Consideraciones teóricas sobre el Estado, la idea de progreso y los grandes proyectos

La dimensión territorial de las grandes obras de infraestructura no puede deslindarse de la problemática del poder. La producción social del espacio se relaciona con el sistema de poder imperante, que en aras de un determinado “proyecto nacional” convierte los intereses de la clase dominante en los intereses de la Nación, y -al hacerlo- revela consensos compartidos entre los diferentes actores de un proceso. Asimismo, el Estado como dominación define la modalidad de intervención en el espacio y el rol de la sociedad civil vinculada al mismo, además otorga la direccionalidad del proceso. En regímenes dictatoriales o autoritarios el proceso de intervención territorial es unilateral, al debilitarse las mediaciones legitimadoras del Estado. El poder nacional carece de contrapesos o controles, actuando en una situación social asimétrica en la que la despolitización y subordinación de la sociedad se ejerce mediante métodos coactivos.

A partir de la década de 1960 y como respuesta a la coyuntura histórica que atravesaban los países latinoamericanos signada -con los lógicos matices- por la crisis de acumulación y de dominación, surgió un tipo de Estado que el politólogo argentino Guillermo O’Donnell (1996) definió como Estado Burocrático Autoritario (EBA). A nivel socio-político el EBA tradujo la imposición de un orden basado en la exclusión política y económica del sector popular como respuesta a las demandas de los sectores dominantes nacionales e internacionales. Estos sectores procuraban evitar que la crisis socio-política pusiera en riesgo la existencia misma del capitalismo. Para estos grupos, la subordinación de los sectores populares y obreros que actuaban con creciente autonomía en el campo político y social, era la única vía para superar la crisis y evitar sus efectos negativos sobre el sistema capitalista. De este modo, el EBA liderado por las Fuerzas Armadas se convirtió en una expresión de los intereses de clase o fracciones de clase sustraídas a su control.

En los países latinoamericanos, el EBA estuvo condicionado por las necesidades del mercado externo que aportó capital bajo el formato de inversiones o préstamos financieros. En dicho contexto, el EBA fue el gestor de grandes obras de infraestructura realizadas en la mayoría de los casos con la participación de técnicos y con financiamiento externo. En la década de 1980 el antropólogo brasileño Gustavo ^{Lins Ribeiro (1985}) calificó a estos emprendimientos como Proyectos de Gran Escala (PGE), caracterizados fundamentalmente por el “gigantismo”, aspecto visible de la pretensión militar de demostrar el alcance y la “majestuosidad” de la acción estatal: ciudades planificadas como Brasilia, obras hidroeléctricas, ferrocarriles y canales de riego.

Para Lins Ribeiro, los PGE conforman sistemas con una lógica particular atravesada por el arco de relaciones que los sustentan y con características recurrentes, ya que presentan similitudes que permite agruparlos bajo una misma denominación. Se desarrollan generalmente en áreas no industrializadas, poco pobladas y relativamente aisladas. Los PGE tienen un carácter temporal, ya que se puede identificar el inicio y final de los mismos. Al explicar el gigantismo, Lins Ribeiro aclara que las obras son vistas como efecto positivo de lo que el autor denomina “la ideología de la redención”.

Con intencionalidad geopolítica, los gobiernos dictatoriales afirmaron tener como misión restaurar el orden social para recuperar la nación en riesgo, amenazada por “fuerzas disolventes”. Esta construcción ideológica generó representaciones colectivas que involucran al personal de la obra y a los afectados, quienes no tuvieron participación en la decisión estatal y cuyos objetivos para el área de implantación no fueron tenidos en cuenta. Si consideramos al Estado como actor político operante y decisor en las obras, podemos señalar que emergió un discurso basado en que aquellos que estén en contra de las mismas, lesionan decisivamente los objetivos nacionales (^{Barabas y Bartolomé, 1992}, p. 11)

En el caso de las represas hidroeléctricas, los PGE pueden ser considerados “proyectos de propósitos múltiples” o multipropósitos, cuyos efectos provocarán el desarrollo en forma simultánea de diversos recursos: navegación, comunicación vial, empleo, productividad además de energía (^{Rofman y Brunstein, 1987}, p.13). Empero, ^{Balazote y Radovich (2003}) cuestionan la denominación de “presas de propósitos múltiples”, ya que consideran que fue utilizada por los gobiernos para legitimar la iniciativa, solapando la principal intención que es la producción de energía a bajo costo, una sola y rígida variable que impide incorporar otras dimensiones. Del mismo modo, ^{Lins Ribeiro (1985}) advierte que, si hablamos de “proyectos de desarrollo”, utilizamos el punto de vista de los planificadores, asumiendo que el desarrollo fue no sólo un objetivo sino también un logro.

En la construcción ideológica de los actores políticos y sociales actuantes, los PGE reactualizan la concepción decimonónica del progreso como resultante beneficiosa para las poblaciones receptoras de la acción estatal. El historiador David ^{Nye (1994}) problematiza la idea de progreso para los grandes emprendimientos del siglo XIX en Estados Unidos, con la perspectiva de que puentes, ferrocarriles, energía eléctrica y estructura urbana funcionan más que como medios para garantizar la infraestructura como monumentos reveladores del crecimiento, simbolizando que la sociedad puede contemplar las obras humanas y el nivel elevado que logró alcanzar. El autor utiliza el concepto de “sublime tecnológico” para analizar cómo los megaproyectos son vistos como la única vía de progreso de un país dentro de la escala mundial. Así la contemplación de los grandes proyectos no se daría en función de la utilidad a ellos atribuida, sino por obrar como una demostración del progreso humano que reivindica para un determinado país un lugar entre las principales potencias mundiales. De esta manera se soslaya de la obra su sentido aparentemente intrínseco, para atribuirle un significado social que traduce la idea de que ese Estado está avanzando hacia el progreso.

Por su parte, ^{Cordeiro (2015}) analiza que en el caso de Brasil, la visión basada en un camino hacia la cima de las naciones puede ser encontrada en diversas canciones que se volvieron símbolo de las dictaduras como Para frente Brasil, cantada por la población en la conquista de la Copa del Mundo de Futbol (1970). Según ^{Souza (2020}) ésta es una perspectiva que aúna todas las voces del país, noventa millones “en acción” cantadas a través de una canción popular que ignora las diferentes demandas y diversidades de los centenares de pueblos que se encuentran dentro del territorio nacional. El progreso como ethos urbano, industrial-capitalista debería por lo tanto solucionar las diferencias y las necesidades de diversas poblaciones de un inmenso país, si se pretende garantizar el crecimiento de la Nación.

