En noviembre de 2021, una noticia bastante atípica apareció en los principales medios de comunicación de la Argentina. En ella se contaba la historia de Lourdes, una mujer nacida en el año 1978, quien a sus 15 años al saber que era adoptada comenzó a buscar datos sobre su origen biológico. Como muchas de las personas que nacieron durante la dictadura militar argentina (1976-1983) y que dudan de sus orígenes, concurrió al Banco Nacional de Datos Genéticos. En esa institución, creada para colaborar con la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, en esos momentos había dejado sus muestras genéticas, pero el resultado del análisis había sido negativo. Es decir, no se encontraba vinculada con ninguna de las familias de desaparecidos/as por razones políticas que buscan a sus nietos y nietas que fueron apropiados y que han dejado material genético en el Banco.
Sin embargo, la noticia daba cuenta de que luego de muchos años Lourdes -ahora con más de 40 años de edad- había encontrado a su madre y padre biológicos, así como a una hermana, y ello gracias a que en el Banco habían comenzado a recibir muestras genéticas de personas -mayormente mujeres- que, sin ser víctimas del terrorismo de estado, denuncian que sus hijos/as les han sido robados durante el lapso 1976-19831.
De este modo, pudimos conocer la historia de Juan y Nélida, padres biológicos de Lourdes, quienes en 1978 oriundos de Uruguay se habían instalado con una nena de dos años y una bebé recién nacida en una pensión de la ciudad de Buenos Aires y trabajaban como vendedores ambulantes. Hostigados frecuentemente por las fuerzas de seguridad, acusados de “subversivos” y amedrentados, finalmente en una redada una de las amenazas que a diario les proferían se cumplió: debieron dejar la ciudad y les quitaron a la bebé de pocos meses que aún no habían llegado a inscribir en el Registro Civil. Más de cuarenta años después y gracias a que un conocido le dijo a la hermana de Lourdes -esa niña un poco mayor que ella- que el Banco de Datos Genéticos estaba recibiendo muestras de familias que buscaban a sus bebés robados, se pudo conocer públicamente esta historia2 y esa familia pudo reencontrarse.
Historias de desplazamientos forzados, de separaciones coactivas, de desmembramiento de grupos familiares, de sustracción y sustitución de identidades han sido recurrentes en nuestro contexto regional (Cardarello, 2009; Fonseca, 2010; Briggs y Marre, 2009; Posocco, 2011; Leinaweaver, 2011). En efecto, en América Latina, estas historias se remontan a los procesos de conquista y colonización en los que el “reparto de indios” y la colocación de menores en otras familias fueron mecanismos usuales que complementaron el sojuzgamiento de los pueblos originarios y formaron parte de los procesos de incorporación subordinaba e integración forzada de esas poblaciones (Mases, 2010; Argeri, 2005; Escolar y Saldi, 2018). Pero también son historias que afectaron particularmente a los hijos de familias muy pobres (Milanich, 2009; Cosse, 2021) y que pueden advertirse hasta bien entrado el siglo XX en diversos países de la región, tanto en aquellos que atravesaron guerras prolongadas, procesos dictatoriales y períodos de feroz represión política (Rotabi, 2012; Briggs, 2012), como también en otros países en los que la desigualdad estructural es notoria y persistente (Leifsen, 2008; Cardarello, 2012). En efecto, niños y niñas3 de poblaciones originarias, de minorías étnicas y raciales, o bien hijos de madres solas o de parejas no legalizadas -como plantean Diana Marre y Chandra Clemente Martínez (2022)- fueron los destinatarios principales de las intervenciones de diferentes entidades cuyo objetivo fue insertarlos en familias consideradas “adecuadas” a fin de “civilizar” a esos niños y niñas o de “regenerar sus hábitos”.
Además, en los últimos años, también han sido documentadas y visibilizadas prácticas de separación compulsiva de niños y niñas en otros lugares del mundo (Gallego Molinero y Clemente Martínez, 2021). Desde la Stolen Generation en Australia y las escuelas residenciales en Canadá (Nagy, 2013)4, hasta los traslados masivos de niños/as -tales como la operación Peter Pan o la Babylift, que fueron un preludio al auge de la adopción internacional-, el desplazamiento coactivo de niños y niñas, más allá de sus particularidades y singulares características, ha sido una práctica tendiente a la ruptura de lazos, la sustitución de identidad y la construcción de nuevos sujetos5.
Aun cuando esas prácticas no hayan afectado a la mayoría de las experiencias infantiles, y muchos niños y niñas tanto en el pasado como en la actualidad crezcan en medios familiares distintos del suyo sin mediar una situación de violencia o de coacción6, la separación coactiva de su medio familiar, la institucionalización sin el consentimiento de sus padres, las adopciones irregulares y las apropiaciones se recortan como prácticas extendidas cuyo objetivo fue la reeducación y transformación de esos sujetos mediante la ruptura con sus medios de origen.
En la Argentina, esas prácticas de apropiación de niños y niñas, en ocasiones, asumieron una forma espectacular, fueron significadas como excepcionales y adquirieron ribetes de inéditas. Sin embargo, aun así es posible constatar que se enlazaron y tuvieron como punto de anclaje a “normalidades admitidas” (Villalta, 2005). Esto es, que tuvieron por base un sistema de creencias y un sustrato de jerarquías morales en los que se apoyaron para ser consumadas. Ya fuera como modo de disciplinamiento y de moralización de hábitos, como parte de políticas represivas o bien en tanto parte integrante de técnicas de gestión (Foucault, 2007) cuyo fin era convertir a esos sujetos en otros, son diversas las historias que dan cuenta de niños y niñas de corta edad que resultan emplazados por la fuerza en otros medios familiares y sociales.
