CONVOCATORIA ABIERTA

El devenir de la "lucha". La política colectiva de organizaciones indígenas en perspectiva (Salta, Argentina)

Maria Victoria Sabio Collado^* y Maria Paula Milana^**

 

^* Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Salta (ICSOH-UNSa). Salta capital, Argentina. E-mail: mvsc_salta@yahoo.com.ar

^** Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Salta (ICSOH-CONICET-UNSa). Salta capital, Argentina. E-mail: mpmilana@gmail.com

 

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Resumen

En la provincia de Salta, la "lucha por el territorio" de algunos pueblos indígenas ha sido canalizada por organizaciones locales y regionales que recrean memorias y tradiciones históricas de resistencia. Este trabajo aborda los procesos de organización colectiva de los pueblos kolla y diaguita- calchaquí, en los Valles Interandinos del norte salteño y en los Valles Calchaquíes respectivamente, buscando relevar distintas modalidades y experiencias mediante las que un conjunto heterogéneo de actores se conecta y confluye en la "lucha", así como las trayectorias y tramas sociales en las cuales se inscriben sus disímiles proyectos políticos. El trabajo se compone de tres partes: la primera se ocupa de algunos tópicos comunes en los procesos históricos y de construcción de alteridad en las territorialidades involucradas, la segunda recorre el devenir político de ambas organizaciones, y la tercera pone en diálogo dichos transcursos organizativos, ponderando convergencias y divergencias en el "estar en lucha".

Palabras clave: Organizaciones indígenas; política colectiva; Provincia de Salta

The "struggle" and its becoming. Collective politics of indigenous organizations in perspective (Salta province, Argentina)

Abstract

In Salta province, the "struggle for territory" of some indigenous peoples has been canalized by local and regional organizations who recreate historical memories and traditions of resistance. This paper deals with the processes of collective organization of Kolla and Diaguita-Calchaquí people, located in the Inter-andean Valleys and Valles Calchaquíes respectively, seeking to relieve different modalities and experiences through which a heterogeneous group of actors connects and converges in the "struggle"; as well as the trajectories and social plots in which their dissimilar political projects developed. This work contains three parts: the first is about some common topics regarding historical processes and construction of alterity in the territorialities involved, the second covers the political transformations of both organizations, and the third puts these organizational trajectories into dialogue, pondering convergences and divergences

Key words: Indigenous organizations; collective politics; Salta province

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Introducción¹

La visibilidad cobrada por el movimiento indígena² en Argentina desde el restablecimiento democrático se situó en un escenario político donde fue posible sincronizar los reclamos indígenas con propuestas legislativas y constitucionales (Carrasco, 2002). El reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, plasmado en la reforma constitucional de 1994,³ selló una labor de politización gestada al menos desde 1960, cuando organizaciones indígenas emergentes comenzaban a cuestionar los mecanismos históricos de invisibilización, asimilación y/o aniquilamiento de sus colectivos por parte del Estado disputando la autoridad de actores estatales y académicos para hablar en nombre de sus colectivos (Serbín, 1980; Lenton, 2015) y exigiendo su reconocimiento como ciudadanos y sujetos políticos con voz-agencia propia y derechos particularizados. Hoy, los reclamos continúan enfatizando el tema del derecho a la propiedad de las tierras.

En la provincia de Salta, anticipándose a las modificaciones legislativas y jurídicas nacionales, la promulgación de la Ley 6373 de Promoción y Desarrollo del Aborigen -que, entre otras cuestiones, crea el Instituto Provincial del Aborigen (IPA)- en 1986 -junto a la correspondiente incorporación en la Carta Magna provincial del artículo 15 titulado ‘aborígenes'- habilitó el reconocimiento de Salta como una de las provincias pioneras del país en el tratamiento de la cuestión indígena. Posteriormente, en 1998 se modificó el art. 15 de la Constitucional Provincial⁴ y a fines de 2000 se reemplazó la Ley 6373 por la Ley 7121 de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. A través de esta última se creó el actual Instituto Provincial de Asuntos Indígenas (IPPIS), siendo su directorio conformado por un presidente y siete vocales indígenas pertenecientes a cada uno de los pueblos originarios que en ese momento reconocía la provincia, chané, chorote, chulupí, guaraní, tapiete, toba y wichí, todos de la región del Chaco salteño. En 2003, a raíz de una serie de reclamos, la participación indígena en el directorio del organismo fue ampliada incluyéndose a los vocales de los pueblos kolla y diaguita-calchaquí.

El surgimiento de estos marcos provinciales de legislación y promoción de políticas indigenistas no puede comprenderse sin tener en cuenta, al mismo tiempo, la agencia política de las organizaciones indígenas. En este sentido, desde mediados de 1980 y durante la década siguiente la consolidación de organizaciones, junto a las acciones que canalizaron, fueron ampliando los umbrales de visibilidad en torno a sus luchas. Movilizaciones mediante, algunas lograron alianzas estratégicas con sectores diversos de la sociedad y se hicieron conocidas en el resto del país y el mundo. Emblemáticas son las protestas de la organización kolla Tinkunaku por la devolución de sus tierras y su repudio a la construcción de un gasoducto en el departamento Orán; así como las de Lakha Honhat, organización que representa a comunidades de distintos pueblos originarios del departamento de Rivadavia, en pos de obtener la titularización de los lotes fiscales 55 y 14.⁵

Sin embargo, las luchas indígenas y la juridización del derecho indígena son procesos sociales que se implican y explican mutuamente en un contexto de transformación neoliberal (Briones, 2005). Así, aún cuando los marcos normativos lo establecen, la resolución de las problemáticas atinentes a las condiciones materiales de vida de los pueblos originarios es ralentizada por transformaciones económicas que, de la mano de un capitalismo rapiño, desalojan y despojan a los habitantes de sus territorios. En ese sentido, Salta no sólo resalta por la diversidad cultural y lingüística de sus pueblos⁶ sino porque constituye un foco de atracción de capitales habilitados para montar emprendimientos diversos, limitando la efectivización de políticas que buscan responder demandas culturales y respaldar derechos indígenas.

Partiendo de considerar que la conformación de organizaciones políticas intra-pueblos -que nuclean sujetos auto-adscriptos a un pueblo originario- es una forma de articular y canalizar la lucha indígena, el presente trabajo propone abordar y poner en perspectiva los procesos de organización colectiva de los pueblos diaguita-calchaquí, en los Valles Calchaquíes, y kolla, en los Valles Interandinos del norte salteño. En estas páginas buscamos comprender cómo mediante distintas modalidades y experiencias un conjunto heterogéneo de actores se conecta y confluye en la "lucha"; así como identificar diversas prácticas y sentidos sociales que definen singulares "estar/ es en lucha/ s".

En esa dirección, nuestra propuesta es reconstruir, desde una perspectiva histórico-procesual, las trayectorias de dos organizaciones indígenas que, a fines de preservar su identidad, llamaremos Organización Diaguita-Calchaquí de Salta y Organización Kolla de Salta. Recorremos un amplio arco de tiempo que cronológicamente ceñimos desde -aproximadamente- la década de 1970 hasta 2010, este espectro nos permite desentrañar algunas condiciones de posibilidad en la conformación de ambas organizaciones y las formas en que se posicionaron y discurrieron en particulares campos de fuerza (Manzano y Ramos, 2015), así como advertir variaciones en el entretejido organizativo y en la articulación con diversos actores sociales. De igual modo, y ejercitando un interjuego de escalas, trazamos mapas que hilvanan personas y sus acciones, cuyos recorridos y trayectorias nos permiten identificar agentes y sus prácticas y reparar las tramas sociales en las cuales se inscriben los específicos y cambiantes proyectos políticos de cada organización.⁷

El presente trabajo se compone de tres partes: la primera retoma algunos tópicos comunes en el análisis de procesos históricos en los espacios actualmente reivindicados por las organizaciones como parte de su territorio. La segunda se detiene en el devenir político de ambas organizaciones -constituidas en la primera década de 2000- para realizar un breve esbozo de sus estrategias y vías de "lucha". Basándonos en la consideración de que a partir de 2010, año de conmemoraciones del Bicentenario de la Nación, estas formas de luchar fueron considerablemente redefinidas en un contexto de replanteamiento de los vínculos entre Pueblos Indígenas y Estado; cerramos el análisis de esta segunda parte con algunas menciones sobre cómo las relaciones establecidas entre instituciones gubernamentales y actores indígenas reconfiguraron e impactaron en la Organización Kolla y Diaguita-Calchaquí de Salta. El tercer apartado pone en diálogo estos transcursos organizativos, ponderando convergencias y divergencias en el "estar en lucha".

