Introducción

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se han convertido en un marco normativo global multifacético establecido, con su propia arquitectura institucional dedicada a hacer visibles las desigualdades de género y promover políticas para abordarlas. Se ha prestado mucha atención a ciertos aspectos de dicho marco, como la integración de la perspectiva de género (^{True, 2003}; ^{Lombardo, 2005}; ^{Prügl y Lustgarten, 2006}; True, 2009; ^{van der Vleuten et. al., 2014}), la paridad de género en la toma de decisiones (^{Htun y Jones, 2002}; Krook y True, 2010; ^{Franceschet et al., 2012}) y la violencia contra las mujeres (^{Meyer, 1998}; ^{Montoya, 2009}; Weldon y Htun, 2012; Htun y Jensenius, 2020; ^{Sanín, 2020}). Este trabajo se centra en la salud sexual y los derechos reproductivos. Desde la década de 1990, el derecho de las mujeres a controlar su fertilidad, tan fundamental para su capacidad de disfrutar de otros derechos, ha sido reconocido oficialmente a escala mundial, sobre todo a través de la Convención Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994, celebrada en El Cairo y la IV Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, de la cual emergió la Plataforma de Acción de Beijing (PAB). En el nuevo milenio, también se ha avanzado hacia la idea más amplia de la salud sexual y derechos reproductivos, incluidos los derechos LGBTQI+.

Durante las primeras décadas de la posguerra, el tema formó parte de una agenda neomalthusiana¹ como requisito para el desarrollo. En la década de 1980, redes transnacionales feministas como Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) y la International Women´s Health Coalition (IWHC) comenzaron a reclamar el tema como central para los derechos de las mujeres, con éxito en la CIPD de 1994 y la Conferencia de Beijing (1995). En el nuevo milenio, se les ha unido una nueva generación de cuestiones que pone mayor énfasis en las sexualidades, las identidades de género, la violencia contra las trabajadoras sexuales y los derechos de las mujeres indígenas y de diferentes razas o etnias. Sin embargo, las feministas no fueron las únicas que se movilizaron en dichas conferencias. También lo hicieron quienes se oponían a las medidas ya que las percibían como una amenaza a los valores expresados por la familia tradicional. En la década de los noventa, el Vaticano, que se opuso históricamente al control de la natalidad, y sus aliados, incluidos los gobiernos conservadores de América Latina, desempeñaron un papel clave en la construcción de estas alianzas que cuestionaban los avances feministas en torno a los derechos reproductivos. Esta oposición se ha vuelto aún más vociferante con la expansión del concepto de salud sexual y derechos reproductivos al incluir el reconocimiento de las identidades de género y la orientación sexual.

En este sentido, la historia de los derechos sexuales y reproductivos como un componente del marco global de igualdad de género y el empoderamiento de la mujeres ilustra muy bien el argumento de Krook y True (2010) sobre la construcción y difusión de normas internacionales. Tales normas no surgen en toda su extensión, como si siguiesen una ordenada cascada de normas, sino que es mejor considerarlas como normas en desarrollo, ya que, evolucionan con el tiempo en respuesta a nuevos debates y de acuerdo con un entorno político global cambiante. Ciertamente, las agencias de las Naciones Unidas (ONU) y sus comités de seguimiento de los diversos tratados, desempeñan un papel fundamental en la institucionalización de las normas de igualdad de género, pero también proporcionan foros de debate entre las feministas, y entre ellas y sus oponentes. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión de Población y Desarrollo (CPD) de la ONU y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) son, por lo tanto, ámbitos importantes para la participación de los distintos sectores, especialmente durante las revisiones quinquenales del Programa de Acción de la CIPD y la Plataforma de Acción de Beijing (PAB).

