Breve introducción

Las ciencias sociales en Argentina durante las últimas décadas generaron una notable renovación en lo que refiere a los estudios sobre el Estado, ya sea para abordar las políticas públicas desplegadas en sectores específicos, la creación de agencias oficiales, la conformación de burocracias o incluso la consolidación (y circulación) de saberes estatales. A su vez, entre los aspectos relevantes, cabe destacar la pulsión por revisar dichas temáticas a partir de diversas escalas, con lo cual, para decirlo en los términos de un referente en el tema, se pasa de perspectivas que enfocan lo singular a otras que abordan al Estado en plural (^{Soprano, 2007})¹. Ahora bien, no es tan abundante la producción que articula los aportes de estos estudios sociales del Estado con la historia del agro argentino, a pesar de que, por el papel que tuvo y tiene en la economía nacional, el sector agropecuario formó parte importante de la agenda oficial en diferentes períodos del pasado. Aquí pretendemos realizar un aporte en ese sentido, y analizar no solo las iniciativas de la gestión de Aquiles José Regazzoli (1973-1976) en la provincia de La Pampa para lograr un cambio de “estructuras” que favoreciera el aumento de la producción en el agro, sino al mismo tiempo ofrecer algunas explicaciones sobre los sectores que brindaron su apoyo y los que cuestionaron o se opusieron a las iniciativas estatales. Para decirlo en términos específicos, es claro que en La Pampa la situación del agro para 1973 era una “cuestión”, es decir que formaba parte de las demandas sociales y, por esa razón, el Estado (desde hacía ya varias décadas) la había incorporado en la agenda de temas “socialmente problematizados” (^{Oszlak y O’Donnell, 1995, p. 110}). En este artículo exploraremos porqué esa “cuestión” fue central para la gestión de Regazzoli, lo que implicó desde luego una toma de posición por parte de la instancia estatal, y también el papel que asumieron actores sociales concretos respecto de las políticas proyectadas. Este análisis permite una aproximación a las bases que sustentaron las iniciativas y a los motivos que, en cambio, desembocaron en la emergencia de conflictos.

Como señaló la historiadora Noemí ^{Girbal-Blacha (2016a)}, en un país como la Argentina, incorporado al mercado internacional como productor de materias primas, resulta esencial el abordaje crítico del pasado agrario para comprender las complejas (y dinámicas) relaciones de poderes entre los actores rurales y el Estado. Desde luego, no es una novedad que la emergencia del peronismo en la escena política nacional incidió enormemente en lo que refiere al vínculo de los sectores agrarios con las diversas gestiones de Juan D. Perón. Es por ello que, el tema concitó la atención historiográfica desde hace tiempo, pero aún lo sigue haciendo y con mucha intensidad². Existen estudios que enfocaron dicha relación para explorar las iniciativas peronistas en materia de política agraria en distintos períodos (^{Lattuada, 1986}; ^{Girbal-Blacha, 2016b} y ²⁰²²), en tanto que otros centraron la atención en la etapa 1973-1976 para dar cuenta de la relación entre aquellos sectores más concentrados del agro y el gobierno peronista en la década de 1970, luego del retorno de Perón al país, más específicamente de las propuestas oficiales en lo que refiere a la propiedad y tenencia de la tierra (^{Makler, 2006}; ^{Lázzaro, 2013a} y ^2013b). Esa etapa, signada por el incremento de los conflictos internos del peronismo, tuvo como agencia estatal de peso a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que estaba liderada por Horacio Giberti, donde se elaboró el anteproyecto de Ley Agraria que se daría a conocer en 1974. Si bien esta última no fue sancionada, despertó un significativo debate y ciertos sectores rurales la identificaban como una verdadera reforma agraria. Esta última cuestión sobrevolaba en las críticas a la propuesta oficial, razón por la cual también se vincula con las ideas en este sentido que esgrimieron diversas fuerzas políticas en los decenios anteriores (^{Lázzaro, 2008}), e inclusive se analizaron los intentos de reforma agraria entre 1955 y 1975 (es decir, tanto en gobiernos constitucionales como en dictaduras) y se demostró que en todos los casos estuvieron alejados de las pretensiones redistribucionistas (^{Lázzaro, 2017}).

En función de lo planteado, se puede advertir que el período concitó interés en la historiografía. Aquí no nos enfocaremos en las discusiones sobre la reforma agraria, sino que centraremos la atención en el papel que tenía el agro para el gobierno de Regazzoli, mandatario peronista que encabezó el proyecto político del Frente Justicialista de Liberación (FreJuLi) en una provincia que, aún en los albores de la década de 1970, dependía fuertemente del sector primario en términos económicos (^{Lluch y Comerci, 2011}). El período en estudio ha sido denominado segundo peronismo (^{Sidicaro, 2005})³, experiencia que fue obturada con el golpe de Estado cívico-militar de 1976 y cuyo programa económico ha sido objeto de otros estudios⁴. El caso que proponemos analizar aquí adquiere relevancia no solo por el importante peso del agro en la economía provincial; al mismo tiempo, es interesante debido a otros aspectos. Por un lado, La Pampa ocupaba una posición marginal en términos productivos en el contexto de la región pampeana y, por otro lado, a que las propuestas del gobierno provincial concitaron adhesiones de otros sectores políticos como así también enconadas críticas de ciertos sectores rurales. Estos últimos, inclusive organizaron paros agropecuarios y articularon sus reclamos a nivel regional y nacional, con cuestionamientos que no siempre se enfocaban en el plano provincial y, muchas veces, tenían por objetivo atacar las propuestas del gobierno nacional.

El artículo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se reconstruyen las iniciativas para el agro que impulsó la gestión de Regazzoli en La Pampa en términos discursivos. Estas no se comprenden sin tener en cuenta las enormes diferencias intra-regionales y las dificultades estatales en un espacio que había sido provincializado hacía poco más de dos décadas⁵. En segundo lugar, serán revisados los planteos de la izquierda heterogénea que se nucleaba en torno a la revista Con todos por la liberación (en adelante Con todos), publicada entre diciembre de 1973 y febrero de 1975, respecto de las propuestas formuladas por Regazzoli para el agro, en especial para explicar cómo las claras ilusiones iniciales se fueron desvaneciendo con el tiempo. En tercer lugar, se abordarán los posicionamientos de las entidades agropecuarias respecto de las políticas que el Estado pretendía desplegar en el sector rural, con particular atención en los argumentos que justificaban la movilización de estos actores corporativos y la paralización de actividades. Por último, se presentarán las conclusiones del análisis.

¿Qué pretendía el “gobierno popular” pampeano?

