ARTICULOS ORIGINALES

Centralización administrativa y nacionalización de la política: las elecciones durante el peronismo (Córdoba, 1946-1951)¹

Rebeca Camaño Semprini²

Resumen
Las modificaciones unilateralmente introducidas por el peronismo en el régimen electoral a nivel nacional, así como la anulación de las elecciones municipales en el espacio cordobés entre 1946 y 1951, conllevaron a una centralización administrativa que tuvo, como contracara, un proceso de nacionalización de la política. Para dar cuenta del mismo, analizamos tanto las consecuencias político-administrativas de la pérdida de autonomía de los municipios cordobeses como los procesos eleccionarios comprendidos en dicho período, instancias en las cuales se concentraron los esfuerzos proselitistas de los partidos actuantes en la provincia.
Palabras clave: Elecciones - Centralización - Nacionalización

Summary
The amendments unilaterally introduced by Peronism in the electoral system at national level as well as the cancellation of local elections in Córdoba between 1946 and 1951, entailed an administrative centralization that had, as flipside , a process of nationalization of politics. To account of it, we analyzed both the political and administrative consequences of the loss of autonomy of the municipalities as electoral processes included in that period , instances in which the proselytizing efforts of the acting parties in the province concentrated.
Keywords: Elections - Centralization - Nationalization

Introducción

Durante los gobiernos peronistas fue profundamente modificado el régimen electoral: el sufragio femenino (1947),³ la reforma de la Constitución (1949),⁴ el estatuto de los partidos políticos (1949), la extensión de derechos a los habitantes de los territorios nacionales (o su provincialización) ⁵ y la ley electoral (1951) fueron los principales instrumentos de esta transformación. No obstante las menciones a dichos aspectos en los estudios sobre el peronismo histórico –con excepción de la ley de sufragio femenino– la historia electoral del período ha sido un terreno poco abordado.⁶ Quizás quien más haya profundizado en los cambios introducidos sea García Sebastiani, que –al analizar el rol de radicales y socialistas como opositores durante los gobiernos peronistas–hace un recorrido preciso de las consecuencias que dicha legislación tuvo para los partidos minoritarios.⁷

Algo diferente es la situación si nos adentramos en las investigaciones ubicadas en los espacios provinciales. Aunque aquí también resulta difícil encontrar estudios centrados puntualmente en las elecciones, estas aparecen repetidamente en el foco de las preocupaciones e interpretaciones historiográficas. Al analizar a los partidos políticos cordobeses entre 1943 y 1955, Tcach da cuenta de cómo el Estatuto de Partidos Políticos aprobado en 1949 significó el veto legal a dos posibles tácticas de la oposición: la coalición electoral y la abstención, pues se establecía que las coaliciones, alianzas o fusiones sólo estarían reconocidas y en condiciones de presentarse a elecciones con tres años de posterioridad al momento de la inscripción de su nombre, plataforma y estatutos yque serían disueltos aquellos partidos que no se presentasen a elecciones o realizaran maniobras contra la obligación de votar. Complementariamente, la ley 14.032 de 1951 introdujo el sistema de circunscripciones uninominales que, como veremos, beneficiaba al partido oficialista

Por su parte, Prol en su investigación sobre el Estado, el movimiento y el partido peronista en Santa Fe, muestra cómo estas modificaciones (en particular la supresión del Colegio Electoral y de las legislaturas para la elección del presidente y los senadores, respectivamente) reducían el peso político de las provincias en la formación del gobierno central y en la constitución de las alianzas que lo sostenían.⁸ A esto suma la autora el esquema sincrónico de elecciones de presidente y legisladores nacionales y la renovación simultánea de ambas cámaras. La uniformidad reforzó los instrumentos de control de la cúpula partidaria hacia los niveles intermedios y achicó los márgenes para dirimir oposiciones dentro y fuera del peronismo. Estas estrategias respondían –afirma– al propósito de aumentar la capacidad electoral y disminuir la incertidumbre inherente a la competencia electoral.

Ambos autores dan cuenta de cómo estas reformas se tradujeron también en las provincias. En Santa Fe se dispuso la elección directa de gobernador y vicegobernador, al tiempo que se la mantuvo en Córdoba, donde ya había sido establecida por la reforma constitucional de 1923.⁹ En ambas provincias se extendió la duración del mandato de cuatro a seis años pero se mantuvo la cláusula que impedía su reelección inmediata, con lo cual se reducía la posibilidad de que se generaran liderazgos fuertes en el interior del país.¹⁰

En el caso de Santa Fe, el gobernador fue declarado jefe inmediato y local de la ciudad capital de la provincia, pudiendo delegar tal facultad en la forma en que lo determinasen los reglamentos administrativos, y la legislatura ejercía las funciones de Concejo Deliberante, suprimiendo así el municipio de la capital provincial. Aunque en Córdoba esta acción no se efectuó formalmente, en la práctica los resultados fueron los mismos, pues el gobernador tenía la atribución de nombrar (con acuerdo del Senado) al Intendente municipal y miembros del Tribunal de Cuentas, anteriormente elegidos de forma directa.¹¹

Es en este contexto que nos preguntamos sobre cómo se vieron afectadas las prácticas electorales en el ámbito municipal cordobés como consecuencia de las modificaciones introducidas en el andamiaje político-institucional, cuáles fueron las estrategias proselitistas empleadas por los distintos partidos políticos y qué características asumieron las campañas electorales en los espacios locales cordobeses entre 1946 y 1951, período durante el cual no se realizaron comicios municipales.

