1. Introducción

Los estudios sobre empleo y mercados de trabajo y, en especial, los desarrollos con perspectiva de género destacan las dificultades actuales para la inclusión social a través del empleo formal y las desigualdades de género que se observan en este terreno. En América Latina, la brecha de participación en el mercado laboral entre varones y mujeres se encuentra entre las más altas del mundo. Si bien la tasa de actividad femenina de la Argentina es una de las más bajas de la región, su incremento ha sido sostenido: mientras que en 1990 ésta se ubicaba en el 36,8% (MTESS, 2018), actualmente es del 45% (ANSES, 2021).

No obstante, las desigualdades respecto de los varones continúan siendo significativas, pues la tasa de actividad de estos últimos alcanza el 65% (ANSES, 2021) y el aumento en la participación femenina no se condice con ocupaciones plenas. Por el contrario, en paralelo han aumentado la desocupación y la subocupación, así como el empleo no registrado. Más de la mitad de las mujeres ocupadas posee puestos de trabajo a tiempo parcial, lo que genera brechas de ingresos laborales con los varones^[2]. Sumado a esto, la presencia femenina en cargos de jefatura y dirección es menor que la de los varones. En contraposición, dos de cada tres mujeres ocupan puestos de baja calificación. Las mujeres también padecen una mayor tasa de empleo no registrado, principalmente por su excesiva representación en una serie limitada de sectores y ocupaciones. Entre éstas destaca el trabajo en casas particulares que, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo (^{OIT, 19/4/2021}), en Argentina abarca a más de 1.300.000 trabajadoras, de las cuales más de tres de cada cuatro se encuentran en una situación de informalidad.

La pandemia del COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la economía y el mercado laboral, las desigualdades existentes se profundizaron o reconfiguraron generando nuevas expresiones de viejos problemas. Hacia mayo de 2020, la OIT estimaba que en el mundo se habían perdido 305 millones de empleos. Los más afectados son quienes trabajan en la economía informal cuyo ingreso medio se estima se contrajo un 60% en el primer mes de la pandemia, generando un dramático incremento de la pobreza en el mundo (^{OIT, 2020}). En Argentina, la situación socioeconómica previa a la pandemia era ya compleja: una economía en crisis con un alto nivel de endeudamiento, inflación y caída de la actividad económica. En cuanto al mercado laboral, éste se caracterizaba por la fragmentación y precarización, junto a las fuertes desigualdades de género en cuanto a las brechas de participación laboral, ingresos y distribución de tareas productivas y reproductivas ^{(Hopp et al., 2020)}. Además, desde 2017, se observa un incremento sostenido de trabajadores/as bajo relaciones laborales precarias, principalmente monotributistas e independientes, o insertos en la economía informal ^{(Donza, 2019)}.

A pesar de las medidas de apoyo a la producción y el empleo y las políticas de sostenimiento de ingresos implementadas por el Gobierno Nacional ante la emergencia, entre febrero y mayo de 2020, se perdieron sólo en el sector de asalariados formales del empleo privado, 154.000 puestos de trabajo, la mayor caída desde 2002, vinculada a una baja sin precedentes de la actividad económica y del consumo. Al cierre del primer semestre de ese mismo año, el índice de pobreza se ubicó en el 40,9% (^{INDEC, 2020}).

En este contexto, el sector de las trabajadoras de casas particulares es uno de los más afectados. De acuerdo a los datos de la OIT (^{Lopez Mourelo, 2020}) esto se debe, por un lado, al perfil sociodemográfico de quienes desarrollan esta tarea y, por otro, a las condiciones de informalidad y desprotección. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dirigido a los sectores más vulnerables, así como la prohibición del despido han sido políticas fundamentales en el escenario de la pandemia (^{MTESS, 14/7/ 2020}).

En particular, una de cada cuatro trabajadoras domésticas se ocupa en tareas de asistencia y cuidado de personas. Desde el inicio de las medidas de aislamiento social, el trabajo de cuidados fue declarado esencial (^{DNU Nº 297/2020}). Esta situación permite la continuidad del trabajo, pero también supone una sobrecarga para las mujeres que han visto incrementadas las tareas del hogar y de atención de los propios familiares, debido al cierre de escuelas y espacios de cuidado infantil. Al mismo tiempo, las expone a un mayor riesgo de contagio del COVID-19, tanto por el trabajo directo con las personas, como por la necesidad de movilizarse en medios de transporte público para llegar a sus lugares de trabajo. La situación de informalidad que caracteriza a este sector implica la falta de acceso a una cobertura de salud adecuada y la imposibilidad de contar con licencias pagas en caso de contagio del COVID-19 en sus lugares de trabajo.

Sumado a esto, la pandemia ha puesto en el centro de la escena la crisis de cuidados a nivel global. Producto del proceso de envejecimiento poblacional, de la mayor participación laboral de las mujeres y de la destrucción de las redes sociales y los modelos de apoyo mutuo frente al crecimiento urbano y la gentrificación, nuestras sociedades se encuentran frente al imperativo de diseñar una organización social de los cuidados (^{Batthyány, 2020}; ^{Díaz Molina, Etxezarreta Etxarri y Larrañaga Sarriegui, 2018; Faur y Jelin, 2013}), que los desfamiliarice y desmercantilice (^{Pautassi y Zibecchi, 2010}). En esta línea, comenzó a funcionar en la Argentina la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado^[3] y, en noviembre de 2020, se realizó la primera reunión de la comisión redactora del anteproyecto de ley para crear un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género.

En este marco, nos interesa destacar dos elementos. En primer lugar, y si bien la esencialización de los roles de género debe ser problematizada, el trabajo doméstico y de cuidados se presenta como la alternativa laboral “femenina” paradigmática de los sectores populares. Desde esta perspectiva, se han implementado diversas políticas públicas que apuntan tanto a la regulación y protección como a la capacitación y profesionalización de quienes se dedican a esta tarea que aún cuenta con un débil reconocimiento social. Destaca en este sentido la Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, sancionada en el 2013, que, aun con importantes limitaciones, ofrece un marco regulatorio y de protección para estas trabajadoras. En segundo lugar, desde una diversidad de actores sociales, el cooperativismo y la economía social, solidaria y popular se ha ido delineando desde la práctica y la teoría como una respuesta colectiva a la problemática del trabajo de los sectores populares. También se ha señalado la centralidad de la organización colectiva para proveer cuidados, pues esta necesidad indispensable para la sostenibilidad de la vida no puede ser resuelta exclusivamente por vía mercantil y las políticas públicas disponibles no ofrecen respuestas adecuadas (^{Fernández Álvarez y Pacífico, 2016}; ^{Fournier, 2016}; ^{Rodríguez Enríquez, Partenio y Laterra, 2018}). Algunas investigaciones han indagado la ventaja de la opción cooperativa para los cuidados de personas adultas mayores (^{Díaz Molina, Etxezarreta Etxarri y Larrañaga Sarriegui, 2018}; ^{Freytes Frei et al., 2018}), mientras que otras han explorado la posibilidad de desarrollar experiencias cooperativas de cuidados para la primera infancia (^{Boronat Pont et al., 2020}).

