De la “extinción” a las “comunidades nuevas”. Reconstitución comunitaria indígena: Paicil Antriao y Campo Maripe (Neuquén)

Introducción

El Estado nacional aún en consolidación asumió como tarea prioritaria, entre fines del siglo XIX y mediados del XX, la incorporación de las zonas controladas por otras etnias a un mercado de tierras que permitiera ampliar el alcance del modelo agroexportador (Cortés Conde, 1968). A medida que la territorialidad¹ estatal se expandía, se retraía por la fuerza la posibilidad de uso del espacio por parte de las sociedades indígenas. Estudios históricos y antropológicos han postulado que las prácticas que acompañaron la conquista militar de la tierra de los pueblos originarios –como eliminación física, constitución de campos de concentración, deportación, esclavización y destrucción cultural, entre otras– fueron mecanismos de homogeneización pasibles de caracterizarse como genocidio (Delrio et al., 2010). Luego de dicho proceso, se llevaron a cabo desde el Estado una serie de políticas de relocalización, integración (Mases, 2010) y explotación de estos pueblos (Lenton, 2014a; Lenton et al., 2015, entre otros). Estas fueron heterogéneas, respondieron a casos particulares (Briones y Delrio, 2002), y se enmarcaron en un proceso hegemónico que buscaba uniformar la sociedad, el cual ha sido descripto como etnocida (Tamagno, 2008), en un contexto de fuerte influencia de la idea de que los originarios se hallaban en vías de extinción y sus remanentes debían ser integrados a la nación (Delrio, 2005). María Elba Argeri (2001) planteó, en su estudio del caso de la provincia de Río Negro, que era necesario problematizar las interpretaciones historiográficas que partían de asumir el “exterminio” de los indígenas. En los últimos años, en Neuquén se ha extendido la noción de que ciertas comunidades mapuche han tenido solo una constitución reciente y por lo tanto no preexistirían² al Estado y serían "nuevas".³ Este argumento porta especial peso en el ámbito de aplicación de las políticas públicas y de las prácticas de judicialización de los conflictos territoriales (Gomiz, 2015).

La propuesta, en el presente texto, es la de analizar la trayectoria seguida por dos comunidades indígenas de la provincia del Neuquén a lo largo de un siglo, con el eje puesto en los sinuosos caminos recorridos para acceder y sostener la permanencia en el territorio, así como en las marchas y contramarchas en relación con su pervivencia como comunidades mapuche. La intención última es explicar cómo llegan a la reconstitución comunitaria actual y su relación con la política neuquina, tanto la encarnada por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) como la que desarrollaron en relación con sus organizaciones supracomunales, particularmente en el marco de maduración de una línea de acción novedosa al interior de la Confederación Mapuche de Neuquén a comienzos del presente siglo. En ese sentido, se estudiaron aquellos factores que, a partir del genocidio a los pueblos originarios y a lo largo de un siglo, condicionaron fuertemente su posibilidad de cohesión y la reproducción de sus territorialidades en un contexto de puja con otras territorialidades dominantes. Para ello se entrecruzaron las políticas públicas diseñadas por el Estado nacional primero y el provincial después respecto del acceso a la tierra –en particular para los grupos indígenas sobrevivientes–, el accionar de los funcionarios de los distintos organismos involucrados, las prácticas políticas de las propias comunidades o de sus miembros y el vínculo que establecieron con sus formas de organización política. La heterogeneidad de situaciones observables al interior del espacio neuquino y el hecho de su reconstitución comunitaria formal al iniciar el siglo XXI llevaron a definir los dos casos seleccionados para desarrollar el análisis propuesto. Se trata de las comunidades Paicil Antriao en el área cordillerana del sur y Campo Maripe en el área mesetaria del centro-este.

A partir de la década de 1890, las fuentes registran el reasentamiento de las familias mapuche en la región y el reinicio de la vida comunitaria en el caso de Paicil Antriao, ubicada en la zona del lago Nahuel Huapi, en cercanías de la actual ciudad de Villa La Angostura.⁴ La comunidad Campo Maripe se asentó en su actual territorio en el departamento Añelo, en el centro-este de Neuquén, en la década de 1920.⁵ Tras largos períodos de mantenimiento intermitente y bajo significativos condicionamientos de la vida comunitaria, la primera de ellas reiniciaría su armado formal, bajo los requerimientos de un nuevo marco legal nacional, en el año 2003, y la segunda en el 2011. Las áreas que habitan (sur cordillerano y centro-este) pasaron de contener muy baja cantidad de comunidades reconocidas por el Estado provincial⁶ (una y tres, respectivamente) a concentrar un gran número de comunidades reconstituidas a partir de la década de 1990 (siete y once). En el resto de la provincia, el número se mantuvo relativamente estable (la discrepancia entre las reconocidas y las reconstituidas con posterioridad no es tan notoria), lo que justifica el interés por explorar la trayectoria de los casos que se propone analizar para comprender el proceso que derivó en su reconstitución comunitaria al comenzar el siglo XXI.

Este trabajo es parte de una investigación histórica doctoral acerca del desarrollo de la organización política del pueblo mapuche, con énfasis en estudios de caso de los departamentos neuquinos de Añelo y Los Lagos. Las reflexiones presentadas se han articulado a partir del análisis de bibliografía, documentos históricos oficiales, judiciales, otros producidos por diversas agencias gubernamentales y por las organizaciones indígenas, así como del trabajo de campo con observación participante y entrevistas bajo la modalidad colectiva e individual.

Rearticulación comunitaria posconquista

Si bien las clases dominantes y el Estado asumieron la pronta extinción de los indígenas tras el avance armado, ya para 1891 hay registros del reasentamiento mapuche en el entonces Territorio Nacional del Neuquén (Rodríguez, 1978) por parte de aquellos que habían escapado de él.. Estos –entre otros habitantes preexistentes y los que llegaron con posterioridad, como el “roto”⁸ chileno (Méndez, 2005)– eran incompatibles con los “gajos de civilización” con los que se planificaba repoblar el área, por lo cual las formas de relación con el suelo propiciadas para los pueblos originarios fueron las de no propiedad (Radovich, 2013).