 

Espacios, procesos históricos y alteridades: convergencias

La Organización Indígena Kolla ancla su territorialidad en los Valles Interandinos del norte de Salta, mientras que la Organización Diaguita-Calchaquí lo hace al centro-sur de la provincia, en los Valles Calchaquíes.⁸ Los paisajes de estas regiones son pincelados por valles, quebradas y cerros agrupados en torno a la cordillera Oriental, surcados por el río Bermejo en un caso y el Calchaquí en el otro. Parte de estos espacios es incluida dentro de las llamadas tierras altas y dentro del área denominada por la arqueología extremo noroeste (Karasik, 2008/ 2009).

Sus estructuras agrarias comparten características similares constituyendo históricos espacios de ocupación indígena que, tras las campañas de conquista y colonización, fueron apropiados por los españoles y sus descendientes -mediante mercedes reales o encomiendas-, agrupando grandes extensiones de tierras en haciendas. Fragmentándose a lo largo del tiempo como consecuencia de herencias y ventas, algunas fueron legitimadas como propiedades privadas por los gobiernos independientes y otras fueron expropiadas y devinieron fiscales (Reboratti, 2009). Con mutaciones -pero conservando su característica latifundista y de concentración por las elites locales- desde el siglo XIX devinieron en lo que actualmente se conoce como fincas. En la configuración y articulación de específicas relaciones de poder y dominación se estructuró un sistema social fundado en el desigual acceso y control de la tierra, y con ello una forma particular de reclusión de la mano obra y exacción económica que se sostuvo desde la época colonial hasta hace poco tiempo: el del propietario/ arrendatario o patrón/ peón (álvarez Leguizamón, 2015). Tal como sostiene Villagrán (2014) -recuperando los aportes de Madrazo y Mata para el sector andino del Noroeste argentino-, desde la segunda mitad del siglo XVIII la incorporación de mano de obra campesina e indígena se realizaba bajo el carácter de ‘agregados' y/o ‘arrenderos'; es decir, ‘peones' que ocupaban una parcela de tierra destinada a la sobrevivencia familiar a cambio de pagarle al ‘patrón' un canon en trabajo no asalariado o en productos agrícolas. Así, el arriendo fue una de las escasas vías de acceso a la tierra. En términos generales, estos ‘agregados' -que no se desprendían del dominio útil sobre la tierra⁹- fueron ubicados en una trama social que los definía según su lugar en el proceso productivo, despojados de su ‘condición étnica' hasta fines del siglo XX (Milana et al., 2015).

Aun integrando el circuito mercantil andino que se había mantenido estable durante una centuria de vida republicana (Langer y Conti, 1991)¹⁰ ambos espacios se integraron marginalmente al incipiente mercado capitalista nacional, aportando mano de obra barata a la industria azucarera desde fines del siglo XIX y, al menos, hasta la segunda mitad del siglo XX. Mientras que en los Valles Interandinos el principal demandante de mano de obra fue el ingenio San Martín de Tabacal, en los Valles Calchaquíes la demanda se amplió a los requerimientos de los ingenios de Jujuy y Tucumán.¹¹ También se proveyeron trabajadores hombres en otras ramas agroproductivas hasta avanzado el siglo XX y, en menor medida, en las ramas de la industria o la construcción en otros puntos del país. Las mujeres, mientras tanto, eran requeridas como ‘criadas' en ámbitos domésticos. Estas demandas, generalmente canalizadas a través de mecanismos de reclutamiento y disciplinamiento, trazaron circuitos migratorios específicos hasta 1980-1990 (Trinchero, 2000; Bartolomé y Hermitte, 1977).

Durante las últimas tres o cuatro décadas estos espacios devinieron atractivos para la inversión de capitales de distinta naturaleza, dado su ‘potencial natural' para emprendimientos agrícolas, mineros, forestales, inmobiliarios y, fundamentalmente, turísticos -las regiones promocionadas como destinos destacados del mercado salteño fueron Cafayate, Cachi e Iruya. No es menor, en este proceso de transformación reciente, el hecho de que varios departamentos conforman actualmente el ranking de extranjerización en la propiedad de la tierra, como Molinos y San Carlos con casi el 60% de extensión bajo dominio extranjero.¹² Estos intereses empresarios han aumentado considerablemente el valor de las tierras, multiplicando los conflictos por territorios habitados por familias y grupos cuyas tenencias o posesiones son precarias -pues no cuentan con los títulos de propiedad. La inseguridad jurídica se suma a la económica y social: se trata de departamentos categorizados con altas tasas de desocupación¹³ y de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) cuyas poblaciones son consideradas ‘pobres estructurales' o ‘pobres rurales'.

Además de los procesos históricos y las realidades sociales, ambas áreas comparten similares abordajes realizados desde disciplinas que miran el pasado y la construcción de alteridades -como la historia, la antropología, la arqueología, la etnohistoria y el folclore. Nutrido de esos campos se enarboló un supuesto según el cual los procesos de despojo, coloniales e independentistas, habrían desmarcado étnicamente a los habitantes de las tierras altas. La claudicación del problema indio devino premisa empírica avalando el estudio de sujetos en términos de clase, categorizaciones productivas -como peón, arrendatario, campesino- y/o categorizaciones culturales o fenotípicas -mestizos. Esta forma de concebir a los habitantes de los Valles Calchaquíes y los Valles Interandinos permaneció relativamente invariante hasta fines de la década de 1990, cuando los procesos organizativos kolla y diaguita-calchaquí cobran visibilidad pública (Milana et al., 2015). Estos procesos sociales de re-autoadscripción pública a pueblos indígenas dados por ‘extintos', según relatos hegemónicos, han sido denominados y conceptualizados por diversos autores como (re)emergencia o resurgimiento étnico, etnogénesis, reetnización, entre otros (Bartolomé, 2003; Pacheco de Oliveira, 2010; Escolar, 2007a).

Aunque estos procesos organizativos son rastreables décadas atrás,¹⁴ se instalaron discusiones públicas acerca de la ‘veracidad'/ ‘autenticidad' en torno a las adscripciones indígenas kolla y diaguita, y con ello a sus demandas.¹⁵ Ambos pueblos, como sostuvimos en la introducción de este trabajo, exigieron su reconocimiento como pueblos originarios de Salta y lograron su representatividad como pueblos indígenas en 2003. Este reconocimiento, empero, no sorteó la puesta en duda de sus identidades ni la calificación de sus acciones como oportunistas e instrumentales, tanto en ámbitos académicos como en la prensa.

El reconocimiento oficial de la diferencia cultural canalizó considerablemente la labor colectiva, sin embargo el abanico de demandas es considerablemente amplio¹⁶ y la lucha por el "territorio ancestral" y la "autodeterminación territorial" son los nodos articuladores de los proyectos políticos que encauzan las comunidades y organizaciones kolla y diaguita-calchaquí.

 

La constitución de las organizaciones: procesos, agentes y prácticas¹⁷

A continuación desarrollamos los transcursos de las organizaciones kolla y diaguita siguiendo tres ejes: (1) los momentos fundacionales, los integrantes de estos espacios y dónde se extienden estas redes, (2) las experiencias precedentes, situando estos procesos constitutivos en el mediano y largo tiempo y, (3) los móviles de su construcción -por qué y para qué trabajar colectivamente- y cómo se plantea la "lucha", buscando identificar modos de relacionarse con distintos niveles de gobierno.

La Organización Diaguita-Calchaquí de Salta

Aglutina gran parte de las comunidades diaguitas de la provincia, asentadas en los Valles Calchaquíes, principalmente, y en el adyacente Valle de Lerma. Cobra lugar producto de la fragmentación de una organización diaguita regional constituida en 2005 por comunidades de Tucumán, Catamarca y Salta, a la que luego se sumaron otras de Santiago del Estero y La Rioja. Esta organización, que llamaremos Organización Diaguita-calchaquí Regional, canalizó la lucha de más de 80 comunidades de la región hasta 2010, cuando se fractura en cinco núcleos de funcionamiento autónomo circunscriptos al orden de las provincias.

