En función al ámbito en el cual la prohibición del ejercicio o la amenaza del mismo tiene vigencia, está en el enunciado que se trata del ámbito de las relaciones internacio- nales, dado que el ejercicio de la misma en el ámbito interno queda acotado, en princi- pio, a la jurisdicción doméstica.10 Sin embargo, la experiencia nos muestra que 1) los conflictos civiles pueden internacionalizarse, debido a la intervención exterior y por la potenciación de los factores de desagregación internos con vocación de erigir fronteras internacionales; 2) la utilización de la fuerza, por parte de un Estado, para reprimir a la población sujeta a su jurisdicción, en casos de gravedad pasan a ser de competencia de la sociedad internacional, dado que la misma es garante última de la protección de los Derechos Humanos, así como del irrestricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario11; 3) a su vez recordemos que si la Metrópoli emplea la fuerza para reprimir las apetencias de autodeterminación de pueblos sujetos a regímenes coloniales, dicho empleo es contrario a los Principios y Propósitos de la Carta, caso en el cual ese empleo queda fuera de lo que pueda considerarse como “jurisdicción interna”.

Los analistas de la Carta de las Naciones Unidas, enumeran cuatro excepciones sur- gidas de su articulado, aunque cabe aclarar, como ya han dicho otros autores: “no todas las excepciones que están en la Carta lo son, y no todas las excepciones están en la Car- ta” Las cuatro que han sido identificadas son: 1) la acción individual o colectiva empren- dida por los miembros de las UN en aplicación de una decisión adoptada por el Consejo de Seguridad en base al Capítulo VII de la Carta; 2) la acción de las organizaciones regio- nales, conforme lo dispuesto en el art. 53 de la Carta; 3) las medidas adoptadas contra un Estado enemigo, durante la Segunda Guerra Mundial, de los signatarios de la Carta, con- forme artículos 53 y 107; 4) la legítima defensa, individual y colectiva, conforme al artícu- lo 51. Abordaremos en lo pertinente a nuestra contribución esta última de las excepcio- nes.

El artículo 51 dice que “… Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el dere- cho inmanente de la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad  haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”12.
El artículo implica, en primer lugar, la condición de natural de la legítima defensa13; en segundo lugar, se dejó en claro que puede tratarse de un ejercicio individual o colecti- vo, independientemente de la existencia de organismo, acuerdo regional o tratado pre- vio entre las partes; y por último, este instituto fue incorporado al sistema de seguridad colectiva, dado que regula la interacción de una con la otra, tomando en cuenta que la responsabilidad primordial referente al mantenimiento de la paz y seguridad internacio- nales recae en el Consejo de Seguridad14.

nacional, pero resulta contrario al mismo espíritu de los compromisos asumidos por los signatarios de la Carta. Concluir, con ello, que el ámbito de aplicación de este derecho es más amplio en el Derecho Consuetudinario que en el Convencional, y que ambos coexis- ten. Para la Corte Internacional de Justicia, la doble naturaleza del instituto, convencional y consuetudinario es un reflejo de una única regulación jurídica y no de dos regulaciones autónomas y diferenciadas, una más restrictiva (la que emerge de la Carta) y otra más amplia en lo respectivo a su alcance (la consagrada en la costumbre internacional, previa y coexistente con la Carta, ésto último según algunas posiciones, no según la Corte)
Así podemos decir que la legítima defensa tiene su propia entidad jurídica cuando la fuerza es prohibida por el Derecho Internacional. Es inmanente, por lo tanto, porque resulta inseparable de la prohibición15. En tal sentido, el art. 51 cristaliza y limita lo que la Costumbre Internacional regulaba hasta entonces. Si el día de mañana la Carta termina, o lo hace el Capítulo VII, o tan sólo el art. 51, no lo haría de manera automática la legítima defensa regulada de manera consuetudinaria, dado que ambas son gemelas, pero no siamesas. Y aun estando en vigor la Carta, la regulación consuetudinaria de la legítima defensa tenía sus plenos efectos jurídicos entre aquellos Estados que no se habían convertido en miembros de la ONU.
Recordemos que, tal como lo establece el art. 51, la legítima defensa puede mani- festarse como individual o colectiva16.