Como señaló Silvia Lázzaro, una autora clave en esta temática, al inaugurar como presidente nacional las sesiones legislativas de 1973, Héctor Cámpora (cuya breve gestión se extendió de mayo a julio de ese año) destacó que entre los lineamientos de la política agraria incluiría temas como la mejora de los sistemas productivos y tecnológicos, el aumento de los niveles de producción y las políticas de precios, de comercialización y de crédito. El programa, según decía, tenía como base el principio de que “la tierra debe ser para quien la trabaja y un bien de producción y no sólo de renta y especulación”, por ello era preciso eliminar los latifundios improductivos y los minifundios antieconómicos. Eso favorecería el acceso a la propiedad de la tierra por parte de “auténticos productores”, la reorientación de la política de colonización en tierras fiscales y la promoción del desarrollo de “unidades familiares de producción y unidades comunitarias de trabajo rural” (^{Lázzaro, 2013a, pp. 150-151}). En tal sentido, la aplicación de un impuesto a la renta normal potencial de la tierra era concebida como un “instrumento importante” a los efectos de viabilizar esos objetivos, ya que permitiría castigar al productor ineficiente y alentar la productividad (^{Lattuada, 1986, p. 215}).

Para abordar estos temas, en un marco signado por el intento de concertar con las fuerzas políticas, los sectores trabajadores, las organizaciones sociales y los empresarios, en septiembre de 1973 se firmó el llamado Acta de Compromiso del Estado y los Productores para una Política Concertada de expansión Agropecuaria y Forestal (conocido como Acta de Compromiso del Campo), a partir del cual se fijaron las bases de un programa de “auténtica revolución en paz para el campo”. Allí, el Estado nacional garantizaba a los productores asistencia tecnológica y financiera, vivienda y acceso a la propiedad de la tierra, bajo la condición de que favorecieran el incremento de la producción. En relación con el régimen de la tierra, los representantes del campo se comprometían a realizar un “pleno y racional” aprovechamiento del recurso y a producir con eficiencia (^{Lázzaro, 2013a, p. 153}). El Acta se rubricó en el mismo mes en que se impuso en las elecciones la fórmula Perón-María Estela Martínez, cuyo gabinete de gobierno se compuso, prácticamente sin modificaciones, con los funcionarios designados por Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados que había estado a cargo del gobierno luego de la renuncia de Cámpora. A nivel intra-partidario, las disputas entre la izquierda y la derecha peronista se agudizarían cada vez más. El Acta fue firmado, en ese contexto, por integrantes del equipo económico peronista y diferentes entidades vinculadas con el agro, entre las que se contaban la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), las Ligas Agrarias y algunas otras instituciones asociadas a la Confederación General Económica (CGE). La única entidad del sector agropecuario que se opuso a la firma del Acta fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) (^{Lattuada, 1986, p. 222}).

Esas cuestiones se terminaron de definir con el Plan Sectorial Agropecuario 1974-1977, elaborado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG) de la Nación, que en ese momento estaba a cargo del ingeniero agrónomo Horacio Giberti. Ese Plan dio lugar a la formulación de cinco objetivos para alcanzar la “concertación”⁶. Entre estos, los que generaron mayor conflicto fueron aquellos vinculados con la tenencia de la tierra y el régimen impositivo. En cuanto a esto último, en septiembre de 1973 el Congreso Nacional sancionó el llamado “impuesto a la renta normal potencial de las explotaciones agropecuarias”, en tanto que a mediados de 1974 se dio a conocer el anteproyecto de Ley Agraria elaborado por la SAyG de la Nación. Esto último fue el detonante de una serie de conflictos entre el gobierno nacional (con sus diferentes líneas internas) y los sectores rurales, especialmente críticos con el equipo de dicha dependencia gubernamental (^{Lázzaro, 2013a} y ^2013b)⁷. De esta manera, la política agraria del gobierno concluía con su etapa de “acción” (1973-1974) e ingresaba en la de “inactividad total” (fines de 1974 a marzo de 1976), etapa esta que coincidió con el fallecimiento de Perón y el ascenso de la derecha peronista en la toma de decisiones (^{Lattuada, 1986, pp. 245-246}).

En esa coyuntura, de intensa conflictividad social y creciente radicalización del peronismo, en 1973 en La Pampa triunfó el FreJuLi⁸, en segunda vuelta (con el 57,5 % de los votos), y accedieron al gobierno provincial Regazzoli y Rubén Marín como gobernador y vice, respectivamente (^{Zink, Moroni, Asquini y Folco, 2011}). En la segunda mitad de 1973, con motivo de la “semana de La Pampa”, se llevaron a cabo una serie de actividades que, posteriormente, se reunieron y difundieron mediante una publicación oficial. Ese texto se iniciaba con este planteo:

El Gobierno Popular que asumiera la responsabilidad de conducir la Provincia de La Pampa por los derroteros del progreso ambicionados durante tantos años, se encontró frente a un gran desafío para el logro de esos objetivos. (…) La realidad geo-demo-económica de la provincia, mostraba que el potencial pampeano se basaba en la producción de solo un tercio de su territorio -aquel más cercano a la provincia de Buenos Aires- ante la parálisis casi total de los dos tercios restantes, constituidos por el desértico oeste pampeano. (…) Ante ello, fijó como unos [sic] de sus principales objetivos, la preparación de un Plan de Desarrollo del Oeste, que permitiera la reivindicación de toda la estructura social, demográfica y económica de esa zona (^{Semana de La Pampa, 1973, p. 8}).

Como se observa, referían al oeste cuando se tocaba el tema del desarrollo socio-económico. De acuerdo al planteo oficial, la reactivación económica de ese espacio provincial, la interconexión eléctrica de Puelches y el retorno del río Chadileuvú (cuyo escurrimiento había desaparecido a partir de 1947, a raíz de la interrupción del cauce natural del río Atuel por parte de Mendoza), eran “tres acontecimientos trascendentales para el futuro pampeano (^{Semana de La Pampa, 1973, p. 8}). Según afirmaba el gobernador, había que alcanzar la integración provincial y atacar las causas que provocaban la pobreza, por eso el Plan de Desarrollo del oeste debía contemplar los aspectos habitacionales, sanitarios, educativos y agrarios. Esto último era clave, y proponía modificar el sistema productivo en esa zona, por ejemplo con proyectos específicos para el sector agropecuario que contemplaran la introducción de nuevas prácticas en el manejo de los recursos naturales, la implantación de forrajes, la mejora de las razas ganaderas, el asesoramiento técnico, la ayuda crediticia y el estímulo impositivo (como la exención total del impuesto inmobiliario). Esas acciones servirían para “rehacer un vasto sector del mapa de la república” que en los aspectos humano, económico y cultural se había convertido en un “pavoroso desierto”, de acuerdo a Regazzoli. Así, a las reivindicaciones por los ríos se le sumaba la necesidad de ampliar la frontera productiva, iniciativa esta que ya se había incluido en la agenda de las autoridades locales durante las décadas previas (^{Lluch, 2017}; ^{Martocci, 2020}), pero que el “gobierno popular” luego hizo propia (^{Semana de La Pampa, 1973, p. 12-28}).

