El origen de una idea (1982-1984)

¿Cuándo y cómo surgió la idea de crear un “banco de datos genéticos” y por qué cobró tanta centralidad en la acción pública de Abuelas? Sus orígenes deben ser rastreados en la interacción de Abuelas con activistas y organizaciones extranjeras y, a través de ellos, con la comunidad científica estadounidense y europea. Como hemos mostrado en otro trabajo, durante la dictadura Abuelas había logrado insertarse en las redes trasnacionales humanitarias gracias a la cooperación de las comunidades exiliares y de activistas de otros organismos (como el Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS) que funcionaban como nodos locales con dichas redes (^{Laino Sanchis, 2020b}). De esta forma, en 1982, y gracias a los contactos de Emilio Mignone (del CELS), Abuelas entró en contacto con Víctor Penchaszadeh, a quien le presentaron sus inquietudes acerca de la posibilidad de obtener un mecanismo fehaciente para identificar a los “niños desaparecidos”, en especial a los nacidos en cautiverio. A partir de allí, se concatenaron una serie de vinculaciones con científicos/as, activistas por los derechos humanos y organizaciones académicas de Estados Unidos y Europa que permitieron conformar una red transnacional científica ad hoc. El objetivo era aplicar los análisis ya existentes de marcadores genéticos a la identificación de niños/as en ausencia de sus padres.³

A comienzos de 1984, este grupo de investigadores/as había logrado demostrar que a través de los análisis de marcadores genéticos de las abuelas, abuelos y otros parientes se podía comprobar la inclusión de un/a niño/a en un grupo familiar, con un grado de probabilidad muy alto. Además, había desarrollado un protocolo para realizar este estudio genético, basado centralmente en el análisis de antígenos de histocompatibilidad (HLA, por sus siglas en inglés).⁴ Los principales resultados se expusieron públicamente el 27 de mayo de 1984 en un congreso en Nueva York organizado por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), en el que participaron gran parte de los/as científicos/as involucrados/as, así como también tres integrantes de Abuelas: María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani (presidenta de la organización); Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra (una de sus fundadora), y Norberto Liwski (coordinador del equipo de profesionales que colaboraban con la organización).⁵ En diciembre de ese mismo año, estos avances fueron publicados como un paper en una importante revista de ciencias forenses estadounidense (^{Di Lonardo et al., 1984}).

Aunque no se puede establecer con precisión de quién provino exactamente la propuesta del banco, a partir de las fuentes se infiere que se trató de un emergente del consenso científico construido por la comunidad de investigadores que se había formado alrededor de esta cuestión. El problema de investigación sobre el que estaban trabajando no era un problema abstracto que requiriera nuevos desarrollos teóricos o descubrimientos en ciencias básicas, sino más bien uno de aplicación de conocimientos y técnicas ya existentes, para resolver un caso particular, históricamente situado. En este sentido, el grupo parece haber llegado a la conclusión de que, aunque se formulara un protocolo adecuado, fundado en una sólida base estadística, las tareas de identificación de los “niños desaparecidos” serían fútiles si no se lograba contar con un registro perdurable de todos los grupos familiares afectados

Así lo destacaban los y las investigadores/as en el artículo publicado a fines de 1984, que recogía las conclusiones del congreso de Nueva York. En la tarea de identificar a los “niños desaparecidos”, la constitución y el mantenimiento de un “banco de datos genéticos” tenía varias ventajas por sobre el análisis “caso por caso”.⁶ El banco de datos genéticos serviría, en primer lugar, para recolectar y conservar la información genética de todos los integrantes de los grupos familiares afectados. De esta manera, aun ante el fallecimiento de uno o varios de estos miembros, en el futuro se podría seguir identificando a los/as niños/as que fueran localizados. En complementación con este primer objetivo, el banco de datos genéticos permitiría también identificar a un niño sospechado de ser hijo de desaparecidos, pero del cual no se tenía ninguna información acerca de sus posibles padres. La sangre del niño o niña podía así compararse con los registros de todos los grupos familiares existentes. Más aun, dado que el conocimiento sobre los embarazos y partos en cautiverio estaba en permanente actualización y constantemente se revelaban nuevos casos, la muestra no identificada de un/a niño/a (o, con el paso del tiempo, de un/a adolescente o un adulto/a) podría conservarse en el banco y compararse en el futuro con la de nuevos grupos familiares (^{Di Lonardo et. al. 1984}, p. 345).⁷

Las integrantes de Abuelas suelen reconocer que la idea de conformar un banco de datos genéticos surgió como propuesta de la comunidad científica. Es probable, según un testimonio reciente de Estela de Carlotto, que esta propuesta haya sido formulada de forma explícita durante el mencionado congreso de Nueva York de mayo de 1984:

La idea del banco no sé cómo surgió. Debemos haber recibido consejos de los científicos que han participado de otros países, ideas que se gestan y se ponen en práctica. Entonces yo no sé en qué lugar y quién vino y trajo la idea de concentrar todo en un Banco de Datos Genéticos, que era lo aconsejable para reunir a todas las familias, reservar ahí el material genético para los estudios. Primero nosotras estábamos convencidas porque nos convencieron los sabios. Aquellos científicos que hicieron ese congreso y nos dijeron “sí, se puede y hay que hacer tal cosa”. Había que extraer la sangre de todos los familiares (...).⁸

De la CONADEP a la “Comisión de expertos”