El art. 51 establece, a los efectos de que la legítima defensa sea procedente, la ne- cesidad de la preexistencia de un ataque armado17, y tan sólo el ataque armado, de otro Estado. Es decir, la simple amenaza del ejercicio de la fuerza o cualquier otro uso de la fuerza que no se pueda caratular como ataque armado, podrán catalogarse como dispa- radores de la convocatoria al Consejo de Seguridad (dada su responsabilidad primordial por el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales) pero no bastarán para justificar el recurso individual o colectivo a la fuerza, dentro de los límites del art. 51 de la Carta.
En este punto, surge un tema en extremo espinoso, que lleva a preguntarnos cuán- do puede darse inicio a la acción defensiva, dado que no aparece como una obligación en la Carta o en el Derecho Consuetudinario que la acción deba diferirse hasta tanto el agre- sor consuma su ataque, ya que algunos autores y Estados entienden que el ataque arma- do existe desde el momento mismo en que se ponen en marcha los efectivos para llevar- lo a cabo.18 Sin embargo, aún los autores que sostienen esta postura entienden que la respuesta frente a un ataque inminente, que se encuentra comprendida en la legítima defensa, no debe confundirse con la acción basada en la apreciación subjetiva de amena- zas, potenciales o latentes. Cabe señalar que en “leading case” Caroline (1837), el Secre- tario de Estado de los EE.UU., Daniel Webster, desarrolló con claridad meridiana qué podría llegar a ser considerada hoy día legítima defensa y qué no, cuando sostuvo que tiene que presentarse una “necesidad de autodefensa inmediata, apabullante, sin espa- cio para la elección de medios ni tiempo para la reflexión19. Corresponde, entonces, dejar claramente establecido que el ataque preventivo no es expresión del Derecho Interna- cional en vigor, basado en los principios de la Carta, sino una doctrina a incorporar a un Derecho Internacional Imperial, dado que sólo es sostenido por los Estados Unidos y algunos de sus aliados autorizados.
El art. 51 habla, de manera directa, del ataque armado contra un Miembro de las

cho Internacional cuando el agresor carece de subjetividad jurídica? Es innegable que dichos actores actuarán a partir de una base territorial de la cual sólo es titular algún Estado, por lo que suele imputarse a dicho titular las acciones llevadas a cabo por los huéspedes. Estos individuos o grupos armados ejecutan dichos actos de ejercicio de la fuerza (que podemos denominar, genéricamente, terroristas, a pesar de que la definición específica requeriría de mayor grado de detalle) y requieren, para ello, de una base espa- cial que sólo puede dar un Estado. Por ello, de manera directa o indirecta, requieren de un Estado para actuar, si es que son agentes de alguno de ellos o, si no siéndolo, son patrocinados, asistidos, apoyándolos o tolerándolos, respectivamente. Todas estas con- ductas están prohibidas de manera expresa por el Derecho Internacional.
Podríamos concluir que los Estados que asisten a los individuos o grupos armados irregulares (o terroristas) incurren en un ilícito, pero salvo que pudiéramos aseverar y probar que los mismos son agentes de dicho Estado, no cabe atribuirle la responsabilidad por sus acciones de manera automática, dado que en numerosas ocasiones, esos grupos son más poderosos que el Estado “anfitrión”, por lo cual actúan a pesar del mismo.
Dicho esto, parte de la doctrina entiende (Remiro Brótons, 2007, p. 1072) que no es imposible jurídicamente actuar, bajo el paraguas de la legítima defensa, frente a un ata- que armado de un grupo no estatal o de un actor carente de subjetividad jurídica inter- nacional21, aunque siempre debe tenerse en cuenta el requisito de ataque armado pre- vio, y la respuesta (a los efectos de ser proporcional) debe limitarse al espacio bajo con- trol del agresor y sobre sus recursos, sin ampliarse (salvo que también aparezca clara- mente como autor) al territorio y recursos del Estado que lo alberga.
Los requisitos de ejercicio de la legítima defensa, tanto en este controversial caso de los párrafos “ut supra” como en el incuestionable caso de la reacción frente a un
ataque armado que tiene a un Estado como autor, debe cubrir los requisitos que derivan 22 de la Costumbre Internacional,  a saber  necesidad,  proporcionalidad  e inmediatez   a los que se suman los requisitos derivados del sistema de seguridad colectiva de la ONU, provisionalidad y subsidiariedad. La necesidad implica que el uso de la fuerza aparece como el único recurso a mano del Estado, dado que carece de otros para detener la agresión en marcha. La proporcio- nalidad de la respuesta del Estado está vinculada con la naturaleza de la agresión, por lo cual la misma tiene que ser suficiente para contrarrestarla, pero no ir más allá de la des- articulación de la misma. El fin perseguido por la respuesta del Estado, en el quantum, está determinada por el quantum de la fuerza que materializa la agresión, y debe perseguir la desactivación de la misma, y nada más23.