Obviamente, esgrimir la idea de progreso como concepto motivador de la acción presentaba discursivamente una ventaja, ya que no se podía criticar la posibilidad de que diversos sectores se beneficiaran del mismo. De esta manera se minimizaba el costo social y se justificaba la gran inversión de capital que se realizaba, relegando cuestiones sanitarias, culturales y sociales o el impacto ambiental que se consideraba como gasto superfluo. El proceso decisional liderado por técnicos y corporaciones que incidían sobre lo que Alejandro ^{Rofman (1984}) llamó “la realidad del gabinete”, condicionó el análisis que se limitó exclusivamente a la etapa de gestión y ejecución de las obras, ignorando sus posteriores -y a veces devastadores- efectos. En el caso de los modelos autoritarios, se facilitaba la posibilidad de operar coercitivamente sobre la sociedad para silenciar voces y reclamos, además evitar o atenuar el costo político de las obras (Rofman y Brunstein, 1987).

Por ende, el contexto político-económico resulta fundamental a la hora de merituar el impacto político de las grandes obras, compuesto por las demandas y reclamos de las sociedades afectadas quienes no fueron consultadas sobre la conveniencia y efectos de las mismas. La infraestructura complementaria vinculada a estos PGE -creación de campamentos temporarios, rutas, puertos y aeropuertos- y los efectos provocados sobre la población rural radicada en las tierras aledañas, en función de la relocalización, la urbanización y la destrucción de la actividad agrícola regional, se agravan con los daños medio ambientales provocados por los PGE.

Las dictaduras de 1964 en Brasil y 1966 en Argentina y sus objetivos políticos, económicos y de subordinación de clases

En el marco del formato del Estado Burocrático Autoritario ya mencionado, tanto Brasil como Argentina iniciaron en la década de 1960 sendos ciclos dictatoriales. El 31 de mayo de 1964 se produjo el Golpe de Estado en Brasil que depuso al presidente Joao Goulart, quien había asumido en un escenario conflictivo que terminó con la renuncia del presidente electivo Janio Quadros (1961) y los eventos que impidieron temporalmente la asunción del vicepresidente Goulart, quien se hallaba en China en misión oficial.

Para ^{D’Araujo (1994}, p.52), “el golpe de 1964 fue interpretado, por mucho tiempo, con una visión dual que acentuaba su carácter antidemocrático, dictatorial e imperialista, tanto como su carácter salvacionista y disciplinador”. La autora señala que ésta es una visión reduccionista que ignora los hechos. Además de instituir políticas represivas, la dictadura también pautó acciones y discursos con el ideal de modernización autoritaria del Estado brasileño. Por su parte, ^{Reis (2014}) argumenta que fue necesario enfrentar las bases conservadoras de la sociedad brasileña para imponer al vicepresidente Goulart como presidente y que después de la asunción, los sectores populares directamente relacionados con las bases sindicales y otras organizaciones de trabajadores iniciaron una ofensiva por los derechos en la sociedad brasileña. En ese marco, se advirtió un endurecimiento de los discursos que se colocaban como defensores de los valores patrióticos y exaltaban una supuesta tradición brasileña, basada en el amor cristiano y la valorización de la familia. Acorde con esto, se registraron marchas por Dios, por la familia y por la libertad, y los adherentes al golpe militar se colocaron como defensores de la religión, de la democracia, de Dios y de la familia según los supuestos “valores cristianos” (Reis, 2014).

En 1966 en Argentina como una manifestación más del poder militar, se produjo el cuarto golpe de Estado. La imposibilidad de los gobiernos democráticos de ejercer el poder frente a los planteos que ocasionaba la proscripción del peronismo -decidida por los militares en 1955- se vio agravada por la creciente injerencia militar en los asuntos internos de la Nación y el embate sindical, que había enfrentado al gobierno de Arturo Illia (1963-1966) con un masivo y exitoso plan de lucha caracterizado por la ocupación masiva de fábricas en 1964. Asimismo, la politización del movimiento estudiantil universitario y la acción de las organizaciones armadas motorizaron la intervención militar.

El golpe de Estado cívico-militar que destituyó al presidente Illia se autodenominó “revolución” con el objetivo de restablecer el orden, refundar la nación y crear una “Nueva Argentina”. Con el apoyo de las corporaciones rurales e industriales y el consenso expectante del movimiento obrero, el autoritarismo militar se propuso disciplinar la sociedad mediante el control ideológico-represivo y despolitizar al país, modificando la estructura de funcionamiento y de representación de la política. En ese marco la idea de seguridad cobro fuerza como justificación de la acción y fue definida como “…la situación en la cual los intereses de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales…”.

El presidente de facto Gral. Juan Carlos Onganía (1966-1970) expresó que “Esta Revolución no tiene un plazo dado; tiene objetivos que cumplirá en el tiempo, entre ellos fijar las bases sobre las cuales una auténtica comunidad nacional pueda elaborar un programa de vida para alcanzar sus objetivos sin violencia física ni morales para nadie…el país se encamina resueltamente hacia su grandeza”. La intención manifiesta fue refundar la Nación, transformar la sociedad y construir un orden político corporativista y “comunitarista” (Gómez, 2011), en un proceso signado por tiempos sucesivos: el tiempo político, económico y social. El EBA pretendía aparecer con un perfil progresista, modernizador, eficiente, de racionalidad administrativa y predominio de cuadros técnicos en el aparato estatal.

En Brasil, la dictadura se presentó también como una “revolución” cuya misión era crear un nuevo “ser nacional”. Ese ser nacional debía emerger de esta dictadura que como afirma ^{Gaspari (2014}) aparecía como un agente que iba a revolucionar el país, los valores, las creencias, la economía y la creación de un nuevo ciudadano brasileño, el cual debía ser visto como patriota por encima de todo, temeroso de Dios y defensor de los valores tradicionales de la familia. Ninguno de estos discursos era muy claro acerca de lo que se pretendía o se quería directamente expresar, pero servían como base ideológica para movilizar sectores de la población con la idea de que se estaría construyendo algo nuevo, positivo y definitivo. Es así que la implementación de megaproyectos como la carretera Transamazónica fue celebrada por todo el país como la obra principal de la década, según una encuesta de opinión pública realizada por la revista Veja.

A tono con el consenso económico global de la segunda posguerra, el impulso norteamericano de la Alianza para el Progreso (1961) y la orientación económica de varios países latinoamericanos, la planificación del desarrollo fue la herramienta de cambio (^{Jáuregui, 2018}). La mirada se centró en el proceso industrializador que debía superar la fase sustitutiva y adquirir la capacidad de expandir la exportación. En Argentina y en el ámbito de la política económica, el nuevo gobierno modificó notablemente el rumbo de la economía. Al nacionalismo económico del gobierno de Arturo Illia -que había afectado fundamentalmente los intereses de las compañías petroleras- el nuevo gobierno le contrapuso una política de cuño liberal de apertura a los capitales extranjeros.