De las políticas de control poblacional a los derechos reproductivos de las mujeres

Las defensoras de los derechos sexuales de las mujeres no fueron en modo alguno las únicas, ni siquiera las más poderosas organizaciones que participaron inicialmente en la promoción del control de la natalidad en el escenario mundial. El impulso principal vino originalmente en forma de una preocupación neomalthusiana para controlar el aumento de la población, especialmente en el hemisferio sur, como una forma de promover el desarrollo de los países más pobres. Como señalan Hendrixson et al., “Desde la época de Malthus en adelante, la invocada sobrepoblación se ha referido invariablemente a personas más pobres, grupos de personas de raza negra y desfavorecidas o de las colonias o países del Sur [...]” (2014: 265). A medida que avanzaba la descolonización en la década de 1950, la Conferencia Mundial de Población de 1954 en Roma abordó el tema, centrándose en la situación demográfica de los países considerados en vías de desarrollo². En la Segunda Conferencia Mundial de Población (1965), el gobierno de Estados Unidos adoptó las políticas de control de la población como parte de su guerra contra la pobreza interna y externa. El control de la población en el hemisferio sur fue visto como una forma de combatir simultáneamente la pobreza y la expansión del comunismo (^{Whitworth, 1997}: 87). A fines de esa década, “el UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas)³, el

Banco Mundial, USAID y una variedad de organizaciones no gubernamentales como la Federación Internacional de Planificación Familiar (FIPP), así como las organizaciones nacionales, estaban todas [...] involucradas en perfeccionar, establecer y administrar programas de planificación familiar” (^{Sending, 2004}: 63).

Desde un comienzo, los países del hemisferio norte que eran defensores de la planificación familiar se enfrentaron a la oposición constante del Vaticano y de algunos países latinoamericanos por motivos religiosos. Sin embargo, varios países del hemisferio sur comenzaron a desarrollar una contranarrativa al paradigma neomatlthusiano. En 1974 se logró que la Asamblea General de la ONU aprobara la Declaración para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. Como reflejo de este cambio en el equilibrio de fuerzas, en la conferencia de población de ese año, la posición neomalthusiana enfrentó un rechazo conjunto de los países del hemisferio sur, quienes argumentaron que el desarrollo es el mejor anticonceptivo.

En la década de 1980, la alineación global de fuerzas sobre el tema volvió a cambiar. Tras la elección de Reagan, Estados Unidos adoptó una posición clara contra el aborto. Por lo tanto, en la Conferencia de Población de 1984 en la Ciudad de México, el gobierno de los Estados Unidos introdujo una regla de mordaza global, negando fondos a cualquier ONG que defendiese la despenalización del aborto o que brindase asesoramiento, recomendaciones o servicios relacionados con el aborto. El mismo año, sin embargo, se llevó a cabo en Ámsterdam la primera conferencia internacional sobre derechos reproductivos, donde se forjó un consenso en torno al concepto de derechos reproductivos (^{Corrêa, 2015}: 48). Un año después, en la III Conferencia sobre la Mujer de la ONU celebrada en Nairobi, los dos sectores se enfrentaron abiertamente cuando los opositores al aborto se movilizaron bajo la bandera del derecho a la vida (Corrêa et al., 2016: 8) mientras DAWN, una organización de mujeres feministas del hemisferio sur, por entonces recién establecida, contrarrestó con el argumento: “El control sobre la reproducción es una necesidad básica y un derecho básico de todas las mujeres ... nuestros cuerpos se han convertido en un peón en la lucha entre Estados, religiones, jefes de hogar masculinos y corporaciones privadas” (^{Sen y Grown, 1988}: 49).

En líneas generales, emergió un fuerte impulso por el reconocimiento de los derechos reproductivos inspirado por las feministas de ambos hemisferios: norte y sur. En América Latina, feministas como la brasileña Sonia Corrêa se involucraron en la lucha por los derechos reproductivos como parte del proceso más amplio de democratización (Corrêa y Reichmann, 1994; Corrêa et al., 2016: 8). En Nueva York, Joan Dunlop y Adrienne Germain formaron la IWHC y comenzaron a enmarcar la lucha por el control de la natalidad como parte de un programa más amplio que incluía la salud materno-infantil, la maternidad segura y la reducción de la mortalidad infantil. La IWHC continuaría desempeñando un papel importante en hacer que la salud y los derechos reproductivos de las mujeres sean reconocidos en todo el mundo, reuniendo a “profesionales y activistas feministas [...] junto con los principales investigadores y formuladores de políticas de muchos países del Norte y del Sur para contribuir con docenas de publicaciones y debates de políticas sobre elementos centrales desatendidos de la salud sexual y reproductiva” (Corrêa et al., 2016: 7). La agenda feminista emergente enfatizó temas como el aborto seguro, el acceso a la anticoncepción, la calidad de los servicios de planificación familiar y las infecciones de transmisión sexual.