A su vez, la acción debe ser inmediata en relación al ataque armado, por lo cual la legítima defensa no puede implicar represalias armadas.24 Sin embargo, es interesante el hecho de que la apreciación del lapso que transcurre entre el ataque armado y la res- puesta no puede apreciarse de manera absoluta y automática, ya que el mismo se relati- viza sin consideramos el tiempo que puede demandar la preparación de la respuesta, la persistencia del ataque o de la ocupación extranjera de territorio propio y la demora que la asistencia del sistema de seguridad colectiva puede implicar.
Consistentemente con ello, recordemos que se le demanda al o a los Estado/s que ejerce/n la legítima defensa que la misma debe ser provisional y subsidiaria de la acción del Consejo de Seguridad (dado que el mismo tiene la responsabilidad primordial vincu- lada con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales) Entonces, las medidas que fueren adoptadas en el ejercicio de la legítima defensa deben comunicarse de inme- diato al Consejo, dado que aunque no se requiere autorización para su ejercicio, la lógica del instituto demanda que cesen cuando la ONU hubiera adoptado las medidas necesa- rias25 para mantener la paz y seguridad internacionales.

Haciendo hincapié en lo que hasta aquí se ha analizado, es factible aseverar que lo establecido es consistente con la visión realista de las relaciones internacionales, donde el protagonista excluyente es el Estado, de allí que es el único a ser considerado como sujeto activo de las acciones que pueden ser tipificadas como agresión (Bartolomé, 2006,
p. 139) Las características básicas de tal visión, que entendemos que explica eficiente- mente este tratamiento, parte de la idea del Estado monopolizando los roles de sujeto y objeto de la Seguridad. Resultado del monopolio ejercido por el Estado en estas materias, el sistema internacional se expresa a través de relaciones interestatales. Por último, la condición de un Estado en materia de Seguridadestaba determinada por el poder militar (Bartolomé, 2006, p. 136) Tan así es que la definición genérica de la “agresión” que se encuentra en el artícu- lo 1 de la resolución 3314/XXIV de la AGNU habla de “… el uso de la fuerza armada por un Estado en contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas…” Asimismo, toda la casuística del artículo 3 tiene al Estado como sujeto activo, incluido los tipos de agresión consideradas “indirectas”, a saber: el hecho de que un Estado permita que otro Estado utilice el territorio del primero puesto a disposición del segundo para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado, o el envío por parte de un Estado, o en su nombre, de grupos armados irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza contra otro Estado (Diez de Velazco Vallejo, 2009, p. 1049)
Por otro lado, la agresión, para ser tal, siempre implica el uso de la fuerza armada sin alternativa, situándonos en el terreno de la alta política (con una alta prioridad en la agenda estatal, siendo causal de una potencial crisis), explicando todo ello la existencia de la institución de la legítima defensa, dado que la supervivencia y autoayuda son la principal prioridad del Estado y su forma de garantizarlo, respectivamente (Bartolomé, 2006, p. 26) Sin embargo, y a pesar de ser esa la visión imperante entre los miembros de las Naciones Unidas, cabe señalar que se dejó una válvula de auxilio en la resolución, y dos más que ya preexistían en la Carta: el artículo 4 de la 3314/XXIV, que manifiesta que: “La enumeración de los actos mencionados anteriormente no es exhaustiva y el Consejo de Seguridad podrá determinar qué otros actos constituyen agresión…”, lo cual le otorga a dicho órgano una amplísima libertad de acción, habilitándolo a ampliar la posibilidad a otros actores como protagonistas del uso de la fuerza armada e, inclusive, considerar la utilización de herramientas alternativas al uso de dicha fuerza como agresión. Las otras válvulas preexistentes, en este caso en la Carta, son las que encontramos en el título del Capítulo VII, que prevé las Acciones Colectivas llevadas a cabo por la Organización, donde el Consejo de Seguridad tiene un rol descollante: las mismas encuentran su disparador en las amenazas a la Paz, los quebrantamientos a la Paz, y los actos de agresión. Y, cabe aclarar, sólo la “agresión” ha sido definida y tipificada, pero nunca se encaró igual tarea con respecto a las amenazas a la Paz o a los quebrantamientos a la Paz.

