1. Introducción

Las mujeres fueron víctimas de la represión pero también fueron y son incansables buscadoras de justicia. Recuperar esa agencia y los compromisos implicados en-con ella al orden sexual¹ nos ayuda a repensar parte de la estrategia del último proceso represivo. La sexualidad como una “forma de ser corporal, construida y reconstruida a lo largo de la vida, alrededor de la cual se constituye la identidad y que tiñe todos los vínculos de la persona humana” (Zurutuza en Aucía, 2013, p. 79) forma parte de los procesos de construcción (y destrucción) de la historia reciente latinoamericana, argentina y santiagueña. ¿Qué es lo que está en juego en ella?

En ésta búsqueda entre militancia, represión, (in)justicia y sexualidad se hicieron observaciones-escuchas en audiencias judiciales² y entrevistas³. Estas instancias estuvieron destinadas a indagar en-con las experiencias de agentes del Ministerio Público Fiscal de distrito y del Juzgado Federal, de psicólogas e integrantes de los equipos de acompañamiento a testigos víctimas del terrorismo de Estado de la provincia⁴ y de ex militantes del PRT-ERP que han sido presos y presas políticas durante la última dictadura Argentina en Santiago del Estero.

Se trata entonces de poner sobre la mesa parte de las experiencias de militancia de las mujeres santiagueñas en los años sesenta y setenta para volver a mirar el nudo del proceso represivo desde allí: las mujeres fueron víctimas de la represión, lo fueron por cuanto se desempeñaron como agentes políticas de un proyecto que vino a desarmar el proceso genocida setentista, y en el cuál ellas tenían un lugar específico para la conservación del orden sexual, social y económico. Entonces vamos a mirar allí, donde se alojan esas experiencias y esas subjetividades femeninas⁵ sobre las que estuvo puesta la mirada y acción en la última dictadura argentina, para intentar entrever el rol de la sexualidad como objeto de transformación social y, por ende, de control y (re)construcción de un determinado orden social.

De acuerdo con ello este trabajo pretende mostrar dos agencias en tensión. Por una parte, la de aquellas mujeres militantes, luego ex presas políticas y más tarde testimoniantes en los juicios de lesa humanidad en la provincia. La cual se caracterizó por la búsqueda activa de transformaciones sociales y que en su hacer implicó rupturas con los roles sexuales preestablecidos. Por otra, la de un conjunto de agentes estatales del poder punitivo (agencias de seguridad y justicia) que, en distintas etapas, represivas y democráticas, funcionaron y funcionan como resortes del sistema (^{De Marco y Garay, 2019}). Ambas agencias, militantes y operadores/as del poder punitivo, están atravesadas por una configuración simbólica sexogenérica, a la que le corresponden determinadas configuraciones de poder.

Esta configuración suele deslizarse y pasar desapercibida en los análisis de los “grandes temas” como la atrocidad y la justicia: […] “acontecimientos trágicos como el genocidio o las grandes catástrofes tienden a obliterar cualquier tipo de reconocimiento de diferencias de género” (Kaplan en D’Antonio, 2010, pp. 21). Por tanto la propuesta de este escrito es desentramar algunos indicadores de esa estructura o configuración sexual-social en las experiencias mencionadas para, en las próximas instancias, profundizar las reflexiones sobre las relaciones entre sexualidad y crímenes de estado.

2. Militancia y educación: un nuevo modo de subjetivación de las mujeres

Desde comienzos del siglo XX las mujeres se incorporaron progresivamente al espacio público (^{Andújar et al, 2010}). Por medio de un proceso con avances y retrocesos fueron sumando experiencias y formación política. En el marco de estos procesos, durante los años sesenta y setenta, una gran cantidad de mujeres ingresaron a las universidades y desde allí a la militancia revolucionaria y social, en una etapa marcada por revoluciones políticas y culturales desarrolladas en todo el mundo en virtud de un fuerte cuestionamiento al sistema capitalista (Alzogaray y Noguera en ^{Andújar et al, 2010}, p. 23)

La entrada de las mujeres a estos establecimientos marca no sólo un modo de apropiación del capital simbólico, hasta ese momento reservado a los hombres de clase alta y media, sino que crea algunas condiciones en la institución de un nuevo modo de subjetivación de mujeres (Fernández, 1997, en D’Antonio, 2011, p. 23).

