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Introducción
Desde los comienzos de la construcción del Estado correntino a partir de 1821, los miembros de su elite dirigente comenzaron a realizar acciones para incorporar formalmente partes del territorio, que desde los tiempos coloniales, consideraba como propios en una acción que se enmarcaba en la defensa de los límites que le otorgara el fundador en 1588. En la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto de existencia de un Estado Nacional, se inició la disputa entre Corrientes y la Nación por el territorio de las Misiones, ya que sus derechos comenzaron a ser cuestionados. Esto llevó a que su elite dirigente se preocupara por definir, lo que consideraba, debían ser los límites de su territorio.
En el imaginario de la elite dirigente correntina de mediados del siglo XIX,1 existían grandes expectativas tanto en el plano político como en el económico. En el primer aspecto, los correntinos esperaban de la Nación una retribución por todo lo que la provincia había realizado en pro de la conformación del Estado Nacional, la cual debía traducirse en un futuro promisorio en el que tendrían una participación activa en la conducción del país. En el terreno económico, estaban convencidos de que los recursos con los que contaba la provincia, serían suficientes para alcanzar un gran desarrollo. Dentro de estas expectativas de progreso, el territorio de Misiones ocupaba un lugar importante, por la existencia de yerbales naturales y por la riqueza de sus maderas. La elite correntina tenía el interés de asegurar para sí la posesión de este territorio, para explotar estos recursos.
Durante la primera mitad del siglo XIX y en un contexto de fronteras abiertas, la provincia de Corrientes extendió su área de jurisdicción, en base a diversas y complejas variables, que dieron lugar a una expansión o una contracción de los espacios ocupados que se incorporaron a la jurisdicción provincial. La sanción de la Constitución Nacional impuso cierto límite a este proceso al concebir a las zonas que no se hallaban bajo posesión provincial como dependientes de la jurisdicción de la Nación. Asimismo, también, estableció que el Congreso sería el árbitro que dirimiese las disputas por los derechos territoriales de la Nación y de las provincias (Bressan, 2020). El acta fundacional de Corrientes, la constitución provincial y de la Nación, los relatos históricos y los recursos jurídicos se convirtieron en los principales recursos utilizados por los legisladores, miembros de la elite, intelectuales de la época para sostener los derechos de la Nación o/y de Corrientes en los extensos y encendidos debates que buscaban probar la legitimidad de determinadas pretensiones territoriales.
La disputa por el territorio de Misiones en la segunda mitad del siglo XIX se inserta dentro del proceso de definición de los límites territoriales nacionales y el despliegue de las diferentes estrategias y acciones por controlar dicho territorio. Desde hace varias décadas, la renovación en la historia y en la geografía, y el intercambio metodológico entre estas disciplinas, complejizaron la mirada y las formas de interrogar este proceso de conformación espacial. El territorio y sus delimitaciones dejaron de ser datos inmutables y pasaron a ser concebidos como una construcción, el resultado de un conjunto de procesos sociales. Es desde esta mirada que las investigaciones referidas a la cuestión Misiones han abordado el proceso de definición de sus límites y los problemas surgidos en torno a este proceso; los espacios e instituciones en los cuales se desplego el enfrentamiento entre la provincia de Corrientes y Nación por el control del territorio misionero; el despliegue gubernativo de Corrientes para el control del mismo, las formas de ocupación de la tierra y la organización jurídico administrativa de este espacio (Buchbinder, 2004, Bressan, 2017, 2018 y 2020; Schaller, 2001 y 2000; Zouvi, 2010 ). Asimismo, en los últimos años, se ha profundizado en el estudio de los discursos, las memorias, la producción historiográfica, la construcción y circulación de saberes y representaciones sobre el territorio correntino y misionero (Leoni & Quiñonez 2015 y 2007; Quiñonez, 2013, 2012 y 2008).