Con este convencimiento de “los sabios”, Abuelas comenzó a actuar desde 1984 para transformar estas propuestas en políticas públicas. Con la asunción del nuevo gobierno constitucional, la acción política de Abuelas mostró su voluntad de implicar activamente a las diferentes instancias relevantes del Estado en la búsqueda, identificación y restitución de los “niños desaparecidos”. Si la organización albergaba alguna expectativa en el cumplimiento de estas demandas era porque la apertura democrática configuraba un escenario radicalmente novedoso para la relación entre el movimiento de derechos humanos y el Estado. El régimen militar no sólo había denegado sistemáticamente los reclamos de los familiares y los organismos, sino que los había estigmatizado, perseguido y reprimido. Por el contrario, el nuevo orden constitucional planteaba, al menos como posibilidad, nuevos canales de diálogo con los poderes del Estado y nuevas formas de interacción con sus agencias y funcionarios. El propio gobierno electo intentó mostrar este cambio de paradigma desde sus inicios: el 21 de diciembre de 1983 Alfonsín mantuvo un encuentro con los ocho organismos de derechos humanos de Capital Federal (los que, en la literatura clásica sobre el tema, se transformaron en los “organismos históricos”) (^{Jelin, 1995}; ^{Alonso, 2011}). Los organismos destacaron ante la prensa que era la primera vez que un presidente de la Nación los recibía.⁹ A la salida del encuentro, Pérez Esquivel y otros de los presentes señalaron que “el diálogo fue bueno, amplio y se trataron las cuestiones de fondo”.¹⁰

De esta forma, el nuevo orden político parecía ofrecer un nuevo marco para la acción, lo que, retomando a Douglas ^{McAdam (1996}) podríamos llamar una nueva “estructura de oportunidad política”.¹¹ Sin embargo, en esta consideración es importante no sobredimensionar el papel del nuevo gobierno o de las nuevas condiciones de la vida política democrática en el desarrollo de las luchas por los derechos humanos. En primera instancia, porque como ha señalado ^{Jelin (2015}), no se trató tanto (o exclusivamente) de que existiera una nueva “estructura de oportunidad” generada ipso facto por el advenimiento del orden constitucional, sino de que en gran medida el mismo movimiento de derechos humanos, con su presión y su acción pública articulada, fue moldeando y propiciando determinadas condiciones de posibilidad para el tratamiento de su agenda de reclamos.¹² Es que, en efecto, las políticas públicas desarrolladas surgieron del cruce entre las iniciativas del gobierno nacional, las respuestas de la oposición y la incidencia generada por el movimiento de derechos humanos a través de múltiples vías.

El primer canal a través del cual se pretendieron instrumentar las medidas prometidas a (y exigidas por) Abuelas fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Como sabemos, la postura de los organismos de derechos humanos frente a la CONADEP fue muy diversa. Madres de Plaza de Mayo decidió rechazarla de plano aunque algunas madres, a título individual, colaboraron brindando su testimonio (^{Crenzel, 2008}). Otros, como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la apoyaron abiertamente (^{Jelin, 1995}). En el resto de las organizaciones, la actitud fue ambigua, ya que por un lado continuaron exigiendo públicamente la formación de una comisión bicameral de investigación de los crímenes cometidos por la dictadura, pero al mismo tiempo colaboraron con la CONADEP de distintas formas y acompañaron su llamado a aportar información (Crenzel, 2008, pp.61-65).

Abuelas se encontró entre aquellos organismos que colaboraron con las investigaciones de la CONADEP, aun manteniendo públicamente la exigencia por una comisión bicameral. Entre otras cosas, porque el problema de los “niños desaparecidos” ocupaba un lugar central dentro de las tareas de la Comisión.¹³ Entre las funciones específicas y taxativas que fijaba el segundo artículo del decreto de su creación se encontraba la de “determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores”.¹⁴ Para auxiliar a la CONADEP en estas tareas de localización Alfonsín anunció el 27 de diciembre de 1983 la creación de una comisión de asesoramiento sobre los “niños desaparecidos” a cargo de Elena Sabato, al interior de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.¹⁵ Si bien este organismo obtuvo escasos resultados en su tarea (apenas tres restituciones) configuró un modelo posible de interacción que se replicó en la búsqueda de conformar un organismo para la realización de pruebas genéticas de filiación.

De este modo, Abuelas le propuso a la CONADEP que incorporara en sus indagaciones sobre los “niños desaparecidos” las nuevas técnicas de identificación desarrollados por aquél grupo de científicos y científicas. Sugirió para ello contactar a la AAAS para conformar un equipo integrado por los científicos con los que Abuelas ya venía trabajando, propuesta que fue aceptada tras algunas discrepancias con miembros de la comisión.¹⁶ Finalmente, un grupo de científicos/as fue invitado a la Argentina para colaborar con la identificación tanto de los “niños desaparecidos” como de los cadáveres “NN” exhumados (hasta ese momento, con escaso o nulo criterio forense) (Gandulfo, 2015).¹⁷ Entre los integrantes de esta comisión estaba Mary Claire King, una de las científicas que había desarrollado el “índice de abuelidad”. La función de King era colaborar en la identificación de los “niños desaparecidos”. En particular, revestía urgencia el análisis filiatorio de la niña Paula Logares, cuyo caso estaba en plena disputa judicial entre su abuela materna y sus apropiadores. Los abogados querellantes y peritos de parte de Abuelas habían solicitado ya en febrero a Eduardo Fégoli, el primer juez de la causa, que se realizara un análisis de sangre que podía proveer “pruebas concluyentes de la filiación de la niña”.¹⁸ Los análisis no se efectivizaron entonces y, en el ínterin, los apropiadores acusaron a la abuela demandante de falso testimonio y aseguraron ante la prensa ser los padres biológicos de la niña.¹⁹