Al asumir, Onganía realizó un diagnóstico en el que señalaba una situación de paralización y deterioro económico-financiero causado por una “rígida estructura política y económica anacrónica”: “En este ámbito descompuesto, viciado además de electoralismo, la sana economía no puede subsistir como un proceso racional”. En ese marco, las propuestas del nuevo gobierno fueron eliminar las causas profundas del estancamiento y alcanzar adecuadas relaciones laborales, enunciando que se procuraría una gran expansión económica sobre la base del desarrollo, para potenciar los recursos humanos y naturales del país. Para la gestión, la normalización económica se vinculaba con la tecnificación, modernización y burocratización del Estado, que asumió una función de “pragmatismo intervencionista”. Evidentemente, la alianza con las grandes empresas nacionales y transnacionales requería de un giro profundo en la orientación de la economía (^{Bona y Páez, 2020}).

Para Brasil, ^{Skidmore (1988}) considera que los generales-presidentes implementaron en los seis primeros años políticas austeras de control de la economía y contención de gastos. Esta política se modificó sobre todo en el gobierno del general Emilio Garrastazu Medici (1969-1974), cuando la agenda viró hacia un discurso de crecimiento económico basado en la conquista de la totalidad del territorio, con políticas de ocupación poblacional y también de neutralización del conflicto social mediante el control de la inflación, la generación del empleo y la industrialización. Fue el comienzo de una etapa de implementación de medidas que ^{Velho (1995}) denomina “modernización autoritaria”, basada en los megaproyectos.

El ministro de Hacienda Antonio Delfim Netto (1969-1974) afirmaba que primero era preciso promover el crecimiento de la macroeconomía para así enfrentar el problema de la desigualdad. De esta manera, en el año 1970 el régimen militar registró elevados índices de crecimiento económico que acrecentaron la popularidad de los generales, el presidente y sus ministros (^{Diniz, 1994}). La conquista de la Copa Mundial de Futbol en 1970 aumentó la euforia, de modo tal que se tornaron cada vez más frecuentes las canciones y discursos que colocaban a Brasil como encaminado a ser una futura potencia mundial (^{Cordeiro 2015}).

De modo similar a Brasil que sobre la base de la noción de “seguridad con desarrollo” diseñó dos planes estratégicos a partir de 1967, en Argentina se instrumentó el Sistema Nacional de Planificación y Acción para el desarrollo, creado el 30 de septiembre de 1966 (decreto-ley N° 16964) que actuaría coordinadamente con el Sistema Nacional de Planeamiento para la Seguridad, creado el 6 de octubre de 1966 mediante el decreto-ley N° 16970. En ellos, dos organismos tendrían una injerencia clave: el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) que articularía su accionar con el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), organismos que debían elaborar planes de desarrollo regionales ya sean de corto o largo plazo. Con ambos sistemas de planeamiento, se concretó legalmente la asociación desarrollo-seguridad nacional, considerándola como una herramienta permanente para asegurar el bienestar económico de la población en tiempos de paz y la concreción de los objetivos nacionales de la revolución.

Tanto en Brasil como en Argentina, el objetivo fue la atracción de capitales extranjeros, ya sea como parte de préstamos, para inversiones directas o compra de empresas nacionales, para aumentar la disponibilidad de fondos estatales. Para ello se impulsó la radicación e inversión de empresas transnacionalizadas extranjeras que actuaron en asociación con los grandes grupos económicos locales. Facilitada por un contexto dictatorial que habilitaba decisiones rápidas e ignoraba efectos y demandas, la inversión en obras públicas fue un rasgo característico de ambas dictaduras realizada mediante préstamos de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y el FMI.

En Argentina, las grandes obras fueron justificadas por el Estado como una inversión que permitiría superar el desequilibrio regional y derramar beneficios sobre la población circundante. Como estrategia para generar confianza en las grandes empresas, el propio Estado nacional se involucró activamente en su realización y mantenimiento. En Brasil, los megaproyectos movilizaban y motivaban a la población que comienza a ver un país gigantesco extendido por sus fronteras, acercando la modernización y el control social para toda la población.

En esta lógica, la idea de un Brasil-potencia existía desde la consolidación del territorio durante el período republicano, anclada en el imaginario de la población que afirmaba que el país tenía el derecho natural de estar entre los más poderosos del mundo (^{Fico, 1997}). Brasil sería pensado por su propia población -como afirma el himno nacional- como un “gigante por su propia naturaleza” y esta idea atravesó diversos proyectos en el siglo XX, indicando que si se convirtiera en una potencia mundial no sería una conquista sino un derecho natural del Estado y de todo el pueblo. Esta idea de “pueblo”, en singular, resalta la perspectiva de ignorar todas las diversidades socio-culturales, para superponerlas con una visión unificadora que excluye intencionadamente la singularidad.

A modo de ejemplo, el puente Río de Janeiro-Niteroi, construido entre 1969 y 1974, se convirtió en el mayor puente del mundo con catorce kilómetros de largo, con el fin de demostrar claramente que Brasil asumía ahora el protagonismo y que estaba destinado a formar parte del llamado “primer mundo”. Como afirma ^{Skidmore (1988}), esta obra tuvo la ventaja de estar situada en la ex capital federal, que era la ciudad más visitada por los turistas extranjeros: Río de Janeiro, lo que podría provocar un fuerte apoyo popular al demostrar la capacidad de los militares de dominar la naturaleza para desarrollar el país. Del mismo modo, otra obra gigantesca de la dictadura, el Complejo Hidroeléctrico de Itaipú construido entre 1975 y 1982, fue celebrado como el “mayor del mundo”, que al mismo tiempo generaría energía suficiente para las industrias de la región sudeste, en la que están localizados los Estados de Río de Janeiro y San Pablo.

Evidentemente el gigantismo de los megaproyectos conquistaba, seducía y sostenía los objetivos de la dictadura: modernizar, industrializar, integrar y controlar. Analizando el fuerte atractivo que ejercían los megaproyectos sobre la población, -muchas veces utilizado por los regímenes autoritarios-, ^{García y Subtil (2018}) afirman que las grandes obras de infraestructura colocan en el centro de la escena la idea de conectar y comunicar seres humanos de diferentes lugares, y “liberar” así a las personas, una ideología que puede suplantar elementos contrarios como la protección de la naturaleza. Dentro de esta lógica, la dictadura comenzó a implementar una agenda de modernización autoritaria del Estado, eliminando derechos de los trabajadores, reprimiendo a la oposición y procurando la ejecución de megaproyectos sobre todo en Amazonia como motor del llamado Brasil grande, apelando a la idea de integrar las vías de comunicación del país.

