Los espacios patrimoniales frente a un momento de peligro

Las transformaciones urbanas fomentadas en el presente, a partir del proyecto neoliberal, han constituido trayectorias muy diferentes en cada lugar, posibilitando formas de destrucción creativa en función del contexto burocrático-institucional donde emergen (Brenner, Theodore y Peck, 2009). Pero, como marco de una racionalidad específica de muchas conciencias, siguen cayendo en trampas del discurso globalizante, como creer que las acciones de gobierno pueden localizarse desde algún lugar neutral o despolitizado, acompañando el discurso de significantes vaciados como sostenibilidad (Swyngedouw, 2011); como creer que las prácticas valorables se encuentran en lugares supuestamente igualitarios como el mercado, desconociendo las relaciones de poder y estrategias que se tejen junto con aquellos que pertenecen al Estado; como trasladar acríticamente experiencias o preceptos desde y hacia contextos muy diferentes; como omitir o desatender las consecuencias socioespaciales y ambientales. Por otro lado, aunque sean constantemente distorsionadas, invisibilizadas o cooptadas, en el momento actual explosionan formas de resistencia y "guerras por los lugares” (Rolnik, 2019) que inauguran formas creativas para evitar intentos de desalojo, privatización, homogeneización o elitización de los espacios.

En este marco, el reconocimiento y la atención debe estar puesta en estos reclamos acerca de las formas políticas de reconstrucción de nuestra historia y de la constitución del patrimonio colectivo. Como mencioné anteriormente, existe una relación directa entre colonialidad y modernidad que ha contribuido a consolidar a un sujeto hegemónico que es varón, cis, hetero, adulto, exitoso (Falú, 2020); aquel que, junto a sus iguales, ocupa lugares centrales en la toma de decisiones, ejerce formas múltiples de violencia y participa en la constitución de la agenda territorial.

En Corrientes, el ideal de progreso se ha sostenido durante mucho tiempo como objetivo último y poco definido de la transformación, suplantado actualmente por la idea de desarrollo, que favorece y facilita avances empresariales como sinónimo de beneficios para todos, aunque los indicadores de pobreza muestran que esa expectativa no se ha cumplido. En este sentido, vivimos un momento en el que la historia es resignificada a partir de nuevas demandas de justicia social, de las exigencias de reconocimiento y reparación de injusticias del pasado2.

Nietzsche (1999) nos acerca a una paradoja: sería imposible vivir sin poder olvidar, pero necesitamos disponer y hacer uso del pasado para poder vivir, es decir, sin excesos de historia y sin fines últimos o universales. Somos, al fin de cuentas, los hombres quienes le podemos conferir una “estructura de significado para construir con ella una historia en el sentido de una narrativa” que nos sirva en el presente (Frey, 2015: 276). Por lo tanto, cuestiona la pasividad y memoria mecánica que está orientada solo a acumular datos y materialidades, a preservar y duplicarse, buscando un fin universal que se supone superior alimentando egos individuales. Como un cuestionamiento al historicismo, nos plantea que “el exceso de historia ha afectado a la fuerza plástica de la vida”, es decir, la capacidad de las personas de crear formas originales a partir de una incorporación del pasado, “curar las heridas, recuperar lo perdido y reconstruir lo roto” (Nietzsche, en Frey, 2015: 284). Su propuesta es la de una historia crítica, lo que luego da a llamar el método genealógico, entendiendo que la historia es brutal y carente de sentido unívoco, por lo tanto, insustentable solamente en el optimismo de los vencedores. La actividad genealógica es retomada como método por Foucault (1996: 19), con el objetivo de:

“hacer entrar en juego saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, contra la instancia teórica unitaria que pretendía filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre de un conocimiento verdadero y de los derechos de una ciencia que sería poseída por alguien”.

Tal y como lo plantea Revel (2014), repensando las múltiples acepciones que fueron cambiando históricamente en la idea de patrimonio europeo, trasladados acríticamente a nuestras latitudes, estas pasaron de estar vinculadas a la idea de propiedad, regalía o a la reivindicación nacionalista. Sin embargo, hoy nos encontramos frente a un debate sobre la idea de patrimonio como propiedad colectiva, que atraviesa a todos o al menos a muchos: una nación, una comunidad, la humanidad. En este camino, el debate plantea nuevas preguntas: ¿realmente existe un sujeto de derechos universal? ¿Qué ocurre con las resistencias locales a esta forma de patrimonialización? A su vez, se ha comenzado a debatir en el ámbito de la justicia intergeneracional, que nos habla sobre por qué y cómo es necesario que sociedades contemporáneas se hagan cargo de los costos de las injusticias del pasado. ¿Cómo se abordan problemáticas como la destrucción socioambiental como proceso acumulativo?

