Introducción

Con la restauración democrática y desde mediados de los años ochenta del siglo XX, en Argentina se desarmó el vínculo organizado en torno a la condición obrera y la identificación política de clase. Esto impactó en la mayoría de las organizaciones sindicales y, en particular, en el sindicalismo peronista. Sin embargo, cabe destacar que en este período las respuestas sindicales a las políticas inspiradas en el neoliberalismo no fueron uniformes, y se observó la constitución de nuevos agrupamientos sindicales que se opusieron a estas respuestas. En efecto, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), creados en 1992 y 1994 respectivamente, fueron los principales agrupamientos sindicales de confrontación con el peronismo y, asimismo, con iniciativas estatales inspiradas en el neoliberalismo.

Este trabajo tiene dos propósitos. Por un lado, busca describir dos procesos políticos que convergieron en la constitución de estos agrupamientos sindicales: la desarticulación entre partido peronista y sindicalismo peronista y el viraje ideológico de aquel en su inflexión neoliberal. Por otro lado, se propone explicar el accionar político de los agrupamientos sindicales seleccionados. De acuerdo con esto, el principal argumento que se desarrolla aquí consiste en que el accionar político de los agrupamientos sindicales analizados debe interpretarse en términos de una acción política “expresiva”, que obedeció al tipo de conformación de los agrupamientos y, también, al carácter efímero y táctico de las alianzas que realizaron. Asimismo, la hipótesis principal que se sostiene explica el modo en que actúa el actor sindical por las culturas políticas que se forjaron al calor de la protesta, por el peso del sindicalismo en el régimen político y por la persistencia de los arreglos institucionales forjados entre el Estado y los sindicatos.

La desarticulación entre peronismo y sindicalismo peronista

Con las primeras elecciones democráticas en Argentina, en 1983, el sindicalismo se había convertido en la “columna vertebral” del peronismo. Esto, en términos generales, significaba que la misión del movimiento obrero a través de sus organizaciones era mantener viva esta identidad política, mientras que le estaba vedado liderar o conducir el movimiento. En efecto, la idea de columna vertebral se hacía visible en el aporte proveniente de las arcas sindicales para las campañas electorales, en el armado de las listas de candidatos en las sedes gremiales y en la movilización de votantes por parte de las redes de militantes obreros, que, a su vez, establecían los contactos de los dirigentes de las 62 Organizaciones con la Iglesia, los mandos militares y las corporaciones económicas (^{Torre, 2004}).

La gravitación sindical en el partido justicialista fue notoria en las primeras elecciones de la restauración democrática en 1983. La figura política de Lorenzo Miguel fue indudablemente emblemática. En ese momento, este líder sindical conducía la Unión Obrera Metalúrgica, las 62 Organizaciones Peronistas y, también, ejercía la vicepresidencia del partido. Con ello, acumulaba suficiente poder como para determinar la orientación política e ideológica de la organización. Lo cierto fue que la derrota del partido justicialista a manos del partido radical en esas elecciones constituyó un suceso histórico, que quebró el predominio político del peronismo sobre la UCR. La responsabilidad política de la derrota partidaria fue adjudicada a los líderes sindicales. De ahí que el posterior avance político de la “corriente renovadora” en el partido justicialista tendría resultados exitosos en 1987, momento en el que se plasmaron las modificaciones en la Carta Orgánica y, a su vez, se consolidó la institucionalización partidaria, que había quedado inconclusa tras la muerte, en 1974, de su fundador, Juan Domingo Perón.