Dos hipótesis centrales guían la presente investigación. La primera indica que la ausencia de elecciones municipales en la provincia de Córdoba entre 1946 y 1951 respondió tanto a un proceso de centralización político-administrativa impulsada por el gobierno nacional como a la situación interna del oficialismo (nos referimos aquí a los crecientes conflictos entre las distintas fracciones pero también al proceso de centralización funcional y geográfica experimentada por el peronismo en dicho período). La segunda hipótesis es que en este contexto tuvo lugar un proceso de nacionalización de la política, el cual se vio reflejado en al menos cuatro aspectos: en la concentración de los esfuerzos proselitistas en las elecciones nacionales, en la centralización de la selección de los candidatos peronistas, en la resolución desde arriba de los conflictos intrapartidarios del oficialismo y en el traslado al ámbito del Congreso de los enfrentamientos interpartidarios locales.

Centralización administrativa

Vanas fueron las esperanzas de un retorno pleno a la normalidad institucional tras las elecciones de febrero de 1946. A poco de haber asumido las nuevas autoridades, la oposición alertaba sobre el carácter fuertemente centralista que podía advertirse detrás del accionar gubernamental.¹² Esto quedó evidenciado por la decisión del Poder Ejecutivo provincial de declarar subsistente su intervención, pese a que esta medida resultaba violatoria de lo establecido por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades y desoía tanto los reclamos del Senado (de mayoría opositora) por una pronta convocatoria al electorado como lo dispuesto por el Supremo Tribunal de Justicia expidiéndose a favor de la realización de los comicios.¹³

Amparándose en todos estos argumentos, durante los meses siguientes a la asunción del nuevo gobierno, se sucedieron peticiones de los apoderados de los distintos partidos –en particular de la UCR–reclamando a las respectivas juntas electorales el inmediato llamado a elecciones, considerando que, dada la inacción delos Comisionados Municipales al respecto, era atribución de dichos organismos convocarlas. El resultado fue siempre el mismo:las Juntas de las distintas ciudades daban lugar a las peticiones y se dirigían al Ministro de Gobierno y alos Comisionados Municipales solicitando los padrones y recursos necesarios para solventar los gastos ocasionados por las tareas previas a las elecciones y la propia realización de las mismas.¹⁴ La respuesta obtenida por parte del gobierno provincial era la desautorización para librar los fondos necesarios, con lo que se vedaba el retorno a la normalidad institucionalen el ámbito comunal. Cuando miembros de la prensa interpelaron al Ejecutivo, aduciendo que era su deber facilitar los medios para que las Juntas Electorales pudieran cumplir con sus deberes, la respuesta obtenida fue que «el gobierno no facilitar[ía] los medios porque no ha[bía] convocatoria. Si el gobierno tuviera la decisión de convocar, le daría los medios».¹⁵

El bloque radical de la Cámara de Diputados incluso dio entrada a un proyecto de convocatoria a las elecciones municipales pero se vio malogrado por la mayoría peronista.¹⁶ La férrea voluntad de mantener la intervención a las municipalidades quedó por demás evidenciada en marzo del año siguiente cuando –desafiando la decisión tomada por el Senado de eliminar del presupuesto de 1947 (y, por lo tanto, suprimir de hecho) a la Oficina de Municipalidades e incluir una partida para las Juntas Electorales de la provincia con el fin de que pudieran organizarse los comicios– el gobernador Auchter decidió rehabilitarla bajo el rótulo de Dirección General de Municipalidades.¹⁷ Conservando los mismos fines y disposiciones, se daba un paso más en el avasallamiento a la autonomía municipal al gravar a las municipalidades con aportes para el sostenimiento del organismo: las municipalidades debían incluir en los presupuestos elevados una partida que contemplara la cantidad proporcional que debían aportar a la Oficina. Además, con el objetivo de establecer un control más estricto sobre las finanzas de las comunas, se dispuso que el territorio de la provincia fuera dividido en zonas, cada una de las cuales estaría a cargo de un contador inspector.¹⁸

Lejos de representar un caso aislado, esta medida se hallaba enmarcada por un proceso de centralización político-administrativo en el ámbito nacional, caracterizado por la concentración geográfica y funcional de la autoridad,¹⁹ que encontró su réplica al interior de la provincia. A diferencia de lo que ocurría en otros espacios, como en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba no se buscó otorgar cierta legitimidad a las autoridades municipales delegadas del gobierno provincial a través de la creación de juntas vecinales asesoras.²⁰ Por el contrario, fueron frecuentemente desoídos los reclamos de los vecinos que –como los riocuartenses nucleados en torno a organizaciones corporativas como el Centro de Propietarios y Contribuyentes– protestaban en defensa de sus intereses. ²¹ Teniendo en cuenta esto los sectores opositores caracterizaban al gobierno de Auchter como una continuidad de la Intervención Federal e incluso como una profundización de la misma.²²

Si estas críticas resultaban validadas por el accionar gubernamental homólogo al de un delegado del Poder Ejecutivo nacional, mayor fue su asidero a partir del mes siguiente cuando la provincia fue intervenida como consecuencia tanto de las desavenencias al interior del peronismo cordobés como de la pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.²³ Meses después el gobierno de la Intervención creó la Inspección General de Comunas en reemplazo de la Dirección, por considerar que ésta no había respondido a los fines de su creación por falta de agilidad administrativa. Tratando de subsanar esto, la nueva dependencia se dividiría en tres secciones: Inspección (encargada de las inspecciones contables y técnicas a las municipalidades, debía elevar informes al Ministerio de Gobierno), Finanzas (tenía a su cargo la evaluación de presupuestos, cálculos de recursos, empréstitos para obras públicas, ordenanzas impositivas, etc.) y Entradas y Salidas (responsable de la recepción, movimiento y salida de toda actuación relacionada con los asuntos de los municipios).²⁴