Ahora bien, en su discurso ante la legislatura provincial, pronunciado en 1974, el gobernador planteó con sistematicidad lo que proponía su gobierno. Entre las primeras cosas que dijo, se destaca que en junio de 1973 la mayoría de las personas se habían manifestado en las urnas y “se decidieron por el cambio y votaron por una revolución”. Y especificaba:

Una revolución no se hace ni con las superestructuras ideológicas de una minoría elitista, ni con los intereses personales de los burócratas de turno. (…) Una revolución se hace día a día, laboriosamente, en los objetivos que toda una comunidad está decidida a alcanzar, en lo cotidiano o concreto. Es decir en la historia que le tocó vivir a una generación. (…) Y el deber de la nuestra, es el cambiar las estructuras económicas y sociales que nos mantienen estancados, en la pobreza y la desigualdad que el subdesarrollo provoca. (…) Ni más acá ni más allá está la doctrina justicialista en la revolución que nos hemos propuesto llevar adelante. Es decir, modificar las estructuras productivas para asegurar el bienestar económico y social de la población (^{Regazzoli, 1974, p. 10}).

A la modificación de las “estructuras” la inscribía en el ideario del peronismo, por eso indicaba que la revolución debía concretarse sobre la plena vigencia de la justicia social. Ahora bien, al abordar concretamente los temas agrarios, se refirió al Plan de Desarrollo del oeste, iniciativa tendiente a mejorar la situación de ese espacio “vacío e improductivo”, según Regazzoli. El Plan se combinaba con otro, llamado Plan de Aprovechamiento Múltiple del río Colorado, y con la prospección minera, iniciativas que, según decía él, eran compatibles con los objetivos del Plan Trienal Nacional en cuanto al “desarrollo armónico e integral del país”. Puesto que la producción del agro era la base en la que se asentaba la economía pampeana, se proyectaba incrementarla con la tecnificación, la asistencia estatal y la incorporación de “superficies incultas o insuficientemente explotadas”⁹. En definitiva, el gobierno provincial pretendía expandir la frontera agropecuaria y diversificar la producción, lo que se complementaría con planes industriales que incorporaran valor a los productos locales (^{Regazzoli, 1974, pp. 43-45}).

En La Pampa, de acuerdo al criterio de la gestión, era esencial consolidar la producción agropecuaria. Entre las acciones que proponían para lograrlo, se pueden mencionar, por ejemplo, la ampliación del servicio de sanidad vegetal, la promoción de la actividad granjera, las gestiones ante la Junta Nacional de Granos a fin de garantizar instalaciones adecuadas para el almacenamiento de granos, la creación de una Dirección de Recursos Naturales Renovables, la fundación de más veterinarias departamentales, la organización de un centro de inseminación artificial para promover esa técnica a partir de convenios con productores, el fomento de la mejora genética de los rodeos en el oeste de la provincia y el impulso a la forestación en las rutas y predios rurales del Este pampeano. Asimismo, entre las tareas que ya estaban en marcha, Regazzoli destacaba el otorgamiento de escrituras de tierras fiscales (urbanas y rurales), la concesión de permisos para la ocupación de tierras fiscales en zonas rurales a pobladores de Departamentos del oeste, la ampliación del servicio provincial de extensión, para citar algunas (^{Regazzoli, 1974, pp. 50-52}). Esto último tenía una relevancia notoria, razón por la cual el gobernador proyectaba incrementar la asistencia técnica en el oeste provincial, es decir ampliar los servicios de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios (SAA). De acuerdo al testimonio de quien fuera el director del Servicio de Extensión y Fomento Agropecuario en la gestión de Regazzoli, para 1975 la ampliación de dichos servicios se había logrado¹⁰. En efecto, al promediar esa década existían agronomías departamentales en las localidades de San Martín, Guatraché, Macachín, Quemú Quemú, Intendente Alvear, Eduardo Castex, Trenel, Caleufú, Realicó, Victorica y Santa Isabel¹¹.

Como puede verse, si bien la línea general del planteo formulado era diferente a causa de los lineamientos políticos, el fin último de algunas iniciativas para el principal sector de la economía local tenía antecedentes claros e inmediatos: la necesidad de aumentar la productividad en el agro, la incorporación del oeste con fines productivos y la industrialización de los productos primarios obtenidos en la región fueron temas que, al menos desde fines de la década de 1950, habían formado parte de la agenda estatal en La Pampa. En el caso de Regazzoli, además del fomento de la industria frigorífica, es posible mencionar los proyectos tendientes a crear establecimientos industriales en la zona bajo riego, puntualmente una planta para elaborar conservas y envasar frutas y hortalizas, una bodega para producir vino y un frigorífico y planta de empaque para frutas, iniciativas que motivaron la solicitud de financiamiento al Banco Nacional de Desarrollo y su inclusión en el Plan Trienal Nacional. Ello, además, se combinó con la sanción de la Ley de Afectación y Colonización de Tierras en la cuenca del río Colorado, más conocida como Ley de Colonización Social¹², lo que otorgaba asidero a que “la tierra es para el que la trabaja”, según decía Regazzoli recuperando una conocida frase de Perón (^{Regazzoli, 1974, pp. 55-64}). Pero no decía mucho más respecto de sus propuestas en torno a la tierra; solo afirmaba, por un lado, que se aceleraría la entrega de tierras fiscales a partir de una nueva legislación, para lo que contaba con la cooperación técnica y financiera del Consejo Agrario Nacional y, por otro lado, que se tratarían de instrumentar planes para resolver “el problema de la estructura fundiaria actual” (^{Regazzoli, 1974, p. 51}). Sin embargo, ya en diciembre de 1973, el gobernador había planteado algunas de sus ideas al respecto en una entrevista concedida a la revista Con todos, en la que se advierte cierta intención del mandatario por articular las iniciativas provinciales con las que se motorizaban desde la gestión nacional, como veremos en el próximo apartado.

Para proyectar algunas de las acciones enunciadas, el gobierno del FreJuLi en La Pampa tuvo la colaboración del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y de hecho eso sucedió con el Plan de Desarrollo del oeste, al que ya nos referimos. Según recuerda uno de sus funcionarios, el CFI participó en la elaboración del Plan, a la vez que se sumaron técnicos locales. Puede que la ampliación de los servicios de la SAA, por ejemplo a partir de la multiplicación de agencias del Servicio de Extensión y Fomento Agropecuario, haya sido valorada por una parte de la sociedad, ya que cubría las necesidades de muchos productores en lugares a los que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no llegaba¹³. No obstante, había sectores para los que no era suficiente con esas medidas y esperaban otro tipo de cambios en el agro pampeano. Eso es lo que ocurrió con quienes se nucleaban en torno a Con todos, publicación asociada a la denominada “nueva izquierda”, como veremos a continuación.

