DOSSIER

República y democracia en las tradiciones políticas argentinas. Persistencias y transformaciones de una relación conceptual controvertida en el debate intelectual (1983-2015)

Republic and Democracy in Argentine Political Traditions. Persistence and Transformations of a Controversial Conceptual Relationship in the Intellectual Debate (1983-2015)

 

Sabrina Morán

Sabrina Morán es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. E-mail: sbrnmoran@gmail.com

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resumen

Este artículo aborda los usos de los conceptos de república y democracia durante el período comprendido entre la transición democrática y el kirchnerismo, desde una perspectiva histórico-conceptual e histórico-intelectual. Se busca dar cuenta del carácter histórico y, por lo tanto, plurívoco de los conceptos políticos, subrayando sus usos en el campo intelectual argentino, las relaciones que se establecen entre ellos y sus implicancias en las tradiciones políticas nacionales. El carácter transversal de las tradiciones liberal, republicana y democrática –no solo con relación al efectivo ordenamiento democrático de nuestro país, sino también a las tradiciones políticas nacionales– resulta parcialmente explicativo de la relación intrínseca entre los conceptos de república y democracia, así como de sus múltiples y, en ocasiones, contradictorios usos e inscripciones en los lenguajes políticos vehiculizados por los intelectuales nacionales. Nuestra hipótesis es que la histórica antinomia conceptual entre república y democracia ha tendido a la convergencia en virtud de la consolidación de la democracia como forma de gobierno y como concepto político determinante del espacio de experiencia y el horizonte de expectativas de la política nacional. No obstante, la disputa entre los proyectos políticos que dicha antinomia vehiculizaba se ha resignificado en la actual relación contrario-asimétrica entre los conceptos de república y populismo.

palabras clave: República; Democracia; Tradiciones; Historia; Conceptos

summary

This article studies the uses of the concepts of republic and democracy during the period developped from the democratic transition to Kirchnerism, from a historical-conceptual and historical-intellectual perspective. The aim is to account for the historical and, therefore, plurivocal character of political concepts, highlighting their uses in the Argentine intellectual field, the relationships established between them and their implications in national political traditions. The cross-cutting nature of the liberal, republican and democratic traditions not only to the effective democratic order of our country, but also to the national political traditions is partially explanatory of the intrinsic relationship between the concepts of republic and democracy, as well as of their multiple and sometimes contradictory uses and inscriptions in political languages used by national intellectuals. Our hypothesis is that the historical conceptual antinomy between republic and democracy has tended to converge by virtue of the consolidation of democracy as a form of government and as a political concept determining the space of experience and the horizon of expectations of national politics, despite which the dispute between the political projects that this antinomy conveyed has been re-signified in the current counter-symmetrical relationship between the concepts of republic and populism.

keywords: Republic; Democracy; Traditions; History; Concepts

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1. Introducción. República y democracia como proyectos políticos alternativos

El derrotero de las tradiciones políticas en Argentina se encuentra, para los historiadores de la república y la democracia, signado por su existencia como proyecto en el siglo XIX y el devenir de su concreción en los decenios subsiguientes. Como conceptos viajeros (Nicolet, 2014), democracia y república encuentran sentidos ersos en cada época de la historia nacional. Al mismo tiempo, la permanencia de algunas tensiones o aporías que habitan dicho devenir nos permite iluminar la relación conceptual presente entre república y democracia a través del prisma de momentos conceptuales anteriores (Rodríguez Rial, 2015), esto es, de otras coyunturas políticas críticas o “experiencias-debates” (Roldán, 2011: 203), en las que los sentidos de estos conceptos se pusieron en juego para dar cuenta de un espacio de experiencia y un horizonte de expectativas existentes e imbricados en las tradiciones políticas nacionales. En el Río de la Plata, la interpretación alberdiana indica que la república y el presidencialismo fuerte son las mejores respuestas frente a la ilegitimidad de la forma monárquica y la “falta de madurez” de los pueblos para convertirse en repúblicas plenas (Wieczorek, 2019). La concreción de esa forma republicana y la veloz vinculación de la república y la democracia, a partir de la pronta sanción del sufragio universal (Sabato y Ternavasio, 2015), hicieron de la democratización un telos que signaría el desarrollo social e institucional de la República Argentina de manera tan inacabada como ininterrumpida. Sin embargo, durante el período posrevolucionario de proyección del ordenamiento político estatal, la república y la democracia aparecieron como dos formas opuestas de implementar el principio de la soberanía popular, y encarnaron dos proyectos políticos antagónicos: la república elitista y liberal versus la democracia de masas. En efecto, el Centenario de la revolución puso de manifiesto tanto la inminencia de la irrupción de la democracia de masas como el elitismo de las clases dirigentes que, reticentes a comprender y asimilar este proceso histórico, abrieron paso al primer populismo histórico nacional (Aboy Carlés, 2001). La clausura de esta experiencia, con el primer golpe de Estado en 1930, inició un ciclo de intermitencia democrática y pretorianismo, cuyo fin llegaría con la transición democrática iniciada en 1983.
La democracia fue pensada desde el liberalismo, pero también desde la propia tradición democrática. Desde la tradición liberal, las preguntas en torno a qué forma política darle a lo social, y qué instituciones políticas representativas e intermedias instaurar, signaron tanto las discusiones como las experiencias de gobierno. Desde el punto de vista de la tradición democrática, la constitución del pueblo soberano, la confianza ciudadana y el control horizontal y vertical de los representantes, así como el propio republicanismo, fueron las dimensiones centrales de debate y acción.
Sobre la coexistencia de estas distintas alternativas se instaura el debate intelectual desde el retorno de la democracia en 1983. Democracia procedimental o democracia sustancial son las alternativas que aparecen ante el desmoronamiento de los horizontes revolucionarios. La república, tradicionalmente vinculada al liberalismo argentino, apareció en dicho debate como su complemento cuasi natural, y solo recientemente devino en objeto de estudio teórico-político, a raíz de la revitalización de la discusión en torno al republicanismo que suscitó el kirchnerismo como fenómeno político.
Si bien el debate en torno a los conceptos de república y democracia se remonta al origen del ordenamiento institucional argentino, su análisis se circunscribe en este artículo a sus usos y evolución en los principales debates hacia el interior del campo intelectual y académico nacional en la historia reciente. En particular, nos ocuparemos del período comprendido desde el retorno de la democracia en 1983 hasta el kirchnerismo, coyuntura crítica a partir de la cual los sentidos de dichos conceptos fueron debatidos y actualizados. En dicho contexto, la articulación entre los conceptos de república, democracia y populismo –en torno al cual se desarrolló, incluso, una rama relativamente independiente de las ciencias sociales– suscitó la atención de los teóricos-políticos. En efecto, el consenso ampliado que se generó tanto en el campo político como intelectual respecto de la democracia como forma política trasladó el debate a su adjetivación: la discusión que en los años ochenta se dirimía en términos de democracia procedimental o democracia sustantiva, se resignifica en las primeras décadas del siglo XXI para convertirse en la alternativa entre democracia republicana y democracia populista o, de manera simplificada, república o populismo. En efecto, nuestra hipótesis es que la antinomia conceptual entre república y democracia ha tendido secularmente a la convergencia en virtud de la consolidación de la democracia como forma de gobierno y como concepto político determinante del espacio de experiencia y el horizonte de expectativas de la política nacional. No obstante, la disputa entre los sentidos que dicha antinomia vehiculizaba se ha resignificado en la actual relación contrario-asimétrica entre los conceptos de república y populismo.
Este artículo aborda los usos de los conceptos de república y democracia en el período histórico circunscripto. Para ello, se vale –principal, aunque no exclusivamente– de las herramientas propias de la historia conceptual y la historia intelectual, desde una perspectiva teórico-política que pone el acento en la relación entre texto, contexto e historia (Nosetto y Wieczorek, 2020). A través de esta propuesta heurística interdisciplinar, procuraremos dar cuenta del carácter histórico y, por lo tanto, plurívoco de los conceptos políticos, subrayando lo peculiar de sus usos, las contradicciones que los habitan y, fundamentalmente, las relaciones que se establecen entre ellos. A partir de la noción koselleckiana de conceptos contrario-asimétricos¹ y de la semántica histórica², procuraremos evitar la incursión en anacronismos, relativismos o normativismos en nuestro análisis. Nos ocuparemos, entonces, de la red conceptual que se articula en torno a los conceptos políticos de república y democracia, en la cual el concepto de populismo cobra progresiva preeminencia. En función de la distinción entre campo intelectual y campo político, consideramos que los intelectuales preservan su función de articulación y elaboración de sentidos (Bourdieu, 1991). Sin pasar por alto la tangible tensión entre dicha función y la profesionalización creciente de la intelectualidad argentina, atendemos a las interacciones entre este campo y el político, en la medida en que a partir de ellas se configura y reproduce una determinada conceptualización de la relación entre república y democracia, y su vínculo problemático con el populismo.
Más allá del debate teórico-político, los políticos, los medios de comunicación y los intelectuales que participan en el debate público utilizan de manera recurrente los conceptos de república y democracia y su semántica, lo que contribuye a consolidar sentidos predominantes, cuya ahistorización y universalización nos interesa poner en cuestión. Los motivos que movilizan este cuestionamiento son dobles: por un lado, consideramos que es posible y deseable situar histórica y geográficamente los conceptos políticos para trascender su universalismo supuesto y abordar su plurivocidad sin prejuicios o normativismo; por otro lado, nos interesa echar luz sobre los conflictos políticos que son vehiculizados en los usos de los conceptos.³
El artículo se ordena en secciones a partir de una periodización que coincide, parcialmente, con los períodos presidenciales. A esta introducción que oficia de primera sección se suma, en segundo lugar, la semantización de la república y la democracia durante la transición democrática, que se corresponde con el gobierno de Raúl Alfonsín. A continuación, abordamos la llamada “consolidación democrática”, que coincide con los dos mandatos de Carlos Menem como presidente en la década de 1990. El gobierno de la Alianza aparece como un período bisagra que deja paso a la experiencia del kirchnerismo. Veremos que, en este período, el populismo gana centralidad como concepto relativo respecto de los de república y democracia. Finalmente, desarrollaremos algunas conclusiones acerca de la actualidad de la relación entre los conceptos de república y democracia y qué es lo que esa relación nos dice de las tradiciones políticas argentinas en el presente.

