ARTICULOS ORIGINALES

Democracia y neoliberalismo en la región: Paraguay y el golpe¹

 

María Teresa Piñero²

 

Resumen
Este trabajo enfoca el Golpe Parlamentario dado a Lugo en Paraguay en 2012 como efecto del pleno despliegue de los dispositivos neoliberales post 2001 en América latina. Si ya no son los militares los que violentan el sistema democrático, como en el siglo XX, asegurando la continuidad de matrices sociales excluyentes para sostener las alianzas neoliberales- que implementaron desde los años 60-, cabe preguntarse: ¿Quiénes son hoy y serán los actores «democráticos» que tiran los dados para asignar los roles que corresponden para la continuación de esa misión?
El discurso que se constituyó para darle legitimidad se convirtió en hegemónico transparentando una lógica de articulación de identidades dispersas y de intereses aparentemente divergentes, que cristalizaron y cristalizan en prácticas cuyo sentido está dado por una particular construcción de la subjetividad neoliberal. En este orden la explicación del Golpe requiere un análisis de los sentidos con los que los actores conforman una trama que particulariza en el país mencionado, las formas que adopta en cada contexto histórico el capitalismo dependiente de la región.
Palabras claves: neoliberalismo-neogolpismo- democracias-América Latina-Paraguay

Abstract
This paper focuses the Parliamentary Blow started to Lugo in Paraguay in 2012 as effect of the full deployment of the neoliberal devices post 2001 in Latin America. If already they are not the military men those who force the democratic system, since in the 20th century, assuring the continuity of social exclusive counterfoils to hold the neoliberal alliances - that they helped from the years 60-, it is necessary to ask: those who are today and will they be the «democratic» actors who throw the dice to assign the roles that correspond for the continuation of this mission? The speech that was constituted to give him legitimacy turned in hegemonic revealing a logic of joint of dispersed identities and of seemingly divergent interests, which crystallized and they crystallize in practices which sense is given by a particular construction of the neoliberal subjectivity. In this order the explanation of the Blow needs an analysis of the senses with which the actors shape a plot that it distinguishes in the mentioned country, the forms that the capitalism dependent on the region adopts in every historical context.
Key words: neoliberalism-neogolpismodemocracies- Latin America-Paraguay

 

Introducción

El llamado golpe parlamentario dado al entonces Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, el día 22 de junio de 2012 constituyó un hecho no sólo institucional de gravedad sino la fisura en el imaginario democrático que había comenzado dificultosamente a construirse en Paraguay. Un libelo acusatorio de cinco hojas que enumera las causales de juicio político, y que fueron consideradas «de público conocimiento» y por lo tanto que «no necesitan ser probadas»,³ sirvió para condenarlo en una sesión del Congreso de sólo tres horas y destituirlo por supuesto mal desempeño de sus funciones. Juicio fundado jurídicamente en el art. 22 de la Constitución Nacional que habilita el procedimiento a las Cámaras del Congreso y que fue ejecutado sin garantías procesales como el derecho a defensa con inexistencia de pruebas (se le dio menos de 24 hs. para preparar su defensa), y la ausencia del debate público sobre el proceso, pedido por el pueblo, que en vigilia por un juicio que aún no habiendo comenzado pero que ya había sido anunciado, se había convocado en la Plaza pública, intentando detener lo inevitable.

La caída de Lugo fue la profecía autocumplida, 23 veces amenazado de juicio político desde su asunción, su gobierno estuvo siempre acompañado de una fuerte hegemonía discursiva opositora, que instituía su gestión como una sucesión de pasos voluntarios dirigidos al abismo.

A este tipo de golpe presidencial en la región se lo designó «neogolpismo» en tanto, según Toklatián⁴ y a diferencia de los golpes típicamente militares, está encabezado más abiertamente por civiles y cuenta con el apoyo tácito (pasivo) o la complicidad explícita (activa) de las Fuerzas Armadas, pretende violar la Constitución del Estado con una violencia menos ostensible, intenta preservar una semblanza institucional mínima (por ejemplo, con el Congreso en funcionamiento y/o la Corte Suprema temporalmente intacta), no siempre involucra a una gran potencia (por ejemplo Estados Unidos) y aspira más a resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso que a fundar un orden novedoso.