Diferentes tácticas de acceso a la tierra de grupos originarios han sido señaladas para la Patagonia. Algunos obtuvieron reconocimientos por la Ley de Premios Militares (1628 de 1885), a partir del asentamiento ejemplificador de “antiguos enemigos” y de la creación de colonias pastoriles. Más tarde, en la segunda y tercera décadas del siglo XX, en un contexto de progresiva invisibilización étnica, se sumaría la tenencia precaria del suelo, que se iría consolidando como la forma predominante de radicación del indígena. Las posibilidades de acceso y permanencia en la tierra iban a descender en las décadas de 1920 y 1930, con la creación de la categoría del “intruso”, que permitía desalojar a los individuos que, por diversas razones –como la deuda de pagos del derecho de pastaje–, cayeran dentro de esa clasificación, y la horadación de la figura del jefe indígena en favor de una mediación estatal en el proceso de subsunción de los originarios como mano de obra (Delrio, 2005). Teniendo esto último como especial preocupación, a partir de los años veinte se pondría especial foco en la incorporación de los indígenas del norte del país, lo que invisibilizaba la persistencia comunitaria en el sur (Lenton, 1997). En el caso de Paicil Antriao, los jefes de dos familias recibieron en 1902 una concesión en la Colonia Agrícola Pastoril Nahuel Huapi por la llamada Ley del Hogar (1501 de 1884); en el de Campo Maripe, a partir de 1927 se registra el pago de derechos de pastaje al Estado nacional, en un contexto de ausencia de reconocimiento público de la identidad étnica.⁹

En otros territorios cercanos, los procesos de rearticulación de grupos o familias indígenas también se encontraban en marcha. Frente al avance de estancieros sobre el territorio en 1899, se conformaron la Colonia Cushamen en Chubut (Delrio, 2005) y la Colonia Emilio Mitre en La Pampa. Esta provincia concentró parte de la población rankulche que había logrado la adjudicación de lotes a partir de gestiones en Buenos Aires (Salomón Tarquini, 2010). También en Río Negro, hacia los años de 1930, existían casos de reclamo de tierras por parte de grupos o familias indígenas, por medio de la figura de caciques delegados para entablar negociaciones con el Estado (Cañuqueo et al., 2015).

Durante las primeras décadas del siglo XX se multiplicaron los casos de comunidades en reconstitución en el Territorio Nacional de Neuquén. Un grupo de ellas lograrían llegar a la década de 1960 lo suficientemente cohesionadas como para ser reconocidas por el Estado provincial.¹⁰ Otras, en tanto, vieron sus reconstrucciones obturadas, lo cual las llevaría a un desmembramiento que duraría décadas. Esto debido a que las nuevas condiciones de sometimiento impuestas luego de la conquista implicaban serios obstáculos al desarrollo colectivo indígena: las políticas de radicación desde fines de siglo XIX buscaron “el fin de la tribu como entidad social y política” (Delrio, 2005, p. 144) y la individualización de la posesión de la tierra. En ninguno de los dos casos referenciados (mantenida o no la cohesión) se trató de procesos libres de tensiones con otros actores,¹¹ en tanto el rearmado comunitario puso en evidencia la contradicción entre la territorialidad indígena y la de las clases dominantes. Dicha tensión respondía a una necesidad de apropiación en sentido doble: de la tierra y de la fuerza de trabajo (Argeri, 2001). En Neuquén, el extremo sur cordillerano (departamentos Los Lagos y Lácar) y el centro-este (este del departamento Zapala y límite entre los departamentos Añelo y Confluencia) fue un espacio en el que pocas comunidades lograron ser reconocidas durante el siglo XX: Curruhuinca en la región sur y Paynemil, Antipan y Kalfukura en el este.

En el caso de Paicil Antriao, en 1902, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca (1898-1904) y acorde con la Ley del Hogar, a los jefes de dos familias les fue entregado en concesión el lote Nº 9 de la Colonia Agrícola Pastoril Nahuel Huapi, con una superficie de 625 hectáreas, en función de su rol de baqueanos al momento de la llegada de la comisión de límites enviada por el Estado argentino.¹² Antes de ser derogada en 1912, la mencionada norma establecía la posibilidad de acceder al título de propiedad al cabo de cinco años, aunque en este caso recién se conseguiría en 1943. La comunidad Campo Maripe se originó por la unión entre Celmira Maripe Huenchucan y Pedro Campo, quienes entre 1916 y 1920 retornaron desde Chile a Argentina huyendo del contexto caracterizado por los mismos actores como “la guerra” del blanco. En dicho conflicto se produjo la pérdida de las tierras comunitarias que habitaban en Lonquimay (al oeste de la cordillera de los Andes) y más tarde el asesinato de su logko (cabeza de comunidad) Ignacio Maripe en el levantamiento de Ránquil (Azócar, 2015). Esto marcó a la familia en cuanto a las tácticas de supervivencia elegidas de allí en más.¹³ El padre de Pedro era originalmente de las tierras al este de la cordillera, por lo cual la familia se trasladó de un lado al otro de los Andes como forma de supervivencia. Antes de instalarse en Fortín Vanguardia (actual localidad de Añelo), la dupla mencionada y sus hijos peregrinaron por el territorio de Neuquén, movimiento graficado por el nacimiento de su descendencia en diferentes puntos: Chile, Las Lajas y Añelo (Neuquén).¹⁴

Comprendemos aquí que la “comunidad” ha sido una realidad dinámica a lo largo del tiempo. Fuertemente anclada en un origen familiar y territorial (Confederación Mapuche de Neuquén –CMN–, 2010), debe ser caracterizada como forma de organización productiva –en tanto implica modos de apropiación y usos del suelo, así como de distribución de la riqueza– y política –al poseer una estructura interna con roles definidos, la toma de decisiones colectivas y la vinculación con otros sujetos atravesada por la adscripción étnica mapuche–. Heredó también, de la época precapitalista, un esquema basado en jefaturas militares (Argeri, 2001). Diferentes aspectos prácticos e ideológicos de la comunidad se tornan especialmente significativos para los actores en diversos momentos de la historia, según el estado del proceso de reconstitución y el contexto, lo cual tiene íntima vinculación con el tipo de prácticas políticas desarrolladas en cada caso (Aguirre, 2020).