En Santiago del Estero, esa etapa de revoluciones políticas y culturales, en la que ingresaron muchas mujeres a la militancia, coincidió con el acceso de éstas a las instituciones de educación superior. Particularmente a los profesorados provinciales⁶, pero también en la Facultad de Ingeniería Forestal⁷ y la Universidad Católica.

En Santiago la militancia estuvo relacionada fundamentalmente con los profesorados. Allí se formaron varias agrupaciones, que si bien estuvieron integradas mayormente por varones, participaban algunas mujeres⁸.

En estas instituciones se fue tejiendo la trama de organizaciones y de referentes y referentas políticas que más tarde se nuclearían en el PRT-ERP y Montoneros.

En 1958 se creó la Comisión “Pro” Facultad de Ingeniería Forestal. Junto con el Gobierno Provincial esta Comisión logró el reconocimiento por parte de la Universidad Nacional de Córdoba de un “Instituto” de Ingeniería Forestal en la provincial. Éste fue el segundo Instituto de estudios, investigación y transferencia de envergadura en Santiago del Estero. Unos años antes, en 1953, se había creado el Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología, dependiente de la Universidad de Tucumán. Este instituto, actualmente pertenece a la Universidad Nacional de Santiago del Estero⁹.

Si bien el Instituto de Lingüística no tenía estudiantes en aquél momento, el Instituto de Ingeniería Forestal sí y con ello fue albergando en su seno diferentes procesos de organización política que rebalsaron los ámbitos educativos. Estos procesos, en los años ‘70 y ’71, dieron lugar a la creación de la Liga de Acción Revolucionaria, una organización del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y al Movimiento de Orientación Reformista (MOR), del Partido Comunista. Estas dos agrupaciones junto con el Partido Socialista (en ese momento llamado Movimiento Nacional Reformista), el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y su agrupación secundaria Asena, el Frente de Izquierda Popular, la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y otras organizaciones de la época, como las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) del peronismo de base, de John William Cooke, con una orientación nacionalista católica¹⁰ y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de origen marxista con incidencia en el movimiento estudiantil, se van a unir con Montoneros en 1973. Algunas pasarán completas a integrar las filas de Montoneros y otras, como las FAR, se dividirán e integrarán en parte al PRT-ERP y en parte a Montoneros.

De la misma manera, en los profesorados, las escuelas secundarias y la Universidad Católica de Santiago del Estero se dieron ciertos procesos de organización de los que emergieron agrupaciones políticas estudiantiles con incidencia provincial. En los profesorados y en la Universidad Católica se creó la Agrupación de Lucha Estudiantil (ALE), una organización del PRT. Por su parte, en las escuelas secundarias surgieron la Juventud Guevarista (JG), también del PRT, una agrupación peronista juvenil y el Frente de Estudiantes Secundarios (FES).

Esto es lo que habilito mucho la participación femenina. Aparte de toda una serie de condiciones a partir del mayo francés y donde tienen influencia luchas que son anteriores¹¹.

En el proceso de organización estudiantil y política mapeado estuvieron presentes las mujeres. Quienes comenzaron a poblar el espacio público provincial y a gestar agencias políticas que luego serían perseguidas por el último proceso represivo.

Luego de ingresar a la carrera de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE, comencé a desarrollar una intensa actividad social y política en los centros de estudiantes que estaban en proceso de formación y en plena lucha estudiantil por la creación de la Universidad Nacional de la provincia. Y en virtud de este activismo es que en enero de 1975, con 22 años, fui secuestrada y posteriormente detenida. Estuve presa por dos años en la cárcel de mujeres de Santiago del Estero y cinco más en la cárcel de Villa Devoto^{12 .}

Las mujeres que se integraron y/o conformaron los diferentes espacios políticos y sociales de la época lo hicieron a partir de una lectura de la realidad, de una percepción de que el mundo debía cambiar. Se comprometieron con ese cambio y ese compromiso guío sus creencias y prácticas en los ’70 y, muchas veces, hasta el día de hoy en el que muchas de ellas cuentan con largas trayectorias en defensa de los derechos humanos en la provincia. Estas mujeres han participado y participan en distintos campos del escenario local en donde continúan su búsqueda y su lucha por sociedades más equitativas. Han sido y son docentes, delegadas gremiales, secretarias de derechos humanos, creadoras de cátedras y de espacios como la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Instituto Espacio para la Memoria, los equipos de acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado, el Foro de la Niñez, entre muchos otros.