En la conformación de esta organización madre convergieron, por un lado, experiencias históricas diversas que remiten a intentos sistemáticos por conformar un frente de lucha indígena en la década de 1970, siendo significativo el Primer Parlamento Indígena de los Valles Calchaquíes realizado en Amaicha del Valle (Tucumán) en 1973 y la creación de la Federación Indígena Calchaquí (Lenton, 2015). Por otro lado, se destaca la labor de un heterogéneo conjunto de actores, cobrando especial importancia el asesoramiento y acompañamiento de dirigentes de las comunidades tucumanas de Amaicha y Quilmes. Reconocidos por sus pares como los "precursores", algunos traían consigo la experiencia de la década de 1970; otros eran más jóvenes, entre ellos dos abogados diaguitas -"juristas indígenas"-¹⁸ que orientaron y asesoraron a muchas comunidades, incluidas las de Salta. No es casual que el proceso organizativo iniciara en Tucumán: la lucha por el "territorio" se remonta al siglo XIX motorizada por la Cédula Real, documento colonial que reconoció un territorio propio a las parcialidades quilmes y amaichas en 1716 (Rodríguez y Boullosa, 2014). Parte de estas tierras fueron titularizadas en 1995, siendo las únicas propiedades diaguitas titularizadas del país.

En este mapa de actores se destaca un salteño que por razones laborales residió varios años en Buenos Aires donde, por vínculos de consanguinidad y parentesco,¹⁹ conoció a algunos dirigentes tucumanos que residían o realizaban gestiones allí. Estos vínculos cobraron importancia a fines de 1990 cuando regresa a Salta y se instala en las afueras de la ciudad capital. Desde 2000 participa en la conformación de una comunidad urbana mientras, a la par, impulsa el autorreconocimiento indígena de familias vallistas -a través de la creación de espacios de reflexión colectiva sobre las experiencias familiares y las formas de vidas comunes, así como sobre los derechos particularizados en tanto "nativos"-, instándolos a que tramiten personerías jurídicas como comunidades originarias. Así, fue tejiendo redes en el Valle para forjar la organización regional, labor que habilitará su reconocimiento como "co-fundador" de la Organización Diaguita-Calchaquí Regional junto a los dirigentes y abogados diaguitas de Tucumán, entre otros. En ese entonces, en la provincia algunas comunidades diaguitas estaban constituidas como asociaciones civiles y trabajaban articuladas a un espacio grupal comandado por un vallisto oriundo de Rumiarco -departamento de Chicoana, Salta-,²⁰ a las cuales este salteño intentará anexar al proyecto colectivo.

A comienzos de 2000, estos actores tucumanos y salteños recorrieron el área Calchaquí al sur de Salta, así como ciertos sectores de las provincias Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero -ampliando su radio de acción hacia el restante "territorio diaguita" de Salta durante el resto de la década- "concientizando" e "informando" a la gente sobre "sus derechos". Los viajes y la energía implicada en construir esta red -tareas calificadas como difíciles por las grandes extensiones, la dificultad de acceso y las diferencias políticas internas-, que devinieron en la formalización de la organización matriz, fueron realizados en gran parte "a pulmón"; otros encuentros entre dirigentes y "talleres de concientización" fueron costeados parcialmente con recursos provenientes del proyecto Desarrollo de Comunidades Indígenas (DCI), financiado por organismos internacionales en 2000, y otorgados a las comunidades diaguitas de Amaicha y Quilmes, entre otros grupos mapuches y kollas (Escolar, 2007b; Carrasco et al., 2008).²¹

Así, sujetos, agencias y experiencias confluyeron y operaron contextualmente para gestionar, construir y consolidar la Organización Diaguita-Calchaquí Regional como espacio político de acción, confrontación, demanda y negociación, a partir de específicas alianzas y trabajo intra-comunitario. La organización se formaliza en 2005, en una asamblea inaugural en una de las comunidades base de la Comunidad India de Quilmes,²² determinando allí su nombre, objetivos y aspectos de su organización interna. Ella se propuso nuclear a las comunidades diaguita en pos de "recuperar el territorio", reconstruir la Nación Diaguita haciendo frente a la violencia y al saqueo de sus recursos naturales impulsando, para ello, la "toma de conciencia" y valorización de la identidad diaguita, junto a la socialización y el "empoderamiento" del derecho indígena.

La lucha por el territorio y la demanda de "autonomía" política y económica se constituyeron en ejes primordiales de este espacio, instando a quienes vivían en las fincas en calidad de arrenderos, pastajeros o medieros -en tanto "poseedores ancestrales"- a "dejar de pagar arriendo".²³ "Resistir en el territorio" fue otro imperativo que encontró sentido en una coyuntura caracterizada por un avance sistemático de desalojos a las familias residentes, indicador del proceso de desestructuración del sistema social patrón-arrendatario -aunque de modo dispar en el Valle, en carácter y temporalidad- (Villagrán y López, 2017).

El reverso de esta reconfiguración social y del despojo, o su mismo motor, fue una profunda transformación económica y tecno-productiva en la región; en el caso de Salta se caracterizó por la radicación de empresas de capitales locales y extra-locales dedicadas a la vitivinicultura -especialmente en vinos de calidad y destinadas al mercado global. La mencionada transformación trajo consigo la mecanización de tareas realizadas tradicionalmente con mano humana y la expansión de la frontera agrícola sobre tierras antes consideradas ‘improductivas', donde las familias residentes tenían sus casas, sus áreas de cultivo destinadas al autoconsumo y al pastoreo de sus haciendas. Dos innovaciones tecnológicas son emblemáticas. En primer lugar, la incorporación de tecnología de riego bajo el sistema de goteo mecanizado, que además de ‘optimizar' el rendimiento del agua -un recurso escaso- permitió su provisión en sectores alejados de los cursos naturales y, por ende, el avance a sectores que antes no eran aptos para el cultivo. En segundo lugar, se innovó en la disposición y la distribución de las plantas de vid, incorporándose el modo de espaldado -que sustituye a la parra-, en vistas a la mecanización de la cosecha (Villagrán, 2013; Vázquez y álvarez, 2015).

Paralelamente al negocio de la vid se radicaron grandes emprendimientos turísticos que combinan el vino y el turismo -cuyo emblema es la Ruta del Vino- y se activaron otros proyectos de turismo y patrimonialización de la zona -como Qhapaq ñan o ‘Camino Vial Andino'. Como corolario, surgió un gran negocio inmobiliario valorizando exponencialmente la tierra.

Estas transformaciones fueron multiplicando y agravando los conflictos que ya existían y marcaron el ritmo y los itinerarios de la reciente organización y localización de las "asambleas" -como espacios colectivos de toma de decisiones y planificación de acciones. En gran medida, los abogados indígenas tucumanos diseñaron estrategias jurídicas para enfrentar los conflictos, pero la judicialización corrió paralela a otro repertorio de acción: tomas de tierras, cortes de rutas, marchas, entre otras. Así comenzó la organización y al presente funciona como gestora y conductora de demandas y redistribuidora de información, conocimientos, experiencias, bienes y recursos.

Indagando sobre los móviles que condujeron a la conformación de la organización regional, algunos actores de Salta que colaboraron sostienen que, en primer lugar, la escalada de los conflictos territoriales hizo necesario el trabajo en red. Así se consideró su constitución como una "estrategia colectiva de autodefensa" pues buscaba desterrar formas semiserviles de vida en las fincas, menguar el "hambre y la pobreza" y "hacer frente" a la incertidumbre jurídica de las tierras ancestralmente ocupadas, por no tener los títulos de propiedad que el capital ponía en la mira. En segundo lugar, la "correlación de fuerzas" era necesaria, sostienen, para confrontar al Estado provincial y a sus instituciones indigenistas acusadas de: negar/ invisibilizar la presencia originaria en la región, no ser representativa ni velar por el pueblo diaguita-calchaquí; señalando además que algunos referentes y agentes estatales eran los "patrones" y los titulares dominiales de las tierras reclamadas.