Sin dudas, aquello que hoy se considera en peligro o bajo amenaza inaugura momentos políticos de desacuerdo, donde exigen parte quienes no tienen parte en el orden de decisión, reparto y dominación, en función de la constitución simbólica y material de lo social (Rancière, en Swyngedouw, 2011). Lo que Revel (2014) denomina "el régimen de pérdida”, en realidad pone en peligro formas de vida y espacios de manera diferencial. En este sentido, Lowy (2002) usa la metáfora "aviso de incendio” para reconocer, en la postura histórica nostálgica de ^{Benjamin (2008}), un llamado a repensar las aflicciones del pasado, no solo para lograr una misteriosa redención sino una conciencia histórica activa frente a los nuevos momentos de peligro que, por ejemplo, nos posibilite ver cómo algunos incendios son invisibilizados y otros se vuelven literales frente a la destrucción entera de ecosistemas que vivimos durante 2020 en Argentina.

Piezas críticas del pasado y reivindicaciones del presente frente al patrimonio ribereño

Si escuchamos una movilización o marcha social que reivindica políticas para los sectores populares, los discursos aluden frecuentemente a las condiciones injustas que poseen una narrativa histórica, una memoria que reclama por los numerosos muertos, tanto aquellos que han sido sometidos y expulsados por el racismo como quienes fueron desaparecidos por la policía, asesinados durante una represión, aquellas mujeres o disidencias asesinadas por el sistema patriarcal y homofóbico. Desde las calles se pintan murales, se trazan los nombres de los y las desaparecidas, se realizan acampes en espacios que no se deberán vender. Para los grupos desfavorecidos la memoria es un sentir corporal. El académico, en este sentido, no puede encontrarse en un pedestal de certezas, solo puede acompañar el registro de las luchas presentes, sintiéndose interpelado por sus contemporáneos. También puede revolver en los documentos del pasado para explorar aquellos "ángulos de la verdad que fueron inexplorados” (Estrada y Jader, 2017: 203) por aquellos que se En este trabajo, me interesó reconocer el carácter conflictivo detrás de la construcción de criterios, urgencias o necesidades que guiaron las transformaciones ribereñas en la ciudad de Corrientes: ¿qué relaciones sociales se construyen y destruyen detrás de estas materialidades construidas (Núñez, 2011) y hoy exaltadas? ¿A imagen de quienes es creado el espacio? ¿Qué debemos recordar, preservar, modificar en relación a estos?

Cualquiera que visite la ciudad de Corrientes, en la que se enmarca mi objeto de estudio, será invitado a recorrer sus actuales cuatro kilómetros de costanera como lugar paisajístico de relevancia o espacio cultural que representa un patrimonio de todos los correntinos 3. Sin embargo, una mirada desde arriba -desde la imagen satelital- manifiesta múltiples contrastes entre las costas cualificadas, donde el río se convierte desde hace muchos años en un punto de acceso para recreación de múltiples pobladores, donde se concentran las inversiones de capital estatal-mercantil-financiero y en donde la renta posible de apropiar se valoriza de manera creciente para grupos de población que absorben el producto de la riqueza social; y aquellas otras costas, también frente al río, que contrariamente no cuentan con servicios formales como agua potable, en donde las infraestructuras, los servicios, equipamientos, mejoras habitacionales no llegan, como sí lo hacen muchas veces las inundaciones. Estas otras costas poseen una extensión de más de 17 km. frente al río en el área urbana y es donde históricamente se han localizado los barrios populares, construidos a partir de formas de autogestión y autoproducción (Imagen N° 1). Es por esto que en un trabajo precedente he abordado la manera en que las áreas ribereñas se han constituido a partir de un proceso conflictivo y contradictorio de transformación en áreas al frente del río y otras al margen de la ciudad (Rus, 2019). Las primeras como postales típicas urbanas, las segundas como territorios olvidados para todos aquellos que no los habitan. Esta alteridad se hace clara al reconocer aquello que queda definido entre las cuatro avenidas, referido como centro, y una periferia que representa todo lo que queda por fuera.