Cada uno de los dados en la región presenta particularidades que impiden una lectura homogénea, al menos aún (Venezuela (2002), Bolivia (2008), Ecuador (2010) y Honduras (2009). De entre ellos, el de Paraguay aparece como el caso más paradigmático de la regla de la dificultad de producir democratización en un contexto neoliberal. Si una de las características de los golpes militares en la región fue el aseguramiento de la implantación de la nueva lógica de reproducción del capitalismo periférico que dio en llamarse neoliberalismo, y que se instala en la década del 70 del siglo XX, bajo sistemas democráticos las condiciones de continuidad de dicho modelo no son tan fáciles de asegurar, sino en la medida en que puedan configurar un cepo que cristaliza la confluencia de actores e intereses con el objetivo común de asegurar su continuidad.

Este neogolpismo neoliberal sintetiza la difícil confluencia entre liberalismo y democracia en la historia y la particular forma que adquirió en América latina desde su implantación.

La historia conocida

Con la destitución de Lugo, los análisis propusieron lecturas políticas sobre los acontecimientos, pero también sobre ciertas características que se le atribuyen al Paraguay, en tanto considerado un caso particular dentro de las sociedades latinoamericanas, lo que de alguna manera permitiría dar cuenta de la relativa aceptación, consenso, y/o quietud con el cual pudo desarrollarse el hecho político, y que remitirían a una cultura política que está sedimentada más bien en ciertas prácticas no democráticas producto de dictaduras que sin embargo apelaban a una construcción de legitimidad cuasi democrática, cuyo exponente más sólido en ese sentido fue Stroessner con sus 35 años al poder (Ansaldi, 2012).

En ese orden de análisis Rivarola (2012, 43) entiende que lo que desnuda el Golpe es que en Paraguay se viola sistemáticamente el pacto de transición a la democracia que se realizó luego de Stroessner. Pacto amenazado y lentamente degradado, fundamentalmente por los partidos políticos con poder, líderes y otros actores políticos que impiden que la transición culmine. Con la caída de Lugo se rompe «no sólo con los principios democráticos de imperio de la ley y soberanía popular sino con el principio más básico de ese pacto; que el presidente no llega al poder por golpes de Estado, reelecciones amañadas, maniobras de minorías ni sucesiones monárquicas» (Rivarola, 2012: 44).

No obstante este pacto institucional básico, nos inclinamos a pensar que pareciera existir otro con más radicalidad, y es que las formas democráticas de gobierno que le siguieron a la caída de Stroessner, no podían alterar el esquema de la matriz de acumulación, producción y distribución de la riqueza imperante. El esquema de democracia neoliberal en Paraguay comienza en el año 1989 con la destitución de Stroessner y la asunción de Rodríguez quien llama a elecciones y tomando medidas que tendieron a contribuir a la defección de la soberanía alimentaria del Paraguay a los capitales extranjeros, pero ahora ampliamente legitimada en tanto se entiende manifestación de la soberanía popular democrática.

Es en la agricultura y en el sistema alimentario nacional donde se aplica más tempranamente el recetario neoliberal, y las medidas tendientes a asegurar, como afirma Palau (2011) que haya un paso seguro hacia la concentración de los poderes de producción y distribución de alimentos y recursos naturales, como materias primas en las manos de grandes capitales extranjeros en alianzas con actores locales y aseguramiento de desmovilización campesina. Así en un largo proceso «democratizador» es que se pueden mencionar medidas como

