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En Argentina, el amplio y heterogéneo movimiento feminista vinculado al colectivo #NiUnaMenos-VivasNosQueremos y a las luchas colectivas en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ha generado una rica potencia y revitalización de las demandas (trans)feministas. Las conquistas del matrimonio igualitario en 2010 y de la identidad trans(género) en 2012 son producto de la resistencia de grupos “histórica y estructuralmente oprimidos que hicieron en las décadas del ‘80 y ‘90 de un dilema trágico -hacer algo o sucumbir ante la muerte, la enfermedad o el ostracismo- una oportunidad para redimir las cosas” (Pecheny, 2016: 277). Estos cuerpos aliados, también entramados con relación a las problemáticas ambientales y espaciales-territoriales, en los entornos tanto urbanos como rurales, sacuden subterráneamente los modos tradicionales de construcción democrática. Las jóvenes generaciones de mujeres, diversas en términos de pertenencia de clase social, corporalidad, condición étnico-racial, etarias, orientación sexual y capacidades, proponen a nuestra sociedad nuevos temas y agendas que ponen como centro neurálgico el reconocimiento a los cuerpos e identidades diversas y el derecho a la disidencia, así como una cultura de políticas en torno a los cuidados y un uso del tiempo democráticamente distribuido, que incluso alcanza el cuidado de la casa común, como componentes ineludibles de los sistemas democráticos.
En consonancia con las transformaciones subterráneas en los espacios de la intimidad -ensambladas y potenciadas con las múltiples teorizaciones-expresiones callejeras en los espacios públicos-, un giro epistémico irrumpe en el campo de las ciencias sociales. Nuevos horizontes en la construcción del saber desde la teoría social crítica y reflexiva operan una ruptura epistemológica con las formas tradicionales del conocimiento anclado en la pretensión de objetividad y universalidad de la ciencia. Estas orientaciones apuntalan modos otros para el diseño de políticas públicas desde la mirada de los sujetos colectivos en sus movimientos de lucha, resistencias y reexistencias, en sus búsquedas de sentidos y nuevos significados y en las manifestaciones de valorización de la singularidad de ciertos agrupamientos subjetivos e identidades colectivas con un tinte diferente a lo tradicionalmente conocido (Sosa, 2019 y 2020; Colombo y Sosa, 2022).
Asumimos la hipótesis de que los movimientos sociales, con sus vindicaciones históricas y actuales, marcan agenda pública para que las políticas de Estado dejen de ceñirse a meras políticas unidireccionales desde gestiones gubernamentales. Los feminismos, junto a las reivindicaciones ambientalistas y el derecho a la ciudad y a los territorios de vida que defienden pueblos originarios, interrogan maneras inéditas de construcción de políticas públicas y sociales. Sacuden incesantemente modos de representación de la política y de lo político y así amplían los alcances de la justicia. De este modo, constituyen un potencial heurístico para el diseño de políticas públicas que sean más respetuosas y más concordantes con los desafíos del presente.
La denominada “teoría de las intersecciones”, derivada del reconocimiento explícito de las experiencias diversas de mujeres -no comprendidas por el estereotipo privilegiado de mujeres blancas, de clase y estatus acomodado, heterosexuales- abrió un debate necesario para discutir la ficción de la universalidad de la matriz feminista. Quienes nos autopercibimos como mujeres tenemos una determinada adscripción de clase social, inscripción racial, orientación sexual, diferentes capacidades y cierta pertenencia geográfico-espacial, lo que hace que tengamos experiencias diferentes entre nosotras, pero con un mismo valor epistémico.
Tal como señala María Lugones,
metodológicamente, el pensamiento de mujeres de color no empieza por estructuras macro de poder sino por la incidencia del poder entre y en la gente. Ofrece una crítica de las instituciones, mecanismos y agentes de opresión (Estado, plantación, hacienda, familia, escuela, academia, Iglesia, heterosexualidad, frontera, etc.) sin la rigidez teórica de la abstracción sino como algo que se puede sentir en carne propia y entre la gente (2021: 14-15).