Partiendo de estos señalamientos, el objetivo de este artículo es analizar la opción cooperativa para el trabajo de cuidados como estrategia de inserción sociolaboral de mujeres de sectores populares en Argentina. Este propósito resulta especialmente relevante en la actualidad por dos motivos. Por un lado, porque la pandemia del COVID-19 expone la particular situación y los desafíos que atraviesan las cooperativas de cuidados y sus trabajadoras, y demanda análisis para afrontar la postpandemia. Por el otro, porque nos encontramos en un momento histórico en el que comienza a debatirse en nuestro país la creación de un sistema integral de cuidados que prevé un proceso de instancias consultivas con múltiples actores sociales, entre los cuales el movimiento cooperativo parece ser el gran ausente^[4]. Para cumplimentar tal objetivo analizamos el caso de una cooperativa de cuidadoras de personas adultas mayores radicada en una ciudad de la costa de la provincia de Buenos Aires. El enfoque de análisis se centra en señalar los límites, las tensiones y las posibilidades de sostenibilidad de la opción cooperativa respecto de otras estrategias que se proponen como formas de inserción laboral novedosas –y superadoras del trabajo individual– orientadas a atender las problemáticas de empleo de las mujeres en la Argentina reciente^[5].

2. Claves teórico-metodológicas: consolidación y sostenibilidad de las cooperativas

El problema de la sostenibilidad ha sido abordado en la literatura sobre experiencias y prácticas de economía social y solidaria, planteando alternativas para pensar esta cuestión respecto de la mirada economicista dominante. En estos análisis, podemos distinguir dos visiones con énfasis diferentes. Por un lado, aquellas que señalan, desde una mirada compleja, la centralidad de la viabilidad de cada emprendimiento y el desarrollo de sus capacidades distintivas para competir e insertarse en el mercado (^{Gaiger, 2007}). Por otro, los estudios que destacan el carácter socioeconómico (^{Coraggio, 2006}; ^{Coraggio y Sabaté, 2006}) o plural (^{Vázquez, 2016}) de la sostenibilidad, en tanto ésta no depende exclusivamente del desempeño a nivel microeconómico de las cooperativas, sino de un complejo de vinculaciones con el entorno, de valores e instituciones propias y de la existencia de políticas públicas de distinto tipo que promuevan su expansión y desarrollo. En términos de ^{Hintze (2010)} se trata de la constitución de un sistema público de reproducción del trabajo autogestionado, que refiere a “la reproducción de la vida dentro y fuera de las organizaciones socioeconómicas, a la vez que a la reproducción de dichas organizaciones. Por lo tanto, también a la relación de esta forma de trabajo y quienes la llevan a cabo con el estado y la sociedad” (^{Hintze, 2010: 42}). Esta mirada implica pensar tanto las condiciones económicas y laborales como políticas, institucionales y culturales necesarias para el desarrollo y fortalecimiento del trabajo cooperativo y el reconocimiento de su aporte a la producción de riqueza y a la satisfacción de las necesidades sociales (^{Arancibia y Deux, 2007}; ^{Hopp, 2021}).

Considerando los debates desarrollados en este campo, para abordar los límites, las tensiones y las posibilidades de sostenibilidad de la opción cooperativa del trabajo de cuidados, utilizamos un diseño de investigación cualitativo basado en el estudio de caso instrumental (^{Stake, 2013}) de una cooperativa de servicios de cuidados localizada en una ciudad de la costa de la provincia de Buenos Aires, considerada un “polo gerontológico” a partir de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010. Optamos por mantener el anonimato de la cooperativa, la informante y las locaciones geográficas específicas. Al respecto, aunque el uso de nombres ficticios no garantiza el anonimato de los/as informantes, es la manera en que se puede asumir la responsabilidad autoral sin perjudicar a las personas que colaboran en la investigación.

Seleccionamos esta cooperativa de cuidados porque se trata de una experiencia consolidada que nos permitió observar las características y tensiones propias de la opción cooperativa, tratando de controlarlas respecto de otros problemas y situaciones vinculados con el inicio de la actividad económica y la experiencia asociativa. En línea con investigaciones previas sobre la sostenibilidad de las empresas recuperadas (^{Kasparian y Rebón, 2020}), entendemos la consolidación cooperativa en su dimensión económico-laboral y asociativa. Nos referimos a experiencias que alcanzan la continuidad productiva y crean puestos de trabajo con condiciones adecuadas, en el marco de la práctica asociativa y autogestionada. En concreto, respecto a la dimensión económico laboral, consideramos que una experiencia cooperativa se encuentra consolidada cuando i) presenta continuidad productiva no menor a dos años, ii) su colectivo laboral ha crecido desde el momento de la fundación, iii) los retiros equiparan o alcanzan niveles superiores al salario mínimo, vital y móvil, y iv) sus trabajadores/as registran aportes previsionales y acceso a cobertura de salud. En lo concerniente a la dimensión asociativa, las cooperativas consolidadas son aquellas que i) presentan autoridades electas y realizan asambleas, y ii) no tienen presencia de trabajadores no asociados.

Las técnicas utilizadas fueron la entrevista en profundidad y el análisis de fuentes documentales y estadísticas, tales como las normativas vinculadas con la promoción de cooperativas, la cuestión del cuidado y el trabajo en casas particulares, informes de organismos nacionales e internacionales, notas periodísticas, artículos científicos de especialistas en estas temáticas y vinculados con la situación y efectos socioeconómicas de la pandemia COVID-19, particularmente en el sector cooperativo, de la economía social y solidaria y del trabajo doméstico y de cuidado en casas particulares.

Realizamos dos entrevistas a una socia fundadora de la cooperativa. La primera, en diciembre de 2019, tuvo el objetivo de conocer los orígenes y principales características de la cooperativa respecto a las condiciones de trabajo y de prestación del servicio, las formas de organización política y gestión cooperativa, las articulaciones con el movimiento cooperativo y las diferencias respecto a otras formas de desarrollar el trabajo de cuidados. La segunda la efectuamos en el contexto de la pandemia del COVID-19 para relevar tanto sus impactos y los desafíos que plantea como las respuestas delineadas por la cooperativa. El análisis documental nos permitió reconstruir algunos aspectos vinculados con el modo y las condiciones en que la cooperativa que tomamos como caso de estudio se inserta en el mercado y puede constituirse en una alternativa laboral viable. También fue útil para abordar la institucionalidad de la economía social, las regulaciones y las protecciones sociales destinadas al sector cooperativo en general y a las cooperativas de cuidado en particular.

Una de las principales fortalezas de la estrategia del estudio de caso es que posibilita una comprensión detallada y contextual de los procesos sociales (^{Neiman y Quaranta, 2006}; ^{Stake, 2013}). Dado que el trabajo con casos empíricos instrumentales busca arribar a conclusiones con cierto grado de generalización analítica, nuestro enfoque propone trazar comparaciones con otras estrategias laborales que se presentan como alternativas no puramente individuales y novedosas para la inserción de mujeres de sectores populares en Argentina: la estrategia de negocios enfocada en la “base de la pirámide” que promueve el trabajo individual mediado por plataformas digitales y la estrategia estatal de promoción de cooperativas asistidas. Estos contrapuntos, junto con el análisis documental, permitirán insertar el caso en su ubicación histórica y contextual, y, de este modo, elaborar reflexiones que transciendan el caso individual. A continuación, realizamos una breve presentación de las dos estrategias mencionadas y, luego, analizamos el caso de estudio seleccionado que representa la estrategia cooperativa para el trabajo de cuidado.