La imposibilidad de sostener un vínculo estable con el suelo –esto es, de proyectarse en el territorio– limitó los procesos de rearticulación comunitarios. Si bien es necesario no confundir las formas colectivas existentes de apropiación y uso de la tierra con las modalidades estatales de asignación del recurso, algunos trabajos han señalado el nivel de desprotección e incertidumbre que acarreaba el hecho de no poseer una legitimación de la tenencia por parte del Estado: “contar con algún tipo de reconocimiento estatal era una de las endebles garantías frente a los atropellos de particulares” (Cañuqueo et al., 2015, p. 166). La negación del acceso a la propiedad constituyó una estrategia de subsunción de los indígenas como fuerza de trabajo. Por ejemplo, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, a partir de 1938, solo quienes fuesen propietarios de la tierra podrían acceder a préstamos por parte de la Administración de Parques para instalar emprendimientos como los turísticos. Los no propietarios quedaban entonces por fuera del circuito en el que se movilizaban las ganancias, y limitados a ser mano de obra poco calificada dentro de ellos (Pérez, 2011).

Las territorialidades indígenas y las de las clases dominantes se encontraban en contradicción, en tanto ambas partes portaban intenciones divergentes en relación con el uso del espacio.¹⁵ El vínculo Estado-pueblo mapuche varió en sus modalidades a lo largo del tiempo y en función de la heterogeneidad propia de ambos actores. Durante todo el período analizado observaremos tensiones entre jurisdicciones y agentes estatales. En cuanto a los pueblos originarios, una pauta de diferenciación fue el lazo establecido, desde fines del siglo XIX en adelante, con los sectores dirigentes argentinos que los clasificaron en gradientes según sus posibilidades de integrarse a la “civilización”, entablaron relaciones políticas discriminando el rango del interlocutor –grandes caciques o jefes menores– y permitieron diferentes formas legales de ocupación del suelo (Briones y Delrio, 2002). Algunas comunidades accedieron a tierras por reconocimiento del Estado entre fines del siglo XIX e inicios del XX. En las áreas estudiadas se encontraron los casos de Curruhuinca y Paynemil por presentar rendición frente al ejército (Varela, 1981; Blanco y Arias, 2018). Fuera de estas decisiones políticas de los organismos estatales quedaron numerosos grupos, y se pueden observar sectores incluidos y otros excluidos de acuerdo con cada momento en particular.

Además de las formas de acceso a la tierra, existieron otras diferencias entre las comunidades. Una de ellas fue el nivel de mantenimiento público de pautas culturales, como la realización de la rogativa ngillatun o el habla del idioma mapuzungun, que fueron considerablemente más altas en la zona cordillerana del sur provincial que hacia el este (Rodríguez, 1978). Esto puede haberse relacionado con el nivel de interacción entre comunidades y con el “blanco”, así como con la organización política temprana. En este último sentido, de la zona en cuestión, especialmente en un radio de 200 kilómetros hacia el oeste y el sur de Zapala, surgieron los representantes mapuche que participaron de la conformación de la Asociación Nacional de Aborígenes en la década de 1920 (Pérez, 2014).¹⁶

Condiciones del acceso al suelo y territorialidades

Retomaremos aquí la cuestión de las características del acceso al suelo para vincularlas con el desarrollo de las territorialidades en los casos de las comunidades seleccionadas. En Paicil Antriao hay registros que permiten visualizar que, al comenzar el siglo XX y en las décadas siguientes, se sostenían las formas de vida comunitaria. Para 1903, Primo Capraro registraba sus interacciones con “la indiada del capitanejo Antriao”, quien se dedicaba a cruzar el lago Correntoso en bote.¹⁷ A principios de siglo, los funcionarios los denominaban como indígenas,¹⁸ pero ya para 1922 los informes señalaron que en el lote 9 se asentaban personas autorizadas por Antriao para trabajar la tierra y se nombró a las familias como “poblaciones”.¹⁹ Los familiares que se aposentaban se registraban también en las fichas de pobladores que elaboró Parques Nacionales tras la puesta de las tierras bajo su jurisdicción, en la década de 1930, quienes eran clasificados como “paisanos”, “trabajadores”, “peones” o “pobladores” (Pérez, 2013), lo cual también demostró el cambio de registro.

A pesar de existir una apropiación colectiva de la tierra que habitaban, tanto Paicil como Antriao utilizaron la tensión existente entre jurisdicciones²⁰ para intentar obtener el título de propiedad y denunciaron ante los funcionarios nacionales la presión ejercida por privados en connivencia con agentes estatales locales –como el administrador de la colonia– para enajenar el suelo. Paicil parecía conocer que era habitual que los jefes de comunidades fueran a Buenos Aires a establecer negociaciones (Argeri, 2001).

el Sr. Giovanelli [administrador de la colonia] no lleva los inspectores que vienen aquí les dice que los indios no necesitan tierra porque no servimos solo se la [da] a los gringos…. mi gefe Namuncurá y Platero dijeron que el gobierno nos daría donde vivir…. Le aviso Sr. Director que ahora le quieren dar todo el lote a mi vecino Andriao [Antriao] porque este les prometio vendérselo varato…. no saldré de ay solo por la fuerza pero ire a verlos a Udes en Buenos Aires aunque tenga que gastar.²¹

Los concesionarios originales legitimaban sus exigencias enunciándose como indígenas, puesto que su previa adscripción a las huestes de Namuncurá era comprendida como un motivo de derecho a la tierra; la pertenencia étnica no entraba en contradicción, al menos discursivamente, con el desarrollo del proyecto nacional. Paicil reclamaba ante el ministro de Agricultura en 1908 la titularización de la mitad del lote señalando: “Por mí no me importaría pero tengo familia e hijos grandes que servirán la patria”.²² Sin embargo, fallecidos Paicil y Antriao, sus descendientes legitimarían el pedido de privatización de la tierra en la propia normativa estatal, y luego desaparecería de los registros oficiales la mención a su situación política preconquista.