Cabe destacar que la principal orientación política de la corriente renovadora era “democratizar el partido”, lo que, en términos de práctica política, implicaba que las autoridades partidarias pasaban a ser elegidas por el voto directo de sus afiliados, y se rompía, así, el carácter corporativo de la organización. Los efectos de estas medidas políticas socavaron las bases mismas de la organización del peronismo. Esto, por un lado, implicó un importante marginamiento en el proceso de toma de decisiones políticas y en el porcentaje de cargos otorgados a los dirigentes de extracción sindical. Por otro lado, supuso las condiciones para que la impronta “movimientista” del partido mutara hasta desaparecer. En este sentido, la antigua división que la caracterizaba, organizada en torno a la rama política, la rama femenina y la rama sindical, presidida por la CGT¹ y las 62 Organizaciones Peronistas (^{Mustapic, 2002}; ^{Levitsky, 2005}) se fue desdibujó paulatinamente. En sus orígenes, estas tres fuerzas debían tener una participación equilibrada en el movimiento peronista. Sin embargo, no podía ocultarse la clara ventaja política del sector sindical, que, por dinámica propia, se encontraba mejor organizado que las otras expresiones políticas.

El viraje ideológico del peronismo

El viraje ideológico del peronismo se produjo bajo los gobiernos de Carlos Menem, entre 1989-1995 y 1995-1999. En particular, se dio durante los dos años iniciales de su primer mandato gubernamental. Claro está que este clima de ideas no era nuevo en el mundo ni en Argentina. De hecho, el conjunto de políticas inspiradas en el neoliberalismo que implementó velozmente Carlos Menem encontró su primer punto de inflexión en los gobiernos dictatoriales en 1976 (^{Falcón, 1993}). Lo notorio de este proceso fue que el peronismo se había originado a partir de propiciar el desarrollo industrial orientado al mercado interno, de promover una mayor participación de las clases populares en la distribución de la renta y de ampliar los derechos sociales bajo un sistema de protecciones atado a la condición salarial del trabajador. Durante la última década del siglo XX, modificó de forma radical los pilares de su construcción identitaria bajo el signo de la apertura comercial y la desregulación económica, la reforma del Estado y las privatizaciones de las empresas públicas. La transformación identitaria se libraba en un marco conflictual en el que el peronismo aplicaba políticas neoliberales.

Esta nueva orientación de las iniciativas estatales cambió las condiciones políticas en las que se desenvolvía la acción sindical. Una evidencia fue la modificación que experimentó el mercado de trabajo. Así, la demanda de puestos de trabajo se contrajo abruptamente y Argentina pasó de un desempleo del 6% en 1989 al 12% en 1994 (^{Pok, 1997}). De este modo, el modelo político inclusivo hacia la ciudadanía y la promoción de un Estado que falle en favor de los trabajadores ya eran parte del pasado.

Estas iniciativas estatales y las transformaciones de las identidades políticas constituyeron el telón de fondo sobre el que se erigieron dos agrupamientos sindicales, la CTA y el MTA. Estos actores constituyeron desprendimientos del peronismo. Sin embargo, es posible observar que la cultura política que anida en cada agrupamiento difiere en sus principios estructurantes. Lo que los acercaba fue, sin dudas, la diferencia que mantuvieron con un peronismo que implementaba políticas neoliberales durante la década de 1990 del siglo. Lo que los alejaba fue la concepción respecto de cómo introducir cambios en la sociedad, es decir, el papel del sindicalismo y su vinculación con el Estado y el peronismo. En esta dirección, hay que destacar que el MTA quería generar un recambio de autoridades en la CGT y hacia el interior del peronismo, mientras que la CTA pretendía constituir algo nuevo.

Desprendimientos del peronismo, entre lo nuevo de la CTA y lo persistente del MTA

Luego de dos años del primer gobierno de Carlos Menem y en plena consolidación del viraje ideológico del partido justicialista hacia una orientación neoliberal, la constitución de nuevos agrupamientos sindicales se aceleró. En este sentido, la organización gremial Asociación de Trabajadores del Estado, conducida por Víctor De Gennaro², coordinó acciones políticas con un grupo de peronistas opositores, como fue el Grupo de los ocho, un bloque de diputados que accedió al parlamento integrando las listas electorales del partido justicialista³ y que, en vista del viraje ideológico del gobierno liderado por Carlos Menem, conformó un bloque parlamentario propio y en oposición a las políticas impulsadas por el oficialismo.