A partir del siglo XIX, y en diferentes momentos hasta el presente, la costa de la ciudad estuvo sujeta a transformaciones a partir de redes de ideas, proyectos, ordenanzas, que buscaban transformar distintos tramos ribereños. Según Quiñonez (2007), entre fines del siglo XIX y principios del XX se inicia un proceso de modernización urbana donde se utilizaba frecuentemente en los documentos el verbo "hermosear” como sinónimo de "adoptar un estilo moderno”, es decir, resolver la monumentalidad de ciertas instituciones a partir de algunas influencias de ciudades europeas. Esto estuvo directamente relacionado con el "triunfo de la prédica de la mentalidad del progreso y la civilización que alimentó a la generación del 80” (^{Gutiérrez y Sánchez Negrette, 1988}: 47-48). Lo que no se ha estudiado es cuánto se consideró necesario destruir, expulsar o arrasar aquello que no encajaba con estos preceptos, lo considerado pobre o miserable.

Durante el gobierno de Ferré, en 1830, y mediante su directiva, se realizó la operación de reconstrucción de la plaza central fundacional, viéndose la necesidad de prohibir algunas actividades que se realizaban en el espacio público4. El gran mercado a cielo abierto que funcionaba en la plaza central era visto como una preocupación, y se sostuvo desde el municipio eliminar de la plaza principal la función de compra y venta de mercaderías. A partir de esto, se determina que quienes carezcan de recursos para superar el estado de rancho en la ocupación central deban vender su solar y desplazarse a la periferia “posibilitando la integración central de quienes cuentan con los medios posibles para edificar con otra calidad el paisaje urbano” (^{Gutiérrez y Sánchez Negrette, 1988}: 74). Este caso inicial nos revela cómo los esfuerzos por configurar una centralidad diferente estuvieron relacionados con la expulsión de grupos, el uso de la violencia para ocupar y ser propietario de tierras del área central por parte de familias de la élite. Tal como lo expone Schaller (2001), ni el uso para habitar y producir, ni la ocupación ancestral fueron los criterios de reparto originario de tierras. En la ciudad importaba la disponibilidad de recursos económicos y las posibilidades de responder a los principios modernos definidos por un grupo gobernante. Es de esta forma que las familias tradicionales mantuvieron el control del área urbana central5.

Este caso habilita algunas preguntas: ¿cómo se ha consolidado el proceso de apropiación y acumulación originaria que depende de mecanismos de distribución de la tierra? ¿Cuál fue el destino de aquellos expulsados? En la historiografía local, los parias y los pobres que sostenían la vida a partir del trabajo son generalizados y normalizados o colocados por fuera de los relatos historiográficos. Sin embargo, no solo eran deslocalizados del relato persistente, sino que eran excluidos de los límites definidos de la ciudad. Esto puede verse al abordar discrepancias en los textos de los historiadores que, por un lado, hacen referencia a que los espacios junto al río se encontraban habitados por las masas populares y, por otro, se menciona la falta de crecimiento de la ciudad sobre la línea de ribera. ^{Gutiérrez y Sánchez Negrette (1988}: 174), para citar un ejemplo, refieren a que esto último estaba causado por “la inexistencia de murallas de defensa, el entubamiento del Salamanca y fundamentalmente el establecimiento de industria sobre la costa brindando pocas disponibilidades de un asentamiento residencial y por añadidura comercial”. Estas descripciones no son neutrales, se trata de una definición operativa que, como dice de Certeau (1996), desempeña un papel muy importante en la determinación de las fronteras. Estas organizan y definen áreas sociales, aquello que queda por dentro o por fuera de la ciudad, se acompañan de formas de valoración y justificaciones sobre su devenir. Por otro lado, el río, los arroyos, las barriadas, los bajos o el llamado pantano al sur son las figuras narrativas esenciales que definen las fronteras de lo conocido/desconocido. La narración las puede o no hacer hablar en toda su diversidad u homogeneizarlas.

Existen algunos documentos que recuperan las descripciones de los viajeros europeos que visitaron la ciudad de Corrientes a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que ponderaban la ciudad por su emplazamiento "sobre el caudaloso Paraná y la belleza natural de la zona ribereña”, pero mencionando que esta naturaleza prístina era "opacada” por "los establecimientos industriales emplazados en la ribera desde fines del siglo XIX” (Quiñonez, 2007: 63). Otros historiadores culpabilizaban a los ranchos antihigiénicos y deleznables (Serrano, 2010)6 que opacaban las posibilidades de progreso urbano. En este sentido, al igual que en el presente, circulaban discursos que esbozaban exaltaciones a una naturaleza prístina disociando o desvalorizando las formas de vida de quienes vivían o producían cerca de la costa. Constantemente, se culpabilizaba a los sectores populares del supuesto atraso, frente a las expectativas de las clases altas7.