Para la realización de estos análisis era necesario encontrar un laboratorio con las condiciones técnicas y los recursos humanos adecuados. Pablo Rubistein, médico e investigador del New York Blood Center, le recomendó a King el Servicio de Inmunología del Hospital Durand de la Ciudad de Buenos Aires.²⁰ De este modo, los estudios se realizaron en junio de 1984 en el Hospital Durand, bajo la supervisión de Mary-Claire King. El resultado de los estudios daba un 99,82% de probabilidad de inclusión, es decir, de que Paula fuera efectivamente nieta de Elsa Pavón y no hija de los Lavallén. King solicitó una prueba de respaldo a Max Baur, de la Universidad de Düsseldorf, que corroboró los resultados.²¹

El asesoramiento de King al equipo del Hospital Durand en este primer estudio de marcadores genéticos es frecuentemente comentado en los trabajos sobre el tema (^{Arditti, 2000}; ^{Abuelas de Plaza de Mayo, 2007}; ^{BNDG, 2017}). Por el contrario, se ha destacado menos otra faceta relevante de su visita con el equipo de la AAAS: la intensa campaña que realizó para demostrar a la opinión pública argentina la validez de los estudios genéticos desarrollados para la identificación de los “niños desaparecidos”. Bajo el auspicio de Abuelas, King realizó conferencias en Buenos Aires y La Plata ante auditorios compuestos por periodistas, funcionarios, activistas de derechos humanos y profesionales de la salud.²² En sus disertaciones, expuso en tono divulgativo los aspectos más relevantes de los análisis basados en marcadores genéticos. Destacó la “plena certeza” que ofrecían para la identificación de los/as niños/as buscados/as porque “un niño puede modificar algunos rasgos físicos, vestimenta u otras particularidades, pero no se pueden cambiar las características biológicas heredadas, que se mantienen a lo largo de toda la vida”.²³ Asimismo, pidió informar sobre estos avances correctamente a los jueces, “para que conozcan y valoren los estudios médicos de inclusión”.²⁴ King no sólo argumentó a favor del uso de estos estudios para la determinación del parentesco de los/as niños/as que fueran localizados/as, sino que además recomendó enfáticamente:

“Centralizar todos los estudios inmunogenéticos en la unidad de inmunología del Hospital Durand y crear un banco de datos genéticos que permita almacenar la información de los/as familiares de los/as niños/as desaparecidos/as, para ser usados en el momento de su localización”.²⁵

De este modo, la propuesta del grupo de científicos/as, activamente promovida por Mary Claire King durante su visita a la Argentina, se convirtió en una demanda pública de Abuelas de Plaza de Mayo dirigida nuevamente hacia el Estado. El primer paso en el camino de su concreción fue la creación de una Comisión de Expertos en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Esta comisión, creada en los primeros días de julio de 1984 por el intendente Julio Saguier, colaboraría con la CONADEP en la identificación de “niños involucrados en casos de secuestros o nacidos en cautiverio durante el régimen militar”.²⁶ Como declaraba ante la prensa el propio Saguier, la creación de esta comisión respondía a un pedido formulado por la CONADEP, que a su vez había recibido una enfática recomendación en esta línea de la comisión de la AAAS.²⁷ La comisión quedaba bajo la órbita de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente de la ciudad a cargo del Dr. Teodoro Puga. Su coordinadora sería la Directora de Organización y Coordinación de Servicios, Dra. María Luisa Ageitos, y estaría integrada por una médica del Hospital Gutiérrez, otras tres del Hospital Durand (entre ellas, Ana María Di Lonardo) y también por Víctor Penchazsadeh en calidad de consultor externo. La comisión colaboraría con la CONADEP realizando a los/as niños/as que fueran derivados/as por ella “los exámenes y estudios de laboratorio necesarios que permitan establecer sus antecedentes genéticos, a través de los organismos que propongan a la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, evaluando asimismo los resultados obtenidos.”²⁸ Aunque la resolución no lo especificaba, estos estudios genéticos se siguieron haciendo en el Servicio de Inmunología del Hospital Durand.²⁹

La creación de la Comisión de Expertos representaba el primer reconocimiento estatal de la validez científica de los estudios de marcadores genéticos para la identificación de los “niños desaparecidos”. Al mismo tiempo, avanzaba en la centralización de todo el trabajo en una sola institución, cuyo plantel continuó siendo asesorado por Mary Claire King. Sin embargo, la resolución no estipulaba la creación de ningún registro permanente de material genético. La única potestad que en principio tenía la Comisión de Expertos era la de responder a cada caso individual, por requerimiento exclusivo de la CONADEP.³⁰ A pesar de todo, Abuelas se abocó a la transformación de esta primigenia Comisión de Expertos en un verdadero banco de datos genéticos. Para ello emprendieron dos líneas de acción. La primera fue la acción política y parlamentaria encaminada a sancionar con fuerza de ley la creación de un banco de datos genéticos público de carácter nacional. Como este camino se avizoraba complejo, ya que requería la construcción de un consenso político amplio, y la construcción del registro genético se consideraba urgente, Abuelas ensayó en paralelo una segunda línea de acción: la construcción de facto de la base del futuro banco con aportes privados (^{Arditti, 2000}; ^{Abuelas, 2007} y ²⁰⁰⁸).³¹