Más allá de las diferencias y las particularidades que esas prácticas tuvieron, en todas ellas se advierte que los valores de la inocencia, la plasticidad y la vulnerabilidad asociados a la infancia (Szulc, 2004) informaron esas separaciones que, se creía, serían más exitosas cuanto más pequeños eran los niños y niñas. Por ello, la idea de futuro asociada a la niñez (Hendrick, 2003; Llobet, 2020) ha estado en la base de esas transferencias que se encontraron teñidas de una suerte de anticipación, en tanto tenían como objeto a los niños y niñas que eran conceptualizados como “adultos-que-aún-no-lo-eran”. Una intervención realizada en la infancia para cortar lazos con sus medios de origen, para modelar otro futuro, para conformar otros adultos por la vía de su inserción en otros medios. Así, ese emplazamiento en otros entornos -más o menos distantes de los originales- operó en muchas ocasiones bajo la lógica del “trasplante” (Villalta, 2012).
Si en algunos casos y durante mucho tiempo, para una gran parte de la población infantil, ese emplazamiento significó una incorporación subordinada en otros medios familiares o bien implicó ser parte de una mano de obra infantil frecuentemente explotada; en otros casos, esos niños y niñas fueron criados “como si” fueran hijos biológicos de las familias que los “adoptaron” en forma fraudulenta o los apropiaron, aunque habitualmente el precio de esa crianza, fue el silencio, la mentira y el ocultamiento. Un “como si” que, como nos recuerdan quienes actualmente demandan al Estado por su derecho a la identidad y buscan información sobre sus orígenes, produjo grandes dosis de angustia y sufrimiento (Gesteira, 2016; Fonseca, 2009).
En cada una de estas historias se recortan con nitidez situaciones de desigualdad estructural tramadas en torno a la pertenencia social, étnica, racial, de género y de edad. En efecto, son numerosas las historias que nos hablan de una transferencia vertical de niños y niñas. Un tránsito desde “maternidades inadecuadas”, de mujeres solas o muy jóvenes, hacia otras familias; pero sobre todo desde entornos de mucha pobreza hacia otros sectores más acomodados o bien beneficiados con los atributos de la normalidad familiar.7
Ahora bien, en esas historias también pueden identificarse situaciones en las que -como sucedió durante el terrorismo de estado en la Argentina- se lleva adelante un proceso de estigmatización y deshumanización de aquellos que resultan víctimas de esa violencia, un proceso que colabora en desdibujar esas prácticas y tornarlas si no legítimas, al menos más tolerables. De esta manera, la noción de “padre o madre subversivo/a” fue una potente categoría de acusación ya que, en aquella coyuntura socio-histórica, tuvo la capacidad de sintetizar lo que se procuraba eliminar (Villalta, 2012; Regueiro, 2013). Sin embargo, en otros momentos histórico-políticos otras nociones fueron elaboradas para revestir a tales prácticas de una pátina moral que tendió a eufemizar la violencia. Así otras categorías como la de “madre desnaturalizada” o “padres indignos” y fundamentalmente aquellas que aparecen como meramente descriptivas, pero actúan como potentes categorías clasificatorias, tales como las de desamparo, abandono, riesgo o peligro fueron nociones eficaces para crear y subrayar la necesidad de esas intervenciones. Además, apelando al bienestar o la protección, al interés del niño/a o a la buena educación se desarrollaron prácticas que tendieron a justificar sobre la base de fines morales superiores ese tránsito, a veces mediado por saberes expertos, circuitos burocráticos y tramas institucionales, y otras veces por individuos que ocupando posiciones de poder también creían poseer una investidura moral superior.
De esta manera, si el robo y despojo constituyen ejemplos extremos de esas prácticas de separación forzosa o de circulación coactiva, ello no debería eclipsar que algunas de las nociones y esquemas interpretativos usados para desplegar ese tipo de prácticas violentas, también están presentes -aunque con otro ropaje- en las prácticas rutinarias no tan espectaculares de distintas burocracias cuyo objetivo es proteger a los niños y niñas o bien garantizar sus derechos.
Documentar lo no documentado: la indagación etnográfica
Convertir esas historias en un campo de indagación etnográfica ha sido el cometido de una diversidad de estudios que, en los últimos años, visibilizaron las características principales de esos procesos y así han procurado comprender y explicar la extensión y la microfísica de esas violencias. Una violencia recubierta en muchas ocasiones de una retórica de las “buenas intenciones” y de un ideario pseudo-humanitario a partir del cual esas prácticas, en tanto se dirigen a niños y niñas catalogados como desamparados, abandonados o en riesgo de estarlo, resultan recubiertas de valores como el de la protección, la piedad o la compasión. Compasión que, como ha analizado Didier Fassin (2016), produce indignación moral frente a las situaciones de infortunio y lleva a articular acciones para intentar hacerlas cesar, mientras que en ocasiones funciona como justificación de prácticas extremas.