De allí, el reto de una política de coaliciones como un camino ineludible de libertad, lo que nos posibilita ser del modo en que sentimos-ser como condición necesaria para ser creativxs en la construcción de imaginarios políticos de democracia para nuestros territorios del fin del mundo.
Entonces, frente a la “verdad” de cada cuerpo singular afectado y ante un trazado concreto de agencia colectiva, nos preguntamos, ¿cómo teñir las políticas públicas que modulan la justicia en sus diferentes aristas, con estas coordenadas para que sean respetuosas de la diversidad? ¿Cómo abordar los procesos singulares y colectivos para poder tejer una justicia multidimensional que sea expresión de sistemas genuinamente democráticos para nuestros territorios del Sur? ¿Cómo nos organizaremos socialmente para la agenda de los cuidados, teniendo en cuenta que el uso del tiempo también es un factor clave de desigualdad e injusticias si lo pensamos en términos de imbricación de variables en las relaciones sociales de poder en nuestras sociedades? ¿Cómo pensar la política de las infancias con los retos históricos y actuales frente a las múltiples formas de vulneración de sus derechos? ¿Por qué las infancias trans aún son profundamente vulneradas por una política social que les niega subrepticiamente el derecho a ser quienes desean ser? ¿Qué trazados nos proponemos para políticas públicas que interrumpan el binarismo, la heteronormatividad y la heterodesignación como perfil dominante en sus diseños y modos de implementación? Tenemos mucha necesidad de interpelar la blanquitud heteropatriarcal y heteronormativa de nuestros sistemas democráticos. Del mismo modo, nos es preciso seguir con la deconstrucción de la letra subyacente e implícita de la blanquitud y los binarismos dicotómicos sexualizados y jerarquizantes con que se traman unilateralmente las políticas sociales y las políticas públicas en nuestros territorios.
Nuestros cuerpos son semióticas de poder en la sociedad. Nos vemos ante la necesidad imperiosa de cuidar que esos cuerpos despreciados, devaluados y subalternizados tengan presencia en los canales en los que se decide la direccionalidad de las agendas comunes. Esto significa tomarnos en serio el hecho de que cada quien tiene su lugar de enunciación y, por eso, todxs somos sujetos epistémicos en paridad de condiciones. Asumir en serio estas cuestiones desde el pequeño lugar en que nos desenvolvemos es un modo de cuidar nuestros bienes comunes, que son indispensables para la sostenibilidad de nuestras vidas en sociedad.
El reconocimiento de la identidad de género: un avance de la democracia y una agenda de temas pendiente
En lo referente a políticas LGBTIQ+, el logro de leyes fundamentales como la Ley de matrimonio igualitario, en 2010, y la Ley de identidad de género, en 2012, que posibilita asumir la identidad civil acorde con la identidad sexual/de género subjetiva autopercibida, han sido conquistas significativas y trascendentales, producto de un largo y sinuoso camino de las transformaciones culturales que se sostienen en movimiento constante. Estas leyes han tenido enormes resonancias para un cambio en las cosmovisiones y representaciones sociales en Argentina.
La normativa referenciada se corresponde con un contexto histórico que habilita el reconocimiento de la diversidad. A su vez, posibilita interpelar el tratamiento de la diferencia y las distintas barreras que operan para negar, reprimir, modular o discriminar a las personas que no se identifican en la alianza sexo-genérica heteronormativa asignada al momento del nacimiento.
El aniversario de cuarenta años de democracia en Argentina nos motiva a reflexionar sobre los reconocimientos y las redistribuciones pendientes. El reconocimiento a la identidad de género fue posible en el marco de una problematización más amplia respecto de la identidad en general. En ese sentido, “solo en un contexto histórico, social, político y colectivo que se ha cuestionado y que ha reconocido el derecho a la identidad es que puede ser posible el reconocimiento por la identidad de género” (Sánchez, 2016: 196). La Ley de identidad de género debe ser enmarcada en el “proceso de evolución de las sexualidades a la luz de los cambios sociales y culturales ocurridos en Argentina en el siglo XX y las transformaciones ocurridas en la primera década del siglo XXI” (Barrancos, 2014: 17). Barrancos señala que las concepciones dominantes estuvieron alejadas de entender la soberanía de los sujetos porque la producción y reproducción de la vida se anclaron en representaciones hegemónicas, no exclusivas pero con una amplia capilaridad en la sociedad.