En el presente trabajo hemos centrado nuestro análisis en la introducción de la “Colección de Datos y Documentos referentes a Misiones como parte integrante del Territorio de la Provincia de Corrientes” (1877) y en el informe elaborado por Mardoqueo Navarro: “El territorio Nacional de Misiones” (1881). Estos documentos nos sirven para identificar y contraponer los argumentos que Corrientes y el Estado Nacional esgrimieron en torno al territorio de Misiones. La colección resguardó los intereses de la Provincia de Corrientes, en un intento por fundar una argumentación que evite la pérdida de esos territorios para la provincia. Años más tarde, en el contexto de la eminente federalización del territorio misionero, se presentó y publicó el trabajo de Navarro, el cual defendió los intereses de la Nación haciendo un examen de los documentos presentados por la comisión de 1877. A lo largo del análisis intentaremos establecer y caracterizar las diferentes representaciones del territorio de Misiones que se produjeron y circularon en las publicaciones oficiales durante los siglos XIX. También buscaremos establecer la influencia de estas obras en los discursos historiográficos posteriores de Corrientes y Misiones.
La Cuestión de Misiones: La disputa territorial con la Nación como contexto de producción
La ocupación y poblamiento del territorio correntino se inició desde dos direcciones: la primera desde el vértice noroeste, sobre el rio Paraná, en donde había sido fundada la ciudad de Corrientes (1588);2 la segunda, en el sector nordeste donde se instalaron las Misiones jesuíticas de guaraníes que fueron establecidas en las cuencas del Alto Paraná y Uruguay, zona que actualmente comprende a la provincia de Misiones y la parte nordeste del actual territorio correntino. La formación de las Misiones se inició a comienzos del siglo XVII, con el objetivo de evangelizar aquellas áreas habitadas por guaraníes que no estaban controladas por los españoles.
Las llamadas Misiones Occidentales comprendían 15 pueblos, entre los que se encontraban Yapeyú, Santo Tomé, La Cruz y San Carlos, ubicadas dentro del territorio que hoy pertenece a Corrientes. A partir de la expulsión de los jesuitas, en 1768, y hasta las primeras décadas del siglo XIX se produjo una progresiva fragmentación del espacio que ocupaba la sociedad guaraní misionera: algunas reducciones entraron en declinación, otras se despoblaron, y en muchas se desorganizaron las actividades económicas que las sustentaban, por lo cual varias quedaron en manos de pobladores criollos y, con el inicio del periodo independiente muchos de los pueblos guaraníes se dispersaron. La fragmentación del territorio convirtió a las Misiones en frontera de nuevos estados, provocando con ello conflictos jurisdiccionales y el reparto del espacio entre las naciones limítrofes.
Los sucesos ocurridos a partir de 1810, interrumpieron la expansión territorial de Corrientes, ya que la provincia se vio afectada por la contienda entre artiguistas y directoriales. En 1814, el Director Gervasio Posadas, con el fin de obtener apoyos para enfrentarse a Artigas, dictó un decreto (10 de septiembre), por el cual se crearon las provincias de Entre Ríos y Corrientes, separándolas de la dependencia de Buenos Aires. El artículo 2 estableció que los límites de Corrientes serian “… al norte y oeste el Rio Paraná hasta la línea divisoria de los dominios portugueses, al este el rio Uruguay y al sud la misma línea que se ha designado como límite por la parte del norte a la provincia de Entre Ríos” (Gómez, 1922, p. 68). Esta asignación de límites resultó importante porque incluyó parte del territorio misionero dentro del territorio correntino. Más tarde, la victoria de Francisco Ramírez sobre Artigas, significó para Corrientes la incorporación a la fugaz experiencia de la República Entrerriana, situación que permaneció así hasta 1821, cuando una revolución local logró restablecer la soberanía provincial. A partir de entonces, Corrientes reanudó su expansión territorial, y en 1822, con el objetivo de anexar el vasto territorio misionero el gobierno correntino intentó, sin éxito, incorporar a su jurisdicción y dominio a algunos pueblos de las Misiones. Ese mismo año, se firmó el Tratado del Cuadrilátero, en el cual se determinó la frontera entre Corrientes y Misiones y se reconoció a los misioneros el derecho de elegir su propio gobierno (Gómez, 1922, p. 69).
