1. Introducción

Antes de comenzar nuestro trabajo, nos parece importante hacer algunas consideraciones iniciales. Por un lado, advertir que esta investigación se enmarca en el proyecto posdoctoral que realizamos desde el año 2019 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El mismo se desarrolla desde una perspectiva etnográfica donde el trabajo de campo resultó de vital importancia. Por otro lado, nuestra labor en la localidad de Pampa del Indio comenzó en el año 2011 -en el marco de la formación de grado y doctorado-, en la cual nos hemos dedicado al estudio de las relaciones sociales, económicas y políticas de los integrantes del pueblo qom, junto a organismos gubernamentales y no gubernamentales a partir de la implementación de proyectos de desarrollo, fundamentalmente a partir de financiamientos del Banco Mundial. En este sentido, el trabajo que aquí presentamos se centraré en la recopilación de información obtenida durante el periodo de tiempo que dedicamos a nuestro trabajo de campo (2011-2019). Por tanto, el presente artículo fue realizado a partir de la utilización de diversas técnicas como entrevistas en profundidad, observaciones participantes y análisis de fuentes primarias y secundarias, además de lecturas teóricas, entre otras. Nos interesa remarcar que los nombres de las personas entrevistadas, como de las fundaciones, fueron cambiadas para mantener el anonimato y preservar así la identidad de los actores con los que nos vinculamos en el territorio.

A partir de todo lo antedicho, el objetivo del presente artículo es el de analizar ciertas prácticas -muchas veces contradictorias- enmarcadas en el proyecto de desarrollo sostenible de Infraestructura Vial del Norte Grande 7991 AR, que ejecutan diferentes actores -que conforman e integran empresas nacionales, transnacionales, fundaciones y organismos gubernamentales, etc.-, en la localidad de Pampa del Indio de la provincia del Chaco. En este sentido, partiremos del análisis de documentos confeccionados por el Banco Mundial en los cuales explicitan que el propósito del proyecto es el de: “contribuir al desarrollo económico sostenible de la región Norte Grande” (^{[Perfil proyecto], 2010}). Frente a ello, buscaremos describir de qué manera las prácticas de desarrollo ‘sostenible’ que ejecutan sectores de la sociedad civil y económica se implementan, en algunos casos, en pos de aumentar la explotación y productividad empresarial en detrimento de la biodiversidad, -producto de la usurpación, desmontes y fumigación de los territorios- y la población local (^{García, 2007}; ^{Krapovickas, 2010; Trinelli et al., 2018).}

A continuación, nos interesa resaltar algunos conceptos que servirán para explicitar nuestro trabajo. En este sentido, tal como establece ^{Ferguson (1990)} los mecanismos que las agencias internacionales implementan consisten en una “ayuda económica” a partir de la cual dichos organismos construyen problemas y necesidades en las comunidades locales y generan políticas de intrusión, muchas veces dominadoras y colonizadoras en países que ellos mismos definen del “tercer mundo” (Escobar, 1998). Dichas agencias internacionales, como es el caso del Banco Mundial, a partir de su trabajo territorial, involucran a otros entes, empresas y fundaciones para trabajar en red con los grupos étnicos de la zona (^{Escobar, 2005}; ^{Kidd, 1995}). En esta misma línea, retomaremos a ^{Grillo (1997)} y ^{Lins Ribeiro y Escobar (2006)} para explicar que los proyectos de desarrollo, en muchas ocasiones, ejecutan y ponen en juego promesas de soluciones que no solo son inalcanzables, sino que profundizan los problemas preexistentes. ^{Esteva (2009)} afirma que en diversas ocasiones la población confía en los técnicos y funcionarios de las fundaciones, organismos gubernamentales o agencias internacionales, dado que presentan posibles soluciones y alternativas provechosas frente a una problemática social. Irónicamente, el autor agrega: “[...] el desarrollo promete enriquecimiento [...] no se puede confiar en las propias narices, hay que confiar en la de los expertos que lo llevarán a uno al desarrollo” ^(2009:2).

Durante los últimos años en la localidad de Pampa del Indio, en particular, y en el Chaco, en general, las políticas públicas y de desarrollo que se vienen planificando e implementando están vinculadas a la cuestión ecológica (^{Aguiar et al., 2018}; ^{Rudel y Meyfroidt, 2014}). Por un lado, tales políticas tienden a considerar problemáticas relacionadas a la pérdida de especies biológicas y la degradación del medio ambiente, y por el otro, se establecen como medidas necesarias en la agenda mundial (^{Krapovickas, 2016}; ^{Zarrilli, 2020}). ^{Svampa (2008)}, afirma que, tanto a nivel regional como global, durante el último periodo, hubo una transformación respecto a las temáticas y dimensiones vinculadas al desarrollo a partir de los cuales se incorporaron cuestiones ambientales, ya sea desde una perspectiva extractivista o, contrariamente, conservacionista. En este sentido, ciertos ambientes, como el monte chaqueño, se presentan como un banco de recursos económicos con un gran potencial productivo, el cual es apropiado y explotado por habitantes que ajenos a ese territorio. Según ^{Aguiar y otros autores}:

