por una parte, el acceso a cargos de poder implica una competencia entre los políticos profesionales, quienes participan del ámbito propiamente político y estructuran su accionar en torno a su lógica sectorial y las reglas de juego establecidas. Por otra parte, el mecanismo que dirime la competencia por los cargos políticos es el sufragio universal, mediante el cual se incorporan a la actividad política los ciudadanos profanos (Gaxie, 2004: 26).

Adicionalmente, tanto la permanencia en cargos de gobierno como la capacidad de acción de los representantes políticos, se encuentra condicionada por su capacidad de construir redes de apoyo político tanto dentro como fuera del ámbito propiamente político. En este sentido, la destitución de un gobernante mediante juicio político expresa, de modo más o menos evidente, la pérdida de al menos una parte del apoyo político que le había permitido previamente el acceso al poder.

Como destacan los estudios de procedimientos de juicio político a escala nacional, la erosión del apoyo político es un dato crucial para la comprensión de estos procesos de crisis. Tanto en el caso de Collor de Mello en brasil, como en el de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, la llegada al poder de los primeros mandatarios había sido producto de altos índices de apoyo electoral, que se vieron contrastados pocos meses después con una movilización activa de la sociedad civil contra el gobierno, motorizada centralmente por el anuncio de procesos de reforma económica (Perez Liñan, 2000: 71). La movilización ciudadana parece haber tenido un protagonismo central en el proceso de destitución ocurrido en Brasil, ya que obró como un factor de presión en relación a los legisladores que no estaban convencidos aún de votar por el impeachment¹ (Serrafero, 1996: 144), y también en Venezuela donde el clima previo a la destitución del presidente estuvo enrarecido por disturbios, manifestaciones y protestas (Serrafero, 1996: 150). Como podemos apreciar, el indicador que se utiliza para dar cuenta de la erosión del apoyo político es la realización de acciones de protesta en el período previo a las destituciones presidenciales. Partiendo de esta consideración general, nos preguntaremos sobre la dinámica de la protesta social en la provincia durante los meses previos al enjuiciamiento de los gobernadores.

II. Delimitando la protesta

Una definición inicial hace referencia a la protesta social como "un tipo específico de acción colectiva que se inscribe en el espacio público y que es síntesis de un acto político" (Giarraca, 2001: 19). A partir de esta base común, es posible pensar la acción colectiva desde perspectivas diametralmente opuestas: las acciones de protesta pueden ser concebidas como fenómenos que implican una construcción identitaria de sí y de sus oponentes (Aiziczon, 2008: 1); pero también puede afirmarse que actuar juntos y coincidir en los objetivos y las formas de protesta no implica necesariamente constituir un grupo ni pensar la acción como un resultado de un sujeto preexistente (Farinetti, 2002: 43).

Más allá de los debates, a los fines de nuestro trabajo resulta suficiente contar con una definición amplia de protesta social que permita incluir en ella las distintas formas en que se concibe o se presenta la acción colectiva. En este sentido, utilizaremos la noción de acción de protesta social haciendo referencia a "acontecimientos visibles de acción pública contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento de una demanda que, en general, está referida de forma directa o indirecta al Estado" (Schuster et al, 2006: 13).

Nuestro interés estará centrado en registrar y categorizar las acciones de protesta que hayan tenido lugar en la provincia, para intentar dar cuenta de la incidencia que pueda haber tenido esta dimensión en los procesos de destitución acontecidos. Tomando como modelo el relevamiento realizado a nivel nacional por Schuster y su equipo, utilizaremos como unidad de análisis cada una de las acciones de protesta registradas por la prensa gráfica provincial², teniendo en cuenta que los medios gráficos son la fuente disponible más conveniente para registrar la historia de la movilización social (Schuster et al, 2006: 18).

En este relevamiento inicial excluiremos aquellas acciones de protesta que sean protagonizadas por actores que participen de la actividad profesional de la política, tales como funcionarios de gobierno o representantes de partidos políticos. Nos ocuparemos del período inmediatamente anterior al inicio de los procedimientos de juicio político, en un lapso de dos meses para cada uno de los casos considerados.