Examinar ese tipo de prácticas posibilita observar que, en muchos casos, en el envés de esas categorías se encuentran procesos de producción del abandono, de niños y niñas pasibles de ser apropiados (Villalta, 2010; 2012) o bien de niños/as adoptables (Leinaweaver, 2011; Yngvesson, 2012). Procesos en los que participan una diversidad de actores -sociales, institucionales, religiosos- y que se encuentran cimentados en particulares regímenes morales. En esos regímenes, el examen sobre el medio familiar y social del que provienen los niños y niñas adquiere centralidad, y por eso determinados saberes tales como el biomédico, el psicológico, e incluso el del trabajo social (Colangelo, 2012; Leinaweaver, 2011) tienen mayor importancia, en detrimento de otros. Pero más importancia aún adquiere la evaluación sobre el adecuado ejercicio de la maternidad que suele ser realizada en base a un parámetro ideal e idealizado de los deberes maternos. Una visión de la maternidad que la reifica en tanto natural, la concibe como una instintiva disposición amorosa y refuerza así una única imagen en la que sobresale su carácter abnegado, intensivo y sacrificial. Se trata de parámetros que aparecen como abstractos y universales, pero universalizan una imagen de maternidad calcada en específicas experiencias de ser madre, propias de las clases medias, urbanas, ilustradas y occidentalizadas. Por ello, aun cuando la imagen del sacrificio materno de principios de siglo XX aparezca arcaica, es posible observar que el parámetro de la buena maternidad se construye actualmente incorporando otros valores morales: la elección racional, el autogobierno y la autodeterminación física, la autonomía y el empoderamiento, la cientifización de la maternidad (Paxson, 2004), valores que sirven para determinar y juzgar cuáles son las maternidades correctas y adecuadas. Un trabajo maternal que exige no solo alimentar, vestir y educar, sino también pasar tiempo de calidad y contener emocionalmente a los hijos (Haney, 1997).
Por eso, tal como diferentes etnografías han podido demostrar uno de los primeros pasos para que la separación compulsiva tenga lugar consiste en el desarrollo de una operación por la cual la maternidad comienza a ser juzgada, sospechada y menoscabada (Papadaki, 2018). Incluso como ha planteado Claudia Fonseca (2009), la propia noción de “abandono” tiene connotaciones de rechazo emocional hacia las madres. Madres que, en general, son retratadas como desnaturalizadas, irresponsables, abandónicas, lábiles emocionalmente, incapaces o vergonzosas. Mujeres que, en la enorme mayoría de los casos, han sido pobres y subalternizadas, de grupos étnicos minorizados, han tenido problemas de salud mental u otros problemas de salud (Maricato y Moreira de Sousa, 2018; Fonseca, 2018), han sido madres solteras, mujeres acusadas o procesadas por la comisión de delitos, o bien perseguidas políticamente y construidas entonces con los trazos del arquetipo de madre desnaturalizada y desalmada (Regueiro, 2013) y por lo tanto no aptas para maternar correctamente.
De esta manera, junto con el proceso de producción de niños/as adoptables o pasibles de ser apropiados tienen lugar procesos por medio de los cuales se producen madres vulnerables de perder a sus hijos (Fonseca, 2011; Marre, 2009). Así, las regulaciones morales sobre la maternidad nutren también esas prácticas. Regulaciones morales que son productivas en orden a proponer horizontes de deseabilidad que son compartidos por esas mismas mujeres a quienes se dirigen las evaluaciones y que en muchísimos casos revierten para ellas mismas en culpa, vergüenza y también silenciamiento.8 Tal como ha planteado Diana Marre, ello ha conducido a construir un discurso hegemónico silenciador de las madres biológicas que han entregado o les han retirado sus hijos o hijas y de estos mismos hijos e hijas, a todos los cuales desde posiciones adultocéntricas, se ha “minorizado” en cuanto a derechos, independientemente de su edad (2009:105).
Por ello, es posible proponer que el desarrollo de este tipo de prácticas de separación de niños y niñas de su medio familiar para ser insertados en otros entornos, supone al menos dos procesos: uno de producción de madres vulnerables de perder sus hijos/as y otro de producción de niños/as adoptables.
Las investigaciones que han contribuido a visibilizar y examinar esos procesos pueden agruparse en torno a tres temas principales. Por un lado, aquellas que han estudiado las diversas prácticas de transferencias de la responsabilidad sobre los niños y niñas, y más particularmente las que examinaron cómo la adopción en nuestras sociedades modernas y occidentales está mediada por la organización jurídico-burocrática estatal. Por otro lado, las que indagan las formas en que la adopción internacional se practica, y analizan las racionalizaciones que la han acompañado y las tensiones que suscita. Y por último, aquellas que abordan las formas en que distintos colectivos sociales conformados por los familiares de las niñas y niños apropiados o por quienes han sido adoptados o apropiados demandan por su derecho a la identidad y a conocer sus orígenes.
La literatura antropológica sobre las formas en que la responsabilidad sobre un niño/a es transferida de un adulto a otro o de un grupo social a otro, ha posibilitado conocer y analizar una diversidad de prácticas que abarcan desde la cesión momentánea de derechos sobre un niño/a hasta la sustitución completa e irrevocable (Lallemand, 1993). De esta forma, en un polo se encuentran las cesiones momentáneas en las que predominan los arreglos -que pueden ser más o menos conflictivos- en torno a la crianza de los niños y niñas, pero en las que se conserva la identidad familiar del niño/a y la transferencia de derechos y deberes es temporaria, parcial y reversible. Mientras que en el otro polo se identifican prácticas que suponen un borramiento completo de la posición inicial del niño/a en su primera configuración parental, la cesión de derechos es definitiva y la identidad se modifica de modo irreversible. Esta diversidad de prácticas fue documentada por distintos antropólogos y antropólogas que examinaron sus particularidades y regularidades, y permitieron así convertir a la “adopción” -a aquello que en nuestra sociedad occidental denominamos como tal- en una lente de aumento privilegiada para analizar los lazos de parentesco, las tensiones entre lo social y lo biológico (Goody, 1982, Fine, 1998), y las singulares formas en que los grupos sociales se apropian de las nuevas generaciones (Godelier, 1993). Este examen también posibilitó interrogarse acerca de la universalidad de determinadas categorías y de las dificultades que conllevan las definiciones transculturales si no analizamos las diversas significaciones que tienen en distintos contextos esas prácticas de transferencia de niños/as. Aun así, estos estudios inspirados en la obra de Marcel Mauss sobre el intercambio de dones se ocuparon de analizar cómo las diferentes sociedades traman alianzas y construyen parentesco, pero no se detuvieron particularmente en las prácticas en las que media violencia y sojuzgamiento para operar esa transferencia de niños/as.