En Argentina los PGE o megaproyectos fueron financiados con los ingresos provenientes de las retenciones agropecuarias, la devaluación de la moneda, los préstamos de organismos internacionales y la emisión de bonos externos. En 1967 la cartera de Economía fue ocupada por Adalberto Krieger Vasena, un economista liberal ligado a las grandes corporaciones nacionales e internacionales. La formulación de un Plan de Estabilización y Desarrollo incluía obras destinadas a recursos estratégicos como la hidroelectricidad, la provisión de gas natural y petróleo y la facilitación de la red de comunicaciones (^{Bona y Paez, 2020}, p. 44). En función de este plan fueron construidas la Central Nuclear de Atucha (1968-1974), algunos puentes interprovinciales como el que une Santa Fe con Paraná inaugurado en 1969, el Complejo Zarate Brazo Largo en la provincia de Buenos Aires construido entre 1971 y 1977, así como las obras de acceso portuario en la ciudad capital del país.

Para los militares en el poder, el consenso estaba en la idea que para el desarrollo y ordenamiento del llamado “tiempo económico”, era indispensable desactivar las protestas sociales y sindicales como ya mencionamos. Pero la aplicación represiva de este objetivo no logró desalentar las protestas. La movilización social y el descontento de amplios sectores con el rumbo de la economía desembocaron en el Cordobazo (mayo de 1969), un movimiento popular liderado por estudiantes y obreros en la ciudad de Córdoba, que recibió la adhesión de sectores medios, empresarios nacionales y productores rurales. En esa coyuntura, los planes de la segunda etapa de la Revolución Argentina como el Plan de Desarrollo y Seguridad 1971-1975 incluyeron la cuestión social como un problema a atender y como premisa para el desarrollo (^{Laguado Duca, 2010}).

Algo similar ocurrió en Brasil. Después del golpe de 1964, los generales fueron escogidos como presidentes, convirtiéndose en protagonistas del control sobre la vida de la población brasileña. Si bien la primera mitad de los años 70 estuvieron marcados por el crecimiento económico, por otro lado, en los sótanos de la dictadura, los opositores fueron fuertemente reprimidos a través de la censura, tortura u otros mecanismos que posteriormente fueron reunidos en forma de libro organizado por el Cardenal Evaristo Arns (1985), obra que contenía testimonios y documentos sobre la represión y la tortura realizadas por la dictadura. El proyecto Brasil Nunca mais contó también con la participación del rabino Henry Sobel y del pastor presbiteriano Jaime Wright, quienes conjuntamente con el organizador del libro recolectaron clandestinamente documentos y testimonios en medio de la represión impuesta por el gobierno.

Por un lado, la dictadura promovía la generación de empleo, expandía la educación en diversos niveles incluso universitaria, desarrollaba la industrialización; y por el otro desplegaba distintos mecanismos represivos, oficiales y no oficiales, como una manera de controlar y desacreditar discursos de la oposición que pasaron a ser encuadrados como una retórica ideológica de los comunistas (^{Reis, 2014}). Constituía una modernización autoritaria basada en la idea de expansión de la macroeconomía, sustituyendo derechos de los trabajadores y de las poblaciones tradicionales sobre la base que además de aumentar la circulación de dinero en el país, se podría pensar en mejorar la vida de los trabajadores (^{Diniz, 1994}). Era una retórica atrayente para sectores de la sociedad que veían la necesidad de imposición ideológica, control, represión y al mismo tiempo la modernización nacional basada en la industrialización y las obras de infraestructura como una manera de generar empleo y renta, ignorando a las poblaciones del país y sus diferentes lógicas socio-culturales, lo que provocó diversos conflictos en el campo, con episodios de violencia contra la población indígena, especialmente en Amazonia.

Amazonia y Patagonia. Espacio, imaginario y representaciones

En los procesos dictatoriales brasileños y argentinos de los sesenta y setenta, tanto la Amazonia como la Patagonia fueron objeto de especial atención por parte del Estado y de los sectores en él representados. La elección de estos espacios como lugares de materialización del poder a través de grandes obras de infraestructura no resulta azarosa, sino que se funda en las razones históricas que justificaron la relación entablada desde el gobierno nacional hacia sus fronteras y hacia los habitantes que ocupaban esas áreas consideradas marginales.

Para la dictadura brasileña, la idea de modernización e industrialización implicaba establecer una estructura que visibilizara el surgimiento de este Brasil grande que extendería su dominio por todo el territorio. Sería un país que controlaría la totalidad del territorio y todas sus poblaciones, vistas ahora como componentes de una idea uniforme de Nación, eliminadora de las diferencias entre las mismas (^{Fico, 1997}).

Como mencionamos, los dos primeros gobiernos militares implementaron políticas de austeridad económica basadas en la tecnocracia, que afirmaba la importancia de realizar obras de impacto popular para mantener el discurso de la eficacia administrativa en las diferentes instituciones públicas brasileñas. La Amazonia estuvo inicialmente en un segundo plano. Pero una serie de problemas con los índices de popularidad, el crecimiento de movimientos de oposición y las diversas cuestiones económicas motivaron el cambio de rumbo a partir de 1969 durante el gobierno del Gral. Medici.

Se afirmó que cada región brindaría algo al país y Amazonia ocuparía un lugar especial en este proyecto de Nación que involucra a su propia población, ya que esta región tendría para ofrecer las riquezas escondidas dentro del gran bosque tropical. En un libro basado en diversos reportajes, el periodista Murilo Melho Filho de la revista Manchete, una de las más populares de Brasil en las décadas de 1970 y 1980, argumenta que la explotación de las riquezas iba a potenciar el “atrasado reloj amazónico”, así como trazar una perspectiva de desarrollo nacional a partir de la conquista de la región. Esta idea quedó en la mentalidad nacional como la necesidad de implementar megaproyectos en Amazonia para que el país alcanzara todo su potencial. De este modo, lo que pasa a ocupar el centro de las discusiones en la década de 1970 no es si era legítimo o recomendable explotar la región amazónica a partir de los megaproyectos, sino cuándo y cómo se realizaría, como único camino posible para visibilizar el progreso de Brasil.

Gondim (2007) considera que la Amazonia por siglos habitó el imaginario de los brasileños que afirmaban que esta región contenía misterios a ser descubiertos y conquistados, con incontables riquezas. ^{Fico (1997}) analiza que Brasil a lo largo de la segunda mitad del siglo XX utilizó las riquezas naturales de la región como un medio para alcanzar el tan deseado progreso. De acuerdo con esta mirada, la “cartografía del desarrollo” centralizó acciones en la región amazónica a partir de 1967, con la creación de la Superintendência de Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM).

La Amazonia era una legendaria región, con el mayor bosque tropical del mundo, fundamentalmente en territorio brasileño y por eso mismo los militares tenían interés en demostrar fuerza, poder, dominio y conquista en ese espacio. De este modo, una agenda iniciada en el gobierno de Getulio Vargas (1951-1954) e implementada en el gobierno de Juscelino Kubistchek (1956-1961), durante la dictadura ingresó con fuerza en las noticias de una prensa centrada en las ideas que vinculaban al progreso y al desarrollo a partir de los megaproyectos.