«el cambio de la legislación para permitir -entre otras cosas- la represión a los campesinos organizados que defienden su acceso a la tierra (convertirlos de productores que son de alimentos, a consumidores); disciplinamiento fiscal, que reduce el gasto o inversión social especialmente dirigido a los sectores rurales; una reforma del sistema tributario tirando el bulto de la recaudación a los consumidores, vía IVA, y reduciendo la carga a empresas y personas de altos ingresos (o impidiendo la aplicación del IRP); liberalización de las tasas de interés que entre otros, tiene el efecto de convertir en inaccesible el crédito formal a pequeños productores que deben caer así, o en manos de usureros o de financieras privadas; mantener una tasa de cambio «competitiva» que estimule las exportaciones de bienes primarios que son los únicos que exporta un país como el nuestro; la liberalización del comercio internacional, que opera en la misma dirección anterior o sea propiciando que la exportación sea un negocio rentable; modificación de la legislación que facilite la radicación de inversiones privadas directas extranjeras, inversiones que en un país de alta corrupción como el nuestro, tienden a radicarse en el negocio inmobiliario rural, forzando a programas de privatización de todas aquellas instituciones y empresas del Estado que son económicamente competitivas (como el caso de puertos, estructura vial y otros); leyes referidas a los derechos de propiedad; patentes, regalías, etc.» (Palau, 2011: 6)⁵

Este pacto fue denunciado en medio de conflictos y demandas sociales que habían comenzado a tomar cuerpo decisivo desde el 2008 cuando se dio visibilidad en la escena política a las organizaciones campesinas con sus demandas ancestrales sobre el conflicto de la distribución de la tierra. Así, aún cuando Lugo no ejecutó las reformas que ponían en juego intereses de los sectores poderosos, en la calle ya se discutían, y estuvo allí la amenaza; en ese espacio comienzan a apropiarse de la democracia, y la reforma social se establece como agenda de Estado. Se instala un conflicto «cultural», más que el ataque contra la materialidad de los intereses predominantes. Se transgredieron los símbolos y valores de la hegemonía o la cultura de los dominantes (Rivarola, 2012: 55) y así aparece un proceso que devela quiénes son los opositores, o dónde están finalmente los que no están dispuestos a que se altere un orden social naturalizado.

En este proceso pareciera que no existe aún una fuerza consolidada ciudadana que considere las demandas de los sectores más postergados como legítimas aspiraciones democráticas, sumado a que las organizaciones y movimientos sociales, particularmente campesinos, no logran convertir sus reivindicaciones en logros políticos que puedan alterar las estructuras de los partidos Colorado y Liberal, que realizan siempre un «juego electoral» (Couchounal, 2012: 96) destinado a mantener el status quo .

En este orden, el juego electoral entre los Partidos consolida el neoliberalismo que en Paraguay se asienta en un modelo agroexportador excluyente y dependiente, basado en el monopolio de la soja y las semillas transgénicas, en el marco de una estructura latifundio-minifundio de tenencia de la tierra. Así la lógica histórica de un país con una de las mayores desigualdades en la distribución de la tierra con una concentración enorme de la riqueza fundamentalmente con los latifundios y exportación de soja, hoy, se cristaliza en un cinturón de intereses económicos nacionales con empresas trasnacionales a través de los agronegocios, que se ve protegido por la fuerte militarización que existe en el Paraguay^{6. 7}

El Golpe señala a nivel interno lo compacto de la clase política y dirigente en la defensa de un orden económico considerado intransgredible, para lo cual utiliza, como sostiene Couchanal Cancio, (2012: 96) «una racionalidad casi feudal respecto del manejo de la cosa pública y la institucionalidad y la absoluta hegemonía de la práctica política habitual para cooptar conciencias y discursos e incluirlos en su proyecto».

En este contexto, era previsible que frente a la asunción de Lugo, se plantearan dudas sobre las posibilidades de gobernar cumpliendo las promesas preelectorales de modificación de la estructura dominante; casi nula representación parlamentaria de su espacio político producto de la fragmentación de la izquierda que se presentó a través de diez listas.

«Con los resultados obtenidos, el 60% del electorado continuó siendo de los partidos tradicionales de tendencias conservadoras, y cerca de la quinta parte de los votos, con importante contribución de sectores populares, correspondió a una propuesta ultra conservadora. La representación de intereses sociales en el parlamento ofreció así exceso de espacio para sojeros y ganaderos en contraste con los sectores populares que quedaron sin representación significativa» (Fogel, 2009: 13)