2. República y democracia en la transición: hacia una antinomia convergente

La salida de la extensa y sangrienta experiencia de la última dictadura militar puso a las tradiciones de pensamiento ante el desafío de adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos democráticos: más tarde o más temprano, todas ellas hubieron de dar cuenta de la centralidad que la democracia política adquiría en ese contexto y comprometerse en alguna medida con su apuntalamiento. Así, el retorno de la democracia trajo consigo no solo una revitalización de la participación política, que provocó una afiliación masiva de la ciudadanía a los partidos políticos históricos (Aboy Carlés, 2001), sino también un recentramiento de la discusión en torno al régimen político en las ciencias sociales locales que, hasta entonces, era protagonizada por los intelectuales en el exilio. ersos estudios en torno a los intelectuales y la transición (Lesgart, 2004; Freibrun, 2014) coinciden en afirmar que las ciencias sociales en general, y la ciencia política en particular, adquirieron en este escenario una preeminencia paralela a las voces ya sonantes desde las revistas de intervención intelectual de la época, ante la necesidad de construir un lenguaje político nuevo. La teoría política tomó una revitalizada centralidad en este contexto, inscripta en las discusiones de la academia noroccidental –las teorías democráticas postmarxistas, entre ellas las de Lefort y Habermas, y la discusión neorepublicana, entre otras– en torno a la relación entre orden y conflicto en la estabilización de la convivencia democrática (Rabotnikof, 1992: 209). Como concepto de movimiento, la democracia, “[s]e constituyó en un término que ordenó las discusiones político-ideológicas de una época” (Lesgart, 2004: 17, énfasis original), y contribuyó a formar teórica y simbólicamente un futuro nuevo.
En este sentido, la teoría de la democracia se encuentra, en Argentina, directamente vinculada al fenómeno de la transición. Efectivamente, en una primera etapa, la llamada transitología (O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1986), reflexión sistemática y comparada acerca del pasaje del autoritarismo a la democracia y sus posibles derivas, constituyó la corriente principal de pensamiento en torno al binomio autoritarismo-democracia. Todo a lo largo de la década de 1980, la relación entre autoritarismo y democracia y, en particular, el problema concreto de cómo alcanzar y consolidar una democracia, suscitó el desarrollo de vastas teorías y se constituyó en la marca personal de las ciencias sociales latinoamericanas. En ese particular contexto, O’Donnell se consolidó como el principal exponente argentino de esta línea de investigación.⁴ Tempranamente, el célebre politólogo dio importancia tanto al proceso transicional como a la consolidación de la democracia. En 1987, afirmaba:
Aunque se trate del mismo devenir histórico, creo útil postular que los procesos de democratización vividos por nuestros países conllevan dos transiciones. La primera es la que va desde el régimen autoritario anterior hasta la instalación de un gobierno democrático. La segunda va desde ese gobierno hasta la consolidación de la democracia o, en otras palabras, hasta la vigencia efectiva de un régimen democrático. La democracia a que me refiero es la democracia política (o poliarquía, según la útil y difundida definición de Robert Dahl) y puede coexistir con ersos grados de democratización en los planos económico, social y cultural (O’Donnell, [1997] 2017: 243).

Los intelectuales de la izquierda democrática también participaron del debate transicional. Por caso, Nun (1989) plantea a fines de la década de 1980 que las transiciones se inscriben en las características específicas de los países de la región –su carácter de modernos y dependientes a la vez–, al tiempo que presentan elementos autoritarios profundamente enraizados. Los estudios sobre las transiciones suponen, sin embargo, una definición formalista de la democracia inspirada en la democracia liberal estadounidense que, para Nun, no tiene correlato en la realidad social: si las reglas formales de la democracia pueden ser efectivamente lo que defina un sistema político, ese sistema no es homologable, o no lo es inmediatamente, a la sociedad en que se aplica (1989: 104-105). Así, Nun se muestra desconfiado respecto de la universalización del discurso democrático liberal pluralista y de la falta de problematización del contenido del proceso de democratización en América Latina en general, y en Argentina en particular. Lector de Habermas, el intelectual argentino señala que el apuntalamiento de una unidad democrática implicaría una redefinición de la esfera pública: se trata de articular las instituciones de la representación política democrática con “formas múltiples de democracia directa o participativa” (Nun, 1987: 52).
Más allá de que la reducción de la discusión sobre la democracia al binomio procedimiento o sustancia puede resultar simplificadora, lo cierto es que esta opción representó el intento más concreto de “salida hacia adelante” o pasaje a la consolidación de la democracia, cuya endeblez se ve reflejada en la vigencia del binomio autoritarismo-democracia como clave de intelección de los hechos históricos y los debates políticos todo a lo largo de los años ochenta. En términos de Roldán, la premisa que signa la discusión en torno a la democracia en esta época es que la forma es el fondo, esto es, la dimensión procedimental de la democracia implica la condición de posibilidad de su apuntalamiento:
La dinámica entre contextos políticos y tradiciones ideológicas –que, por otro lado, es indispensable identificar lo más precisamente posible– es el sustrato de la historia de los modos de articular la síntesis entre la tradición liberal y la democrática y la expresión de sus dificultades y de sus ambigüedades (Roldán, 2011: 204).

Esta distinción entre democracia procedimental o formal y democracia sustantiva modeló buena parte de los debates, al tiempo que permeó las discusiones gubernamentales. Sin embargo, como mencionamos, tanto en el campo político como en el intelectual primó un abordaje procedimental. En términos de Lesgart,
[n]ombrada de tan ersas maneras como democracia política, real, representativa, formal o parlamentaria, sus definiciones se concentran en la revalorización del momento de la ley, básicamente en las garantías mínimas ofrecidas por la vigencia del Estado de Derecho y en la defensa de un ordenamiento basado en la Constitución; en la delimitación del procedimiento eleccionario como el momento más importante para garantizar la competencia partidaria entre el gobierno y la oposición política y como forma de expresión pública de las preferencias ciudadanas; en recuperar y darle un lugar privilegiado a las reglas de procedimiento; en no buscar formas abstractas e inexistentes de democracia; en herramienta de regulación de los conflictos y adopción de las decisiones colectivas (2004: 86).