El agro en la revista Con todos por la liberación: del apoyo al desencanto

De acuerdo con otros estudios, en el grupo de Con todos confluía una izquierda heterogénea y la revista asumió un “apoyo crítico” con el peronismo gobernante (^{Asquini, 2006, p. 269}). En sus filas había personas que provenían de diferentes sectores políticos: del socialismo, del comunismo, del cristianismo de base, del radicalismo intransigente, de la izquierda peronista, de Vanguardia Comunista (VC) y del arco progresista que no se afiliaba políticamente en un partido concreto. En un punto, todos esos sectores acordaban en la necesidad de la unidad en la diversidad, según expresó otra investigadora, con el objetivo de alcanzar la liberación, y para ello generaron varios espacios de discusión política e intervención cultural, como por ejemplo peñas, cines debate, conferencias, entre otros (^{Redondo, 2020, pp. 8-9})¹⁴. Es decir, la revista era uno más de los medios para alcanzar dicho objetivo, pero uno clave al momento de difundir sus ideas. Si bien el tema excede a este artículo, cabe señalar que Con todos presenta las características y recupera tópicos que se desplegaban en lo que ha dado en llamarse la nueva izquierda, término que es empleado para identificar a las múltiples tendencias que intervinieron en el proceso de politización y radicalización acaecida entre los decenios de 1960 y 1970¹⁵. Las iniciativas estatales orientadas al agro, vale agregar, eran tema de interés para diferentes publicaciones de la nueva izquierda, e inclusive de sectores políticos cercanos a dichas tendencias¹⁶.

En el caso pampeano, había por ejemplo militantes que habían organizado, a inicios de la década de 1970, la Fuerza Revolucionaria Antiacuerdista (FRA), un espacio político que cuestionaba el Gran Acuerdo Nacional (GAN) y resulta esencial para explicar los orígenes de Con todos, según relata uno de sus integrantes. Y él también recuerda que en ese grupo había quienes hacían militancia en zonas rurales y visitaban ciertas localidades del sureste pampeano. Como resultado de estas actividades, uno de ellos incluso redactó un informe sobre la situación del agro en esas zonas¹⁷. En la declaración inicial de la FRA, se asumía como un “movimiento político” conformado por masas populares descontentas con el “continuismo”, muy críticas de los “partidos juntavotos” e incrédulas de las elecciones que constituían una “cortina de humo” con la que el GAN pretendía impedir las luchas populares. Además, planteaban allí que en La Pampa muchos políticos hablaban de reforma agraria, pero no querían recordar que “cuando estuvieron en el gobierno no hicieron nada para cumplirla ni molestaron a los grandes dueños de la tierra”¹⁸. Por esa razón, los pequeños arrendatarios seguían pagando las consecuencias y los desalojos rurales eran un problema para la provincia.

Según se lee en el primer número, publicado en diciembre de 1973, Con todos se definía a favor del antiimperialismo, de la unidad “para la liberación” y, a su vez, decían estar preocupados por la “actualidad regional”¹⁹. Si bien los temas que fueron prioritarios para la revista han sido identificados (^{Redondo, 2020}), es preciso profundizar el análisis sobre una de las cuestiones regionales que se trató en sus páginas: el agro pampeano, y más concretamente las iniciativas de la gestión de Regazzoli para dicho sector. No es casualidad que el número con el que se presentaron en sociedad incluyera una entrevista a Regazzoli. Como se desprende de esta última, para el gobernador la tierra no solo debía cumplir una función social en el oeste pampeano, sino también en la zona este. En lo que respecta al este, además agregaba que era muy importante incrementar la producción. Al mismo tiempo, el mandatario comentaba cuestiones relevantes en cuanto a sus planes, y lo hacía con estas palabras:

El propósito que tenemos desde el gobierno, es repoblar de gente y de hacienda, esa zona oeste. Afincar, darles tierras a los que la precisan. Es cierto que hay muchos campos que son de propiedad particular, que los dueños han adquirido hace muchos años y venden allá mismo en Buenos Aires, sin tener el dominio de esas tierras. Se ha encargado a los asesores del gobierno, que propongan soluciones legales para que esa gente venga a trabajar esas tierras, o las entreguen para quienes las trabajen. Para la zona este de la provincia, tenemos un plan de transformación agraria; se ha estudiado departamento por departamento, qué tierras deben entrar en ese plan. Una vez que salga la ley en el orden nacional, nosotros vamos a adecuar una ley provincial en ese sentido, para darle la importancia que merece. Creemos que de esa forma vamos a subdividir algunos campos muy grandes que hay y que no producen como deben producir²⁰.

Para los editores, la tarea imperativa era planificar y gobernar con el objetivo de romper los lazos de la dependencia. El foco debía colocarse en los intereses populares, no en los de aquellos sectores dominantes. Entonces, además de la cuestión de los ríos y de las explotaciones salineras, destacaban la situación del agro provincial. Según afirmaban, apoyándose en las cifras oficiales, dicho sector había experimentado una creciente concentración y centralización en la propiedad de la tierra, lo que expulsó del campo a “grandes contingentes de campesinos”, mientras que la ganadería adquiría una notable relevancia en la orientación de las explotaciones. Así, con escasa tecnificación, sectores que eran minoritarios se aseguraban grandes ganancias, junto con los frigoríficos y el negocio de exportación de carnes. Ilustraban el planteo con información de carácter cuantitativo: en 1967, advertían, el 16% de las explotaciones rurales eran mayores de 1.000 hectáreas cada una, y ocupaban el 70% de las tierras. En el este pampeano, la zona más productiva, 900 explotaciones manejaban 2.800.000 hectáreas, mientras que entre 1966 y 1970 la población rural había descendido de 86.700 a 48.000 habitantes. Esa situación, para Con todos, se debía cambiar, pero el Plan mencionado no cubría algunos de esos puntos. Por eso se planteaba que faltaba “ni más ni menos que el recuento de nuestros recursos naturales y humanos” y “la reactivación y multiplicación de las fuerzas productivas para aprovechar todo ese potencial en beneficio de la región y del país”. Y concluían con estas palabras: “De ahí que nos aventuramos a adelantar que las expectativas de los pampeanos en torno al Plan, han sufrido un serio desencanto”. Según decían, se iniciaba el repetido camino de los petitorios y postergaciones para obtener concesiones²¹.

Pero las críticas, claramente, no impedían que desde esta revista mantuvieran ciertas expectativas respecto de la gestión de Regazzoli. Ello se advierte en el tercer número de Con todos, donde lo entrevistaron una vez más. La entrevista, a diferencia de la anterior, no se enfocó tanto en los planes del gobierno como en las características y los objetivos de los sectores que en ese momento trabajaban en contra de la gestión peronista en La Pampa. Entre las cosas que le preguntaron, figuraba la actitud que tendría su gobierno frente a la “ofensiva reaccionaria”, como la denominaban. Pero también lo interrogaron en cuanto a su opinión sobre la necesidad de enfrentar a dichos sectores con proyectos que atendieran al bienestar popular; Regazzoli respondió que estaba trabajando en ese sentido²². Sin embargo, la inclusión de esa entrevista no obturó un juicio agudo e incisivo respecto de la situación. En la nota titulada “Los peligros de la vacilación”, especificaban la lectura que hacía la revista en lo que respecta a la coyuntura:

Hay sectores políticos que aún apelan a gastadas declamaciones para demorar tomas de posición que son cada vez más necesarias. El gobierno provincial por su parte, si bien no tiene vedado ese camino, se ve precisado a definirse a través de sus actos; y en este orden, podría afirmarse que su imagen va saliendo indemne de tantas pruebas. (…) Pero en la opinión pública va surgiendo en forma cada vez clara, el deseo de que esa imagen se perfile más por su propia acción, y no solamente en respuesta a los amagues de sus enemigos. Las acertadas medidas ‘coyunturales’ que viene adoptando, no pueden ocultar o demorar indefinidamente la formulación de planes y propósitos que permitirán, ello sí, una clara alineación de las fuerzas sociales y políticas²³.