Uno de los pocos en registrar las formas de habitar la periferia ribereña fue el fotógrafo suizo Samuel Rimathé (Quiñonez, 2013), que se radicó en Corrientes a comienzos de la década de 1890 (imágenes 2 y 3)8.

En la imagen 4 puede verse a las lavanderas correntinas que, alrededor de 1887, desarrollaban sus tareas en la costa del río. A partir de una ordenanza municipal se les definió una zona para su actividad alejada del área central, en el nacimiento de la calle Libertad (actual Quintana, río abajo), en el barrio Tacurú (Revista Corrientes. Presente, Historia y Tradición, 1994. La nota también recupera algunos ecos en la prensa local de ese momento: en el diario Las Cadenas se cuestionaba que el arroyo Salamanca no era lo más aparente para lavadero, ya que arrojaba su caudal después de pasar por todas las curtiembres que se encontraban instaladas en su recorrido y que consistía en un área industrial, contaminado con "fétido aroma y turbias aguas”).

No se conoce demasiado sobre los barrios de la periferia, que durante la primera mitad del siglo XX se localizaban en relación con los antiguos arroyos, como el Salamanca, Isiró, Poncho Verde, Manantiales y la zanja perimetral. El barrio Tacurú, en torno de la costa y del arroyo Salamanca, es donde según algunos historiadores habitó una población afrodescendiente que escapó luego de finalizada la guerra de la Triple Alianza, por lo cual con el tiempo fue denominado, al parecer despectivamente, barrio Camba Cuá, que significa cueva de negros. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes son estudiadas en la historiografía reciente en trabajos como los de Valenzuela (2012) y Valenzuela y Salinas (2015)9. Hasta hoy, durante los primeros días de enero, mientras se prepara desde las instituciones de cultura oficiales la Fiesta del Chamamé o el Carnaval, existen grupos y familias que celebran en el parque Camba Cuá la Fiesta de San Baltazar o el santo Kambá y reivindican las raíces afro de la población correntina.

¿Por qué los historiadores han privilegiado los monumentos al progreso? Gómez (1944) redactó un acápite que denominó "la ciudad absorbe sus barriadas típicas”, donde describía el proceso de extensión urbana que se dio a mitad del siglo y la redefinición de la periferia en los grandes bañados de la costa al Norte y al Sur de la ciudad. A su vez, mencionaba cómo se abría una nueva frontera de transformación más allá del puerto y muelle localizado en la Punta San Sebastián a partir de la construcción de la Costanera:

“La avenida Costanera al río Paraná que arranca de la Punta San Sebastián al Oeste, arrasó con el caserío miserable de las barrancas e incorporó a la ciudad la zona antes olvidada de las curtiembres y las calizas. Su prolongación al Este y el nuevo puerto en construcción, librará el panorama fluvial el casco histórico de Corrientes. Entonces, en verdad, ella asomará al río magnífico que la circunda". (Gómez, 1944: 23-24)

El caserío miserable arrasado al que se refiere Gómez abre nuevamente la duda sobre los vencidos de la historia y su destino.

El área de puerto y Costanera General San Martín: ¿patrimonio de todos los correntinos o las joyas de la abuela puestas en el mercado?

Durante 2018, la gestión municipal del intendente Eduardo Tassano, que había asumido en 2017, puso en marcha una serie de políticas para transformar el área costera central. Nombrado Plan Costero “Aguas Brillantes”, se hacía alusión a la “puesta en valor del frente costero”, participación público-privada, “nueva identidad en su relación con el río”, “despegue turístico”, etc. (Municipalidad de Corrientes, s/f). Se trató específicamente de una política trabajada en conjunto con organismos nacionales, como la Agencia de Administración de Bienes de Estado (AABE), el Plan Belgrano, y el gobierno provincial, donde el municipio empujó la aprobación de una ordenanza (N° 6635) en la que se desafectaban los usos previos de grandes predios en la costa central de dominio del Estado nacional (regimiento, puerto, vías navegables, etc.), habilitando de esta manera la subasta a privados por parte de la AABE y el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios para “nuevos usos generales de espacio público, residencia, oficinas” (Imagen N° 5). A todos estos terrenos de gran valor patrimonial y económico por su localización incomparable, se les concedió, además, una capacidad constructiva significativamente mayor que al resto de la ciudad (hasta 105 metros o 35 pisos de altura). Esta ordenanza fue aprobada con apuro de despacho en el período de una semana por el Concejo Deliberante local, sin instancias previas de participación, como audiencia pública, y sin informes ambientales sobre las posibilidades de soportar infraestructuralmente semejante aumento de la densidad en la zona.