De la mano de este pensamiento en torno a la democracia como procedimiento, pero también como valor, proceso y horizonte de expectativas, se produjo un recentramiento del concepto de república entendido preponderantemente como marco institucional de apuntalamiento del régimen democrático. En este sentido, O’Donnell afirmaba, a mediados la década de 1980:
Aunque sus orígenes no sean los mismos que los de la democracia liberal, hay una dimensión sin la cual las democracias contemporáneas no podrían existir. Esta es la tradición republicana (etimológicamente, res publica, “la cosa pública”). Lo republicano se basa en una cuidadosa distinción entre lo público y lo privado o personal. De ella surge la idea del gobernante como servidor de la ciudadanía, en cuya representación administra los intereses públicos. Este es a su vez el fundamento del imperio de la ley, que consagra la distinción entre la esfera pública y la privada, somete las decisiones del gobernante a sus reglas y sanciona sus eventuales violaciones. El gobernante y el funcionario no están, en la concepción republicana, “por encima” de la ley; por el contrario, tienen especial obligación de obedecerla. Esto está relacionado con la idea de accountability (término que, quizás no por casualidad, no tiene traducción literal en nuestros idiomas), que consta de dos aspectos principales: uno, la ya mencionada obligación del gobernante y del funcionario de someter sus actos a la ley; otro, la obligación del gobernante de rendir cuentas por sus acciones con suficiente transparencia como para que la ciudadanía pueda evaluar su gestión y al final ratificarla o rechazarla en elecciones limpias y competitivas. (…) La dimensión republicana es indispensable para la efectiva garantía de los derechos de la democracia política ([1997] 2017: 265).

La extensa cita nos permite ilustrar lo que nos permitimos denominar el corazón teórico-político de la teoría de la democracia odonnelliana: como explicitará en las décadas subsiguientes, para O’Donnell la democracia política es producto de la convergencia de las tradiciones liberal, democrática y republicana que, aunque se contradicen en algunos de sus principios, se complementan en su convergencia en el Estado de Derecho para consolidar la forma política democrática. En este sentido, las nociones de ciudadanía y agencia son también componentes centrales de su teoría de una democracia republicana (O’Donnell, 2007). En su conferencia en Buenos Aires, también Bobbio (1986) resaltó al gobierno de la ley como condición de posibilidad de la democracia liberal y su principal defensa ante posibles derivas autocráticas. Así, aunque aparentemente desdibujada frente al protagonismo de la democracia, la república, entendida en términos institucionales, aparece en los años ochenta como su condición de posibilidad.
En Entre la iracundia retórica y el acuerdo, Rodríguez Rial se refiere al gobierno de Alfonsín como el “momento democrático-liberal” de la república en Argentina, e identifica una serie de sentidos preeminentes que operaron en ese contexto transicional: la concepción clásica kantiana de república como forma de gobierno opuesta a la monarquía; la república como sinónimo madisoniano de gobierno representativo; la república vinculada a una revitalización del civismo y la opinión pública; la idea del ordenamiento republicano como producto de un pacto, que la citada autora vincula con el célebre abordaje arendtiano de las grandes revoluciones modernas (Rodríguez Rial, 2015: 128-130). Democracia y república aparecían entonces como dos nociones complementarias, mutuamente implicadas: las instituciones republicanas –isión de poderes, imperio de la ley, participación ciudadana– aseguraban la democracia tanto frente a la posibilidad de una nueva irrupción autoritaria como frente al populismo, considerado hasta el momento como una desviación de la democracia. Si la democracia fue entonces definida en términos procedimentales y liberales –régimen político, pluralismo, derechos civiles y políticos garantidos–, la república fue principalmente concebida en términos institucionales y relativos.
Desde su original abordaje de las tradiciones políticas argentinas, Aboy Carlés (2001) indaga en la manera en que el republicanismo liberal se plasmó en un proyecto político específico durante la transición: el alfonsinismo. Se trató de un proyecto en el que la reivindicación de la autonomía de la política tuvo como corolario una primacía del tiempo de esta última por sobre el de la economía, fórmula que sería revertida durante el gobierno menemista, de la llamada “consolidación” (Portantiero, 1995). En efecto, de cara a la apertura democrática de 1983, el pilar de la propuesta alfonsinista fue llevar adelante una refundación de la República Argentina sustentada en el amor a la patria y el fortalecimiento de las instituciones. Alfonsín había planteado, ya desde los inicios de la dictadura, una profunda reflexión respecto de los cambios que infringía el proceso dictatorial en la sociedad, y la importancia de no pensar el retorno de la democracia como una “restitución”, sino como una reconstrucción sobre fundamentos distintos, remotos en la historia de la configuración política argentina: el republicanismo liberal, cuyo brevísimo ensayo había sido clausurado con el primer golpe militar en 1930. Para Alfonsín, se trataba de encarar una transformación a la vez institucional y cultural: efectivizar la institucionalización plena del Estado de Derecho liberal-republicano y refundar la cultura política argentina, poniendo en entredicho muchas de sus principales características, incluso algunas incluidas en su propia tradición partidaria (Morán y Padilla, 2016).
En esta línea se inscribió la revisión del pasado inmediato que encaró el referente radical durante su campaña y en los primeros años de su gestión. Construir la “segunda república” (Aboy Carlés, 2010) exigía instaurar un principio de orden y construir una memoria colectiva que permitiesen fortalecer la dimensión representativa de la identidad política radical. La consigna de la “segunda república” tomó cuerpo hacia 1985 en el célebre discurso de Parque Norte, y constituyó la representación más acabada de la postura crítica de Alfonsín frente a la histórica dicotomización del campo político nacional, así como su voluntad de superar la inestabilidad política que había reinado en Argentina tras la clausura de la primera experiencia republicana en 1930 (Aboy Carlés, 2010: 70). Si el discurso planteó la necesidad de encarar concertadamente un camino que combinara pluralismo, modernización y pacto social, los sucesos posteriores revelaron que no era nada sencillo llevarlo a la práctica. Es que, de acuerdo con la ambivalencia propia de un proceso como el transicional, el propio Alfonsín no logró conducir planes de acción orientados a esos tres objetivos. Aunque sus medidas apuntalaron los elementos liberales y republicanos que componen una democracia política, no hicieron lo propio respecto de la sustancialización de la democracia:⁵ el gobierno radical tuvo grandes problemas para conciliar eficiencia, institucionalidad y justicia social, debido a la acuciante crisis económica, no suficientemente ponderada. Acaso de esta debilidad haría su mayor fortaleza una oposición que también revisó los fundamentos de su tradición en este contexto voluble.
Tras unos primeros años de difícil adaptación a las características del nuevo contexto democrático (Garategaray, 2010), el peronismo encaró el proceso conocido como “renovación”, que implicó, en términos organizacionales, la democratización del partido a partir de la implementación de internas abiertas, y la preponderancia de la rama política del movimiento por sobre la histórica preeminencia del sindicalismo. Los rasgos hegemonistas del llamado populismo peronista (Aboy Carlés, 2001), ligados a la frustrada experiencia del último gobierno del partido, generaban resquemores en parte de la sociedad y, específicamente, en buena parte del campo intelectual.
Sin embargo, ya desde el retorno de la democracia en 1983, un sector de la clase política y la intelectualidad peronista se había volcado a la reflexión en torno a la necesidad de reconfigurar el movimiento, plasmada en buena medida en la revista Unidos. Estos debates plurales, resituados por la primera derrota electoral del peronismo en elecciones libres y competitivas, en 1983, y profundizados por las repercusiones del discurso de Parque Norte, se plasmaron tres semanas después de este discurso en el llamado Documento Fundacional de la Renovación Peronista (Aboy Carlés, 2001: 233; Novaro y Palermo, 1996: 186-202). La Renovación propició el triunfo electoral del peronismo en los comicios legislativos de 1987, pero su unidad se rompió de cara a las elecciones presidenciales de 1989: la histórica interna abierta por la candidatura al máximo cargo ejecutivo consolidó sorpresivamente a Carlos Menem como favorito frente a Antonio Cafiero, quien contaba con sólidas bases de apoyo entre los intelectuales de Unidos. A pesar de ello, Carlos Álvarez, director original de la revista, se distanció de ella para acompañar a Menem como candidato a diputado nacional. Tras el repentino vuelco de la política del gobierno menemista hacia las reformas estructurales del Estado y la liberalización de la economía, sustentadas sobre nuevas alianzas con actores de la derecha y las corporaciones económicas, y a las que se sumaron los indultos a los militares juzgados durante el gobierno de Alfonsín, varios miembros de la revista Unidos se desafiliaron del Partido Justicialista, y Carlos Álvarez formó un bloque independiente en el Congreso, junto a otros peronistas disidentes.