La soberanía nacional fue el argumento utilizado -sobre todo por los gobiernos autoritarios-para justificar acciones depredatorias implementadas en la región. El Himno Nacional de Brasil que afirma que “nuestros bosques tienen mucha vida”, también argumenta que nuestro país es un “impávido coloso” y “gigante por su propia naturaleza”. De esta forma, el gigantismo sería natural en Brasil, de modo que la dictadura discurría ideológicamente como un régimen que llevaría al país al lugar postergado por acciones indebidas de otros gobiernos y por eso los megaproyectos fueron recibidos y celebrados por la población sobre todo en la década de 1970 (^{Cordeiro, 2015}).

Al igual que la Amazonia brasileña, la Patagonia fue vista como área periférica de frontera, representación colectiva de larga duración que remitía a lo marginal, lo remoto y lo incivilizado. En ambos espacios, la cultura indígena fue considerada históricamente como un obstáculo para los procesos de homogeneización y modernización estatal, certeza que derivó no solo en episodios de violencia física y persecución, sino también en acciones genocidas como la “campaña al desierto” iniciada en 1879, que provocó la desestructuración del mundo indígena, su estructura tribal y la unidad familiar.

El desarrollo patagónico estuvo ligado históricamente a la acción del Estado. Las cinco provincias patagónicas compartieron el mismo trayecto histórico desde 1878, con una estructura centralizada en la que el poder estatal-nacional operaba sobre el territorio a través de la infraestructura ferroviaria, el control social y la distribución de la tierra. Al ser un espacio centralizado, las agrupaciones locales, la prensa y los funcionarios territorianos demandaban al Estado la inversión en obras que posibilitaran por ejemplo, la irrigación de las tierras o el aprovechamiento energético.

Pero la Patagonia también portaba un capital simbólico que la asociaba a ideas-fuerza que se emitían discursivamente, y que obraban como simplificaciones efectivas y comprensivas de rasgos propios de la frontera o de la potencialidad del espacio para contribuir al desarrollo económico de la Nación. En la segunda mitad del siglo XX se potenciaron las representaciones vinculadas a la Patagonia como reserva de recursos para el país, lugar de argentinización de la población y escenario clave para la seguridad nacional debido a su importancia geopolítica. El impulso desarrollista provino del gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962), que priorizó la explotación de petróleo, hierro y acero como parte de “batallas” que permitirían hacer realidad “la segunda conquista del desierto” (^{Ruffini, 2020}). En consonancia, la planificación estatal del desarrollismo impulsado por Frondizi incluyó la explotación integral de los yacimientos de carbón de Río Turbio y de hierro en Sierra Grande (Río Negro), la construcción de centrales hidroeléctricas para el aprovechamiento del río Limay y el establecimiento de centros siderúrgicos en Puerto Madryn, que se sumarían a la explotación petrolera llevada adelante por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Neuquén -Cutral Co y Plaza Huincul-, la localidad de Catriel en el norte de Río Negro y Comodoro Rivadavia en Chubut.

Desde lo conceptual, la asociación Patagonia-argentinización se había manifestado desde finales de siglo XIX como necesidad estatal para asegurar la soberanía en espacios considerados como un desierto y con una población con débil sentido de pertenencia nacional, lo que la hacía peligrosamente propicia para una posible cooptación por países extranjeros o ideologías políticas consideradas disolventes, como el comunismo o el socialismo. Pero el contenido de la idea de argentinización fue mutando según las diferentes épocas históricas. Así, para el espíritu del Centenario de la Revolución de Mayo (1910), la argentinización fue una manera de aventar los riesgos de la extranjerización de la población o para el radicalismo yrigoyenista entre 1916-1922, argentinizar era resguardar la frontera y neutralizar la acción sindical obrera. Entre 1946 y 1955, para el peronismo argentinizar significó otorgar a los habitantes la ciudadanía política plena de la que carecían desde la penetración estatal en el sur a partir de 1878 con la Gobernación de la Patagonia.

Durante la etapa de la autodenominada Revolución Argentina, la noción de argentinización del espacio, vector de las políticas implementadas desde finales del siglo XIX, se reactualizó bajo el telón ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, de fuerte incidencia en los países latinoamericanos especialmente en Brasil. Sobre la base de la teoría de los polos de desarrollo vigente en América Latina, en la coyuntura de los sesenta se planteó la necesidad de poblar el territorio por razones geopolíticas frente a un eventual conflicto diplomático con Chile e Inglaterra. Pero también argentinizar el sur fue una estrategia destinada a neutralizar la acción sindical, creando nuevos enclaves económicos que estarían ubicados lejos de los centros de conflicto -Córdoba, Rosario, Mendoza- y que podían controlarse fácilmente dada la participación del Estado nacional en los mismos. De este modo, argentinización, desarrollo y control social resultó la tríada conceptual dominante en la Patagonia en la década de los sesenta.

Dictadura y perpetuación del poder: los grandes proyectos

Según ^{Martins de Souza (2017}), durante la dictadura brasileña se inició una agenda de obras de infraestructura y exploración minera en la Amazonía, que fue ampliada por los gobiernos electos a partir de 1984. Si bien durante la dictadura se implementaron proyectos hidroeléctricos, agrícolas y de exploración minera, los mismos tuvieron continuidad al incluir, por ejemplo, la construcción de la Central Hidroeléctrica Belo Monte, durante los gobiernos de Luís Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en el siglo XXI. Son los “demonios del progreso”, que causan impactos en la región amazónica, como afirman ^{García y Subtil (2018}), y se extienden por diferentes momentos históricos.

En Brasil, el análisis de revistas importantes del período como Manchete y Veja, ya sea como relato oficial o bien como escritos sobre el período, nos permiten pensar en las políticas que portaron profundas transformaciones para el paisaje brasileño y de modo especial para la región amazónica. El foco pasó por los cambios en las políticas económicas, promoviendo obras de impacto que provocasen expectativas positivas en la población. (^{Skidmore, 1988}). En este sentido, una agenda de grandes proyectos fue pensada para ser implementada progresivamente en todo el país y especialmente en la región amazónica, centrados en la minería, energía hidroeléctrica, caminos, hidrovías y contando con un fuerte apoyo popular, lo que ayudaba a combatir la oposición (^{Martins de Souza, 2017}). Estas políticas, conjuntamente con la censura y la represión, fueron utilizadas por la dictadura para fortalecer el régimen e imponer sus políticas para todo el país, en una búsqueda simultánea de represión y obtención de apoyo popular.