En un contexto de creciente estigmatización de la identidad étnica (García y Valverde, 2007; Radovich y Balazote, 2009), el accionar de los funcionarios locales se orientó a generar rispideces entre los mapuche. En 1907, el administrador de la colonia debía extender boletos provisorios de propiedad a ambos indígenas, aunque solo se lo entregó a Antriao. En la nota ya citada de 1908, Paicil expresaba su preocupación por un supuesto acuerdo entre los agentes y Antriao que lo excluiría. Los documentos, sin embargo, no reflejan la existencia de dicho pacto, en tanto se autorizó la expedición del título en 1915,²³ bajo la forma de un condominio que reservaba la mitad del lote para cada concesionario.

Ya se ha señalado el nivel de arbitrariedad con que operaban diversos agentes encargados de controlar las políticas de tierras (Pérez, 2011; Blanco, 2016), a lo cual se sumó la ausencia de una oficina de la Dirección de Tierras en Neuquén hasta 1933 y la red de connivencias entre los sujetos locales –como las fuerzas de policía y los jueces de Paz– con estancieros o comerciantes (Argeri, 2001; Perren, 2005). Con relación a Paicil Antriao, se elaboraron informes dispares entre sí, algunos de los cuales valoraban como insuficiente el trabajo y las mejoras introducidas por los indígenas, especialmente cuando los actores de los diferentes organismos en el territorio abogaban por adjudicar tierras a funcionarios o cambiar por otro concesionario que fuera “verdadero buen poblador”,²⁴ llegando al punto de ser detectadas las contradicciones por agentes nacionales que no apoyaron la transferencia de la concesión.²⁵

Las décadas de 1920 y 1930 traerían novedades, a partir de los cambios en las políticas hacia el indígena que ya se mencionaran. En el sur de Neuquén, la creación, en los años treinta, de dos parques nacionales agudizó las tensiones al ejercer una influencia contraria al desarrollo de la territorialidad indígena. El Parque Nacional Nahuel Huapi dividió su jurisdicción entre tierras públicas y lotes enajenables, incluyendo en estos últimos parte del territorio de Paicil Antriao. Asimismo, limitó el volumen de las majadas de los pobladores fiscales y les prohibió determinadas actividades, sin aplicar ninguna de estas restricciones a las tierras privadas. De esta manera se favoreció la necesidad indígena de colocarse como mano de obra frente a la insuficiencia de las actividades tradicionales para sobrevivir, y hubo incluso comunidades que fueron expulsadas (Carpinetti, 2006; García y Valverde, 2007; Trentini, 2015; Papazian, 2019).

Ni el indígena ni el poblador chileno o argentino descapitalizado fueron pensados en general por el Estado y sus funcionarios como los sujetos que encarnarían el “progreso” económico en la zona, aunque su fuerza de trabajo constituyó una condición necesaria para las empresas de los denominados "pioneros".²⁶ Francisco Capraro²⁷ declaró, en una entrevista en 1999, que casi todos los Antriao habían trabajado en su hotel (Nawel, 2013, p. 102).

Los Campo Maripe, por su parte, se asentaron en el este neuquino –lote Nº 15 de Fortín Vanguardia– en 1927. El desarrollo de su territorialidad se llevó adelante en un contexto y con una situación diferente a lo reseñado para el caso de Paicil Antriao. Los “abuelos”, como se los recuerda en la memoria oral actual, “tenían muchos, muchas ovejas, muchos animales mi abuela y también mi papá, todos juntos. Tenían el rebaño juntos. La veranada se hacía acá y la invernada en Cerro Morado”.²⁸ Celmira Maripe realizaba tejidos, mientras que Pedro Campo comerciaba directamente en el pueblo de Añelo las verduras provenientes del trabajo familiar de la tierra.²⁹ Hacia 1953 –dos años después de fallecer Pedro–, una inspección describía como “pobladores” a Celmira Maripe y sus diez hijos, en edades entre los 17 y los 38 años. Los hijos mayores tenían, a su vez, sus propios núcleos familiares en el mismo predio.³⁰

Además de compartirse el espacio de residencia, las actividades allí realizadas se llevaban adelante de forma colectiva, aunque en ausencia de una enunciación formal de la pertenencia étnica. Dentro de la familia no se transmitió el idioma –que se hablaba en secreto entre los mayores– ni el significado de algunas prácticas que la tercera generación solo lograría comprender tras vivenciar las ceremonias de otras comunidades.³¹ Esto se relacionó, por una parte, con la época del asentamiento en la zona, durante la cual era imposible lograr la propiedad territorial en el marco de la vida comunitaria, y por la otra, con la ya mencionada experiencia inmediata de huida de “la guerra”; de cara a los agentes estatales, los Campo se presentaron como pobladores antes que como indígenas. Sin perjuicio de ello, las prácticas culturales se mantuvieron en el uso colectivo del territorio. También pervivieron en el idioma hablado en secreto y durante las celebraciones clandestinas.³² Asimismo, existieron vestigios de la organización familiar matrilineal que se fueron perdiendo con el paso a la segunda generación.³³

La entrega en propiedad de las tierras neuquinas por parte del Estado nacional y provincial no constituyó durante el siglo XX, como ya se señalara, una política que incluyera específicamente a los mapuche. Los espacios circundantes eran, en cambio, enajenados en favor de individuos de las clases dominantes locales o bonaerenses, quienes influían sobre las posibilidades de renovación de los permisos de ocupación³⁴ y eran consultados acerca de la reputación de los habitantes indígenas.³⁵ Los lotes cercanos a la comunidad Paicil Antriao fueron privatizados –el Nº 11 fue titularizado en favor de Esther Loomis de Pratt; el Nº 8, de Primo Capraro y Federico Baratta; y los Nº 12 y 13, de Exequiel Bustillo (Nawel, 2013)–, mientras que la entrega del título de propiedad del lote Nº 9, que habitaba la comunidad Paicil Antriao, fue objeto de numerosas prácticas dilatorias. El caso de la familia Campo se asemeja al anterior, en tanto también realizó reiterados pedidos para titularizar la parcela que ocupaba en el centro-este de Neuquén, en las décadas de 1940 y 1950. Esas solicitudes fueron denegadas por los organismos de tierras aduciendo que no contaban con suficiente capital para contratar con el Estado.³⁶ En los años sesenta, Celmira, sus hijos y las familias conformadas por ellos continuaban abonando derechos de pastaje en función de una tenencia precaria, y en 1964 lograron arrendar 5600 hectáreas aproximadamente, la mitad de la extensión utilizada para el desarrollo de sus actividades (Villarreal y Huencho, 2015).

