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Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal
versión On-line ISSN 1851-3727
Doc. aportes adm. pública gest. estatal no.21 Santa Fe dic. 2013
POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A UN MANEJO AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE DEL AGUA DULCE
Tesista
Nidia Acuña del Pino
Directora de tesis
Silvia Regoli Roa
Uno de los grandes problemas que ya está afectando a la población humana a nivel global, en particular a determinadas regiones áridas, es la escasez y las limitaciones al acceso al agua limpia. Los cambios previstos para las próximas décadas en cuanto al aumento de la población mundial, el aumento en el consumo y el aumento de las dificultades de acceso al agua dulce, acentuarán esta situación. El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI (ONU, 2003). La escasez y contaminación del agua es el principal problema del siglo XXI a raíz de lo cual es imprescindible una gestión ambiental sustentable a largo plazo del recurso hídrico. La importancia del tema se ve reflejada a nivel mundial con la formulación y el establecimiento de los llamados Objetivos del Milenio y la Directiva Marco del Agua por citar algunas Políticas Públicas. No es casual que las políticas públicas hayan incorporado el componente ambiental en sus horizontes de intervención, más aún, las estrategias de desarrollo han internalizado la idea de sustentabilidad como garantía para la protección ambiental. Las políticas de desarrollo, al apostar a una lógica cortoplacista, no sustentable e inequitativa, con escasa capacidad de regulación, generan conflictos socioambientales. La conservación de los recursos y servicios ambientales y la mitigación de impactos, requiere contar con los medios técnicos, científicos y económicos, pero básicamente con políticas públicas a largo plazo. En ese marco, surgen las preguntas: ¿Existen políticas públicas tendientes a evitar la contaminación del agua dulce, tanto superficial como subterránea, en Argentina? En caso de que existan tales políticas: las mismas ¿Se cumplen? Si las Políticas Públicas necesarias en Argentina, no existen.¿Cuál debe ser el contenido y alcance de las mismas? ¿Qué organismos y a qué nivel de gobierno deben diseñarlas y aplicarlas?
Los objetivos de la investigación que se plantearon fueron: i) Indagar si existen políticas públicas para un manejo sustentable del agua dulce en Argentina; ii) Esclarecer respecto al siguiente debate: el agua dulce, es un derecho, una mercancía o ambas; iii) Detectar qué disciplinas científicas deben intervenir en su definición y aplicación; iv) Determinar qué organismos y a qué nivel de gobierno deben diseñarse y aplicarse tales políticas públicas. El tipo de investigación tuvo un encuadre metodológico de tipo cualitativo: es decir, que partiendo de una observación y registro de lo que ocurre en la realidad respecto al tema central de la investigación, se intentaron comprender los motivos y las situaciones que la han generado. El trabajo investigativo tuvo las características de un estudio exploratorio. Debido al carácter de la temática, el trabajo se abordó con un enfoque multidisciplinario, sistémico y sin soslayar la complejidad del objeto de estudio. Desde el punto de vista de las Ciencias Económicas se utilizaron conceptos claves como: las características de Bien Público, Bien Privado, Externalidades y Regulación. Desde la biodiversidad, pautas de acción para preservar, estudiar y usar en forma sostenible y equitativa la riqueza biótica de la tierra, es decir, una estrategia global para la diversidad biológica. Finalmente la Política Pública siguiendo a Oszlak y O'Donell (2004), que la definieron como el conjunto de acciones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita la atención, el interés y la movilización de actores en una sociedad.
Entre las conclusiones puede mencionarse que el gobierno nacional argentino prestó mucha más atención a cómo hacer atractivas y exitosas las transacciones de privatización que al problema de las reglas de la regulación y sus instituciones específicas. Y dentro de la problemática de la regulación, se prestó más atención a las cuestiones de incentivos que al fortalecimiento de las instituciones y los mecanismos de contención del poder discrecional de los reguladores. Al evaluar los resultados de la participación privada en el sector durante los años 90 en Argentina la experiencia demuestra que la mayoría de los problemas en los sistemas regulatorios se originan en el texto de la Ley o del Contrato de Concesión, ya que los marcos regulatorios incorporan por voluntad o por omisión importantes sesgos y generan disfuncionalidades en su aplicación. Debe existir un organismo de regulación independiente que vele por la calidad del agua, planes de inversión que amplíen la cobertura a todos los habitantes en un plazo razonable, que la estructura tarifaria no sea regresiva y que fomenten un uso racional del recurso (en cuanto al agua de uso domiciliario, comercial e industrial), transparencia de la gestión de la empresa prestadora, etc. Está plenamente justificado, a nuestro juicio, no sólo por motivos sociales sino también por motivos estrictamente económicos, declarar al agua como un derecho universal, que debe estar a disposición de todos los ciudadanos del planeta, en condiciones de buena calidad para la salud humana y libre de cargas porque la conservación del agua es imperativa para la lucha contra la pobreza y la promoción del crecimiento y el desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional.