La asimetría en las relaciones entre grupos, así como la desigualdad y las relaciones sociales de poder que se encuentran inscriptas en muchas de esas transferencias comenzaron a ser iluminadas y particularmente abordadas por los estudios que dirigieron su mirada a las formas en que en las sociedades de clases ocurren y se desarrollan ese tipo de transferencias (Fonseca, 1998; Ouellette 1998). Fundamentalmente cuando esa movilidad infantil comienza a estar regida y regulada por la organización jurídico-administrativa del estado, pero también y fundamentalmente cuando se desarrolla entre grupos sociales distantes entre sí en la escala social. En efecto, hacia fines de la década de 1990 comenzaron a incrementarse los estudios que analizan los aspectos históricos, sociales y políticos de la institución legal de la adopción (Zelizer, 1992; Carp, 1998; Leblic, 2004; Ouellette, 1995; 1998; Ouellette y Dandurand, 2000; Marre y San Román, 2012). Resaltando su papel político, en tanto mecanismo de reproducción social particularmente sensible, pues concierne no a la “producción” de niños/as, sino a su “redistribución” (Modell, 1998; Fonseca, 2000), distintos estudios analizaron cómo a través de la adopción lo que se distribuye diferencialmente no solo son niños y niñas, sino también estatus parentales.9 Y ello se tornó particularmente evidente en las sociedades contemporáneas, desde mediados del siglo XX hacia adelante. En aquellos momentos, la adopción inspirada en el modelo de “ruptura limpia” se convirtió en hegemónica o en la forma ideal de adopción, y así la condición indispensable para su efectivización fue el reemplazo completo e irrevocable de unos progenitores por otros que no coexisten con ellos, sino que ocupan su lugar (Fonseca, 1998, 2002; Villalta, 2012) haciendo como si los progenitores biológicos desaparecieran.
Los estudios antropológicos sobre adopción permitieron continuar tematizando y subrayando el proceso de fabricación de parentesco que ocurre en toda sociedad (Godelier, 1993), en tanto en las prácticas adoptivas ese proceso se evidencia con mayor nitidez y así el concepto de kinning (Howell, 2001; Carsten, 2000) fue ampliamente utilizado para subrayar el carácter procesual del parentesco y analizar las formas en que en distintas sociedades se deviene pariente. Sin embargo, también los estudios sobre adopción de niños/as, particularmente aquellos desarrollados desde América Latina, permitieron problematizar y examinar los procesos de de-kinning (Fonseca, 2011; Leinaweaver, 2011); así como la economía política de la adopción (Leinaweaver y Fonseca, 2007). Un proceso poblado de micro-prácticas y decisiones de diversos actores que van cimentando la desvinculación o bien que dificultan la vinculación, de desacreditaciones y estimaciones que hacen foco en lo dañino del vínculo o bien en la escasez de voluntad (Ciordia y Villalta, 2012) y que configuran al desprendimiento y la desvinculación como la “mejor solución” para una infancia clasificada como vulnerada y desvalida.
Por otro lado, este creciente interés sobre las prácticas de transferencia de niños y niñas fue simultáneo al auge de la adopción internacional. Así se fue se configurando un amplio campo de estudios sobre adopción transnacional, intercultural y transracial que se encuentra en constante crecimiento (Howell y Marre, 2006; Selman, 2009) en tanto se liga a los estudios de la antropología de la reproducción. Estas investigaciones pudieron problematizar la “geografía de la desigualdad” (Marre, 2009) en la que se despliegan las prácticas de adopción, muchas de las cuales además han estado signadas por denuncias de irregularidades, mercantilización de niños/as -denominada por David Smolin como childs laudering (2005)- y recubiertas las más de las veces por ideologías salvacionistas. Así tal como Judith Modell (2002) señaló en su etnografía sobre la adopción internacional en Hawai, esta práctica puede ser conceptualizada en términos de un imperialismo cultural en tanto extendió el modelo as if begotten para gestionar la adopción, propiciando la ideología del reemplazo y el corte limpio, y ello implicó un estrechamiento en las formas de pensar la construcción de parentesco y una limitación para considerar y valorar prácticas alternativas de cuidado de los niños y las niñas. De esta manera, los estudios sobre la adopción internacional permitieron problematizar dos elementos centrales que se encuentran en las prácticas de transferencias de niños y niñas. Por un lado, el escenario de desigualdad en el que esas prácticas se inscriben; por otro, las tensiones y confrontaciones entre diferentes universos simbólicos (Fonseca, 1998, 2002), los de las familias y contextos de origen de los niños/as y los de los agentes institucionales diversos y las familias adoptivas, en tanto sus valores, evaluaciones y expectativas divergen.