Un documento producido por la SUDAM en 1970 sobre las potencialidades económicas de dos importantes carreteras que estaban en construcción, señala la explotación de la fauna y flora amazónicas entre los futuros generadores de riquezas para el país. Con una visión más amplia, el informe de 1974 de la SUDAM indica una abundante gama de bienes y obras que Amazonia comenzaba a ofrecer al desarrollo nacional. Entre los emprendimientos ya terminados o en fase de construcción, el documento destaca los polos de explotación mineral y agropecuaria, diversas carreteras, puertos y vías navegables, aeropuertos y pistas de aterrizaje, hidroeléctricas, vías de transmisión de energía y telecomunicaciones, industrias fundamentalmente madereras y la ampliación de los núcleos urbanos con el objetivo de atraer migrantes contando con la infraestructura necesaria. Entre las riquezas el documento señala recursos minerales, pesqueros y bosques.

Fueron entonces construidas hidroeléctricas principalmente en Balbina y Tucuruí, diversas autopistas, puertos, vías ferroviarias, centros de colonización agropecuaria, aeropuertos, nuevas ciudades y toda una gama de servicios que buscaban explotar las potencialidades de la región amazónica. De esta manera, la revista Manchete de 1973, anuncia en una edición especial las profundas transformaciones que los militares realizaron en Amazonia, con megaproyectos que estaban-como afirma la revista- construyendo un “nuevo Brasil”. Las poblaciones de Amazonia fueron colocadas en este nuevo Brasil, utilizando el concepto discutido por ^{Nye (1994}) de “sublime tecnológico”, como un obstáculo para el desarrollo nacional, de forma tal que el discurso acerca de la región como vacío demográfico articulaba bien con los intereses que pretendían ignorar a los habitantes y posibilitar una era de megaproyectos.

Era un período de represión a la prensa, las pautas de publicación eran analizadas por los censores, lo que terminó creando mecanismos de control interno en muchos medios de comunicación en la década de 1970 tal como afirman ^{Mota y Capelato (1980}). En este contexto, una parte significativa de la prensa -sobre todo los diarios-, pasaron a adoptar la autocensura, incluyendo solamente los reportajes y notas que enaltecían las obras del gobierno o las que no confrontaban, que fueron publicadas para escapar a la presión ejercida por la censura gubernamental. Así y como afirman los autores, los periodistas se convirtieron en censores, ejerciendo control sobre los temas que serían publicados.

Al igual que los noticieros nacionales, Manchete anunciaba en sus titulares la construcción de la carretera Transamazónica como el inicio de un “viaje fantástico”. Esta obra, una carretera de 5400 kilómetros, marcaba un punto de partida en la agenda que colocaba a la Amazonia en el centro del escenario, como una región que aportaba al imaginario nacional por contener riquezas incontables no explotadas, y también porque se alegaba frecuentemente que era necesario ocupar la región con población brasileña para impedir que los extranjeros vinieran a apoderarse de ella. El Ministro de Transporte Gal. Mario Andreazza abordó esta idea en varios ensayos y entrevistas, enfatizando la necesidad de ocupar la región con megaproyectos para impedir que los extranjeros intentasen aprovecharse económicamente de la región, como afirmó en una nota que fue tapa de portada en la revista Manchete. Esta ideología vinculada al vacío demográfico y a los intereses extranjeros en la región, fue utilizada en diversos momentos de la historia de Brasil como una manera de justificar proyectos de intervención de la selva tropical, colocando en riesgo a la fauna, flora y a las poblaciones que viven en ella. La noción de “vacío” ignora a las poblaciones tradicionales y sus modos diversos de ocupación, siguiendo lógicas propias y estableciendo ideológicamente que -de no solucionarse- el espacio podría ser reivindicado por otros países.

En Argentina y por constituir el reservorio más importante de recursos minerales y ostentar abundantes cuencas hídricas, la planificación y realización de grandes obras de infraestructura tuvo a la Patagonia como principal destinataria. Según un informe del Consejo Federal de Inversiones -organismo que integraba el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo-, comparando con el total nacional, la Patagonia tenía el 50 % de los recursos hídricos, el 99% de las reservas de carbón, el 70% de las reservas de petróleo y el 60% de las reservas de gas. Por tanto, conformaba una región estratégica si se pensaba en modificar la estructura económica del país. Para impulsar el crecimiento del sur, la energía hidroeléctrica era considerada el factor básico.

Del mismo modo y siguiendo a ^{Lins Ribeiro (1987}), la Patagonia constituía un lugar propicio para desarrollar proyectos de gran envergadura, ya que tenía numerosas zonas con escasa población -el mencionado vacío demográfico- y aisladas de otras localidades importantes de la región o de los grandes centros urbanos e industriales. Con escasa acumulación previa de capital, el flujo de recursos debía ser mucho mayor que para otras zonas del país.

En el marco de lo que Arturo Laguardo denomina “la narrativa híbrida” de la Revolución Argentina, en el discurso del 30 de diciembre de 1966 aparecen dos referencias vinculadas directa e indirectamente con la Patagonia. En primer lugar, Onganía afirmaba que “El país vivía más del mito que de la realidad, del mito de sus inacabables recursos que no explotaba…la revolución triunfará si puede plantar al país de cara a su grandeza”. De manera eufemística, criticaba la postura desarrollista del ex presidente Frondizi, quien bajo la representación de la Patagonia-recurso encaro la explotación de minerales y diseño, pero no concretó obras de infraestructura hidroeléctrica. En otro pasaje del discurso hizo referencia expresa al proyecto considerado “la obra del siglo” -el Chocón Cerros Colorados- al señalar que “No abjuramos de los sistemas, que no son intrínsecamente malos, ni renunciamos a la política. La Revolución hace política cuando decreta la licitación del Chocón…”. En sus discursos Onganía relacionó estas obras con la dirección de un gobierno que “se encamina resueltamente a su grandeza”. En 1967 al clausurar en Ushuaia la primera reunión de gobernadores patagónicos, el presidente Onganía afirmo que “la Patagonia debía constituirse en símbolo de la integración nacional” y que para ello “la planificación estatal contribuiría a consolidar los valores y el sentimiento de Nación en la población “, expresión que recuperaba y enfatizaba la necesidad aún vigente de “argentinizar el sur”. La Patagonia aparecía así como parte esencial de la construcción nacional, un confín patrio caracterizado como “sublime” y condensador de las aspiraciones de la nación (^{Williams, 2014})

Si bien no lo dice expresamente, la presencia indígena era un componente principal. Sobre la base de la “ideología de la redención” y como eco de las argumentaciones decimonónicas, el gobierno de la Revolución Argentina consideraba que llevar el progreso al sur constituía una verdadera causa civilizatoria, que permitiría a los grupos indígenas asentados en las tierras aledañas a las obras, una mayor integración al mundo del trabajo y a la sociedad nacional (^{Barabas y Bartolome, 1992}), aspecto que las investigaciones realizadas acerca de las consecuencias producidas por las relocalizaciones compulsivas de pueblos mapuches desmienten rotundamente.