“Los incrementos en la demanda de alimentos, fibras y energía en los países desarrollados están siendo abastecidos a través de la expansión o la intensificación de la agricultura en regiones tropicales y subtropicales de países en desarrollo (…) Desde comienzos del siglo XXI, el Gran Chaco Sudamericano es una de las regiones del mundo donde más se han expandido la agricultura y la ganadería, lo cual hace de esta región un hotspot global de deforestación” ^{(2018: 401).}

Podemos decir que, en el mundo globalizado, el debate en los tiempos que corren gira en torno a la (in)sostenibilidad del planeta y los problemas ecológicos que ponen en peligro a la naturaleza, en general, y a los habitantes, en particular ^{(Santos, 2014)}. ^{Schmidt (2014)}, afirma que la incorporación de la categoría de sostenibilidad por parte de los sectores dominantes -como pueden ser el Estado, agencias internacionales o empresas-, se realiza como un esfuerzo para direccionar las demandas que provienen de los sectores dominados “vaciándolos de contenido político, reivindicativos y de las relaciones de poder implicadas” ^{(2014: 114)}. En este sentido, la autora afirma que, a partir de la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo en el año 1972, la cuestión ambiental se estableció en la agenda global de manera explícita y dio origen a la creación de una Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, donde se utilizó el concepto de sostenibilidad por primera vez. En palabras de Schmidt:

“Se introdujo una reinterpretación de la contradicción entre conservación y crecimiento: la conservación del ambiente, que antes se entendía como un obstáculo insalvable para el crecimiento ilimitado, pasó a ser un requisito más del progreso económico y el desarrollo (…) En esta línea argumentativa, se trataría de un maquillaje retórico del término, con el objetivo de ‘sostener el desarrollo’” ^(2014:13)

Ello permitió que el campo de acción se amplíe de manera tal que a partir de la incorporación del ambiente y su ‘sostenibilidad’ se ejecuten políticas tendientes a extraer más recursos y bienes comunes. Es en este marco de reapropiación de la naturaleza, que se instalan los proyectos de desarrollo sostenible a partir de los cuales lo “natural” es resignificado y se lo transforma en “sobrenatural” en pos de generar una racionalidad económica ^{(Leff, 2005:4)}. Esta fetichización de la naturaleza implica entender a las prácticas que inciden en ella desde un abordaje ‘conservacionista’. En palabras de Descola:

“Se transfiere el dominio cartesiano y la propiedad de la naturaleza a otro plano, un pequeño enclave en donde se alivia la culpa y la dominación paternalista eufemísticamente transmutan en la preservación protectora y la apreciación estética” ^(2003:91).

Es decir, se generan aparentes productos con calidad ambiental y de conservación que tienden a apropiarse de la naturaleza a partir de formas útiles (^{Leff, 2002}). Por ejemplo, ante cuestiones tales como el calentamiento global, los diversos actores implicados no realizan una crítica acerca de la degradación antrópica -producto de las actividades extractivistas- a la hora de definir a dichos procesos. En este sentido, tales sucesos son entendidos como ‘desastres’ o ‘fenómenos naturales’, como fue el caso de un diputado provincial chaqueño, quien luego de una inundación en la zona de Pampa del Indio en 2019, afirmó: “Cuando suceden desastres naturales, como los que vivimos en la provincia, queda en evidencia la falta presencia del Estado” (^{[PORTAL WEB: DATACHACO.COM], 2019}).

Cabe mencionar que las inundaciones que ocurrieron en Pampa del Indio se dieron a partir de diversos factores entre los que podemos mencionar, las deforestaciones del monte nativo (^{Bigliani y Bissio, 2011}), por un lado, y la construcción de un dique de contención del Rio Bermejo, por otro ^{(Informe SAMEEP, 2013)}. Asimismo, tanto los desmontes en Chaco, para expandir los cultivos de soja transgénica, como la construcción del dique, para utilizar el agua proveniente del Bermejo para los riegos de los campos cultivados, fueron auspiciados y avalados por diversos actores entre los que encontramos a organismos gubernamentales provinciales y nacionales (^{Castilla, 2017}; ²⁰²⁰; ^{Pilar et al., 2017}).

Esto último tiene sentido si analizamos cómo la reconversión de ecosistemas naturales se dio a partir de la intensificación y expansión de la frontera agrícola ganadera, en áreas pobladas por comunidades indígenas y de pequeños productores (^{Brac, 2017; Giarraca et al., 2010}; ^{Schmidt, 2019}). Aguiar junto a otros autores ⁽²⁰¹⁸⁾ afirman que, a comienzos del siglo XXI, el Gran Chaco Sudamericano, se transformó en una región tendiente a la deforestación para instalar cultivos anuales, como la soja, y campos para pastoreo de animales, principalmente ganado vacuno. Diversos autores (^{Aguiar et al., 2018}; ^{Vallejos et al., 2015}) afirman que durante la última década una de las provincias que mayor transformación del ambiente tuvo fue la del Chaco.

A continuación, desarrollaremos uno de los proyectos de financiamiento internacional implementado en la localidad aquí presentada, el cual se estableció a partir de la participación de empresarios nacionales y transnacionales, organismos gubernamentales, asociaciones civiles y fundaciones dispuestas a utilizar y explotar la naturaleza, el territorio y los bienes comunes (^{Constantino, 2016}).