Esta confrontación en torno al Estado provincial también incluía a un grupo de dirigentes indígenas afines, ante quienes la organización se posicionó críticamente. En particular ante el vallisto referido líneas atrás quien, además de haber trabajado en el reconocimiento del pueblo diaguita en la provincia, agenció en la conformación de las primeras comunidades y en la tramitación de sus respectivas personerías jurídicas, al tiempo que ocupó cargos de representación en instituciones indígenas nacionales y provinciales siendo el primer vocal en el IPPIS y el primer miembro del Consejo de Participación Indígena (CPI) diaguita de Salta. Tanto este hombre como quienes lo acompañaban eran acusados de trabajar para el poder político de turno - fueron inculpados de cómplices en sucesivas instancias de comprobada malversación de fondos-; así "cooptados" y con lógicas "punteriles" promulgaban una forma "folclórica" de concebir y reivindicar la diferencia cultural. El distanciamiento y la discordancia en los sentidos y las prácticas de "lucha" evidenciados entre estos grupos fueron centrales en la constitución de la Organización Diaguita-Calchaquí, la cual asumió que dicha lucha debía plantearse en el campo político y no "folclórico", en el reclamo del territorio y no en lo meramente "cultural" desde un espacio "autonómico", donde el trabajo mancomunado y consensuado primara sobre los intereses y las decisiones individuales. Estos sentidos, que definirán pares de oposición como "política indígena" vs. "política partidaria", "buena politica" vs. "mala política", perfilaron los códigos de relacionamiento, reglando y regulando las prácticas hacia "adentro" (Sabio Collado, 2015).

Mientras el Estado provincial continúa siendo considerado "obstructor" de sus luchas, el Estado nacional, en contraste, será el espacio "aliado". La Organización Diaguita-Calchaquí Regional le reconocerá al gobierno de los esposos Kirchner avances relativos en materia indígena. En 2010, sin embargo, las comunidades de Tucumán y Catamarca y un espacio indígena nacional, que venían forjando con dirigentes qom, kolla y mapuche, se posicionaron críticamente observando las incongruencias de arrogarse "gobernar para las minorías y vulnerables", a la par de seguir un modelo socioeconómico basado en la sobre-explotación de los bienes naturales que subastaba los territorios ancestrales al capital. En cambio, las comunidades diaguitas de Salta y un espacio pluri-pueblo de alcance nacional diferencial que integraba, y que colaboraron en crear, reconocerán los avances -aunque oportunamente será crítico de las tibiezas de ciertas políticas- y se mostrarán como defensores y "acompañantes" del proyecto político nacional. Acudiendo al llamado del kirchnerismo, a ‘trabajar desde adentro del Estado', sus miembros ocuparon importantes cargos públicos y su espacio colectivo de pertenencia será considerado como ‘legítimo' mediador entre el Estado y los pueblos originarios.

Estas consideraciones divergentes en relación al Estado, sostenidas oposicionalmente por las dos organizaciones nacionales, condujo a la fragmentación de la Organización Diaguita-Calchaquí Regional en cinco núcleos, las que llamaremos Organización Diaguita-Calchaquí de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Santiago del Estero, quedando visibilizada en la bifurcación de la Marcha de los Pueblos Originarios, en el Bicentenario argentino en mayo de 2010.

Trabajar "dentro" y "fuera del Estado",²⁴ focalizando en las "relaciones hacia afuera" o "hacia adentro" de cada pueblo como directrices de "estar en lucha", parece haber hecho una divisoria de aguasen la organización diaguita interprovincial, justificando parcialmente su fragmentación. El posicionamiento de las comunidades diaguitas de Salta, que conformarán de allí en más la Organización Diaguita Calchaquí de Salta, fue pensar que el éxito de la "lucha" indígena vendría trabajando desde "adentro" del Estado; mientras Tucumán consideró que dicho éxito se alcanzaría trabajando y madurando primero "hacia adentro", evitando correr el riesgo de tergiversar la "lucha" y la "cooptación" y "burocratización" de los "luchadores". Otros motivos son argüidos desde Salta, como la idea de que en cierto momento la entidad regional dejó de ser "representativa" y "democrática", jerarquizándose las voces de los dirigentes tucumanos; estas posibles fricciones políticas se habrían conjugado con motivos "económicos" al no dividirse equitativamente los recursos.

Como organización autónoma que nuclea a comunidades diaguitas de Salta, la organización provincial recupera y posiciona a las "asambleas comunitarias" como engranajes de su funcionamiento -emanando de allí los "mandatos territoriales". El año 2010 es indicado como significativo para los actores en otros sentidos, además de su independencia de Tucumán y de su articulación con la organización indígena nacional y con los distintos niveles estatales -posicionándose en específicos espacios institucionales, incluso provinciales, creándolos, gestionando proyectos-, también por el "éxito" en la defensa del territorio ancestral, en el conflicto más cruento y violento vivido por el pueblo diaguita de Salta. Desatado por el intento de desalojo de familias pertenecientes a una comunidad de Cachi, al norte del Valle Calchaquí, por parte de un titular dominial -en connivencia con la policía-, este violento hecho marcó un punto de inflexión al dar cuenta de su "maduración política" y de sus "fuerzas y fortalezas políticas" como organización.

La Organización Kolla de Salta (la Coordinadora)

Formalizada en 2007, nuclea a un conjunto de organizaciones indígenas -la mayoría con personería jurídica nacional- que buscan recuperar y restituir el "territorio kolla" en la extensión de un millón de hectáreas ubicadas en la provincia de Salta. Actualmente conforman este espacio común cinco organizaciones de segundo grado,²⁵ cada una de las cuales nuclea a un conjunto de comunidades kollas y se superpone a dominios municipales o departamentales. El 2003 es indicado como inicio de este lugar de coordinación, según los periódicos Encuentros de comunidades aborígenes de Nazareno y Santa Victoria, cuyo objetivo central era trabajar en conjunto para lograr los títulos comunitarios de la Finca Santa Victoria,²⁶ para lo cual se dictaban capacitaciones centradas en el acceso a los derechos indígenas y se invitaba a disertar a especialistas en distintas temáticas como: el problema del territorio, la "espiritualidad" y la "cosmovisión andina" pero además sobre el contexto político y las posibles estrategias de acción (Sanz, 2011). En estos encuentros, instancias "difíciles" y de "desconfianza entre dirigentes", se fueron estableciendo lazos entre diferentes comunidades y organizaciones kolla emergentes. Desde sus inicios fueron auspiciados por instituciones como el Programa Social Agropecuario (PSA)²⁷ que, además de implementar pequeños proyectos destinados a la economía de subsistencia de las comunidades, canalizaba jurídicamente las demandas surgidas en las asambleas. El programa se sumó a la labor emprendida por la Obra Claretiana para el Desarrollo (OCLADE)²⁸ que desde hacía veinte años intervenía en los procesos de organización indígena en Iruya, Santa Victoria y Nazareno, asesorando profesional y religiosamente desde la teología de la liberación; a la vez de haber montado una red de cooperación para financiar proyectos y programas focalizados en poblaciones indígenas (Yudi, 2015; Milana, 2014).

En 2006, la Organización Kolla de Iruya -de segundo grado, conformada en 2003- decide sumarse a los encuentros, coyuntura en la que algunas comunidades iruyanas habían recibido órdenes de desalojo, dando inicio a un ciclo de movilizaciones que se recuerdan como "las primeras marchas". Ese año en las Jornadas de Movilización y Protesta del Pueblo Kolla de Salta, en las que se reclamaba el cumplimiento de sus derechos constitucionales y la regularización de los títulos comunitarios, obtuvieron amplia convocatoria y pudieron articular alianzas con dirigentes kollas de Orán y San Antonio de los Cobres. Ello habilitó un cambio en la denominación del encuentro, siendo bautizado con un nombre quechua, Kollamarkanakuy, que puede traducirse como Reunión del Pueblo Kolla. El mismo volvería a ser modificado luego de las Segundas Jornadas de Movilización y protesta, a fines de 2007, por Qullamarka, modo de significar en quechua Los kollas de la región. Durante esa misma asamblea se decide por unanimidad (re)crear un espacio formal de encuentro entre las organizaciones, buscando al mismo tiempo enmarcar el espacio de vida de las comunidades como territorio común. Así nace la Coordinadora, como se la conoce actualmente, estableciendo en su acta constitutiva conformarse como "herramienta de ejercicio" de la autonomía territorial y sobre los recursos del territorio, de acuerdo al derecho indígena. Su representación estaría dada por los coordinadores de cada organización miembro, en ese entonces de Nazareno, Santa Victoria, Iruya y Orán, invitando a las demás a integrarse a dicho espacio -como lo haría en poco tiempo la organización de Los Toldos.