En este contexto político, signado por el viraje ideológico del peronismo hacia políticas neoliberales, se conformó el Congreso de los Trabajadores Argentinos, que en 1997 pasó a denominarse Central de los Trabajadores Argentinos. Si bien es cierto que se trató de un desprendimiento conformado por integrantes del peronismo, los rasgos identitarios que lo caracterizaron fueron ciertamente novedosos en la cultura política sindical. En primer lugar, fue un sector del sindicalismo que se planteó nuevas prácticas políticas, al entender que la vía de renovación política por dentro del peronismo se encontraba agotada. En segundo lugar, apostó a constituir una nueva estructura sindical basada en los principios de autonomía sindical respecto del Estado y de los partidos políticos. En tercer lugar, se propuso la democracia sindical en base al voto directo de las autoridades por parte de los afiliados. En cuarto lugar, fue el primer agrupamiento sindical que intentó organizar políticamente a los “trabajadores desocupados”, sean jubilados o desempleados. En quinto lugar, esta central permitió la afiliación directa de los trabajadores, sin necesidad de que el sindicato estuviera enrolado en la CTA. Finalmente, la CTA solicitó al Estado el reconocimiento en tanto central sindical, es decir, personería gremial, que hasta la actualidad no fue otorgada.

El Movimiento de los Trabajadores Argentinos, lejos de proponerse como una construcción política nueva, entendía que era necesaria una renovación política tanto en la CGT como en el partido peronista. Constituido en 1994, bajo el liderazgo de Hugo Moyano, del sindicato de Camioneros, y de Juan Manuel Palacios, del gremio Unión Tranviarios Automotor, estuvo integrado también por el gremio de Marítimos, la Fraternidad y Aeronavegantes. Este agrupamiento reconoce como principal rasgo identitario el hecho de adherir al “primer peronismo” o “peronismo histórico”. En este sentido, entendió que la principal función del Estado era la de intervenir en las relaciones económicas, con la promoción del empleo y la orientación del desarrollo hacia el mercado interno. En lo que respecta al conflicto entre el “capital” y el “trabajo”, el papel del Estado radicaba en defender a los trabajadores, con lo cual se pregonaba un “Estado fuerte”. En este sentido, las políticas implementadas por Carlos Menem representaban lo opuesto a lo que consideraban un modelo político “nacional y popular”. De este modo, lo que animaba a este agrupamiento era la confrontación con la conducción de la CGT y la oposición a la política socioeconómica del gobierno. Posteriormente, en 1999 este agrupamiento pasaría a denominarse CGT-rebelde o disidente, bajo el gobierno de la Alianza por la Educación, el Trabajo y la Justicia, encabezado por Fernando de la Rúa, de la UCR, y secundado por Carlos Álvarez, del Frente para un País Solidario. Cabe destacar que el poder de este agrupamiento radicó en que tenía la capacidad de controlar todo lo vinculado a transporte, ya sea de pasajeros como de los insumos para la producción. La primera cuestión hacía que el paro sea efectivo, mientras que la segunda lo convertía en un problema económico. Su combinación aumentaba el impacto social.

Iniciativas estatales y el repertorio de protestas

Las transformaciones estructurales introducidas por Carlos Menem en el régimen de acumulación económica fueron acompañadas por políticas y una regulación laboral orientadas a flexibilizar las condiciones de empleo de la mano de obra y la privatización de la seguridad social. Así, en 1991 se aprobó la Ley Nacional de Empleo, Ley 24013, que introdujo nuevas modalidades de contratación -temporaria, período de prueba del trabajador, contrato por aprendizaje, entre otras-, lo que provocó una precarización de la mano de obra y, particularmente, el agotamiento de la hegemonía de la figura contractual por “tiempo indeterminado”. También se promulgó la Ley de Accidentes de Trabajo, Ley 24028/91, cuyo propósito principal fue el de reducir los costos empresarios para asegurar a los trabajadores por accidentes laborales. Ese mismo año, vía decreto, se restringieron los aumentos salariales mediante la condición de que sean por productividad y, también, se limitó la actividad huelguística, que era posible solo para los servicios y actividades económicas consideradas “esenciales”. En 1993, se reformó el sistema jubilatorio, con la Ley 24241, que abrió las puertas al sector privado para administrar los Fondos de Pensión y Jubilación (AFJP). Estas reformas se impulsaron bajo la división de la CGT, que se reunificaría⁴ en 1992, en un contexto de fortaleza política de Carlos Menem en la sociedad en general y en tanto líder indiscutido del peronismo en particular. Esta fortaleza se expresó en su estilo político y en el modo de implementar el “ajuste estructural”. En este sentido, Menem utilizaba las siguientes metáforas: “cirugía mayor sin anestesia”; “ramal que para ramal que cierra”; “vuelo sin paracaídas”.