3. La república como falta durante la consolidación democrática

El predominio de la transitología como eje de investigación central de las ciencias sociales en los años ochenta fue sucedido, en la década posterior, por los estudios en torno a la consolidación democrática, también llamados “consolidología” (Peruzotti, 1998). Concretamente, estos análisis giraron en torno a la posibilidad de apuntalar institucionalmente las democracias erigidas en América Latina tras las dictaduras militares, ante la constatación de que presentaban características ersas a las de las democracias del hemisferio noroccidental, cuya emulación aparecía como el telos del proceso de democratización.
Durante el gobierno de Menem, el debate en torno a la consolidación democrática se vio atravesado, además, por la proliferación de investigaciones en torno a sus novedosas características. En efecto, las reformas estructurales y el perfil eminentemente neoliberal de este gobierno constituyen el principal eje articulador de los análisis emprendidos por los cientistas sociales e intelectuales de otras disciplinas respecto de este período. Según Souroujon, “[s]e constituye, de esta manera, una suerte de capa geológica de preo­cupaciones principales que pueden fácilmente asociarse con un clima de época” (2014b: 3). Legitimado en la gravedad de la crisis económica con la que acabó prematuramente el mandato presidencial de Alfonsín, el menemismo emprendió una reversión de la autonomización de la política que el gobierno transicional había intentado llevar adelante sin mayor éxito: “el futuro democrático estaba en juego si no había una solución para la situación económica” (Aboy Carlés, 2001: 241), por lo que la vigencia de la democracia pasó a vincularse directamente con la concreción de las reformas estructurales que estabilizarían la economía. Estas reformas, para Torre (1991), habilitaron los rasgos más autocráticos de las democracias contemporáneas, esto es, el decisionismo gubernamental, tópico que, como veremos, habría de retornar años después para caracterizar al gobierno kirchnerista. En términos de Morresi, las transformaciones que la implementación de las reformas neoliberales suscitó al nivel del Estado se plasmaron en una modificación de la democracia, que disminuyó sus rasgos representativos ante el avance de la idea del gobierno como administración (2007: 143).
La segunda gran línea de discusión en torno a los gobiernos de Menem comprende el debate en relación con las continuidades y discontinuidades entre el menemismo y la tradición peronista, que contiene algunas de las apropiaciones del republicanismo que tuvieron lugar durante este período y tendrán continuidad durante el kirchnerismo:
La aparición de Menem en el gobierno inauguró un juego intelectual en donde los distintos pensadores se esforzaron por encontrar las similitudes entre el nuevo presidente y Perón, ciertos rasgos que conectarían a Perón con Menem, y en los que residiría el núcleo del peronismo. En este sentido se subrayó el decisionismo y la concentración de poder; la concepción antipolítica y la consecuente autodefinición de “outsider” por parte de estos líderes; la desvalori­zación de las instituciones republicanas y de las mediaciones partidarias; la ambición hegemónica que provoca el no reconocimiento de la opo­sición dentro del espacio público (Souroujon, 2014b: 15).

