ARTÍCULOS

El PRT-ERP y la lucha por la libertad de los presos políticos, 1971-1973

Ariel Eidelman

UBA-CONICET

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Resumen: Este trabajo aborda la represión política de la militancia revolucionaria por parte del régimen militar y la problemática de los presos políticos en la etapa 1971-1973 en Argentina. Se realiza un análisis de las principales características de la legislación represiva. Centralmente refiere a las diferentes iniciativas desarrolladas por el PRT-ERP en relación con sus militantes presos y en particular a la constitución de una Comisión de familiares de presos políticos, estudiantiles y gremiales para la organización de la solidaridad y defensa de los mismos. Apuntamos a destacar la amplia actividad de defensa y solidaridad con los presos políticos desarrollada por un conjunto de organizaciones como un antecedente importante, pero no reconocido, para la constitución del movimiento de derechos humanos de la Argentina en 1975-1976.

Palabras clave: PRT-ERP; COFAPPEG; Presos políticos; Represión política

Abstract: This work analyses political repression of revolutionary militancy by the military regime and the situation of political prisoners in Argentina between 1971 and 1973. It also analyses the principal features of repressive legislation. It mainly makes reference to several initiatives taken by the PRT-ERP regarding its imprisoned militants and especially the creation of a Committee for the relatives of political, students and union prisoners. We want to highlight the large scope of activities of defense and solidarity with political prisoners developed by a group of organizations as an outstanding but not recognized precedent for the creation of the human rights movement of Argentina in 1975-1976.

Key words: PRT-ERP; COFAPPEG; Political prisoners; Political repression

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 Introducción

   Uno de los aspectos más característicos del proceso político en Argentina durante los años 70 fue la renovación de la izquierda y el desarrollo de varias organizaciones revolucionarias y guerrilleras que adoptaron una estrategia de lucha armada. La represión estatal, en dictadura o democracia, tuvo como objetivo central su desarticulación, aislamiento y, finalmente, su aniquilamiento. El último tramo de la “Revolución Argentina”, 1966-1973, se caracterizó por un desarrollo de la represión estatal sobre el conjunto de la protesta social y las manifestaciones opositoras, pero especialmente sobre la militancia y las organizaciones revolucionarias.

   Desde 1969 en adelante, las cárceles del país se llenaron de presos políticos, gremiales y sociales; y un movimiento social en fuerte crecimiento no tardó en organizar la solidaridad y su defensa. Uno de los objetivos de esta investigación es analizar algunos aspectos del trabajo de solidaridad y defensa de los presos políticos realizado hasta 1973, en especial el desarrollado desde el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), una de las principales víctimas de la actividad represiva del Estado argentino. En particular, nos ocuparemos de la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG) que, desde el año 1971 en adelante, desarrolló tareas de apoyo y lucha por la libertad de los presos y las presas de las organizaciones político-militares ¹.

   El presente trabajo comienza presentando brevemente la principal legislación represiva de la etapa iniciada en 1966. Después hace una introducción de algunas de las organizaciones de defensa y solidaridad con las presas y presos políticos existentes en la época, para destacar que se trataba de un proceso amplio y multiforme que llegó a adquirir, a fines de 1972 y en los primeros meses de 1973, características masivas. Desde 1966 en adelante se desarrollaron una multiplicidad de organizaciones de defensa y solidaridad con presas y presos políticos, la mayoría de las cuales surgieron como respuesta a la escalada represiva desatada tras el Cordobazo, en mayo de 1969 ². En particular, varias de esas organizaciones surgieron a partir de una política cualitativa de secuestros, detenciones no reconocidas y desapariciones que el Estado argentino llevó adelante desde marzo de 1970, con el secuestro de dos militantes de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), Carlos Della Nave y Alejandro Baldú, y que se extendió durante más de un año. La misma tuvo entre sus principales víctimas a varios abogados de la izquierda guerrillera y presos sociales. Los abogados y sus organizaciones ganaban una creciente exposición pública y un lugar destacado en la denuncia del régimen, asumiendo un rol creciente en la oposición a la dictadura militar y, en consecuencia, se transformaban en un objetivo de la política represiva del estado. En ese marco se presentan las características principales de la COFAPPEG, de su organización y actividad desde su creación en 1971 y hasta 1973, y las principales huelgas de hambre desarrolladas en 1972 y 1973 fuera o dentro de los penales. En relación con esa importante actividad de solidaridad, apuntamos a debatir el consenso de una amplia bibliografía sobre el movimiento de los derechos humanos en Argentina que no reconoce antecedentes importantes para el movimiento que se forma y desarrolla a partir de los años 1975-1976.

La legislación represiva

   Aunque en la Argentina existió, desde 1955 en adelante, un marcado proceso de militarización del conjunto del aparato estatal y de la sociedad, de fortalecimiento del rol político de las Fuerzas Armadas y de creciente presencia de los servicios de inteligencia, esos fenómenos fueron reforzados tras el golpe militar de 1966 ³. A partir de ese momento, se produjo una creciente militarización de las fuerzas de seguridad y policiales, la mayoría del tiempo bajo control de las FFAA, al mismo tiempo que las últimas asumían crecientemente actividades de carácter policial destinadas a garantizar el orden social.

Tras el golpe de Estado de junio de 1966, se aprobó una nueva y amplia legislación represiva que, siguiendo las orientaciones de la Doctrina de la Seguridad Nacional, postulaba la centralidad del enemigo interno y de la guerra no convencional, en el marco del Sistema Interamericano de Defensa. Esa legislación sirvió en esos años para la represión del movimiento obrero y las fuerzas políticas de izquierda ⁴. Se destacaban en ese sentido la ley 16.970 de Defensa Nacional que creaba, en octubre de 1966, un Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad ⁵. La misma ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) nuevas instituciones como el Consejo Nacional de Seguridad, el Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia. Esta ley reemplazaba la 13.234, de 1948, de organización de la nación para tiempos de guerra. La característica central de la ley 16.970 era su deliberada confusión de la defensa nacional con la seguridad interior, poniendo en un lugar central una doctrina de fronteras ideológicas ⁶. La 16.970 también era el marco general de una amplia legislación utilizada para estructurar el sistema de seguridad ⁷ y era complementaria de la 16.964, que establecía un Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo.

   En los años siguientes, la legislación represiva fue constante y sistemáticamente reforzada ante la generalización de la protesta social, el desarrollo de las fuerzas de izquierda y la creciente combatividad del movimiento obrero. Otras leyes importantes fueron la ley 17.401, de agosto de 1967, de represión del comunismo, que se utilizó para la persecución del conjunto de las fuerzas políticas marxistas y las organizaciones político militares, y la ley 18.711, de junio de 1970, que reorganizó las Fuerzas de Seguridad ⁸. En mayo de 1971, se aprobó la ley 19.053 que creó en el Poder Judicial una Cámara Federal en lo Penal, conocida como el fuero antisubversivo ⁹. Ese organismo de juzgamiento especial fue creado específicamente para tratar los casos de “ delincuencia subversiva ”, tenía jurisdicción en todo el país y utilizó, por primera vez de forma generalizada, los juicios orales y la instancia única para acelerar las condenas. Otra norma de importancia es la ley 19.081, de junio de 1971, que autorizaba explícitamente al PEN a emplear, durante la vigencia del estado de sitio, a las FFAA en operaciones de seguridad interior para prevenir y combatir la subversión interior y el terrorismo. También otorgaba a las FFAA atribuciones de investigación para la Cámara Federal en lo Penal ¹⁰.