3. Contrapuntos de la opción cooperativa para la inserción sociolaboral de mujeres de sectores populares

4. La estrategia cooperativa para el trabajo de cuidado

El escenario político descripto en el punto anterior, junto a la decisión estatal de promover la conformación de cooperativas como formas de inclusión sociolaboral en el marco de un proceso de institucionalización de la economía social, dio lugar a la emergencia de diversas experiencias de asociatividad. Muchas de ellas lograron consolidarse y eligieron la cooperativización como una estrategia de sostenimiento y organización del trabajo. Si bien el Ministerio de Desarrollo Social no tuvo una injerencia directa en el proceso de conformación como en el caso de las cooperativas asistidas, muchas veces participó como promotor junto a otras agencias estatales de nivel provincial o local, y a organizaciones sociales que acompañaron los procesos asociativos aportando recursos de distinto tipo (económicos, de capacitación, facilitando espacios de trabajo o encuentro, entre otros).

La cooperativa de cuidadoras analizada fue fundada en el 2012 en una ciudad de la costa de la provincia de Buenos Aires, por un grupo de personas que se habían conocido en el 2010 en una capacitación sobre cuidados domiciliarios brindada por el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, junto con la Municipalidad^[10]. El Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios surgió a mediados de la década del 90, sin embargo, tuvo su mayor expansión durante las gestiones de los gobiernos kirchneristas, en las que se produjo tanto un importante aumento de la cantidad de cuidadoras/es capacitadas/os como un cambio de orientación vinculado con la valorización de la capacitación y el empleo. De la mano de su objetivo prestacional destinado a adultos/as mayores con necesidades de cuidado, las capacitaciones brindadas se transformaron en una estrategia de intervención con posibilidades de fortalecer la inserción laboral de personas (principalmente mujeres) pertenecientes a los sectores populares que tuvieran interés en formarse en cuidados (^{Borgeaud‐Garciandí, 2015}).

El curso de capacitación en donde se originó la cooperativa analizada tenía seis meses de duración y contaba no sólo con contenidos específicos sobre cuidados, sino también sobre cooperativismo. Hacia el final de la capacitación, se conformaba un grupo de reflexión, coordinado por una psicóloga y una trabajadora social, en el que se promovía que las personas participantes se agruparan para trabajar en conjunto.

Dentro del Programa del Ministerio había una aproximación al cooperativismo y, en realidad, a lo que nos invitaron es a agruparnos de alguna manera. Esto venía desde el 2003. Habían hecho algún intento y no había resultado, y bueno, digamos, lo volvieron a trabajar en el 2010 (Socia fundadora, diciembre de 2019).

De las treinta personas que integraban aquel grupo, veinte se interesaron por la idea de agruparse. La mayoría de ellas eran mujeres que se dedicaban al trabajo de cuidado domiciliario individualmente y de manera informal. De este modo, reconocían su “vulnerabilidad” en tanto trabajadoras, así como también la de las familias que dependían de ellas para el cuidado de los/as adultos/as mayores a cargo. Frente a esto, el asociativismo les permitiría “coordinarse” (Socia fundadora, diciembre de 2019). El rol de una de ellas fue un factor clave en la constitución de la cooperativa de trabajo. Mariela, quien era activista del movimiento cooperativo de crédito y docente desocupada, fue consultada por sus compañeros/as respecto a qué figura debía adoptar el grupo para trabajar de forma asociativa. En sus palabras, se trataba de un reto: “el tema era desarrollar este grupo y convertirlo en un equipo de trabajo. Si se lograba eso, había posibilidades” (Socia fundadora de la cooperativa, diciembre de 2019). Luego de evaluar distintas figuras jurídicas, finalmente se definieron por la cooperativa de trabajo:

Yo sabía que la más difícil de formar era la cooperativa de trabajo. Entonces, yo veía a ver si podíamos conocer algo, para empezar, más liviano. Bueno, la cuestión es que vinieron de todas las organizaciones, escuchamos a todas las organizaciones, pero la que finalmente vino, la última que entrevistamos, fue la cooperativa de trabajo de taxis. Bueno, cuando vino el presidente con el tesorero y cuando nos explicaron cómo habían formado la cooperativa, no tuvimos ninguna duda de que esa era la figura jurídica (Socia fundadora, diciembre de 2019).

El proceso fue largo, durante nueve meses se fueron contactando con diferentes organizaciones y conociendo las posibilidades que le daban distintas formas jurídicas para asociarse: entidades civiles sin fines de lucro, asociaciones civiles, ONG, fundaciones, y finalmente, la cooperativa de trabajo que fue la alternativa que eligieron porque era la que se adaptada a las necesidades que tenían y también por el modo en que esa cooperativa dedicada al servicio de taxis, les había trasmitido su experiencia. De las veinte interesadas inicialmente, quedaron ocho que se decidieron a constituir la cooperativa. La psicóloga y la trabajadora social que coordinaban el curso del Ministerio querían participar como asesoras, entonces también las asociaron.

Eran diez mujeres: ocho cuidadoras y las dos profesionales. Al comienzo, la cooperativa de cuidadoras se organizó en tres áreas: una institucional, una administrativa contable y, por último, un área operativa. Esta última se ocupa de seleccionar el perfil de la cuidadora y establecer el acuerdo de parte con la familia, que incluye los aspectos económicos, horarios de trabajo y todas las cuestiones vinculadas con la cuidadora. La municipalidad les prestaba un lugar para que pudieran reunirse una vez por semana. Los otros días funcionaban en la casa de Mariela, que era el domicilio legal de la cooperativa. A partir de la vinculación con una entidad cooperativa financiera, consiguieron otro lugar más cómodo para reunirse y trabajar, hasta que pudieron alquilar su propio local en una zona accesible y bien comunicada que les permitía organizar el trabajo de cuidado de adultos/as mayores en casas particulares.

Aquí cabe hacer una mención a la importancia de los espacios de formación y la articulación en redes con otras organizaciones de la economía social y solidaria, como factores que favorecen la sostenibilidad de la cooperativa como alternativa laboral. Esta dimensión que observamos en nuestro caso de estudio es señalada en otras investigaciones sobre cooperativas de cuidados de adultos/as mayores que se conformaron en la Argentina en los últimos diez años (^{Bottini y Sciaretta, 2019; Freytes Frey, et al. 2018})^[11], así como en otras experiencias de la economía social y solidaria y de la economía popular (^{Fernández Álvarez, 2018}; ^{Kasparian y Rebón, 2020}; ^{Rebón y Rieiro, 2020}). Actualmente, las más de veinte cooperativas de cuidados existentes, integradas en más del 90% por mujeres (^{ANSOL, 25/1/2019}) y localizadas en distintas provincias del país, se encuentran conectadas entre sí. En junio de 2018 se creó la Red Nacional de Cooperativas de Cuidadores Domiciliarios, en cuya fundación participó la cooperativa analizada (^{Tiempo Argentino, 18/6/2018}).