Acción política y construcción legal del Banco Nacional de Datos Genéticos

Para Abuelas la gestión de una institución con una tarea tan compleja y sensible como la de generar pruebas fehacientes de la identidad biológica de los “niños desaparecidos” no podía quedar a cargo de una organización de la sociedad civil. Ante todo, porque ni Abuelas ni ningún otro organismo contaban con los recursos para financiar un proyecto que requería una gran inversión en infraestructura, tecnología y recursos humanos altamente calificados. Al mismo tiempo, como hemos visto, Abuelas consideraba que debía ser tarea del Estado tomar todas las medidas necesarias para localizar y restituir a los/as niños/as que habían “desaparecido” por la propia acción represiva estatal. Como demostraban las investigaciones desarrolladas y divulgadas por King y sus colegas, la conformación de un laboratorio especializado con capacidad para realizar los estudios genéticos y para albergar y procesar muestras de gran cantidad de personas resultaba fundamental para la efectiva concreción de esas restituciones. Por ende, correspondía exigirle al Estado que tomara a su cargo la creación y el mantenimiento del banco de datos genéticos como parte de una serie de políticas públicas reparatorias de los derechos violados a los/as niños/as y sus familias.^.

Con la asistencia de sus equipos profesionales, Abuelas redactó un primer proyecto de ley en 1984 que fue ingresado al Congreso el 28 de septiembre de ese año con la firma de cinco diputados, pertenecientes a cuatro partidos distintos: Raúl Rabanaque Caballero y Miguel Monserrat, del Partido Intransigente (PI); Augusto Conte, del Partido Demócrata Cristiano (PDC); Amado Altamirano, del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Julio Bulacio, de la Unión Cívica Radical (UCR).³² La lista es indicativa de la existencia de actores afines o potencialmente aliados al movimiento de derechos humanos en general (y a Abuelas en particular) en la arena política parlamentaria. El de Conte es el caso más conocido, fundador del CELS e integrante de la corriente “Humanismo y Liberación” dentro del PDC, fue promocionado en la campaña electoral de 1983 como “el candidato de las derechos humanos”.³³ Más que la de un aliado su situación puede pensarse como la de un representante o partidario del movimiento de derechos humanos inserto en las estructuras políticas de toma de decisiones (^{Rucht, 2004}). De hecho, gran parte de su acción parlamentaria estuvo orientada a defender los intereses y expresar los puntos de vista de los organismos de derechos humanos (^{Fabris y Ferrari, 2019}).

El PI también tenía una gran afinidad con los organismos de derechos humanos. En su campaña, la cuestión de la revisión de los crímenes dictatoriales, aunque no había ocupado un lugar excluyente (como en el caso de Conte), sí había tenido una presencia importante como parte de una crítica global al “modelo social y económico” impulsado por la dictadura (^{Franco, 2018}). El partido solía hacerse eco de las consignas del movimiento y acompañaba sus movilizaciones. A la inversa, Madres y Abuelas eran invitadas habitualmente a participar de conferencias, actividades culturales, encuentros y actos partidarios de diversa índole.³⁴ Rabanaque Caballero, en particular, era reconocido por un medio como La Voz, afín al movimiento de derechos humanos, como un dirigente que “ha levantado desde las tribunas políticas en las que le tocó participar, la bandera de la defensa y la vigencia de los derechos humanos como objetivo inclaudicable de la democracia”.³⁵

El MPN era el único de los partidos provinciales con una postura cercana al movimiento de derechos humanos. Mientras el resto de estos partidos minoritarios reproducía el discurso castrense de la “guerra antisubversiva”, el MPN apoyó las medidas tendientes al juzgamiento de los militares e incluso propuso modificaciones que profundizaban su alcance, como la inclusión de la noción de “delitos atroces y aberrantes”. En debates posteriores se mostró claramente contrario a la sanción de las leyes de “punto final” y “obediencia debida” (^{Galante, 2015}). El diputado tucumano Julio Bulacio, por último, pertenecía a la corriente “Renovación y Cambio”, el ala alfonsinista de la UCR. En los ’70 había sido dirigente de la Agremiación de Trabajadores de la Educación Provincial junto con Isauro Arancibia, quien en 1976 fue asesinado por un grupo de tareas.³⁶ La colaboración de estos diputados con Abuelas se hizo manifiesta en otras circunstancias, en especial en forma de apoyo a la organización en las restituciones de niños y niñas más disputadas.³⁷

Llama la atención, por el contrario, la ausencia de diputados del Partido Justicialista entre los/as firmantes del proyecto. No debe inferirse de esto que no hubiera claros apoyos dentro del vasto y complejo movimiento peronista a la causa de “los derechos humanos”. La izquierda peronista, reagrupada en diferentes organizaciones, como Intransigencia y Movilización y la Juventud Peronista, respaldó abiertamente a los organismos de derechos humanos. El diario La Voz, financiado por estos sectores, se convirtió en una de las principales tribunas de difusión de sus denuncias y acciones (^{Mancuso, 2015}). Vicente Saadi, su director, fue electo Senador por Catamarca en 1983 y en su actuación parlamentaria, por lo menos hasta 1987, mostró posturas cercanas a las exigencias de los organismos. Sin embargo, la postura de los sectores mayoritarios del Partido Justicialista fue más ambigua. Los sectores de la derecha más “ortodoxa” se mostraron bastante reactivos a las políticas de revisión de los crímenes dictatoriales con planteos que sostenían la necesidad de la amnistía y del “olvido” para la “reconciliación”. La corriente de Renovación Peronista, creada en 1985 en oposición a la “burocracia partidaria”, hizo una ponderación positiva de la “defensa de los derechos humanos” como parte de una revalorización de la vida democrática y del pluralismo partidario (^{Aboy Carlés, 2001}; ^{Garategaray, 2013}). En esta línea, acompañaron al movimiento de derechos humanos en algunas movilizaciones de fuerte tinte opositor durante 1986.³⁸ Sin embargo, cuando el gobierno nacional empezó a plantear diferentes instrumentos para clausurar el ciclo de judicialización, el bloque justicialista mayoritario propuso como alternativa la aplicación de “indultos selectivos” como mecanismo adecuado para garantizar la “estabilidad democrática” (^{Galante, 2015}). Esta postura marcaba claramente la distancia de este sector con los postulados y objetivos del movimiento de derechos humanos. En lo que respecta específicamente a las demandas de Abuelas, como veremos los legisladores del PJ pusieron objeciones y reparos que mostraban la inexistencia de canales de diálogo con aquélla organización.