   Junto con las distintas fuerzas de seguridad, las FFAA y policiales se destacó en la labor represiva el accionar de los servicios de inteligencia, en primer lugar el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Dirección de Coordinación Federal de la Policía Federal Argentina, denominada, desde enero de 1971 y por una reforma de esa fuerza policial, Superintendencia de Seguridad Federal.

   Se destacan como características generales de la represión política durante esos años la utilización generalizada de la tortura, detenciones masivas, varios asesinatos de manifestantes y casos de secuestros y desapariciones. Como la represión estatal generaba una gran cantidad de presos políticos, procesados penalmente o a disposición del PEN, rápidamente se destacó el accionar de los profesionales del Derecho. En general, los abogados que asumían las defensas de guerrilleros o combatientes revolucionarios y de presos políticos tenían una importante vinculación profesional con el movimiento obrero, actuando en la defensa legal de sindicatos, delegados gremiales y trabajadores ¹¹. La legislación comentada y en particular la Cámara Federal en lo Penal fueron los instrumentos legales utilizados para la represión de la oposición política y la militancia revolucionaria.

Los presos políticos y el movimiento de derechos humanos

   La historia de la gran mayoría de las organizaciones sociales y políticas comprometidas en la defensa efectiva de los derechos humanos en Argentina con anterioridad a 1975 es prácticamente desconocida. Desde los años ochenta en adelante varios trabajos han afirmado la inexistencia de organizaciones de derechos humanos con anterioridad a noviembre de 1975, cuando se creó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y esa idea cuenta con un consenso generalizado tanto en el mundo académico como entre los activistas del movimiento de derechos humanos y en la mayoría de la sociedad. En trabajos sobre la historia del movimiento, que apuntan a la etapa de la última dictadura militar, distintos autores han insistido con la idea de un vacío en los años previos, con la excepción del reconocimiento a la trayectoria de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Emilio Mignone ha escrito que con excepción de ésta, “no se advierte la presencia de ninguna otra organización de este tipo hasta fines de 1975” ¹². Por su parte, Elizabeth Jelin, reconociendo el trabajo previo de la LADH y la actividad del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) desde 1974, plantea que en 1975-1976 se constituyó “un nuevo actor colectivo” para la denuncia de las violaciones masivas a los derechos humanos y la defensa del derecho a la vida, constituyéndose como el más paradigmático de “los nuevos movimientos sociales” ¹³. Más recientemente la misma autora ha postulado que en el Cono Sur fue con los golpes de Estado “ que las redes internacionales de activistas y organizaciones ligadas a los derechos humanos se incorporan como actores significativos en la protesta contra la represión y el terrorismo de estado” ¹⁴. En el caso de la Argentina la referencia es claramente al golpe de 1976 y no al de 1966.

   No estamos postulando que las organizaciones de defensa y solidaridad con presos políticos existentes entre 1966 y 1973 sean estrictamente lo mismo que las organizaciones de derechos humanos nacidas con posterioridad, pero sí consideramos que constituyen un precedente importante e inmediato no reconocido y que inclusive algunas de ellas llegaron a existir hasta 1976. También, que algunos activistas vinculados a esas experiencias y organizaciones, en particular abogados, tuvieron protagonismo en el origen de las más nuevas (1975-1977) y, en especial, en la constitución de las organizaciones de derechos humanos del exterior del país, centralmente en México, Francia y España, que denunciaron en el exilio el terrorismo del Estado argentino, desde 1974 en adelante, y después de 1976 de la dictadura militar de Videla ¹⁵.

   Lo que es imposible de reconocer en las primeras organizaciones, las que se desarrollan centralmente entre 1966 y 1973 como respuesta a la represión estatal, es el lazo entre la temática de los derechos humanos y la defensa de la democracia republicana -o la antinomia democracia versus autoritarismo- con la violencia política en el segundo poloclaves centrales en la política argentina de los años 80, el alfonsinismo y reivindicadas por la mayoría del movimiento de derechos humanos con posterioridad a 1983.

   Desde fines de los años 60, y con más fuerza en los primeros años de la década del '70, puede contarse una gran cantidad de organizaciones defensistas con una actividad pública y notoria. Muchas de ellas desarrolladas en fuerte vínculo con el movimiento obrero, en particular con la experiencia de la CGT de los Argentinos (CGTA), entre 1968 y 1970, y con destacada influencia en el seno de las mismas de la izquierda revolucionaria. Consideramos que son esas relaciones directas con el movimiento obrero, el peronismo revolucionario y la izquierda lo que ha dificultado por mucho tiempo el reconocer a esas organizaciones de defensa y solidaridad con las presas y presos políticos como un antecedente directo de las organizaciones de derechos humanos hoy denominadas históricas.

   Una de las organizaciones de solidaridad más activas era la Comisión de Familiares de Detenidos (COFADE), que defendía presos peronistas desde la aplicación del plan Conintes, en marzo de 1960, por parte del gobierno de Arturo Frondizi. La organización, a fines de los años 60, estaba vinculada al peronismo revolucionario. A partir del surgimiento de la CGTA, en 1968, Cofade se reunía en el local del Sindicato de Farmacia, y su actividad se amplió e incrementó con el desarrollo de la tendencia revolucionaria del peronismo ¹⁶.

   E ntre mayo de 1968 y febrero de 1970, la CGTA editó un semanario que denunció sistemáticamente el carácter represivo del gobierno, la utilización de la legislación represiva contra el movimiento obrero, las torturas, etc.; r eclamaba la libertad de los dirigentes sindicales presos, y realizó una campaña por la libertad de todos los presos políticos y gremiales. La CGTA destacaba entre sus objetivos la derogación de la legislación represiva y la plena vigencia de los derechos humanos. Como parte de su labor, la CGTA constituyó un cuerpo de abogados de importante actividad en la defensa de presos gremiales, políticos y estudiantiles. El equipo legal, integrado por más de 15 profesionales, atendía en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense y en el local central de la CGTA. Una de las principales tareas que asumió el grupo fue la defensa de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), detenidos en Taco Ralo en septiembre de 1968 ¹⁷. Muchos de los abogados de la CGTA cumplirán actividades defensistas y tendrán un rol fundacional en varias organizaciones surgidas en los años siguientes, en especial en la Asociación Gremial de Abogados, que se creó a fines de agosto de 1971 y se destacó en la defensa legal de guerrilleros y demás presos políticos ¹⁸.