III. El gobierno de Jorge Escobar

Jorge Escobar llegó al gobierno provincial de la mano del partido justicialista, resultando electo en 1991 por el 33% de los votos, luego de dos mandatos consecutivos del Partido Bloquista³. Además de la gobernación, el justicialismo obtuvo mayoría legislativa. Escobar representaba al sector más claramente renovador dentro del peronismo provincial, siendo reconocido posteriormente como el "alumno modelo" del menemismo. Durante su gobierno se produjeron una serie de reformas en el estado provincial, en paralelo con la dinámica nacional, que se cristalizaron fundamentalmente en la provincialización de los establecimientos educativos y la firma de pactos fiscales que implicaban modificaciones en la coparticipación (Ruffa y López, 2005: 38). A menos de un año de asumir el gobierno, en septiembre de 1992, se inicia un proceso de juicio político en su contra que acabaría en destitución.

Durante los dos meses previos al inicio del pedido de juicio político hemos registrado un total de 22 acciones de protesta, sobre las cuales trabajaremos analizando tres dimensiones fundamentales: sus formatos de realización, las organizaciones que las llevaron a cabo y las demandas en torno a las que se articularon.

En cuanto a los formatos de la protesta, los categorizamos utilizando algunos elementos del trabajo de Schuster et al e incorporando otros elementos que surgen de la propia dinámica provincial, por lo que utilizaremos categorías tales como "solicitada" (avisos pagos en el diario local), y "formalización de reclamos" (distintos tipos de presentación escrita, de las que el pedido de juicio político es su expresión más acabada). Hemos construido el gráfico 1 para observar la importancia de cada categoría.

Fuente: Elaborado en base a datos de Diario de Cuyo.
Gráfico 1: Acciones de protesta según formatos. San Juan Julio-Agosto 1992.

Como podemos observar, predomina la "solicitada", registrándose 6 publicaciones de este tipo por parte de distintos sindicatos (ATE, Bancarios, UDAP) que explicitaban así diversas demandas sectoriales. En segundo lugar se ubica "paro", categoría que agrupa 5 acciones en distintas modalidades (con o sin asistencia). Otros formatos de protesta, aunque de menor incidencia fueron "reclamos en el lugar de trabajo" (instalación de ollas populares o altoparlantes), que fueron llevados a cabo fundamentalmente por dirigentes sindicales y delegados. Finalmente podemos observar que la "formalización de reclamos" (mediante documentos públicos, carta documento y notas a funcionarios) superar a la "manifestación", que sólo representa 3 de las 22 acciones registradas.

Las organizaciones que llevaron adelante la protesta fueron centralmente los sindicatos, y dentro de ellos dos actores se distinguen claramente como protagonistas: los trabajadores estatales y los docentes. Una característica común a estos sectores es que no se organizan mediante sindicato único, hecho que representa una excepción a la norma que rige las relaciones laborales en la Argentina, que plantea la representación sindical única por rama de actividad (Diana Menéndez, 2008: 1). La coexistencia de sindicatos que se disputan la representación de los trabajadores del estado ha sido puesta de manifiesto en el caso de UPCN y ATE, pero en la provincia coexisten también sindicatos docentes tales como UDAP y UDA (aún con más fuerza durante este período dada la subsistencia de la enseñanza nacional). Es relevante entonces, tomar en cuenta un elevado número de acciones por parte de ATE y la ausencia de UPCN en la protesta. En contraste, UDAP, UDA y SUTEN activaron durante el período, e inclusive confluyeron en 3 de las 6 acciones que protagonizó el sector docente.

Por último, observamos que por fuera de las organizaciones sindicales la protesta fue escasa, aunque hubo algunas asociaciones civiles, tales como uniones vecinales y jubilados provinciales, que se movilizaron alrededor de demandas particulares.

Cuadro 1: Acciones de protesta según sectores. San Juan Julio-Agosto 1992.

Fuente: Elaborado en base a datos de Diario de Cuyo.

Las demandas en torno a las cuales se articularon las acciones de protesta pueden agruparse en dos grandes categorías: "salariales" y "laborales". Aunque íntimamente relacionadas, refieren a dos dimensiones de las relaciones de trabajo que es necesario diferenciar, ya que generaron distintas respuestas por parte del gobierno y tuvieron consecuencias políticas diferentes según su modo de articulación⁴. En este período primaron las demandas laborales (referidas a retenciones salariales adeudadas por el gobierno a la ATE y restitución de la obra social sindical); y fue menor la relevancia de demandas salariales (que se orientaron básicamente hacia un pedido de recomposición).

Un tercer eje de demandas versó sobre la "política educativa", ya que estaba en discusión en ese momento la modificación de la ley general de educación. Finalmente encontramos demandas heterogéneas en relación a la mejora en la calidad de los servicios de transporte público y de distribución de gas en garrafa, formuladas por uniones vecinales de barrios periféricos al Gran San Juan.