Resulta interesante traer a colación qué ha hecho el Consejo de Seguridad en sus resoluciones con las herramientas puestas a su disposición. Así, al poner en marcha el Capítulo VII, con respecto a los tipos del art. 39 ha utilizado la noción de amenaza  a la paz para abordar conflictos de naturaleza interestatal, pero también algunos intraestata- les con posible internacionalización (a modo de ejemplo, la segregación racial en Rodesia del Sur y Sudáfrica, de la mano de las políticas practicadas por dichos gobiernos en su región) Resulta significativo, en función a lo que abordaremos más adelante, que calificó también como amenaza a la paz y seguridad internacionales a los ataques terroristas (al igual que cualquier otro acto terrorista) contra la ciudad de Nueva York del 11 de setiem- bre de 2001 (resolución 1368, reiterado en términos más duros en la resolución 2083 de 2012 en la cual, actuando en virtud del Capítulo VII, adopta sanciones contra Al Qaeda)26 y al conflicto civil en Libia, conforme la resolución 1973 de 2011. De manera excepcional, se echó mano del tipo “quebrantamiento de la paz”, siempre en el contexto de conflictos interestatales (la incursión de Corea del Norte en territorio de Corea del Sur en 1950, resolución 82; el conflicto del Atlántico Sur entre Argentina y Gran Bretaña, en 1982, resolución 502; y el conflicto Irán – Irak, en 1987, a través de la resolución 598) Podría decirse, de manera genérica, que nunca se recurrió a la agresión para calificar situaciones que aparentaban serlo, desaprovechando la definición hecha por la Asamblea General. De hecho, las veces que se habló de agresión armada o de acto agresivo en algunas reso- luciones, se trató más bien de un recurso semántico que de uno de tipo legal. Así, se habló de agresión o de acto agresivo en los casos de los ejecutados por África del Sur y Rodesia del Sur contra sus vecinos (resoluciones 411 y 418 de 1977; 428, de 1978; 527, de 1982; 546, de 1984 y 577 de 1985); el ataque aéreo efectuado por Israel contra la  base de la OLP en Túnez (resolución 573, de 1985), y el ataque llevado a cabo por merce- narios contra la República Popular de Benín (resolución 405 de 1977). En los últimos dos casos, aunque los hechos parecen indicar una flexibilización de ese abordaje realista el que hacíamos referencia más arriba (la OLP como sujeto pasivo de la seguridad en la resolución 573, y a mercenarios como sujetos activos en la 405) la redacción de ambas resoluciones sólo hacen referencias a Estados en ambas ocasiones (sólo habla del ataque de Israel al territorio de Benín y del ataque sufrido por la República Popular de Benín, respectivamente) (Remiro Brótons, 2007, p. 1092)

La ley de Defensa Nacional 23.554, promulgada el 26 de abril de 1988, fue adopta- da tras un extensísimo debate y apoyada por un amplísimo abanico político en nuestro país. Como bien se sabe, la ley marca una tajante división entre las cuestiones de Defensa Nacional y de Seguridad Interior (art. 4), y encontramos lo que es pertinente a nuestro artículo en el art. 2, en el cual establece que “…La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflic- tos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo…” La ley (dado que no le compete hacerlo) nunca define lo que la agresión es, aunque sí deja en claro que la misma debe tener la característica de ser “externa” a los efectos de habilitar el empleo las Fuerzas Armadas.27 Si vislumbramos que tan sólo se activa ante la agresión, concepto que puede tener un alcance distinto al del Derecho Internacional, pudiendo ser más restrictivo o amplio que el definido en dicho plexo normativo. En este punto es pertinente preguntarse cuál es el alcance del concepto de “agre- sión” en el ámbito doméstico, es decir, qué se entenderá como “agresión” conforme a la ley de Defensa Nacional, tenemos que acudir al Decreto Reglamentario, que es el que le otorga operatividad al mismo. El primero de ellos, adoptado durante la presidencia de Néstor Kirchner, es el 727 de 2006, parte de una visión restrictiva con respecto a la utili- zación de las Fuerzas Armadas28, haciendo mención expresa a la definición hecha por las Naciones Unidas en la resolución 3314/XXIX29, al establecer en el artículo 1 que:
Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s… Se entenderá como "agresión de origen externo" el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas30.