A partir del boca a boca fueron consiguiendo nuevos clientes y comenzaron a dictar cursos de formación en cuidados mediante los cuales incorporaron nuevas asociadas, muchas de ellas familiares o conocidas de las socias fundadoras. Una de las fortalezas y razones por las cuales los clientes eligen a la cooperativa, aunque deban pagar más por el servicio^[12], es la posibilidad de ofrecer reemplazos.

El primer éxito que nosotros tuvimos fue cuando éramos diez, que en realidad éramos ocho cuidadoras, y las ocho teníamos a alguien cuidando porque de eso vivíamos. Entonces dijimos: 'Vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos las ocho como socias de la cooperativa'. Se enfermaba alguna de nosotras e iba una compañera, cuando nosotros empezamos a garantizar el reemplazo, ahí nos empezaron a pedir y a pedir, y a pedir, y a pedir. Porque ese era el gran problema de las familias. Porque las familias no tenían con quién reemplazar. Así que, digamos, el primer llamado de atención de que íbamos por el buen camino fue el garantizar el reemplazo (Socia fundadora, diciembre 2019).

El relato de esta socia fundadora permite observar la potencialidad de la cooperativa, tanto en los aspectos organizativos y para la división de tareas, como en términos de la calidad del servicio que prestan. La cooperativa se constituye en un respaldo del vínculo entre las cuidadoras y las familias que contratan el servicio, favoreciendo la resolución de problemas, el establecimiento de pautas de trabajo claras y un acuerdo laboral “justo”, es decir, más conveniente para ambas partes. La cooperativa brinda supervisión del trabajo y tratamiento de conflictos laborales. Al respecto, Mariela explica que, cuando van a la casa de las familias, las cuidadoras no están solas porque el vínculo con las familias siempre se maneja en equipo y de ese modo se pueden respaldar y proteger entre ellas:

Claro, entonces, por ejemplo, hay un caso, ayer lo hubo. Una señora le tiro un jabón en la cara a la cuidadora, ¿no? Estaba enojada. Bueno, entonces, inmediatamente a nosotros nos llama la cuidadora, obvio, ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que averiguar si el adulto está demenciado o no. Si esta demenciado, si está bien medicado o no. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos a la psicóloga. La psicóloga es gerontóloga, la nuestra, su especialidad es la gerontología. Entonces, habla con la familia y lo convence, cosa que para nosotros es raro, de que tiene que ir al psiquiatra, que tienen que medicar de nuevo. Se controla la medicación, si bajó los decibeles era todo un problema de la medicación. Y la cuidadora sigue trabajando. Si es un problema entre cuidadora y adulto mayor, se saca a la cuidadora y se pone otra cuidadora. O como ayer, que decidimos no atender más a la familia porque, en realidad, más que el estado de salud mental es porque era maltratadora. Y entonces, no porque pague vamos a hacer cualquier cosa. Nosotros cuidamos a nuestros cuidadores, entonces en ese caso, dejamos de trabajar con ellos (Socia fundadora, diciembre 2019).

Los honorarios de las cuidadoras y los ingresos de los/as asociados/as que trabajan en las distintas áreas se determinan colectivamente y se establecen de acuerdo a la tarea y a la cantidad de horas trabajadas. De los ingresos, 80% se distribuyen entre las cuidadoras y 20% se destina a los gastos de funcionamiento de la cooperativa (alquiler del local, bancarios, administrativos, etc.). Cada cuatro meses realizan una reunión para determinar las necesidades y posibilidades de incrementar los honorarios. El valor por hora varía según se trate de trabajo durante la semana o los fines de semana, en la casa del adulto/a mayor o en un hospital o clínica. Este valor por hora no se modifica de acuerdo con la experiencia ni la calificación, sino que es igualitario. Respecto a las jornadas laborales, aunque se intenta que no sean de más de nueve horas, éstas pueden extenderse, sobre todo en el caso del trabajo durante los fines de semana.

Este proceso de crecimiento y consolidación de la cooperativa no estuvo exento de tensiones. Además del apoyo de otras organizaciones con el que contaron para iniciar su actividad económica y el trabajo colectivo que desplegaron, fue necesario revertir un estigma que, desde la perspectiva de la socia fundadora que entrevistamos, pesa sobre las cooperativas en la ciudad en la que están localizadas y tiene efectos en las formas de reconocimiento del trabajo que realizan y en la construcción de un vínculo de confianza, tanto con quienes contratan el servicio de la cooperativa, como con aquellas personas que se acercan para asociarse como cuidadoras:

Yo te quiero decir algo más, que me parece una buena experiencia para transmitir. Cuando nosotros empezamos acá, esta es una ciudad que tiene un prejuicio muy importante contra las cooperativas. Y por el terreno las cooperativas portuarias. Hay mucha gente que viene de trabajar de cortar filet, de las cooperativas del puerto. Y sabemos que hay cooperativas truchas (…). Entonces, cuando nosotros recién empezamos, nosotros teníamos la contra de que las familias del cuidador, que le decían, '¿Y a dónde te vas a meter? Te van a usar, te van a sacar plata en nombre de la cooperativa', entonces la persona venía y entendía todo, cuando se iba a la casa empezaba a escuchar otra cosa. (…). Y, por otro lado, las familias. Familias tradicionales, '¿Creen en las cooperativas? ¿De dónde? ¿Cómo sabés quiénes son?' Eso tuvimos que hacer una embestida importante, pero ¿qué pasó? Esas familias, que nunca creyeron en una cooperativa, le sugerían la cooperativa a otros parientes, 'No, no, vos sabés que esa cooperativa es distinta', y así nació el boca a boca (Socia Fundadora, diciembre, 2019).

Otros estudios centrados en las representaciones y trayectorias de trabajadoras que fueron capacitadas por el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios de la DINAPAM, observaron que prevalece un escepticismo respecto de la posibilidad de creación de cooperativas. También refieren a las dificultades y costos administrativos para su conformación y sostenimiento, así como al desconocimiento de esta figura jurídica que es percibida como una “opción muy ajena a su mundo” (Borgeaud-Garciandía, 2015: 298). En contraposición, otras investigaciones que incorporan la perspectiva teórica de la economía social y solidaria observan los beneficios que puede aportar la opción cooperativa del trabajo de cuidado respecto a las necesidades formativas, de ayuda auxiliar y de orientación e información de las trabajadoras (^{Díaz Molina, Etxezarreta Etxarri y Larrañaga Sarriegui, 2018)}.