Y como consideraban que debía ser un tema de debate, iniciaron una encuesta entre los representantes de diversas fuerzas políticas. En ese número publicaron algunas, y continuaron con otras en los dos siguientes. Como se puede observar en las primeras entrevistas que hicieron, una de las preguntas apuntaba directamente a que se explayaran sobre la “cuestión agraria”. Entre los que más se detuvieron en ese tema fueron quienes hablaron por el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y VC, que eran Jorge Roo y Marta Alcala, respectivamente. El primero señalaba que ellos nunca creyeron que la gestión de Perón llevaría a la liberación nacional, y que sin expropiar a los terratenientes latifundistas y expulsar al imperialismo norteamericano no se podían destruir las condiciones de la dependencia. En el plano provincial, agregaba, el plan que se proponía la “extensión de las fronteras agropecuarias” hacia el oeste no era factible “sin atacar la raíz del atraso provincial” que eran “los latifundios del este y del centro-norte de la provincia”.²⁴ En el último número de Con todos, cuando salió la entrevista a la integrante de VC, la revista titulaba “¿Qué se prometió? ¿Qué se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién?”. Ahí retomaban las propuestas que había realizado el FreJuLi en su plataforma electoral y las palabras de Regazzoli en su asunción. Entre lo que resaltaban, allí se afirmaba que La Pampa tenía “una economía básicamente agropecuaria”, razón por la cual la “transformación de estructuras” (sobre lo que el gobernador había hecho hincapié en varias ocasiones) debía atender a ese principio que movilizó a las mayorías populares: “la tierra debe ser para quien la trabaja”. Y, de inmediato, advertían lo siguiente:

En esta cuestión vital, poco y nada es lo que se ha hecho en 17 meses de gobierno; a no ser que se tomen en cuenta los proyectos y estudios que se manejan en la Legislatura y en el Ejecutivo, que plantean alguna expropiación o algún plan de colonización, o la incautación de propiedades urbanas ociosas (caso éste que no se refiere a la tierra productiva, pero revela una orientación en el sentido de la ‘función social’ de la propiedad). La información que poseemos, nos permite afirmar que lo más que ha intentado hasta ahora, está dado por un borrador para una reforma fundiaria, el cual sigue un proceso que desnuda las vacilaciones del equipo de gobierno para impulsar las tareas que la liberación impone a los pampeanos²⁵.

La postura de Alcala avanzaba en esa crítica, y ella planteaba que al profundizar en la historia provincial se comprendía que “el drama de fondo” era la cuestión agraria. “Mal podemos prepararnos para aportar al proceso de liberación”, agregaba, si antes no se resolvía esa cuestión y se le daba “una respuesta popular a directivas reaccionarias que alientan a la conspiración, al estancamiento y a los latifundios”. Era imprescindible, entonces, que la reforma agraria pusiera fin a la “alta concentración de la tierra y la producción”. Dicha reforma debía “desembocar” en la entrega gratuita de tierras a las familias de campesinos que no la tenían o que disponían de extensiones muy pequeñas. A su vez, eso tenía que combinarse con una política de créditos que permitiera el progreso de esas personas. Esa tarea requería la participación popular directa, es decir la conformación de un Frente Único Antiyanqui. Justamente, a través de la lucha por sus derechos, la clase trabajadora urbana comprendería que sus principales aliados eran los explotados del campo. Según la militante de VC, el gobierno (a nivel nacional y provincial) estaba en una “encrucijada”: o se apoyaba en los sectores populares y garantizaba su accionar democrático; o, por el contrario, conciliaba con los enemigos de la patria, reprimía y se alejaba cada vez más del camino de la liberación nacional²⁶.

De tal importancia era esa temática para Con todos, que en su último número le dedicó un análisis al anteproyecto de reforma fundiaria, que hasta entonces era “el único indicio de la transformación profunda y de estructuras” prometidas por Regazzoli. Para 1975, según la revista, esa iniciativa estaba “en el nivel de borrador”, y de hecho Con todos había tomado conocimiento al respecto de manera indirecta: a través de “la reacción aparentemente desproporcionada” de las sociedades rurales de La Pampa, del diario La Nación y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). Por cierto, recuperaban las palabras del presidente de esta última, Jorge Aguado, pronunciadas durante la Exposición Agrícola Ganadera que se realizó en la capital pampeana en septiembre de 1974. El anteproyecto, al parecer, se enfocaba en “la extinción de los latifundios y de los minifundios imperantes en la estructura agraria de la provincia para que se los pueda transformar en unidades económicas de producción”. De acuerdo al dirigente rural, cuyos planteos recuperaba críticamente Con todos a fin de informar la situación, para “suprimir las deficiencias estructurales del agro pampeano” la única solución que admitía el gobierno era la expropiación²⁷.

Además de cuestionar el alarmismo de los sectores agraristas, que utilizaban conceptos como “extranjerizante” y “socializante” para definir al anteproyecto, desde la revista destacaban que los procesos en el agro tenían su correlato en el declive relativo de pueblos pampeanos como Anguil, Van Praet, San Martín, Hucal, Unanue, Winifreda y Uriburu. Con todos destacaba que quienes se oponían a trasformar la realidad provincial eran los que hacían “sus ganancias con el atraso y la despoblación de La Pampa”, por eso incorporaban cifras para mostrar la concentración de la tierra en el este y el despoblamiento pampeano. Y para concluir, en un claro cuestionamiento al gobierno provincial, insistían en que se habían enterado de la iniciativa de reforma fundiaria mediante la opinión de los sectores que se oponían a ella. Por tal razón, afirmaban:

Los esfuerzos de Con todos para conseguir el texto [del anteproyecto], fueron inútiles. Es forzoso preguntarse entonces, ¿cómo es posible que quienes se oponen a la política oficial, conozcan las medidas de gobierno antes que se apliquen, y el pueblo mientras tanto, sus organizaciones políticas y gremiales, no las conocen y por lo tanto, no las pueden defender? Si el gobierno del FREJULI prometió suprimir las desigualdades sociales, ¿en quién otro que los sectores populares podría apoyarse para llevar adelante tales medidas? Lejos de obrar así, deja totalmente indefenso su propio proyecto, y facilita así la campaña que lo viene presionando para que no transite el camino de liberación prometido²⁸.