A partir de allí comenzaron a planificarse acciones conjuntas buscando recuperar el control territorial -propuesta iniciada en los encuentros con la pesquisa de alternativas para acceder a los títulos de la tierra de la Finca Santa Victoria, la cual fue complejizada al sumarse las demandas por títulos de otras organizaciones como Rodeo Colorado, Iruya- y retomar así el "proceso de lucha" de sus antepasados, como el evento emblema del Malón de la Paz (1946) y, más lejos en el tiempo, la Batalla de Quera (1875).²⁹

Estos encuentros como región kolla -en el sentido de un territorio contiguo que pretende ser único y ampliado como bandera para establecer relaciones con los vecinos territorios de las comunidades indígenas de Jujuy, de adscripción indígena kolla, atacama y omaguaca- encuentran continuidad con los intentos de "juntarse" que se dieron en gran parte de los Valles Interandinos y condujeron a las comunidades a obtener la personería jurídica y a la creación de las organizaciones de segundo grado, a partir de las décadas de 1970 y 1980. Las "historias del ingenio" San Martín del Tabacal -memorias del trabajo en la zafra asociadas a la prohibición de organizarse, a la explotación entre otras vivencias de malestar y violentamiento-; el aumento del arriendo y pastaje; la venta de grandes fracciones de las fincas a obrajes y empresas transnacionales, así como el intento de éstas de ampliar el control de los recursos valorizando sectores ‘productivos' y buscando desalojar a las poblaciones allí radicadas; o la exhortación a los pobladores a ‘comprar' pequeños lotes de poca utilidad y con títulos inválidos, son referidos como situaciones amenazantes, limitantes de su forma de vida tradicional definida en base a un especial vínculo con la tierra.³⁰ La creciente pauperización de la vida fue catalizando la lucha en defensa del territorio, y la consideración de que el arriendo no debía seguir pagándose se tornó consenso colectivo.

En el devenir organizativo, las experiencias pioneras del Consejo Kolla de Finca Santiago (Iruya) y la organización Tinkunaku (Finca San Andrés, oeste del departamento de Orán) constituyen ejemplos inspiradores -siendo las primeras organizaciones que lograron la restitución de las tierras a sus pobladores en concepto de propiedades comunitarias, en 1998 y 2007 respectivamente- para las demás comunidades que, a su tiempo, fueron adoptando algunas de las modalidades de protesta y las estrategias de visibilización de aquéllas. Cabe hacer referencia al AIRA y su dirigencia indígena, como E. Frites -cuya familia era oriunda de Finca Santiago por línea materna- quien con su acompañamiento desde la década de 1980 contribuyó a impulsar y agilizar los proyectos de expropiación de las fincas.³¹

En sintonía con la creciente visibilización de la lucha, los programas y los proyectos "de desarrollo" con agenda en torno al movimiento indígena se multiplicaron en la década de 1990 -a través de entidades ecologistas, fundaciones, universidades nacionales, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales. Esta trama de agentes contribuyó, en el marco del conflicto en y con la construcción de un gasoducto en territorio de las comunidades agrupadas por la organización Tinkunaku, a obligar a la empresa responsable a indemnizar a las comunidades afectadas; además a donar una extensión de tierras convertidas luego en reservas ambientales (Domínguez, 2009; González, 2015). En el caso de Finca Santiago la obtención de los títulos comunitarios habilitó la llegada de proyectos de envergadura; entre ellos, el proyecto Desarrollo de Comunidades Indígenas (ver páginas 11 y 12).

Las similares experiencias de "avasallamiento", junto a la generalización del conocimiento del derecho indígena posibilitaron emprender esta búsqueda colectiva de reconstruir histórica y espacialmente al pueblo kolla. Acercándonos al presente, las explotaciones hidrocarburíferas, mineras y madereras, el impacto del turismo -acentuado desde 2003 con la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, algo que afectó diferencialmente a la región-, junto a la "falta de voluntad política" para concretar la restitución de tierras, intensificaron la urgencia de coordinar espacios de encuentro y lucha -aún desde las diferencias y el desacuerdo.

A lo largo de las más de 40 asambleas realizadas hasta el presente el móvil y el tema de fondo de la coordinadora ha sido "recuperar" y consolidar un territorio de manera íntegra; sin embargo, se resalta que también ha funcionado como herramienta colectiva para enfrentar las violaciones de derecho y luchar por un mejor acceso a la educación, la salud y las fuentes de trabajo.

Asimismo, en sus prácticas políticas o de ejercicio de poder, la organización ha construido dos instancias principales de trabajo. Por un lado, las instancias "internas", donde se discute "como hermanos" intentando mantener la polifonía de voces. Estas están codificadas y regladas por la idea de que ciertas prácticas políticas son más genuinas, legítimas y valiosas que otras: la "política indígena" en desmedro de la "política partidaria"; el sacrificio del "trabajo a pulmón"³² en contraste con el "trabajo a sueldo". Las discusiones que allí tienen lugar reflejan tensiones entre miembros y dirigentes, criticados por sus trayectorias y posiciones -lealtades partidarias, cargos de representación indígena- que, sin zanjarse, son asumidas como instancias de reflexión para seguir en "la lucha".³³ Por otro lado, aunque intrínsecamente ligada a las anteriores, están las instancias de articulación y trabajo "hacia afuera", condicionadas por lo que denominan "cintura política": posicionamiento ante diversas instituciones que, a la vez de respetar los posicionamientos heterogéneos -a veces opuestos- de las diversas entidades que conforman la pluri-organización kolla pretende mantener una representación coherente de las demandas del conjunto. Esta postura "fuerte, clara, autónoma e independiente" está dirigida a todos los niveles de estatalidad con los que buscan relacionarse y establecer "agenda" o alianzas estratégicas. Estos niveles son diferenciados como municipales, provinciales y nacionales. Por lo general, las organizaciones miembro buscan que los municipios -cuyas jurisdicciones se superponen a los ámbitos de acción a los que aspira cada organización de segundo grado- repliquen las decisiones tomadas desde los espacios colectivos, lo cual puede implicar enfrentamientos o negociaciones.

Los niveles provinciales y nacionales presentan otras complejidades, ya que son los principales destinatarios de las demandas y los reclamos. Dentro del amplio repertorio de medidas de relacionamiento, confrontación y negociación, las acciones consideradas exitosas -además de constituir hitos fundamentales en la construcción del espacio kolla regional- son las marchas o jornadas.³⁴ En este sentido, aunque se valora el marco jurídico que permite mantener un código de demandas se considera que sin movilización mediante "el gobierno no cumple". Las caravanas emprendidas desde los territorios a la capital salteña han denunciado al órgano provincial representante de los pueblos indígenas -IPPIS, entre otras instituciones- por malversación de fondos, falta de consulta de sus vocales al pueblo y, por ende, poca representatividad. Asimismo, ante la escasa capacidad del instituto para responder la coordinadora optó por exigir un diálogo directo con la gobernación, motivo por el cual las movilizaciones culminan en la casa de gobierno, con la expectativa de ser recibidos por funcionarios de distintos gabinetes -y el gobernador, ocasionalmente-, concertando mesas de trabajo cuyo seguimiento implica nuevas reuniones, notas y audiencias.

Con respecto a los niveles del gobierno nacional, particularmente en torno al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y sus representantes indígenas -los miembros del Consejo de Participación Indígena-, la postura ha sido distante y, en algunas oportunidades, ambigua. Estos son continuamente criticados, entre otras cuestiones, por tratarse de cargos "funcionales" a la política nacional. Sin embargo, son requeridos en las asambleas y se les exige rendir cuentas de lo que sucede en el ámbito de acción de este Consejo, organismo valorado en algún momento mientras financiaba proyectos de ‘fortalecimiento' pero generalmente considerado como un órgano de la política partidaria nacional.