Buena parte de las críticas presentadas al menemismo se apuntalan en la continuidad del hegemonismo atribuido al peronismo, y el deterioro que esto supone para las instituciones republicanas, más que en el modelo económico (Aboy Carlés, 2001: 308). Así, se identifica una amplia coincidencia en el campo académico-intelectual respecto de los hábitos poco republicanos del peronismo en general, y del menemismo en particular. La recurrencia al uso de Decretos de Necesidad y Urgencia, la preeminencia evidente del Poder Ejecutivo por sobre el Judicial, y el debilitamiento de las instancias intermedias –partidos políticos y sindicatos (Novaro y Palermo, 1996: 244)– fueron para los analistas los principales rasgos de la degradación del régimen político (Aboy Carlés, 2001; Portantiero, 1995). En esta línea, Botana (1996) alerta sobre la intención por parte del menemismo de establecer un régimen de partido hegemónico, expresada en la reforma constitucional, pero limitada por las instituciones republicanas y el pluralismo político de la ciudadanía.
En continuidad con la transición democrática, la república aparece en el gobierno de la consolidación⁶ como la estructura institucional que sostiene el buen funcionamiento del régimen político democrático, donde la isión de poderes –y la dinámica de la interrelación entre ellos– es el indicador fundamental del carácter activo de los rasgos republicanos que, para O’Donnell, se encuentran presentes en algún grado en todas las democracias políticas contemporáneas (2007: 88). El politólogo argentino, empeñado en desarrollar una teoría de la democracia histórica y geográficamente situada, toma el concepto de accountability horizontal (2007: 85-112) para alertar respecto de la debilidad o inexistencia de agencias de control intraestatales en América Latina en general, y en Argentina en particular. El concepto de democracia delegativa, acuñado por el autor, pretende ceñir las particularidades de las poliarquías latinoamericanas en un contexto globalizado y neoliberal (O’Donnell, 1991).⁷ Este concepto, que remite a la delegación de poder y responsabilidad en la figura del presidente, combina en los años noventa una dimensión institucional crítica respecto del hegemonismo tradicional de los presidencialismos latinoamericanos, y otra más orientada a la crítica al neoliberalismo que, al extender la vigencia del concepto al siglo XXI, es matizada por el propio autor (O’Donnell, 2011). El problema para O’Donnell es que la consolidación de las democracias postdictatoriales requiere de cierto grado de institucionalización, que la concentración de atributos en el Poder Ejecutivo obtura. Sin embargo, la democracia delegativa se inscribe en la historia de los presidencialismos latinoamericanos y remite a la personalización del poder instalada en el sentido común y la cultura política regional. En este sentido, se trata de un tipo peculiar de democracia, un “nuevo animal” (O’Donnell, [1997] 2017: 326) propio de nuestras latitudes que, aunque pueda parecer deficitaria, si la comparamos con las democracias del hemisferio noroccidental, es producto de la particular combinación histórica de las tradiciones políticas –republicanismo, liberalismo y democracia– en nuestra región, en la que el componente democrático es el preponderante.⁸
Esta forma de democracia es menos liberal, y también menos republicana, en tanto el vínculo representativo y la accountability se ven menoscabadas. Si bien el concepto de democracia delegativa tuvo un fuerte impacto en las ciencias sociales, hubo posiciones disidentes por parte de académicos e intelectuales reivindicativos de ciertas características del menemismo. Novaro y Palermo, por su parte, aunque reconocen que la concentración de poder en el presidente y el rechazo a la accountability horizontal ponen en peligro la isión de poderes y hacen difícil llamar “republicano” al gobierno de Menem, sostienen una posición crítica respecto del diagnóstico odonnelliano. Estos cientistas sociales consideran que el recurso a vetos y decretos por parte de Menem no es expresión del decisionismo presidencial, sino de falta de control del Ejecutivo sobre los otros poderes, en disidencia con las interpretaciones más consensuadas en torno a este punto (Novaro y Palermo, 1997). Por su parte, O’Donnell rectifica sus argumentos a mediados de la década de 1990, cuando sostiene que es un error afirmar que las democracias latinoamericanas están poco institucionalizadas: el hecho de que haya elecciones competitivas, libres y recurrentes es prueba de su consolidación ([1997] 2017: 341). Así, cabe aclarar que hay consenso en el campo académico para afirmar que, si bien en el menemismo existe una flagrante ausencia de accountability horizontal, que menoscaba la dimensión republicana de la democracia, los engranajes de la accountability vertical electoral se mantienen en funcionamiento, por lo que no puede cuestionarse la vigencia de la democracia política en este contexto.
En este sentido, las concepciones procedimentales de la democracia siguen teniendo preeminencia frente a las sustancialistas en los años noventa: se pondera la vigencia e institucionalización de la poliarquía. No obstante, comienza a discutirse con mayor profundidad en torno a la necesidad de garantizar un ejercicio sustantivo y no solo formal de la ciudadanía, a partir de lo cual se desarrollan y restituyen algunas teorías normativas. Quiroga (2000), por ejemplo, propone una concepción de la democracia que concilie teórica y prácticamente la dicotomía entre sustancia y procedimiento, y subraya siempre la importancia de esta última dimensión. El politólogo rosarino recupera la noción de democracia radical de Mouffe (1999), que combina elementos del pluralismo liberal con la concepción republicana del conflicto como corazón de lo político, para proponer una democracia donde los ciudadanos tengan un rol central en el control de los gobiernos, y sean las políticas públicas los hechos concretos que les permitan valorar si estos gobiernos se orientan efectivamente o no hacia una mayor igualdad y libertad. En caso contrario, siempre existe la posibilidad de elegir un gobierno distinto en la próxima elección, de allí el carácter fundamental del procedimiento (Quiroga, 2000: 368), pero también del debate público donde se dirimen los valores en común y en juego.
Aunque la discusión en torno a cómo trascender el carácter formal de la democracia resulta alentadora, los diagnósticos respecto de su realidad efectiva son preponderantemente negativos en los años noventa. Por caso, Quiroga (2005) acuña el término “decisionismo democrático” para referir al estilo y prácticas de gobierno que se inauguran con el primer mandato de Menem y, desde su punto de vista, se extienden durante el kirchnerismo. Este diagnóstico respecto de la democracia argentina desde los años noventa se profundiza durante el kirchnerismo y concibe la posibilidad de la existencia de una democracia no republicana o hasta antirrepublicana (la acuñación del término democracia delegativa se orienta en el mismo sentido).
Sin embargo, existe un sector hacia el interior del campo intelectual que reivindica el carácter instituyente del gobierno de Menem, y justifica la concentración circunstancial de poder en el contexto de emergencia (Novaro y Palermo, 1997: 246). Así, el gobierno de Menem fue vinculado por ciertos sectores de la intelectualidad a una serie de avances en el proceso de democratización que se iniciara en 1983. Después de todo, el traspaso de los atributos presidenciales de Alfonsín a Menem constituyó el primer pasaje de mando entre los grandes partidos de la historia de la democracia argentina (Souroujon, 2014a: 16), y Menem revalidó la legitimidad de su liderazgo mediante el triunfo en una segunda disputa presidencial relativamente competitiva y transparente (Novaro y Palermo, 1996: 476).  Acaso la reforma constitucional de 1994 sea el hito que, al tiempo que reafirma el ejecutivismo de Menem, elabora una contención institucional para las prácticas decisionistas que minimiza las posibilidades de una deriva autoritaria (Novaro y Palermo, 1997: 255-264). Interpretada por algunos como fruto del consenso interpartidario entre las fuerzas de la democracia, por otros como la consolidación institucional del sistema presidencialista, y también como la cristalización de regímenes delegativos y decisionistas, la reforma constitucional fue probablemente la conjunción de esas parcialidades y la máxima expresión del republicanismo oscilante del menemismo.
En cuanto a la dimensión partidaria, efectivamente Menem fue parte del grupo impulsor de la renovación institucional del Partido Justicialista, y aunque sigue vigente la discusión respecto de su carácter representativo de los valores de la renovación, ganó las elecciones internas y las nacionales en elecciones competitivas. En este sentido, Novaro y Palermo (1997: 260) observan que el menemismo se alejó del movimentismo característico del peronismo, e imprimió a la fuerza una dinámica partidaria más institucionalizada. A partir de sus dos triunfos, asimismo, llevó adelante su batalla contra las corporaciones sindical y militar, que el gobierno alfonsinista había presentado como fundamental para el apuntalamiento institucional, pero no había logrado concretar. A diferencia del líder radical, Menem extendió su avance contra los poderes fácticos, e incluyó a los partidos políticos y las burocracias estatales en ese mismo espectro (Novaro y Palermo, 1997: 259). La ambigüedad democrática y republicana de ese posicionamiento le permitió minimizar las interferencias de otros actores en sus lineamientos políticos, y el carácter presidencialista de la democracia argentina legitimó en cierta medida su proceder (Novaro, 1994: 16-17). En efecto, esa concentración de poder en el Ejecutivo que supone el diseño institucional comprende el basamento de algunos posicionamientos que no ven en la relación entre los poderes del Estado durante el menemismo una hegemonía del Poder Ejecutivo, sino las tensiones y volubilidades propias de la isión de poderes republicana (Novaro y Palermo, 1996:  487).
De esta manera, el menemismo suscitó la continuidad de muchas de las discusiones que se habían iniciado con el retorno de la democracia en 1983. Si el proceso de democratización y su consolidación comprenden los focos de atención principales tras un traspaso de mando adelantado por la acuciante crisis económica, la cuestión republicana se resitúa en el centro de la escena como una falta. Los rasgos hegemonistas y decisionistas del menemismo –interpretados mayoritariamente como una continuidad hacia el interior de la tradición peronista– son subrayados como riesgos que una democracia plebiscitaria trae para la estructura institucional que, en este momento histórico particular, significa la república. La pregunta acerca de la presencia o ausencia de republicanismo se extiende a una discusión de más largo aliento en torno a la cultura política argentina y sus tradiciones políticas y de pensamiento.

4. República y democracia durante el kirchnerismo: entre el institucionalismo republicano y la reivindicación de una república popular