Para ese entonces, las expectativas que Con todos había manifestado respecto de las propuestas de Regazzoli en materia agraria se desvanecían. Pero no fue solo esa revista el ámbito en el que se discutieron aspectos vinculados con esa temática, puesto que formaba parte del interés de otros sectores pampeanos. Por ejemplo, entre ellos se contaban los investigadores del Instituto de Estudios Regionales (IER), creado en marzo de 1974 en el seno de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), que congregaba a personas de tendencias políticas y perfiles académicos disímiles. En efecto, durante 1974 se llevaron a cabo en Santa Rosa las clases públicas dictadas en el marco del Seminario de Historia y Geografía Regional, y en los encuentros se abordaron tópicos que eran considerados relevantes para La Pampa. El propio director del IER, Hugo Chumbita (que era, a su vez, el Secretario Académico de la UNLPam y publicó algunas notan en Con todos) fue el encargado de hablar sobre los cambios en la estructura agraria pampeana entre la década de 1940 y la de 1970. Dicha disertación, en la que retomó los aportes de diferentes autores (entre ellos, los de Horacio Giberti), habilitó el debate. Un asistente planteó que el tema de la ampliación de la frontera agropecuaria descuidaba el “problema fundamental”, que era la propiedad de la tierra. En ese sentido, Chumbita respondió que no negaba la necesidad de una transformación, pero enfatizó en que su inquietud principal tenía que ver con la existencia a nivel provincial de “fuerzas sociales” capaces de respaldar un cambio en la estructura agraria del este provincial²⁹. El debate se cerró con los comentarios de otro asistente sobre los desalojos de colonos en la zona de San Martín, aspecto que también habían mencionado en la revista Con todos durante la primera entrevista a Regazzoli. Como se puede observar, los cambios que requería el agro local estuvieron muy presentes en el curso de esos años; ciertos sectores apoyaron las medidas propuestas por el FreJuLi, pero con el paso del tiempo las ilusiones sobre la concreción de estas iniciativas fueron opacadas por la realidad. Y para explicar esto último no debe perderse de vista, desde luego, el accionar de las entidades rurales, como se analizará en el próximo apartado.

La oposición de las entidades agropecuarias

No es extraño que las entidades agropecuarias locales se opusieran a las medidas del gobierno, puesto que lo propio hacían sus pares a nivel nacional. A mediados de 1974 la CARBAP denunciaba ante el presidente de la Nación la “grave infiltración izquierdista en la Secretaría de Agricultura”, que estaba a cargo de Giberti, así como la “infiltración ideológica en el INTA”. Para ellos, el anteproyecto de Ley Agraria atentaba contra los intereses rurales (^{Lázzaro, 2013a, p. 161}) y, según relataba Giberti décadas después, para esos sectores la Secretaría era un “nido de comunistas” (en ^{Ramírez, 2011, p. 425}). Por tal razón, este último aclaraba en la prensa (y en La Pampa reproducían dicha información) que el anteproyecto no tenía una “inspiración marxista”³⁰. Más aún, antes que hablar de reforma agraria, Giberti prefería llamar a la iniciativa como una “evolución agraria fuertemente inducida por el Estado” (en ^{Ramírez, 2011, p. 390}).

La situación llevó a que ciertos sectores rurales pampeanos se opusieran también a la política nacional y, por extensión, a las propuestas de Regazzoli. En una rueda de prensa previa a la inauguración de la exposición realizada por la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa (AAGLP), una entidad muy importante de la capital provincial, sus integrantes puntualizaron algunas de sus opiniones en 1974. “En lo impositivo”, señalaban los dirigentes, “bajo un título noble, como el de la renta normal potencial”, se tomaban medidas que desvirtuaban el concepto. Por ello, “había escepticismo en cuanto a la posibilidad de que ese impuesto podría instrumentarse para ser aplicado a partir de 1975”³¹. En cuanto a las relaciones con el gobierno de Regazzoli, al inicio fueron cordiales, pero a partir de 1974 se resintieron. De acuerdo a lo que planteaban sus dirigentes, los contactos con el Ejecutivo y el Legislativo en 1973 habían sido “estrechos y altamente positivos, aunque en ellos no se haya logrado un total acuerdo”. A ese nivel, estaban conformes con lo realizado, pero en el plano nacional no sucedía lo mismo, según planteaban ellos por el “criterio cerrado” del gobierno³².

En 1974 se llevó a cabo, en Santa Rosa, el Primer Congreso de Sociedades Rurales de La Pampa, en el que participaron la AAGLP, la Sociedad Rural de General Pico, la Asociación Rural de General Acha, la Asociación Rural y de Fomento Realicó, la Asociación Gremial Agropecuaria de Eduardo Castex, la Asociación Gremial Agropecuaria de Ingeniero Luiggi, la Sociedad Rural de Bernardo Larroudé, la Asociación Gremial Agropecuaria del Centro-Este Pampeano y la Asociación Agrícola Ganadera del Sudeste Pampeano. Allí, las críticas fueron para el gobierno nacional, y en la declaración final afirmaban que sentían “profundo desaliento” y que estaban “plenamente defraudados en la proyección del desarrollo agropecuario”. En síntesis, señalaban que la gente del campo atravesaba “un peligroso tiempo de incertidumbre, de desánimo y de estancamiento a causa de las desacertadas medidas coyunturales y a la falta de una política agropecuaria”³³. Ante esa situación, instaban a robustecer las asociaciones gremiales para alcanzar unidad entre las entidades rurales. En lo que respecta a la AAGLP, en 1974 señalaba lo siguiente para explicar las medidas adoptadas:

Guiado por ese espíritu el gremialismo rural ha estado ajeno al esquema de presiones que se ha enquistado en el Estado. Se esperó que en virtud de un sentido innato de justicia, las fuerzas políticas dominantes, le concedieran el lugar que le corresponde dentro del contexto productivo de nuestro País. Como ello no ocurrió y para tratar de revertir el proceso, se tuvo que recurrir como última alternativa a un instrumento que nunca soñó con utilizar: el PARO AGROPECUARIO. Este nuevo instrumento manejado por el agro, ha resultado totalmente exitoso como acto de reafirmación de la unidad de todo el sector agropecuario y de la justicia de los reclamos efectuados [Mayúsculas sostenidas en el original]³⁴.