A 9 años de su nacimiento, la cooperativa está conformada por 140 asociadas/os y están pensando en crear una nueva filial fuera de la ciudad en la que funcionan actualmente. Este crecimiento requirió ir haciendo ajustes en la organización del trabajo. En este sentido, incorporaron tres nuevas áreas: Psicología, Recursos Humanos y el Área Comunitaria. Además, mediante un convenio con un banco cooperativo implementaron un sistema de cobro bancarizado de los honorarios mensuales que abonan las familias y generaron una cuenta retorno, mediante la cual distribuyen los ingresos que cada socia/o percibe a fin de mes. Esto les permitió avanzar en mejoras de las condiciones laborales vinculadas a la formalización del trabajo, como el acceso a una cobertura de salud y a una jubilación futura o a servicios financieros que, de forma individual, difícilmente hubieran logrado:

También esto nos sirvió para, de alguna manera, insertar en el sistema al cuidador que estaba muy fuera de sistema. Primero, haciéndolo monotributista. Luego, con el monotributo, tener una obra social. Y, con la obra y el monotributo, poder abrirle la cuenta al banco. A pesar de sus complejidades, hemos logrado que cada uno tenga su obra social. Y con esas dos condiciones, pueden tener la cuenta en el banco. Entonces hoy, por ejemplo, el tener para ellas una tarjeta de débito, y algunas están empezando a tener tarjeta de crédito, con un cupo especial, para que no sea un salvavidas de plomo. (…) Y eso nos ha facilitado un montón la tarea, le da una transparencia increíble porque todo está más a la vista. Tiene su costo, es importante, pero lo asume la cooperativa. Porque también para nosotros es un respaldo enorme (Socia fundadora, diciembre 2019).

El primer pago del monotributo lo realiza cada asociada, luego la cooperativa funciona como agente de retención, anticipa ese dinero y se encarga de cubrir en un sólo día el pago de todos los monotributos, evitando trámites individuales y garantizando que estén al día. A fin de mes ese monto se descuenta de los retornos. La cuestión del acceso a la seguridad social mediante la figura del monotributo ha sido señalada como una de las principales problemáticas ligadas a la seguridad social de los/as trabajadores/as autogestionados/as en cooperativas, por un lado, debido a la tensión que plantea entre el reconocimiento del carácter colectivo de la organización y el pago individual del aporte. Por otro, porque al momento de la jubilación, habilita a un haber mínimo.

Otra de las limitaciones se vincula con la cobertura de los riesgos del trabajo y las contingencias de la vida. A diferencia del régimen de seguridad social para el trabajo asalariado, la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) y las licencias deben ser cubiertas por la cooperativa. En este punto, la situación de las cooperativistas se asemeja a la del trabajo autónomo, porque si no trabajan, no cobran. Como respuesta a esta situación, la cooperativa de cuidadoras creó distintos fondos que le permiten prestar dinero a las asociadas. El Fondo de Salud se creó a partir de un crédito blando que recibieron de la mencionada entidad cooperativa financiera y se devuelve en doce meses, luego de que la solicitante se reintegra al trabajo. Además, cuentan con un seguro de accidentes que les reconoce hasta treinta “días caídos”. Por su parte, con el Fondo de Fuerza Mayor cubren, por ejemplo, el pago de taxis cuando hay paro de transporte o por seguridad en caso de ser necesario, y el Fondo de Usos Múltiples sirve para cualquier urgencia o necesidad de las asociadas y debe ser reintegrado más rápidamente que los otros fondos. Si bien estas estrategias permiten resolver ciertas necesidades, lo hacen durante un periodo de tiempo limitado, “la cooperativa puede aliviar algunos problemas, pero no solucionarlos”, nos dice Mariela. Ante licencias de más larga duración, ya sea por enfermedad o en el caso de embarazos, éstos resultan insuficientes^[13]. Nuevamente emerge la problemática de la inadecuación de las políticas de seguridad social destinadas a los/as trabajadores/as autogestionados/as.

Otro aspecto relevante respecto de las condiciones de trabajo son la formación y capacitación, cuestiones centrales en el debate por la profesionalización del trabajo de cuidados (^{Díaz Molina, Etxezarreta Etxarri y Larrañaga Sarriegui, 2018}). Resulta llamativo que la cooperativa misma surgió de una experiencia formativa brindada por agencias estatales. Esto permea la identidad de la cooperativa, en donde el primer paso del ingreso de nuevas asociadas consta de una semana de formación tanto en cuidados como en cooperativismo:

(…) algunos ya vienen con cierta formación. (…). Es decir, cuando vienen acá, algo saben. De lo que no saben nada es de cooperativismo, pero nada. Así que nosotros eso ya lo sabemos. Entonces hacemos esto, le pedimos un CV, lo primero que hacemos es señalar todo lo que tiene que ver con cooperativismo o con adultos mayores, si fue a un geriátrico, porque si trabajó en un geriátrico sabe poner pañales, por ejemplo. Sabe de movilización, porque lo más importante que hacen en un geriátrico, es eso. Entonces, nosotros eso lo tenemos en cuenta y después los formamos desde otro lugar.

Entrevistadora: ¿Desde otro lugar?

Claro porque ellos están acostumbrados a tener treinta adultos y en una casa tiene a uno solo. Entonces, tenemos que explicarles todo lo que pueden hacer para acompañar a ese adulto, porque si no, terminan, cambian, llaman y ya no saben más que hacer. (…) Y después de eso (…) le damos aquellos temas que para nosotros son muy importantes y que ellos no tienen ni idea, le damos una charlita, ¿Qué le podés dar en cinco días? Pero la cosa es así: los primeros dos días sabemos quién viene y qué trae, y nosotros les enseñamos en cinco más qué es lo que nosotros hacemos. (…) tenemos que hacer un ensamble entre lo que nosotros necesitamos y lo que ellos quieren. Entonces, cuando cumplen con todo ese circuito (…) quiere decir que están listos para ingresar como asociados (Socia fundadora, diciembre 2019).

Estas formaciones para el ingreso a la cooperativa suelen ser permanentes, pues la demanda de los servicios de cuidados es muy alta. Se conforman grupos de diez aspirantes a socias que son capacitadas para luego comenzar a tomar trabajos. Cuando todas las cuidadoras se encuentran con tareas asignadas, comienza un nuevo circuito de formación con otro grupo. Esta formación inicial, así como las capacitaciones posteriores, son asumidas por el equipo de formadores de la cooperativa a través del dictado de cursos con distintas duraciones que, en ocasiones, son abordados en conjunto con la DINAPAM. Respecto a la posibilidad de especializarse y construir perfiles de cuidadoras, la cooperativa encuentra dificultades debido a la forma igualitaria de distribuir los ingresos:

No podemos hasta ahora, porque no te creas que no lo estamos buscando. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos especializando en demencias y en movilidad. Hay gente a la que le gusta trabajar con personas que estén bien de la cabeza, aunque tengan problemas motrices. Hay gente que le gusta más trabajar demencia. Hay gente que le gusta más trabajar con enfermos terminales, parece mentira, pero es así. Entonces, pero por ahí tenemos diez personas, suponete, que les guste estar con estados terminales y tenemos tres adultos mayores en ese estado. Y a lo mejor el estado terminal es largo o de dos días y el adulto mayor falleció. ¿Y? [La cuidadora] no puede esperar hasta que venga otro adulto en estado terminal y no le podemos pagar por esa persona tanto, por otra persona otro tanto, eso para nosotros sería un descalabro, por lo menos hasta ahora. Nosotros queremos especializaciones, pero todavía no las hemos encontrado (Socia fundadora, diciembre de 2019).