2. Banco Mundial, programa puebles indígenas y empresarios en Pampa del Indio

La localidad de Pampa del Indio se encuentra al noroeste de la provincia del Chaco [Imagen 1]. Pertenece al departamento Libertador General José de San Martín, separado de la provincia de Formosa por el río Bermejo. La provincia del Chaco se ubica en la región del Nordeste Argentino (NEA) junto con las provincias de Formosa y Misiones. Pampa del Indio cuenta con una población total de 15 mil habitantes, según el último Censo realizado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el 2010 y cerca del 50% de la población pertenece al pueblo indígena qom -único pueblo originario de la localidad-.

Según este mismo informe, el proyecto se enmarcó en una estrategia del gobierno nacional para la reparación económica regional, dado que en la zona se presenta un alto porcentaje de integrantes de los pueblos indígenas y pequeños productores, con altos niveles de pobreza y marginación. Por otro lado, este proyecto buscaba solucionar los problemas del transporte interno de los productos agrícolas -como la soja, principalmente- en Argentina, ya que los mismos se presentaban como una dificultad que limitaba la potencialidad del mercado dado que las rutas deterioradas no solo imposibilitan la conexión de ciertas zonas, sino que además aumentan el tiempo y costos de los traslados ^{(Reboratti, 2010)}. Por lo que, a partir de este financiamiento, se buscó mejorar el acceso a esta región y sus producciones, así como la reducción de los costos y tiempos de traslado.

En este sentido, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Planificación, decidió realizar mejoras edilicias en la Ruta Provincial 3 (RP3 de aquí en adelante), que contiene el tramo Pampa del Indio-Villa Río Bermejito, con los fondos asignados por el Banco Mundial [Imagen 2]. La suma monetaria destinada a dicho trayecto fue de 240 millones de pesos que se ejecutaron luego de realizarse un informe ambiental y social en la zona, en la cual miembros del Ministerio nacional de Planificación relevaron el área a intervenir y a las comunidades que se verían afectadas. Cabe destacar, que el Banco Mundial, al adjudicar este tipo de financiamientos establece una salvaguarda donde especifica que al realizarse obras que atraviesen una zona habitada, debe trabajarse con dicha población en función de las problemáticas que tal obra pudiera ocasionar, durante o posteriormente a la ejecución de esta. A raíz de ello, dado que existen poblaciones indígenas que viven a los márgenes de la RP3 se implementó el Plan Pueblos Indígenas (PPI). La propuesta de este plan era asegurar que las obras de los programas de infraestructura vial incluyan medidas para evitar efectos adversos sobre las comunidades ^{(Documento de licitación, 2011).} Tal como establece el mismo Banco en su página web, a partir de estas salvaguardas se propone:

“Diseñar y ejecutar proyectos de manera que se fomente el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y la singularidad cultural de los pueblos indígenas y que éstos: a) reciban beneficios sociales y económicos culturalmente compatibles; y (b) no sufrir efectos adversos durante el proceso de desarrollo” (^{[Bank Policy], S/F}).

En el caso aquí presentado y en función de dicha salvaguarda el Banco Mundial contrató a la Fundación Noreste Argentino (de aquí en adelante Fundación NEA), que trabaja en la región desde la década de 1990. La Fundación NEA, fue contratada para llevar a cabo el PPI con la finalidad de garantizar una integración de los pueblos indígenas a partir de la realización de la mejora vial. La Fundación de origen italiana, está financiada por la Cooperación Italiana Nord Sud desde 1988 y por la Agencia de Naciones Unidas de la Comisión Europea, entre otras asociaciones y organizaciones que sustentan trabajos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta Fundación es una institución de la sociedad civil sin fines de lucro, que trabaja en la provincia de Formosa, Chaco y Salta y fue creada con el objetivo de promover el desarrollo de los pueblos del Gran Chaco, según sus documentos fundacionales. Entre estos se puede leer:

“La Fundación pretende apoyar el desarrollo de proyectos productivos que refuercen las actividades tradicionales propias de la población aborígenes y criollas (artesanías, apicultura, forestación, ganadería) enmarcándolas en la lógica del mercado, para que puedan llegar a generar ingresos continuos y mejorar las condiciones de vida de los productores en todos sus aspectos” (^{[Descripción Fundación], S.F)}.

Para ello, a partir de la implementación del PPI y desde la coordinación de la Fundación NEA se confeccionó un circuito turístico para que aquellas personas que transiten por la ruta N.º 3 “pudieran conocer las áreas donde habitan las poblaciones originarias, comprar sus artesanías, y pasar un día conociendo su cotidianidad junto a ellos”, tal como nos comentó una integrante de esta organización sin fines de lucro (Entrevista a Melisa de la Fundación Noreste Argentino, abril 2016).