A partir de 1974, como resultado, según decían, de las medidas impulsadas por el gobierno nacional, el paro agropecuario se convirtió en La Pampa en el más importante instrumento de presión de las entidades rurales. Ese mismo año, la Comisión Directiva de la Asociación de Productores Agropecuarios del Centro-Este Pampeano declaraban que era necesario que quienes dirigían el Estado tuvieran “diálogo permanente” con esas entidades para “enfocar los problemas del campo en su justa dimensión”. Por eso, instaban a los que conducían las políticas agropecuarias nacionales “a escuchar la voz de los hombres que preocupados por el porvenir de la patria, denuncian las medidas que entienden equivocadas, las que terminarán por desalentar actividades que como la agropecuaria, han sido y seguirán siendo por largo tiempo, el substento [sic] y la base para el desarrollo armónico del país”³⁵. Desde luego, este proceso no era exclusivo de La Pampa, ya que se inscribía en uno más amplio signado por la intención de alcanzar la “unión agropecuaria” (mediante sus entidades) que se evidenció desde mediados de 1974 y en agosto de ese año se plasmó en la Concentración Agropecuaria Nacional, realizada en la Sociedad Rural de Concordia y convocada por la Confederación de Sociedades Rurales del Litoral. Como ya se ha advertido en otros estudios, a pesar de que los motivos de la iniciativa eran diversos, el punto más importante que los congregaba era el anteproyecto de Ley Agraria que se había presentado en 1974. El diario La Nación se hizo eco de esos reclamos, y las entidades de los sectores agrarios más concentrados que ganaron mayor visibilidad mediática fueron CARBAP, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación de Sociedades Rurales del Litoral y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre otras. Durante el gobierno de María Estela Martínez, los principales cuestionamientos de estos sectores tuvieron como eje las retenciones a las exportaciones y la regulación de los precios, y a inicios de 1975 se conformó el Comité de Acción Agropecuario, luego devenido (conflicto interno mediante) en Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Agropecuarias -APEGE- (^{Lázzaro, 2021, pp. 130-132}). A partir de entonces, los paros de dicho sector se acrecentaron, lo que impactó a nivel económico y político. Al aumento del precio de la carne y el desabastecimiento, se le sumó el apoyo de la burguesía agraria al programa golpista impulsado por APEGE³⁶.

En ese marco, durante enero de 1975, la AAGLP anunció que los productores lanzaban un “plan de lucha” para defender sus intereses, puesto que, según la expresión que usaban, el “sacrificio” que el gobierno imponía a los empresarios agropecuarios se había convertido en “una tortura que no beneficia a nadie”. En su declaración la entidad planteaba:

Luego de un año y medio de desorientación y desaliento provocados por la anterior conducción económica, los productores fuimos optimistas con el nuevo equipo económico, pero al breve andar del mismo nos hemos dado cuenta que seguimos por la misma senda, se nos pretende conformar con reuniones y promesas que no solucionan nada. (…) Por ello, es que nos lanzaremos un plan de lucha en defensa de nuestros intereses, que son los intereses del país. (…) Las situaciones límites exigen soluciones límites³⁷.

Al parecer, se referían a los cambios en el Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios provincial, donde César Ballari fue reemplazado por Carlos Arenzo³⁸. La prensa aclaraba que, pese a la decisión de la AAGLP, representantes de la entidad serían recibidos por autoridades pampeanas para tratar algunos de los temas que motivaban el reclamo. Esto último se daba en un contexto en el que las sociedades rurales de La Pampa habían resuelto “entrar en contacto” con el gobierno pampeano, porque estaba en juego “la economía provincial en su conjunto”. Además, habían acordado, según informaba la prensa, “mantener a los productores agropecuarios en estado de asamblea a los efectos de considerar en cualquier momento una acción vigorosa a desarrollar”³⁹. En marzo de 1975, inclusive, la AAGLP no descartaba medidas más drásticas que el paro a partir de abril, como dejar de comprar y vender, no concurrir a los bancos y suspender el pago de impuestos⁴⁰. En la misma línea de lo ocurrido en el plano nacional, la conflictividad continuó en los meses siguientes.

Durante la segunda mitad de 1975, ello se advierte con claridad. Los directivos de la Asociación de Productores Agropecuarios del Centro-Este Pampeano, entre los que figuraban Luis Mario Vicondo, José M. Garmendia, Julián Pico, Pedro Guzmán Anchorena, Héctor Pezzola y Heraldo Bagliani, se ocupaban de explicar en septiembre los objetivos del paro agropecuario que organizaban CRA y Federación Agraria Argentina (FAA). Esa medida, según afirmaban, se desarrollaría entre el 19 y 29 de dicho mes. En esa ocasión, Garmendia señalaba que la posición asumida se debía a la “persistencia de una política negativa para el campo”, a lo que se añadía “la falta de respuesta de las autoridades a las peticiones y reclamos para restaurar la economía agraria”. Y aseguraba que los productores no tolerarían que se los castigara “con precios menores de los costos”. Al finalizar, anunciaban que se llevarían a cabo otras reuniones en Catriló y Santa Rosa, en este último caso con una concentración de productores y la presencia de Jorge Aguado, el presidente de CARBAP⁴¹.

Cuando se concretó la reunión en Santa Rosa, lo que acordaron fue extender el paro hasta el 10 de octubre, en el caso de que para el 29 de septiembre el gobierno nacional no brindara respuestas concretas. Ante unas mil personas, reunidas en el local de exposición de la AAGLP, Aguado advirtió que, debido a los precios bajos fijados a los cereales, era vital mantener la unidad ante el paro. Asimismo, el dirigente de CARBAP agregó que los productores no eran la “oligarquía vacuna” sino la “vacuna contra la oligarquía” y que el gobierno había hecho “las cosas buenas muy mal, y las cosas malas muy bien”. Luego Ubaldo Farías, entonces secretario de la AAGLP, criticó la política oficial en materia agropecuaria y propuso que el paro de extendiera “sin esperar audiencias ni promesas”. Al mismo tiempo, negó que el movimiento agrario “tuviera carácter golpista” y señaló que no se vivía “en una democracia” porque los empresarios no eran “libres de despedir a un obrero que no cumple su obligación”. A continuación, Publio Álvarez, de Alpachiri, apoyó la moción de Farías y, a su vez, cuestionó a la Cámara de Diputados de La Pampa porque no defendía a los productores y lo quería hacer recién cuando la gente de campo estaba “con el agua al cuello”. Además de extender la medida, propuso que se haga una concentración en Santa Rosa para ser oídos por las autoridades y respaldar a sus dirigentes. Un dirigente bonaerense intervino luego para afirmar que “sin bombas ni metralletas los agrarios lucharían inclusive dejando morir en el campo las vacas antes que mandarlas a la ciudad malvendidas”. Para concluir, Aguado tomó la palabra y advirtió, entre otras cosas, que en Argentina había “presión contra la gente de trabajo” y “libertad para el terrorismo”⁴².

En la exposición de la AAGLP, en 1975, se reiteraron las críticas. Durante la inauguración, José E. Souto, presidente de la entidad, planteó que “el campo viviría una situación muy distinta si el gobierno hubiera cumplido su slogan de que ‘la única verdad es la realidad’” y aseguró que Argentina se encontraba en ese momento “políticamente anarquizada, económicamente desvastada [sic] y socialmente conflictuada”. Además, recalcó que el principal problema del país era la “subversión económica” y que los productores no eran “ni oligarcas, ni imperialistas, ni golpistas”; y concluyó afirmando que los gobernantes debían estar “a la altura de la gran tarea”. En ese mismo acto habló Aguado, quien se había trasladado hasta Santa Rosa, y dijo que, en definitiva, el “antagonismo” de la época era “entre estatismo y país”⁴³. Ese año se cerró con un nuevo paro agropecuario, declarado por CRA y FAA entre los días 24 de octubre y 10 de noviembre, lo que generó, una vez más, la suspensión de la compra, venta y traslado de ganado a nivel nacional⁴⁴.