En la etapa territoriana, para los casos estudiados, los documentos escritos reflejan una reivindicación territorial no coordinada entre comunidades, centrada en la elaboración de solicitudes individuales al Estado, en algunas ocasiones expresando la pertenencia étnica y en otras sin hacerlo.³⁷ Otras veces se mantuvieron actitudes suspicaces o desafiantes frente a los funcionarios, como la negativa a firmar documentos oficiales cuando se les requería y la adopción de modos irreverentes.³⁸ En el caso de Campo Maripe, esto era improbable: la subordinación frente al sujeto no indígena como método de supervivencia era tan determinante que se evitaba el reclamo mismo.³⁹

Durante el siglo XX se verificaron intentos de despojo de Paicil Antriao, debido al carácter de tierras fronterizas y a la detección temprana del potencial turístico de la zona (Bessera, 2006); mientras que en el caso de Campo Maripe la presión fue menor porque las tierras fueron consideradas marginales durante casi todo el período. El control más tardío por parte del Estado en esta zona se manifestó en el hecho de que recién en 1941 se le requirió a Pedro Campo que abonara derechos de pastaje, que fueron calculados con carácter retroactivo hasta 1927.⁴⁰ Otra cuestión posiblemente vinculada a un aumento de la presencia estatal en el área fue que Pedro Campo y Celmira Maripe contrajeron matrimonio recién en 1945, luego de haber tenido ya siete de sus ocho hijos.⁴¹ En los testimonios se resalta que esa fue “la primera libreta de Añelo”.⁴²

La segunda mitad del siglo XX: entre el reconocimiento y la profundización de la precariedad

Con la provincialización (1955) se abrió una nueva etapa de posibilidades de acceso a la tierra para un conjunto de comunidades, entre las que no se incluyó a las seleccionadas en este trabajo. Cuando el gobierno neuquino inició en 1964 la política de otorgamiento de “Reservas Indígenas” a una serie de “agrupaciones araucanas” (Imagen 1), se profundizó la diferencia entre la situación territorial de estas y la de aquellas que, sin ese estatus, vieron agravada su precariedad en relación con el suelo que ocupaban.⁴³ Se configuró así un mapa oficial del reconocimiento y negación de la etnicidad. Aquellas agrupaciones que consiguieron reservas entre 1964 y 1993 se ubican en su mayoría dentro de una zona que se puede denominar como la primera área dinámica de la organización política en Neuquén. De ella surgieron tres de los cinco representantes que ya en 1920 participaron de la conformación de la Asociación Nacional de Aborígenes⁴⁴ (Pérez, 2014). En los departamentos de Aluminé, Catan Lil, Huiliches y el oeste de la ciudad de Zapala se concentraron 17 de las 32 agrupaciones reconocidas por el nuevo Estado provincial. Los extremos norte, sur y el centro-este de Neuquén se mostraban en ese mapa prácticamente “libres” de comunidades. A partir de fines de la década de 1990, el sur y el centro-este emergerían como segundas zonas dinámicas, en tanto los procesos de reconstitución de las allí presentes se retomarían en un nuevo contexto.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Gomiz (2015); Piciñam y Rodríguez de Anca (2016).

Imagen 1 Mapa de las comunidades reconocidas por el Estado provincial (1964-1993) 

En cuanto a Paicil Antriao y Campo Maripe, en esta etapa atravesaron los momentos de mayor agravamiento de su situación territorial. El título de propiedad del lote Nº 9 fue emitido en 1943 en favor del condominio formado por las sucesiones de Paicil y de Antriao. Como antecedentes del despojo, en la década de 1930, una mensura había implicado el recorte de cerca de 50 hectáreas al sur del lote, para el emplazamiento del pueblo de Villa La Angostura.⁴⁵ En 1946 les fue entregado el título a las familias e iniciaron un proceso de división del condominio que finalizó en 1948. En definitiva, la existencia del documento por el cual los concesionarios originales habían bregado tanto tiempo terminó siendo un factor en contra de la cohesión comunitaria por las presiones del contexto. A partir de 1951 se multiplicaron las ventas de fracciones del mismo lote a propietarios ausentes y a empresarios locales, operaciones en las cuales participaron los últimos junto con funcionarios de la zona por medio de estrategias que los vincularon a los herederos formales de las tierras.

En el traspaso a manos privadas del suelo habitado por los mapuche pueden mencionarse algunas tácticas, que constan en distintas fuentes. Entre ellas, el aprovechamiento del analfabetismo, que consistía en la firma del indígena mediante impresión del dígito pulgar en documentos que formalizaban el intercambio de lotes, ya fuera por mercaderías, como bienes de consumo inmediato, o por el saldo de deudas cuyos montos u orígenes no siempre se especificaban; la intervención de comerciantes, estancieros o jueces de Paz que oficiaban como gestores o apoderados de los originarios;⁴⁶ y también distintas formas de persuasión informal en el contexto de eventos con copiosa bebida y alimento.⁴⁷ Luego de perder parte o la totalidad de la tierra que ocupaban, muchas familias, o algunos de sus miembros, emigraban a zonas urbanas o permanecían en los territorios como “puesteros”, peones y mano de obra informal de nuevos dueños.⁴⁸ En el caso de Antriao, el titular de la herencia era un individuo que trabajaba como mozo en el hotel de los Capraro: terminó siendo expulsado, junto con numerosos integrantes de esta rama de la comunidad, los que pasaron a residir en un barrio popular de Villa La Angostura (Pérez y Aguirre, 2020). Por la descendencia de Paicil, actuaron como “apoderados” en la venta de lotes y la tala de amplios sectores del territorio un juez de Paz y el intendente de Villa La Angostura durante el gobierno de facto iniciado en 1976 (Nawel, 2013). Como entre los beneficiados hubo quienes no ejercieron la posesión sino hasta pasada la década de 1990, algunas tierras pudieron seguir siendo utilizadas por quienes permanecieron en el territorio. Luego se iniciaron procesos judiciales que se constituyeron en fuente de pruebas documentales acerca de estas transacciones.⁴⁹