Los presos del PRT-ERP y la COFAPPEG

   Una de las organizaciones de solidaridad con los presos políticos nacidas en este contexto de profundización de la lucha de clases, radicalización política y fuerte represión estatal fue la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG). La particularidad de esta comisión es su vínculo con una de las principales organizaciones de la izquierda revolucionaria de la época, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, organización política creada en 1965 que lanzó el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1970, aunque ya durante el año anterior había comenzado a realizar acciones de lucha armada.

   Muy rápidamente, el Estado argentino apuntó las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia contra el PRT-ERP. Entre 1969 y 1973 hubo una importante cantidad de detenciones y procesos judiciales, incluido un caso de desaparición sucedido en septiembre de 1971, cuya víctima fue uno de los principales dirigentes de la organización: Luis Pujals. El partido en respuesta colocó como una política prioritaria la denuncia de la represión estatal y la solidaridad y apoyo a los presos, llegando a impulsar una organización específica como la COFAPPEG, de destacada actuación entre 1971 y 1973.

   La COFAPPEG tuvo un importante desarrollo en el interior del país a partir de 1971. Las detenciones de militantes fueron masivas en los lugares de mayor implantación y desarrollo del partido por esos años: Tucumán, Rosario y Córdoba. Se estima que el PRT-ERP realizó unas 300 acciones armadas entre 1969 y 1973, caracterizadas, al principio, por un alto nivel de caídas ¹⁹. En el caso de Capital Federal, originalmente la comisión de familiares de presos políticos tuvo un carácter unitario, incluyendo familiares de presos de diferentes organizaciones político-militares peronistas y marxistas; pero a mediados de 1972 hubo una división que llevó a la creación de la COFAPPEG, que con el tiempo fue crecientemente asociada al PRT-ERP.

   Se calcula que en épocas del V Congreso del PRT, en julio de 1970, el partido contaba con unos 400 integrantes, entre aspirantes y militantes ²⁰. Distintas estimaciones apuntan a que el PRT tenía varias decenas de detenidos desde fines de 1969. En octubre y noviembre de 1969 hubo más de 20 detenidos en Tucumán. Hacia marzo de 1971 los detenidos sumaban más de 30 ²¹. En agosto de 1971, en un fuerte golpe contra la organización, fueron detenidos en Córdoba varios miembros de la dirección, entre ellos Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo. Los miembros del Comité Central detenidos nombraron como sus abogados defensores a Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, quienes desde entonces y hasta 1973 estuvieron entre los principales abogados de los militantes de la organización detenidos y procesados judicialmente ²². En enero de 1972 se contaban 6 muertos, un desaparecido y cerca de 40 presos ²³. En diciembre del mismo año las cifras de militantes del PRT-ERP muertos y prisioneros llegaron a 30 y 200, respectivamente ²⁴. Para comienzos de 1973 Pablo Pozzi calcula que un tercio del partido estaba detenido ²⁵, lo que muestra la efectividad del aparato represivo del Estado contra la principal organización guerrillera de la época. La represión apuntaba centralmente a las instancias de dirección de la organización, asesinando y apresando a varios de sus miembros. En esas circunstancias, el partido decidió constituir una mesa nacional de solidaridad para la atención y apoyo de los presos, integrada por los responsables regionales de solidaridad ²⁶.

La actividad de la COFAPPEG entre 1971 y 1973

   La COFAPPEG integró y organizó a los familiares de los militantes y combatientes presos, la gran mayoría sin experiencia política previa. Acompañando el desarrollo y la actividad política y militar del PRT-ERP de esos años, la comisión tuvo un origen en las provincias del interior del país y, recién en 1972, se constituyó en la Capital. COFAPPEG llegó a tener presencia en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán y Santa Fe, y alcanzó su desarrollo y actividad culminantes entre la huelga de hambre de la Navidad de 1972 y la liberación del conjunto de los presos, en mayo del 73.

   Una organización que en alguna medida puede ser considerada como un precedente de COFAPPEG es el Movimiento Nacional contra la Tortura y la Represión, que denunció -desde su creación en junio de 1971 y hasta principios de 1972- los casos de secuestros, torturas y desapariciones. El mismo estaba fuertemente vinculado a la izquierda y al peronismo revolucionario y fue integrado por diferentes figuras públicas y algunos familiares de víctimas. En la actividad desarrollada desde el Movimiento Nacional contra la Represión y la Tortura se integraron personas provenientes del frente cultural del PRT, el Frente Antimperialista de Trabajadores de la Cultura (FATRAC) , disuelto por un plenario del Comité Central del PRT de octubre de 1971, y diversas personalidades, como el abogado Silvio Frondizi ²⁷. Entre las denuncias que realizó ese movimiento se incluía la desaparición de uno de los principales dirigentes del PRT: Luis Pujals, que había sido responsable de la regional Rosario y en el momento de su desaparición, el 17 de septiembre de 1971, era miembro del Comité Central del PRT y se desempeñaba como jefe militar y político del ERP en Buenos Aires ²⁸. Pujals fue detenido por efectivos de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal y llevado por el SIE a Rosario para su interrogatorio, acusado por diversas acciones del ERP realizadas en esa ciudad, como el copamiento de la comisaría de Empalme Granaderos ²⁹. Su mujer y militante del PRT, Susana Gaggero, se integró al el Movimiento Nacional contra la Tortura y la Represión y tomó abogados de un amplio espectro político y de prestigio reconocido como Isidoro Ventura Mayoral, principal letrado del peronismo, Emma Illia, hija del ex presidente, Gustavo Soler, de la UCR del Pueblo, Héctor Sandler, de UDELPA y Rafael Lombardi y César Calcagno, abogados de CGTA ³⁰. El caso tuvo una amplia repercusión a partir de la cobertura que le brindó el periódico La Opinión, que llegó a colocar la denuncia del secuestro en su tapa el 24 de septiembre ³¹. El 29 de septiembre Susana Gaggero envió una carta abierta a Lanusse en la que señalaba que:

“ El presidente de la Nación interpreta que actos como éste se justifican ya que se libra una guerra interna contra lo que él denomina la subversión, pero yo, como muchos argentinos, me pregunto si ya ni siquiera se respetan las convenciones internacionales de Ginebra que establecen el trato humano y el respeto a la vida de los prisioneros de guerra” ³².

   Vinculado al fuerte desarrollo de la comisión en el interior del país, y como consecuencia de la fuerte represión de las acciones de masas y actividades de la guerrilla, en julio de 1972 la COFAPPEG de la provincia de Córdoba editó un folleto titulado Torturas en Argentina, para denunciar la situación de hostigamiento a que eran sometidos los presos políticos. Ese trabajo nos permite ver la amplia actividad que desarrollaba, los sectores políticos y sociales sobre los que se apoyaba y el tipo de definiciones que orientaban su trabajo. Allí se señalaba que:

“...Más de un millar de argentinos llenan las cárceles del país, muchos de ellos inmensamente torturados; otros muertos o desaparecidos. La Comisión de Familiares que edita este folleto denuncia ante la opinión pública y el mundo los sistemas de represión de un gobierno que pretende erigirse en intérprete de la democracia, de la libertad y de la institucionalización ” ³³.

