Este dossier indaga sobre el papel de las comunidades locales como agentes políticos claves en la reconfiguración territorial del poder y construcción de un orden supralocal en las décadas de 1810 y 1820.

Hace tiempo ya que las historiografías política y crítica del derecho han dado cuenta de la relevancia de las comunidades locales en diversos proyectos -monárquicos, revolucionarios e independientes- de ordenamiento del espacio hispano americano (^{Annino y Guerra, 2003}; ^{Chiaramonte, 1997}; ^{Garriga, 2009}; ^{Thibaud y Calderón, 2010}; ^{Verdó, 2002} y ²⁰¹⁹). Según se ha observado, fue el modelo de república de la teología política católica consustanciada con la idea de comunidad política y el principio de autogobierno corporativo el que, durante el proceso revolucionario sostuvo, en gran medida, la alternativa de instaurar una forma de gobierno republicana, su percepción y el lenguaje utilizado en los debates (^{Sábato y Ternavasio, 2015, p. 244}). A pesar del sentido emergente y disruptivo que el término república asumió en dicha etapa, señala ^{Agüero (2021)}, el sentido tradicional que lo vinculaba al orden municipal nunca terminó de desvanecerse y permitió que “la relación naturalizada entre privilegio, jurisdicción y territorio” se continuara en las provincias configuradas a principios de 1820 (p. 20). Es claro que en el centro del modelo de república al que referimos estaba la ciudad y su jurisdicción - que excede el estrecho núcleo urbano para integrar el territorio circundante- como centro de convivencia sustentado en la noción de “gobierno de muchas familias”. (Agüero, 2021; Garriga, 2009). Sin embargo, la estrecha vinculación de la ciudad con tal idea de república mostraba ciertos matices, su significado no quedaba acotado al “mundo urbano sino que hacía referencia, más bien, al tipo de dominio que se establecía sobre un territorio, con independencia de su extensión” (^{Agüero, 2012, p. 47}). Más allá de esta concepción municipal de la república, ^{Levaggi (2001}) suma alternativas analíticas, al poner el foco en aquella noción clásica de república, asociada a diversas comunidades políticas, ciudades o pueblos identificados con nombre propio y distinguibles unos de otros; noción que luego se aplicó en Indias al conjunto de las comunidades indígenas, desconociendo su profunda heterogeneidad.

Dentro de este marco analítico y a despecho de diferencias jerárquicas y culturales, lo cierto es que, con la crisis imperial y la vacancia de la soberanía, todos - repúblicas urbanas y pueblos de indios - en mayor o menor medida se vieron interpelados como sujetos políticos corporativos de la mano de la retroversión de la soberanía en los pueblos. El desafío común fue recomponer el orden territorial. Para el análisis de las respuestas dadas por esas comunidades locales a este proceso, el recorte temporal del presente dossier abarca desde la crisis monárquica a la estructuración de las repúblicas provinciales rioplatenses, pasando por los gobiernos provisionales del periodo revolucionario. Desde el punto de vista espacial, analiza comunidades que habían pertenecido a las intendencias virreinales de Salta y Córdoba del Tucumán y que antes habían integrado la gobernación del Tucumán. Los trabajos incluidos en el mismo reconocen comunidades de variado estatus y condición, creadas en diversas coyunturas históricas y con patrones de poblamiento diferentes. Comparten un enfoque en que las experiencias locales son estudiadas en relación con problemas comunes. Procuran descentrar el discurso historiográfico, recuperar la diversidad más allá de Buenos Aires y Litoral e iluminar aspectos que, en narrativas enfocadas en un solo lugar, podrían pasar inadvertidos.

Los artículos de Carmen Cantera y Gabriela Lupiañez exploran conflictos y negociaciones entre agentes tanto al interior de la misma comunidad como en relación con autoridades superiores. Abordan la dimensión territorial en la configuración de espacios políticos, en los inicios del proceso revolucionario demostrando que no fueron comunidades corporativas monolíticas y que el conflicto respondía a la competencia facciosa por concentrar mayores cuotas de poder en el nuevo contexto. A partir del análisis del caso de San Miguel de Tucumán en la intendencia de Salta del Tucumán, Gabriela Lupiañez recupera el ejercicio del gobierno de la ciudad desde el proceso de representación y el ejercicio de la petición a nivel supralocal en la particular coyuntura de 1812. A través del conflicto entre sus redes familiares puede entreverse la ambición por aumentar la cuota de poder manifiesta en la obtención de cargos de nuevo cuño y en la expresión alternativas de relación -con diverso grado de interconexión - con el gobierno provisional con sede en Buenos Aires. Por su parte, Carmen Cantera focaliza su atención en espacios locales subordinados a la gobernación de Córdoba durante la coyuntura de 1814-1815, cuando los temores de conspiración realista dieron lugar a importantes tensiones a nivel local y supra local requirieron de la intervención de las autoridades intendenciales. La investigación se sustenta en la idea de que, más que verdaderas amenazas contrarrevolucionarias, las querellas dan cuenta del faccionalismo y de la competencia política y económica que trasponía los márgenes de los espacios urbanos locales e implicaba a diferentes instancias gubernativas.