Campo Maripe, por su parte, desarrolló una vida colectiva con tres generaciones⁵⁰ de la familia entre las décadas del 1920 y 1970. Se trataba de tierras sobre las que el Estado provincial proyectaba actividades de agricultura para exportación y forestación, especialmente en torno a un plan de extensión del riego artificial.⁵¹ En 1972 fue enajenada a favor de privados una porción tradicionalmente utilizada por los Campo Maripe. El sector circundante –especialmente aquel con acceso al agua de los ríos– había sido recientemente privatizado en favor de empresas dedicadas a la fruticultura de exportación y a la actividad forestal, o a privados que manifestaran intención de sistematizar el suelo en aquel sentido.⁵²

La disputa por la tierra se tensionó al punto de obturar la reproducción comunitaria en el contexto del último gobierno de facto. En 1978, una familia de privados desalojó a los Campo, para luego destruir su vivienda y forzar a los integrantes que permanecieron en el territorio a integrarse como mano de obra informal y sumamente precarizada en las labores domésticas y rurales. Esto incluyó maltratos físicos y la interrupción de la escolarización de las hijas menores, de 8 y 10 años, para que se desempeñaran en labores de poda, mientras la mayor realizaba trabajo doméstico en el hogar de los titulares registrales.⁵³ Las décadas de extremo desmembramiento comunitario se atravesaron sin una reivindicación indígena abierta, en un contexto de fuerte estigmatización étnica, especialmente en el ámbito escolar.⁵⁴ Tras ser desalojados, Belisario Campo solicitó realizar la compra de 10.000 hectáreas en la zona utilizada para la invernada, lo que fue denegado por las autoridades del área (Villarreal y Huencho, 2015).

Hacia 1983 arribó a la comunidad un primo de Belisario, quien se estableció en el espacio que Campo había intentado comprar previamente. En 2005, el mencionado familiar logró la titularización individual de esa área, acorde con la Ley Provincial de Tierras Fiscales 263, lo que representó un recorte más al territorio comunitario. El tratamiento diferenciado por parte del gobierno provincial se relacionó con el carácter individual del pedido, sobre un área no privatizada con anterioridad, mediante los mecanismos ideados por la provincia para resolver la demanda indígena de tierras evitando recurrir a normativas específicas de vigencia nacional, como veremos con más detalle en el siguiente acápite.

De esta forma, las comunidades analizadas quedaron prácticamente al margen de las políticas desplegadas por la provincia entre las décadas del sesenta y del noventa, que abrieron el acceso de varias agrupaciones a ciertos derechos obturados hasta entonces. Al mismo tiempo, estas medidas buscaban involucrar a algunos mapuche en el aparato estatal por medio de relaciones laborales con aristas de militancia, lo cual configuró una dirigencia indígena cuyo proyecto político se vinculaba fuertemente a las posibilidades que brindara el vínculo con el Estado provincial.⁵⁵ No se pretende, con esta afirmación, reducir al simplismo la caracterización de dicha relación; si bien esta fue capitalizada por el partido provincial, resultó asimismo útil al sector hegemónico mapuche de ese momento para consolidarse.⁵⁶ La Iglesia católica, a través de la figura del obispo tercermundista Jaime de Nevares, expresó un comprometido vínculo con los mapuche⁵⁷ y, en 1970, tras una serie de reuniones patrocinadas por esa institución religiosa, se fundó la Confederación Indígena Neuquina (CIN) en la que dichas dirigencias tendrían un papel protagónico (Falaschi, 1994; Valverde, 2005).

Hacia el siglo XXI: “nueva” confederación y “nuevas” comunidades

Durante la década de 1980 se formó en la capital provincial la agrupación Newen Mapu, compuesta por mapuche con trayectorias militantes en sindicatos y en otras asociaciones urbanas, a partir de la cual se logró en 1993 articular con comunidades rurales dentro de la Coordinadora de Organizaciones Mapuche (COM) (Valverde, 2005). En esos años, a nivel internacional empezaba a surgir una corriente –nacida de la propia intervención de los pueblos originarios en diversos ámbitos de debate– que polemizaba con el enfoque integracionista de los marcos legales vigentes (Charters y Stavenhagen, 2010), lo cual abrió paso al planteo de la autonomía indígena, aspecto fundamental para que desde la década siguiente se terminaran de definir un conjunto de derechos específicos (Gomiz y Salgado, 2010)⁵⁸ que se incluirían en la legislación nacional.⁵⁹ En el plano federal, entre otras cuestiones, quedaba abierta la posibilidad de que las comunidades accedieran a la propiedad.⁶⁰

Específicamente, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instaba a los Estados a incluir un régimen legal diferenciado de acceso a la propiedad de la tierra, basado en el respeto de la vinculación especial de los pueblos indígenas con el territorio (Gomiz, 2015). Sin embargo, esto no tuvo efecto sobre la legislación provincial. El entendimiento de la organización indígena en términos de “comunidad” no fue replicado inmediatamente en el ámbito neuquino. En 1988 y 1989,⁶¹la provincia sancionó sus propias leyes relativas a esta temática. Si bien este conjunto de disposiciones implicaba una modificación cualitativa en el proceso de acceso a la tierra, este se encontraba atado a la obtención de una personería jurídica civil (Aylwin, 2004). Al mismo tiempo, la existencia de una instancia nacional y de otra provincial de reconocimiento comunitario inauguró tensiones entre estos niveles estatales.

La línea política vigente en la CIN no podía ya contener las necesidades de organizaciones urbanas y rurales que se enfrentaban a amenazas como la contaminación ambiental generada a partir de la explotación hidrocarburífera o el avance de los emprendimientos turísticos, debido a sus vínculos con el gobierno provincial.⁶² Los intereses que estas dos actividades representaron –sobre todo en lo relacionado con el gas y el petróleo en un contexto en el que Neuquén definía su perfil hidrocarburífero, con gran dependencia presupuestaria de las regalías por la actividad (Favaro, 2001)– no podían ser contestados desde el proyecto político de la CIN. A ello se sumaría el comienzo del cambio de carácter del partido hegemónico provincial, el MPN, que en los años noventa inició un viraje desde posiciones orientadas al desarrollismo y a las políticas de bienestar, hacia otras neoconservadoras y basadas en las alianzas con empresas transnacionales expresadas centralmente durante los gobiernos de Jorge Omar Sobisch (1991-1995 y 1999-2007) (Rafart, 2009).