El Decreto Reglamentario, redactado sin el consenso de todo el arco político (lo cual no es necesario, dado que se trata de una atribución del Poder Ejecutivo)  adopta una visión más restrictiva con respecto a la adoptada por la ley de Defensa Nacional, dado que esta última nunca hace mención expresa a la naturaleza del sujeto activo de la agresión, la cual sí debe tener origen externo pero podría provenir de un Estado, o de un Beligerante (o de un insurgente) o (inclusive, aunque poco probable) una Organización Internacional. El mismo hace propia la definición efectuada por la Asamblea General, aunque en el caso del Consejo de Seguridad es pertinente recordar que no existe una prohibición a aplicar a conductas distintas a las descriptas en dicha resolución, la caracte- rización de “agresión”31. Por otro lado, el mismo Capítulo VII, cuenta con las “válvulas de escape” que son la amenaza a la paz y el quebrantamiento de la paz, que habilitan a la adopción de cualquier tipo de medidas (inclusive, el uso de la fuerza por parte de la Or- ganización, conforme art. 42), dándole una enorme flexibilidad al accionar del Consejo de Seguridad, permitiéndole adaptarse a lo dinámico del contexto internacional en el cual le tocara actuar. Lo más parecido a ello se encuentra en el uso subsidiario de las Fuerzas Armadas, en los casos previstos legalmente, que podemos apreciar en el artículo 6 de la ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, a saber: Operaciones en el marco de las Naciones Unidas; Operaciones en apoyo de la seguridad, encuadradas en la ley 24.059 y Operaciones en apoyo a la comunidad nacional o de países amigos (ley 24.948, del 18 de marzo de 1998)32.
Por su parte, el Decreto Reglamentario 683/2018 del 23 de julio de 2018 modificó el Decreto Reglamentario 727, estableciendo que “… el Sistema de Defensa (en particu- lar, las Fuerzas Armadas) deben constituir un instrumento de disuasión real, de acuerdo a la percepción de amenazas a los intereses de la Nación y sus correspondientes riesgos presentes y futuros…”
Entre los Considerandos también agrega (lo cual ha generado desde entonces mu- chas polémicas) que conforme al art. 2 de la Ley de Defensa Nacional (lo cual expresára- mos más arriba) que la “… Defensa Nacional… es la integración y acción coordinada de todas las Fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar agresiones de origen externo…”
Agrega “… que este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar…”
Está claro que el enfoque ha variado sensiblemente, abandonando el entendimien- to rígido y reduccionista (desde nuestra visión) de que sólo una amenaza militar de ori- gen externo estatal ameritaría el empleo del instrumento militar (concepto que enten- demos como encuadrable en el realismo clásico), abriendo el juego a la posibilidad de que la misma no tenga como sujeto activo a un Estado si no a sujetos o actores alternati- vos al mismo (una organización internacional, un beligerante o a un insurgente)33 Sin embargo, en los Considerandos se reitera el principio elemental establecido por los go- biernos democráticos desde 1983 hasta ahora que determinan que lo decretado “… no implica clausurar los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamien- to jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior…”
Así, el art. 1 del decreto en cuestión establece que :“… Las Fuerzas Armadas… serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la REPÚBLICA ARGENTI- NA… o ante cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas” nes Internacionales (Bartolomé, 2006: 140), en sintonía con lo normado por la ley de Defensa Nacional, 23.554 (entendemos que hay confluencia, en este punto, entre el espíritu de la ley y del decreto que la reglamenta.
El artículo 3 no establece diferencias sustanciales en relación al art. 6 de la ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (misión principal y misión subsidiarias).