La sesión del Concejo se produjo el 23 de agosto de 2018 con una turba de oyentes que se amontonaba en un pequeño hall donde una puerta permitía asomarse al espacio de deliberación, y donde la masa desbordaba por los escalones de ingreso hacia la calle. Diferentes organizaciones sociales y gremiales estuvieron presentes, tanto como trabajadores de Vías Navegables, Vialidad Nacional, Asamblea Ciudadana, Club Talleres, Espacio de Memoria RI9; el grupo de la Usina Cultural; los estudiantes de una escuela técnica; y colectivos de técnicos urbanistas. Los presentes se manifestaron frente a lo que se entendía como un proceso de privatización de bienes públicos y un avance tanto en la destrucción del patrimonio colectivo de la ciudad como en el avasallamiento de los procesos de legitimación social. Se trataba, para muchos, de un accionar desprolijo e ilegítimo que no siguió ciertas instancias, como el paso por la Comisión Permanente del Código de Planeamiento o la Comisión del Casco Histórico. Durante esa mañana, se escucharon gritos de una parte del pueblo que, de sobrada indignación, abucheaba a los concejales oficialistas mientras estos defendían el proyecto de ordenanza. La respuesta de las autoridades fue enviar a las fuerzas policiales para reprimir a los intransigentes, y finalmente esta normativa se aprobó por mayoría simple con un voto de diferencia.

Una semana antes, se habían conformado redes de comunicación entre esta masa discrepante, que comenzó a reunirse periódicamente en el espacio de Asamblea

Ciudadana, un galpón de uso cultural que formaba parte de los espacios a ser subastados. Con el apoyo y participación de algunos concejales opositores, surgió un grupo ciudadano que se llamó, en principio, "Costanera patrimonio de los correntinos” y, que frente a nuevos intentos de privatizar espacios ribereños (como la construcción de un shopping en la playa pública) durante 2019 y hasta el momento, fue transformándose en nuevas formas de resistencia, incorporando nuevas voces y cambiando el nombre a "Defensores de los Espacios Públicos Costeros”.

Tal como Rolnik (2019) lo manifiesta, para los funcionarios y medios de comunicación amigos, se utilizó un libreto neoliberal que encuadra a todas las voces disidentes, las cuales, si bien no son para nada homogéneas, son caratuladas como extremistas, comunistas, peronistas o kirchneristas; con el objetivo de fracturar la discusión. En estos casos abordados, la disputa se localiza en el área central, por lo cual la lucha por los bienes comunes a veces entra en el mismo orden y otras veces se separa de otras resistencias aún más marginales, como aquellas que buscan evitar formas de expulsión, de criminalización de los pobres que habitan sin título de propiedad o de los costos ambientales que se asumen diferencialmente. Por otra parte, se ve una constante furia hacia el Estado, donde los enemigos son más o menos claros.

En este contexto, la historia debe iluminarnos. El área hoy en debate, el puerto, el predio de Vías Navegables, la Costanera General San Martin, se construyó a mediados del siglo XX y esta transformación implicó una enorme inversión pública, la destrucción de antiguas instituciones, la expulsión de emprendimientos industriales y, como trataré de exponer, probablemente de antiguos pobladores. Como Gómez (1944) lo manifiesta, se sustentó en el ideal modernizador y la construcción de una necesidad a partir de las inundaciones10 de la primera mitad del siglo XX, sumado a las pestes y epidemias que culpabilizaban a las masas populares, aquellas insalubres y localizadas en la cercanía de los arroyos que desembocaban en el área.

¿Qué existía antes de la construcción de este paseo costero? Durante mediados del siglo XX, a lo largo de la costa se encontraban emplazadas instituciones como el Asilo de Huérfanos, el Colegio Nacional, el Hospital Juan de Dios y la Escuela Industrial. Al mismo tiempo, de frente al río se instaló la Planta de la Usina Eléctrica, ubicada en la intersección de la calle Bolívar y la ribera. El área conocida como Punta San Sebastián (Tucumán y la costa) funcionó hasta ese momento como puerto y control aduanero, este era el punto de conexión entre lavanderas, abastecimiento de agua, llegada de buques y paseo en los atardeceres, entendiéndolo como el centro vital de la ciudad (Quiñonez, 2007).