En el caso de Paicil Antriao, los noventa implicaron un crecimiento exponencial de los emprendimientos turísticos. En el de Campo Maripe, el avance de las territorialidades dominantes en toda la línea entre los departamentos de Confluencia y Añelo –a partir de la hidroelectricidad y la explotación gasífera– se profundizó en la misma década. En la zona del lof, ⁶³que abarca parte del yacimiento Loma Campana,⁶⁴ la tensión creció aún más desde 2011, cuando se anunció el inicio de la explotación de los hidrocarburos no convencionales en el área. Las consecuencias ambientales empezaron a ser denunciadas por las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ a mediados de los noventa (Di Risio, Gavaldà, Pérez Roig y Scandizzo, 2012; Maraggi, 2017), lo cual funcionó como antecedente para Campo Maripe.

En torno a 1995 estalló un conflicto territorial en el departamento Aluminé⁶⁵ (Papazian, 2008) que sintetizó la contradicción interna y constituyó un verdadero hito del proceso histórico mapuche en Neuquén.⁶⁶ El sector de la dirigencia tradicional no apoyó las acciones impulsadas por la COM, consistentes en el ejercicio directo de los derechos de posesión, y se manifestó en contra de su línea política. Las comunidades asentadas en Aluminé se polarizaron según su afinidad respecto de cada una de las dos posiciones.⁶⁷ A partir de este conflicto se instaló la noción de que la recuperación directa de tierras sin mediar tratos con el gobierno provincial era una posibilidad de acción, y el nuevo sector comenzó a construir su hegemonía dentro de la Confederación.

Se generaban así las condiciones para el reagrupamiento de los sectores excluidos del reconocimiento provincial previo y la consolidación de las nuevas militancias indígenas con experiencias vinculadas a los ámbitos urbanos. La organización supracomunal ingresaba al siglo XXI redefiniendo su nombre como Confederación Mapuche de Neuquén e identificándose como la instancia de “gobierno mapuche”. Su proyecto político articuló territorio y autonomía, colocaba como horizonte estratégico el manejo intercultural de los recursos, en el marco de una soberanía indígena en la toma de decisiones acerca de toda actividad que afectara territorios comunitarios (CMN, 2010; García Gualda, 2017). Desempeñó también un rol notorio en el fortalecimiento de las comunidades cuyos procesos de rearticulación formal se reiniciaban a partir de entonces, lo cual potenció la visibilización de 32 lof especialmente concentrados en el sur cordillerano y en el centro-este neuquino, que totalizaron 64 para 2018 (Imagen 2).

En relación con la comunidad Paicil Antriao, en torno al año 2000, un núcleo de mapuche conformado por familias que nunca habían abandonado el lote 9 y otras que habían sido forzadas a instalarse en los barrios populares de Villa La Angostura comenzaron a sostener reuniones informales y a buscar aliados para reiniciar el armado comunitario.⁶⁸ De ese proceso emergió Ernesto Antriao como líder de gran presencia en el aglutinamiento de los miembros. Fue en 2003 que se emprendió la primera acción directa de ejercicio de derechos, que supuso el ingreso y la permanencia en la ladera del cerro Belvedere, al este del lago Correntoso, actual corazón del territorio comunitario. Asimismo, se iniciaron las gestiones frente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para lograr la personería jurídica requerida por la normativa nacional (Ley 23.302).

Los primeros años de reorganización fueron dificultosos, especialmente frente al recrudecimiento de la disputa por la tierra, que era representada en el discurso municipal como un “conflicto entre particulares”,⁶⁹ sin dar intervención al marco regulatorio de derechos específicos con vigencia federal. Las tácticas políticas de un sector de la comunidad adquirieron gran visibilidad por la virulencia de ciertos episodios de disputa con actores privados. A raíz de ello, las reivindicaciones fueron rápidamente deslegitimadas en los medios de comunicación y frente a la sociedad de Villa La Angostura.⁷⁰ Como influencia positiva para el proceso, a mediados de la primera década del siglo, la relación con Parques Nacionales registró un cambio importante y se inauguraron pactos de co-manejo con la comunidad vecina Kinxikew, que significaron una importante legitimación de la presencia indígena en la zona (Trentini, 2015).

Fuente: elaboración propia sobre la base de Gomiz (2015); Piciñam y Rodríguez de Anca (2016) y trabajo de campo.

Imagen 2 Mapa de las comunidades dentro de la Confederación Mapuche de Neuquén (2017) 

En el año 2009, un conjunto de acciones legales y órdenes de desalojo hacia Paicil Antriaoprovocaron un profundo impacto negativo, por lo cual la Confederación Mapuche de Neuquén inició en 2011 un acompañamiento del proceso de reconstitución comunitaria. Con la finalidad de fortalecerlo, propició un mejor vínculo con la sociedad angosturense, que pudiera generar instancias de articulación interétnica con el fin de solidificar y legitimar los reclamos.⁷¹ Este proceso representa lo que podríamos llamar iteración política de las comunidades, ya que han buscado el logro de sus objetivos –mediante diversas tácticas– en muchos actores políticos, con resultados variables, en razón de los cuales los mecanismos de acción se han ido ajustando a lo largo del tiempo.⁷²

En el caso de Campo Maripe, hacia 1995 falleció Belisario Campo, hijo de la pareja asentada en 1927. De sus ocho hijos, solo algunos lograron permanecer en el territorio debido a las continuas disputas con privados que los forzaban al traslado permanente de un sitio a otro, en busca de la supervivencia propia y del ganado comunitario. Algunas de sus hijas accedieron a planes de vivienda en Añelo,⁷³ mientras que Susana y Belisario (“Lucho”) permanecieron en el territorio de manera ininterrumpida, acompañados de forma intermitente por sus otros hermanos, que intentaban retornar las parcelas para realizar cultivos. Luego de tres desalojos efectuados tanto por los nuevos titulares registrales de las tierras como por el municipio, “Lucho” fallecería en 1999 (Villarreal y Huencho, 2015).