Tesista
Nidia Acuña del Pino
Directora de tesis
Silvia Regoli Roa
Uno de los grandes problemas que ya está afectando a la población humana a nivel global, en particular a determinadas regiones áridas, es la escasez y las limitaciones al acceso al agua limpia. Los cambios previstos para las próximas décadas en cuanto al aumento de la población mundial, el aumento en el consumo y el aumento de las dificultades de acceso al agua dulce, acentuarán esta situación. El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI (ONU, 2003). La escasez y contaminación del agua es el principal problema del siglo XXI a raíz de lo cual es imprescindible una gestión ambiental sustentable a largo plazo del recurso hídrico. La importancia del tema se ve reflejada a nivel mundial con la formulación y el establecimiento de los llamados Objetivos del Milenio y la Directiva Marco del Agua por citar algunas Políticas Públicas. No es casual que las políticas públicas hayan incorporado el componente ambiental en sus horizontes de intervención, más aún, las estrategias de desarrollo han internalizado la idea de sustentabilidad como garantía para la protección ambiental. Las políticas de desarrollo, al apostar a una lógica cortoplacista, no sustentable e inequitativa, con escasa capacidad de regulación, generan conflictos socioambientales. La conservación de los recursos y servicios ambientales y la mitigación de impactos, requiere contar con los medios técnicos, científicos y económicos, pero básicamente con políticas públicas a largo plazo. En ese marco, surgen las preguntas: ¿Existen políticas públicas tendientes a evitar la contaminación del agua dulce, tanto superficial como subterránea, en Argentina? En caso de que existan tales políticas: las mismas ¿Se cumplen? Si las Políticas Públicas necesarias en Argentina, no existen.¿Cuál debe ser el contenido y alcance de las mismas? ¿Qué organismos y a qué nivel de gobierno deben diseñarlas y aplicarlas?
Los objetivos de la investigación que se plantearon fueron: i) Indagar si existen políticas públicas para un manejo sustentable del agua dulce en Argentina; ii) Esclarecer respecto al siguiente debate: el agua dulce, es un derecho, una mercancía o ambas; iii) Detectar qué disciplinas científicas deben intervenir en su definición y aplicación; iv) Determinar qué organismos y a qué nivel de gobierno deben diseñarse y aplicarse tales políticas públicas. El tipo de investigación tuvo un encuadre metodológico de tipo cualitativo: es decir, que partiendo de una observación y registro de lo que ocurre en la realidad respecto al tema central de la investigación, se intentaron comprender los motivos y las situaciones que la han generado. El trabajo investigativo tuvo las características de un estudio exploratorio. Debido al carácter de la temática, el trabajo se abordó con un enfoque multidisciplinario, sistémico y sin soslayar la complejidad del objeto de estudio. Desde el punto de vista de las Ciencias Económicas se utilizaron conceptos claves como: las características de Bien Público, Bien Privado, Externalidades y Regulación. Desde la biodiversidad, pautas de acción para preservar, estudiar y usar en forma sostenible y equitativa la riqueza biótica de la tierra, es decir, una estrategia global para la diversidad biológica. Finalmente la Política Pública siguiendo a Oszlak y O'Donell (2004), que la definieron como el conjunto de acciones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita la atención, el interés y la movilización de actores en una sociedad.
Entre las conclusiones puede mencionarse que el gobierno nacional argentino prestó mucha más atención a cómo hacer atractivas y exitosas las transacciones de privatización que al problema de las reglas de la regulación y sus instituciones específicas. Y dentro de la problemática de la regulación, se prestó más atención a las cuestiones de incentivos que al fortalecimiento de las instituciones y los mecanismos de contención del poder discrecional de los reguladores. Al evaluar los resultados de la participación privada en el sector durante los años 90 en Argentina la experiencia demuestra que la mayoría de los problemas en los sistemas regulatorios se originan en el texto de la Ley o del Contrato de Concesión, ya que los marcos regulatorios incorporan por voluntad o por omisión importantes sesgos y generan disfuncionalidades en su aplicación. Debe existir un organismo de regulación independiente que vele por la calidad del agua, planes de inversión que amplíen la cobertura a todos los habitantes en un plazo razonable, que la estructura tarifaria no sea regresiva y que fomenten un uso racional del recurso (en cuanto al agua de uso domiciliario, comercial e industrial), transparencia de la gestión de la empresa prestadora, etc. Está plenamente justificado, a nuestro juicio, no sólo por motivos sociales sino también por motivos estrictamente económicos, declarar al agua como un derecho universal, que debe estar a disposición de todos los ciudadanos del planeta, en condiciones de buena calidad para la salud humana y libre de cargas porque la conservación del agua es imperativa para la lucha contra la pobreza y la promoción del crecimiento y el desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional.