Hay muchas cosas que están perdidas en la memoria. Muchos dicen “eh PRT PUM, tiro tiro tiro…” Que si, fue una impronta del ’72, y lo que nos llevó al fracaso, pero era mucho más que eso¹³.

El estudio de la memoria histórica, dice Temma Kaplan, ha ignorado con frecuencia los ideales políticos de los movimientos sociales de los años sesenta y setenta. La amenaza que encarnaron aquellos y aquellas militantes no estaba en su violencia, sino en su visión alternativa de las relaciones sociales. Lo que no significa una defensa del uso de la violencia, sino un intento de analizar la naturaleza de algunos movimientos sociales de aquella época y el papel de la violencia política, atravesada por el género, en dichos movimientos, en la represión y en la memoria que se ha ido construyendo (D’Antonio, 2010, p.20).

En el marco de un proceso general de demandas de transformaciones al estado estas mujeres se involucraron y crearon espacios colectivos y cuestionaron los valores sociales y políticos tradiciones, pero además con su accionar rompieron con las normas que las relegaban al ámbito doméstico y de cuidado. Participaron y habitaron esa escena política y pública que hasta el momento estaba reservada a los varones. Sostenemos, en virtud de ello, que al poner en cuestión su lugar y las configuraciones sociales y de poder que esto implica, pusieron al proceso represivo en la tarea de aplicar castigos específicos sobre ellas para re-ubicarlas en el marco del orden sexual binario y la moral social católica imperante.

3. La violencia sexual como dispositivo¹⁴ de control social

Esto no te habría pasado si hubieras estado en tu casa cuidando a tus hijos. Se les decía como mantra¹⁵ a las mujeres cuando eran secuestrada o en las sesiones de tortura. Esta frase es rememorada y relatada en un gran número de testimonios¹⁶. Lo que da cuenta de cuánto penetró en la memoria de éstas y, en cierta medida, de su eficacia.

Según Flavia ^{Delmas (2016}), la violencia ejecutada por el aparato represivo de la última dictadura Argentina fue algo más que una pedagogía social de la crueldad. La pedagogía de la crueldad no es una pedagogía del terror o del poder, explica la antropóloga Rita ^{Segato (2018}), sino una pedagogía de la escisión humana; de despojo de la empatía con el sufrimiento de los otros. Se trata de una pedagogía de las cosas, una conversión o transmutación por medio de actos, discursos y prácticas de lo vivo y su vitalidad a cosas. Las cosas no sufren, no sienten. Y al igual que en la escena pedagógica hay una disimetría, el educador cruento se pone en un lugar de superioridad moral, se erige el hombre correcto frente a una mujer pecadora (^{Segato, 2018})

La ejemplaridad de la violencia, y concretamente de la violencia sexual, ejecutada para destruir ciertas subjetividades estuvo anclada en un proyecto que construyó gramáticas sociales¹⁷ específicas y, entre ellas, gramáticas de género o sexuales que aún perviven. Como muestra el documento de “Instrucciones para Operaciones de Seguridad”, las mujeres fueron un blanco particular porque fueron consideradas:

“[…] Personal tanto o más peligroso que el masculino, por ello en ningún momento deberá descuidarse su vigilancia […]. El personal militar no deberá dejarse amedrentar” (Aucía, 2013, p. 32)

Podemos ver cómo operan estas gramáticas en el fragmento del documento aprobado por Roberto Viola en 1976. En este se advierte que las mujeres que estaban involucradas en actividades sociales y políticas, lo que era reducido en el discurso dictatorial a la guerrilla¹⁸, eran peligrosas: “cuando una mujer era guerrillera era muy peligrosa […] en eso insistían muchos los instructores, que las mujeres eran extremadamente peligrosas. Siempre eran apasionadas y buscaban hombres” (p. 32). ¿Por qué? ¿Qué querían decir con ello? ¿Cómo afectaba al plan represivo que las mujeres fueran “apasionadas y buscaran hombres”?