Antes de continuar, nos parece relevante recordar lo mencionado anteriormente respecto a la finalidad que tenían las obras según los objetivos del Banco Mundial, las cuales buscaban garantizar la conexión de áreas de explotación agrícola, ganadera, forestal y turística con centros de comercialización a través de corredores nacionales e internacionales. En este sentido, en gran parte de la provincia del Chaco y en la localidad de Pampa del Indio, específicamente, estas explotaciones son motorizadas por el anillo productivo radicado en la zona ^{(Castilla, 2019)}. Es de destacar que, según el Censo Agropecuario del 2018, de las 6.676.017 hectáreas que existen en la provincia del Chaco, 6.131.442 están destinadas al uso agropecuario, ubicando a esta provincia como la cuarta con mayor producción de oleaginosa del país luego de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Asimismo, el Chaco es la sexta provincia con mayor cantidad de ganado bovino de Argentina. En la zona aquí presentada, tal como mencionamos anteriormente, existe un anillo productivo conformado por numerosos empresarios sojeros, ganaderos y forestales como UNITEC AGRO, Molino Ríos del Plata, Grupo Los Grobo, entre otras, que poseen numerosas hectáreas para los cultivos de transgénicos, como la soja, y la cría de ganado, principalmente ^{(Colla, 2020}; ^{Schaller, 1986}; ^{Zarzoli, 2016)}. Dichos empresarios forman parte del anillo productivo de la región e integran firmas de renombre como la Cámara Argentina de Biocombustible (CARBIO) -la cual es la mayor productora en Argentina y exportadora a mercados europeos y estadounidenses de Biodiesel- la Asociación Round Table Responsible Soy (RTRS) -que garantiza la producción, procesamiento y comercialización de la soja a nivel mundial a través de la creación de certificaciones que garantizan la aplicación de procesos ambientales sustentables- o Agrofina -firma presidida por el presidente del grupo Grobo que sintetiza y formula fitosanitarios, utilizados para combatir enfermedades que puedan tener los cultivos y exterminar la maleza que crezca a su alrededor-. Con lo antedicho, nos interesa remarcar que estos empresarios que poseen extensiones de tierras son dueños y/o integrantes de corporaciones que fabrican agroquímicos para utilizar en las producciones, además de ser quienes certifican los productos, los procesan y exportan a mercados internacionales. Es decir, frente a movimientos sociales y ambientalistas que exigen normas ecológicas con certificaciones verdes, estas empresas crean mecanismos de protección y certificación comercial que garantizarían una aparente calidad ambiental y de sustentabilidad de la naturaleza que les permite continuar explotando los territorios y bienes comunes desde un discurso de la sostenibilidad ^{(Schmidt, 2019)}. Ahora bien, dicho discurso -solventado con los mecanismos de crecimiento económico sustentable que se implementan en los territorios, queda sin efecto frente a la reducción de la flora y fauna y el calentamiento global, que se visibiliza en la región (^{Zarrilli, 2016}) y se hace palpable en escenarios donde las sequías, inundaciones, incendios y contaminación de suelos y agua, son parte de la agenda cotidiana que afecta a las poblaciones indígenas y de pequeños productores ^{(Doornbos, 2011).}

Es en este escenario productivo y con dichos actores del agronegocio que se implementa el proyecto Desarrollo Norte Grande y se ejecuta el Plan de Pueblos Indígenas a partir de la salvaguarda definida por el Banco Mundial. Según las palabras de Catalina, ex integrante del equipo que coordinó la implementación del proyecto, la salvaguarda que realiza el Banco Mundial es muchas veces ejecutada en pos de proteger los intereses del agronegocio y los organismos gubernamentales y no tanto el de garantizar la sustentabilidad de los territorios y sus habitantes:

“La asistencia de esta unidad, viene de los condicionamientos de los bancos para hacer los préstamos, no deriva de la intención de proteger el ambiente o los pueblos indígenas del área rural, más allá de lo que hace cualquier empresa de evitar que los rentistas ‘molesten’. Esto era más riguroso porque el Banco Mundial tiene salvaguardas muy fuertes y está por encima de temas sociales e indígenas” (Catalina, Coordinadora del proyecto DNG, marzo 2016).

En dicha entrevista, Catalina, sostuvo que la salvaguarda se genera para garantizar la implementación de los objetivos del proyecto estipulado y contener los posibles conflictos sociales y políticos que se desarrollen en los territorios vinculados a la demanda por las tierras comunitarias y bienes comunes y el respeto a la cultura étnica, por parte de sus habitantes originarios. En este sentido, la Fundación NEA -junto a diferentes fundaciones y asociaciones civiles (muchas de ellas presididas por los mismos empresarios que mencionamos anteriormente)- enmarcada en el Plan de Pueblos Indígenas implementó, a nivel local, el programa de El Futuro Está en el Monte (EFEM) para trabajar con esta población en la localidad de Pampa del Indio.

3. Salvaguarda y la implementación de un proyecto de desarrollo (in)sostenible

El Futuro Está en el Monte, es presentado por las fundaciones que lo integran -Fundación NEA, Artistas Nativos, Temaikén, Comida Lenta, entre otras- como una iniciativa productiva y sostenible para la región chaqueña a partir de diferentes objetivos: 1) La recuperación de saberes tradicionales de los pueblos indígenas; 2) el fortalecimiento de las comunidades indígenas a partir de la innovación tecnológica; y 3) la recuperación del ecosistema, entre otros. Según lo expuesto en la ^{página web de EFEM:}

“Cuidamos el monte, usamos lo que nos da, restauramos lo dañado (…) La pobreza y el medio ambiente tienen una relación circular. El deterioro ambiental profundiza la pobreza y la pobreza incrementa el deterioro ambiental(…) El Futuro está en el Monte promueve actividades orientados a la capacitación y educación ambiental de las comunidades locales a fin de generar una capacidad propia de defensa, preservación y manejo sustentable de los bosques que habitan, impulsando alternativas tecnológicas que tomen en cuenta los saberes tradicionales y que conserven los recursos forestales, incrementando las capacidades de gestión y producción sustentable de las comunidades” ^{([Página web: EFEM]).}