La movilización feminista transnacional antes de la CIPD de 1994 y la Conferencia de Beijing de 1995 ha sido estudiada exhaustivamente (^{Chen, 1995}; ^{Higer, 1999}; ^{Dodgson, 2000}; ^{Moghadam, 2000}; ^{Friedman, 2003}; ^{Joachim, 2003}). Los puntos clave para enfatizar aquí son los siguientes. Fundamentalmente, la estrategia del emergente movimiento por la salud reproductiva de las mujeres “tomó la forma de encargar estratégicamente y utilizar la investigación para establecer una definición de problema diferente del comportamiento de la fecundidad, una que enfatizara la importancia de prestar más atención al estatus socioeconómico, los derechos y necesidades de salud de las mujeres” (^{Sending, 2004}: 64). En otras palabras, produjeron conocimientos para una comunidad más amplia, los que reconocían la importancia de la salud reproductiva y los derechos de las mujeres. Esas investigaciones y el marco más amplio (salud sexual y derechos reproductivos) contribuyeron a encontrar aliados dentro de los organismos internacionales clave como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

El “nuevo” paradigma sobre el control de la población en disputa

Se considera ampliamente que la CIPD celebrada en El Cairo en 1994 ha producido un nuevo paradigma de población basado en los derechos sexuales y reproductivos, incorporando la perspectiva de género. Posteriormente, la PAB se basó en ese paradigma y fortaleció los logros de las feministas transnacionales en El Cairo. El artículo 223 del documento de la CIPD de Cairo “reafirma que los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, el espaciamiento y el momento del nacimiento de hijos e hijas y a tener la información y los medios para hacerlo, y el derecho a obtener el más alto nivel de salud sexual y reproductiva [...] libre de discriminación, coacción y violencia [...]”. También repudió el pensamiento detrás de la ley mordaza de Estados Unidos, que fue retirada durante la presidencia de Bill Clinton. El párrafo 106 (k) señala “[…] en todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para el manejo de complicaciones derivadas del aborto” y que, “los países deberían considerar revisar las leyes que penalizan el aborto”.

Si bien estos pueden verse como avances importantes para los derechos reproductivos de las mujeres, algunas feministas criticaron la PAB por sus supuestos heteronormativos⁴. Los derechos de las lesbianas ya habían sido incluidos en la agenda global por la primera relatoría especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, quien criticó la violencia contra las mujeres de género no cis (^{Saiz, 2004}: 58). En Beijing, sin embargo, los esfuerzos por ampliar la definición de derechos sexuales fueron derrotados. Como señala Saiz, “cuatro referencias a la persecución de mujeres por su orientación sexual en el borrador de la Plataforma de Acción fueron eliminadas después de que el Vaticano y algunos Estados islámicos, apoyados por organizaciones de la derecha cristiana, denunciaran el ‘secuestro de los derechos humanos’ por parte de las feministas y activistas por los derechos de las lesbianas como una gran amenaza para los valores religiosos y culturales fundamentales” (2004: 58). Las divisiones entre feministas liberales y radicales, a su vez, debilitaron la resistencia a tales fuerzas anti-derechos.

Las mismas fuerzas opositoras se movilizaron en las reuniones de la CIPD + 5 del CPD y en 2000 varios Estados se opusieron con éxito a la inserción de una referencia a la prohibición de la discriminación por motivos de orientación sexual en la PAB (^{Saiz, 2004}: 58). En este punto, bajo la presidencia de George W. Bush, Estados Unidos restauró la ley mordaza y pasó a desempeñar un papel fundamental para mantener la salud reproductiva fuera de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) originales (^{Corrêa, 2015}: 463). Sin embargo, el Grupo Principal de Mujeres, ONU Mujeres y sus Estados aliados lograron asegurar la inclusión de los derechos reproductivos en los ODS (^{Rose Taylor y Mahon, 2019})⁵, aunque estos últimos no hacen referencia al aborto y no dicen nada sobre los derechos de los niños, niñas, adolescentes y LGBTQI+.