El autodenominado Proceso de “Reorganización” Nacional, como su nombre lo indica, venía a reorganizar la nación. Esto implicaba una reconversión económica y una configuración simbólica (fundamental una para la otra) fundadas en la reposición de un orden o un modelo conservador sostenido en la moral cristiana¹⁹. Esta moral, a su vez, se sustentaba y sustenta en un tipo específico de mujer: heteronormativa, monogámica, reducida a la vida privada y a funciones de cuidado y de reproducción (^{Delmas, 2016}: 3) o “promiscua” y pública. En cualquier caso, un objeto.

Desde esos presupuestos se construyó en los ’70 una representación sobre las mujeres militantes como mujeres públicas, es decir, sexualmente libres, malas madres, malas esposas y malas amas de casa. Así concebidas eran doblemente peligrosas por cuanto con su militancia disputaban no sólo el orden económico sino la moral que lo sostenía. Y además, no sólo ponían en peligro el orden social con su corrimiento de las tareas de cuidado y reproducción, sino que con su sexualidad podrían generar confusiones en el personal militar que fueran aprovechadas por los subversivos.

De cualquier manera, poner en cuestión a las mujeres y propiciar un trato más violento no resultó una tarea trabajosa para la dictadura. Las mujeres estamos, desde siempre, cubiertas por un halo de desconfianza. Los prejuicios que emergen de la estructura de organización patriarcal, y que sustentan la violencia de género desde la concepción de la mujer como un objeto peligroso que usa su sexualidad para obtener beneficios, se replican en el ámbito concentracionario [y jurídico]: algo hizo (seducción), algo dejó de hacer (resistencia) y además traicionó (Las palabras entre corchetes son mías. Balardini et al en CELS, 2011, p. 178)

Como Eva, cualquier mujer puede incitar a la desobediencia y, con su sexualidad, hacer caer al mundo en el mal. Es necesario, por lo tanto, que sean rigurosamente vigiladas y controladas.

El dominio de las mujeres y de su sexualidad se vuelve así una herramienta de control social. Dominar a las mujeres es dominar todo aquello caótico, peligroso: es erradicar el mal. Esta práctica viene además acompañada de otra, que es primordial para la constitución de las sociedades modernas: la de expoliación. Si la mujer está subordinada a otro, siempre varón, si es propiedad de éste, serán de éste también todos los recursos de aquella, incluido el tiempo.

La violencia sexual responde a motivaciones específicas y genera efectos y consecuencias particulares tanto en la constitución de la subjetividad o identidad de todo ser humano como en la estructura del orden social. La sexualidad se vincula con las fibras más profundas de la estructura de ambos. Somos cuerpos sexuados, lo que significa que la identidad se construye alrededor de un cuerpo e interacciona sexuadamente con el medio tiñendo todos los vínculos que se van construyendo a lo largo de la vida. La sexualidad está formada por sentimientos, sensaciones y experiencias que van más allá de lo nombrable. Ésta se reserva a los vínculos más primarios ya que abre la puerta a uno de los aspectos más vulnerables de la identidad. Como forma de ser corporal, como núcleo de la identidad, la sexualidad abarcará todos los aspectos de la vida humana. Entonces, su amenaza, ya sea a la sexualidad genérica o a su genitalidad, representa una amenaza a la integridad de todo ser humano, al núcleo de su identidad (Zurutuza en Aucía, 2013: 79-80).

Si la violencia de índole sexual puede resultar arrasadora en condiciones sociales “normales”, sus efectos se multiplican en la situación de cautiverio, en donde las presas y presos políticos se encuentran en extrema indefensión (Zurutuza en Aucía, 2013: 69-70). Además, como hemos dicho:

La violación es otra cosa, toca otras fibras, y ellos lo sabían²⁰

La violación es una de las muchas prácticas de violencia de índole sexual, caracterizada como un acto de poder por ^{Segato (2010})²¹ y ejecutada sistemáticamente en los centros clandestinos de detención y exterminio (CCD), junto con otros dispositivos de ésta naturaleza. “Los CCD de Santiago no fueron la excepción. Aquí se violaba, se tocaba, se picaneaba en las partes sexuales de las personas” (Fragmento del Alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la Megacausa II, 2014, Santiago del Estero. P. 47)

El contexto concentracionario en sí estuvo teñido de sexualidad, dice Cristina Zurutuza, incluyó permanentemente ataques a la genitalidad, desnudez forzada, tocamientos, torturas en los genitales (Aucía, 2013: 90).