Sí identificamos como novedoso y, a la vez, algo digno de generar alguna preocupa- ción (aunque no sea el objeto de este trabajo, pero no por ello deja de ser relevante) que el art. 24 bis del Decreto Reglamentario coloque en manos de las Fuerzas Armadas la custodia de los objetivos estratégicos (los cuales son determinados como tales por el Poder Ejecutivo Nacional), responsabilidad que antes descansaba en las Fuerzas de Segu- ridad (Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional). Quizás la explicación  de dicha decisión se encuentra en el hecho de que al momento de adoptarse la Ley de De- fensa Nacional, estas fuerzas dependían del Ministerio de Defensa, ya que el Ministerio de Seguridad fue creado el 10 de diciembre de 2010. Entendemos que el Decreto prevé  la necesidad del involucramiento de las Fuerzas Armadas en la custodia de puntos vitales en el Sistema Nuclear, el Sistema interconectado Nacional, los canales navegables, los nudos de transporte, los pasos internacionales y en las principales fuentes de recursos energéticos. Sin embargo, genera suspicacia la posible reacción de las Fuerzas Armadas ante eventos que, de tan cotidianos en nuestro país, han dejado de sorprender a los ciudadanos y con los cuales las Fuerzas de Seguridad lidian día tras días: piquetes, mani- festaciones, tomas de instalaciones, etc… ¿Cuáles serían las reglas de empeñamiento ante tales circunstancias si se produjeran en objetivos estratégicos? ¿Cuáles serían las consecuencias políticas de su efectiva aplicación? Entendemos que las Fuerzas Armadas han tenido esa responsabilidad en instalaciones militares estos 35 años de democracia  sin mayores dificultades, pero el Legislador debe prever tanto lo mejor como lo peor.

La adopción, por parte del Decreto 727/06 de la definición genérica de agresión hecha por la resolución 3314/XXIX de la AGNU tiene sólidos fundamentos de política legislativa pero peca de estrechez, en el sentido de perder de vista que aún dentro de la práctica de las Naciones Unidas, dicha definición no cierra las puertas a que el Consejo de Seguridad (en definitiva, el órgano que se ocupa de mantener la paz y seguridad interna- cionales y, por lo tanto, de aplicar efectivamente dicho instrumento legal) incorpore conductas no contempladas expresamente por la resolución a la calificación de defini- ción. Por otro lado, el Consejo de Seguridad también cuenta con dos casos adicionales (amenaza a la paz y seguridad internacionales, y quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales) que pueden poner en marcha el Capítulo VII de la Carta, que es el que prevé la aplicación de las acciones colectivas por parte del Consejo.
Es  cierto  que  el  Consejo de Seguridad  actúa  con absoluta  discrecionalidad  en la
aplicación del Capítulo VII, que refiere a la Seguridad Colectiva (al cual consideramos la columna  vertebral  de la  Carta  de las  Naciones  Unidas)  en  virtud  a que los  miembro permanentes (aquellos que aparecen mencionados por su nombre en el artículo 23, y que hemos enumerado más arriba) se arrogaron dicha discreción y los demás miembros de la Organización no se encontraban (ni se encuentran) en condiciones políticas ni lega- les de cuestionar dicha prerrogativa. Nadie desee que el Poder Ejecutivo Nacional actúe con tal grado de discrecionalidad al decidir el empleo disuasivo o efectivo del Instrumen- to Militar, lo cual explicaría la visión restrictiva del Decreto Reglamentario de 2006. Sin embargo, la limitación más relevante al accionar del Poder Ejecutivo nace, naturalmente, de la Ley de Defensa Nacional, la cual emana del Poder Legislativo y preveía una hipótesis de empleo más amplia que la del Decreto Reglamentario en cuestión, dado que no fijaba expresamente el requisito del “agente externo estatal” como sujeto activo de la agresión, ni tampoco puede deducirse del espíritu de la misma. Así como era legítimo que el Decreto Reglamentario restringiera el accionar del Poder Ejecutivo Nacional (se trataba, en definitiva, de una autorrestricción) entendemos que también es legítimo y legal ampliar la hipótesis de empleo del Instrumento Militar, en la medida que no se avance sobre la ley 23.554 (lo cual entendemos que no sucede).
Las especulaciones sobre el riesgo del empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha
contra el narcotráfico, por ejemplo, no puede deducirse de la letra del nuevo Decreto Reglamentario, ni del alistamiento, adiestramiento ni de los medios puestos a disposición de los integrantes de las Fuerzas Armadas, entendiendo que no son más que eso, especu- laciones. Y por más que parezca que es muy improbable la necesidad del empleo del Instrumento Militar de manera disuasiva o efectiva frente a un agresor externo, sea estatal o no estatal, cabe recordar que la ley es, por definición, general y abstracta, y es adoptada a los efectos de tratar con el mayor detalle posible la mayor cantidad de pro- babilidades dentro de su ámbito de aplicación para no dejar nada librado al azar. Por ello es que podemos recuperar una frase ya citada al final del título anterior: el legislador debe prever tanto lo mejor como lo peor.