Dicho programa surge a partir de la unión y trabajo en red de fundaciones y asociaciones civiles que lo conforman. El mismo es considerado un espacio necesario para aumentar la competitividad de la producción de los pueblos étnicos, a partir de la generación de estrategias de marketing y la capacitación para que preserven sus territorios y bienes. En palabras de Andrea, técnica de la Fundación Noreste Argentino que integra EFEM:

“El objetivo de EFEM es generar una red de productores, negocios en red y lograr desarrollo desde el monte nativo y desde la revalorización de los saberes tradicionales que tienen los productores, las artesanas, pero sumando a ese rescate un poco de valor, (…) el objetivo de esto es acercar innovación tecnológica a las comunidades aisladas del Gran Chaco y favorecer la integración entre las comunidades. Es eso, negocio en red revalorizando el monte” (entrevista realizada en Pampa del Indio, abril 2016).

EFEM buscó, a partir de la capacitación y educación de las comunidades en cuestiones de ambiente, incrementar la gestión y producción comercial. Este es el caso de la Asociación Artistas Nativos -otra asociación que forma parte de EFEM- presidida por familiares del grupo Los Grobo -empresa que explota los territorios chaqueños-. Artistas Nativos se presenta como un colectivo que busca desarrollar sistemas de producción y consumo sustentable a partir de un trabajo en red. Entre sus integrantes se encuentran: diseñadores, inversores, comercializadores, entre otros. Ellos construyen una empresa que promueve la comercialización de la producción cultural de los pueblos indígenas. Tal como nos comentaba la presidenta:

“Nosotros trabajamos en distintos territorios, y nuestra propuesta es tratar de ser una distribuidora de productos de base cultural. Trabajamos en una red de redes. Para citarte un caso, trabajamos en el Chaco junto con la Fundación Nea, así como con el gobierno provincial, nacional, el Banco Mundial o el BID. Ellos han tenido mucha sensibilidad para escuchar cuales eran las necesidades y los ayudan.” (Florencia, presidenta de Artistas Nativos, noviembre 2016)

Según estos actores y los documentos antes citados la sostenibilidad de la naturaleza depende de los pueblos que habitan estos territorios, ya que son ellos los que en sus prácticas cotidianas -como son la caza, la pesca, la recolección y utilización de fibras y plantas silvestres, elaboración de artesanías, entre otros- deterioran el medioambiente. Ahora bien, en estos discursos no se realiza una crítica al mercado extractivista liderado por los empresarios radicados en esta región. En la misma entrevista Florencia explico las razones por las cuales existe la escasez de fibra de chaguar (utilizada para la confección de tejidos artesanales):

“El hecho de que ellos [los indígenas] decidieron plantar chaguar cerca de sus casas para hacer artesanías es importante. Antes tenían que ir a buscarlo al monte y como lo fueron usando mucho se fueron quedando sin y cada vez tenían que ir más lejos a buscar. El hecho de replantar en sus hogares mejoró la producción” (Entrevista realizada a Florencia, presidenta de la Fundación Artistas Nativos, noviembre 2016).

En este fragmento, Florencia ni siquiera se cuestiona que una posible falta de chaguar se |deba a que los montes -y su biodiversidad-, en su mayoría privatizados, deforestados y fumigados para las producciones agroganaderas, se hayan perdido producto de la implementación de modelos extractivistas ^{(Castilla, 2020)}. De modo contrario, Florencia afirma que la ausencia de chaguar se debe a un excesivo uso y consumo de las comunidades indígenas, lo cual resulta exagerado en un contexto donde los artesanos ni siquiera alcanzaban a vender sus productos a gran escala.

Otra Asociación que forma parte de EFEM y mantiene este discurso es Comida Lenta para la Biodiversidad, creada en 2003 en Italia (tal como la Fundación NEA, ambas tienen el mismo origen y reciben financiamientos de organismos internacionales en común). Comida Lenta fue conformada con el objetivo de promover proyectos de biodiversidad en el mundo, según establecen los integrantes de la Fundación NEA. Asimismo, Comida Lenta apela a los beneficios generados a partir del trabajo en agriculturas domésticas, el bienestar ambiental, el uso de semillas nativas (es decir, sin modificaciones genéticas), entre otros. Entre otras actividades coordinadas por esta asociación, se realizaron eventos que promovían el consumo de comida natural y las tradiciones locales de las comunidades indígenas. Para ello, en unos de los eventos realizados en la India e Italia, integrantes del pueblo qom de Pampa del Indio, fueron invitados para enseñar a los participantes las propiedades y la cocción de la algarroba (árbol nativo de la región que genera unas semillas utilizadas para la preparación de alimentos), así como las recetas tradicionales que la población indígena utiliza a la hora de consumir esta semilla autóctona. Silvana, integrante de una organización etnopolítica de Pampa del Indio que participó en tales encuentros nos comentaba lo siguiente:

“Nos invitaron y fuimos a Italia y a la India a mostrar cómo cocinamos con las plantas de acá. Usamos algarroba y harina para hacer comidas. Ahora no hay desde hace tres años porque el árbol no da semilla” (Silvina, integrante del pueblo qom, Pampa del Indio, agosto 2017).