Dos años después, consecuencia de una nueva expulsión que incluyó la demolición de su vivienda, Susana se trasladó una vez más e instaló un puesto en una zona del lote conocida como Bardas Blancas, donde permaneció hasta 2011, cuando sus hermanos retornaron con la intención de ejercer posesión y se puso en marcha de forma definitiva la reconstitución del lof. ⁷⁴ El acompañamiento del proceso por parte de la Confederación fue inmediato y se invitó a la familia a participar de instancias deliberativas en la Universidad Nacional del Comahue y en otros espacios interétnicos.⁷⁵ La organización supracomunal proveyó un educador para retomar el habla del mapuzungun e impulsó la realización de ceremonias tradicionales, a partir de la participación del lof en otras organizadas por ella.⁷⁶

El gobierno neuquino no adoptaría las dinámicas nacionales para el reconocimiento de la preexistencia indígena. Aun cuando la Constitución provincial reformada en 2006 reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas y señaló que “la Provincia reconocerá la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regulará la entrega de otras” (Artículo 53), la herramienta predominante para radicar a los mapuche ha sido la ley sobre tierras fiscales 263.⁷⁷ Acorde a esa normativa, se requiere la presentación individual de un proyecto de explotación del suelo fiscal que luego es controlado y supervisado por la provincia, que decide si se autoriza la adquisición en propiedad privada, para, en caso afirmativo, iniciarse un plan de pago a largo plazo. Con ello, ha quedado por fuera de las políticas provinciales la elaboración de una herramienta que permitiera solucionar conflictos con privados, en cuyo caso los procesos se han judicializado, con la posibilidad de imputación penal a los mapuche.

De forma que la reconstitución comunitaria, reiniciada a partir del siglo XXI, en los dos casos analizados llevó a un recrudecimiento de las medidas tomadas por privados y por el Estado provincial para desplazar a los indígenas. Desde la primera década del siglo XXI se llevaron adelante causas judiciales en contra de las comunidades. En el caso de Paicil Antriao, en un contexto de reconstitución comunitaria y de crecimiento exponencial del turismo en el área, propietarios ausentes que habían adquirido superficies del lote 9 en la década de 1950 buscaron judicialmente el desalojo de los mapuche. Una situación similar se presentaría más tarde en el caso de la comunidad Campo Maripe. Las estrategias de las partes acusadoras en los juicios giraron principalmente en torno al desconocimiento de la existencia de una comunidad indígena, la extranjerización de sus miembros, a quienes calificaban como de origen chileno, y la descripción de estos como violentos en su accionar.

A modo de cierre

En los procesos judiciales que tuvieron como protagonistas a las comunidades estudiadas, al comenzar el presente siglo, se colocó en entredicho la existencia del lof y se argumentó que esas comunidades no estaban reconocidas por el Estado como un factor probatorio de que no habría preexistencia. A lo largo de un siglo, el proceso atravesado por estos grupos muestra que, “lejos de existir una continuidad de colectivos con contornos siempre nítidos y estables” (Briones y Delrio, 2002, p. 61), la dinámica comunitaria se vio atravesada por lógicas de desmembramiento y rearticulación que imposibilitan lecturas que pretendan hallar idénticas pautas organizativas, culturales y políticas entre 1890 y la actualidad. De este modo, entendemos que las preguntas acerca de las temporalidades de los reclamos, de las visibilizaciones y de los rearmados formales comunitarios no pueden responderse sin atender a las trayectorias enraizadas en el temprano siglo XX.

El desarrollo de la territorialidad indígena dependió de la forma de interacción con condiciones internas y externas. El nivel de cohesión interna se vio afectado por las políticas de radicación de los originarios, la relación con diferentes niveles del Estado, con las organizaciones supracomunales y con los distintos sectores de las clases dominantes. El pasado inmediato de cada familia mapuche, en diversos contextos históricos, impactó en las tácticas elegidas para acceder a la tierra e incluyó variados niveles de reivindicación pública de la etnicidad. Las tensiones entre originarios, agravadas por el accionar de los funcionarios estatales, tuvieron un impacto negativo sobre la posibilidad de sostener la permanencia en el territorio.

Durante décadas, estos grupos desarrollaron una apropiación colectiva del suelo, ya fuese este fiscal o propiedad de privados ausentes. En efecto, el conflicto se mantuvo latente, en el primer caso, mientras las tierras fueron consideradas marginales desde la perspectiva del Estado y de las clases dominantes; en el segundo, en tanto los propietarios ausentes no realizaran una toma de posesión efectiva de las extensiones de las que eran titulares. En el caso de los Campo Maripe, esto ocurrió recién a fines de los años setenta. En el de Paicil Antriao, quienes no pudieron ser expulsados del territorio durante la segunda mitad del siglo XX continuaron haciendo uso de las tierras, aunque esto supusiera convivir cada vez con mayor cantidad de alambrados, especialmente a partir de la década del noventa.

La posibilidad de revertir el estado de desmembramiento comunitario cambiaría radicalmente en un contexto en el que toda la provincia se encontró convulsionada por el conflicto social, y en que los pueblos originarios impulsaron en el plano internacional la reivindicación de derechos específicos. A nivel regional, ello coincidió con el avance de las territorialidades dominantes con renovada voracidad sobre los territorios habitados por comunidades en el extremo sur y el centro-este provincial, frente a las posibilidades de acumulación de capital que el turismo y los hidrocarburos representaban en esas áreas. Por eso mismo, dentro de esas zonas se multiplicaron también los procesos de rearmado comunitario formal a partir de fines de los noventa; entre ellos se incluyen los casos de Paicil Antriao y Campo Maripe.

La organización supracomunal –que pasaba a autodenominarse como la instancia de gobierno mapuche– tuvo un rol destacado en el sostenimiento de los procesos reconstitutivos y brindó mejores posibilidades para la cohesión comunitaria, así como para la readecuación de las tácticas políticas de las comunidades. Sin embargo, la primera década del siglo XXI también fue el momento del desarrollo de diferentes estrategias de desplazamiento de los indígenas por parte del gobierno provincial y de los privados. La ofensiva de estos últimos halló en el sistema judicial una vía para llevar adelante sus propósitos, en el contexto de una provincia que evitó hacerse eco de los mecanismos de reconocimiento de derechos específicos vigentes a nivel federal, aun luego de que estos fueran reconocidos en la Constitución provincial.