IV. El gobierno de Alfredo Avelín

El segundo caso de destitución concierne a Alfredo Avelín, quien representaba a la Alianza en el gobierno provincial, y fue electo en 1999 por el 54% de los votos. El triunfo de la alianza se dio en paralelo con la dinámica nacional, y en la provincia representaba el voto castigo y la búsqueda de alternativas al menemismo (Rodrigo, 2003: 117). El mandato de Avelín comenzó en 1999, luego de dos períodos de gobierno consecutivos del partido justicialista. Además de la gobernación, la alianza obtuvo mayoría legislativa, no obstante, desagregada por partidos políticos la cámara de diputados tenía mayoría justicialista. Durante su gobierno se produjeron acontecimientos políticos ampliamente conocidos: el voto bronca en 2001, la caída de Fernando de la Rúa, la asunción del poder ejecutivo por parte del justicialismo. Avelín fue sometido a juicio político poco tiempo antes de cumplir tres años de gobierno, no obstante, durante ese período acumuló otros cuatro pedidos de juicio que fueron desestimados.

Durante los dos meses previos al pedido de juicio político hemos registrado un total de 49 acciones de protesta, que vamos a analizar utilizando las dimensiones mencionadas.

En cuanto al formato, fue predominante el "paro" constando 31 acciones de este tipo durante el período. En función de su importancia relativa, nos pareció conveniente una especificación mayor de la categoría, por lo que la desagregamos según modalidades de realización. En este sentido, podemos advertir que la modalidad predominante es "paro total", que agrupa 12 acciones, seguido de "paro parcial" y "paro y manifestación".

Como se puede observar en el gráfico 2 , el formato "manifestación" aparece cuarto en orden de importancia. No obstante, si consideráramos aquellas manifestaciones que se realizaron en combinación con acciones de paro, esta categoría crecería considerablemente, pasando a constituir el formato preponderante. Dato que resulta significativo si tomamos en cuenta que la manifestación es una de las modalidades preferidas por las organizaciones para dar cuenta de su representatividad (Champagne, 1990; Gaxie, 2004: 137).

Fuente: Elaborado en base a datos de Diario de Cuyo.
Gráfico 2: Acciones de protesta según formatos. San Juan Junio-Julio 2002

Las organizaciones que protagonizaron las acciones de protesta durante este período fueron nuevamente los sindicatos de trabajadores estatales y docentes, destacándose el sector docente organizado en UDAP como actor central.

Si bien las acciones protagonizadas por el sector estatal aparecen como mayoritarias, es necesario dar cuenta de la heterogeneidad interna de esta categoría, ya que engloba acciones realizadas tanto por ATE como por UPCN, ATSA y SOEME, entre otros.

Por otra parte, un actor de relevancia fue la "mesa intersindical" que agrupaba al conjunto de gremios docentes y estatales, y contaba además con apoyo y/o participación de distintas organizaciones civiles y sociales.

Por fuera de los sindicatos, hemos registrado algunas acciones protagonizadas por organizaciones de desocupados (Frente Villero y CCC) y por colectivos relativamente espontáneos tales como los familiares de enfermos renales que solicitaban atención médica.

Cuadro 2: Acciones de protesta según sectores. San Juan Junio-Julio 2002.

Fuente: Elaborado en base a datos de Diario de Cuyo.

Las demandas en torno a las cuales se articularon las protestas giraron en torno a 3 grandes categorías: "salariales", "laborales" y "asistencia social". En este caso podemos observar que, si bien tuvieron relevancia aspectos laborales (tal como los pedidos de reestablecimiento de obra social y por el pago de retenciones sindicales), las demandas salariales fueron preponderantes. Pero en este período se trató de reclamos por salarios adeudados, ya que a los trabajadores docentes y estatales provinciales se les adeudaba, a fin de julio de 2002, 4 meses de salario⁵. Finalmente encontramos la demanda de asistencia social, que es realizada por organizaciones de desocupados, quienes reclamaron alimentos y comedores infantiles.

V. Consideraciones finales

Hemos realizado aquí una breve descripción de los períodos previos a las destituciones ocurridas en la provincia. El hecho de tratar con dos casos de características similares, nos permite hacer un mínimo análisis comparativo, y en este sentido podemos decir que:

1- El gobierno de Jorge Escobar presentó una menor intensidad en la protesta, tanto porque es menor el número total de acciones registradas (la cifra de 2002 duplica ampliamente la de 1992), como por las características de las acciones en cuanto a sus formatos.