Ampliación de la definición de los derechos sexuales y reproductivos

Aunque los derechos reproductivos y el aborto siguen siendo polémicos, los defensores de los derechos sexuales como parte de la política social global han logrado algunos avances. Los comités de seguimiento de los tratados de la ONU como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW y el Comité de los Derechos del Niño han defendido los derechos LGBTQI+ (^{Aylward y Halford, 2020}). En 2004, el Relator Especial de Salud de la ONU publicó el Informe El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, cuyo artículo 55 destacaba claramente la importancia de los derechos sexuales y reproductivos. En 2006, la OMS, la IPPF y la Asociación Mundial de Salud Sexual respaldaron una definición similar de derechos sexuales (^{Dandan y Yiping, 2018}: 5). Ese mismo año, una reunión de expertos en derechos humanos desarrolló los Principios de Yogyakarta, que confirman las normas jurídicas internacionales vinculantes que sustentan el derecho a la identidad de género y a la orientación sexual.

La oposición global a los derechos sexuales y reproductivos puede estar centrada en el Vaticano y sus aliados motivados por la religión, pero su capacidad para obtener resultados aumenta y disminuye a medida que la posición de Estados Unidos cambia en respuesta a su escenario electoral doméstico. Así, el Presidente Donald Trump restableció la ley mordaza, que el Presidente Barack Obama había eliminado, y designó a conservadores sociales y religiosos, en posiciones de influencia dentro del Departamento de Estado y la USAID para globalizar la lucha contra el aborto y los derechos LGBTQI+ (^{Gramer, 2019}). Siguiendo los giros y vueltas de la política estadounidense, el Presidente entrante Joe Biden se apresuró a revertir la situación. Sin embargo, las fuerzas antiaborto en los Estados Unidos siguen siendo relativamente fuertes dentro de la política doméstica, tal como se refleja en la legislación del estado de Texas de 2021 que prohíbe el aborto desde el momento en que se puede detectar la actividad cardíaca del embrión, generalmente en la sexta semana de gestación.

En oposición a la derecha, las redes feministas transnacionales como DAWN e IWHC han estado trabajando con las generaciones más jóvenes interesadas en hacer visible la difícil situación de los grupos marginados, incluidas las mujeres indígenas y afrodescendientes, las refugiadas y migrantes y las trabajadoras sexuales⁶. Por lo tanto, aunque los opositores a los derechos sexuales y reproductivos estuvieron presentes de manera muy visible en la Cumbre de la CIPD + 25 en Nairobi (2019), los grupos y organizaciones feministas pudieron asegurar que los doce compromisos asumidos en Nairobi (2019) incluyesen inversiones en servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes; que nadie fuese excluido por motivos de raza, religión, discapacidad, sexo, orientación sexual e identidad o expresión de género; y que “nada sobre la salud y el bienestar de los jóvenes puede discutirse y decidirse sin su inclusión y participación significativas”⁷.

Conclusiones

La salud sexual y reproductiva se ha convertido en un componente importante del marco normativo global más amplio de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Está respaldado por órganos de tratados de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos y Sociales, que pueden aprovechar un conjunto cada vez más profundo de conocimientos especializados. Las ONGs internacionales como la IWHC, han contribuido a ese conocimiento, mientras que aquellos que abogan por una noción más amplia e inclusiva de salud sexual y derechos reproductivos que trascienda la heteronormatividad de los discursos anteriores, también han hecho oír sus voces a nivel mundial. En el proceso se han enriquecido los conceptos de género y sexualidad. Al mismo tiempo, la salud sexual y reproductiva sigue siendo un componente muy controvertido del marco global de igualdad de género.

Este trabajo se ha centrado en las luchas tal como se han desarrollado, y continúan desarrollándose a escala global, pero se están librando luchas claramente críticas a escala nacional y subnacional y, dentro de esta última, en múltiples espacios⁸. Ciertamente sería engañoso sugerir que tales luchas están moldeadas por la (frágil) institucionalización de la salud sexual y reproductiva a escala global. Como otros autores han argumentado correctamente, la construcción y transformación de las normas de igualdad de género se mueve en múltiples direcciones: de lo local a lo global, de lo global a lo local y, en el proceso, se expanden o contraen y adquieren nuevos significados. Por lo tanto, si bien es útil rastrear los cambios en el (los) discurso (s) global (es) sobre derechos sexuales y reproductivos como se ha presentado en este trabajo, una reconstrucción más completa necesariamente iluminaría la interacción entre las luchas y contradicciones locales y globales en torno a los derechos sexuales y reproductivos.