Las torturas fueron promovidas por La Escuela de Las Américas como dispositivos que permiten obtener información. Sin embargo, los testimonios dan cuenta de que los actos de violencia sexual no ocurrían específicamente en instancias de interrogatorio. Más bien actuaban en lo cotidiano y eran ejecutados específicamente como actos pedagógicos destinados a marcar una huella, un saber:

Los torturadores sabían que iban a quedar en libertad, entonces esa es la segunda parte, no solo ejecutan una acción sobre el cuerpo de una persona sino que construyen incidencia directa disciplinadora sobre toda la sociedad²².

Existen infinitos matices en cuanto a la ejecución y a las consecuencias de este tipo específico de violencias. Quisiéramos hacer foco aquí en carácter de dispositivo de poder²³ . Bourdieu nos explica que los sexos no son meros roles que se interpretan a capricho, pues están inscriptos en los cuerpos y en un universo de dónde sacan sus fuerzas (2000, p. 127). Este universo está ordenado en nuestras sociedades modernas por el sistema capitalista y patriarcal, en el cual no solo adquieren sentido sino al cual cimientan.

Entonces hablamos de dispositivos que responden a una operatoria de significación y resignificación de lo femenino. En la que el cuerpo de las mujeres se presenta como medio racional e intencional para disciplinar varones²⁴, al tiempo que constituyen prácticas que delinean formas de subjetivación de lo femenino (^{Aucía, 2011}: 49). La violencia ejercida sobre la sexualidad es una política específica de establecimiento y resguardo de un determinado orden de cosas y sentidos. Mujeres y varones es el binarismo inicial sobre el que se construyen muchos otros que organizan nuestras sociedades. Estos actos de poder construyen gramáticas y experiencias destinadas a ordenar y jerarquizar en dualidades la realidad: dominadores y dominadas, buenos/as y malos/a, ciudadanos/as y subversivos/as, entre muchos otros.

Las relaciones binarias y jerarquizadas de género y el ejercicio de poder que les es correspondiente están presentes en todas partes, forman parte de nuestra cultura (^{Aucía, 2011}: 54). Por lo tanto no estamos hablando de dispositivos ejercidos exclusivamente sobre las mujeres sino con una vivencia y valencia diferencial según el sexo²⁵.

Estas diferencias en las vivencias y en el valor de las experiencias de violencia sexual atraviesan también a las posibilidades de poner en palabra estos hechos. Han sido las mujeres quienes han testimoniado principalmente este tipo de delitos y con ello han abierto la puerta al tratamiento judicial del tema. En muchos casos lo han hecho además como una instancia de militancia, tal como veremos en el siguiente apartado.

Al respecto, cabe decir que en estos últimos tiempos se han movido algunos sentidos sobre la noción cultural de la sexualidad, lo que es permitido o prohibido para cada de sexo, que ha posibilitado resignificar y enunciar éste tipo de violencias²⁶. Al mismo tiempo que se han generado condiciones para que estos enunciados encuentran asidero social e institucional para tramitarse e interponerse como demandas de reparación frente al Estado.

4. Experiencias judiciales

Lo que más importa, más allá de nuestras historias personales, es qué va a quedar, que la historia sea dicha y que nunca más vuelva a pasar esto. (Testimonio de “Angelines” Cantos²⁷. Archivo testimonial, Biblioteca Nacional Mariano Moreno)

La acción jurídica es sólo una de las modalidades posibles de evaluación moral, su versión institucionalizada. Sin embargo, ha sido una herramienta privilegiada para la disputa del pasado reciente ya que cuenta con una legitimación extendida en tanto espacio de producción de juicios morales colectivizados (^{Feierstein, 2015}, p. 16).

Los juicios por crímenes de Estado tienen, según explica Luis Garay²⁸, la particularidad de que allí - se juega la historia²⁹. Son un espacio de reflexión y puesta en valor colectiva.