La estrategia del gobierno para las grandes inversiones estuvo orientada por dos ideas rectoras: proyectismo y regionalización. En forma similar a los proyectos de inversión en otros países de América Latina como México, las grandes obras fueron diseñadas sin una planificación adecuada y con una dimensión regional cuyo alcance y contenido estaba poco definida.

Un rasgo singular en la Patagonia fueron las forzadas y escasamente consensuadas divisiones regionales resultantes de la iniciativa estatal, utilizadas como estrategia para facilitar el diagnóstico, la definición de prioridades de desarrollo y la planificación de las obras necesarias para encararlas. En Patagonia, a partir de la década de 1960 comenzó a hablarse de la región Comahue, una delimitación que tenía como antecedente un proyecto de ley presentado en el Senado nacional en 1960 y cuya extensión abarcaba toda la cuenca del río Negro (^{Arias Bucciarelli, 2007}).

Según los estudios realizados, la Región Comahue incluía áreas heterogéneas, con diversidad eco sistémica y climática .Desde el punto de vista de su desarrollo, presentaba grandes falencias en las comunicaciones viales y ferroviarias, con material rodante obsoleto y cuya traza resultaba insuficiente para unir las grandes distancias patagónicas.

Empero, el diagnóstico no estuvo acompañado de acciones concretas. La constante redefinición de los límites de la Región Comahue tradujo la presión económica de las grandes empresas nacionales y transnacionales para expandir su alcance regional y obtener mayor rentabilidad, superponiendo espacios sin identidad ni tradición histórica previa.

En el mismo sentido y durante el onganiato, la intención del gobierno nacional de reformular la relación con las provincias y adquirir mayor centralidad en las decisiones, derivó en la fragmentación del arco de gobernadores patagónicos en dos regiones: Patagonia (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y Comahue, integrada por Neuquén, Río Negro, La Pampa y quince partidos del sur bonaerense. En cada región actuaría una junta de gobernadores con el fin de proponer medidas para el desarrollo regional y se instalaría una oficina regional de desarrollo. En la región Comahue esta oficina tuvo sede en Neuquén y en el caso de Patagonia estuvo ubicada en Comodoro Rivadavia (Chubut).

Llama la atención la creación de dos regiones en un espacio como el patagónico que históricamente había sido considerado por el Estado nacional como unidad, a pesar de los componentes complejos y heterogéneos de su conformación socio-política y económica. Pero consideramos que esta decisión tenía como objetivo interrumpir la continuidad de los espacios de deliberación y reunión de los gobernadores patagónicos, que se habían multiplicado durante la gestión del presidente Illia. A modo de ejemplo, en septiembre de 1964 se realizó la primera Conferencia de Gobernadores Patagónicos en Neuquén con el objetivo de propiciar la integración patagónica. En la Segunda Conferencia de gobernadores en Rawson, Chubut (septiembre de 1965) se creó el “Ente Patagónico”, un organismo de carácter permanente destinado a impulsar obras públicas fundamentalmente hidráulicas y diseñar medidas de desarrollo para el sur. Entre las prioridades para la región, el Ente ubica a las obras hidroeléctricas del Chocón-Cerros Colorados. Podemos pensar que más allá de criterios técnicos, la división de la Región Comahue no sólo interrumpió las iniciativas autónomas de reunión y planificación realizadas en los años previos, sino que debilitó la fuerza de las demandas y reclamos de asociaciones, corporaciones y la prensa, al centralizar el control de las iniciativas en el Estado mediante el CONADE.

Conjuntamente con los regímenes de desarrollo y promoción industrial, durante la Revolución Argentina la inversión en infraestructura en el sur se realizó con aporte estatal y con el concurso de capitales privados y nacionales. Al igual que en la Amazonia brasileña, los espacios sobre los que se asentaron los grandes emprendimientos no fueron considerados como parte de sistemas sociales y naturales en interacción, sino como áreas a explotar bajo la concepción de enclave y destinadas a abastecer a áreas extra patagónicas (^{Rofman y Brunstein 1987}, p.12). Durante la etapa dictatorial, el papel dominante jugado por el Estado aseguraba a los inversionistas una rentabilidad sostenida, en función de las facilidades para la importación de insumos, las exenciones y rebajas impositivas y la posibilidad de disponer libremente de las ganancias. Pero beneficiaba escasamente al sur, ya que la producción de energía y materias primas estaban destinadas fundamentalmente a las áreas centrales del país.

La inversión estatal en el sur, orientada a hacer realidad la “Patagonia-recurso”, se centró en hidroelectricidad y producción de aluminio. La regulación de los ríos había sido una asignatura pendiente desde la creación de los Territorios Nacionales en 1884, manifestada en las dificultades existentes para controlar las grandes inundaciones del río Negro, debido a las crecientes por deshielo de sus efluentes los ríos Neuquén y Limay.

En el caso de la energía hidroeléctrica existían proyectos desde principios del siglo XX para el aprovechamiento de los ríos Limay y Neuquén. En 1967 y mediante decreto-ley N° 7925 el Estado autorizó a la Dirección Nacional de Energía y Combustibles y a la empresa Agua y Energía a crear Hidroeléctrica Norpatagónica (HIDRONOR), una sociedad anónima en la que el Estado tenía el 51% de las acciones y cuya duración -según el artículo 3°-, era de cien años. La empresa debía crear obras hidráulicas y eléctricas en la región Comahue y especialmente ocuparse de la concreción del Chocón-Cerros Colorados, represa hidroeléctrica que estaría ubicada sobre los ríos Neuquén y Limay. También era responsable de la ejecución del Complejo Alicopá cuya construcción comenzó en 1972. En diciembre de 1967 y mediante el decreto-ley N° 17564, HIDRONOR quedó encargada de las obras del complejo Chocón-Cerros Colorados, previéndose para su financiamiento la garantía de la Nación a las obligaciones que emita HIDRONOR y el concurso de fondos extranjeros para la provisión de equipos y materiales que se verían beneficiados con la liberación de derechos, impuestos y gravámenes.

Si comparamos los considerandos vertidos en la fundamentación y el articulado del decreto ley referido con el contenido de la Ley N° 16882 de mayo de 1966, sancionada durante el gobierno constitucional de Arturo Illia (1963-1966) y abrogada por el decreto-ley de 1967 ya referido, advertimos claramente el desplazamiento de intereses regionales. En la gestión Illia se enfatizó la necesidad de reinversión estatal en obras de promoción económica y desarrollo integral del sur, mientras que el decreto ley del onganiato no contempló esa posibilidad. Expresaba que la región Comahue se vería beneficiada con la prioridad en la distribución de la energía proveniente del Chocón, cuya línea de transmisión abastecería el sistema eléctrico del Gran Buenos Aires y el litoral del país. Según Alejandro Rofman, el Chocón apareció como un proyecto de propósitos múltiples para el desarrollo regional, pero esta afirmación ocultaba el objetivo único de generación de hidroelectricidad en función de los intereses económicos de grandes empresas y sectores tanto nacionales como internacionales (Rofman 1987, p.12-13).Según Fernando ^{Williams (2014}), tanto en el caso de El Chocón como en el de la represa Futaleufú, el modelo planificador no incorporó la dimensión estética-paisajística al intervenir en el territorio.