En contraposición al desarrollo individual del trabajo de cuidados, la cooperativa aporta un recorrido formativo que impacta en las calificaciones de las trabajadoras, así como en la calidad de los cuidados. Si bien la principal fortaleza del servicio que brindan es la posibilidad de contar con reemplazos de forma inmediata, la formación de las asociadas también redunda en el servicio y en la construcción de un vínculo más estrecho con las familias. De este modo, podemos reconstruir uno de los aspectos de lo que implica desarrollar el trabajo de cuidados de forma colectiva y cooperativa.

Ahora bien, los cursos de formación cumplen otras funciones además de capacitar a las cuidadoras. Tal como nos cuenta Mariela, también son “aprovechados” para socializar información sobre la cooperativa. En otras palabras, se constituyen en espacios de encuentro para un oficio sumamente individual y deslocalizado. Aquí reside un factor crucial para comprender los modos y grados de participación de las asociadas en la vida política de la cooperativa, dimensión relevante en el análisis de las potencialidades de inclusión sociolaboral de la opción cooperativa para el trabajo de cuidados. La figura cooperativa aporta un andamiaje colectivo frente a la vulnerabilidad de este tipo de trabajo. Sin embargo, las características de la tarea impiden que el colectivo laboral pueda trabajar de forma cotidiana en un mismo espacio. En este sentido, los momentos formativos se tornan cruciales. ¿Qué otras formas de encuentro, socialización y participación se estipulan en el caso de estudio?

En primer lugar, entre fines y principios de mes cada asociada debe presentar una planilla firmada por las familias en donde se registra la asistencia para proceder a la liquidación del retiro. Si bien podría gestionarse a distancia, se decidió mantener esta modalidad porque “si no, no los vemos nunca” (Socia fundadora, diciembre de 2019). En esas jornadas el consejo de administración de la cooperativa también convoca a las asociadas a distintas reuniones informales, tanto individuales como grupales, para tratar cuestiones específicas.

En segundo lugar, existe el grupo de reflexión en donde las cuidadoras pueden compartir dificultades que se encuentran atravesando en sus trabajos y en los vínculos con las familias de los/as adultos/as mayores. En caso de que se presenten problemas más particulares, se conforma una mesa ejecutiva en donde participan la presidenta y la tesorera. Así, se busca que las cuidadoras no tengan que enfrentar de forma individual y en soledad las problemáticas que atañen al trabajo de cuidados.

Por último, tal como mencionamos, cada cuatro meses se realizan las reuniones para definir los honorarios. Se establecen dos turnos (mañana y tarde) para lograr una participación masiva y la coordinación se encuentra a cargo del consejo de administración. Si bien no asiste el pleno del colectivo laboral, la participación alcanza el 50%. La dinámica es la siguiente:

El consejo de administración no sugiere ningún honorario. Le pide al cuidador que se ponga la camiseta del cuidador y que diga cuánto cree que podría, necesita cobrar. Teniendo en cuenta la realidad de hoy, porque todos necesitamos cobrar más. (…) Bueno, y es muy sencillo y, además, hasta sorprendente. Siempre aparece el primero, el más ansioso, que dice: "Hay que aumentar un 40%". Inmediatamente, el otro se asusta, porque tiene miedo que la familia no pague eso, entonces, levanta la mano y dice, "Bueno, yo con un 10%". Y ya los demás se empiezan a inquietar. Y entonces empieza a aparecer lo que nosotros llamamos "el sentido común" y entonces empieza el del 15%, el 18%. Y más o menos, a los cuarenta minutos, ya hay una idea global de que se van estandarizando, suponete, en un 20%. (…) Cuando terminamos eso les decimos: "Bueno, ahora sáquense la camiseta de cuidador y pónganse la camiseta de asociado. ¿Cuánto le tenemos que pedir a la familia, para que nosotros podamos administrar la cooperativa?” (…) Y pasa exactamente lo mismo que con el otro tema, aparece uno muy alto, otro muy bajo y aparece rápidamente. Bueno, eso lo hacemos a la mañana y lo guardamos como información. A la tarde volvemos a hacer lo mismo. Es increíble la coincidencia. Y entonces ahí, informamos de esta manera: si a la tarde pudieron lograr un poquito más que a la mañana, lo que vale es lo de la tarde. (…) Ahí sí [los integrantes del consejo de administración] opinamos, al final, opinamos: "Bueno, creemos que lo vamos a poder vender". Porque de la única manera que nosotros sentimos que el asociado se siente parte, es determinando sus honorarios y los honorarios de la cooperativa. (Socia fundadora, diciembre de 2019)

El COVID-19 y las medidas de aislamiento social trastocaron múltiples aspectos de esta experiencia cooperativa. Durante los primeros meses, la pandemia no generó grandes complicaciones en el trabajo ni en la salud de las cuidadoras. Inmediatamente, desde la cooperativa se tomaron medidas de cuidado para las asociadas y las personas a las que atienden. Se elaboró un protocolo, principalmente gracias al trabajo de las seis áreas de la cooperativa, que firman las cuidadoras y el/la familiar responsable de cada casa en donde se trabaja. Una de las pautas más relevantes del protocolo es que exige que ningún familiar se encuentre presente en el horario de trabajo de la cuidadora. En caso contrario, la cooperativa retira a la asociada como una medida de prevención.

Sin embargo, en septiembre de 2020 el panorama de la cooperativa se complicó, pues el partido en el que se ubica comenzó a atravesar un pico en el incremento de casos de COVID-19. Los contagios de este virus y los fallecimientos entre los/adultos/as mayores y las cuidadoras, además de causar estragos emocionales, redujeron la cantidad de cuidadoras activas, así como las personas que requerían cuidados. A los fallecimientos de algunos adultos/as mayores, se sumó que el contexto de aislamiento conllevó que varias familias transcurran el confinamiento juntas y asuman las tareas de cuidado. De todos modos, Mariela destaca que el vínculo forjado con las familias permitió sostener a flote la cooperativa, dado que no han registrado atrasos relevantes en los pagos ni mermas importantes en la cantidad de trabajo. Hacia el cierre de este artículo en noviembre de 2020, Mariela señalaba que la paulatina vuelta a las actividades laborales de los/as familiares a cargo, redundó en una recuperación de la demanda de cuidados a la cooperativa.

El contexto de la pandemia puso al desnudo los mencionados vacíos de la seguridad social del trabajo autogestionado y la carencia de políticas de apoyo al sector ante las nuevas necesidades económicas que se presentaron. Muchas unidades productivas se encontraban en una situación compleja y la pandemia agudizó estos problemas (^{Sterling Plazas et. al, 2020}). Frente a ello, las cooperativas y experiencias de la economía social, solidaria y popular debieron reconvertir o adaptar las formas de trabajo y la producción realizada^[14].

Respecto al apoyo y asistencia estatal al sector cooperativo luego de desatada la pandemia, se registraron dificultades de acceso debido a que las normativas no hacían mención explícita a la figura jurídica cooperativa. Si bien la acción estatal en términos de medidas redistributivas fue veloz, no puede soslayarse que, en general, varias de las intervenciones destinadas al sector cooperativo surgieron como respuesta a los reclamos y demandas de las organizaciones (^{Sterling Plazas et. al, 2020}). Las intervenciones estatales cubrieron una diversidad de aspectos (condiciones de trabajo, comercialización, producción, ingresos, entre otros), con objetivos tanto coyunturales como estructurales, desde un abordaje con una impronta de interseccionalidad. Sin embargo, se identificaron desigualdades desfavorables para los/as trabajadores/as de la economía social, solidaria y popular respecto de otros colectivos laborales y las unidades productivas a las que pertenecen (^{Hintze y Deux Marzi, 2020}).