Otra característica del neogolpismo de corte neoliberal es su intervención rápidamente en los espacios donde se canaliza el poder más hegemónico en la actualidad; así no descalabra necesariamente los Congresos sino los medios de comunicación a fin de controlar el relato sobre los acontecimientos ocurridos. En Paraguay esto no es un dato menor, en tanto la dirigencia que acompañaba a Lugo planteaba entre sus objetivos inmediatos la construcción de la hegemonía cultural; las acciones dislocadoras que planeaba comenzar el gobierno debían estar significadas por un relato que pudiera instituirlas como verdades en una trama de sentidos que desarticulara sedimentos de dominación, claves en la sociedad paraguaya.⁸

Si las acciones vinculadas al golpe en Paraguay fueron rápidas y certeras de manera de impedir la intervención internacional y evitar un estallido social, para lo que se produjo no sólo un juicio exprés sino que rápidamente se intervino la Televisión pública (creada hacía tan solo un año) y se cesantearon periodistas y personal contratados durante la gestión Lugo. La Tv Pública, Radio Nacional, la agencia oficial de noticias IP Paraguay, la Secretaría de Información y Comunicación para el desarrollo (SICOM) fueron espacios que habían comenzado a abrir voces a las organizaciones sociales. La cesantía a los comunicadores realizadas por Franco llegó a todas las zonas de Paraguay, sobre todo en Pilar, foco fuerte de comunicación en la que la Universidad dirigida por el entonces Ministro de Educación se había convertido en un lugar de construcción discursiva. Se sabía que se jugaba una batalla simbólica en los espacios en los que se habían abierto puertas a las organizaciones sociales, que encontraron en los medios públicos un espacio de referencia. La primera se vinculó a negar la idea de Golpe, y construir más bien una geografía donde la acción de la destitución se vincula a la restitución de la «nación paraguaya a su propia identidad».

Así los libelos de la acusación de Lugo, directos y simples en su construcción, funcionaron como ejes de la defensa de la acción del Parlamento; «Inseguridad», «traición a la patria», «comunismo» y «soberanía» fueron algunos de los tópicos sobre los que se armaron las apelaciones al «pueblo paraguayo» a la defensa de su identidad, en un relato que apela a la historia del nacionalismo paraguayo. Este discurso mantiene una vigencia ideológica inédita que nunca fue cuestionada en tanto se ha desarrollado bajo un paradigma histórico desde la posguerra paraguaya que tiene que ver con una operación ideológica que obtura el potencial político de la historización como dinámica identitaria inclusiva y no excluyente (Couchonnal, 2012:98) y que organizó una pedagogía basada en mitos que se expandió a través de la educación.

El nacionalismo paraguayo define a la identidad nacional en su vínculo con la guerra contra la triple Alianza y las figuras dicotómicas surgidas de ese relato estructuran los vínculos con la política. Así los analistas paraguayos definen la existencia de un relato chauvinista-stronista-colorado que ha fundado el concepto de «nación paraguaya» y que reaviva la idea de enemigo externo permanente que, al momento del Golpe, se localiza en los actores regionales que plantearon su posición frente al mismo ( Chavez, Cristina, Dilma y los actores de la Unasur y Mercosur). En ese contexto Soberanía e independencia fueron centrales significantes que emergiendo de una demonización político-regionalista tradicional en el sector político paraguayo, hizo del aislamiento de Paraguay de los organismos regionales, un triunfo nacionalista. «Democracia sin comunismo», lema stronista aparece resignificadoen las figuras de los gobernantes de la línea bolivariana, sobre todo Chavez, presentados como las amenazas a un Paraguay que «busca reafirmar su patria soberana» (Halpern, 2012).

Neoliberalismo en la región. Consolidando la dependencia

Entendemos que Paraguay constituye un modelo claro de los efectos del neoliberalismo y que a pesar y con sus particularidades tiene una estructura socioeconómica moldeada por un capitalismo dependiente que hoy permite la legitimación de ciertas prácticas políticas típicas de sus actores.