Los conceptos de república y democracia fueron parte de las discusiones en torno al kirchnerismo desde sus inicios y, cabe subrayar, no siempre como expresión de una falta. Si bien, como señala Rodríguez Rial, en sus comienzos preponderó la semántica dominante en torno a la república consagrada desde la transición democrática –“el equilibrio institucional de los poderes que garantiza desde las formas el gobierno de la ley” (2015: 150)–, el concepto fue ganando densidad a raíz de su vinculación con distintas dimensiones de la experiencia kirchnerista y su relación con el concepto de democracia. Así, el estilo de gobierno, el diseño de las políticas públicas y la relación del gobierno con otros poderes y actores sociales fueron leídos con las lentes del republicanismo. La política de derechos humanos, las reformas al Poder Judicial, la búsqueda –y parcial éxito– de un acuerdo transversal entre las distintas fuerzas políticas para salir de la crisis, la negociación de la deuda y la reactivación económica comprenden los hitos que marcaron positivamente los primeros años de gobierno kirchnerista. Estos hechos generaron un diagnóstico extendido respecto de una progresiva normalización institucional y estabilización de la democracia republicana, sin por ello dejar de suscitar polémicas y posiciones encontradas.
En efecto, la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo Nacional, fundamentada en gran medida en la necesidad de recuperar la iniciativa estatal para salir de la crisis fue, para algunos, la condición de posibilidad del desarrollo de las políticas mencionadas (Flax, 2011a), en tanto que, para otros, no se trató más que de la profundización de los rasgos delegativos de la democracia argentina (O’Donnell, 2011). Si el llamado “retorno de la política” y la expansión de derechos en la forma de políticas sociales y de reconocimiento, como la Asignación Universal por Hijo, la moratoria previsional, el matrimonio igualitario –por mencionar algunos hitos emblemáticos– fueron considerados por muchos una expansión de la democracia sustantiva (Flax, 2011b; Reano, 2012), para otros autores, alarmados desde la década de 1990 por la concentración del poder en el Ejecutivo, los gobiernos kirchneristas profundizaron la erosión de la democracia. En esta línea, O’Donnell emprendió una revisión del concepto de democracia delegativa –acuñado, como vimos, para describir los presidencialismos latinoamericanos de los años noventa– en aras de señalar la persistencia de muchos de sus rasgos en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Iazzetta, 2011: 92). En particular, el politólogo subraya el modo en que, desde su punto de vista, el presidente y la presidenta sustentaron la concentración del poder en un reavivamiento permanente de la sensación de crisis, que legitimaría la minimización de la accountability horizontal (O’Donnell, 2011: 25-26). Además, agrega que estos gobiernos delegativos erosionan también la dimensión social de la accountability vertical, al colocar a los medios de comunicación entre sus antagonistas.
En contraposición con estos diagnósticos peyorativos respecto de la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo, para otros intelectuales y académicos esta estructuración inicial del gobierno en torno a una figura presidencial fuerte posibilitó, en primera instancia, la recuperación económica y política de la Argentina, para habilitar luego un proceso de profundización democrática a través de la expansión del horizonte de derechos (Flax, 2011a, 2011b; Rinesi 2011). Además, ciertas medidas emprendidas por Néstor Kirchner fueron interpretadas como una expresión de su republicanismo: existe un consenso amplio respecto de que la reanudación de los juicios contra los crímenes de la última dictadura militar y las modificaciones a la Corte Suprema de Justicia fueron decisiones que tendieron a subsanar algunas de las fallas centrales de la accountability horizontal, a resituar la figura presidencial (Novaro, 2011: 293) y a fortalecer el Estado liberal de derecho (Iazzetta, 2011: 98).
No obstante, la reforma del Consejo de la Magistratura llevada a cabo en 2006 condujo a muchos de los académicos que celebraron la reforma de la Corte a cuestionar los atributos republicanos del kirchnerismo (Gargarella, 2011), y a encender las alarmas en relación con el decisionismo contundente del presidente. La reforma del Consejo de la Magistratura se sumó al elevado número de Decretos de Necesidad y Urgencia y la prolongación del estado de emergencia⁹ que permitió al presidente atribuirse superpoderes, de la mano de los cuales efectuó una reforma fiscal que, para algunos analistas, supuso un beneficio para las provincias, mientras para otros erosionó el federalismo y otorgó al presidente un fuerte control sobre las gobernaciones provinciales (Novaro, 2011: 299; Ollier, 2015: 70; Quiroga, 2010: 73-100). La preponderancia de los usos simplificadores y negativos del concepto de decisionismo fundamenta también muchos de los diagnósticos de falta de republicanismo hacia los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y su propuesta de apuntalamiento del modelo a través de una “sintonía fina” (García Delgado, 2014: 15; Natalucci, 2018: 39). La animosidad entre su gobierno y el Poder Judicial a partir de la judicialización de la Ley de Medios contribuyó a afianzar estos diagnósticos, profundizados posteriormente por el proyecto de reforma judicial (Gargarella, 2011; Ollier, 2015: 82), si bien ambas iniciativas legislativas han sido también interpretadas como medidas de profundización de las dimensiones liberal y republicana de la democracia argentina (Muraca, 2016).
Un rasgo decisivo de los gobiernos kirchneristas fue su retórica anatemizante, así como la constante y dinámica antagonización con distintos actores: los medios de comunicación, el sector agropecuario, los Estados Unidos y el FMI se encuentran entre los más destacados. Este enfrentamiento contra el imperialismo y las corporaciones fue interpretado por algunos autores como una actitud profundamente republicana y democrática (Rinesi, 2011; Rodríguez, 2011). Sin embargo, otros lo consideraron una modalidad dañina para el pluralismo liberal y un rasgo saliente de populismo (Ollier, 2015: 67).
Morresi denomina “consenso institucional republicano” (2010: 41) al acuerdo entre el conjunto de políticos de profesión e intelectuales de las ciencias sociales que han señalado esa tendencia a la confrontación y al decisionismo –también llamado hegemonismo (Botana, 2006)– como un déficit de republicanismo. En sus palabras,
el problema actual, de acuerdo con los participantes del “consenso institucional republicano”, parece ser que la Argentina nunca ha terminado de andar el camino señalado por Alberdi, no ha llegado a la república verdadera. La república ideal se ha perdido de vista y con ella, es la Argentina la que se ha extraviado. A la pregunta de por qué la Argentina no es hoy lo que soñó la dirigencia de comienzos del siglo XX habría que responder, entonces, de manera lapidaria: porque se continúa persistiendo en la república posible (y a veces ni siquiera se la respeta), porque en la Argentina no se terminan de respetar las instituciones republicanas (Morresi, 2010: 47).

Los representantes del republicanismo institucionalista, sin embargo, no limitan su definición a la isión de poderes: también hacen énfasis en el rol de la ciudadanía y la construcción de una esfera pública activa en el apuntalamiento de la república. Desde la perspectiva de Botana, democracia y república se presentan en los ordenamientos políticos contemporáneos como una unidad: la democracia sin república no tiene punto de referencia, y la república sin democracia carece de contenido popular (2006: 18). En una evocación de la articulación conceptual propuesta durante la transición democrática, Botana reivindica el papel de la república como “reguladora del régimen” (2006: 16-17), a través de sus instituciones y los derechos que proclama. Asimismo, pone de relieve el papel necesariamente protagónico de la ciudadanía –entendida no solo como portadora de derechos sino también de obligaciones– para su vigencia y persistencia en el tiempo. El “consenso institucional republicano” coincide en que el kirchnerismo se encuentra lejos de cumplir con los requisitos mínimos de este tipo de republicanismo.¹⁰
Al igual que durante el menemismo, la relación entre peronismo y kirchnerismo y, más extensamente, la pregunta por la definición del kirchnerismo como fenómeno político constituyó otro eje articulador del debate intelectual, en el que el recurso al concepto de populismo y la discusión en torno a su contenido fue moneda corriente.¹¹ En efecto, para algunos intelectuales los rasgos decisionistas y hegemonistas del gobierno de Néstor Kirchner no son otra cosa que el síntoma de su inscripción en el peronismo (Botana, 2006; Quiroga, 2010), originariamente democrático, pero iliberal y antirepublicano (Muraca, 2016: 102). Sin embargo, las continuidades en términos de estilo de conducción política entre kirchnerismo y peronismo no son interpretadas peyorativamente por todos los académicos y académicas. A modo de ejemplo, para Cremonte, “la decisión caracteriza el estilo de conducción del presidente Kirchner” (2007: 416), y lo inscribe en el estilo de liderazgo del propio Perón. Cremonte se permite revertir la carga negativa que porta el concepto de democracia delegativa para afirmar que, durante el kirchnerismo, la centralidad del Estado y la mostración de la capacidad decisoria del presidente, que interviene hasta en las medidas más sencillas, generan un vínculo de confianza con la ciudadanía, superior para él a un vínculo “puramente institucional-republicano” (2007: 408-409). Para este autor, Kirchner recoge la lógica de construcción política del peronismo tradicional, pendulando alternativamente entre la institución y el conflicto, a través de la identificación de antagonistas sucesivos y la reivindicación del carácter fundacional de su gobierno. Rinesi y Vommaro (2007) coindicen con su diagnóstico, y ponen de relieve el modo en que el estilo de Kirchner acentúa los rasgos democráticos del presidencialismo argentino. Para estos académicos, la mencionada pendulación entre conflicto e institución hacen del kirchnerismo –y, más extensamente, del peronismo– un republicanismo popular.¹²
Desde el punto de vista de varios académicos y académicas identificables con el consenso institucionalista, el decisionismo y el hegemonismo de los gobiernos kirchneristas suponen una continuidad no solo respecto del peronismo en general sino también de la experiencia menemista. Por caso, desde el punto de vista de Iazzetta, menemismo y kirchnerismo comparten un mismo estilo de liderazgo y ejercicio del poder con orientaciones políticas ergentes (2007: 140-141). Ollier engloba estos posicionamientos, y afirma que la constitución de este tipo de liderazgos se explica íntegramente por su inscripción en el peronismo: “la identidad peronista probablemente sea una condición necesaria para que un presidente sea dominante” (2015: 85).
No obstante, el carácter decisionista del kirchnerismo no ha sido siempre interpretado de manera peyorativa. Flax, por su parte, se pregunta por el sentido teórico-político del decisionismo para distinguir las connotaciones positivas o negativas que el término porta, en función de la tradición de pensamiento en que se la inscriba (2011a: 175-184). En este sentido, el autor afirma que, mientras Menem aplicó un decisionismo “patrimonialista” –en la medida en que las reformas estructurales neoliberales no tenían carácter de necesidad–, el decisionismo kirchnerista fue transicional, ejercido en función de la necesidad de apuntalar un Estado y gobierno vapuleados por la crisis de 2001, y posteriormente abandonado en beneficio de prácticas democráticas y republicanas de profundización y expansión del horizonte de derechos (Flax, 2011b).
En esta línea interpretativa, para algunos académicos e intelectuales, peronismo y kirchnerismo se vinculan a partir del intervencionismo estatal y la continuidad del proceso de democratización que se iniciara durante la experiencia peronista, entendido en términos de expansión de derechos. Así, el kirchnerismo constituye una opción por la democracia sustantiva y la justicia social, que viene a poner en cuestión la hegemonía del neoliberalismo en la Argentina. En términos de Rinesi,
es posible, en efecto, sostener la idea de que el kirchnerismo pertenece a la historia de la experiencia peronista en el sentido más elemental y también más decisivo de que, como el peronismo que llamamos “clásico”, constituye un movimiento de defensa, promoción y expansión de derechos. Un movimiento de democratización, pues, de la vida colectiva, sostenido sobre el principio de la defensa de un conjunto de derechos que habían sido conculcados por el fanatismo neoliberal de la etapa precedente, e incluso de un conjunto de nuevos derechos (2011: 28).