En este escenario, se iniciaron las acciones de confrontación a las políticas neoliberales. En 1993, la CTA realizó su primera intervención de relevancia en el espacio público, al oponerse a la privatización de los fondos de jubilaciones y pensiones, lo que le valdría de ensayo para lo que posteriormente fue la Marcha Federal en 1994 y la Carpa Blanca en 1997. Así, la primera intervención política, en 1993, consistió en reunir un millón de firmas ciudadanas, lo que contó con el apoyo de partidos políticos nítidamente opositores -Frente Grande y Partido Socialista- y de fracciones o corrientes internas de la Unión Cívica Radical. Para los referentes de la CTA se cumplieron tres objetivos. Por un lado, se logró la participación ciudadana en la esfera pública mediante la convocatoria al plebiscito; por otro lado, se referenció como un polo de oposición al neoliberalismo; y finalmente, se aglutinaron expresiones políticas opositoras al peronismo.

La iniciativa de la “Marcha Federal”, realizada en julio de 1994, constituyó una de las principales protestas realizadas por la CTA y MTA y, también, una demostración de fuerza política en la que convergieron partidos políticos opositores, así como también nuevas identidades políticas, como la Corriente Clasista y Combativa, organización piquetera. Esta acción política se mantuvo durante diez días, en los cuales diferentes columnas de distintas regiones del país convergieron en Capital Federal, Buenos Aires, con alrededor de 50.000 personas. Además de la CTA y el MTA, participaron de la convocatoria partidos políticos opositores -Unión Cívica Radical, Frente Grande, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Obrero, entre otros- y también organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles y sociales. Un mes después, el 2 de agosto de 1994, la CTA y MTA convocaron a un paro de 24 horas contra la reducción de las asignaciones familiares. Esta medida también recibió el apoyo de partidos políticos y organizaciones piqueteras, de Derechos Humanos y estudiantiles. Cabe destacar que el acatamiento a la huelga fue parcial, con mayor adhesión en el interior del país.

Durante el segundo mandato gubernamental de Carlos Menem (1995-1999), las acciones políticas más relevantes fueron las relativas a la Carpa Blanca.⁵ Así, el 2 de abril de 1997, el gremio docente, CTERA, organizó una protesta que consistió en instalar una carpa blanca frente al Poder Legislativo de la Nación. Esta protesta recién se levantó con el gobierno de De la Rúa, a comienzos del año 2000. Se peticionaba financiamiento educativo y aumento de salarios de los docentes. La continuidad de esta medida de fuerza pudo mantenerse gracias a la logística y colaboración de las centrales sindicales opositoras y la presencia de partidos políticos opositores, entre otros. Como pudo observarse, la Carpa Blanca se constituyó en un símbolo de la protesta frente al modelo neoliberal, y superó ampliamente el reclamo sectorial que la había originado. Recibió el apoyo de la CTA, de partidos políticos opositores y de organizaciones estudiantiles.

La Carpa Blanca se inició en un año que implicó un punto de inflexión en el destino político de Carlos Menem en tanto líder del peronismo. Desde 1995 en adelante, las consecuencias sociales de las transformaciones económicas ya eran evidentes. Además, la llamada crisis mexicana, “efecto tequila”, colaboró con que la sociedad argentina comenzara a percibir que los problemas relativos al funcionamiento del mercado de trabajo no tenían un carácter transitorio sino, más bien, de largo plazo. Principalmente, eran problemas sociales que el menemismo había originado y a los que ya no podía dar respuesta política.