El proceso de demolición del antiguo puerto, localizado en la Punta San Sebastián, y la expropiación y construcción del nuevo puerto se produjo entre 1920 y 1950. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación (en adelante MOP), en 1917, aprobó el proyecto para la construcción de los edificios de Aduana, Prefectura Naval Argentina y Obras Sanitarias, trasladándose de las inmediaciones de la Punta San Sebastián frente al muelle de pasajeros. En 1920, se promulgó la Ley Provincial N° 304, que "autoriza al Poder Ejecutivo a invertir suma junto con lo otorgado por la Nación para el pago de expropiaciones de terrenos con destino al ensanche del Puerto de la Capital (hacia el este)”; para esto se declaró la expropiación mediante decreto provincial N° 155, "ya que el tejido urbano había avanzado hasta prácticamente la línea de ribera” (Revista La Unión, en ^{Gutiérrez y Sánchez Negrette, 1988}: 181). Entre 1940 y 1942, se demolieron las propiedades anteriormente expropiadas y las obras se fueron realizando en función de disponibilidades presupuestarias hasta 1950. En este sentido, Rousseaux (1989) adjunta una planilla de los inmuebles y propietarios expropiados. No se han obtenido datos sobre qué ocurrió con el total de los pobladores del área, ya que, como se constata frente a las formas de ocupación de la costa, quienes residían no siempre poseían la titularidad de la tierra y muchas veces tenían viviendas que eran percibidas como precarias y sujetas a desalojos.

La Costanera General San Martin se comienza a gestar junto con las obras del puerto desde 1917, pero su construcción se inició en 1929 y finalizó en 1944. Además de hacer alusión a la gran inundación de comienzos de siglo, esta demanda tenía que ver con los reclamos de las élites por el mal estado del muelle, que era uno de los sitios de recreación preferidos (Quiñonez, 2007). La expropiación de los terrenos se inició mediante la Ley Provincial 590/1929, la cual declaraba de utilidad pública las obras de defensa de la ciudad de Corrientes y su complemento, la Avenida Costanera, a construirse a lo largo de la costa del Río Paraná, desde la Punta San Sebastián a la Avenida 3 de abril; y autorizaba a expropiar los terrenos que fueran necesarios para dicha obra. En el artículo 3, se autorizaba al Poder Ejecutivo Municipal a expropiar terrenos que estuvieran afectados, comprendidos entre la avenida costanera y el río dentro de una faja de 60 mts.

Esta transformación fue aclamada y anhelada por gobernantes, técnicos y grupos de las familias reconocidas desde fines del siglo XIX. Sin embargo, ¿existieron voces en desacuerdo? ¿Qué ocurrió con quienes llevaban adelante sus emprendimientos productivos o habitaban el lugar? Así, se ovacionaba que "El gobierno provincial, compenetrado de la importancia que representa para la ciudad la construcción de la avenida Costanera, como obra para la defensa de la costa y como hermoseamiento de la ciudad, resolvió donar a la Nación los terrenos necesarios que son de jurisdicción provincial...” ("La futura Avenida Costanera ”, El Liberal, 10 de abril de 1929; en Minadeo, 1988: 134). Los discursos contemporáneos, a su vez, remiten a que "Las obras de la costanera 1929 otorgan a la ciudad un paseo de real jerarquía y posibilitan la incorporación del río a la actividad recreativa y social de Corrientes. Este fue uno de los más grandes aciertos de la ciudad en su expansión urbanística” (^{Gutiérrez y Sánchez Negrette, 1988}: 181).

Esta expropiación contempló el Arroyo Salamanca e Isiró (donde se localizaba la barriada popular Tacurú o Camba Cuá). Como puede verse en la Imagen N° 6, quedaron implicados un conjunto de pobladores, de los cuales algunos aparecen en la planilla de expropiaciones (Imagen N° 7)11; sin embargo, seguramente el impacto de esta obra sobre aquellos ocupantes no-propietarios de viviendas precarias pudo ser diferente, y marcan nuevamente la dificultad de ser rastreados. Un historiador entrevistado menciona que en la primera etapa

"Sobre el borde defensivo de la costanera, se buscó sanear desde Arazatí hasta San Sebastián, zona que había sido afectada por la creciente. Tenemos el arroyo Salamanca, que desembocaba en las proximidades del Hotel de Turismo, y toda esa zona mantenía una afectación importante... toda esa zona, hasta mediados del siglo XIX, era periferia, lo que se quiso hacer con la Costanera era recuperar, mejor dicho, incorporar ese borde costero a la ciudad... es decir, que además de proteger de las crecientes, que también se pueda dar la posibilidad a quienes residían en el sector de infraestructura urbana moderna, generar una recuperación de terrenos, el saneamiento entendido también en el parcelamiento, las calles... además, generar un paseo”. (Historiador, comunicación personal, 25 de octubre de 2018.)