Ni remotamente escuchados los reclamos por el retorno a la normalidad institucional en el ámbito municipal, esta cuestión brilló por su ausencia en el discurso de fin de año del Interventor Bargas Velmonte. El mismo estuvo centrado en la proximidad de las elecciones para diputados nacionales a realizarse en febrero de 1948, en las que Córdoba viviría:

«[…] una nueva etapa en el constante perfeccionamiento de sus derechos cívicos y procederá a la elección de sus representantes en la Honorable Cámara de la Nación […] A todos aquellos que comprenden la revolución nacional, y que siguen las inspiraciones de su líder, vaya mi cordial saludo y mi invitación a estrechar filas, para que unidos todos, no se escatime esfuerzo alguno para el triunfo total de la obra de recuperación económica y de dignificación social en que se halla empeñado el primer magistrado de la Nación. […]»²⁵

También la oposición le asignaba una importancia fundamental a dichas elecciones. Juzgaba que pondrían a prueba la normalidad de la vida cívica nacional, dependiendo de la libertad de expresión escrita y oral que se les otorgara a los partidos de la oposición, así como de la limpieza de los comicios. Permitirían, asimismo, conocer cuál era el estado de la opinión pública ytendrían una particular trascendencia para las provincias que, como Córdoba, se hallaban intervenidas. Los opositores aseveraban que su más pronto o más remoto retorno a la reconquista de su autonomía, dependería del mayor o menor éxito que el peronismo obtuviera el 7 de marzo.²⁶

Pese al amplio triunfo peronista en dichas elecciones, aun no estaban resueltas las disputas entre los diferentes núcleos del partido.²⁷ Teniendo en cuenta esta situación, no resulta extraño que la cuestión del retorno a la normalidad institucional en el ámbito municipal y el consecuente llamado a elecciones estuviera ausente en la plataforma del brigadier San Martín de cara a los comicios para gobernador en noviembre de 1948. Este «silencio sugestivo», como lo calificó la prensa opositora del interior provincial, la llevaba a sospechar que «se piensa mantener el régimen de intervención a las comunas, máxime cuando ya se tiene la dolorosa experiencia del primer gobierno peronista que había jurado cumplir con todos los preceptos de la Constitución, uno de los cuales es, precisamente, la plena autonomía comunal».²⁸

Estas conjeturas se vieron confirmadas tras el triunfo peronista y la llegada de su candidato a la gobernación. Bajo el argumento de que el régimen municipal debía adaptarse a la nueva Constitución en ciernes, San Martín consideraba que la convocatoria a elecciones comunales era una cuestión que no tenía «mayor urgencia».²⁹ Tal como ha señalado Marcilese para el caso bonaerense, seguramente influyó el hecho de que en las instancias comunales serían los referentes políticos del distrito quienes se disputarían la preeminencia electoral con otras fuerzas políticas, sin contar con la candidatura aglutinadora de Perón.³⁰ Entendemos que esto ratifica la importancia del liderazgo carismático en la definición de las preferencias electorales, al tiempo que da cuenta del temor a una pérdida de poder por parte del oficialismo si se dejaba a los dirigentes locales librados a su suerte.

Esta postura se ve por demás ratificada si tenemos en cuenta el aplazamiento del retorno a la «normalidad institucional» en el ámbito comunal hasta noviembre de 1951, convergiendo las elecciones correspondientes con las presidenciales. Se confirmaban así los vaticinios de los sectores opositores, que a comienzos de 1948 habían anunciado:

«Si los peronistas ganan la provincia por varios miles de votos, será cuestión de prepararse para las muy próximas elecciones provinciales y municipales […] Y ¿si pierden o la ganasen raspando? Entonces sería cuestión de esperar a que las hiciéramos juntamente con la futura elección presidencial»³¹

Esta decisión no estaba exenta de la influencia que ejercían los problemas internos del partido que, por otra parte, adquirieron nuevos matices con su llegada a la gobernación.³² Pese a que en su primer mensaje de apertura de las sesiones legislativas San Martín había manifestado que en su gestión serían «celosos defensores de la autonomía provincial en función de los intereses generales de la nación»³³ durante su mandato se impuso la práctica del «primer lunes»: cada mes los gobernadores de las distintas provincias viajaban a Buenos Aires para participar en reuniones con el presidente Perón. Aunque el gobernador manifestara que a ellas «No vamos a pedir órdenes, vamos a coordinar acciones»,³⁴ las mismas evidenciaban la concentración geográfica de la autoridad en un centro político, Buenos Aires, y en un líder, el general Perón.³⁵

Este proceso experimentó una fuerte aceleración merced a la reforma de la Constitución Nacional y su correlato a nivel provincial. Se buscaba –como luego la nueva Ley de Ministerios de 1950– llevar a cabo la revolución peronista en Córdoba, para lo cual era necesaria la «unidad de ideología entre el gobierno nacional y el gobierno provincial».³⁶ El proceso de construcción institucional emprendido a partir de entonces se caracterizó por la exclusión de las propuestas de la oposición. Si bien su voz no fue acallada, dado que se produjeron extensos debates legislativos, las decisiones políticas estaban reservadas al partido mayoritario.³⁷