Aquél primer proyecto presentado en 1984 expresaba los objetivos de máxima de Abuelas. Allí se establecía que el fin específico del banco sería la identificación de los “niños desaparecidos o secuestrados”, que funcionaría en la Unidad de inmunología del Hospital Durand de la Capital Federal y que su información tendría carácter de plena prueba legal.³⁹ Sin embargo, nunca llegó a ser tratado en el Congreso. Para cuando adquirió estado parlamentario, en diciembre de ese año, Abuelas y el gobierno nacional ya estaban trabajando para presentar un nuevo proyecto consensuado.

El 20 de septiembre de 1984, pocos días antes de la presentación del proyecto de Rabanaque Caballero y demás diputados, Alfonsín creó por decreto la Subsecretaría de Derechos Humanos. Era una forma de darle continuidad al trabajo que había realizado la CONADEP, a tal punto que quedó a cargo del filósofo Eduardo Rabossi, ex integrante de dicha Comisión.⁴⁰ Entre las consideraciones planteadas en el decreto de creación se señalaba, además de la necesidad de sistematizar los datos reunidos por la CONADEP y ponerlos a disposición de la justicia, que era “menester continuar con la identificación de cadáveres N.N. y la búsqueda de niños desaparecidos”.⁴¹ En una conferencia de prensa del 30 de septiembre, Rabossi ratificaba que dentro de los objetivos de su gestión se encontraban la creación de “un banco de datos para la identificación de cadáveres NN y el banco de datos genéticos para la posible identificación de chiquitos nacidos en cautiverio, sobre los que hay denuncias muy serias”.⁴²

Comenzaron entonces las negociaciones entre los equipos de Abuelas y el gobierno radical. Norberto Liwski, por entonces coordinador del equipo interdisciplinario de la organización, destacó el apoyo recibido de parte de Rabossi, al que calificó como un “aliado” dentro de aquella administración.⁴³ Durante 1985 trabajaron en el anteproyecto el equipo de abogados/as de Abuelas; las Subsecretarías de Derechos Humanos, de Salud y Acción Social y de Desarrollo Humano y Familia; muchos/as de los/as expertos/as en genética que habían colaborado con las investigaciones hasta entonces (Víctor Penchaszadeh, Mary Claire King, Ana María Di Lonardo, entre otros); algunos/as juristas, como Raúl Zaffaroni; y también la Comisión de Asesoramiento de la Provincia de Buenos Aires que coordinaba Sara Cánepa.⁴⁴ Sin embargo, la lentitud en el avance de la propuesta durante 1985 generó críticas públicas de la organización, que le fueron reiteradas personalmente a Alfonsín en una reunión que se concretó en febrero de 1986, más de un año después de solicitada.⁴⁵ En esa ocasión, Alfonsín se comprometió a enviar a la brevedad el anteproyecto al Congreso Nacional en sesiones extraordinarias.⁴⁶ Dos meses después, el 25 de abril de 1986, el proyecto fue girado por el Poder Ejecutivo al Senado junto con un mensaje presidencial dirigido a los/as senadores/as, acompañado por las firmas del propio Alfonsín, Antonio Tróccoli (Ministro del Interior), Conrado Storani (Secretario de Energía) y Carlos Alconada Aramburú (Ministro de Educación y Justicia).⁴⁷ El mensaje presidencial era un alegato sobre la relevancia del proyecto enviado, pero también una defensa de lo actuado por parte del gobierno radical en la materia:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a crear el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), cuya finalidad consistirá en obtener y almacenar la información genética de familiares de niños desaparecidos o presuntamente nacidos en cautiverio, para facilitar la identificación de éstos en el momento en que fueren hallados.

La localización e identificación de niños en tales condiciones ha sido y continúa siendo preocupación del gobierno nacional y de la sociedad argentina en general. Prueba de ello es que al crearse en jurisdicción del Ministerio del Interior la Subsecretaría de Derechos Humanos (decreto 3090/84), se incluyó entre sus funciones “la búsqueda de niños desaparecidos”.

El proyecto que se eleva a consideración de vuestra honorabilidad fue elaborado por una comisión integrada por representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la organización Abuelas de Plaza de Mayo y las subsecretarías de Salud y Acción Social y de Desarrollo Humano y Familia, así como por expertos en temas genéticos, lo cual quiere decir que incluye los aportes efectuados por todos los sectores que, de una u otra forma, tienen injerencia o especial interés en la decisión propuesta.⁴⁸

El mensaje de Alfonsín buscaba demostrar, en primer término, su supuesta “preocupación” por la cuestión de los “niños desaparecidos”, que según su parecer quedaba probada por la importancia conferida al tema en el decreto de creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, trataba de destacar su vocación dialoguista al referirse a la incorporación en la elaboración del proyecto de “todos los sectores” interesados en la cuestión, incluyendo a Abuelas de Plaza de Mayo. De forma elíptica, el gobierno respondía así a las críticas formuladas por este organismo que, como veremos, se volverán cada vez más frecuentes y vehementes desde 1986.