Según el entrevistado, fue una obra que demandó mucho tiempo y donde hubo una participación política importante de J. R. Vidal, que fue tres veces gobernador de Corrientes y luego senador nacional. Desde su banca como senador, presentó proyectos para que el Estado Nacional tomase a su cargo la concreción. Sin embargo, también se menciona en varias fuentes que algunos terrenos que estaban en la costa, a expropiar o lindantes al área afectada por la obra, eran de la familia Vidal (Riera, comunicación personal, octubre de 2018) (imágenes N° 7 y N° 8).

En cuanto a las etapas que siguió la transformación costera, el primer tramo se finalizó en 1936, y fue inaugurado por Torrent. Se construyó entre la Punta San Sebastián y la calle Chaco. Para esto debió construirse un murallón, con refulador de arena, generando un muro de contención para definir un borde. En este caso se avanzó sobre la costa:

“Hay que tener en cuenta que, si bien estaba habitado por casas precarias ..., en realidad los terrenos tenían propietarios. Algunas de las propiedades pertenecían a familias importantes de Corrientes, de apellidos conocidos, vinculados con la política”. (Historiador, comunicación personal, octubre de 2018.)

El segundo tramo se inauguró en 1944 y fue construido sobre la barranca, en terrenos más consistentes y más elevados. Se realizó un muro de contención para que las crecientes no las degradaran. Es decir, que en este otro recorrido se construyó la costanera y la defensa sin ganar tierra al río. Así como algunos usos y actividades debieron ser eliminados, como el Hospital Municipal de Hombres San Juan de Dios, la permanecieron, como la usina, el regimiento, el Tiro de Corrientes.

Son muy pocas las fotografías de este período que se pudieron encontrar para habilitar la mirada sobre el entorno inmediato de transformación, como el caso de laImagen N° 9.

Como puede leerse, el análisis historiográfico aquí presentado no arroja ninguna verdad, solo plantea algunas preguntas sobre la producción de nuevos órdenes espaciales e injusticias para algunos grupos a partir de la transformación basada en preceptos elitistas. Y, por otra parte, nos encontramos en el presente frente a un nuevo criterio espacial que inauguró un momento de desacuerdo. He escuchado a quienes militan esta resistencia hablar de que no pueden vendernos las joyas de la abuela al mejor postor. El área en cuestión fue construida a partir de un largo proceso de inversión pública y esfuerzo colectivo; sin embargo, el municipio, mediante normativas, dispara el valor del suelo y busca facilitar a desarrolladores inmobiliarios la producción de nuevas materialidades sin siquiera establecer la recuperación de plusvalías como instrumento mínimo de redistribución social. Los cuestionamientos también rondan aquello que es priorizado: mientras que otros barrios de la ciudad desbordan de problemáticas, la mirada gubernamental está puesta sobre la recentralización de beneficios.

Patrimonio ¿de quiénes?

Frente a la extensión posible de este artículo, quise poner sobre la mesa algunos de los espacios ribereños que a partir de 2018, con el inicio de una nueva gestión municipal, han sido sujetos de conflictos en torno a sus formas de valoración y sus posibilidades de transformación, apropiación y gestión en la ciudad de Corrientes. Disputas que en el tiempo han tenido diversas transformaciones en cuanto a los sujetos, redes, incidencia o productividad; con trayectorias que, es seguro, no he podido mostrar en toda su complejidad aquí. Sin embargo, el objetivo que me propuse en este trabajo fue el de repensar el problema de la construcción patrimonial latinoamericana a partir de estos espacios en disputa, revisando desde una perspectiva histórica crítica los fragmentos que en el pasado los constituyeron como materialidades hoy exaltadas; y, a su vez, reconocer los rastros de injusticias que invisibilizaron formas de vida, prácticas y representaciones de algunos sujetos y la relación de estas genealogías con las formas de desacuerdo del presente frente a nuevas transformaciones proyectadas. Como he intentado exponer, los casos estudiados del área costera central son considerados diferencialmente como bienes comunes, patrimonio cultural o ambiental, recursos económicos, tierra de la cual es posible extraer una renta gracias a nuevos desarrollos inmobiliarios. Estas valoraciones diferenciales y sus justificaciones abren paso a la conflictividad inherente a la urbe latinoamericana, marcada por las raíces históricas coloniales, patriarcales y capitalistas que las teorías críticas buscan exponer. Es por esto que sostengo que el compromiso de quienes inciden en las políticas espaciales, aquellos que participan de las cúpulas técnicas-políticas de decisión sobre el devenir de espacios patrimoniales, deberá estar puesto en raspar estos palimpsestos, reconocer aquellas enunciaciones provenientes de sujetos desfavorecidos, algunos que ya no tienen voz, otros posibles de avizorar tímidamente en la historiografía local o en los documentos, y, sobre todo, de aquellos contemporáneos a los que se puede oír a viva voz resistir o reclamar. Será necesario romper con la racionalidad tecnocráta que la modernidad ha impuesto y reconocer que la violencia en la planificación se hace mayor cuando lleva a la impune y apresurada anulación del desacuerdo (Swyngedouw, 2011).