El neoliberalismo en América Latina se despliega sobre un nuevo modelo de acumulación capitalista que estructura otro orden político y social, que perpetúa el lugar que le correspondió a la periferia en la división internacional del trabajo desde la colonización. Si en los años 90 era el Consenso de Washington el que marcaba el orden internacional, es en la actualidad como sostiene Svampa (2012) el Consenso de los commodities generado por el aumento de los precios internacionales de las materias primas y los bienes primarios demandados cada vez más por los países centrales basado en la exportación de bienes primarios a gran escala. En la nueva lógica a Paraguay le corresponde el reforzamiento de su rol productor y exportador de bienes primarios o de escaso valor agregado con la consiguiente reprimarización de la economía y la pérdida de toda soberanía alimentaria.⁹

Es que Paraguay tiene una importancia estratégica para la región y el sostenimiento de sus condiciones de aliados del capital internacional sin la emergencia de un gobierno «progresista» la convierten en un foco de atención mayúscula. Su rol agroexportador, la existencia de importantes recursos naturales, entre los cuales se destacan el agua, la biodiversidad, la soja y fuentes de energía; reservas de petróleo y gas en el Chaco e hidroelectricidad en la región Oriental; la proximidad física con Brasil, Argentina y Bolivia, países con los cuales EE.UU. tiene marcadas diferencias en varios aspectos clave, el potencial insurgente del movimiento campesino en Paraguay que opone resistencia –tenaz aunque desigual– al avance de la soja y al proceso de reconcentración empresarial de la tierra ( Palau, 2006 ).

Frente a esta reorientación del modelo de acumulación y en el marco de ciertas características atribuidas al Paraguay es que cabe presumir una cierta consolidación de un modo de constituir la política y el rol del Estado y los patrones de regulación social tradicionalmente dominantes en ese país.

Paraguay, conforme Foguel (2009) tiene un tipo de relaciones entre clases sociales, partidos políticos y Estado determinado por la carencia de un proceso de sustitución de importaciones y de una importante industrialización, con la consiguiente ausencia de burguesía nacional y sectores obreros pensados como clase, además de un débil poder sindical, lo que conformó un Estado patrimonialista en el sentido de Weber, en el que los grupos dominantes buscaron maximizar sus beneficios a costa de los bienes públicos.

«Además las características socioeconómicas del país determinaron que la constitución y la reproducción de las clases dominantes, y su acumulación de capital, se dieran a partir de su relación con favores del Estado, respondiendo a las características de una formación social prebendaría, que determinó las características de los partidos de clientela, con hegemonía de los dos partidos tradicionales, sin capacidad de formular e implementar políticas públicas orientadas al desarrollo nacional. En esa lógica patrón-cliente el Estado prebendario es el que asigna contratos a las empresas con la mediación de los partidos y las demandas distributivas se resuelven a costa del Estado depredador y depredado (Abente, D., 2007 op. Cit. Foguel) y de la ciudadanía.»

Este no es un dato menor en tanto, a diferencia del neoliberalismo en otros contextos, en Latinoamérica se vincula a un patrón de desarrollo capitalista típico de la periferia en el que el Estado ocupa un lugar clave; así en la región el Estado nunca fue un actor neutral o ausente, por el contrario, fue constituyéndose como una arena de negociación y conflicto entre los distintos espacios de la sociedad civil, interpelado por las alianzas que se conformaban de acuerdo a los distintos ciclos económicos que definían el lugar que este tendría en el direccionamiento en general de las «políticas nacionales». Esto constituyó un Estado débil, un Estado colonizado, más profundamente intervencionista para reproducir ciertas pautas de dominación (O’Donnell, 1973: 43).

Al momento de la democratización en la región el Estado aparece como el gran actor tensionado, producto de la confluencia entre el imperialismo que direcciona el llamado «nuevo orden internacional» y un Estado colonizado por los intereses de actores económicos que habían funcionado en las dictaduras al amparo de los militares, controlando al mismo según sus intereses. De esta forma a las democracias de los años ochenta, se las llamó «democracias tuteladas» como parte de un nuevo proyecto de «democratización para la periferia» en el contexto de las nuevas pautas de reproducción del capital. Se trató de la «reaparición de las tendencias neocolonialistas» (French Davis, 1985) operadas por las condicionalidades en las relaciones que las potencias industriales del norte, la banca internacional y los organismos multilaterales de financiamiento comenzaron a establecer con los países periféricos.