Su importancia radica, por un lado, en el valor social que tiene la verdad jurídica que allí se instituye y, por el otro, en lo que implica el proceso judicial para cada una de las subjetividades que se ponen en juego allí.

“En las Megacausas la historia se empieza a entramar otra vez, cada relato completa el relato del otro y de alguna manera se empieza a contar y se deja escrita la verdad. Y eso es muy impresionante. La palabra es muy sanadora, realmente tiene sentido […] sabemos que reconstruir toda la verdad es imposible pero es muy impresionante como empiezan a entrecruzarse los relatos y empieza a encontrarse la gente y aquél que no veías hace años de repente está ahí, y empieza a entramarse la historia, y creo que ese escenario es impresionante. […] Ahí se va a volver a escribir la historia, más allá de las sentencias que muchas veces son muy decepcionantes […]” (Las negritas son mías. “Angelines” Cantos. Archivo testimonial, Biblioteca Nacional Mariano Moreno)

En Santiago del Estero se han llevado a cabo cinco juicios de Lesa Humanidad³⁰. Cuatro de ellos se han conformado como “Megacausas”. Es decir que se han agrupado cierta cantidad de causas en un mismo juicio para su juzgamiento. Entre los más de cien casos que se han sustanciado allí se han presentado algunas denuncias por delitos sexuales, más precisamente ocho. Solo seis de esas ocho denuncias procedieron y cinco obtuvieron condenas en primera instancia. De las cuatro condenas obtenidas, tres pertenecen a la sentencia de la Megacausa I o causa Aliendro (2012).

Esta Megacausa fue e implicó un proceso que es reconocido por las integrantes de los equipos de acompañamiento, por las y los operadores judiciales y por las propias ex presas con las que conversamos como un hito para el develamiento y tratamiento de los delitos sexuales y también como una experiencia de gran aprendizaje al respecto.

Cuenta María del Carmen, psicóloga del equipo de acompañamiento de la Asociación³¹, que en los años preparatorios de este juicio (2010-2012) se escuchaba… se empieza a hablar de una manera no tan frontal sino un poco tangencial, pero se da a entender que estos actos habían sucedido. Había un grupo importante de mujeres que iban a dar testimonio³² (de los 44 casos 12 eran de mujeres), cuenta María del Carmen. Entonces el equipo de acompañamiento llevó a cabo un taller, un encuentro de mujeres, para trabajar colectivamente sobre el valor y los aspectos del testimonio. En ese taller comenzaron a emerger los relatos y algunas mujeres se comprometieron a testimoniarlo en juicio.

En la Megacausa I se elevaron los primeros tres casos por delitos sexuales: dos por el delito de violación y uno por abuso deshonesto. En dos de estos casos se identificó al autor material de los hechos y en el restante se obtuvo condenas por autoría mediata a los altos mandos de los CCD en donde ocurrieron los delitos³³. Las tres personas testimoniantes, dos de ellas mujeres, son reconocidas militantes de derechos humanos en la provincia. Esto no es un dato menor ya que según relatan ellas mismas el trabajo colectivo y la red de personas en la que se han entramado luego de salir de la prisión política han sido factores que posibilitaron la palabra. Las psicólogas que las han acompañado en el proceso de testimoniar reconocen también estas tramas como habilitantes del relato.

Este proceso judicial se desarrolló en un contexto político no sólo favorable para el desarrollo de los juicios de lesa humanidad sino también de gran impulso para los mismos. El presidente Néstor Kirchner había tomado la bandera de los derechos humanos y la había convertido en eje de la reconstrucción democrática. Esto generó ciertas condiciones en las estructuras judiciales, tal como nos cuenta una de las ex presas políticas entrevistada:

El tribunal que nos tocó a nosotros, con la Fernández Vecino, fue muy importante […] La preparación del juicio me ha ayudado […] hablábamos con Pablo Vassel, el alto, que era del Consejo de la Magistratura³⁴, él tenía que proveer de todo lo necesario para que se puedan hacer las conferencias lo más cómodamente posible. Él me dijo si vos quieres puedes hacerlo a través de videoconferencia, con público, sin publico… todos los detalles, todo, dándome esa seguridad. Después el público era también importante, habían venido funcionarios locales, nacionales. Me parece por lo menos que no estás solo. Eso también era importante³⁵