   La comisión reseñaba de la siguiente forma la actividad desarrollada hasta ese momento: “Esta Comisión de Familiares comenzó a funcionar como tal a mediados de 1971 y desde entonces ha venido reforzando sus cuadros de trabajo por el acercamiento de más y más familiares...”.

   Destacaba de su actividad

“VIAJES REALIZADOS A RAWSON Y RESISTENCIA (es importante destacar aquí públicamente el importante apoyo dado por la Comisión de Solidaridad con los Presos Sociales constituida por la CGT de Córdoba); ENVIO DE MEDICAMENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS A AMBOS PENALES Y LA CARCEL DE ENCAUSADOS DE CORDOBA; PAGO DE VIAJES INDIVIDUALES A FAMILIARES A RESISTENCIA Y A BUENOS AIRES (Cárcel de Villa Devoto); ENVIO DE ALIMENTOS PERIODICOS; ENTREGA DE ROPA Y ALIMENTOS A ENCAUSADOS Y PARA ALGUNOS DETENIDOS EN LAS SECCIONALES DE POLICIA DE CORDOBA; ATENCION MEDICA GRATUITA A FAMILIARES DE CORDOBA; AYUDA ECONOMICA A LOS MISMOS; ETC. ” ³⁴.

   El folleto incluía también una declaración de principios de la organización:

“COFAPPEG está constituida exclusivamente por familiares de presos políticos, estudiantiles y gremiales, es autónomo o sea que no depende de ninguna otra entidad o agrupación, se maneja con sus propios fondos y su finalidad primordial es el apoyo A TODOS LOS PRESOS SOCIALES Y FAMILIARES DEPENDIENTES SIN INTERESAR A QUE GRUPO PERTENECEN, toda vez que entendemos que TODOS Y CADA UNO LUCHA CONTRA ´EL ENEMIGO COMUN´. POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS – VIVA LA PATRIA!” ³⁵.

   El trabajo, de unas 50 páginas, estaba básicamente integrado por testimonios, desde 1970, de hombres y mujeres detenidos en Córdoba, Rosario, Tucumán, La Plata, Mendoza, Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes y Capital Federal. Es decir que cubría prácticamente el accionar de la represión política en todo el país. Aunque no se explicitaba la militancia política de los presos, se reseñaban mayoritariamente casos de militantes de PRT-ERP, FAL y Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). El folleto, ilustrado con algunas fotos del Cordobazo y de una huelga de hambre de familiares realizada en el local de la CGT Córdoba , en junio de 1972, incluía junto a los más de 60 testimonios de detenciones y torturas una declaración de la Agrupación de Abogados de Córdoba analizando la legislación represiva; un informe sobre torturas enviado a París , a la Comisión Internacional Contra la Tortura sección Argentina; una declaración del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, y un resumen de las conclusiones de Franz Fanon sobre los efectos de la tortura , tomado de su libro Los condenados de la tierra .

En el caso de COFAPPEG de la ciudad de Buenos Aires, al igual que en el caso de Córdoba, la organización surgió fuertemente vinculada a organismos preexistentes como la comisión de solidaridad de la CGTA y la COFADE. Según el testimonio de un integrante del grupo, la mayoría de los familiares que se acercaban carecía de experiencia política e inclusive algunos expresaban críticas al tipo de militancia de sus parientes presos por la asunción de la violencia política, pero de todas formas se sumaban al trabajo de solidaridad, aumentando en la práctica su nivel de politización ³⁶. Aunque no se negaba la militancia antidictatorial de los presos, la comisión no demandaba detalles, ni se hacían demasiadas preguntas sobre la actividad política individual. El temor a la infiltración estatal recomendaba no acumular ese tipo de información.

   Hay que destacar algunas circunstancias de la vida partidaria en Capital y la provincia de Buenos Aires, que brindan el marco para el trabajo de la COFAPPEG en la región metropolitana. Lejos de contar con una situación sólida y estable en Capital Federal, el PRT-ERP tenía por esos años una inserción débil y atravesaba constantemente fracturas y divisiones, lo que reforzaba su debilidad en el centro político del país. Entre fines de 1972 y los primeros meses de 1973, el PRT tuvo una importante crisis interna que terminó con la salida de dos núcleos de militantes que conformaron nuevas organizaciones: el PRT-Fracción Roja y el ERP-22 de agosto ³⁷. A eso se sumaba que, producto de las constantes detenciones desde 1971 en adelante, la regional Capital del PRT vivía en una situación de recurrente intervención desde otras regionales, como Córdoba o Rosario. Las detenciones masivas en Capital y provincia de Buenos Aires se repitieron tras el secuestro del industrial Oberdan Sallustro. El director general de FIAT Argentina fue secuestrado por el PRT-ERP el 21 de marzo de 1972 y en abril hubo una ola de detenciones que alcanzó a más de 80 personas, entre ellos unos 30 militantes, incluyendo al jefe del ERP en la provincia, Osvaldo Debenedetti, lo que desarticuló la estructura del ERP en Buenos Aires. Para dificultar la negociación con la empresa, los presos del PRT fueron trasladados desde Villa Devoto al penal de Rawson, en Chubut ³⁸.

   En este contexto, el hermano menor de uno de los militantes del PRT-ERP detenidos por la investigación del caso Sallustro se sumó a la actividad de la COFAPPEG. Alejandro tenía entonces 21 años y su hermano, 27. Pocos meses después de sumarse a COFAPPEG se incorporó al PRT, primero como aspirante y más adelante como militante pleno. A diferencia de la mayor parte de los integrantes de la comisión que eran personas mayores, padres y madres de jóvenes militantes revolucionarios detenidos y en algunos casos hermanos o cónyuges, este joven tenía una militancia política previa en el Partido Comunista Revolucionario (PCR), al que se había vinculado durante su paso por el secundario, en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda. Alejandro militó algunos años en el PCR, a partir de 1967. En el marco de rupturas sordas dentro del PCR, estuvo influenciado por las críticas y posiciones de quienes desde esa organización partidaria estaban avanzando hacia la asunción de la lucha armada y la constitución de las FAL. Sin embargo, tras romper con el PCR en 1969, estuvo alejado de la militancia orgánica hasta que se vinculo con el PRT, impactado por algunas acciones de propaganda armada del ERP, como el secuestro de Stanley Sylvester, cónsul británico y directivo del frigorífico Swift, en mayo de 1971 ³⁹. Antes de la detención de su hermano, en abril de 1972, que aceleró su definición política, había recibido materiales de propaganda, como las revistas El Combatiente y Estrella Roja y los documentos del IV y V congresos. También había asistido a un par de reuniones de estudio y discusión organizadas por el PRT.

   A partir de la entrevista realizada a Alejandro es posible reconocer una tensión que caracterizaba la actividad de la COFAPPEG. Por un lado, en el discurso público de la comisión no se hacía hincapié en la militancia revolucionaria o la actividad militar de los presos, para poder desarrollar actividades de solidaridad en el nivel más amplio posible, incluyendo vínculos con partidos burgueses, “la partidocracia liberal” o dirigentes de la burocracia sindical. Al mismo tiempo, algunos familiares, dentro de las actividades que llevaban adelante, participaban de entierros de militantes donde las banderas desplegadas por las organizaciones político-militares y los discursos combativos no dejaban dudas sobre el tipo de actividad política de los mismos, es decir, que se trataba de combatientes y guerrilleros.