A pesar de las objeciones a la inacción del gobierno, Abuelas salió a respaldar públicamente el proyecto. Aclaraba, empero, que antes que una iniciativa del ejecutivo éste expresaba una “larga aspiración de nuestra prolongada lucha por la localización de niños secuestrados o nacidos en cautiverio”. En ese mismo mensaje, la organización interpelaba a los senadores señalándoles que asumían “ante la sociedad argentina el compromiso de afirmar, mediante la aprobación de esta ley, el estado de derecho, el resguardo de los derechos del niño y la consolidación del sistema democrático”⁴⁹

En los relatos institucionales actuales la aprobación de la ley aparece como un trámite sencillo, que habría conseguido un consenso casi automático (^{Abuelas, 2007}; ^{BNDG, 2017}). Por el contrario, el anteproyecto enviado por el ejecutivo fue discutido y sufrió transformaciones substanciales en el tratamiento en comisiones, que pueden distinguirse a partir de la comparación con el dictamen que finalmente se trató y se votó en el recinto.⁵⁰ El cambio más importante tuvo que ver con las funciones conferidas al nuevo banco. En el proyecto enviado por el ejecutivo y consensuado con Abuelas, el nuevo organismo público estaba destinado específica y exclusivamente a la tarea de identificación de los “niños desaparecidos”. El artículo 1° estipulaba que se crearía “con el fin de obtener y almacenar la información genética de familiares de niños/as desaparecidos/as o presuntamente nacidos en cautiverio, que facilite la identificación de éstos al momento de su localización”. En el artículo 2°, al detallar sus funciones, se remarcaba que la labor del banco se ceñía a la realización de los análisis requeridos para determinar la filiación de los “niños desaparecidos” localizados y a la creación del ansiado archivo de datos genéticos que facilitaría futuras identificaciones. En cambio, el dictamen que surgió de las comisiones amplió notablemente su campo de acción al establecer que el fin de banco sería “obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación”.⁵¹ Si bien entre sus funciones se seguía encontrando la de centralizar todos los análisis referidos a “niños desaparecidos”, se estipulaba que, a requerimiento de jueces nacionales o provinciales, debería “producir informes y dictámenes técnicos y realizar pericias genéticas” para cualquier causa que involucrara una disputa filiatoria.⁵²

Además de esta ampliación del rango de actuación, también se modificaron considerablemente las disposiciones procesales que se encontraban en el anteproyecto. En su versión original, el proyecto era mucho más taxativo sobre el curso de acción que debían tomar los jueces a cargo de causas sobre presuntos “niños desaparecidos”:

ARTICULO 7º - Todo juez nacional ante quien se cuestionen la identificación o la filiación de un menor, deberá necesariamente dar intervención al BNDG y ordenar que, por su intermedio, se practiquen al menor y a los presuntos familiares los estudios y los análisis que permitan la comparación con los datos obrantes en su registro, a fin de determinar la auténtica filiación. La negativa de los presuntos padres a someterse a los estudios ordenados al BNDG por el juez, creará la presunción de falsedad de la alegada filiación. En cuanto a los menores, los análisis serán obligatorios, rigiendo al respecto lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 10.903 (se refiere a la ley de Patronato de Menores).⁵³

La versión final, por el contrario, relativizaba mucho más estos términos:

ARTICULO 4º - Cuando fuese necesario determinar en juicio la filiación de una persona y la pretensión apareciese verosímil o razonable, se practicará el examen genético que será valorado por el juez teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia. La negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el renuente.

Los jueces nacionales requerirán ese examen al BNDG admitiéndose el control de las partes y la designación de consultores técnicos. El BNDG también evacuará los requerimientos que formulen los jueces provinciales según sus propias leyes procesales.

Como puede observarse, en esta nueva versión el/la magistrado/a no estaba obligado a requerir los estudios de filiación a partir del simple “cuestionamiento” de la identidad de un niño sino que era una medida de prueba que quedaba sujeta a su ponderación de la “verosimilitud” y “razonabilidad” de dicha “pretensión”. Por otra parte, los resultados arrojados por el BNDG no contendrían un valor probatorio absoluto ipso facto, sino que deberían ser “valorados” por el/la juez/a “teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia” y en el proceso se admitían “control de las partes” y la posibilidad de designar “consultores técnicos”.

En suma, si el texto proveniente del poder ejecutivo y consensuado con Abuelas restringía la finalidad del banco a la identificación de los “niños desaparecidos” y obligaba a los/as jueces y juezas a requerir su intervención en los casos en disputa, el que emergió del consenso político de la Cámara de Senadores ampliaba sus funciones para abarcar potencialmente cualquier conflicto filiatorio judicializado (si bien mantenía en un lugar destacado el objetivo original de quienes habían impulsado el proyecto) y otorgaba mayor discrecionalidad a los/as jueces y juezas actuantes para disponer de las medidas de prueba y considerar su validez. Aunque no fue posible reconstruir los debates desarrollados en las comisiones ni las posturas de los diversos bloques partidarios (que parecen no haber tenido mucha visibilidad, ya que no hemos encontrado ningún registro en la prensa), es evidente que estos cambios fueron necesarios para alcanzar un consenso político que permitiera un dictamen favorable y, luego, una aprobación sin sobresaltos en el recinto. Dado que el proyecto contaba con la venia del poder ejecutivo y los/as senadores/as radicales solían votar de manera orgánica, se colige que las discrepancias y las modificaciones provinieron del bloque mayoritario del PJ.