Sumado a esto, en el caso de las actividades y servicios decretados como “esenciales”, ciertas dificultades se exacerbaron al tener que combinar el trabajo fuera y dentro del hogar sin contar con los soportes institucionales habituales. Además de la exposición y el riesgo de contagios, por ejemplo, en el uso del transporte público. Si bien se estipuló que los/as trabajadores/as esenciales tendrían acceso exclusivo al mismo, con el correr de los meses se evidenció la falta de control y el relajamiento de esta medida. A diferencia de otros grupos de trabajadores/as incluidos en esta categoría, como el personal de salud, las/os cuidadores/as domiciliarios no contaron con ningún tipo de reconocimiento económico (ni simbólico) vinculado con la pandemia, ni prioridad para acceder a las vacunas.

El caso de la cooperativa de cuidadoras nos muestra varios ejemplos. El primero fue una medida excepcional de suspensión del servicio de transporte público que duró una semana. Estos viajes, en un primer momento, se cubrieron con taxis que pagó la cooperativa, pero luego de un mes, no pudieron seguir sosteniéndolo. Otra de las dificultades fue la imposibilidad de afrontar el pago de retiros de aquellas socias que han decidido no trabajar por encontrarse en un grupo de riesgo o estar al cuidado de los propios familiares o que por enfermedad no pueden hacerlo. Frente a ello, gestionaron, a través de la Federación de Cooperativas en la que participan, la línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado que les otorgó, primero dos cuotas mensuales de 6.500 pesos a cada asociada, luego tras reiterados reclamos de las organizaciones de representación del sector que demandaban un apoyo equivalente al que se le estaba otorgando a las empresas del sector privado mediante el Programa de Asistencia de Emergencia Trabajo y Producción (ATP) para el pago de salarios, este monto se elevó a 16.500 pesos (un valor equivalente al salario mínimo) por dos meses más y esperan cobrar una última cuota de 9.000 pesos en octubre. Algunas asociadas también gestionaron de manera individual el Ingreso Familiar de Emergencia.

Más allá de este apoyo estatal, las dificultades económicas para cubrir las licencias por enfermedad se agravaron en septiembre de 2020, cuando tuvieron que retirar a 14 asociadas porque se estaban contagiando COVID-19 de las personas mayores que cuidaban y los ingresos de la cooperativa se vieron reducidos significativamente. El seguro de accidentes que tienen no les cubría los días caídos por esta enfermedad, a pesar de que se encuentra vinculada al trabajo que realizan. Además del impacto económico, sufrieron un fuerte golpe emocional ante el fallecimiento de una de las asociadas que había contraído COVID-19. Esto las llevó a gestionar un nuevo seguro de vida y volvió a poner de relieve la desprotección en la que se encuentran en este contexto.

Con relación a las capacitaciones, la serie de cursos que la cooperativa dictaba junto con la DINAPAM debieron ser reestructurados e iniciaron más tarde que lo habitual bajo la modalidad virtual. Respecto a la organización de la cooperativa, la pandemia impactó sobre las dinámicas de encuentro y participación. Por ejemplo, la entrega de la planilla mensual pasó a enviarse con fotos a través de WhatsApp y los elementos de trabajo (uniforme de trabajo, alcohol, entre otros) son retirados por una asociada que luego los distribuye a las demás compañeras con las que comparte el cuidado de algún/a adulto/a mayor. Ahora bien, el cambio más relevante refiere a la modalidad de desarrollo de las asambleas. Durante el 2020 la cooperativa debía realizar modificaciones en el estatuto y en el reglamento interno. En este tipo de reuniones participan alrededor de 90 asociadas. La asamblea tuvo que ser pospuesta en reiteradas oportunidades por las dificultades que conlleva mantener el voto secreto si se realiza de forma virtual. Para resolver esta cuestión, la cooperativa mantuvo reuniones con el INAES, revisó reglamentos y diversas interpretaciones sobre el funcionamiento de las plataformas virtuales de videoconferencias. Finalmente, se decidió realizarla en una plataforma que cuenta con la función de voto secreto. Al momento de la entrevista, la cooperativa ya había hecho ensayos y simulacros y había estipulado su efectiva realización para el mes de octubre de 2020. En suma, el contexto actual pone en evidente entredicho la forma cooperativa de organizar el trabajo de cuidados.

5. Reflexiones Finales

El objetivo de este artículo fue analizar las potencialidades, límites y tensiones de la opción cooperativa para el trabajo de cuidados como estrategia de inserción sociolaboral de mujeres de sectores populares en Argentina. Para ello consideramos el caso de una cooperativa de servicios de cuidados surgida a partir de la asociación voluntaria de mujeres dedicadas a esta actividad de manera individual e informal, que buscaban una alternativa colectiva con miras a mejorar sus condiciones de trabajo. Se trata de una unidad productiva que al momento del trabajo de campo se encuentra consolidada tanto en su dimensión económico laboral, como asociativa. El enfoque de análisis utilizado puso en diálogo esta experiencia con otras dos estrategias que se propusieron como formas novedosas de atender de modo no puramente individual las problemáticas de empleo de las mujeres de sectores populares en nuestro país.

La primera refiere a las plataformas de intermediación laboral especializadas en el servicio doméstico, que se enmarcan en la economía de plataformas y el discurso del emprendedurismo. La definimos como una estrategia de negocios con elementos de promoción de la formalización laboral y la inclusión financiera, que invita a las trabajadoras a construir su propia estrategia individual mediada por la plataforma. Esta propuesta puede facilitar el acceso a un empleo, promover la contratación formal, brindando asesoramiento y herramientas financieras, así como ofrecer un respaldo para las trabajadoras en el vínculo con sus empleadores/as. Sin embargo, la posición de las mujeres que buscan ser empleadas es subordinada, tanto respecto de quienes la contratan como de la plataforma de intermediación laboral que es la propietaria de los datos que permiten realizar la selección de las trabajadoras y ponerlas en contacto con quienes contratan el servicio, aunque sin garantizar efectivamente la estabilidad ni los derechos laborales. De hecho, la plataforma promueve la registración laboral y señala sus ventajas a los/as empleadores/as, pero no tiene la capacidad de hacer cumplir la normativa ni se niega a ofrecer el servicio de intermediación si no se formaliza la relación de empleo.

La segunda refiere a las cooperativas que se crearon en el marco de diversos programas de promoción de la economía social entre los años 2003 y 2015. Esta estrategia de promoción estatal de cooperativas asistidas buscó contribuir a la inclusión sociolaboral mediante una fuerte apuesta institucional a la promoción de la organización colectiva. Las destinatarias de estos programas accedían a un ingreso mensual garantizado y a un piso de protección social a partir de la vinculación con diversas actividades laborales y de formación, organizadas por los entes ejecutores que eran, principalmente, agencias estatales de nivel nacional, provincial o local. Las experiencias en estos programas fueron diversas: algunas lograron poner en práctica la autogestión y los principios del cooperativismo para resolver las necesidades, en otras se desplegaron experiencias asimilables a la cogestión que incrementaron el poder social y favorecieron la visibilización de la figura de la cooperativa como alterativa laboral. A pesar de ello, en su desarrollo convivieron con una fuerte tensión entre el impulso estatal de nuevas formas laborales cooperativas y las dificultades de sostenimiento de estas experiencias en el largo plazo.