   La comisión debía trabajar en la legalidad para la defensa de militantes de organizaciones clandestinas; en su intervención se destacaba centralmente una militancia por el tema de los derechos humanos o las libertades democráticas y constitucionales, que estaban lejos de figurar en el ideario y la propaganda de las organizaciones guerrilleras y que, a la vez, eran temas fuertemente asociados a un discurso liberal. Según Alejandro, en una oportunidad y ante la recolección de firmas por la libertad de los presos políticos, los militantes del PRT en la comisión quisieron oponerse a la inclusión de las firmas de Ricardo Balbín y Lorenzo Miguel, lo que les valió una reprimenda de la dirección partidaria y una crítica por sectarismo.

   La comisión recorría en su actividad las instituciones estatales, en particular el Ministerio de Interior, las cárceles y la Cámara Federal en lo Penal. Tenía vínculos con la prensa y, aunque el nivel de censura en general era importante, buscaba adhesiones en el espectro más amplio posible: organizaba conferencias de prensa sobre la situación de los presos, publicaba solicitadas, enviaba representantes a reuniones multipartidarias y coordinadoras multisectoriales para llevar su pliego de reivindicaciones y reclamos específicos, etc. También ocupaba un lugar importante la denuncia sistemática por inconstitucional de la Cámara Federal en lo Penal. A comienzos de 1973 los principales vínculos políticos tendían a establecerse con los políticos del Frejuli y los diputados electos. También existían contactos fluidos con el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo.

   La actividad desarrollada incluía la contención de los familiares de los detenidos, seguir la atención de las causas judiciales por parte de los abogados defensores y especialmente la organización de las visitas a los penales. La orientación política apuntaba a aislar a la dictadura militar, buscaba el mejoramiento de las condiciones de reclusión de los detenidos y el objetivo central era la liberación de los presos lo que, se reconocía, sólo se lograría como parte de una lucha más general. Sin embargo, según recuerda Alejandro, muchas veces faltaba una directiva partidaria precisa para orientar el trabajo de la COFAPPEG y eran los militantes del PRT de la comisión los que llevaban hacia la dirección partidaria la información de la actividad efectivamente desarrollada.

   Originalmente, los familiares de presos de Montoneros, FAP, FAL, FAR y ERP trabajaron en forma unitaria en la Capital, funcionando en común con el apoyo de todas las organizaciones armadas. Fue recién a mediados de 1972 que, por presión de los familiares más vinculados a Montoneros y ante la apuesta del peronismo por la salida institucional y las elecciones, se produjo una separación de los familiares de presos peronistas de los familiares de presos de la izquierda. Ante la división, surge en la Capital la COFAPPEG, diferenciada de la comisión de familiares de presos peronistas. El PRT ocupó un lugar de dirección de la COFAPPEG por su propio peso político y por el hecho de contener en sus filas una gran cantidad de los detenidos. Fue para la misma época, agosto de 1972, que surgió una Asociación de Abogados Peronistas diferenciada de la Asociación Gremial de Abogados ⁴⁰. De todas formas, no todos los familiares de presos peronistas siguieron esa orientación. Familiares sin identidad peronista de presos recientemente peronizados se sumaron a COFAPPEG, como varias mujeres de presos de las FAR. Durante un tiempo varios de los miembros de la vieja comisión de solidaridad de la CGTA participaron de ambas reuniones, hasta que terminaron asistiendo a la específicamente peronista.

   Una vez producida la división, hacia julio de 1972, la COFAPPEG funcionó en un local cedido por el Sindicato de Publicidad, en la calle Río de Janeiro y Avellaneda, con una reunión semanal que reunía de 10 a 15 personas por ocasión. Según el testimonio de Alejandro, algunas mujeres pertenecientes a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre participaban sistemáticamente del espacio y realizaban un apoyo económico o colaboraban en la edición de volantes y materiales. En la segunda mitad de 1972, el núcleo de activistas de la comisión estaba integrado por Alejandro y algunos padres y madres de militantes de FAL, FAR y ERP. Susana Gaggero fue la responsable política del equipo del PRT de COFAPPEG de la Capital Federal hasta fines del 72. El equipo partidario fue constituido hacia mediados de año e integrado por unas 4 ó 5 personas, todos familiares de presos ⁴¹. La atención política de los militantes del PRT en COFAPPEG se hacía desde la dirección regional y, según Mattini, para comienzos de 1973 toda la estructura del movimiento de solidaridad con los presos estaba bajo responsabilidad de un miembro del Comité Central del partido.

De Trelew al Devotazo

   Se ha estimado que en 1972 había unos 1.200 presos políticos en todo el país ⁴². La actividad de apoyo y solidaridad realizada por las distintas organizaciones y comisiones de familiares era un punto de sostén para los reclamos de los presos por mejoras concretas en sus condiciones de reclusión. Desde abril de 1972 las cárceles que albergaban presos políticos fueron puestas bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, por ley 19.594, y a fines de setiembre se aprobó un reglamento de detenidos de máxima peligrosidad, ley 19.863, para las cárceles de Rawson, Villa Devoto, el buque Granaderos y el penal de Villa Urquiza, en Tucumán ⁴³. Tras la masacre de Trelew, y ante la masividad de las detenciones por causas políticas, el problema de los presos políticos adquirió una creciente centralidad hasta colocarse como uno de los temas más importantes de la agenda política y de esa forma se impuso en la campaña electoral. Según el recuerdo de Alejandro, la masacre de Trelew marcó un punto de inflexión en el nivel de simpatía de la población en general con las organizaciones revolucionarias y fue un momento de una fuerte solidaridad social con los caídos. También llevó a una gran cantidad de jóvenes a definir una militancia política y su incorporación a la organización.