Si en el texto de la Constitución Nacional se otorgaba al Ejecutivo una preponderancia aun mayor a la ya contemplada por el régimen presidencialista, centralización que afectaba en el ámbito federal al Congreso de la Nación y a las prerrogativas de las provincias, la reforma provincial implicó una concentración del poder en el Ejecutivo y una centralización de atribuciones en el Gobierno provincial, restringiendo la autonomía municipal y la soberanía popular en la conformación de este orden de autoridades.³⁸

A diferencia de lo ocurrido en la Convención Nacional, en Córdoba la oposición discutió al oficialismo cláusula por cláusula el contenido de la reforma.³⁹ Dentro de los debates ocuparon un lugar importante aquellas disposiciones que afectaban al régimen municipal, pues tanto los representantes de la UCR como los del PD consideraban que no se hallaban comprendidas dentro las adaptaciones que debían realizarse a las nuevas normas nacionales.⁴⁰ Similares argumentos eran vertidos por la oposición en los diarios del interior provincial, levantando «su voz de protesta y en defensa de una de las conquistas democráticas que más eficazmente han contribuido al progreso de las localidades y con ello a la evolución integral de la provincia»⁴¹ y denunciando que la reforma significaba «un gave retroceso para la más democrática de las conquistas de que nuestra provincia se ha podido enorgullecer», se lamentaba porque «las conveniencias políticas circunstanciales [hubieran] llegado al extremo de inferir ese daño, de provocar tal retroceso».⁴²

Pese a estos reclamos, fueron aprobadas diversas modificaciones que, con un claro tinte centralizador, afectaban al régimen municipal cordobés. Su autonomía se vio fuertemente sesgada al eliminar la disposición que proclamaba la independencia de las municipalidades, reduciéndola a la economía necesaria para el ejercicio de las funciones que se le atribuían, y al suprimir la posibilidad de acordar los derechos de iniciativa, referéndum y destitución de los funcionarios electivos.⁴³ Se excluía la elección del Tribunal de Cuentas y sus funciones delegadas en el Consejo Provincial de Municipalidades, cuyos miembros serían nombrados por el Gobernador con acuerdo del Senado. El período de mandato de las autoridades municipales fue fijado en tres años, con reelección y renovación conjunta con los senadores provinciales. Finalmente, se estipulaba que las comisiones municipales serían presididas por un delegado designado por Ejecutivo provincial y solo removible por él.⁴⁴

Una vez puesta en vigencia la nueva Constitución provincial, crecieron las expectativas de un pronto llamado a elecciones municipales pero desde el gobierno provincial se adujo que, a los fines de adecuar el régimen al nuevo ordenamiento legal, resultaba necesario reformar la Ley Orgánica de las Municipalidades. A mediados de 1950 el bloque de senadores radicales presentó un Proyecto de Emergencia tendiente a devolver a las comunas su autonomía aplicando provisoriamente las reglamentaciones entonces vigentes hasta que se sancionara la proyectada reforma,⁴⁵ pero fue desechado y esta última no fue consumada sino hasta 1951, postergando hasta entonces el llamado a elecciones para Intendente y Concejo Deliberante en las ciudades cordobesas.

Sin embargo, dicha convocatoria distó de significar el inicio de un proceso de normalización institucional. Por razones de espacio, no nos ocuparemos aquí de los avatares del devenir institucional en los años siguientes. Baste decir al respecto, en primer lugar, que solo nueve ciudades (entre las que no se encontraba la capital provincial) eligieron intendente y concejo deliberante, imponiéndose en ellas el peronismo.La única excepción estuvo dada por Bell Ville, donde ganó el radical Hugo Leonelli.⁴⁶ Su gestión fue, sin embargo, truncada poco después de asumir. Luego de sendos pedidos elevados por el peronismo y la CGT locales⁴⁷a raíz de una serie de despidos de empleados públicos, la municipalidad fue intervenida en julio de 1952. En segundo lugar, en el lapso que va desde 1952 a 1955 observamos en dichos municipios un claro avance del poder ejecutivo por sobre el legislativo.⁴⁸

Resultado de las elecciones municipales de 1951

Elaboración propia sobre la base de información publicada en La Voz del Interior entre los días 20 y 24 de noviembre de 1951.

Nacionalización de la política

El proceso de centralización administrativa tuvo como correlato otro de nacionalización de la política, plasmado en una serie de aristas concatenadas entre sí. En primer lugar, la selección de candidatos peronistas se realizaba en forma centralizada, por Perón y desde Buenos Aires: ocurrió esto tanto en las elecciones de 1948 como en las de 1951, no solo para los ámbitos nacional y provincial (donde, por ejemplo, se impuso la candidatura a gobernador de un extraño a las estructuras partidarias como el Brigadier San Martín) sino también en las municipales, puesto que el listado de los candidatos a intendente de las distintas localidades cordobesas llegaba desde la capital nacional.⁴⁹

En segundo lugar, los conflictos intrapartidarios del oficialismo eran resueltos por la cúpula partidaria. Situación que se tradujo, por una parte, en el ámbito gubernamental (dado el monopolio del poder en manos peronistas) en los sucesivos recambios de los Jefes Políticos y Comisionados Municipales, cuya permanencia o remoción del cargo dependía de su buen entendimiento con las autoridades nacionales; por la otra, en que, a nivel partidario, eran sus vinculaciones con las altas esferas partidarias y gubernamentales las que permitían el acceso de determinadas figuras a los cargos partidarios y no el voto de los afiliados al peronismo.