Luego de esta experiencia vino en 2014 la Megacausa II. Allí no se presentaron inicialmente acusaciones por delitos sexuales. Sin embargo, conforme se fueron desarrollando las audiencias emergieron testimonios al respecto y el Ministerio Público Fiscal pidió la ampliación de la acusación para incorporar estos delitos en tres casos. Sólo fue aceptada la ampliación por el delito de violación en uno de los casos, con condena por autoría mediata a los responsables del CCD donde ocurrieron los hechos³⁶. Respecto a los casos que quedaron afuera, uno de ellos fue testimoniado por el marido de la víctima, quien había fallecido unos años antes sin poder llevar el hecho a juicio. El otro caso mostró las barreras judiciales en su máximo esplendor cuando la testiga-víctima relató la situación detalladamente pero no pudo nombrar el hecho el tipo penal específico en la audiencia. Es decir, no dijo la palabra violación.

No es fácil, imagínate yo tenía 17 años. En los 7 años que estuve presa no hablábamos de eso ahí adentro… y ahí adentro hablábamos, eh! No lo habíamos hablado ni siquiera en nuestro seno. Y los 17 de antes no eran como los de ahora, teníamos muchas situaciones que no habíamos vivido, los novios eran novios no parejas³⁷. [Hay cosas que] yo no he podido decir por ejemplo, no he podido, […] porque los tipos estaban ahí. Después te juegan millones de cosas. En mi caso mis hijos eran mucho peso³⁸

Como cuenta esta compañera, que sí pudo testimoniar en la Megacausa I, no es una palabra sencilla la que nombra estos actos y son muchos los factores que influyen. La palabra es reparadora cuando encuentra asidero en un Otro que ayuda a enlazarla en una red de sentidos. Cuando los marcos interpretativos disponibles no cuentan con los recursos simbólicos para ubicar y dar sentido a los acontecimientos (Rousseaux en ^{Duhalde, 2015}: 67) la palabra puede resultar arrasadora.

“La violación es única entre los crímenes por la manera en que sus víctimas son tratadas por el sistema de justicia criminal. Las mujeres violadas son sometidas a un sexismo institucionalizado que comienza con el trato que les da la policía, continúa en un sistema de justicia criminal dominado por los hombres e influido por nociones pseudocientíficas sobre la precipitación de la víctima³⁹ y termina con la absolución sistemática de muchos violadores de facto” (Clark y Lewis, 1977, en ^{MacKinnon, 2014}, p. 131).

Las condiciones de escucha y la apertura de la Megacausa I fueron disolviéndose en los juicios siguientes, según cuentan las testimoniantes. A pesar de ello, algunas de estas mujeres siguieron apostando por el espacio jurídico como una instancia reparatoria y, fundamentalmente, militante.

Esos hechos han atravesado toda mi vida desde que se han cometido […] son experiencias por las que una tiene que volver a pasar [en la escena judicial] porque al relatarlas la cabeza vuelve a estar ahí. Lo vuelvo a hacer esperando que estas palabras sirvan para hacer por fin justicia⁴⁰

Este es el inicio de un testimonio por delitos sexuales vertido en la Megacausa III (2016-2018). Su denunciante ya había declarado por ellos en la Megacausa I. En este caso lo volvió a hacer por el juzgamiento a un ex Juez Federal (Santiago Olmedo) como partícipe necesario para el cometimiento de los mismos. “¿Para qué habré venido?” Fue el comentario de esta compañera al enterarse de la absolución del Juez⁴¹.

En contraposición con lo que nos contaban testimoniantes de la Megacausa I sobre la intervención cuidadosa y el vínculo con el tribunal, que había sido clave para posibilitar el discurso, en la Megacausa III el tribunal no sólo interrumpió constantemente el testimonio de la denunciante. Además solicitó cuarto intermedio a mitad del relato de los hechos para ir al baño, dejando a la testiga sentada sola más de 20 minutos en la sala y terminó la audiencia con chistes por el micrófono. Al destrato se le sumo luego el malestar de una resolución absolutoria para el imputado.