A partir de 1827, dio inicio al repoblamiento e incorporación efectiva del territorio misionero con la anexión de los pueblos de San Miguel y Loreto; pero recién en 1830, se logró la anexión a la provincia de Corrientes, de parte del espacio que había correspondido a las Misiones Occidentales. Ello se concretó a través de un acuerdo con las poblaciones guaraníes asentadas en las ruinas de la reducción de La Cruz. De esta manera, Corrientes incorporaba de manera efectiva esos territorios y la población nativa “aceptaba someterse a la autoridad de la provincia y acatar sus leyes” (Schaller, 2001, p. 137). No obstante, como no existían en ese momento, autoridades nacionales que decidieran sobre los límites provinciales, se estableció “que la condición legal de las Misiones Occidentales quedaba en statu quo hasta que la Nación reunida en Congreso resuelva sobre ello” (Schaller, 2000, p. 564). El convenio firmado con los pobladores de La Cruz permitió a Corrientes extender su jurisdicción sobre los campos misioneros, expandiéndose hacia el norte hasta alcanzar el rio Aguapey. Allí tropezó con los asentamientos militares del Paraguay, que pretendían asegurar el corredor que comunicaba Itapuá con San Borja.3 Ante este hecho el gobernador correntino, Pedro Ferré, decidió enviar fuerzas para ocupar la Tranquera de Loreto. Inicialmente las tropas paraguayas se retiraron del lugar, pero a fines de 1833 intentaron recuperar la zona. Por falta de apoyo y recursos, la provincia se vio obligada a retirar sus tropas, y la frontera con el Paraguay se mantuvo en un estado de constante tensión.
Hacia mediados del siglo XIX se inició una nueva fase en la ocupación correntina de las antiguas Misiones. Con la llegada de Justo José de Urquiza al gobierno de la Confederación Argentina, se inició un cambio de relaciones con el Paraguay, gracias al reconocimiento de su independencia y la proclamación de la libre navegación de los ríos, a través del tratado firmado en 1856. Asimismo, se estableció que los paraguayos mantenían la ocupación de la zona de Candelaria, pero abandonaban la vigilancia de las áreas ubicadas a lo largo del Rio Uruguay. De esta manera, Corrientes pudo continuar con su avance al este de la frontera del Aguapey e incorporó el sector comprendido entre este río, el Uruguay y la sierra central misionera. El área fue anexionada al departamento de Santo Tomé, el cual se convirtió en un centro comercial importante en la región y la provincia pudo tener acceso a los yerbales del interior de Misiones. (Schaller, 2000, p. 73).
La conformación del Estado argentino, planteó la urgente necesidad de delimitar los espacios provinciales. En 1862 se sancionó la ley nacional Nº 28, según la cual, “eran nacionales todos los territorios existentes fuera de los límites o posesión de las provincias”, de esa forma, se estableció el primer paso en pos de la organización de los límites internos. A partir de esta ley, la provincia de Corrientes se preocupó por garantizar sus derechos sobre el área ubicada entre el Miriñay y el Aguapey, lo cual se tradujo en algunas disposiciones legales que tuvieron el objetivo de favorecer a las Misiones. A lo largo de la década del 60 se dictaron una serie de decretos y resoluciones, tendientes a regular y reglamentar la explotación de los yerbales y la madera.4 Asimismo, la constitución correntina sancionada en 1864, incluyó el territorio de las antiguas Misiones como parte de la provincia de Corrientes.5 De esta manera, la iniciativa de la Nación de incluir dichos territorios bajo su administración, y el proyecto de Corrientes, de incorporarlos definitivamente, desembocó en un conflicto jurisdiccional, que se extendió hasta 1881.