En tercer lugar, los enfrentamientos entre dirigentes provinciales del peronismo y el radicalismo se trasladaron al ámbito del Congreso Nacional.⁵⁰ Un ejemplo de ello fue el reto a duelo, finalmente frustrado, entre el Senador Nacional Felipe Gómez del Junco y el Diputado Nacional Miguel Ángel Zavala Ortiz, ambos oriundos de Río Cuarto, cuyas antiguas diferencias nacidas en la política departamental, alcanzaron un nuevo brío al calor de la labor legislativa nacional.

Finalmente, el proceso de nacionalización de la política se expresó en la concentración de los esfuerzos proselitistas de los distintos partidos actuantes en la provincia en las elecciones nacionales, principalmente en las legislativas, puesto que eran las que brindaban mayores posibilidades de acceso al poder público. A continuación, analizamos en profundidad este último aspecto.

Sorprendidos por el triunfo del peronismo, tanto la UCR como el PD debieron abocarse a la búsqueda de estrategias para reacomodarse a un nuevo escenario político, caracterizado por la presencia de un partido mayoritario con vocación de hegemónico. Aunque no tuviera su correlato en procedimientos efectivos destinados a destruir mediante el empleo de la fuerza a estos partidos tradicionales, desde su triunfo fue radicalizándose el discurso peronista a medida que se consolidaba en el poder y adquiriendo un corte fundacional según el cual el peronismo significaba una ruptura con los actores del pasado político y la alternancia en el gobierno era percibida como equivalente a la resurrección del enemigo.⁵¹

Este proceso reportó especial significancia en los ámbitos locales cordobeses, donde la ausencia de competencia electoral implicó el quiebre del sistema de partidos yla imposibilidad de los sectores opositores no solo de acceder al poder político sino también de competir por éste. Frente al monopolio del poder público en manos del peronismo, cuya cara visible eranlos Comisionados Municipales, laoposición recurrió a otras formas de participación política, como la apelación a la opinión pública a través de la prensa local o el reclamo ante instancias superiores de decisión. En este marco, las estrategias electorales de cada uno de los partidos políticos se concentraron en los comicios provinciales y –fundamentalmente– en los nacionales. Nuestro análisis se centra en las elecciones de diputados nacionales en marzo de 1948, de convencionales constituyentes de diciembre del mismo año (coincidentes con la de gobernador y legisladores provinciales) y, finalmente, las nacionales, provinciales y municipales de 1951.

Hemos aludido a la importancia asignada por el oficialismo y la oposición a los comicios celebrados en marzo de 1948. Siendo los primeros realizados luego del triunfo peronista, las urnas permitirían constatar la posición ocupada por cada partido político en el tablero de la política nacional, especialmente en lo que respectaba a la fidelidad (o no) de sus electores: «Los comicios de marzo decidirán la suerte del país» había sentenciado Amadeo Sabattini.⁵²

Pese a ser quien más afectado se veía por esta preocupación, dados los resultados precedentes de 1946,⁵³ el PD optó por no abrir comités ni realizar actos, limitando su acción proselitista a enviar directamente a los afiliados una boleta partidaria y una exhortación a hacer honor a la noble tradición del partido y reafirmar las convicciones demócratas. Los demás partidos opositores, por el contrario, se lanzaron tempranamente a una importante campaña para ganar las adhesiones de los afiliados y del electorado independiente.

La prensa demócrata y radical denunció en múltiples oportunidades el dualismo de las autoridades políticas en el desenvolvimiento de la campaña. Mientras los comunicados oficiales pregonaban el respeto a las libertades políticas de los ciudadanos, eran frecuentes los procedimientos arbitrarios para coartar los actos de proselitismo de los partidos de la oposición. La Jefatura Política de Río Cuarto, por ejemplo, le negaba el permiso a la UCR y le revocaba el suyo al PC para llevar a cabo su asamblea pública de proclamación de candidatos en la Plaza Olmos (frente al Palacio Municipal) al tiempo que le otorgaba autorización para varios actos al Partido Peronista, incluso en la plaza General Roca, la principal de la ciudad, donde estaban prohibidas por ordenanza concentraciones de carácter político.⁵⁴ Por otra parte, mientras el Interventor Federal daba amplias garantías de prescindencia política, se multiplicaban las denuncias de participación de empleados públicos en actividades proselitistas del peronismo, tales como el Comisionado y el Subcomisario de Calera que encabezaban mitines o los jueces de Despeñaderos (que dirigía la pegatina de carteles de propaganda peronista) y Toledo (que presionaba a los afiliados radicales para que se abstuvieran de votar).⁵⁵

Otro hecho que despertó las suspicaces críticas de la oposición fue el paso por la provincia del matrimonio presidencial dos semanas antes de la realización de las elecciones, visitando las ciudades de Río Cuarto, Córdoba y Deán Funes.⁵⁶A los efectos psicológicos que una visita de este tipo provoca en los potenciales electores,⁵⁷ deben sumarse las explícitas manifestaciones proselitistas vertidas por Perón y, sobre todo, Evita, pese a que se trataba de una visita oficial:

«Pido a todas las mujeres que el 7 de marzo próximo inviten a todos los hombres de la patria a estar presentes para que voten por la argentinidad, porque votando por el peronismo se afianzará cada vez más nuestra Argentina y ella será más justa tanto social como económicamente».⁵⁸

No obstante estos antecedentes y algunas denuncias efectuadas durante su desarrollo respecto a la intervención de empleados públicos en los comicios,⁵⁹ el 7 de marzo las elecciones para diputados nacionales se llevaron a cabo con normalidad. En ellas, el peronismo obtuvo 163.908 votos, mientras que el radicalismo 117.186 y muy lejanamente, los demócratas 18.950, los comunistas3.143 y los socialistas 2.051.