Las identidades no son neutrales, sino que se encuentran atravesadas por mediaciones críticas y reflexivas que mueven apropiaciones y rechazos (Amorós y De Miguel, 2005). En Argentina, desde la recuperación democrática hasta la sanción de la Ley de identidad de género, la comprensión jurídica de lo que hoy se denominan cuestiones de identidad de género estuvo determinada por la regulación a través de “la recepción, apropiación y reelaboración de saberes psicomédicos en el marco del Derecho”, en especial por la psiquiatría, el psicoanálisis, la endocrinología, la cirugía, la biología molecular y la genética (Cabral, 2012: 257). Las cuestiones de identidad de género fueron emplazadas en el terreno de lo patológico, de los denominados trastornos mentales. Una de las consecuencias inmediatas de esta articulación psicomédico-jurídica fue la constitución performativa de las personas trans y de las personas intersex como sujetos trastornados, situación que restringió el acceso al reconocimiento legal de la identidad de género, así como el acceso a modificaciones corporales. En los años previos a la sanción de la Ley de identidad de género, el acceso al reconocimiento legal de la identidad y el acceso a modificaciones corporales estaban sometidas a “la vigilancia judicial, el cumplimiento estricto de requisitos y prácticas institucionalizadas como comprobación pericial exhaustiva de la identidad de género, a través de entrevistas, pruebas y observaciones psicológicas y psiquiátricas” (Cabral, 2012: 259).
La Ley de identidad de género representa un quiebre con el paradigma anterior, al condensar el derecho a la identidad de género a través de dos dimensiones interconectadas: la legal y la sanitaria. La dimensión sanitaria no se encuentra subordinada a la legal, porque no es necesario realizar el cambio registral para acceder a los tratamientos médicos de construcción corporal, cuestión que “no representa un hecho menor”, dado que las personas travestis, transexuales y transgénero tienen el derecho a modificar sus cuerpos y construir una imagen corporal conforme a su identidad (Farji Neer, 2020: 20).
El impacto social de estas leyes, pero también de la militancia y puesta en escena de las organizaciones sociales y sus familias, visibilizan las identidades trans en las infancias y adolescencias. Al mismo tiempo, se ponen de manifiesto dificultades en las niñeces y las adolescencias para acceder a derechos vinculados con políticas públicas que acompañen dichos tránsitos en todo el territorio. En ocasiones, algunos discursos normalizadores de los ámbitos de la salud, la educación y el campo psi impactan negativamente en los derechos de niñeces y adolescencias trans. Como señala Cánepa,
si se considera que la identidad de género y su expresión son un derecho humano inalienable, será necesario profundizar en la comprensión de que la función de amparo y sostén institucional es una obligación bajo el paradigma de los derechos humanos (2018: 269).
Sin duda, los cambios sociales y culturales colocan a nuestro país en un sendero de avances en materia legislativa que cumplen en redistribuir derechos civiles, donde la Ley de identidad de género se aparta de cualquier “fijación sexual esencial y confiere a todas las individualidades desmarcadas de las formas polares de géneros, iguales derechos de ciudadanía, la prerrogativa de exhibir -sin ambages- un cuerpo y un nombre propios” (Barrancos, 2014: 41). Sin embargo, hay deudas pendientes en materia de reconocimiento, redistribución y participación en todas las esferas del bienestar, si tenemos en cuenta los obstáculos reaccionarios y persistentes que inciden en las vidas de las personas trans.
¿Los cuidados irrumpen y amplían la agenda de la democracia?