Después de ser revisado en comisiones, el proyecto obtuvo media sanción del Senado el 31 de octubre de 1986 y fue girado a la Cámara de Diputados en diciembre de ese año. Ingresó en las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y en la de Asuntos Municipales y de los Territorios Nacionales, donde no sufrió nuevas modificaciones. ⁵⁴ Un indicio del debate político detrás de los cambios realizados al proyecto en el Senado lo ofrecen las palabras pronunciadas por el legislador peronista Juan Carlos Barbeito, miembro informante del proyecto en la Cámara de Diputados. En su breve exposición, Barbeito señaló que el dictamen unánime y sin modificaciones respondía a la consideración de ambas comisiones de que “las variantes introducidas por la Cámara iniciadora han contribuido a clarificar el contenido y sentido del citado proyecto de ley, que una vez vigente permitirá su utilización con la envergadura que su función humana y social inviste”.⁵⁵ Con los cambios provenientes del Senado, la ley fue sancionada por la Cámara de Diputados el 13 de mayo de 1987, un día antes de que comenzara en el recinto la discusión de la Ley de “Obediencia Debida”.⁵⁶

El nuevo instrumento legal, por cierto, dejaba sin aclarar muchos aspectos regulatorios del funcionamiento de la nueva institución, entre ellos las condiciones de acceso a sus servicios y sus fuentes de financiamiento. Esta indefinición expresaba el conflicto jurisdiccional que acarreó la puesta en marcha del banco. La ley había creado un organismo nacional, pero éste funcionaba en un hospital municipal, utilizando no sólo su espacio físico, sino también sus recursos humanos y tecnológicos. En esas condiciones, ¿A quién le correspondía solventar estos gastos, al Estado Nacional o a la Municipalidad de Buenos Aires? Por otra parte, la ley había establecido que los servicios del banco serían gratuitos, pero no quedaba claro si esto aplicaba a todos los casos o sólo a aquellos referidos a la identificación de “niños desaparecidos o presuntamente nacidos en cautiverio”.

Durante los primeros años este conflicto se mantuvo irresuelto y el banco padeció una falta crónica de recursos por lo que, como veremos más adelante, funcionó gracias a donaciones privadas, incluso después de la sanción legal. En los momentos en que estos aportes externos escasearon, el Banco vio imposibilitado su funcionamiento, como ocurrió entre octubre y diciembre de 1988, cuando tuvo que paralizar todas sus actividades por falta de fondos.⁵⁷ Abuelas reclamó públicamente al gobierno una solución a este conflicto. Finalmente, el 28 de diciembre de 1988 el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y la Municipalidad de Buenos Aires firmaron un convenio que establecía qué gastos afrontaría cada jurisdicción. Por este acuerdo, la Municipalidad se haría cargo de suministrar y adecuar el ámbito físico y el equipamiento del laboratorio y de contratar al personal, mientras que el Ministerio se comprometía a financiar los reactivos y los demás insumos necesarios para la realización de los estudios.⁵⁸ El convenio fue incorporado al decreto presidencial de reglamentación del banco del 24 de mayo de 1989, en el que también se estipulaba que, aunque el servicio sería “gratuito” en todos los casos, sólo los/as familiares consanguíneos de “niños desaparecidos o nacidos en cautiverio” estarían exentos de todo pago. Por el contario, el resto de los/as interesados/as (que, como establecía la Ley 23.511, también podían acceder a los servicios del banco) deberían abonar “únicamente” los costos de los reactivos utilizados, que en verdad eran muy onerosos.⁵⁹ De todas formas, no podemos desconocer la coyuntura en la que se dieron estas negociaciones: en 1988 se produjeron tres rebeliones militares que reivindicaban lo actuado por las fuerzas armadas durante la “guerra sucia”⁶⁰; al mismo tiempo, la reglamentación de mayo de 1989 se dio en medio de la hiperinflación y de la victoria de Carlos Menem en las elecciones del 14 de mayo.

En una entrevista realizada recientemente, Estela de Carlotto y Rosa Roisinblit (actuales presidenta y vicepresidenta de Abuelas) recordaban la disconformidad relativa con la que recibieron la ley que se consensuó y aprobó en el Congreso:

“Rosa Roisinblit: La ley, según tengo entendido, no está muy bien hecha. No era una ley que nos conformara, pero estábamos tan apuradas por todo que, aunque sea algo, era bueno y se aceptaba todo.

Estela de Carlotto: Ya era una ley consensuada. Ahí se votó una ley ya consensuada”⁶¹.