A su vez, algunos de estos estudios se nutrieron de la noción de “reproducción estratificada” que Shellee Colen (1995) postuló para dar cuenta de las formas en que algunas personas pueden transformarse en padre o madre, y otras no. De este modo, al subrayar la distribución desigual del trabajo reproductivo que hace que algunas mujeres puedan disfrutar de un gran abanico de posibilidades para criar y reproducirse a costa del trabajo de otras, esta noción fue productiva para examinar la economía presente en las adopciones internacionales. Además, como han señalado Claudia Fonseca, Diana Marre y Fernanda Rifiotis (2021), para conectar estas discusiones con las inauguradas por los trabajos de Rayna Rapp y Faye Ginsburg (1995) que presentaron la reproducción como un asunto sumamente político que se desarrolla en un escenario altamente desigual, y también con la noción de “justicia reproductiva”.
Los análisis respecto de la adopción internacional también han permitido tematizar la adopción transracial. Experiencias que han sido vividas como contradictorias por las personas adoptadas, en tanto sus vivencias como minorías raciales son minimizadas por sus familias adoptivas, pero están presentes en otros ámbitos de interacción (Jaume, 2019). Por ello, la adopción transnacional fue abordada en tanto otra forma de migración, una migración silenciosa (como aborda en el dossier el texto de Jessaca Leinaweaver).
Ese tipo de análisis también ha nutrido una agenda que desde la aprobación de la Convención de la Haya -en el año 1993 por la Asamblea de Naciones Unidas- ha concitado cada vez más atención internacional, ya que en esos desplazamientos de niños y niñas se verificaron numerosas irregularidades, presiones y manejos fraudulentos. En tal sentido, como mencionan Arantxa Gallegos y Chandra Clemente (2021) en la introducción de un dossier publicado recientemente, es interesante advertir que aun cuando los procesos de captación de niños y niñas están atravesados por diversas irregularidades, se prioriza conceptualizar a la adopción internacional como una suerte de “blanqueo de niños/as”. Así se procura dejar en claro que en los países de destino los niños/as no sufren ninguna explotación y que lo irregular del proceso exclusivamente tiene lugar en el país de donde provienen los niños y niñas origen. Llamativamente así en este tipo de análisis la corrupción y lo fraudulento quedan del lado de los países de origen -incluidas las familias biológicas de los/as niños/as sospechadas en ocasiones de comercializar o aprovecharse de esas circunstancias-, mientras que en los países centrales pareciera que solo se garantizan los derechos de los/as niños/as.
En los últimos años, también se han incrementado los estudios y etnografías que documentan las acciones desplegadas por diferentes colectivos de activistas que, al movilizarse buscando sus orígenes, también contribuyeron a visibilizar e impugnar las “adopciones irregulares” (Denéchère y Macedo, 2023). De este modo, algunas personas adoptadas transnacionalmente se nuclean por país de origen y se embarcan en “viajes a los orígenes”, promueven la apertura de los registros de nacimiento y las adopciones abiertas (Howell, 2004; Willing, 2006; Hübinette, 2006; Cherot, 2006; Yngvesson, 2007; Clemente Martínez, 2021). Mientras que en América Latina y particularmente en la Argentina muchas personas se han agrupado para demandar al Estado por su “derecho a la identidad” y hacen uso para ello del repertorio activista, categorial e institucional conformado por Abuelas de Plaza de Mayo (Gesteira, 2016). De hecho, la evidencia de la apropiación criminal de niños/as llevada a cabo durante la última dictadura militar argentina no sólo permitió problematizar esas prácticas en tanto crímenes de lesa humanidad, sino también construir un nuevo derecho -plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)-, edificar una singular institucionalidad y elaborar una jurisprudencia que esos otros activistas han usado para demandar justicia que es única y pionera en su tipo a nivel mundial (Villalta, 2012; Regueiro, 2013; Gesteira, 2016; Villalta y Gesteira, 2019)10. Así como distintos artículos de este dossier desarrollan, los procesos de restitución de niños y niñas, apropiados durante el “terrorismo de estado”, que han tenido lugar de manera ininterrumpida en la Argentina desde la década de 1980 hasta la actualidad, permiten analizar cómo las personas afectadas por esas violencias, así como sus familias, se enfrentan a la tarea de construir identidad y lazos intergeneracionales en familias que en muchos casos no solo fueron desmembradas sino también diezmadas por el desarrollo de prácticas represivas extremas que tuvieron a niños y niñas como sus destinatarios. Y ello ha permitido a los “buscadores” -personas adoptadas o apropiadas que buscan sus orígenes- repensar, connotar y problematizar las prácticas de las que ellos mismos fueron objeto (Gesteira, 2020).
Asimismo, la labor de estos activistas permitió poner en evidencia y problematizar las dinámicas de desigualdad económica y política en las que sus adopciones tuvieron lugar, cuestión que permite comprender los obstáculos que enfrentan en su búsqueda y como plantea Claudia Fonseca (2009) -al analizar la constitución de la asociación Filhos Adotivos en Brasil- la diversa temporalidad en la que se han constituido si se comparan con las agrupaciones existentes en países como Estados Unidos.