Si bien los cambios y reestructuraciones permanentes de las economías de América Latina para atender a las demandas y exigencias del sistema económico mundial son parte de su historia (Dos Santos, 2002: 95) es durante los años ochenta que las democracias constituyen su sentido fundacional en una correlación con el ajuste económico exigido para el tránsito a la democracia. Así cabe recordar que en 1975 el informe de la Comisión trilateral que se denominó «La crisis de la democracia», y que introducía la noción de gobernabilidad, según Garretón (2012, 43) marca el inicio de la vinculación entre neoliberalismo en materia económica y sus dimensiones autoritarias en política, toda vez que la gobernabilidad se definía como control de las demandas sociales y políticas sobre el Estado. Ello implicaba el desmantelamiento del Estado de Bienestar y control de los sindicatos en los países desarrollados y autoritarismo político que contuviera el populismo y las tendencias revolucionarias en los sub desarrollados o en vías de desarrollo, como en América Latina.

En este orden es el Estado interventor el principal eje del proyecto neoliberal para la periferia, que direcciona la cosa pública en la protección de los intereses del «mercado» el que actúa según una lógica centrada en el principio social de la identificación de los intereses nacionales con los de los actores locales poderosos que marcan las reglas del mismo según sus alianzas con los trasnacionales. Esta «empatía» con los actores que poseen el poder económico y financiero constituye el principal capital simbólico de esos grupos, en el sentido de Bourdieu, que legitima las posiciones materialmente desiguales.

Apenas producido el golpe, el nuevo presidente Franco detiene lo que circulaba como inminente; así anuncia que no se aplicará impuesto a la producción de soja ni a su exportación, da vía libre a los transgénicos, se quitan las objeciones a los agrotóxicos, se comienzan las negociaciones para otorgar subsidios a empresa trasnacional de capital canadiense por el tema de la lingotera del Rio Tinto Alcan, se archiva la esperada reforma agraria, entre otras medidas.

En democracias se produce otro hecho que consolida el poder del neoliberalismo; y es que las llamadas «oligarquías civiles» (Winters, cit. Burdman, 2012) adquieren legitimidad plena en el marco de formar parte de la élite que en el imaginario democrático neoliberal son los que crean la riqueza en el país y por lo tanto los que deben asistir a la discusión sobre su distribución. Así en un Paraguay con una población rural del 42 %, con una pobreza del 49, 6 % y una concentración de la riqueza del 80% en el 2% de la población, hay limitadas posibilidades de disputar el poder de esta oligarquía en tanto su naturaleza es ejercer una política de defensa de una distribución material de la riqueza que no altere su posición materialmente desigual. Cuando existe una amenaza posible a esta distribución, como el caso del gobierno de Lugo, se cumple la máxima de que a estas oligarquías le es indiferente la democracia, hasta que al expandirse en su sentido realmente participativo se corran riesgos de poner en disputa la estratificación material, y allí es que la «oligarquía y la democracia participativa chocan finalmente» (Burdman, 2012: 452).

Y existe otro proceso típico del neoliberalismo en América latina, y es que su carácter constructivo en relación a la subjetividad se da en el marco de profundas desigualdades instaladas y legitimadas por efectos del colonialismo interno. En este sentido y siguiendo a Aleman (2013), el carácter constructivo del neoliberalismo apunta a formar nuevos sujetos entregados a interiorizar como único valor los vinculados a la reproducción de las formas de vivir, pensar y sentir del capitalismo, la construcción de sujetos de mercado sostendría Rosanvallón (2006) proyecto político enfocado a la reestructuración y redimensión de las relaciones sociales conforme a las demandas de un capitalismo global irrestricto (Fairclough, 2000)

La construcción de la subjetividad neoliberal (Aleman, 2013) presupone la instalación de un orden axiomático que funciona como los límites de lo decible y lo pensable en un contexto dado (Angenot, 2005), de manera que el sujeto no puede salirse de él. El pleno despliegue de la lógica del goce capitalista, presupone a la democracia como una superficie de inscripción de sentidos que instalan un imaginario donde la desigualdad es consustancial a un orden natural, y donde los relegados no son sino percibidos como incapaces de actuar según la lógica de un empresario de si, entregado a la maximización de su rendimiento, donde la despolitización de su existencia es una consecuencia natural del individualismo liberal que no requiere de proyectos colectivos. Los dispositivos típicos del neoliberalismo que se fundan en el liberalismo originario de Locke, Hume, Bentham configurando el individualismo de posesión, se significan entrelazados con los particulares de cada sujeto entendidos en forma histórica política y productiva de los propios sentidos de su comunidad, en la que se estructura como sujeto.