Para finales de 1975, la prensa local publicaba una nota en la que marcaba las contradicciones en la denominada “crisis del campo”, claras para el periodismo a partir de las declaraciones de algunos actores. Luego de rebatir ciertas ideas de Aguado, planteaban lo siguiente:

En nombre de una supuesta libertad, algunas entidades agrarias ocultan deliberadamente la responsabilidad de grandes empresas industriales, que incrementan sus ganancias con aumentos astronómicos de los precios, aumentos que generan un desequilibrio con repercusiones graves de orden económico y social para los más diversos sectores del país. Si se busca la solución por el mero encarecimiento de los precios agropecuarios, se producirá fatalmente un efecto contrario al que se dice buscar en las consignas del paro: el enfrentamiento entre distintos sectores de argentinos⁴⁵.

Lo propio, como vimos previamente, hacían desde la revista Con todos cuando tildaban de alarmistas a las entidades rurales por juzgar de “extranjerizante” el conjunto de iniciativas oficiales para el agro. A este convulsionado contexto, en el que la conflictividad interna del peronismo provincial era un elemento que ya ha sido identificado (^{Asquini, 2006}), contribuyó sin dudas el posicionamiento de los sectores rurales mencionados que, en línea con lo ocurrido en otros puntos del país, se oponían especialmente a las medidas impulsadas por el gobierno nacional. Esa situación debió paralizar las iniciativas que proyectaba la gestión de Regazzoli, algunas de las cuales estaban vinculadas con las que pretendían desplegar desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, como explicaba el gobernador en la entrevista que le hicieron en la revista Con todos. La instauración de la última dictadura cívico-militar, el 24 de marzo de 1976, no solo obturó lo que quedaba de los planes de Regazzoli en cuanto a la reforma fundiaria; también representó un parteaguas para algunas entidades rurales, tal como lo reconocía la AAGLP. De acuerdo a la Memoria y Balance, la Comisión Directiva en el período 1975-1976 reconocía un primer momento, previo a la toma del poder por las Fuerzas Armadas, que se había caracterizado “por una acción frontal y con más energía aún, que la desarrollada el año anterior”, lo que para ellos permitió “que dentro del caos en que vivíamos, el sector no fuera avasallado por grupos de poder que tenían como meta destruir todos los principios de nuestro campo y de nuestra Nación”. El segundo momento, según decían, se inició el 24 de marzo de 1976, y el accionar de la AAGLP en ese marco era “acorde con el manejo que el nuevo gobierno le da a nuestras cosas; siendo consultados a todo nivel, haciendo presentaciones que han sido consideradas”⁴⁶. No obstante, las consultas oficiales y el interés por las “cosas” del agro no fueron las únicas cuestiones que motivaron el cambio de actitud de las entidades rurales. Durante la última dictadura cívico militar, además, desde estos sectores accedieron a cargos decisivos en el ámbito provincial. Aunque el tema supera los objetivos de este trabajo, solo a manera de ejemplo se puede señalar que Ubaldo Farías y Heraldo Bagliani, a quienes mencionamos antes, estuvieron en esos años al frente de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios.

A modo de síntesis

A la gestión del “gobierno popular” en La Pampa, por supuesto, no es posible analizarla sin considerar el panorama político nacional, marcado por el retorno del peronismo y la emergencia de agudos conflictos internos en el seno de esa fuerza política. El agro, como se advirtió, en los años del segundo peronismo no fue un tema más en la agenda estatal: al contrario, asumió un rol clave en el debate público y legislativo. Esto último, en el caso analizado, adquirió un peso notable debido a la relevancia que, aún a comienzos de la década de 1970, tenía la producción agropecuaria para la economía provincial. En ese contexto, de acuerdo a la perspectiva del peronismo local, no alcanzaba con tecnificar el campo y expandir la frontera productiva; era preciso, en palabras de la época, modificar “las estructuras económicas y sociales”. La apuesta por una reforma fundiaria, que afectaría la tenencia de la tierra incluso en la zona oriental de La Pampa (que era la más feraz en términos productivos), llevó a otros sectores políticos a analizar con interés las propuestas de Aquiles J. Regazzoli, entre los que entonces se contaban grupos de izquierda nucleados en torno a la revista Con todos. Desde dicha publicación entrevistaron al propio gobernador y, a su vez, divulgaron y debatieron algunas de las iniciativas gubernamentales que se proponían intervenir en materia agropecuaria.

Sin embargo, la gestión peronista en La Pampa atravesó claras limitaciones en lo que refiere a la concreción de las propuestas esbozadas. Las reformas en el agro eran una “cuestión” en la agenda del gobierno provincial, pero las ideas y propuestas planteadas en discursos oficiales, en muchos casos, no se lograron materializar. Es evidente que la coyuntura nacional, signada por el avance de la derecha peronista y la fuerte oposición de los sectores concentrados del agro a la Ley Agraria, obstaculizó el despliegue de acciones por parte de la gestión de Regazzoli. No obstante, hay que tener en cuenta también el rol de los actores locales en ese sentido. La intensa conflictividad originada a partir de los paros organizados por las entidades de la provincia se explica en función del accionar articulado con dirigentes de otros lugares del país, entre los que se destacaba Jorge Aguado. Los cuestionamientos de dichos sectores se fundaban en tres ejes: la tentativa de división de la tierra, la política impositiva y las regulaciones de los precios de los productos agropecuarios (que las entidades relacionaban con el “estatismo”). Aunque Regazzoli no se refería a una reforma agraria y, en general, hablaba de “modificar la estructura productiva”, resulta claro que sus planteos para el agro pampeano fueron interpretados por estos actores a la luz de los proyectos impulsados desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

Asimismo, hay que destacar que tampoco la gestión de dicho gobernador supo captar el apoyo de otros actores afines a sus ideas, tal como se observa en los cuestionamientos que, al respecto, formulaba Con todos. Desde la publicación enfatizaban en el hecho de que los ruralistas habían accedido al anteproyecto de reforma fundiaria, mientras que ellos en 1975 todavía no sabían de qué se trataba. Para ese entonces, el grupo que editaba la revista conservaba escasas expectativas sobre las medidas que el gobierno provincial había postulado para el agro, y no dudaban en afirmar que estaba “recién en el nivel de borrador” la reforma más importante. Ya no le quedaba demasiado tiempo a Regazzoli para gestionar en tal sentido, ni estaban dadas las condiciones políticas para que eso suceda. La resolución de la “cuestión”, que implica su desaparición como tal, no había conllevado una solución efectiva y los sectores que la impulsaron desde el Estado o la apoyaron desde Con todos empezaron a ser perseguidos y detenidos incluso antes del 24 de marzo de 1976. Luego del golpe de Estado, serían otros personajes los que comenzaron a tomar las decisiones en materia agraria, entre ellos los que hasta entonces se oponían a través del paro de actividades. Al fijar las prioridades a futuro, desde luego, la distribución de la tierra dejaría de ocupar un lugar expectante en la agenda estatal.