La ley nacional de Inmigración y Colonización, la cual se refería a Misiones como territorio nacional e indicaba la conveniencia de iniciar su colonización, y la aprobación del tratado de límites con Paraguay, colocó en la agenda nacional y provincial la prioridad de resolver el estatus jurídico de las Misiones hacia 1876. De esta manera, se iniciaron los primeros intentos de colonización del territorio, por parte de la provincia de Corrientes y el Gobierno Nacional, a través de la firma de contratos de colonización.6 Cuando tomaron fuerza las versiones sobre el proyecto de federalización del territorio misionero, la elite provincial correntina se dispuso a ejercer la defensa de sus derechos sobre el mismo, apelando a distintos argumentos para mantener los límites fijados por el decreto de 1814 del director Posadas. Esta situación produjo que la provincia se interesara por determinar los instrumentos legales que probaran que esos territorios habían pertenecido a Corrientes desde su fundación. Para fundamentar esta posición, el gobierno de José Luis Madariaga encargó a una comisión presidida por Ramón Contreras e integrada además por Lisandro Segovia, Juan Valenzuela y José Alsina. Estos tuvieron la tarea de reunir los documentos probatorios y elaborar un informe, que fue puesto a consideración del Poder Ejecutivo en abril de 1877. En dicho decreto se estableció:
“… Aunque el Poder Ejecutivo de la provincia ha iniciado ya ante el gobierno de la Nación las gestiones necesarias en sostén de los derechos de la provincia de Corrientes al territorio de Misiones, como lo ha manifestado el presidente de la república, esa cuestión se agita ya y es conveniente coleccionar los documentos que comprueban los derechos incuestionables de la provincia al expresado territorio (…)”.7
Es importante señalar que esta disputa se dio en medio de un fuerte conflicto a nivel provincial que enfrento a los dos partidos tradicionales de la provincia: liberales y autonomistas. La situación política que se da al final del periodo de Avellaneda y ante la candidatura de Roca, alimentó una división profunda que se había acentuado en el conflicto que enfrento a ambas facciones en 1877 y 1878 y que derivo en la instalación del gobierno liberal de Felipe Cabral y la consiguiente huida de los autonomistas que se exiliaron en Buenos Aires. Luego del triunfo de Roca y la intervención de Corrientes, los autonomistas regresaron a la conducción de la provincia para permanecer por más de una década, y los liberales iniciaron un prolongado exilio que los llevo a Buenos Aires donde se sumaron a la oposición al régimen conservador que dio lugar a la Unión Cívica.
La coalición política que llevó a la presidencia a Julio Argentino Roca (1880-1886) inició el proceso de consolidación estatal y procuró desarrollar las bases para la continuidad de la expansión del modelo de crecimiento basado en la exportación de productos primarios. En este contexto, resultó necesario ampliar la superficie de tierras disponibles para la expansión de la agricultura y la ganadería. De esta manera se incorporó al esquema productivo una considerable extensión de tierras, indispensables para garantizar la continuidad del modo de acumulación dominante (Ruffini, 2007). Durante la sesión de apertura del Congreso Nacional, en mayo de 1881, el presidente remarcó la necesidad de dictar una ley definitiva que determinara los límites de los territorios nacionales para que estos espacios se poblaran y transformaran definitivamente. Sus declaraciones comprometieron el dominio correntino sobre Misiones, al incluir dicho territorio entre las tierras de propiedad inmediata de la Nación.8 De esta forma, se colocaba en primer plano la principal cuestión que el elenco correntino había arrastrado sin resolución desde la década de 1860 (Bressan, 2016).