La cuestión del cuidado como un eje central de las desigualdades ha sido invisibilizada durante largo tiempo. Su incorporación reciente en la agenda pública y de gobierno es resultado de esas transformaciones subterráneas, de la mano de los movimientos feministas, tanto en sus aportes teórico-epistemológicos como en términos del activismo militante, al punto de irrumpir en los modos tradicionales de construcción democrática. Estas luchas contribuyeron a visibilizar que las desigualdades están estrechamente vinculadas con la provisión desigual de cuidado familiar y social, que ha recaído históricamente en las familias y, dentro de ellas, en las mujeres. Así, se reconocen dos procesos que configuran desigualdades: la actual organización social del cuidado presenta un gran desequilibrio entre los cuatro ámbitos de acceso al bienestar (familias, Estado, mercado y comunidad) y, al mismo tiempo, se asienta en la histórica división sexual del trabajo, que destina a los varones al ámbito público y al trabajo productivo remunerado, mientras que relega a las mujeres al ámbito privado, como encargadas exclusivas del trabajo reproductivo no remunerado (o mal remunerado y desvalorado). La denominada “teoría de las intersecciones” permite visualizar que la cuestión del cuidado no solo pone el eje en las desigualdades de género, sino también en el vínculo entre género y clase, en tanto se conforma un verdadero círculo vicioso: quienes tienen más recursos disponen de un mayor acceso a cuidados de calidad, a pesar de tener menos miembros del hogar que cuidar, relación que es totalmente inversa en los hogares con menores recursos y con más dependientes (Batthyány, 2020).
Partimos del reconocimiento de que la relación entre políticas sociales y desigualdades no es automática ni lineal, ni solo en términos de causa-efecto, en tanto las políticas resultan una instancia que es a la vez condicionada estructuralmente y estructuradora (Esping Andersen, 1993; Adelantado y Noguera, 1999). Al incidir en la provisión y regulación de las actividades y responsabilidades del cuidado, las políticas sociales tienen la capacidad de transformar situaciones de desigualdad, pero también de perpetuarlas o agudizarlas (Faur y Jelin, 2013).
Desde esta perspectiva, se considera que el cuidado es un problema público que requiere de un tratamiento transversal. Al reconocer que las propias políticas públicas e incluso las estructuras estatales presentan sesgos genéricos, las políticas de transversalización de género se orientan a “la promoción de la igualdad de género mediante su integración sistemática en todos los sistemas y las estructuras, en todas las políticas, los procesos y los procedimientos, en la organización y su cultura, en las formas de ver y hacer” (Rees, 2005: 560, traducción propia, cursivas en el original). Un avance en nuestro país ha sido la Ley Micaela (Ley 27499/2018), que establece la capacitación obligatoria en clave de formación integral en la perspectiva de géneros. Se ha implementado paulatinamente como un conglomerado de herramientas analíticas y sensibles a los fines de deconstruir sentidos comunes naturalizados que abonan las violencias de género. A su vez, apuesta por una formación que nutra las políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, y permee así todas las dimensiones del Estado.
De este modo, la transversalidad puede pensarse como una herramienta de transformación que permite abordar una amplia gama de desigualdades en sus múltiples intersecciones. Son este tipo de políticas sociales las que permiten abordar de manera conjunta problemáticas ambientales y espacio-territoriales. No es suficiente “ubicarlas” de forma exclusiva en las estructuras sectoriales del Estado. Para un reconocimiento genuino de las diversidades y el derecho a la disidencia en sus entornos, necesitamos políticas integrales, transversales e interseccionales. Para no seguir reforzando barreras que operan procesos de segregación, hemos de asumir la necesidad de transversalizar e interseccionar variables que son indicativas de las relaciones sociales de poder, a fin de transformar la episteme hegemónica que aún subyace en la formulación de políticas públicas, a los efectos de una justicia desde sus múltiples dimensiones.