Durante la gestión del Gral. Alejandro Lanusse (1970-1973) y recogiendo un proyecto de COPEDESMEL, organismo de la Fuerza Aérea, se licitó en 1971 la construcción de una planta de aluminio en la Patagonia, metal considerado estratégico para la industria militar. La licitación en 1969 fue declara desierta y el Estado otorgó la construcción a ALUAR-Aluminios Argentina- vinculada a la empresa de neumáticos FATE que tuvo mayoría en las acciones de la empresa y al economista José Ber Gelbard, que era uno de sus accionistas. La planta se ubicaría en Puerto Madryn (Chubut), ciudad que fue considerada polo de desarrollo en el Plan de Desarrollo y Seguridad (1971-1975). Las instalaciones complementarias para asegurar el funcionamiento de la empresa incluían la construcción de la represa Futaleufú a 600 km de Madryn para proveer de energía a la planta, líneas de tensión, un puerto de aguas profundas. El aporte estatal fue significativo, fundamentalmente para la construcción de la presa Futaleufu, el puerto de aguas profundas y las viviendas para los obreros.

Reflexiones finales

Las múltiples, complejas y a veces superpuestas memorias de las dictaduras se encuentran vinculadas en mayor medida al componente represivo, cuyos efectos destructivos sobre las personas, sobre sus cuerpos y sobre la libertad de expresión ameritan el lugar que ocupan dentro de ellas. Pero consideramos que también las grandes obras o megaproyectos diseñados y ejecutados en períodos dictatoriales, permiten comprender el modo de ejercer el poder y la intencionalidad del mismo, al enmascarar en una pretendida “acción benéfica” la posibilidad de consolidar las alianzas económicas y operar en beneficio de sus intereses y los del Estado promotor de las iniciativas.

Al asumir la dictadura, Brasil y Argentina instalaron la idea de “revolución” para instalar en la población la noción de cambio estructural y profundo, tanto político como económico y social, demanda social que los militares decían haber comprendido como prioritaria y que se disponían a cumplir. En lo económico, el objetivo fundamental era alcanzar la grandeza nacional, argumentación utilizada recurrentemente por los gobiernos de facto para despertar adhesión y que resulta particularmente sensible en países con desarrollo insuficiente y que ven en el orden, el control social y la planificación estatal un seguro para arribar a esa meta deseada.

En el caso de Brasil, constituye una característica de los gobiernos autoritarios exaltar su rol en el camino a la grandeza nacional y así motivar a la población (SUDAM, 1974). En 1970 fue diseñada una agenda del desarrollo de las políticas que promovían con euforia la idea de “Brasil grande” y que slogans como “nadie tiene este país” fueron utilizados como un fuerte mecanismo de transmisión de una imagen positiva de la dictadura (^{Gaspari, 2014}). Fue el momento conocido en la memoria nacional como el “milagro brasileño”, en el que la dictadura se autodefinía como promotora del mismo y que colocaba a Brasil en una posición privilegiada en la geopolítica mundial, a partir de una creciente economía basada en la industrialización y generadora de empleo (^{Cordeiro, 2015}). Este fue el discurso y la propaganda que transformó a Brasil en una gigantesca cantera de obras, en el que el general-presidente viajaba por todo el país para inaugurar proyectos y también emitía discursos sobre un supuesto crecimiento nacional a partir de la declamada “revolución” que los gobiernos militares estarían promoviendo, y que culminaría en la conversión de Brasil en un país desarrollado, como hemos advertido en los discursos de la revista Manchete de 1973.

En consonancia con la premisa del progreso, las preocupaciones tanto de las dictaduras de Brasil y Argentina por despertar el orgullo nacional y mostrar a la población el carácter eficiente del Estado que, a diferencia de los gobiernos constitucionales, “cumplía acabadamente “ con la ejecución de obras indispensables para el desarrollo nacional, se originaba en la necesidad de solapar la ilegalidad del origen del poder procurando lo que podemos llamar una “ legitimación por acción” , activadora de un mayor consenso en algunos sectores de la población.

Articulado con esto, la reactualización de los imaginarios de Amazonia y Patagonia a través del discurso del poder fue funcional a la intencionalidad estatal que utilizó la noción de vacío demográfico y la “ideología de la redención” para posicionarse a nivel nacional como un Estado promotor del desarrollo y preocupado por el bienestar material de la población. Según el discurso oficial, la Patagonia y la Amazonia portaban una especie de “misión patriótica”, ya que teniendo abundantes recursos podían contribuir a ocupar un lugar entre las potencias mundiales-aspiración de Brasil- o ser la portadora de una postura solidaria con las necesidades fundamentalmente energéticas de la Nación en el caso de Argentina. Para Brasil, explotar la Amazonia formaría parte de un “deber patriótico” y por eso los impactos sociales y ambientales fueron colocados en un segundo plano, con el fin de imponer un discurso del desarrollo protector de la soberanía regional frente a los supuestos intereses extranjeros.

En Brasil, el discurso que remitía a la necesidad de explotar la Amazonia como protección resulta recurrente a lo largo de la historia y formó parte de un postulado consolidado en diferentes períodos acerca de que la región escondía riquezas incontables cuya conquista representaría el crecimiento definitivo de Brasil. En Argentina, el imaginario nacional se hallaba conformado por fuertes y consensuadas representaciones de la Patagonia recurso, reservorio natural de bienes que debían ofrecerse solidariamente al conjunto de la Nación para beneficio de la totalidad de la población. La falacia de un discurso que prometía mediante las obras hidroeléctricas un derrame energético sobre el sur, se puso en superficie al constatar que los beneficios prometidos eran escasos y que la energía fluía hacia el núcleo poblacional central conformado por Buenos Aires y el litoral. Asimismo, el pretendido carácter técnico-eficientista de la planificación regional patagónica durante la Revolución Argentina, soslayó lo que constituía una decisión eminentemente política y una determinada manera de concebir los problemas sociales y sus posibles soluciones. Del mismo modo, tanto en Brasil como en Argentina las consecuencias de los megaproyectos fueron advertibles sólo con el paso del tiempo y estuvieron vinculadas a los múltiples y a veces irreversibles daños colaterales, que afectaron el medio ambiente y la calidad de vida de las poblaciones aledañas a los grandes emprendimientos (^{Ruffini y Martins de Souza, 2020}).

Fuentes

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