En este contexto, en abril de 1881, el Ministerio del Interior solicitó a Mardoqueo Navarro reunir los artículos escritos por su hermano, Samuel Navarro, en 1877, sobre el territorio de las Misiones publicados en La Tribuna y realizar el estudio de la colección publicada por Corrientes el mismo año.9 Como resultado de esta labor, en junio de 1881 se publicó “El territorio Nacional de Misiones”. Un mes después, el presidente envió al Congreso Nacional, el proyecto de ley que proponía la nacionalización de Misiones.10 Los fundamentos de “los incuestionables derechos de la Nación” sobre este espacio, fueron presentados a través de una síntesis de su evolución histórica, de la falta de títulos por parte de Corrientes para reclamarlos, y un informe detallado sobre el estado de abandono y atraso en el que se hallaban estas tierras; en estos términos describió su situación:
“… en aquella vasta extensión que fue en otro tiempo un centro activo de trabajo y de cultura, hoy no hay templos ni escuelas, no se ha introducido una sola industria nueva, no se encuentra el más pequeño núcleo de población estable, que pueda afirmarse y multiplicarse sobre la tierra que ocupa”.11
De esta manera, la intervención del Estado Nacional fue presentada como el único camino para que este territorio saliera del estado de aislamiento en que se encontraba, y fuera incorporado al desarrollo y progreso del país. No obstante, se aclaraba que si bien, los verdaderos límites del territorio de Misiones alcanzaban hasta el rio Miriñay, debía dejarse la parte comprendida entre este río y el Aguapey a la provincia de Corrientes. La comisión evaluadora decidió reformular el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y reemplazarlo por otro, en el cual se propuso fijar los límites de la provincia de Corrientes. Asimismo, se definió que sería el Poder Ejecutivo el que propondría al Congreso la organización, administración y gobierno que considerase conveniente para el territorio de Misiones, que la ley no adjudicaba a Corrientes. De esta manera, en el mes de septiembre se inició el debate parlamentario por la federalización de Misiones.12
El informe de la Comisión presidida por Ramón Contreras13
Como señalamos en el apartado anterior, los resultados de la tarea de recolección de datos y antecedentes sobre Misiones, iniciada por Ramón Contreras, Lisandro Segovia, Juan Valenzuela y José Alsina, se publicaron en agosto de 1877, en tres tomos, bajo el título de “Colección de datos y documentos referentes a Misiones como parte integrante del territorio de la provincia de Corrientes”. En la introducción de la colección, cuya autoría se atribuye a Contreras, se oficializa la visión que desde la capital provincial se tenía sobre el período de la preponderancia artiguista. La misma reúne testimonios desde 1588 hasta el año de su publicación, donde la provincia de Corrientes exponía al país sus fundamentos documentales, sobre lo que consideraba le pertenecía. La introducción de dicho informe articula el primer relato sobre el derrotero histórico de la provincia desde la fundación de la ciudad.
En la introducción del informe, Contreras señalaba que no se trataba de una colección completa, ya que no contenía los documentos principales que se referían al asunto de las Misiones, hecho atribuible al poco tiempo del que habían dispuesto para realizar la tarea: “una comisión que debía abrazar en sus trabajos de investigación tres siglos de nuestra historia, no era ocupación de algunos meses sino de años”.14 En estos términos consideró que la provincia no debió postergar por tanto tiempo la tarea de reunir dicha documentación. La reflexión de Contreras es un indicio de que Corrientes no había previsto que esos territorios le fueran disputados. Asimismo manifestó que la Nación no tenía ningún derecho sobre el territorio de las Misiones pues fue la provincia de Corrientes la que lo había colonizado formando pueblos con su población nativa, por lo tanto, no existía ningún acto material o establecimiento nacional que pudiera justificar algún derecho de la Nación en el territorio de Misiones.
Ernesto Maeder señala que el acta de fundación de la ciudad de Corrientes constituye la pieza principal que asigna a la ciudad de Vera sus límites y términos (Maeder, 2004, p. 165). Esos límites fueron considerados por los historiadores correntinos como una jurisdicción que se le atribuía para siempre, sin reparar en la consideración de que se trataba de una extensión desmesurada que superaba la capacidad administrativa del Cabildo. En el informe, se hace alusión al acta de fundación de Corrientes,15 considerado como el primer título jurídico que la provincia podía alegar en su favor, porque dentro de los límites dados a la ciudad se incluía el territorio de las Misiones Occidentales. Dentro de esta asignación de límites, el fundador de la ciudad, Juan Torres de Vera y Aragón, otorgó a Corrientes una jurisdicción que comprendió además del territorio actual de la provincia, gran parte del Chaco y sur del Brasil (Schaller, 2000, p. 13). Sin embargo, la enorme extensión del territorio y la falta de población no permitieron que la ciudad pudiera hacer valer esos supuestos derechos en el espacio donde se instalaron comarcas alejadas.16
Al hacer mención a los jesuitas, Contreras se refirió a ellos como intrusos del territorio, porque durante el siglo XVII ocuparon un espacio, que por derecho pertenecía a la ciudad de Corrientes. A través de resoluciones reales y de los gobernadores, estos avanzaron sobre el territorio penetrando por “la especie de istmo (hoy Ituzaingó) entre Paraná e Iberá y por el extremo opuesto de norte a sur entre Iberá y Uruguay…”.17 Para Contreras, esta “usurpación” resulta importante porque desde ese momento la provincia fue “amordazada” y no logró que sus reclamos acerca de la fijación de límites fueran atendidos. En este punto es importante señalar que interpretar la creación de las Misiones Jesuíticas como una intromisión, constituye un anacronismo histórico, ya que la instalación de las Misiones formo parte de una política misional concertada y apoyada por las autoridades de la época (Maeder, 2004).