Cabe destacar que, en un contexto de profundas transformaciones políticas, no solo se constituyeron nuevos agrupamientos sindicales sino que, a su vez, se forjaron nuevas identidades políticas. La constitución de las organizaciones piqueteras debiera leerse como un producto de legados identitarios cuyos principales nutrientes fueron las culturas políticas existentes en el interior de la sociedad. Lo nuevo, es decir, el desocupado como actor político, se constituyó en un marco conflictual, al calor de la protesta social, en el que se puede observar una importante combinación de culturas políticas existentes en la sociedad argentina. Por un lado, la Federación de Tierra y Vivienda se corresponde con la tradición sindical; por el otro, la Corriente Clasista y Combativa se vinculó a las corrientes políticas más cercanas al clasismo; finalmente, otro abanico de organizaciones puede enrolarse en la tradición autonomista, como el Movimiento Teresa Rodríguez, la Coordinadora Aníbal Verón, el Frente Darío Santillán, entre otras (^{Svampa, 2008}). La constitución de organizaciones piqueteras confirmó el curso de las transformaciones que ocurrieron en el repertorio de la acción colectiva. Con mayor o menor incidencia, tanto la CTA como el MTA contribuyeron a que estos cambios se generaran y, asimismo, su actuación política estuvo influenciada por las modificaciones en curso.

En las elecciones legislativas nacionales de 1997, el justicialismo fue derrotado por primera vez durante esa década a manos de la alianza UCR-FREPASO. Concluidos los mandatos de gobierno de Carlos Menem y con el gobierno de la Alianza UCR-FREPASO, los agrupamientos sindicales detectaron una continuidad política en el gobierno nacional, cuando, en sentido estricto, Fernando de la Rúa fue elegido para generar cambios en la esfera política y en la orientación económica de la sociedad. Esto provocó diversas reacciones políticas, que deben leerse en el registro identitario de la acción contenciosa. Por un lado, el MTA se convirtió en la CGT-disidente y el líder camionero, Hugo Moyano, denunció el pago de sobornos económicos por parte de representantes del gobierno nacional hacia los senadores justicialistas. Por otro lado, la CTA recuperó su repertorio de acción contenciosa, con organización de lo que se conoció como el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO). Esta iniciativa consistió en una consulta popular, en la cual se convocaba a votar voluntariamente a la ciudadanía, con el objeto de instrumentar un seguro de empleo y formación para jefes de hogar desempleados. Sin embargo, la crisis política que comenzó en Argentina en diciembre de 2001 -y que constituyó un verdadero punto de inflexión para la implementación de políticas neoliberales- dejó en el olvido este fabuloso experimento político.

Conclusiones

Las acciones de resistencia sindical hacia las políticas inspiradas en el neoliberalismo provinieron desde afuera de la CGT. De todas maneras, esto no implicó que hayan sido las únicas acciones políticas de confrontación, ni los únicos actores políticos involucrados. La gravitación política de la CTA y el MTA radicó en el carácter expresivo de su accionar político. Se intentó “mostrar” en la esfera pública -plazas, calles y otros ámbitos- las diferencias políticas existentes en la sociedad respecto de un conjunto de iniciativas estatales. En efecto, la acción expresiva no pretende que la acción colectiva obtenga determinado resultado sino que, más bien, coloca el acento en la dimensión del impacto en el escenario político. Precisamente, este tipo de acciones se mide por las adhesiones y alianzas tácticas que genera y, también, por los temas o problemas que instala en la agenda política hacia el interior de la sociedad.

Claro está que las limitaciones políticas de las acciones expresivas son más que importantes. El gobierno nacional, en su estrategia política, estuvo siempre atento a las diferencias políticas que anidaban en cada uno de los agrupamientos sindicales y de las alianzas políticas que se generaban en cada coyuntura. La artificialidad de estas construcciones políticas fue capturada por el partido en el gobierno y, también, por la oposición política. En efecto, lo que quedaba al desnudo era que el horizonte y el destino político que compartían la Corriente Clasista y Combativa con el MTA y algún sector de la Unión Cívica Radical o el FREPASO no eran ni serían el mismo.