En este sentido, el develamiento producido en Chile a raíz del caso conocido mediáticamente como “Joanon” también permitió vislumbrar las múltiples dimensiones y aristas políticas, históricas y socio-culturales que posibilitaron el desarrollo de las prácticas categorizadas actualmente como “adopciones irregulares” (Salvo Agoglia, 2018; Salvo Agoglia y Alfaro, 2019). A partir de esa visibilización, diversas historias de víctimas de adopciones forzadas se hicieron públicas y a través de ellas fue posible conocer los mecanismos por los cuales mujeres muy jóvenes y muy pobres eran convencidas o coaccionadas a entregar a sus hijos en adopción (Alfaro, 2022). Como veremos en el artículo de Karen Alfaro y de Irene Salvo Agoglia incluido en este dossier, gradualmente se han incrementado diferentes estudios que no sólo permitieron conocer un pasado silenciado, sino también realizar abordajes comparativos respecto de las políticas, el contexto represivo y las demandas construidas en términos de acceso a derechos en el Cono Sur (Gesteira, Salvo Agoglia, Villalta y Alfaro, 2021).
En este contexto de debates teóricos y de incremento de etnografías y estudios empíricos de diverso tipo, pero también de fructíferos intercambios y de consolidación y acumulación de diálogos que han sido imprescindibles para el ensanchamiento de las investigaciones antropológicas sobre estos temas, este dossier busca contribuir a la reflexión sobre las formas que ha adquirido la violencia desplegada sobre los niños y niñas en contextos políticos dictatoriales o de conflictos armados, pero también en aquellos atravesados por fuertes inequidades sociales a partir de examinar las prácticas de apropiación y/o de separación compulsiva de niños y niñas de su medio familiar. Para ello partimos de la idea de que para comprender cómo esa violencia se desplegó y despliega es preciso conocer los entramados jurídico-burocráticos en la que tuvo y tiene lugar, y el sustrato de relaciones sociales y de poder en las que se inserta.
Los diferentes trabajos que lo componen permiten continuar problematizando los procedimientos, valores morales y figuras legales usados en algunos países de América Latina para operar la separación de niñxs de sus familias de nacimiento y su emplazamiento en otros lazos de filiación y otras realidades sociofamiliares. A su vez, permiten componer un panorama organizado de las principales contribuciones teóricas que se han realizado desde nuestro contexto regional sobre temas tales como los procesos de diferenciación social y de reproducción de la desigualdad, la violencia estatal y la producción burocrática del abandono y la incapacidad parental, las complejas conexiones entre Estado y parentesco, pero también la potencia del activismo y la movilización socio-legal, y de la articulación estratégica de un lenguaje de derechos humanos para impugnar esa violencia y reclamar justicia (Tiscornia, 2008).
Entre maternidades sospechadas, producción de niños y niñas adoptables y demandas de justicia
Si como hemos desarrollado la separación compulsiva de niños y niñas de su medio familiar, se inicia con el socavamiento de la legitimidad del lazo que une a los progenitores con sus hijos e hijas, pero principalmente con el cuestionamiento al ejercicio de la maternidad, este dossier comienza con un artículo escrito en coautoría por quien ha sido pionera en la investigación sobre prácticas de circulación de niños/as y adopción en contextos de gran desigualdad social, y es una gran y generosa maestra: Claudia Fonseca. En el artículo “Maternidades prohibidas: La (in)justicia reproductiva en circunstancias de desigualdad radical”, escrito en coautoría con Lucía Scalco, desarrollan una serie de coordenadas teóricas y metodológicas, a partir de centrar su análisis en un caso que les permite examinar cómo la separación de recién nacidos de madres pobres -poco después del parto- está aconteciendo en Brasil en un contexto de radical desigualdad socioeconómica y racial. Con una enorme sensibilidad etnográfica y agudeza teórica, las autoras dan cuenta de cómo un conjunto de moralidades ancladas en representaciones naturalizadas de género y familia inciden en la desautorización de (algunas) maternidades y subrayan la complejidad de las dinámicas interseccionales de clase, raza, generación y género en prácticas de injusticia y discriminación. A partir de la noción de justicia reproductiva, buscan iluminar y problematizar el hecho de que las medidas de separación compulsiva de bebés son parte integral del sistema nacional de protección a la niñez. Así, las desigualdades políticas y económicas dentro del propio país producen un terreno fértil para intervenciones abusivas y separaciones compulsivas de niñas y niños.
Andrea Cardarello en un artículo que también ha sido pionero en la problematización del “tráfico legal de niños/as” analiza los argumentos y narrativas que las madres a quienes se las ha separado forzosamente de sus hijos construyen en pos recuperarlos. Para ello, indaga las acciones de un movimiento de familias que en el año 1998 exigió la revisión de los procedimientos legales por los cuales sus hijos e hijas habían sido dados en adopción a familias extranjeras. Focalizar su indagación en este movimiento llamado Madres de la Plaza del Juzgado, nombre que se inspira en las Madres de la Plaza de Mayo argentinas y que recrea el poderoso símbolo de la maternidad, le permite examinar la asimetría de poder imperante entre las madres que son desautorizadas en tanto tales y los agentes judiciales que deciden qué es lo mejor para sus niños/as, así como la visión que una gran parte de las elites brasileñas tienen de la infancia pobre, en tanto la consideran una amenaza para la sociedad. No obstante, esas madres y familias hicieron uso de símbolos construidos en torno a otras prácticas criminales, por ello Cardarello también reflexiona acerca del impacto que la apropiación criminal de niños y niñas -desarrollada en la Argentina durante el terrorismo de estado- tiene en otros países de América Latina.