   Un artículo de Estrella Roja, el órgano de prensa del ERP, de octubre de 1972, daba cuenta del agravamiento de las condiciones de los presos políticos con posterioridad a la fuga de Rawson y masacre de Trelew, sucedidas meses atrás. Todas las mujeres fueron concentradas en la cárcel de Villa Devoto y los varones llevados a Rawson, en la Patagonia. Se denunciaba que los penales eran verdaderos campos de concentración y se llamaba a realizar:

“Una amplia campaña de denuncia, que rompa la conspiración de silencio con que Lanusse y sus asesinos rodean las medidas de castigo que aplican. Hay que unificar la acción de todas las organizaciones populares para la concreción de una amplia campaña de movilización popular con el objetivo de atenuar las condiciones en que se encuentran los presos y tratando de lograr su libertad ”. ( Estrella Roja , 10/72)

   La principal medida de lucha desarrollada dentro de los penales fue la huelga de hambre de los detenidos. Hubo una huelga de hambre a nivel nacional entre fines de junio y los primeros días de julio de 1972 en repudio de la utilización del buque cárcel Granadero; ese buque, ubicado en la dársena A del puerto de Buenos Aires, fue habilitado a tal fin el 14 de junio con el traslado de más de 30 presos políticos desde la cárcel de Villa Devoto. La medida de fuerza se cumplió en el buque, en los penales de Villa Devoto, Rawson y Resistencia y por unas 20 madres, esposas y hermanas de presos, en la capilla Santo Cristo de Villa Lugano. Con el paso de los días se extendió a otros grupos de familiares en Santa Fe, La Plata y Trelew. En diciembre de ese año se realizó una importante huelga de hambre de alcance nacional, cumplida en la parroquia Cristo Obrero de Villa Comunicaciones, en Rawson, Villa Devoto y en el buque Granadero, que comenzó el día 19 bajo el lema “Por una Navidad y Año Nuevo sin presos políticos” y se levantó en la primera semana de 1973. La medida de fuerza se realizó contra el régimen de castigo que sufrían los presos políticos, desde hacía 3 meses encerrados en celdas individuales y con fuerte hostigamiento hacia los familiares ⁴⁴.

   El boletín interno del PRT daba cuenta de esa lucha y sus características:

“ En la semana anterior dio término la huelga de hambre que realizaron los compañeros presos en los penales de Rawson, Villa Devoto, Buque Granaderos, Córdoba y Santa Fe. Esta medida de lucha, tendiente a lograr un mejoramiento en las inhumanas condiciones de encierro a que están sometidos, duró 17 días y contó con el apoyo externo de las organizaciones de solidaridad, partidos políticos, organizaciones populares, sindicales, estudiantiles, profesionales, etc. La medida fue levantada al obtenerse algunos de los puntos que la motivaban. Concretamente, las mejoras obtenidas se refieren al régimen de recreos, (se obtuvieron recreos diarios, antes eran solo 3 veces a la semana) y la eliminación de trabas a las visitas de familiares y abogados”. ( Boletín Interno , 16/01/73)

   El informe también destacaba que:

“La experiencia realizada ha sido positiva y ha demostrado una vez más la importancia de lograr movilizaciones populares en torno a la situación de los presos. La moral de los compañeros presos es excelente, ello ha quedado demostrado en la disciplina y el sacrificio con que han llevado adelante las medidas de lucha y la férrea unidad partidaria que los vincula. Todos los compañeros mantienen bien alto el espíritu combativo y han dado un ejemplo de moral revolucionaria” . ( Boletín Interno , op.cit.)

   El boletín siguiente también dedicaba un espacio al balance de la intervención del partido durante la huelga de hambre:

“A consecuencia de la huelga de hambre de los compañeros presos, el frente y la mayoría de los frentes del Partido desplegó una amplia actividad, donde podemos decir que jugamos un rol protagónico, pues tuvimos propuestas concretas y se supo como accionar, lo que nos permitió orientar políticamente y ganarnos el respeto de todos los sectores que trabajaron a nuestro lado” . ( Boletín Interno , 24/01/73)

   En los primeros meses de 1973, lejos de detenerse, la actividad guerrillera se incrementó. El PRT-ERP realizó varios secuestros a empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad con el objetivo de canjearlos por los presos políticos, a lo que el gobierno nacional se negó sistemáticamente. En particular, esa táctica se llevó adelante en abril de 1973 con los secuestros del contralmirante retirado Francisco Alemán, ex jefe del Servicio de Inteligencia Naval, y del comandante de Gendarmería Jacobo Nasif, ante la desconfianza del PRT de que el futuro gobierno justicialista fuera a liberar a los presos de la izquierda marxista. Un artículo de Estrella Roja de mediados de mayo del 73 caracterizaba la situación de la siguiente forma:

“ Los partidos políticos han percibido lo que los presos significan para el pueblo y se han visto obligados a prometer la libertad de los mismos. Los sectores populares no descansan sobre estas promesas, sino que redoblan su solidaridad a través de múltiples pedidos y manifestaciones… Debemos continuar atentos y vigilantes para que no sean burladas las expectativas populares, dispuestos a exigir al futuro gobierno parlamentario que cumpla sus promesas, y proseguir unidos la lucha por la liberación de los héroes populares ”. ( Estrella Roja , 14/05/73)

   Tras las elecciones de marzo de 1973 la presión social por la liberación de los presos políticos, junto a una fuerte actividad guerrillera y las promesas realizadas durante la campaña, llevaron a una definición de la situación. El 22 de mayo el PEN liberó 50 presos sin proceso y los gobernadores de Córdoba y Santa Fe indultaron 47 más. El 25 de mayo, en una fecha conocida como el Devotazo, fueron liberados unos 450 presos políticos por la presión de la movilización popular ⁴⁵. Aunque muchas de las organizaciones de solidaridad y defensa de detenidos mencionadas en este trabajo, como la Asociación Gremial de Abogados o COFAPPEG, mantendrán una actividad en los años siguientes, el fin de la dictadura militar, la liberación del conjunto de los presos políticos el 25 de mayo de 1973 y la llegada del peronismo al poder marcarán el fin de una etapa. Al día siguiente y en una de sus primeras medidas el Congreso derogó la mayoría de la legislación represiva por medio de la ley 20.509 y disolvió la Cámara Federal en lo Penal, por ley 20.510 ⁴⁶.

   La noche del 25 de mayo de 1973 un micro llevó a los presos del PRT hasta el local de la calle Río de Janeiro. Tras la liberación de los presos y luego de un tiempo dedicado a tareas residuales, como ayudar a conseguir trabajo a algunos de los amnistiados, la COFAPPEG se desarticuló, por pocos meses, y los militantes de PRT que activaban en su interior fueron reasignados a diferentes frentes ⁴⁷. El partido no volvió a tener presos hasta el copamiento del Comando de Sanidad del Ejército, en Capital Federal, el 6 de septiembre de ese año; aunque hay que señalar que en agosto un militante del PRT, Eduardo Giménez, fue asesinado a sangre fría por fuerzas policiales en Córdoba ⁴⁸. El Devotazo del 25 de mayo marcó un punto de inflexión con la liberación de la totalidad de los presos políticos y de una gran cantidad de cuadros experimentados del PRT-ERP, lo que llevó a una importante reorganización partidaria. El PRT-ERP entró en una nueva etapa, caracterizada por un fuerte desarrollo político, incorporaciones masivas, un fuerte crecimiento en influencia y proyección a nivel nacional.

   Tras el asalto al Comando de Sanidad del Ejército en setiembre de 1973, la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales fue restablecida y tuvo una fuerte actividad durante los años de los gobiernos peronistas. Entre 1973 y 1976 a los detenidos legales, que sumaron varios miles hasta colmar los penales del país, se agregaron los asesinatos y desapariciones a una escala masiva. La COFAPPEG fue disuelta durante la última dictadura militar, en junio de 1976, por el decreto ley 23.325.