Como se mencionó, desde esta perspectiva revisionista respecto del consenso republicano institucionalista, la institución de nuevos derechos, el recentramiento del Estado, la vinculación con la ciudadanía a través de la politización, entre otros rasgos, dan cuenta de que el kirchnerismo puede ser considerado un republicanismo. Es, en efecto, el fortalecimiento del Estado lo que posibilita la expansión del horizonte de derechos y, con ellos, de la libertad inidual y colectiva de los argentinos, en la medida en que, según la tradición republicana, solo se es libre en un Estado libre.
A partir de una revisión de autores clásicos de la filosofía política, este sector de la intelectualidad resitúa la virtud cívica dentro del campo semántico del republicanismo¹³, al tiempo que subraya el papel que juega el conflicto como dinamizador de la institucionalidad republicana, y pone así en cuestión el consensualismo que subyace a la definición institucionalista de la república. En efecto, aunque desde la transición democrática la república ha sido identificada, de manera preponderante, con su dimensión institucional –fundamentalmente la isión de poderes y el funcionamiento de la accountability horizontal–, el carácter instituyente del conflicto en las comunidades políticas ha sido menos atendido. Sin embargo, el neorrepublicanismo puso en el centro de la escena al pensamiento de Maquiavelo, y con él, al conflicto en su dimensión instituyente: es el litigio entre los humores del pueblo, entre los distintos sectores que componen la comunidad política, lo que actualiza de forma permanente la forma y contenido de ese mundo en común que es, necesariamente, contingente y conflictivo (Rinesi y Muraca, 2010: 66).
La definición de república que esboza Morresi, por su parte, contraviene el sentido atribuido a la relación entre república y democracia desde la transición: contra la afirmación de que no puede haber democracia sin república, el autor afirma que la relación entre estas tradiciones políticas es contingente y que, en todo caso, es la dimensión democrática la que ha de ser fortalecida, en la medida en que es el déficit en la accountability vertical el que impacta negativamente en el funcionamiento de la accountability horizontal.¹⁴ Aclara, no obstante que
[a]firmar que democracia y república no tengan una relación necesaria no implica, por supuesto, sostener que sean regímenes opuestos entre sí. Por el contrario, y tal como vienen afirmando distintos analistas políticos, democracia y república parecen haber encontrado una conjunción no exenta de virtudes en el marco de las sociedades liberales. (…) Ahora bien, si la tríada liberalismo-democracia-república no está plenamente desarrollada (o lo está de un modo defectuoso) en la Argentina de hoy, ¿cuál de los tres vértices del triángulo debería servirnos como punto de apoyo para realizar acciones tendientes a fortalecerlo? Es este punto en el fondo lo que se encuentra en discusión (Morresi, 2010: 51).
Existe un extendido consenso entre los académicos respecto de que el conflicto con “el campo”, a pocos meses de comenzada la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, marcó el origen de la desde entonces creciente polarización política en Argentina. Este episodio profundizó la isión entre los diagnósticos de déficit de republicanismo del gobierno y aquellos que identificaron en él rasgos eminentes de un republicanismo popular. Si la idea de que la democracia es apuntalada por las instituciones republicanas, que a su vez la protegen de sus propios desbordes o excesos, persiste como “una verdad” difícil de poner en cuestión, el revisionismo republicano resitúa el conflicto como una dimensión constitutiva del republicanismo democrático a partir de la experiencia de confrontación política y social desatada por la Resolución 125.
Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se refuerza la posición del consenso institucionalista republicano, representado políticamente en la fuerza PRO, originada, como el kirchnerismo, a partir de la crisis de 2001 (Natalucci, 2018: 32). Coincidimos con Natalucci (2018) y Vommaro (2017) en que, en la disputa discursiva por la hegemonía, la oposición al kirchnerismo se autorreivindicó como defensora de la república y la libertad, y retomó, así, algunos de los sentidos preponderantes en los años ochenta.¹⁵ A su tiempo, el kirchnerismo buscó inscribirse en la tradición nacional-popular y reivindicó el proceso de democratización desarrollado durante sus gobiernos y el fortalecimiento del Estado, que desde el arco opositor era interpretado como una intromisión desmedida en el ámbito de lo privado. Esta dicotomización se profundizó a partir de 2012 (Natalucci, 2018: 42), cuando comenzaron las protestas de ciudadanos “autoconvocados” que, a partir del rechazo de medidas como los controles cambiarios y el proyecto de reforma de la justicia, darían progresiva forma y sustento al aglutinamiento de la oposición en el frente Cambiemos. La profundización de la polarización política actualiza la contraposición entre dos proyectos políticos antagónicos que, si desde los orígenes del ordenamiento político nacional eran nominados en la antinomia conceptual república-democracia –tendencialmente convergente desde la transición democrática– son ahora nombrados como la oposición entre republicanismo y populismo.