Seguramente fueron estos exiguos resultados, que la prensa cordobesa calificó como un «desastre»,⁶⁰ los que llevaron a los demócratas a modificar su estrategia de cara a las elecciones de autoridades y legisladores provinciales a realizarse meses más tarde. Al igual que en la campaña precedente, fueron constantes denuncias de los diversos obstáculos que debían enfrentar los partidos opositores para llevar a cabo sus tareas proselitistas.⁶¹ Aunque en esta oportunidad fue autorizada su realización, tanto los radicales como los demócratas vieron interrumpidos los actos de proclamación de candidatos por «elementos notoriamente guardados por los efectivos policiales, es decir, opuestamente a la función que debieran realizar de garantizar plenamente el derecho de reunión».⁶² Por ello, se reclamaba «que se hagan cumplir los decretos vigentes sobre reuniones públicas; que se hagan respetar todos los derechos de la ciudadanía, ya que ello es contribuir a fomentar la cultura cívica».⁶³

Con respecto al acceso a los medios de comunicación, radiales e impresos, en su editorial del 2 de noviembre El Pueblo condenaba como inadmisible que el oficialismo dispusiera de todo y a los partidos de la oposición se les privara de lo más elemental:

«En tal sentido,los partidos opositores no se encuentran en condiciones de ilustrar a la masa ciudadana, sobre los diversos problemas políticos, económicos y sociales, de acuerdo a su criterio y orientación, pues mientras el oficialismo tiene a su exclusivo servicio la radiotelefonía y varias veces al día la utiliza para su proselitismo, la oposición no puede, por el mismo conducto, llegar al público radioescucha»⁶⁴

Con la misma tónica La Voz del Interior también denunciaba:

«Los partidos políticos contrarios al oficialismo vienen sufriendo trabas para el normal desarrollo de su acción de agitación y propaganda […] el oficialismo concurre a la lucha comicial, disponiendo de todos los recursos que el poder confiere y de los mayores recursos materiales imaginables»⁶⁵

Una vez más se apeló a la presencia de Evita para influir en la campaña electoral, quien llegó de visita a la capital provincial a fines de noviembre para la proclamación de los candidatos peronistas. En esta oportunidad afirmó que San Martín trabajaría «por el pueblo; la Patria y Perón» y que en las circunstancias actuales de la política argentina, ser peronista no era «sólo un derecho, sino un deber».⁶⁶

Cabe destacar que estos comicios provinciales coincidieron con los de Convencionales efectuados a nivel nacional, por lo que no solo se estaba eligiendo a quienes conducirían los destinos de la provincia, sino también a los encargados de modificar la Carta Magna nacional y, con ella, la base institucional de la organización política y social de la Argentina. Esto le otorgó una especial trascendencia tanto a las elecciones como al posicionamiento de la prensa y los distintos partidos políticos. Mientras la prensa peronista veía en ellas una fecha histórica «en virtud de que fijar[ía] para el futuro la derrota definitiva de los últimos bastiones en que se ha amurallado la nefasta oligarquía» y postulaba como obligación de los cordobeses el permitir que «la obra revolucionaria llegue a Córdoba»,⁶⁷ la demócrata instaba:

«Quienes crean que el peronismo es el régimen que ha de llevar al país hacia la cumbre de sus altos destinos y hacer la felicidad del pueblo, que voten por los candidatos peronistas; pero, quienes opinen lo contrario y estén convencidos de que se va de tumbo en tumbo hacia un caos político, económico y social, no deben regatear esfuerzos ni sacrificios de ninguna clase, para hacer triunfar los candidatos del partido opositor en que militen».⁶⁸

Resulta importante remarcar cómo la prensa demócrata reconocía los comicios como la instancia indicada y legítima para influir en el curso de las decisiones políticas. Consecuentemente, el propio día de las elecciones exhortaba: «Que hoy, pues, la ciudadanía acuda a las urnas y deposite su voto con plena conciencia del deber cívico que le incumbe cumplir. Luego ya las urnas dirán su palabra definitiva».⁶⁹ Desplazándose discursivamente hacia posturas más ofensivas, el candidato radical a senador departamental por Río Cuarto, José Carini, vaticinó: «Llegará
un momento en que los argentinos también preferiremos la muerte antes que vivir una vida sin libertad».⁷⁰

Aunque presentara candidatos para la gobernación, en lo que respecta a las elecciones nacionales la Convención del PD de Córdoba aprobó unánimemente la abstención, basándose en que la ley que había declarado la necesidad de las reformas era inconstitucional por no contar con los dos tercios de votos requeridos ni haberse especificado los artículos a modificar o introducir.⁷¹ Igual decisión tomó el PDP, mientras que el PS optó por el voto en blanco.⁷² Por su parte, aunque el radicalismo decidió concurrir a las elecciones, dispuso que sus convencionales plantearían la inconstitucionalidad de la reforma y se abstendrían de participar en la misma.⁷³

Pese al clima enrarecido que la prensa denunciaba respirarse en los días previos, la jornada comicial se desarrolló nuevamente con total normalidad, con un porcentaje (78,76%) levemente mayor de participación que en las elecciones de marzo. Resultó claramente ganador el peronismo, superando por más de 31.800 votos al radicalismo, mientras que el esfuerzo del PD redundó en una ligera mejora de su desempeño electoral: 26.577 votos frente a los 18.950 obtenidos en marzo.⁷⁴ Se esbozó en estas elecciones lo que más adelante fue consagrado por las nuevas reglas del juego político: el radicalismo como depositario de los votos de todas las fuerzas opositoras al peronismo.