Algunas conclusiones

   Desde 1970 en adelante, la represión estatal golpeó con especial fuerza al PRT-ERP apresando cientos de sus militantes y varios miembros de su dirección política y militar. Entre ellos, el principal dirigente de la organización Mario Roberto Santucho, quien estuvo detenido un año, desde agosto de 1971 hasta agosto de 1972. El PRT llevó adelante diferentes iniciativas políticas y militares para liberar a los detenidos, como intentar cambiar a los presos por elementos de las fuerzas represivas en su poder, a lo que la dictadura militar se negó sistemáticamente. Se produjeron fugas de varias cárceles del país, de las que se destaca la que permitió la huída de la dirección de la organización de la cárcel de Rawson, el 15 de agosto de 1972. Sin embargo, consideramos que la actividad más importante para una organización que desarrollaba su actividad política desde la clandestinidad y que tenía sobre sus espaldas todo el peso del aparato represivo del Estado fue la constitución, apoyo y sostenimiento de una comisión de familiares que actuaba en la legalidad y permitía desarrollar iniciativas unitarias a una escala amplia, en un contexto de radicalización y activación política de grandes masas de la población. Una comisión que permitió desarrollar distintas actividades en función de lograr en lo inmediato mejorar la situación de los detenidos y, en última instancia, su liberación.

   Consideramos que la COFAPPEG, junto al resto de las comisiones de familiares, organizaciones de abogados y de solidaridad de la etapa 1966-1973, constituye un precedente importante del movimiento por los derechos humanos surgido en los años 1975-1976 y marcado por la última dictadura militar. Muchos de los activistas y abogados defensistas que sobrevivieron hasta 1976 cumplieron un rol en la creación de las organizaciones de derechos humanos en el país o en el exterior. Por lo general ese precedente no es reconocido retrospectivamente. Posiblemente la dificultad para ese reconocimiento se deba a que las organizaciones anteriores nacieron vinculadas al movimiento obrero combativo y a la izquierda revolucionaria. Estuvieron lejos de ser organizaciones que se ordenaran políticamente sobre el eje democracia-dictadura o que negaran la militancia política de las víctimas de la represión. Nacidas en el contexto de una ascendente lucha de clases y fuertes esperanzas revolucionarias tuvieron una definición socialista y desde esa perspectiva desarrollaron su actividad política y en el caso de los abogados radicalizados, militante y profesional.

Notas

1 Una primera versión de este trabajo fue presentado en las XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, realizadas en la Universidad Nacional de Tucumán, en setiembre de 2007. El mismo también se ha beneficiado de los comentarios y críticas de Mauricio Chama y un evaluador externo de Sociohistórica .

2 Sin pretender establecer un listado exhaustivo, de las organizaciones surgidas tras 1966 para la defensa y solidaridad con presos políticos, gremiales y estudiantiles podemos señalar: la Comisión de solidaridad con los presos políticos y el cuerpo de abogados de la CGT de los Argentinos; la Asociación Gremial de Abogados; la Agrupación de Abogados Peronistas; la Comisión Peronista de Ayuda a los Presos Políticos (COPPAP); la Organización de S olidaridad con los Presos Políticos, Estudiantes y Gremiales (OSPPEG), vinculada a las organizaciones políticas Vanguardia Comunista y al Partido Comunista Revolucionario; la Comisión de Familiares de Presos Políticos, E studiantiles y Gremiales (COFAPPEG); el Movimiento Nacional contra la Represión y la Tortura y el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos. La mayoría constituidas a lo largo del año 1971. También se crearon en distintos puntos del país comisiones o coordinadoras de apoyo a los presos políticos. En la ciudad de Paris, se formó un Comité para la Defensa de los Prisioneros Políticos Argentinos, presidido por la escritora Marguerite Duras. A estas organizaciones hay que sumar las preexistentes Comisión de Familiares de Detenidos (COFADE), creada a partir de las detenciones de militantes políticos y activistas sindicales durante la aplicación del Plan Conintes, en 1960-1961, y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, esta última con actividad ininterrumpida en el país desde 1937 y vinculada fuertemente al Partido Comunista.

3 Sobre las características generales que asume el Estado argentino en esta etapa, ver O´Donnell (1996) y Rouquié (1982).

4 Sobre la Doctrina de Seguridad Nacional, ver Monkman (1992), García (1991), Tapia Valdés (1980) y Comblin (1977). En los últimos años varios trabajos han señalado la importancia de la influencia francesa en la doctrina antisubversiva del Estado argentino, algo destacado hace mucho por Alain Rouquié (1981: 156-160). Ver Robin (2005); Mazzei (2002); Oliveira-Cezar (2003 y 2002) y Amaral (1997).

5 Estrictamente se trata de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo y no de una ley sancionada por el Congreso, pero el Estado argentino desde 1930 en adelante reconoce su continuidad jurídica entre los gobiernos democráticos y militares aceptando la legitimidad de la legislación de la etapa precedente. De hecho , la 16.970 estuvo vigente durante 20 años, desde 1966 hasta 1988 atravesando los gobiernos militares hasta 1973, los diferentes gobiernos peronistas, la última dictadura militar y la mayor parte del gobierno de Raúl Alfonsín.

6 Para un análisis de la legislación represiva argentina de esa etapa y de la referida a Fuerzas de Seguridad, ver Ugarte (2000).

7 Por ejemplo la 17.192, de servicio civil de defensa; la 17.649, de movilización y la 20.194, que organiza la Central Nacional de Inteligencia. Para el Sistema de Seguridad que establece la 16.970, ver Villegas (1969). El general Osiris Villegas fue en los años 60 uno de los principales difusores de la Doctrina de Seguridad Nacional y autor del discurso que el general Juan Carlos Onganía dio en West Point en 1964, ver Villegas (1963).

8 Reglamentada por decreto 8.329, del 13/11/67 y modificada por 18.234, del 30/05/69. Para un análisis de la 17.401, ver Viaggio (1970).

9 Complementada por las leyes 19.110, 19.195, 19.582, 19.583, 19.805, 19.959 y 20.187.

10 Modificada por 19.594, del 24/04/72 y por 20.032, del 20/12/72.

11 Ver Chama (2007).

12 Mignone (1991: 100-101). Raúl Veiga escribía en 1985 “la liga es la más antigua organización defensora de los derechos humanos, la única existente hasta fines de 1975 cuando se creó la Asamblea Permanente”, (1985, 15). En un sentido similar opina Leis (1989: 14).

13 Jelin (1995: 103-107).

14 Jelin (2004).

15 Ver Franco (2008), Yankelevich y Jensen (2007) y Yankelevich, (2004).

16 Sobre la historia de COFADE, ver Chama (2006) y los testimonios recogidos en Gurucharri (2001).

17 Sobre el cuerpo de abogados de la CGTA, ver especialmente Chama (2007 y 2006) y los testimonios de Mario Landaburu, Rafael Lombardi y Raúl Aragón recogidos en la colección “Abogados: Derecho y política”, del archivo oral de Memoria Abierta.