Sobre este punto, el dossier ofrece un sugerente aporte que permite comprender la formación histórica de Abuelas de Plaza de Mayo, a partir del análisis de Fabricio Laino Sanchis. Desde una perspectiva historiográfica, el autor sostiene que más que una fundación, Abuelas de Plaza de Mayo tuvo una larga y compleja formación. A partir de diversos materiales de archivo (boletines, cartas y otras fuentes documentales), reconstruye las características del núcleo primigenio de “madres-abuelas” como una “subcomisión de abuelas” dentro de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Esta minuciosa reconstrucción le permite identificar y analizar las acciones que coadyuvaron a la progresiva autonomización del grupo y a su transformación en una agrupación independiente, abocada de manera específica a la causa por la restitución de los “niños y niñas desaparecidos”.
Para comprender los argumentos, sentidos y valores que rodean las prácticas de apropiación, robo y las adopciones no consentidas o “irregulares” de niños y niñas, Karen Alfaro e Irene Salvo Agoglia analizan los usos políticos y morales del discurso del amor materno en la promoción y gestión de las adopciones “irregulares” de niñas y niños pobres, principalmente hacia el extranjero, durante la dictadura chilena. Argumentos centrados en la ausencia de “amor materno” y el “abandono” habilitaron y justificaron la separación de madres pobres de sus hijas e hijos, vulnerando su derecho a cuidarlos. Recogiendo diversas fuentes documentos y de prensa, las autoras analizan los discursos que fueron construidos en el marco de las políticas públicas de la época, con el objetivo de regular las moralidades y reforzar los mandatos de género y familia conservadores del régimen. De este modo, afirman que durante la dictadura de Augusto Pinochet las prácticas de adopciones irregulares se desarrollaron en el marco de una política que buscó ampliar la adopción como mecanismo de regulación de la población y de control de las familias pobres en Chile. Así una enorme cantidad de niños y niñas chilenos fueron colocados en adopción internacional en aquellos años.
Sobre estos desplazamientos forzados y las singulares formas de movilidad que adquiere la “adopción internacional” resultan centrales los aportes que realizan a este dossier, el artículo de Jessaca Leinaweaver, y el de Silvia Possoco y Sophie Villérs.
Leinaweaver, a partir de su etnografía con adoptantes españoles de niñas y niños peruanos, propone analizar la adopción como una forma de migración. Sostiene que la adopción internacional es un tipo de migración particular que produce una categoría minoritaria dentro de una población mayoritaria. Observar las vidas de las personas adoptadas a través de la lente de la migración revela algunas de las incomodidades persistentes que impiden tener conversaciones abiertas sobre la diferencia racial y el estatus de minoría en el contexto adoptivo, es decir, un contexto donde los niños y niñas han sido “forzados a migrar”. Su etnografía revela con claridad cómo los adultos adoptados transracial o transnacionalmente experimentan sus vidas como “otros” racialmente distintos. En este sentido, sostiene que si observamos la adopción desde el anhelo de los padres se vincula a la construcción de familia, sin embargo, desde la perspectiva de alguien que ha sido trasladado de un país a otro, y que ha crecido viéndose diferente, puede parecer más relacionada a la migración, en tanto se vincula con la racialización de los migrantes. Su análisis permite captar lo que adopción representa para las personas que se encuentran involucradas en dicho proceso. Por ello, Leinaweaver plantea que la adopción internacional puede comprenderse como una estrategia de fertilidad y/o una integración social a la propia familia, pero también como una forma de migración infantil.
Por su parte Silvia Possoco y Sophie Villérs en su artículo se enfocan en los expedientes de adopción transnacional para dar cuenta del movimiento de niños y niñas guatemaltecos entre 1977-2007. El análisis de estos documentos les permite detectar, descifrar y comprender las irregularidades que sustentaron esos flujos de adopción transnacional. Asimismo, identifican que la anomalía y la incongruencia en los expedientes emergen como dispositivos estructurantes que revelan las operaciones de los circuitos de la adopción transnacional y la falsificación como método. Para las autoras, el trabajo con los archivos de adopción resulta un punto de entrada en las búsquedas de orígenes y en la comprensión del proceso de adopción. Por ello la indagación antropológica no está escindida de la labor que ambas realizan para apoyar la búsqueda individual y colectiva de orígenes de las y los adoptados. Como sostienen las autoras, los archivos de adopción revelan y ocultan historias personales y prácticas burocráticas, por eso para quienes quieren conocer la verdad sobre sus orígenes, conocer y descifrar falsificaciones e irregularidades implica crear nuevos registros de legibilidad de los documentos de adopción, del proceso de adoptivo y las relaciones generadas a través de sus búsquedas.
En América Latina, las décadas de 1970 y 1980 estuvieron marcadas por adopciones irregulares, desplazamientos forzados, robo y apropiación criminal de niñas y niñas por ello la indagación histórica resulta clave para comprender los valores y sentidos hegemónicos sobre la adopción de niños y niñas de aquellos momentos. Sobre este punto arroja luz el artículo de Agostina Gentile en el que analiza el papel del poder judicial en una etapa temprana del proceso de legalización de la adopción en la Argentina, los años 1960, momento en que era una figura jurídica reciente, pero llevaba siglos de existencia entre los repertorios de conformación de familias. Agostina Gentile toma como material de análisis -al igual que Silvia Possoco y Sophie Villérs- expedientes judiciales, en su caso de los juzgados de menores de la ciudad de Córdoba. Retomando sus investigaciones previas, la autora sostiene que en esa etapa temprana de la institucionalización de la adopción, las prácticas formales e informales convivían y se retroalimentaban en los procesos legales. Su investigación le permite advertir la diversidad de prácticas (formales e informales) que rodeaban la adopción, especialmente con realidades populares que hacían evidente sus distancias con los anhelos normativos en materia de familia. Ante esta realidad compleja, el análisis historiográfico que hace la autora permite advertir la actitud flexible y tolerante que tomó el poder judicial ante esa diversidad.