Sin haber sido elegidos para tal fin, los legisladores electos actuaron como convencionales constituyentes, dado que en su 5ta disposición transitoria la Constitución Nacional autorizaba por única vez a las Legislaturas para llevar a cabo las reformas provinciales. Resultaban relegados los dispositivos locales previstos para efectuar la etapa preconstituyente y la reforma a través de un órgano especial diferente a los poderes constituidos: la Convención Constituyente.⁷⁵

Además de las críticas suscitadas por esta irregularidad, en los meses siguientes la prensa y los partidos de la oposición denunciaron la implementación de medidas que dificultaban el ejercicio de su rol como tales. A los reclamos por las restricciones de papel prensa, los obstáculos para el desarrollo de los actos proselitistas de la oposición y la disponibilidad de recursos estatales para la campaña oficialista se les sumó la desaprobación a los cambios introducidos unilateralmente por el oficialismo en las reglas del juego político.

Entre 1949 y 1951 fueron sancionadas diversas disposiciones legales quesignificaron una profunda modificación de las normas que definían el espacio político en que debían desenvolverse los partidos. Entre otros puntos sobre los que ya ahondamos, dicha normativa establecía que las circunscripciones electorales serían uninominales, con lo cual al elegirse un solo diputado por distrito, se impedía la representación de las minorías. Esta situación se veía profundizada por la delimitación arbitraria de las circunscripciones electorales, no siguiendo ciertas demarcaciones ya establecidas según criterios administrativos sino creando nuevas delimitaciones con el objetivo de obtener ventajas en el resultado de la elección.⁷⁶ Como consecuencia de esta medida, el nuevo mapa electoral cordobés se dividía en circunscripciones que agrupaban a dos o más departamentos en el interior de la provinciay a distintas seccionales en el caso de la Capital.⁷⁷

Por otra parte, al establecer la forma de candidatura de lista se tendía a incentivar la disciplina partidaria, pues no se hallaba organizada por candidatos individuales sino por partido, evitando así la personalización de los mismos, ya que sus nombres figuraban junto a los demás candidatos por el mismo partido para todas las circunscripciones del distrito. Asimismo, un elemento clave fue la adopción de la fórmula electoral de mayoría relativa, implicando que el partido que obtenía más votos se lo llevaba todo, perdiéndose todos los demás votos correspondientes al resto de los adversarios políticos.

Finalmente, las consecuencias políticas de estas disposiciones se vieron profundizadas por la decisión de concentrar en una misma fecha todas las elecciones: autoridades nacionales, provinciales y municipales serían elegidas el 11 de noviembre de 1951. Como vimos en el primer apartado, para salvar el obstáculo legal que –de acuerdo con el argumento esgrimido por el gobierno provincial– había impedido hasta el mo mento el retorno a la autonomía comunal, en agosto fue sancionada una nueva Ley Orgánica de Municipalidades.

Como adelantamos, el triunfo del peronismo en estas elecciones fue rotundo. Tal como ha planteado García Sebastiani, estos resultados afianzaron a la mayoría peronista en el poder y fueron el mejor parámetro de medición de política entre aquella y sus adversarios políticos.⁷⁸ Al igual que lo ocurrido a nivel nacional y provincial, la concentración del voto contrario a Perón en la UCR confirmó a los partidos peronista y radical como los principales contrincantes en la arena política de las principales localidades cordobesas, marcando la práctica desaparición del Partido Demócrata como competidor con posibilidades electorales para acceder al poder. Como reflejo de esto, se redujo notablemente, con respecto a experiencias anteriores, la distancia que separaba al peronismo del radicalismo, mientras que los demócratas quedaban en un muy lejano tercer lugar.

Conclusiones

Las profundas transformaciones introducidas durante los gobiernos peronistas en el régimen electoral tendieron a reducir la incertidumbre inherente a la competencia interpartidaria. En el mismo sentido, en el interior del país se tendió a un proceso de centralización político-administrativa que en el caso cordobés se tradujo en una creciente reducción de las autonomías municipales que incluyó la anulación de las elecciones comunales entre 1946 y 1951.

La contracara de esto fue un desplazamiento de la vida política local hacia el espacio nacional. Esto se tradujo en la centralización de la selección de candidatos y de resolución de conflictos intrapartidarios del oficialismo geográfica y funcionalmente, en Buenos Aires y en la figura de Perón. Asimismo, el Congreso Nacional se erigió en arena de combate de los conflictos nacidos entre legisladores en el espacio departamental intra e interpartidario.

Estos procesos coadyuvaron en el desarrollo de otro aspecto en el que se manifestó el proceso de nacionalización de la política y en el que hemos centrado nuestro análisis: la concentración de los esfuerzos proselitistas de los distintos partidos políticos –tanto oficialismo como oposición– en las elecciones nacionales. Contribuyó además el hecho de que se implementara una unificación del cronograma electoral, haciendo coincidir los comicios municipales (cuando finalmente se implementaron) y provinciales con los nacionales. Todas ellas estuvieron atravesadas por el doble discurso oficialista pregonando, por una parte, el respeto de las libertades políticas de los ciudadanos y, por el otro, efectuando procedimientos arbitrarios que coartaban las actividades proselitistas de la oposición.