A pesar de esto, se ha consensuado la importancia de "entrar" en las instituciones, ante todo nacionales; si los gobiernos "dividen" o "desestabilizan" -durante períodos electorales fundamentalmente-, también es necesario dialogar con ellos estableciendo alianzas con aquellos agentes que se considera contribuyen a "la lucha". Sin embargo, miembros de la organización han participado de diversas marchas cuidando que dicha "cintura política" diera cuenta de su no-alineación con el gobierno nacional o con organizaciones indígenas "oficialistas" de alcance nacional, como consideraban al encuentro nacional en el que participaba la organización diaguita de Salta. Su distanciamiento con éste -en la compleja trama de relaciones entre movimientos sociales- se hizo tangible en la Marcha del Bicentenario. Como referimos en el apartado anterior, en la bifurcación de la marcha -expresión de proyectos y relacionamientos políticos declarados opuestos, como describimos- la organización se sumó a la convocatoria del espacio pluri-pueblo opositor, marchando con un movimiento social jujeño. Cuando la movilización llegó a la Casa Rosada, un conjunto de dirigentes fue recibido por la Presidenta de la Nación, entre ellos, uno de los dirigentes de la coordinadora a quien le tocó abrir el diálogo. Allí sostuvo que, aún sin motivos que justificaran "festejar el bicentenario", quería expresar la grata sorpresa de la apertura del gobierno para discutir cuestiones políticas que los afecta como pueblos originarios. En esta oportunidad confesó que se habían aliado con organizaciones sociales afines al "modelo" kirchnerista" creyendo que desde allí la principal problemática de los pueblos originarios -la "reparación territorial"- podría resolverse aunque bajo la observancia de que dicho "modelo" carecía del "condimento indígena en las políticas de Estado". Explayando los significados del territorio, también recordaba que "los hermanos siguen perdiendo vida por defender el territorio".

La política y la "lucha" de las organizaciones en diálogo

Constituye un desafío la puesta en diálogo de procesos organizativos disímiles que surgen del campo de la política indígena, siendo experiencias sociales únicas, histórica y contextualmente situadas. Nos atrevemos a mirarlos comparativa y reflexivamente, tomando sus particularidades como punto de partida. Las diferencias desprendidas de ambas investigaciones motorizaron la presente escritura; sin embargo, el ejercicio nos permite identificar significativos puntos de encuentro, hallando interconexiones en las trayectorias de las organizaciones, sus prácticas y proyectos políticos.

En primer lugar, las organizaciones del pueblo kolla y diaguita se formalizan a mediados y fines de 2000 buscando enfrentar colectivamente situaciones de vida materialmente críticas ligadas a la creciente vulnerabilidad de las comunidades en el acceso y la tenencia de la tierra. En un contexto de pauperización e incremento de episodios de desalojo y amenazas, tanto en Valles Calchaquíes como en Alto Bermejo, observamos la confluencia de dos procesos de cambio social cuyo accionar encuentra algunos antecedentes en décadas previas.

Por un lado, se atravesaban las últimas instancias de desestructuración de las relaciones sociales que habían definido la vida en las fincas; es decir, la trama vincular entre patrones-propietarios y peones-residentes que debían pagarles "arriendo" -en trabajo, especies o dinero- por el uso de lotes de tierra para la reproducción familiar. Ahora los trabajadores residentes eran empujados a "salir" de las fincas, o relocalizarse en sus márgenes o "páramos" -zona alta o de escaso valor productivo. Estos desplazamientos eran afectados por la reestructuración y tecnologización de las principales actividades económicas;³⁵ las nuevas formas de organizar el trabajo y utilizar el espacio hacían prescindible la mano de obra y necesario el despeje de las zonas habitadas para su sobrevivencia. Por otro lado, y más recientemente aunque entroncando con la reestructuración neoliberal, ambas zonas devinieron centros neurálgicos de inversión de capitales para mega emprendimientos turísticos, inmobiliarios, forestales y hasta ecológicos, valorizando la tierra de forma exponencial.

La "pobreza", el "hambre" y la "falta de trabajo", junto a la incertidumbre jurídica sobre la posesión y la propiedad de la tierra, son referidos por los actores como móviles del trabajo mancomunado y solidario entre "hermanos" del mismo pueblo. Aunque el fin último es "reconstruir" las naciones kolla y diaguita-calchaquí, es la defensa y lucha por el territorio el eje articulador de ambos colectivos -aunque las demandas claramente lo exceden- lo que va marcando y perfilando proyectos políticos de caracteres propios.

En segundo lugar, entendemos que estos procesos organizativos no sólo están mutuamente imbricadas en procesos políticos y económicos, de distintos alcances que las condicionan, sino que también responden a ciertas condiciones de posibilidad de los actores de "organizarse" y consolidar espacios políticos; así como de articularse con otros actores sociales, polarizando y configurando específicos campos de fuerza (Manzano y Ramos, 2015). En esa dirección avanzamos y reconstruimos parcialmente los transcursos de ambas organizaciones, hilvanando una trama vincular de actores y sus trayectorias, de prácticas sociales y experiencias con anclajes temporales y espaciales varios.

Advertimos que estos espacios colectivos hunden sus raíces en experiencias políticas previas, cuyas referencias inmediatas identificamos para ambos en la década de 1970 -aunque la lucha del pueblo kolla cuenta con antecedentes previos. Agentes significativos en estos tempranos procesos políticos tendrán directa incidencia en la conformación de ambas organizaciones, pues volcaron sus energías en los innumerables viajes "a pie" por intrincadas y extensas geografías. Se destaca la labor de dirigentes conocidos en ámbitos locales, regionales y nacionales, siendo actividades vertebrales la "socialización" y apropiación del derecho. La multiplicidad de talleres, disertaciones, encuentros y capacitaciones, cuyo objetivo era "concientizar" sobre el derecho indígena se propició bajo el accionar de determinadas instituciones y actores con trayectorias y capitales sociales particulares, como los juristas indígenas. En esa búsqueda por apropiarse de las "herramientas" jurídicas estos caminantes instaron a "rebelarse" y "enfrentar" a los "patrones" y las formas en que éstos ejercían el poder y la violencia, exhortaron a interrumpir el pago del arriendo impulsando proyectos de expropiación, marchas y otras estrategias de visibilización de la lucha. Así, el lenguaje del derecho indígena se transformó, progresivamente, en una apuesta válida a la hora de traducir sus demandas y actuar en las contiendas y en las negociaciones con el Estado, empresas, etc.

Asimismo, en ambos casos los actores refieren que la construcción y sostenimiento de estos espacios y las "luchas" se realizaron "a pulmón", sacrificando tiempos y recursos propios. En este esfuerzo conjunto se fueron forjando acuerdos en donde internamente se proclaman diferencias y distancias, como pudimos observar en el recorrido de ambas organizaciones. Las tensiones y la heterogeneidad "hacia adentro" advierten -como sostienen algunos autores- sobre el carácter múltiple, siempre constructivo y disputado del "estar juntos" y contrarían las propuestas que definen lo colectivo per se, sugiriendo que es la unicidad y la homogeneidad lo que define a los espacios colectivos. La "horizontalidad" y la "democraticidad" en la construcción de posicionamientos, argumentos y repertorios de acción, es garantizada para ambos casos por las "asambleas" -espacios colectivos constructores de consenso- y las decisiones que de allí emanen. Decisiones que los miembros y principalmente los "dirigentes" y "autoridades comunitarias" deben respetar y a los que se les exige lealtad, costeando sus "legitimidades".³⁶

Por último, en el bosquejo de multipolaridad del campo social -definiendo en este entretejido posicionamientos y desplazamientos, alianzas y enemistades, adherencias y distanciamientos, pactos y disputas con otros actores involucrados- aunque referimos a la presencia e injerencia de partidos políticos, organizaciones indígenas y no indígenas, ONGs y organismos multilaterales, enfatizamos el análisis de los vínculos con las presencias estatales y, fundamentalmente, con el Estado nacional en tanto principales interlocutores de las demandas y "luchas" de las organizaciones. El corte temporal consensuado para cerrar el análisis en 2010 -entendiendo que hay un antes y un después- nos permitió delinear un cambio general en las formas de relacionamiento de las organizaciones indígenas con el Estado Nacional. En nuestros casos se observa la fractura de la organización diaguita madre; además al ser la "participación e incidencia" en la gestión y la aplicación de políticas que los atañen una demanda histórica las organizaciones diaguitas y kollas compartieron algunas expectativas en torno a un diálogo horizontal con el Estado nacional. Sin embargo, como vimos, ciertas nociones polarizadas como trabajo "dentro" y "fuera" del Estado, "trabajo a pulmón" vs. "trabajo a sueldo", dan cuenta de tensiones y disputas sobre qué tipo de relación debieran establecer con él.