Por último, este dossier incorpora un conjunto de investigaciones que posan su mirada sobre un fenómeno que resulta, en parte, de las demandas de justicia y el activismo construido por Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar a los niños y niñas -hijos de desaparecidos o presos políticos- que fueron apropiados en la Argentina: los procesos de restitución de identidad. Estos artículos reflexionan sobre el derecho a la identidad, sus alcances, limitaciones, su vínculo con el derecho a la intimidad y los sentidos de justicia que son movilizados en estos procesos. Todos estos artículos ofrecen renovadas perspectivas para indagar el parentesco, la identidad y los valores y sentidos que son construidos en torno a la biología, la sangre y los genes en nuestras sociedades.
A partir de un trabajo etnográfico sobre las maneras en que nietos/as restituidos/as (re)construyen sus lazos de parentesco una vez conocida su historia de origen, Jimena Massa en su artículo analiza pormenorizadamente las diferentes etapas del proceso de restitución de la identidad de una niña apropiada durante la dictadura. Retomando a Janet Carsten (2000) para pensar los lazos de parentesco en términos de “conectividad”, la autora da cuenta de cómo distintas “sustancias” (en el caso que analiza la tinta en la forma de escritura e inscripciones en tumbas, tatuajes y documentos) intervienen en la producción de parentesco y la pluralidad de conexiones que habilitan. Su análisis brinda elementos que permiten trascender la oposición entre lo biológico y lo social a la hora de describir el amplio inventario de entendimientos de lo que implica ser pariente.
En una línea similar, Ana Laura Sucari y Aline Murillo se interesan por analizar algunas políticas públicas desarrolladas en la Argentina para la defensa del derecho a la identidad en casos en que las personas involucradas no están dispuestas a entregar voluntariamente material genético para las ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. A estos fines reconstruyen el caso de una joven también apropiada -en el marco del plan sistemático de apropiación de niños/as- que fue “restituida” a partir de la obtención compulsiva de una muestra de material genético. Las autoras indagan la singularidad de este caso y también los desafíos enfrentados por Abuelas de Plaza de Mayo cuando las personas se niegan al examen genético. Adentrarse desde una perspectiva socio-histórica y etnográfica a este tipo de casos expone la complejidad de los procesos de restitución y habilita a las autoras a indagar e interpelar la oposición oposición construida en torno al derecho a la identidad y el derecho a la intimidad.
En esta línea se encuentran también los aportes que realiza Mariana Córdoba Revah. Desde un enfoque filosófico enmarcado en una epistemología feminista, también aborda la cuestión de la restitución de identidad de nietos y nietas que fueron apropiados durante la última dictadura militar argentina. Para ello toma como punto de partida dos interrogantes, uno metafísico acerca del fundamento de la identidad y otro científico-epistemológico sobre la relación entre identidad y genética. A partir de ellos argumenta que la epistemología feminista permite construir una noción de identidad que es un caso de justicia hermenéutica porque es posible pensar la identidad como anclada en la genética sin que ello implique conservadurismo. Y también plantea que el rol de la genética respecto de la identidad personal que se restituye supone un proceso de subversión semiótica, es decir un cambio que trastoca el orden dado, un cambio de sentido. Así, Mariana Cordoba Revah afirma que a partir del activismo desplegado por Abuelas de Plaza de Mayo se produjo una subversión semiótica de la genética como disciplina, que permite articular otra mirada, justipreciar su rol en la restitución como instrumento liberador y de justicia, y comprender la identidad no ligada a interpretaciones conservadoras. Asimismo, analiza el rol de Abuelas de Plaza de Mayo respecto del hallazgo científico del índice de abuelidad. Según las teóricas del punto de vista feminista para producir un conocimiento valioso, este debe ser construido a partir de una praxis política colectiva. Desde esta perspectiva, la autora analiza el hallazgo del índice de abuelidad, ya que fue la experiencia de las mujeres, en una lucha consciente por encontrar a sus nietos y nietas, quienes produjeron el interrogante científico que la genética pudo develar. De tal manera, es posible advertir que en esa lucha consciente, colectiva y feminista -al decir de Córdoba Revah-, también se produjo una construcción política del parentesco (Regueiro, 2013).
Los artículos reunidos en este dossier nos muestran así la potencia de las luchas colectivas, la eficacia de praxis políticas que han permitido develar y despojar de eufemismos a mecanismos de poder y prácticas violentas naturalizadas y arraigadas, y la productividad de un activismo que, en un proceso que no tuvo nada de lineal ni automático, pudo también construir un repertorio categorial, institucional y activista que posibilitó iluminar diversas prácticas de transferencia coactiva de niños y niñas. Asimismo, estos trabajos permiten advertir la capacidad que tiene la investigación antropológica -en diálogo con otras disciplinas- tanto para comprender y explicar las maneras en que distintas prácticas violentas, que son vividas como profundas injusticias, continúan reproduciéndose, como para ensayar acciones de visibilización y problematización junto con quienes las denuncian. Una capacidad que, como demuestra el reencuentro familiar de Lourdes, Nélida y Juan al que referimos al inicio de este ensayo introductorio, permite no sólo conocer historias silenciadas, dolorosas y violentas sino también analizar cómo esa poderosa grilla de inteligibilidad generada a partir del cuestionamiento y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad ha posibilitado -al desdoblarse en instituciones, legislación, y procedimientos- tornar visibles esas otras injusticias que aún actualmente continúan siendo las más ocultas y silenciadas.