Las elecciones municipales celebradas en noviembre de 1951 estuvieron lejos de significar la inauguración de la proclamada normalización institucional.Por el contrario, estos comicios se vieron restringidos a un exiguo número de localidades privilegiadas que eligieron tanto Intendente como Concejo Deliberante. En casi todas ellas triunfó el peronismo, concentrándose el voto opositor en el radicalismo. La única excepción fue Bell Ville, ciudad en la que triunfó esta última fuerza política; como consecuencia de lo cual fue intervenida poco después de asumidas las nuevas autoridades. Lejos de ralentizarse a partir de entonces, la centralización político-administrativa se profundizó en los años venideros.

Notas:

1 Trabajo recibido el 20/03/2016. Aceptado el 14/05/2016.
2 Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Magister en Partidos Políticos por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctoranda en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Contacto: rcs_arg@hotmail.com.
3 Entre otros: Bianchi, (1986); Palermo, (1997-1998); Barry, (2011).
4 Serrafero, (1993).
5 Leoni (2001); Ruffini, (2003); Alonso (2015).
6 De Privitellio, (2011): 213.
7 García Sebastiani, (2005).
8 Prol, (2012): 167 y sgtes.9 En el caso de Córdoba, se mantuvo, puesto que la misma ya había sido introducida en la reforma constitucional de 1923. Romanutti (2005):14.
10 Cabe aclarar que esta situación no fue privativa de las provincias centrales, sino que también se replicó en otros espacios nacionales. Cfr: Kindgard, (2010); Leoni-Solís Carnicer (2015).
11 Ortiz, (1997):99.
12 El Pueblo (EP), 05/04/1946, 01/05/1946 y 05/05/1946.
13 EP, 13/06/1946, 23/06/1946 y07/07/1946.
14 EP, 01/09/1946.
15 La Voz del Interior (LV), 03/07/1946.
16 LV, 03/07/1946.
17 EP, 01/01/1947 y 06/03/1947.
18 Córdoba, 2 de enero y EP, 06/03/1947.
19 Tcach-Philp, (2010):252; Camaño, (2013).
20 Marcilese, (2009):154.
21 CamañoSemprini, (2014):71.
22 EP, 29/10/1946 y 05/12/1946.
23 Tcach, (2006):136 y sgtes.
24 EP, 06/12/1947.
25 EP, 04/01/1948.
26 EP, 22/11/1947 y 26/02/1948.
27 Para un análisis detallado del proceso de organización del partido peronista en la provincia de Córdoba, remitimos a Tcach. (2006); y para sus características en el espacio riocuartense a Camaño Semprini, (2014).
28 EP,30/11/1948.
29 EP, 09/12/1949.
30 Marcilese, (2009): 153.
31 EP, 11/03/1948.
32 Para un análisis detallado de este proceso remitimos a Camaño Semprini, (2014):67-70.
33 EP, 04/05/1949.
34 EP, 09/12/ 1949.
35 Tcach-Philp, (2010): 250.
36 Philp, (1998): 144.
37 Philp, (1998): 145.
38 Ortiz, (1997):29 y 129.
39 Ortiz, (1997):43.
40 Ortiz, (1997):46.
41 EP, 20/05/1949.
42 EP, 05/06/1949.
43 Estos derechos habían sido otorgados en 1939 por decreto reglamentario Nº 1083 de la ley 3419, durante la gobernación de Amadeo Sabattini.
44 Ortiz, (1997):104-108.
45 EP, 13/08/1950.
46 Hugo Leonelli había sido previamente desplazado del mismo cargo tras el golpe de Estado de 1943.
47 LV, 17/07/1952.
48 En este sentido, ver: Camaño Semprini, (2014): 109-130.
49 EP, 07/10/1951.
50 Para un análisis más detallado de estos tres primeros aspectos del proceso de nacionalización de la política remitimos a Camaño Semprini, (2014).
51 Tcach, (2006):182-183.
52 LV, 05/03/1948.
53 En las elecciones legislativas nacionales de 1946 el peronismo había obtenido 124.005 votos, mientras que la UCR cosechó 117.069, el PD 57.583, el PC 4.632 y el PS 4.027.
54 EP, 22/11/1947, 02/03/1948, 04/03/1948 y 05/03/1948.
55 LV, 07/03/1948.
56 LV, 23/02/1948.
57 Duverger, (1957):175.
58 LVRC, 22/02/1948.
59 LV, 11/03/1948.60 LV, 14/03/1948.
61 LV, 25/11/1948; 26/11/1948; 01/12/1948; 02/12/1948; 05/12/1948.
62 EP, 08/11/1948.
63 EP, 24/10/1948.
64 EP, 02/11/1948.
65 LV, 25/11/1948.
66 LV, 30/11/1948.
67 LVRC, 03/12/1948 y04/12/1948.
68 EP, 01/12/1948.
69 EP, 05/12/1948.
70 EP,02/12/1948.
71 EP, 12/10/1948.
72 García Sebastiani, (2005):96.
73 EP, 14/10/1948.
74 LV, 09/12/1948.
75 Ortiz, (1997):45.
76 Esta práctica, conocida como gerrymandering, implica una manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas,con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales.
77 Tcach, (2006):181.
78 García Sebastiani, (2005):275.

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