5. Conclusiones

Si pensamos en los usos más frecuentes de la república y la democracia que habitan el lenguaje político e intelectual, se impone tener presente la batalla muchas veces solapada pero perpetua entre las formaciones discursivas (Foucault, 1970: 72-73) que pretenden hegemonizar la escena política en función de los avatares del contexto social. A partir del recorrido histórico-conceptual e histórico-intelectual realizado, nos permitimos reafirmar la hipótesis que operó de hilo conductor en nuestra lectura: desde la transición, el concepto de democracia se ha convertido progresivamente en un motivo común a todas las tradiciones políticas nacionales –representadas tanto en el campo político como en el académico–, y los proyectos políticos antagónicos que otrora eran nominalizados en la antinomia conceptual república-democracia tienden a ser concebidos, a partir de la polarización política que se produce en el marco del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como república-populismo. El mencionado proceso de polarización política impactó de manera profunda en el debate del campo académico-intelectual, desde el cual se buscó inteligir dicho proceso y elaborar formas de comprenderlo, interpretarlo y nombrarlo. Si en los inicios del kirchnerismo persistió la identificación de república y democracia como conceptos políticos complementarios que se condensó con el retorno de la democracia durante el gobierno alfonsinista, las definiciones se complejizaron a medida que avanzó el gobierno kirchnerista y, fundamentalmente, a partir del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el sector agropecuario. Así, república y democracia aparecen en el período al que se circunscribe este artículo como un par conceptual tendencialmente convergente, en virtud de la consolidación de la democracia como forma de gobierno y como concepto político determinante del espacio de experiencia y el horizonte de expectativas de la política nacional. Sin embargo, la disputa entre los sentidos que dicha antinomia vehiculizaba se ha resignificado en la actual relación contrario-asimétrica entre democracia republicana o popular, esto es, entre los conceptos de república y populismo.
Los conceptos de república y democracia –así como el de populismo– tuvieron un rol central en la significación del proceso político en curso, en el cual las y los intelectuales argentinos buscaron incidir a través de su participación en el debate político, público y académico. Si bien el análisis de la incidencia mutua entre los campos político e intelectual (Bourdieu, 1991) excede los alcances del presente artículo, cabe preguntarse acerca del impacto efectivo y potencial que las elaboraciones conceptuales más recientes han tenido en los usos de los conceptos de república y democracia en el campo político y, más precisamente, hacia el interior de las tradiciones políticas. Si bien se observa que las intervenciones intelectuales tienden a seguir el ritmo de la agenda política pública, en lugar de marcar con sus innovaciones una nueva línea de discusión, las tradiciones políticas nacionales –por caso, el peronismo– se ven atravesadas por estas querellas por los lenguajes políticos que, como buscamos analizar en el recorrido de este artículo, se reabren en coyunturas políticas críticas y pretenden significar nada menos que modelos y proyectos de país en disputa.
Los conceptos de república y democracia comprenden conceptos políticos fundamentales a los que se recurre sistemáticamente para legitimar o deslegitimar experiencias y procesos políticos contemporáneos. Desde los orígenes mismos de la formación de nuestro Estado nacional, estos conceptos dan forma al horizonte de legitimidad de los gobiernos y son utilizados tanto para apuntalarlos como para ponerlos en cuestión, en una movilización de lenguajes políticos que, con una impronta nacional, se inscriben en tradiciones de larga data en el pensamiento occidental. En efecto, las tradiciones liberal, republicana y democrática presentan un carácter transversal, no sólo respecto del efectivo ordenamiento democrático de nuestro país, sino también de las tradiciones políticas nacionales, encarnadas en proyectos políticos concretos. Esto resulta parcialmente explicativo de la relación intrínseca entre los conceptos de república y democracia, así como de sus múltiples y, en ocasiones, contradictorios usos e inscripciones en los lenguajes políticos. Como señalara Lefort, “a través de todas sus metamorfosis, la república se ha hecho democrática, no tiene otra definición posible; la democracia misma es republicana, o bien deja de designar una sociedad política” (2007: 110).

Referencias

¹ Una relación conceptual contrario-asimétrica tiene lugar cuando se pondera el valor de un concepto en detrimento de otro, y esa valoración es realizada de manera unilateral (Koselleck, 1993: 205). Por caso, cuando se pondera la república en detrimento del populismo o la democracia. Los conceptos contrarios asimétricos pretenden ser clave de intelección del conjunto de la comunidad de hombres y mujeres; en este sentido, la frontera que delimitan puede dejar por fuera al concepto subordinado, que abarca “lo otro” de la propia comunidad de referencia: quien no es republicano, es populista; quien no es peronista, es antipueblo. No obstante, Koselleck señala que, en algunos casos, los conceptos contrario-asimétricos no se excluyen mutuamente, sino que se coordinan espacial y temporalmente, en una articulación de un espacio de experiencia y un horizonte de expectativas particular: nos encontramos entonces frente a antinomias convergentes.

² Se trata de considerar no solo el contexto histórico social, sino también la red de conceptos que se articulan en torno al concepto fundamental o a la diada conceptual en cuestión, lo que permite minimizar posibles anacronismos, tanto en la adjudicación retrospectiva como prospectiva de sentidos erróneos. En este sentido, la selección de los materiales resulta fundamental en el ejercicio del control semántico (Koselleck, 2012: 47-48).

³ En efecto, Koselleck busca llamar la atención respecto de la familiaridad que portan los conceptos modernos en nuestra cotidianeidad, y la necesidad de problematizarlos para asir su complejidad histórica: “el efecto de extrañamiento que provoca la experiencia pasada podrá servir entonces para la concientización del presente, que de la clarificación de la historia lleva a la aclaración de la política” (Koselleck, 2009: 99).

⁴ Ver especialmente los artículos “Notas para el estudio de procesos de democratización política a partir del estado burocrático autoritario” y “Democracia en la Argentina. Micro y macro”, en O’Donnell, [1997] 2017.

⁵ “Aunque Alfonsín concebía todo su planteo en términos de la construcción de un sistema democrático, en sentido estricto su invectiva se dirigía precisamente contra los elementos democráticos inherentes a la lógica populista que había caracterizado la conformación de las principales identidades políticas argentinas a lo largo del siglo XX. La deliberación, el diálogo, el pluralismo y el respeto de las minorías por los que se aboga incesantemente en los discursos de aquellos años son elementos básicamente republicanos y liberales, pero no democráticos. Elementos que paradójicamente ‘confrontaban’ con arraigadas tradiciones de la vida pública nacional” (Aboy Carlés, 2010: 76).

⁶ Así denominado, a pesar de su déficit institucional, por haberse ungido a partir del primer traspaso de mando entre los principales partidos políticos nacionales en la historia argentina y, en términos de Quiroga (2005: 100), por haber completado dos procesos que el alfonsinismo dejó sin resolver: la subordinación total de las Fuerzas Armadas al poder civil, y las reformas estructurales de la economía.

⁷ Este concepto emerge en paralelo al de “neopopulismo”, y propicia un extenso debate acerca de los alcances y la eficacia de cada uno para dar cuenta de los gobiernos de fin de siglo en América Latina.

⁸ En sus palabras: “La democracia delegativa no es ajena a la tradición democrática. En realidad es más democrática, pero menos liberal, que la democracia representativa. La DD es fuertemente mayoritaria. Consiste en producir, por medio de elecciones limpias, una mayoría que autoriza a alguien a convertirse, por cierto número de años, en la exclusiva corporización e intérprete de los más altos intereses de la nación” (O’Donnell, [1997] 2017: 322).

⁹ Declarado por Duhalde en 2002 y prorrogado por decreto hasta 2009, la prolongación de este estado más allá de la coyuntura específica posterior a 2001 es lo que conduce a Quiroga (2010) a referirse a una Argentina “en emergencia permanente”.

¹⁰ Hacia el final del kirchnerismo, Rosler (2016) realizó una revisión del republicanismo clásico desde el punto de vista de la filosofía analítica, donde recuperó la densidad de la tradición a partir del trabajo arqueológico e histórico-conceptual sobre los conceptos centrales de libertad, virtud, debate, ley, patria y cesarismo. Su libro sintetiza y complejiza el punto de vista del consenso republicano institucionalista, profundiza el énfasis sobre el rol de la ciudadanía en la república y la amenaza que la figura del uno supone para la estructura republicana.

¹¹ La pregunta por la definición del fenómeno derivó en la cuestión no menos compleja de si se trata de un populismo o no.

¹² En su libro El peronismo republicano (2015), Gaude plantea la posibilidad de concebir al peronismo como un republicanismo popular sustentado en la noción neorepublicana de libertad, a partir del rastreo de la presencia de motivos republicanos en las intervenciones parlamentarias de John William Cooke. Al poner en cuestión buena parte del sentido común que subyace a la comprensión de la democracia argentina, Gaude hace del antiliberalismo históricamente adjudicado al peronismo el fundamento de su republicanismo.

¹³ “[E]s importante recordar que este sentido de república, cercano a la tradición liberal es históricamente contingente y no es el único que reivindican todos los que se definieron y definen como filosófica e ideológicamente republicanos. En tal sentido, todavía persiste en la tradición política republicana una idea clásica que reivindica la virtud cívica, entendida como compromiso, participación y disfrute de la actividad política por parte de los ciudadanos” (Rodríguez, 2011: 113).

¹⁴ La estructura actual de los partidos políticos, la recurrencia a prácticas contramayoritarias, la separación entre poder popular y poder estatal y las negociaciones entre la clase política son varios de los argumentos que esgrime el autor en este sentido.

¹⁵ “La reactivación del imaginario construido durante los 80 a partir del proceso de transición democrática donde habían cobrado relevancia formas políticas asociadas a un vocabulario liberal-republicano, que propiciaban la movilización callejera pero encauzándola hacia la actuación institucional” (Natalucci, 2018: 47).

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Enviado: 19/05/2021.
Aceptado: 06/12/2021.