Así, nos referimos también a la transversalidad del cuidado, entendido como derecho y como una ética que debe permear las políticas públicas en sus diversas fases, las instituciones y las formas de ver, hacer e involucrar a las diversas esferas del bienestar, con un rol clave del Estado, en el marco de un proceso participativo que fortalezca la corresponsalibildad familiar y la colectivización frente al individualismo imperante.
La perspectiva teórico-epistemológica que proponemos para interpelar las políticas sociales, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, requiere reconocer que los propios estudios sobre cuidados pueden estar sesgados por un marco de heteronormatividad, etnocentrismo y de modelo de familia nuclear, con acceso al trabajo remunerado y, en particular, al trabajo asalariado formal, lo cual dificulta la comprensión de la experiencia y vivencias de amplios sectores para quienes el cuidado comunitario, habitualmente invisibilizado y realizado en gran parte por mujeres, toma gran protagonismo (Sanchís, 2020). En nuestro país, los espacios de cuidado comunitario tienen una larga trayectoria y su surgimiento ha estado ligado al protagonismo de mujeres de barriadas populares, a cargo del sostenimiento de ollas populares y otras iniciativas en el marco de crisis recurrentes que caracterizaron el transitar del proceso de recuperación democrático (Zibecchi, 2020). Durante el contexto de pandemia de COVID-19, los cuidados se colocaron en el centro de la agenda pública y se visibilizó indefectiblemente la importancia de la organización social del cuidado de cara a la asimetría de géneros en la esfera productiva y reproductiva, como así también de los cuidados comunitarios para la sostenibilidad de la vida. El giro epistémico en el campo de las ciencias sociales nos permite reconocer que el reto de la democratización de los cuidados implica tanto transformar la división sexual del trabajo y la organización social del cuidado como reconocer y validar múltiples formas de cuidar, que tienen lugar en el marco de significados y prácticas sociales diversas (Martínez Franzoni, 2021).
En nuestro país, cuando los sectores populares suelen tomar la escena pública, ya sea en el marco de la protesta social o en el de la subsistencia y el trabajo informal de calle, subyace, en los medios de comunicación y la opinión pública, la mirada reprobatoria y sancionadora de que las infancias transitan dichos espacios acompañando al resto de la familia. Ello, además de las implicancias segregatorias y clasistas que conlleva, pone de manifiesto que, para quienes no pueden resolverlo en el ámbito del mercado (guarderías, formas de cuidado rentadas, entre otras formas posibles), existen escasas respuestas de la política pública para tal fin. La forma colectiva es, hoy, uno de los modos de organización que se propone en los ámbitos de algunas organizaciones sociales a los fines de que los derechos de las infancias tengan lugar, pero para que también haya sitio para la independencia de los cuerpos, la participación de las mujeres en los espacios públicos y la justicia en el uso del tiempo.
Desde lo académico, intentamos aportar al desafío de poner de manifiesto formas de cuidado que se construyan más allá de las fronteras de la familia nuclear; de diseñar políticas públicas que acompañen dicho proceso; y de promover las transformaciones necesarias del ámbito doméstico que puedan continuar un camino de reconocimiento de las desigualdades y democratización de las tareas de la reproducción de la vida.
En este ejercicio de balance sobre nuestros cuarenta años de democracia, los temas planteados dan cuenta de problemas que afectan cuerpos, deseos, vidas y necesitan respuestas que se construyan desde la experiencia de las personas y con certidumbres sobre el sostenimiento de protecciones reales. La evidencia construida en estos cuarenta años, luego de la brutal experiencia de la dictadura militar, sin duda representa pasos significativos que nos alientan a seguir apostando y militando por los problemas que nos falta resolver. Tanto el reconocimiento de la identidad de género como el cuidado han devenido en derechos emergentes pero aún pendientes, en tanto las desigualdades múltiples e interseccionadas aún se posicionan como el principal desafío de nuestras democracias. El encuentro en la calle, en las aulas, en los espacios comunitarios, que aloja militancias y generaciones, aviva el fuego de la memoria colectiva y activa nuevas cuestiones y formas de transitar las luchas que traccionan los modos de habitar la democracia en Argentina.