2- En ambos casos, las acciones de protesta fueron realizadas mayoritariamente por organizaciones sindicales, siendo protagonistas los trabajadores estatales y docentes, dos sectores que comparten la característica ser mayoritarios en la masa salarial de la provincia y de estar fragmentados hacia su interior, lo cual repercute en sus modalidades de acción y de relación.

3- Los formatos de protesta dan cuenta de acciones de mayor participación durante el período de Avelín, donde la manifestación fuer una modalidad fundamental, en contraste con el período de Escobar, en el cual predominó la solicitada.

La lectura que hemos realizado, sobre la posible relación entre protesta y destitución, estuvo orientada por los estudios existentes, referidos centralmente a destituciones de presidentes en Latinoamérica. A partir de la indagación que presentamos, se puede realizar una somera caracterización de los períodos previos a las destituciones ocurridas en la provincia, pero ello no nos permite dar cuenta de la incidencia de la protesta social en las situaciones de crisis política acontecidas, entre otras cosas, porque sería necesario contar con parámetros de comparación respecto de los períodos "normales". Tal indagación será objeto de futuros trabajos que permitan complementar los resultados obtenidos hasta ahora.

Notas

¹ Termino inglés con que originalmente se conociera la institución de juicio político. Ver Ekmedjian.

² El medio sobre el que trabajaremos es el Diario de Cuyo, única publicación diaria de circulación provincial.

³ Partido local heredero del Cantonismo de carácter conservador, gobernó durante 30 años la provincia. 

⁴ Nos referimos particularmente a que ciertas demandas laborales se utilizaron como fundamentación del pedido de juicio político, cuyo expediente fue iniciado en base a un escrito presentado, no casualmente, por la ATE. 

⁵ En este sentido, tampoco es casual que las demandas salariales se trasluzcan en los fundamentos del pedido de juicio político presentado por la Mesa Intersindical de Gremios Estatales el 7 de agosto de 2002.  

Bibliografía Citada:

1. Aiziczon, F. (2008) Del "paro" a la "pueblada". Cultura política y marcos para la acción colectiva: el caso de ATE Neuquén entre 1990-1995. En Trabajo y Sociedad. Primavera 2008. Nº 11, volumen X. [On line] www.unse.edu.ar/trabajoysociedad         [ Links ]

2. Diana Menéndez, N. (2008) La trama compleja de la acción sindical: los casos de ATE y UPCN En Trabajo y Sociedad. Otoño 2008. Nº 10, volumen IX. [On line] www.unse.edu.ar/trabajoysociedad         [ Links ]

3. Dobry, M. (1988) Sociología de las crisis políticas. Centro de Investigaciones Sociológicas/ Siglo XXI. Madrid.         [ Links ]

4. económicas y crisis social en el interior del país. Alianza. Buenos Aires.

5. Ekmedjian, M. (1997) Tratado de derecho constitucional. Depalma. Buenos Aires.         [ Links ]

6. Farinetti, M. (2002). Los significados de un estallido social: Santiago del Estero en 1993. Tesis de Maestría. UBA, Buenos Aires. Mimeo.         [ Links ]

7. Gaxie, D. (2004) La democracia representativa. LOM Ediciones. Santiago.         [ Links ]

8. Giarraca, N., et al. (2001) La protesta Social en la Argentina. Transformaciones         [ Links ]

9. Pérez Liñán, A. (2000) ¿Juicio político o golpe legislativo? Sobre las crisis constitucionales en los años noventa. En América Latina Hoy. Nº 26.         [ Links ]

10. Rodrigo, C (2003) ¿Que se vayan todos? Una aproximación al conocimiento de la subjetividad política en San Juan. Tesis de Grado, UNSJ, San Juan. Mimeo.         [ Links ]

11. Ruffa, M. y López, C. (2005) Desalojo económico y desalojo político. San Juan. 1990-2001. IISE. Córdoba.         [ Links ]

12. Schuster, F. et al (2006) Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003. Documentos de Trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Nº 48. [On line] http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT/DT48.pdf         [ Links ]

13. Serrafero, M. (1996) El "Impeachment" en America Latina: Argentina, Brasil y Venezuela. En Revista de estudios políticos. Nº 92. Abril-Junio 1996.         [ Links ]

Documentos consultados:

Expediente número 653329-A-92 correspondiente al Juicio Político a Jorge Escobar.

Expediente número E-1599-S-02 correspondiente al Juicio Político a Alfredo Avelín