Seguramente la disconformidad manifestada en esta entrevista del 2016 se puede haber visto potenciada por el paso del tiempo y a la luz de la reforma del marco jurídico del BNDG que tuvo lugar en 2009 (que volvió a poner sobre la mesa si sus servicios debían restringirse a un universo poblacional específico o no).⁶² Pero a pesar de las diferencias existentes entre el proyecto original planteado por la organización y el que finalmente se aprobó, ambas reconocían que era la ley que se pudo consensuar y que aunque fuera “algo”, era “bueno”.⁶³ Es que, aun con sus limitaciones, lo que la ley venía a hacer era otorgarle un marco jurídico a un proyecto que Abuelas en la práctica ya venían construyendo desde 1984. En efecto, mientras discurrían las negociaciones, primero con el gobierno para la elaboración del anteproyecto, luego en el debate parlamentario para conseguir el consenso político, se fue construyendo progresivamente dentro del Servicio de Inmunología del Hospital Durand el registro genético que serviría de base al futuro BNDG. Tanto es así que para marzo de 1986 ya se habían estudiado los casos de 200 personas y la organización estimaba que en un año más habría completado el registro de los grupos familiares conocidos.⁶⁴

El banco antes del BNDG

¿Cómo se fue construyendo el Banco, antes de su constitución legal? Es evidente que esta iniciativa no habría podido prosperar sin el aval de las autoridades, ya que las muestras de sangre se recolectaron, analizaron y conservaron desde el comienzo en el Hospital Durand. El punto de partida, como ya vimos, fue el trabajo colaborativo de Mary Claire King junto con Ana María Di Lonardo en la primera identificación, la de Paula Logares, y la posterior conformación de la “Comisión de Expertos” en el ámbito de la municipalidad de Buenos Aires. Más aun, la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos fue decisiva pues explicitaba el apoyo del gobierno nacional al proyecto de creación del banco. Es de suponer que con esta manifestación de intenciones se daba informalmente el visto bueno para empezar a reunir y procesar el material genético.

Ahora bien, aunque existiera un aval más o menos informal de parte del gobierno para poner en marcha el banco, mientras se negociaba su sanción legal, quedaba en pie un problema irresuelto: su financiamiento. Aunque el Servicio de Inmunología del Hospital Durand contaba con un plantel profesional muy calificado, cuyos sueldos eran solventados por el estado municipal, no tenía presupuesto específico para comprar los reactivos necesarios para los cientos de análisis que el proyecto del banco requería. Por otra parte, para mejorar la eficiencia del banco (es decir, generar estudios más precisos, con probabilidades de inclusión más altas, con muestras mejor conservadas por mayor tiempo), el laboratorio requería una importante inversión en tecnología. No menos relevante, la constitución de los mapas genéticos de todas las familias afectadas implicaba un gran despliegue logístico para conseguir muestras de sangre de personas que, en muchos casos, vivían muy lejos de la Capital Federal y que no tenían los medios para trasladarse.

Para superar estas restricciones materiales, Abuelas realizó un esfuerzo organizativo con el fin de alcanzar a todos/as los/as parientes vivos de los “niños desaparecidos”. Las integrantes más activas de Abuelas, alrededor de veinte, se encargaron de escribir a todos/as los/as familiares para que se acercaran a realizar la extracción de sangre. Las filiales de Abuelas tuvieron un papel muy importante en la obtención de muestras en el interior del país.⁶⁵

Pero para sostener este trabajo (como el resto de las actividades de la organización) y, más aún, los importantes costos en insumos y equipamiento que requería al banco en formación, fue indispensable recurrir a donaciones privadas. Como había ocurrido durante la dictadura, este apoyo económico provino centralmente del extranjero, a partir de donaciones individuales y colectivas pero sobre todo de aportes y subsidios de diferentes fundaciones a las que Abuelas podía acceder gracias a su inserción en las redes transnacionales de derechos humanos (^{Laino Sanchis, 2020b}).

Los aportes para el financiamiento del banco adquirieron modalidades muy diversas. Algunos organismos extranjeros, como la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) de Francia o el Consejo Mundial de Iglesias, aportaron dinero para la compra de reactivos y otros insumos, con fondos propios o a través de colectas, en las cuales además de activistas de las redes humanitarias solían cooperar profesionales de la salud.⁶⁶ Otras organizaciones contribuyeron a renovar el equipamiento del laboratorio, como la fundación France Libertés, dirigida por Danielle Mitterrand, Primera Dama de Francia. Mitterrand conocía la lucha de los organismos de derechos humanos desde la época de la dictadura y había recibido a Madres y Abuelas en varias oportunidades.⁶⁷ Por eso se mostró receptiva a los pedidos de colaboración de Abuelas con el banco, que fueron suscriptos también por Ana María Di Lonardo, quien ya desde los inicios fungía como directora de hecho.⁶⁸ El apoyo de France Libertés se materializó en la donación de varios equipos: una computadora en 1985 (a la sazón, la primera con la que contó el banco), luego una máquina congeladora Cyro en 1986 y finalmente una nueva computadora a fines de 1987, cuando la anterior ya había quedado desactualizada.⁶⁹ Otra fuente importante de financiamiento fueron una serie de subsidios otorgados por la Fundación Ford, que en aquellos años también apoyó económicamente a otros organismos locales, como el CELS y el Equipo Argentino de Antropología Forense (Oren, 2001; ^{Berger y Blugerman 2017}).

Así pues, para cuando se sancionó la Ley 23.511 en 1987 que “creaba” el Banco Nacional de Datos Genéticos, el registro ya estaba plenamente en funcionamiento, con una parte considerable de la información recolectada, situación de hecho que la nueva legislación reconocía al señalar, en su artículo 7, que “los datos registrados hasta la fecha en la Unidad de Inmunología del Hospital Carlos A. Durand integrarán el BNDG”.⁷⁰ Como ha quedado dicho, la importancia de la ley radicaba en que otorgaba un marco jurídico para el funcionamiento del Banco, reconocía la validez de la información recolectada hasta ese momento, garantizaba la gratuidad de los estudios (al menos para los/as familiares de los “niños desaparecidos”) y además, le confería legalmente valor probatorio a los análisis genéticos efectuados con el fin de identificar a los/as niños/as que eran localizados/as (^{Arditti, 2000}; Oren, 2001; ^{BNDG, 2017}).