La apertura de espacios e inauditos canales de diálogo durante el kirchnerismo son reconocidos positivamente por ambas organizaciones, que acompañaron algunos aspectos y momentos de su gobierno aunque, como vimos en un caso, buscando cautelosamente no ser identificados como alineados con dicho proyecto y, en otro, desde una explícita adhesión. En tanto evento crítico, la Marcha de los Pueblos Originarios en 2010 reposicionó las alianzas y enemistades entre espacios con pretensiones de representatividad indígena nacional, y entre éstos y el Estado. Las respuestas de la Presidenta ante la dirigencia que logró reunirse con ella, junto a las medidas de gobierno a posteriori, pondrán de relieve los alcances, limitaciones y contrariedades del conjunto de políticas, dispositivos y disposiciones del gobierno nacional con respecto a la cuestión indígena: la reafirmación de la política económica extractiva, el explícito rechazo a múltiples puntos del petitorio de la marcha³⁷ y el compromiso asumido en las inmediaciones de los ‘festejos'. Siguiendo a Briones (2015), la ubicación de la política extractiva en un lugar indiscutible y, en todo caso, la fijación de quiénes y cómo cuestionar provocaron el desborde de dichos lenguajes de contienda hegemónicos (Ramos, 2016, parafraseando a Roseberry, 1994) poniendo en confrontación a quienes hasta ese momento habían luchado juntos.

 

Notas

¹ Una versión preliminar de este trabajo se expuso en la XII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM), Posadas, diciembre 2017. Utilizamos comillas dobles para indicar voces nativas e itálicas para destacar conceptos o ideas fuerza.

² El crecimiento de organizaciones indígenas en Latinoamérica fue estudiado por Albó (1991), Trejo (2000), Bengoa (2009).

³ Un antecedente inmediato del articulado jurídico es la Ley Nacional 23.302, Sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes de 1985. El artículo 75, inciso 17 de 1994 reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, estableciendo también el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras ocupadas tradicionalmente y la regulación de otras aptas ‘para el desarrollo humano' -entre otras cuestiones fundamentales como el deber de garantizar su participación en la gestión de sus recursos naturales.

⁴ El art. 15 original versaba sobre ‘proteger al aborigen' mediante ‘una legislación adecuada' para su integración provincial y nacional, su ‘radicación en la tierra' y la concientización de sus derechos como ciudadano. Sin embargo, producto de reclamos de diferentes organizaciones que luchaban por la adaptación provincial a la reforma constitucional de 1994, la modificación de este artículo en 1998 incurrió en contradicciones en relación al art. 75 -como la inclusión de derechos ‘no indígenas' y la protección de intereses ‘de terceros' en tierras fiscales habitadas por indígenas- las cuales fueron denunciadas por organizaciones indígenas (Buliubasich y Rodríguez, 2001).

⁵ La lucha por las tierras de Tinkunaku comienza a fines de la última dictadura militar (1976-1982) y se agudiza promediando la década de 1990, con la aparición de empresas multinacionales dedicadas a la extracción forestal e hidrocarburífera. El apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONGs), como Greenpeace o Yaguareté, así como algunos programas estatales, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la Comuna de Luxemburgo, entre otras, contribuyeron a su aparición pública. La organización obtuvo los títulos comunitarios de una parte de las tierras reclamadas en 2007, otra en 2011 y aún queda un remanente sin titularizar (Domínguez, 2009; González, 2015). La lucha de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lakha Honhat por los lotes se remonta -al menos- a 1984, llegando su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998. Aunque se han emitido sucesivos decretos de transferencia del dominio a las comunidades, ésta sigue sin concretarse.

⁶ De acuerdo a las lógicas actuales de identificación, clasificación y administración de las alteridades indígenas por parte del Estado provincial, Salta es destacada: 1) por tener un alto porcentaje de población auto-reconocida como indígena, superando el seis por ciento del total de su población (INDEC, 2010); y 2) por estar habitada con el mayor número de pueblos indígenas del país. Actualmente, la provincia reconoce formalmente a nueve pueblos, mientras que otros cinco -atacama, iogys, lule, tastil, weenhayek- se encuentran disputando el mismo reconocimiento.

⁷ En esta búsqueda por dar cuenta de la complejidad de procesos sociales y de la conformación de colectivos indígenas, preeminentemente desde la perspectiva de los propios actores, recurrimos a diversas fuentes provenientes de nuestras respectivas investigaciones doctorales y a literatura antropológica e historiográfica que nos permite sostener referencias de larga data. Además trabajamos con entrevistas en profundidad y charlas informales con dirigentes indígenas, comuneros y agentes de Estado; materiales producidos por las mismas organizaciones abordadas aquí y notas de observación realizadas durante los trabajos de campo en diversos contextos. Complementamos lo anterior con registros de naturaleza estadística y con el relevamiento de algunas fuentes periodísticas.

⁸ Los Valles interandinos del norte salteño comprenden los departamentos de Santa Victoria Oeste (Nazareno, Santa Victoria y Los Toldos), parte de Orán (San Andrés) e Iruya (Iruya e Isla de Cañas); mientras los Valles Calchaquíes involucran Cachi, La Poma, Cafayate, Molinos y San Carlos, en la misma provincia. Aclaramos, de forma enfática, que estas clasificaciones regionales y geográficas no deben tomarse como datos sino que es necesario problematizar su histórica construcción. Esta aclaración implica varias cuestiones, por ejemplo: 1) que las organizaciones de los pueblos referidos se extienden más allá de las mismas y 2) que estas referencias geoespaciales contribuyen a recortar unidades de análisis pero deben ser abordadas como productos históricos y sociales.

⁹ El dominio útil implica un concepto de propiedad -de origen europeo y trasladado a la colonia americana- que se contrapone a su dominio directo o titularidad abstracta (Teruel, 2014).

¹⁰ El concepto circuito mercantil andino permiten dar cuenta de la circulación de bienes y personas a nivel regional, aunque avanzada la época nacional trascendía dichas fronteras políticas. Así, luego de las revoluciones independentistas diferentes "polos económicos de importancia" mantuvieron su estabilidad como mercado interno hasta fines del siglo XIX, cuando el avance del ferrocarril y las empresas azucareras llevará a su declive, hasta desaparecer finalmente cerca de 1930 (Langer y Conti, 1991).

¹¹ El ingenio San Martín de Tabacal arrendó y compró las fincas más importantes de los Valles interandinos en la década de 1930, además de la Finca Luracatao en los Valles Calchaquíes (Rutledge, 1987; Gatti, 1975).

¹² Con 11,8 %, Salta es la cuarta provincia con más superficie extranjerizada. Informe Registro Nacional de Tierras Rurales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015.

¹³ Anuario estadístico de Salta, 2015-2016.

¹⁴ Un antecedente en la demanda de reconocimiento estatal del pueblo kolla de Salta data de 1989, cuando la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA) organiza las Segundas Jornadas por La Tierra en Orán. De alcance nacional el AIRA fue fundada en la década de 1970 por dos dirigentes salteños, el kolla Frites y el diaguita Guanuco -quien preside en la actualidad. Hasta el momento los hallazgos más tempranos en la demanda de reconocimiento del pueblo diaguita en Salta se remontan a la década de 1990; sin embargo, contamos con algunos indicadores que nos hacen presumir que también es anterior. Entre ellos, la inscripción y otorgamiento de la personería jurídica a la Comunidad Indígena de Jasimaná, departamento de San Carlos en 1991, en aquel momento bajo la figura de asociación civil -modificada en 2004 como comunidad originaria. Dato no menor: a principios de 2000 ya se había presentado un proyecto de Expropiación de la Finca Jasimaná por un total de más de 1.200.000 hectáreas, tierra que por la normativa nacional e internacional vigente ‘pertenecía a los jasimanistos', en tanto indígenas (Expte. Nº 90/15840/04). Según consta en el expediente, a fines de 2004 senadores y diputados se habían pronunciado favorablemente; sin embargo -y por razones que aún desconocemos, dado el avance en la investigación- el proyecto no prosperó.