En cuanto a la opción cooperativa para el trabajo de cuidado, el caso analizado nos permite afirmar la potencialidad de esta estrategia para la mejora de las condiciones laborales y el sostenimiento de las fuentes de trabajo. Las asociadas de la cooperativa de trabajo de cuidado perciben un ingreso mensual que se define colectivamente y que consideran “justo”. Los honorarios que abonan las familias les permiten sostener los gastos administrativos de la cooperativa y vender un servicio de calidad a un precio que, si bien es mayor al de otras alternativas, sus clientes están dispuestos a pagar por los beneficios que les ofrecen, principalmente la posibilidad de contar con reemplazos de las cuidadoras, la capacitación y contención, la formalidad y el respaldo del vínculo laboral que ofrece la organización. El cobro de los retornos se realiza mediante una cuenta bancaria de un banco cooperativo, lo cual les permite contar con tarjetas de débito y crédito que son entendidas como instrumentos de inclusión de personas que estaban “afuera del sistema”. A diferencia de la modalidad de inclusión financiera que ofrece la estrategia individual que proponen las plataformas de intermediación laboral, el caso de la cooperativa analizado garantiza la estabilidad del trabajo y posiciona a las trabajadoras en un lugar de mayor autonomía en el que son ellas mismas las que toman las decisiones respecto de la organización del trabajo y la vinculación con sus clientes. Además, a diferencia de la estrategia individual mediada por plataformas, la opción cooperativa mejora las condiciones laborales al aportar seguridad a las trabajadoras en el sentido de que ofrece un colectivo sobre el que respaldarse para desarrollar la tarea y construir el vínculo con las familias de las personas bajo cuidado. En esta dirección, la organización trabaja para fortalecer al colectivo laboral, mediante la promoción de la participación, los encuentros y la capacitación en cooperativismo. También aporta a esta cuestión la integración del caso de estudio en redes y federaciones del campo del cooperativismo.

También se distingue de la estrategia de cooperativas asistidas respecto de la sostenibilidad de las fuentes de trabajo. En nueve años tuvieron un importante crecimiento en la cantidad de asociados/as y la posibilidad de pensar en una nueva etapa de expansión a partir de la creación de nuevas filiales, como innovaciones en la organización y las condiciones de trabajo orientadas al bienestar y el cuidado de las asociadas. La metáfora de las camisetas –de la cuidadora y de la asociada– resume de modo claro el clásico nudo de las organizaciones cooperativas: sostener el proyecto económico y también el asociativo. El reconocimiento de esta dualidad es un factor clave en la consolidación de esta clase de experiencias (Kasparian y Rebón, 2020) y es una de las principales diferencias con la estrategia de cooperativas asistidas respecto a las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo.

Ahora bien, la estrategia cooperativa posee varios límites respecto a su potencial de inserción sociolaboral. El caso analizado resulta interesante, en cierto modo, justamente por los múltiples esfuerzos que realizan por subsanar los alcances acotados del régimen de seguridad social del trabajo autogestionado. El monotributo atenta contra el reconocimiento del carácter colectivo de las cooperativas, al tiempo que platea dificultades de acceso a servicios de salud y solo permite percibir un haber mínimo al momento de la jubilación. Si bien los seguros contra riesgos del trabajo son de difícil implementación en las cooperativas –dada su concepción como seguros propios de las relaciones de empleo– el caso analizado posee tanto seguro contra accidentes como seguro de vida. No obstante, esto no exime a la cooperativa de enfrentar dificultades para cubrir licencias pagas que se encuentran por fuera del alcance del régimen de seguridad social y de tales seguros como, por ejemplo, las licencias por embarazo, maternidad o enfermedad. La organización ha diseñado y puesto en marcha una variedad de fondos a los que las/o asociadas/os pueden acceder para hacer frente a diversas eventualidades. Sin embargo, la cuestión radica en que los límites señalados, no refieren a contingencias o imprevistos, sino más bien a certezas y realidades de larga data.

En este sentido, la pandemia ha intensificado y puesto al descubierto tensiones y dificultades estructurales del cooperativismo de trabajo en la Argentina. Por un lado, las eventualidades jamás imaginadas por nadie, se han transformado en cuestiones cotidianas y no hay modo de cubrirlas con los recursos disponibles. Por el otro, una vez más las intervenciones estatales se han orientado al trabajo en relación de dependencia, al trabajo autónomo y al trabajo informal, dejando en segundo plano al campo del cooperativismo y la economía social y solidaria. Esto refuerza una dificultad adicional que enfrentan estas experiencias: la mirada de sospecha y la estigmatización producto del desconocimiento y las embestidas que sufrió el sector cooperativo en la Argentina, reforzada en los periodos en los que el país fue gobernado por fuerzas que aplicaron políticas neoliberales.

La pandemia ha puesto nuevamente en evidencia el carácter estratégico de los cuidados, tanto para la organización social, como en el desarrollo económico nacional, cuya magnitud ha sido medida en términos del aporte concreto de estos trabajos no remunerados al Producto Bruto Interno (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020). En este marco, la sostenibilidad de la estrategia cooperativa para el trabajo de cuidado no puede pensarse desligada del problema del reconocimiento de esta problemática en la agenda pública, ya que varios de los límites señalados sólo podrán resolverse en tanto y en cuanto se avance en la creación de un sistema integral de cuidados que contemple al sector cooperativo como un actor clave y sea capaz de replantear la organización social de los cuidados en términos más estructurales, en línea con el reconocimiento del cuidado como derecho humano (^{Pautassi, 2018}).

El análisis realizado permite afirmar que la sostenibilidad y capacidad de mejora de las condiciones de trabajo no depende exclusivamente de las experiencias cooperativas sino de la posibilidad de contar con políticas de promoción, regulación y apoyo adecuadas que contribuyan al desarrollo del sector en tanto agente económico y lo acompañen ante las nuevas dificultades que se presentan en contextos específicos, como es el caso de la actual pandemia o las crisis económicas. Resulta necesario avanzar en formas de acceso a la seguridad social acordes al carácter colectivo y autogestionado de las cooperativas y garantizar el acceso a derechos laborales en condiciones de igualdad respecto a otros grupos de trabajadores y unidades productivas. Asimismo, es menester la acción estatal para promover la construcción de una economía social del cuidado inmersa en un sistema que también incluya a los sectores privados y públicos. Esto permitiría fortalecer un mercado para los cuidados cooperativos y, por lo tanto, aportar al reconocimiento y la sostenibilidad de las experiencias. En un contexto en el que los cuidados revisten un carácter más “esencial” que nunca y en el que se debate la creación de un sistema integral que los contenga desde una perspectiva de género, el reconocimiento pleno de su desarrollo bajo la modalidad cooperativa es, sin duda, un paso clave.