Los artículos de Georgina Abbate y Marcela Tejerina se interesan en las variables que condicionaron la incorporación de los antiguos municipios al proceso desplegado desde 1810, convirtiéndose en territorios insurgentes, mediante su adhesión a los gobiernos provisionales rioplatenses, su participación en el congreso que declaró la independencia de las “Provincias Unidas en América del Sur” y su configuración en “repúblicas provinciales”, cuyos contornos se definieron a lo largo de la década de 1820, al mismo tiempo que se buscaba construir una legitimidad republicana. En este escenario, Georgina Abbate revisa algunas claves jurisdiccionales de los procesos de segregación de las ciudades de Santiago del Estero y Jujuy, en dos coyunturas críticas para el conjunto rioplatense, 1815 y 1820, en las que el resultado de estas dinámicas territoriales no estaba predeterminado, ni definido en términos de autonomía. Más allá de los momentos de confrontación, pueden advertirse mecanismos de construcción de vínculos políticos fundados en la pervivencia de una cultura jurisdiccional, que distingue y articula el territorio de la ciudad, como espacio indisponible de las demarcaciones provinciales, en cuanto espacios sujetos al arbitrio del soberano. A continuación, Marcela Tejerina aborda la dinámica territorial de la ciudad de San Luis, desde su incorporación al proceso revolucionario rioplatense hasta la configuración de la provincia a principios de 1820. En el contexto de un pueblo que, afianzado en su derecho al autogobierno, fue configurando una soberanía que, por relativa, no contradecía su voluntad de evitar el riesgo de disgregación. El trabajo profundiza en los fundamentos políticos y económicos que sustentaron las relaciones del pueblo puntano con las autoridades centrales e intendenciales, su defensa del autogobierno y su aspiración a la integración.

Por último, el artículo de Cecilia Fandos se ocupa de la participación y representación de la población de la Puna de Jujuy en las comunidades políticas surgentes. Analiza el comportamiento de estos “sujetos políticos indígenas” en el proceso de transformación de súbditos de la república de indios a ciudadanos de una nación, y busca responder a las siguientes preguntas básicas: cómo intervinieron, con qué significados, limitaciones y alcances. Para ello indaga sobre los modos de acción de estos sujetos en un pleito “jurisdiccional” por el nombramiento del subdelegado con el cabildo de Jujuy (1826-1828) y su participación en las elecciones de 1826. Este lenguaje defensor del ciudadano va de la mano con la concepción corporativa de la comunidad que reivindica su representación en cabildo y el autogobierno del territorio frente a Jujuy -en consonancia con la noción de una república de indios. Con este trabajo, el dossier incorpora el estudio de otros espacios, aquellos que se abren a la indagación histórica a partir del reconocimiento de la existencia y modos de acción particulares de los pueblos indígenas en el marco del avance del estado-nación. La historiografía tiene una deuda con ellos, afirma ^{Clavero (2004, pp. 192-193}): “La presencia humana más distintiva, la indígena de cultura propia, se disuelve como por ensalmo en el escenario figurado de una nación en singular (…)”

Versiones preliminares de la mayor parte de estos trabajos han sido expuestas y discutidas en la mesa “Gobernar la república en los territorios de la monarquía hispana (siglos XV-comienzos del XIX)”, organizada en el marco de las XI Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea “Gobierno y representación en la Edad Moderna y Contemporánea”, que se desarrollaron en la Universidad Nacional del Sur - Departamento de Humanidades, Bahía Blanca, los días 13, 14, 15 y 16 de abril de 2021. Bajo la coordinación de Andrea Mariana Navarro y Gabriela Paula Lupiañez, de la Universidad Nacional de Tucumán, el encuentro propició el intercambio entre investigadores pertenecientes a distintas universidades del cono sur. Preocupados en profundizar sobre procesos atinentes a los territorios meridionales de América del Sur, ofrecieron una variedad geográfica atenta a comunidades políticas locales de diverso status, desde poblaciones dispersas a ciudades con cabildo pasando por villas, pueblos de indios y comunidades sin cabildo. Y, con ello, al decir de las coordinadoras, abrir el análisis a otras experiencias de construcción del estado con sus “éxitos” y “fracasos” y avanzar en preguntas sin la obligada mediación a un “centro de interpretación historiográfico”.

Inspiradas en estos aportes, las investigaciones incluidas en el presente dossier se preocupan por observar los procesos aludidos en atención a una escala de análisis de lo local, que sólo puede ser interpretado en articulación con los procesos regionales y supra regionales propios de la dinámica política de esas comunidades. Y, con ello, establecer las condiciones de posibilidad del esfuerzo comparativo entre espacios que, enfrentando diferentes condicionamientos materiales y tensiones económicas, compartieron la defensa del autogobierno corporativo por sobre las jerarquías territoriales y las demandas de ciudades subalternas a sus cabeceras, avanzando en el proceso de configuración de repúblicas provinciales que, no obstante, nunca perdieron las expectativas de un horizonte común. En esa búsqueda, los trabajos echan mano de fuentes que permiten dar cuenta de la interacción de esas comunidades con autoridades que reconocen como superiores. Para ello, las historiadoras incorporan el análisis de documentos resguardados en repositorios no sólo provinciales sino también conservados en el Archivo General de la Nación. De este modo, contribuyen también desde lo metodológico a la construcción de una historiografía con aspiraciones policéntricas que entiende la construcción estatal como resultado contingente de decisiones tomadas por los agentes en contexto y no un producto teleológicamente determinado.