Comida Lenta, tal como promulgan algunos de sus integrantes, se centra en promocionar la calidad de alimentos a partir de tres principios: que sea buena (haciendo referencia al sabor), limpia (en tanto su producción no perjudique al medio ambiente o a la salud animal y humana) y justa (en relación con el equilibrio en la oferta y la demanda comercial). Cabe mencionar, que este grupo promueven la comercialización de productos alimentarios autóctonos y ‘naturales’ en diferentes mercados, como en el ecoparque que tiene la fundación Temaikén en Escobar, provincia de Buenos Aires. Temaikén, presidida por el grupo liderado por Pérez Companc ^{(Carrasco, 2020),} es otra de las fundaciones que integra el programa de EFEM. Dicha fundación, trabaja en pos de “proteger la naturaleza, educando, investigando y conservando especies, ecosistemas y priorizando a los autóctonos” según establecen en su página web. Cabe destacar que dentro del proyecto DNG financiado por el Banco Mundial, uno de los requisitos era el de contar con equipos que sean responsables ambientales en las localidades donde se realicen las obras. Catalina, integrante del proyecto, nos daba su impresión al respecto:

“Así fue, la provincia peticiona el proyecto, el gobierno lo acepta o no, el banco aprueba o no, hay una licitación y las empresas tienen que contratar a los responsables ambientales y sociales para que estén en el campo, y que aparte se vinculen con los pueblos indígenas. Ósea hay que trabajar con actores que hagan esto, responsabilidad. El pliego lo elabora Norte Grande en Nación, lo que presenta la provincia es el impacto socio ambiental y cuando hay pueblos indígenas hay impacto. Ahí la Fundación NEA hace el trabajo técnico en el territorio, trae a los que trabajan ambiente y a otros. Yo supervisaba a ellos” (Catalina, integrante de DNG, marzo 2016).

En la provincia del Chaco se encuentra el Parque provincial de Pampa del Indio, que posee diversas especies de flora y fauna, en el que se pueden encontrar diferentes aves, animales como el tapir, especies vegetales autóctonas, entre otros. En este escenario, Temaikén se propone trabajar con las poblaciones indígenas locales dado que son ellos, según la misma fundación, los que ponen en peligro de extinción a estas especies, debido a la práctica realizada a través de la marisca (caza, recolección y pesca). Al respecto Fernando, empleado de Temaikén, nos cuenta sus impresiones sobre su participación en la localidad: “Ahí los capacitamos sobre el tapir, las comunidades saben que es importante que este el bicho y si queremos comerlo o cazarlo hay que hacerlo con cuidado” (Fernando, entrevista realizada en Temaikén octubre 2017). En este sentido, la fundación aparte del parque zoológico realiza diversos proyectos de conservación animal. Uno de ellos es la capacitación a actores locales donde los técnicos de la fundación enseñan a los pobladores los beneficios de cuidar las especies nativas a través de prácticas responsables de caza [Imagen 3].

Tal como vemos en este fragmento Temaikén se propone, según sus técnicos, trabajar en la educación ambiental, junto con los actores locales, en relación con los problemas que existen en los territorios para generar nuevas opciones y alcanzar un desarrollo sustentable.

Ahora bien, nos parece importante en este punto, retomar lo trabajado hasta ahora, ya que encontramos que gran parte de las propuestas derivadas de las políticas de desarrollo sostenible y sus salvaguardas son implementadas en los territorios -a través de programas como EFEM-, invisibilizando las problemáticas ambientales y culturales que generan los modelos extractivos que lideran los empresarios -e integrantes de las fundaciones- del anillo productivo. Retomando las palabras de Leff:

“A través de los mecanismos de desarrollo limpio se vienen introduciendo cambios en el uso del suelo y formas de cultivo (…) mediante el cual se pretende reducir las emisiones de gases y la aplicación de agroquímicos, al tiempo que se implantan cultivos transgénicos, cuyos riesgos ecológicos y a la salud están lejos de poder ser evaluados y cuantificados” (^{Leff, 2005:10}).

Como mencionamos al comienzo de este artículo, los beneficiarios del proyecto 7991AR ejecutado en la localidad aquí señalada y el programa EFEM implementado a partir de la salvaguarda que el Banco Mundial solicitó, son los mismos integrantes -en las fundaciones y empresas- que conforman el anillo productivo de la región. Es decir, los presidentes de las fundaciones son en la gran mayoría de los casos los empresarios que junto a otros ceos del agronegocio conforman los oligopolios que ya mencionamos, como CARBIO, RTRS, entre otras ^{(Castilla, 2019).} En este sentido, mientras que el programa de EFEM y las fundaciones que la integran promueve el uso sostenible de los bienes comunes y territorios entre las poblaciones indígenas locales, sus presidentes y socios comerciales son los dueños de las firmas que siembran transgénicos, fumigan y comercializan productos agroganaderos a costas del ambiente y la población chaqueña ^{(Gorenstein y Ortiz, 2016; Castilla, 2020)}.