18 Sobre la Asociación Gremial de Abogados, ver los trabajos de Chama (2007, 2006 y 2000).

19 Pozzi (2001: 274-276).

20 Pozzi (op.cit.: 81).

21 Mattini (1996: 89).

22 Para ampliar sobre la trayectoria política de Ortega Peña y Duhalde durante la década de 1960, remitimos a Eidelman (2004). Según una entrevista a Eduardo Luis Duhalde realizada por Mauricio Chama, tras el V Congreso del PRT y la decisión del lanzamiento del ERP, dirigentes del partido visitaron a ambos abogados para solicitarles que asumieran “preventivamente las defensas de los presos que pudieran tener”, ver Chama (2007).

23 Seoane (1993: 166).

24 Mattini (1996: 163).

25 Pozzi (2001: 80 y 189).

26 Mattini (1996: 128 y 238).

27 Sobre el Fatrac, ver Longoni (2005: 20-33). La disolución del Fatrac, que tenía un trabajo importante entre intelectuales y artistas, es considerado una de las más claras expresiones de la desviación militarista que la organización atravesaba en esa etapa.

28 Mattini (op.cit.: 106-107).

29 Ver los artículos sobre Luis Pujals, en Estrella Roja , del 21/09/73 y 23/09/74. El primero está reproducido en De Santis (2006).

30 Ver el reportaje a Emilia Susana Gaggero de Pujals y a sus abogados Rafael Lombardi y César Calcagno, en la revista Nuevo Hombre, del 12 de octubre de 1971 y la entrevista a Lombardi en Memoria Abierta.

31 Ver los siguientes artículos publicados en La Opinión : “Recurso de hábeas corpus”, 23/09/71; “Fue denunciado ayer el secuestro de Luis Pujals”, 24/09/71; “La Policía Federal niega haber detenido al estudiante Luis Pujals”, 25/09/71; “Hábeas corpus preventivo en favor de la esposa de un desaparecido”, 28/09/71; “La familia de Pujals denuncia que lo detuvo la policía en Cánning y Nicaragua”, 28/09/71; “Sin novedades en el caso Pujals”, 29/09/71; “El caso Pujals entra en una larga lista de raptos que en algunas oportunidades encubren detenciones”, 30/09/71.

32 Ver “Emilia Susana Gaggero de Pujals remitió una carta abierta al presidente Lanusse”, en La Opinión , 30/09/71, página 8.

33 COFAPPEG (1972: 53).

34 Op.cit.

35 Op.cit. En mayúscula en el original. Debemos señalar que la mayoría de los testimonios incluidos aquí fueron reproducidos después en el trabajo del Foro por la Vigencia de los Derechos Humanos, editado en mayo del 73.

36 Entrevista a Alejandro. Se preserva la identidad del militante del PRT-ERP y activista de la Cofappeg utilizando un seudónimo en lugar de su nombre real.

37 Sobre la crisis partidaria y las fracciones mencionadas remitimos a los trabajos de Weisz (2006 y 2005).

38 Sobre el secuestro de Sallustro y sus derivaciones, ver Dandan y Heguy (2006: 325-365).Sobre la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos de la ciudad de Trelew, ver Petralito y Alberte (2007).

39 Sobre el secuestro de Sylvester, ver Aguirre (2000).

40 Sobre la Asociación de Abogados Peronistas, ver Chama (2006).

41 Ver el testimonio de Manuel Gaggero sobre su hermana, en Diana (1996: 299-305). Susana Gaggero había estado detenida por la Dirección de Coordinación Federal en mayo de 1970, interrogada sobre la actividad de su compañero, sindicado como responsable de la toma de una comisaria policial en Rosario. Fue desaparecida o asesinada el 27 de marzo de 1976 cuando fuerzas policiales irrumpieron en una reunión del Comité Central del PRT, que se desarrollaba en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.

42 Ver Arias González (2002).

43 Modificada por la 20.087, del 29/9/72. Sobre el régimen de los presos políticos, ver el interrogatorio al secuestrado jefe del Servicio de Psiquiatría de la cárcel de Villa Devoto, Hugo D´Aquila, realizado por la columna América en Armas, de las FAL y el Grupo Obrero Revolucionario, en Anónimo (1973).

44 Los reclamos incluían: 1) régimen de puertas abiertas de las celdas o del pabellón; 2) visitas de contacto con los familiares y especialmente con los hijos; 3) el retorno a 2 días de visitas semanales; 4) visitas de familiares no directos, novios, concubinos, etc.; 5) eliminación de trámites burocráticos para autorizar las visitas de familiares y apoderados; 6) recreos diarios, 7) eliminación de castigos injustificados y trato vejatorio y humillante; 8) asistencia médica adecuada; 9) uso de calentadores y accesorios; 10) uso de radio y televisión; 11) eliminación de censura en diarios, revistas y libros; 12) mantener en la misma unidad a parejas; 13) entrega de correspondencia sin demora y 14) que se apague la luz a las 23:30 hs., en vez de 21:30 hs. Ver el comunicado de las presas políticas de Villa Devoto, del 19/12/72, con el pliego de reivindicaciones reproducido en Foro de Buenos Aires por la vigencia de los derechos humanos (1973: 94).

45 Ver Maañon, Martínez, Morelli, Nievas y Pascual (1996).

46 Sin embargo, la ley 16.970 de Defensa Nacional, piedra angular del sistema represivo del Estado argentino estuvo vigente en forma ininterrumpida entre 1966 y 1988.

47 En el caso de Alejandro, tras la desarticulación de la comisión en mayo de 1973 pasó a militar en La Matanza y su actividad se desvinculó definitivamente de la Cofappeg. Cayó preso el 6 de setiembre de 1974 y estuvo preso desde ese momento hasta 1983.

48 Sobre la actividad de Cofappeg después de 1973 existe información en Garaño (2007) y Garaño y Pertot (2007).

Entrevistas

Entrevistas a Alejandro, ex militante del PRT-ERP entre 1972 y 1983, y miembro de la COFAPPEG desde abril de 1972 hasta mayo de 1973; realizadas en julio-agosto de 2006 y mayo de 2008.

Archivo oral de Memoria Abierta. Entrevistas consultadas: Manuel Gaggero, Mario Kestelboim, Mario Landaburu, Rafael Lombardi, Héctor Sandler, Rodolfo Mattarollo y Raúl Aragón.

Boletín interno PRT

Boletín Interno, nº 35, 16 de enero de 1973.

Boletín Interno, nº 36, 24 de enero de 1973.

Artículos de Estrella Roja

“Los presos”, en ER, nº 15, 10/72.

“Ellos están presos por el pueblo, el pueblo lucha por ellos”, en ER, nº 20, 14/05/73.

“La fuga del penal de Rawson”, en ER, n° 23, 15/08/72.

“Gloria a Luis Pujals!”, en ER, nº 25, 21/09/73.

“Luis Pujals. Una vida entregada a la revolución”, en ER, nº 40, 23/09/74.

Otras fuentes

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COFAPPEG, (1972), Torturas en Argentina , Córdoba, s/e.

Foro de Buenos Aires por la vigencia de los Derechos Humanos (1973), Proceso a la explotación y la represión en la Argentina , Buenos Aires, s/e.

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