¹⁵ Uno de los tópicos principales por el que las identidades eran puestas en dudas era la ausencia de lengua materna: el quechua y aymara para los kollas y el kakan para los diaguitas.

¹⁶ Entre otras: participación en la gestión de recursos e intereses que los afectan; la exigencia de representación política en organismos decisores; el consentimiento libre, previo e informado; salud y educación intercultural y bilingüe; costumbres, ceremonias y sistemas de administración de justicia; en fin, la constitución de un Estado plurinacional.

¹⁷ Este apartado, construido a partir del trabajo de campo de las autoras -y sostenido con fuentes primarias y secundarias- preserva el anonimato de los actores y sus organizaciones, omitiendo dar nombres y otros datos considerados prescindibles para la comprensión del lector.

¹⁸ En sus respectivas formaciones en Derecho ambos abogados han sido tutelados por el abogado kolla Eulogio Frites, reconocido como el ‘padre del derecho indígena' en Argentina (Rodríguez y Boullosa, 2013).

¹⁹ Producto de experiencias de desplazamiento y relocalización, según dinámicas impuestas por los circuitos regionales de trabajo estacional (Bartolomé y Hermitte, 1977; Sabio Collado, en prensa).

²⁰ Paraje ubicado en la Quebrada de Escoipe, portal geográfico entre el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes.

²¹ En Salta, las Jornadas culturales diaguitas calchaquíes, realizadas periódicamente en el pueblo de San Carlos -capital del departamento homónimo, Salta- desde 2000 habrían sido relevantes en la convergencia de agentes provenientes de distintos puntos del Valle. La organizadora de dicho evento es una mujer, cacique de una comunidad cercana.

²² Espacio que venía intentando ser gestado, según registros, desde antes de 2000.

²³ Tanto los hallazgos de algunos investigadores, como Pierini (2014) quien viene reconstruyendo los procesos políticos de la comunidad diaguita de Amaicha en la década de 1960 y 1970, como ciertas fuentes periodísticas de las décadas de 1970 (Diario Noticias del 27 de Abril de 1974) y 1980 (Revista Huiaco Lazo Americano 23 de 1984) abordan y/o tematizan el sector tucumano del valle, permitiendo advertir que la recurrencia de la práctica de "no pagar más" como vía y expresión del reclamo tiene una relativa profundidad histórica.

²⁴ Para organizaciones mapuches, Ramos (2016) lo llama adentrismos y afuerismos.

²⁵ El término "segundo grado" forma parte del vocablo local utilizado para denominar a organizaciones que nuclean comunidades indígenas u organizaciones "de base" -"de primer grado". La Organización Kolla de Salta constituye, desde estas acepciones, una organización de "tercer grado".

²⁶ La Finca Santa Victoria abarca actualmente la mayor parte del Departamento Santa Victoria. Con origen en la concesión de mercedes de tierra durante la colonia se constituyó en una de las haciendas más extensas del Marquesado de Tojo, el cual mantuvo su dominio hasta entrado el período republicano, incluyendo la hacienda de Yavi, otras fincas en el actual departamento de Santa Victoria, así como la finca de Toldos y los cercanos Arasay, Vallecito y Lipeo -hasta 1938 pertenecientes a Bolivia y posteriormente a la Argentina, aunque para ese entonces ya no eran parte del Marquesado-; también se anexaba la finca de Valle Delgado en Iruya (Teruel, 2016; Reboratti, 2009). El derecho colonial fue reconocido como origen de títulos válidos, por lo que éstos permanecieron hasta el presente a nombre de los descendientes del Marqués, la familia Campero, quienes continuaron cobrando arriendo a los pobladores durante generaciones. Estos pobladores, desde 1930 y hasta mediados de siglo, para poder permanecer en las tierras fueron obligados a trabajar en el ingenio San Martín del Tabacal, el cual alquiló la finca Santa Victoria para acceder a mano de obra barata.

²⁷ El PSA fue un programa estatal nacional creado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en 1993. En Salta, su singularidad fue participar de la "lucha por las tierras" de las organizaciones kollas, poniendo técnicos a disposición; posteriormente, al mutar en la Secretaría de Agricultura Familiar nodo Salta, incorpora los llamados "técnicos idóneos": líderes y miembros de las organizaciones que eran capacitados en diversas áreas de trabajo (Milana, 2015).

²⁸ OCLADE es una organización eclesiástica de la orden claretiana creada en 1983 por la Prelatura de Humahuaca, su figura más reconocida y representativa es el obispo Pedro Olmedo.

²⁹ Se trata de dos eventos recordados y puestos en valor por miembros y líderes de la organización; mientras la Batalla de Quera da cuenta de una fuerte y temprana organización colectiva y del cuestionamiento hacia los derechos de propiedad detentados por los grandes terratenientes; el Malón de la Paz es un episodio crítico en torno al pago del arriendo, cuando en 1946 un grupo de habitantes de la Puna jujeña y de valles de altura salteños adyacentes realizan una larga caravana hacia Buenos Aires, reclamando por la restitución formal de las tierras.

³⁰ Dicho vínculo no sólo refiere a la economía de subsistencia que se ha practicado históricamente en los Valles Interandinos -la agricultura y la ganadería familiar- sino también a la dimensión afectiva de las prácticas de la cosecha y la siembra de la tierra, así como al cuidado de los animales.

³¹ Cabe mencionar que al igual que Santa Victoria -ver nota al pie 26- las Fincas Santiago y San Andrés se originaron a partir de mercedes de tierra coloniales. Además de aquella que daría origen al Marquesado de Tojo hubo una merced que dio origen a la finca Rodero y Negra Muerta -posteriormente Santiago- y otra que originó la finca conocida como San Andrés al sur (Reboratti, 2009). Los procesos organizativos radicados en estos espacios han sido objeto de algunas investigaciones antropológicas (Domínguez, 2009; Weinberg, 2004; Cladera, 2006; Hocsman, 2011).

³² El "trabajo a pulmón" indica poner el cuerpo y tiempo individual en las dinámicas de la organización, permite agruparse colectivamente para demandar y puede movilizarse para adecuar proyectos y programas a lógicas de producción de la vida (Milana, 2014).

³³ El hecho de que en la construcción de esta entidad se haya optado por no acceder a una personería jurídica -lo cual posiblemente conllevaría discusiones en torno a manejo de proyectos y otras cuestiones inherentes a esta figura-, y la permanente búsqueda de posicionar la organización como autónoma, sin afinidades con ningún gobierno o partido -local, nacional-, y la delegación en todo caso de esas adhesiones a cada organización miembro podrían ser factores que contribuyen a que no se generen rupturas explícitas, al menos hasta el presente.

³⁴ Luego de las jornadas de protesta en 2006 y 2007, en 2008 se realizó la primer marcha kolla convocada como coordinadora. La marcha de 2012 es recordada como la más exitosa en términos de negociación con el gobierno provincial. Con alta convocatoria, se remarca que el esfuerzo se reflejó en los resultados de la negociación; es decir, en el reconocimiento de la organización como interlocutora y el acuerdo para trabajar en conjunto las demandas. En 2014 se realizó la última marcha, hasta el momento.

³⁵ Estas actividades están vinculadas, principalmente, a la producción vitivinícola en los Valles Calchaquíes y a la producción azucarera y luego maderera en los Valles Interandinos.

³⁶ Los pares "política indígena" o "política comunitaria" vs. "política partidaria", autonomía vs. asistencialismo o dependencia, "trabajo colectivo" vs. "trabajo individual", abren puertas al cuestionamiento de la idoneidad de sujetos y la viabilidad de ciertas prácticas para llevar a cabo los proyectos políticos.

³⁷ Tal documento -donde colaboraron algunos miembros de ambas organizaciones- proponía un "pacto" en el cual el Estado debía comprometerse a avanzar con la "reparación territorial", entre muchos otros puntos, en dirección a consolidar un Estado pluricultural (Briones, 2015: 28). Este documento fue presentado durante la marcha de los pueblos en el bicentenario y entregado a la presidenta Cristina Fernández por una quincena de dirigentes indígenas, entre ellos autoridades de ambas organizaciones, quienes fueron recibidos para una reunión con la presidenta.

 

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Fecha de recepción: 26 de diciembre de 2017
Fecha de aceptación: 28 de mayo de 2018