Para finalizar, y como sostuve,¹⁰ en el caso de Paraguay es posible pensar cómo ciertos dispositivos históricos contribuyen a enlazar al neoliberalismo al sujeto; así cuando Franco asume como Presidente tras la destitución de Lugo, su nombre funciona como una metáfora que reenvía a una línea ejecutora de dominación autoritaria que se emblematiza en el general español Franco, y que hundió sus raíces en Iberoamérica a través de pensadores, como Maurrás (también en Paraguay), que formaron a muchos de nuestra clase política e intelectual. Las consignas tradición, familia y propiedad, significaron las luchas por un orden que había que defender a capa y espada, hijas del integrismo militar nacionalista católico en el que la misericordia cristiana por el débil legitimaba la tradicional dominación.

Esta fórmula se seculariza en los años ochenta con el advenimiento de las democracias y en una reconfiguración de actores y procesos complejos, continúa en el neoliberalismo.

Notas

1 Trabajo recibido el 29/05/2014. Aprobado el 14/07/2014.
2 Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, UNC. Profesora en el CEA-UNC. Contacto: tpinero@hotmail.com
3 Art. 1° inc.c)-resolución h. Cámara de Diputados. N° 1431/2012. Transcripto en Carbone y Soler, edts. (2012).
4 Diario Página 12, 13 de julio 2009, Buenos Aires.
5 Según la Comisión de la Verdad y Justicia de Paraguay, se puede poner en cuestión la titularidad de casi el 30% del territorio paraguayo. No hay catastros rurales completos, casi no se paga impuesto a la tierra aún cuando lo rural produce el 22 % del PBI y tributa menos del 1%. http://www.cipae.org.py/V2/informe-final-anive-agua-oiko/
6 En este orden los informes de la CEPAL dan cuenta del crecimiento del PBI por efecto de los commodities y los agronegocios, y de una mayor presión tributaria, pero la misma no toca los intereses predominantes, pues se extrae fundamentalmente del IVA. Así no logra aprobarse el impuesto a la renta, existiendo aún escasa presión sobre los de la tierra, con un 49, 6 % de la población en situación de pobreza, siendo el tercer país de Latinoamérica con mayor pobreza en la región. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/41898/Paraguay_esp_marzo_11.pdf
7 Sobre la militarización en Paraguay Palau (2006) sostiene que para la implementación de sus políticas, EE.UU. precisa seguridad, y para ellos la única posible es aquella que deviene de la presencia de su esquema de militarización, que no se limita a la presencia física de las tropas, sino que incluye un sistema de inteligencia y de capacidad operativa determinada. Pero además la militarización atraviesa el tejido social en tanto es vivida como reaseguro de «seguridad ciudadana» en una convivencia con los símbolos cotidianos de las fuerzas militares en la calle.
8 En este sentido fueron los acuerdos iniciados desde el Ministerio de Educación de Paraguay con Argentina para la implementación de una especie de canal Encuentro, el Plan Fines y otros.
9 En el Paraguay el «núcleo duro» del agro negocio está formado por Cargill, ADM, Bunge y Dreyfus que controlan el 85% de la soja exportada. Las empresas procesadoras de alimentos y bebidas, que procesan un altísimo porcentaje de lo que se consume en el planeta son Unilever, Nestlé, Danone, Grupo Altria (Kraft y Philip Morris), ADM, Pepsico, Tyson Food, Coca Cola. Finalmente, el último eslabón antes que el alimento llegue al consumidor está formado por las multinacionales vinculadas a la distribución (mayorista y minorista) de alimentos (entre las que se encuentran Wal Mart, Carrefour, Tesco, Kroger, Royal Ahold y Costco), cfme. Palau (2011).
10 «Democracias latinoamericanas en riesgo: el caso paraguayo». Revista Deodoro. Publicación de la UNC, marzo 2013.

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