Finalmente, en 2019, se sustanció la Megacausa IV. Allí se juzgaron más de diez casos por diferentes delitos, ninguno por delitos de índole sexual. Hasta que en el desarrollo de las audiencias emergió un testimonio que dio lugar al pedido de ampliación de acusación por el caso de una niñera menor de edad (de 14 años) que fue secuestrada por Musa Azar en la DIP, en donde permaneció como su esclava sexual y por el cual se lo condenó como autor material.

La rapidez del recorrido por la instancia jurídica pretende mostrar brevemente el panorama de juzgamiento de estos actos en la provincia, en donde se ponen en juego los sentidos y valores de estas agresiones y en donde estas mujeres deciden exponer sus experiencias para una reconstrucción no sólo subjetiva sino social: cuando se habla de violaciones, cualquier violación me afecta. No se trata solo de las nuestras⁴²

En un universo de más de cien condenas y miles de denuncias sólo ocho son casos judicializados de delitos de índole sexual. De esos ocho, además, no todos prosperaron ni terminaron en condenas. Y aun cuando ha habido condiciones favorables de denuncia y tratamiento estas violencias son, según las víctimas son difíciles de nombrar⁴³. Muchas veces en ese decir(se) antes que encontrar asidero para la reparación se establecen nuevas prácticas de disciplinamiento: ¿para qué habré venido?

5. ¿Qué nos dejan estas páginas?

Hemos querido presentar algunos escenarios del contexto provincial en donde se han producido y producen grandes disputas por el ordenamiento de la sociedad. Por un lado, la escena educativa y de revoluciones de los 60/70 y, por el otro, el campo jurídico, en dónde se ponen en juego los sentidos sobre aquellos hechos. En estos escenarios aparece un proyecto transformador que buscaba y busca alcanzar modos de vida más dignos y solidarios y en donde los roles de género y la sexualidad establecida comenzaban a mostrar fisuras y el statu quo capitalista, conservador y católico que puja por mantenerse en vigencia. En ambos se presenta la sexualidad, aunque solapada, como elemento en disputa.

Nos hemos remitido a los ‘70, en donde el aparato estatal llevo al extremo el uso de la violencia para destruir las posibilidades de transformación y ciertas identidades no sólo porque este período es un hito fundamental de nuestra historia sino porque su análisis nos ayuda a pensar los procesos y proyectos actuales. Allí podemos rastrear las configuraciones sexuales que determinaron y determinan ciertos modos de poder y ver cómo siguen accionando con vigencia. En este caso para valorar las experiencias de violencia sexual judicialmente.

Consideramos que para desarticular estas configuraciones de poder, que entendemos como desiguales, opresores y extractivistas, hay que ir al nudo o al núcleo duro de ellas. Buscar esas gramáticas, sentidos y prácticas sobre los que se entretejen en la cotidianidad para desarmarlas. Si bien en este escrito no hemos profundizado en ellas y más bien nos hemos limitado, como una instancia previa, a la descripción de los escenarios y prácticas en juego, podemos decir que éstos escenarios y prácticas están atravesadas por aquel núcleo de gramáticas, sentidos y prácticas sexualizadas, sobre las que se construyen y circulan las representaciones binarias y jerarquizadas de poder que luego se extienden al resto de la sociedad.

Por lo tanto, despejar el trasfondo sexual de estos hechos y de esos proyectos sociales resulta, valga la redundancia, un proyecto primordial. Estas representaciones sexuadas y sexuales condicionan no solo las experiencias de violencia vividas durante el último proceso represivo en el país sino las de quienes tienen a cargo su valoración social, es decir, de las y los agentes judiciales que con sus decisiones establecen juicios morales colectivos (^{Feierstein, 2015}) sobre estos hechos y ubican, con ello, socialmente como responsables o víctimas a los y las involucradas. Reafirmando a su vez ciertas gramáticas y prácticas como válidas o impunes.

La memoria histórica de la represión en América Latina poco dice de las experiencias de militancia de las mujeres en los movimientos populares, o de cómo su feminidad y sexualidad estuvo implicada en las actividades antes y después de ser reprimidas. Si podemos sacar estas experiencias del lugar secundario en la historia, para valorarlas en el marco político y sexual en el que se insertan, quizás podamos también encontrar vías y herramientas novedosas para impulsar las transformaciones necesarias que nos permitan construir sociedades menos violentas y desiguales.