Respecto a esto, en el año 2015 un periódico denunció al empresario y dueño de UNITEC AGRO por la contaminación del suelo y el agua con productos tóxicos en la localidad de Pampa del Indio. Esta nota, hizo referencia a un estudio realizado por un equipo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el cual detectó que:

“El 82% de los puntos de muestreo estaban contaminados y fuera de los límites definidos por el código alimentario argentino. Se detectó glifosato en el 56% de los puntos de muestreo analizados en la zona, uno de los cuales fue la sala de salud de Campo Medina, donde se determinó la contaminación no solo con glifosato, sino además con arsénico y metales pesados” ^{(Periódico La Vaca, 2015:2).}

Simona, enfermera de la posta sanitaria instalada en el salón comunitario de Pampa del Indio, nos explicaba:

“Últimamente los chicos tienen quistes en el cuerpo que es de las fumigaciones, pero también nos pasa que no tenemos plantas, no podemos tomar agua, no hay ni algarroba, se contamina todo” (Entrevista a Simona, agosto 2017).

Las consecuencias de la contaminación generada por el agronegocio no solo producen problemas en la salud de sus habitantes sino también en el ambiente. Esto sucede en la localidad de Pampa del Indio cotidianamente, donde las fundaciones niegan las denuncias realizadas por los indígenas y pequeños productores:

“Nos traen un proyecto de investigación que es conservar el tapir en esta zona y a simple vista parece que el estado de conservación del monte está en buen estado [...] además, no surge el tema de las privatizaciones o fumigaciones, no como denuncia ni intervención política, quizá lo mencionan, pero no lo denuncian” (Martín, empleado de la fundación Temaikén, octubre 2017).

Es decir, vemos cómo estas narrativas -que implementan los técnicos e integrantes de estas fundaciones- culpan a las comunidades locales y sus prácticas de las transformaciones ambientales y extinción de la biodiversidad, y niegan su propia responsabilidad al implementar proyectos (in)sustentables. Tal como analizamos hasta ahora, los empresarios del agronegocio que conforman el anillo productivo en la región no solo usurpan los territorios para la explotación agrícola ganadera ‘tradicional’, sino que también ponen en prácticas nuevas formas de apropiación de bienes comunes, mano de obra y conocimientos locales a partir de la reventa de artesanías nativas o la comercialización de productos y alimentos naturales. En este sentido, diversos actores, promueven -en un contexto mundial en el cual la sostenibilidad se inscribe en los movimientos sociales y ecologistas- el discurso del desarrollo sostenible promoviendo estrategias de apropiación que invisibilizan la explotación de la naturaleza y de los habitantes locales.

Ahora bien, las comunidades indígenas están ubicadas en el centro de estas políticas en la medida que sus identidades, cosmologías y practicas son objeto de dichos proyectos. La identidad étnica, es definida por estas fundaciones y organismos nacionales e internacionales, en muchos casos, como lo ‘original’ desde una perspectiva homogeneizante y cosificadora con fines meramente comerciales. En palabras de Baudrillard: “Lo radicalmente otro es intolerable: no puede ser exterminado, pero tampoco puede ser aceptado, de manera que tiene que promoverse al otro negociable. Es aquí donde empieza una forma más sutil de exterminio” ^(1997:133).

Aquí reside otra propuesta impulsada por El Futuro Está en el Monte, que en su afán de promover el desarrollo sustentable entre las comunidades indígenas gestó “una forma más sutil” de explotación: el turismo étnico. Tal como establece en sus objetivos que, mencionados al comienzo, se buscó “confeccionar un circuito de identificación de comunidades con fines turísticos y culturales” ^{([Unidad de Coordinación], S.F:7).}

Entre las diversas propuestas que ofrecen las fundaciones que integran EFEM, la finalidad es la de construir ámbitos y personajes atractivos para el turismo. Para ello la imagen de los integrantes de las comunidades indígenas y sus producciones fueron reconfiguradas por estos proyectos como un ‘otro’ atractivo -desde estrategias de marketing- para los turistas y los actores que buscan alternativas naturales y sustentables, tal como señaló ^{Baudrillard (1997)} en la cita antes mencionada.

El turismo, en los últimos años, se ha convertido en uno de los pilares más importantes para los organismos de financiamiento internacional y es una actividad masiva que ha demostrado ser económicamente rentable. Además, tiene la función de transformar la cotidianeidad en un producto económico, el cual genera que las condiciones materiales de existencia sean algo atractivo para los visitantes. Así, estos ‘otros’ son transformados a partir de un proceso de homogeneización y estereotipación. Tal como afirman ^{Dachary y Burne:}

“La búsqueda de naturaleza es como el paraíso perdido: en los países del primer mundo ya no existe la abundancia ni la diversidad, por ello sus habitantes vienen a estos países a verla, pero con la imagen falsa que es una especie de milagro por lo que la misma existe (…) como nuevos museos vivos o zoológicos donde todo se encuentra bajo control” (^{Dachary Y Burne, 2015:88).}

Entre las actividades turísticas que ofrece EFEM está el de visitar los pueblos, caminar por territorios sagrados, comprar artesanías, trabajar en la molienda de semillas junto a las cocineras indígenas, entre otras actividades que promocionan los integrantes de las fundaciones [imagen 4]. Es decir, no solo se comercializan los productos del agro, sino que también se ‘venden’ las identidades y saberes locales. En palabras de un ex empleado de la fundación Temaikén que entrevistamos:

“El turismo se establece como una estrategia de sustentabilidad [...] la conservación es de la naturaleza, pero también de los indígenas. Es una conservación remasterizada. Como una estrategia de marketing” (Ex empleado de Temaikén, octubre del 2017).