En este sentido, sostengo que la forma de comprender los espacios patrimoniales de nuestras ciudades latinoamericanas marcadas por la desigualdad debe nutrirse de los abordajes propuestos por las teorías críticas, que han permitido reconocer cómo el espacio urbano que habitamos posee, detrás de los objetos materializados y fetichizados por las disciplinas técnicas, un proceso contradictorio, conflictivo, tanto creador como destructivo. Inclusive, aquello que hoy enaltecemos y disfrutamos, los grupos privilegiados y no tan privilegiados de esta sociedad, ha sido parte de una genealogía que sostuvo un proceso mediante el cual el conflicto y la producción de injusticias espaciales para algunos fue disfrazado o invisibilizado por los discursos hegemónicos.

Las preguntas entonces serán: ¿quiénes y por qué unos y no otros tienen el derecho a decir lo que un espacio debe o no ser? ¿Bajo qué esquemas partimos de reconocer las voces, las valoraciones y justificaciones de unos y silenciar las de otros? ¿Por qué algunos rastros o materialidades del pasado merecen ser revalorizados y otros no?

Pensar el patrimonio latinoamericano "desde abajo” implica cuestionar la hegemonía de la propiedad privada tanto como el libreto neoliberal que concibe ceder derechos y beneficios al capital transnacional, nacional o regional para la explotación, mercantilización y reestructuración acelerada de espacios locales mediante lógicas ajenas. Este instante de peligro se despierta frente a un renovado interés de agentes del mercado por las áreas centrales y la tierra pública, que apuesta sin máscaras a formas de acumulación por desposesión o a la apropiación de las rentas históricamente generadas sin ninguna carga o requerimientos en contrapartida. La selectividad de la costa central radica también hacia quiénes están dirigidos esos proyectos/productos urbanos: los grupos de altos ingresos, los empresarios exitosos, el turismo internacional, o los emparentados funcionarios y empresarios locales.

Mientras tanto, son marginalizadas o reprimidas formas de producción social del hábitat. Estas, al contrario de resultar como creen muchos del incumplimiento de los valores idílicos de trabajo y esfuerzo, de la ilegalidad e incompetencia que atribuyen a los pobres, son resultado de un sistema de división del trabajo, concentración histórica de medios de producción y mercado de suelo urbano totalmente excluyente. Es por esto que el abordaje genealógico permite además romper con la idea de que la pobreza y la informalidad son fenómenos recientes, culpabilizarlos y luego achacar la ausencia del Estado, la planificación que no se da o que nunca llega. La causa no es la falta de planificación, sino lo que es puesto como prioridad en la agenda de políticas públicas, tanto como las dificultades para romper con las alianzas y preceptos de clase, resignar privilegios y construir una mirada crítica sobre la transformación del espacio. El patrimonio latinoamericano no puede ser pensado como objeto de consumo para una élite o un monumento inerte que muestre las proezas de los ganadores. Serán necesarias nuevas preguntas: ¿cómo evitar la destrucción o mercantilización de espacios valorados y reivindicados por organizaciones sociales, un colectivo ciudadano, un grupo de vecinos, una mesa barrial, trabajadores de la economía popular: una plaza, un altar, un centro comunitario, un espacio de memoria? Sin muchas respuestas, solo expondría que las memorias locales, colectivas y solidarias, con sus narrativas históricas y sus reivindicaciones de justicia socioambiental deben ser, de una vez por todas, escuchadas y valorizadas en el devenir de los espacios patrimoniales para la reproducción de la vida.