EFEM se inserta entre estas fundaciones como una opción a trabajar con las comunidades, a partir de una exotización de las mismas a través de una sustentabilidad y conservación remasterizada. En tal sentido, estos grupos, al tiempo que parecen reconocer las diferencias étnicas, desarrollan una serie de estrategias para reorganizarlas a partir de un discurso de equidad que solo profundiza las desigualdades y pugna a favor de la racionalidad económica de un mercado globalizado. Podemos observar la múltiple explotación que se produce desde estas políticas de desarrollo donde, por un lado, se apropian los recursos naturales dificultando la subsistencia de las comunidades étnicas y los pequeños productores (^{Rodríguez Mir, 2007).} Por otro lado, la explotación vinculada al turismo y la comercialización de las artesanías desde un discurso sostenible que busca exacerbar lo natural y lo autóctono negando las realidades y conflictos locales.

4. Reflexiones finales

Durante las últimas décadas del siglo XXI, el aumento de la producción de bienes y servicios y la explotación de la naturaleza se ha establecido y avanzado sobre territorios donde los principales afectados fueron las poblaciones indígenas y de pequeños productores. Esto fue el resultado de acciones donde primó el acaparamiento de las tierras, agua y culturas a manos de empresarios del agronegocio en connivencia con organismos gubernamentales e internacionales a partir de la implementación de proyectos de desarrollo.

Frente a ello, hemos intentado en este artículo analizar ciertas prácticas que ejecutaron diferentes actores -en la implementación del proyecto 7991AR financiado por el Banco Mundial- que conforman e integran las fundaciones, asociaciones, empresas y organismos gubernamentales en la localidad de Pampa del Indio, Provincia del Chaco. Hemos analizado en una primera instancia como el ambiente fue entendido como una fuente de recursos que, desde una perspectiva positivista, permitiría el desarrollo y el crecimiento económico ilimitado a partir de la capitalización de la naturaleza y las comunidades que la habitan. Desde un discurso de sustentabilidad, se han implementado políticas de desarrollo, que se ejecutan en los territorios simplificando los procesos sociales, históricos y naturales de la región. Los desmontes, las fumigaciones, la reconversión del ambiente y la pérdida de biodiversidad han sido invisibilizado por los integrantes que convergen en la implementación de tales proyectos y políticas.

Es decir, nos focalizamos en describir que las prácticas empleadas por los empresarios explotan el territorio para la producción y venta de alimentos, biocombustible y otros productos a partir del acaparamiento de la naturaleza, dejando como saldo impactos en los suelos, en el agua y en la salud de los integrantes de las comunidades indígenas y pequeños productores. También describimos como este escenario es invisibilizado por las fundaciones y asociaciones civiles que se vinculan directamente con esta población implementando programas que apelan a la construcción imaginaria de un ambiente sostenible. Esto no es casual luego de analizar los vínculos y conexiones que existen entre las fundaciones y las empresas nacionales y transnacionales, las cuales se encuentran conformadas -en gran parte- por los mismos integrantes.

Sosteniendo un discurso que culpabiliza y depende de la depredación indígena de los bienes comunes, dichos actores ejecutan políticas (in)sostenible desde una fetichización de la naturaleza y la cultura a partir de la cual se continúa explotando en el marco de una sociedad que exige consumir usos, costumbres y productos “naturales”. Es decir, por un lado, el Banco Mundial financia obras tendientes a aumentar la productividad y comercialización de productos del agro en una zona donde está radicado el anillo productivo que conforman los empresarios más importantes del país. Por otro lado, la misma agencia internacional, establece la necesidad de trabajar con la población local frente a las posibles afectaciones que puedan sufrir las mismas. Desde esta (in)sostenibilidad se implementan programas como EFEM que capacita a los indígenas para que preserven el monte en sus prácticas de caza mientras en realidad la frontera agrícola ganadera avanza.

A pesar de que las fundaciones construyen discursos donde afirman que el chaguar tiene que ser replantado en las casas de los integrantes de las comunidades porque usaron más de lo debido para confeccionar artesanías, la privatización de los montes y las fumigaciones extinguen todas las especies nativas, como es el caso de la algarroba, que hace años no da frutos. Lo mismo sucede con los animales, como el tapir, el cual no está en peligro por una caza irresponsable sino por las transformaciones ambientales del monte nativo.

Tal escenario ha generado, en gran parte, la reducción de la biodiversidad y la desintegración de diversas prácticas productivas y culturales de los pueblos indígenas y de pequeños productores, así como la reconfiguración de dichas identidades. La otredad se presenta como una alternativa económica factible de explotar en proyectos turísticos al tiempo que se la contiene de posibles manifestaciones frente a la explotación y usurpación territorial y cultural. A pesar de ello gran parte de estos colectivos, reafirman sus derechos y el control de sus territorios ancestrales, así como los recursos y significados naturales y culturales que les corresponden.