El acta de fundación de la ciudad y la confirmación de esta por parte del rey de España, Felipe II, 18 no son los únicos títulos a los que el autor se refería; también nombró como pruebas de esos derechos las resoluciones de Belgrano del año 1810 en las cuales se adjudicó a Corrientes una porción del territorio de las Misiones en virtud de los poderes que le daba la junta revolucionaria; y sumado a ello, el decreto del director supremo Gervasio Posadas, de 1814, en el cual se otorgó a Corrientes gran parte del territorio que había pertenecido a las misma. Es importante detenerse en este punto y recordar que por ese mismo decreto Corrientes se convirtió en provincia autónoma.
Es preciso señalar dos cuestiones, por una parte, que el período que se extiende entre 1810 y 1820 fue una etapa de conflictos y desorden interno en que la provincia de Corrientes se convirtió en escenario de luchas que enfrentó a directorales y artiguistas, especialmente desde 1814; por otra parte, que la elite consideró al año 1821 como el que correspondía al inicio de su autonomía.19 Contreras consideró que lo más importante del decreto de Posadas no fue la obtención de la autonomía, sino la designación del territorio de la provincia incluyendo parte del territorio misionero dentro de los límites que le atribuía. Pero a su vez señaló, que, al haber aceptado este decreto, que le daba al norte y al oeste al río Paraná como límite de su territorio, debió dejar a favor de la Nación sus territorios en el Chaco y los ubicados entre el Paraná y el Tebicuary (hoy territorio paraguayo), es por esto por lo que el autor expresó: “Corrientes tenía derecho a más de lo que le asignaba Posadas”.20
El testamento político de las poblaciones y últimos restos de guaraníes que resignaron sus derechos en Corrientes es otro de los documentos mencionados. Dichos pueblos y los territorios que habitaban comenzaron a ser incorporados a partir de 1827, debido a que la existencia autónoma de los mismos resultaba dificultosa por el despoblamiento y la anarquía que se vivía en ese entonces. El primer acto de esa incorporación fue la firma de un acuerdo con los pueblos de San Miguel y Loreto; por el cual sus habitantes aceptaron la autoridad de Corrientes y la comarca pasó convertirse en un distrito que se llamó “departamento de los pueblos de San Miguel y Loreto”. Tres años más tarde, se logró la anexión del territorio que había correspondido a las Misiones Occidentales a través de un convenio con dirigentes de estas poblaciones; pero como se ha mencionado anteriormente, la incorporación tuvo un carácter provisorio, ya que dio al Congreso la facultad de decidir sobre la jurisdicción de la comarca.
También se menciona como título justificativo de los derechos de Corrientes, al Tratado del Cuadrilátero, firmado en 1822, entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes; porque en el mismo se estableció que el territorio de Misiones quedaba libre para formar su gobierno y reclamar la protección de una de las provincias firmantes; y se determinó que el limite provisorio entre Corrientes y Entre Ríos con el territorio de Misiones, estaría determinado por los Arroyos Guayquiraró, Miriñay y Tranquera de Loreto. El último de los títulos que se menciona es la Ley Nacional Nº 28, sancionada en 1862. Desde la posición correntina, esta ley consagró dos principios que resguardaban los derechos territoriales de las provincias: “… el de los títulos de ellas a sus territorios y el de sus posesiones hasta el 1 de mayo de 1853”21. Para Contreras, de esta manera se estableció que las provincias podían recuperar los territorios comprendidos en sus títulos, por más que hubiesen perdido la posesión a causa de ocupación extranjera o guerras civiles.
Al exponer cada uno de los títulos, Contreras expresó que los derechos de Corrientes eran claros y que desconocerlos significaba dirigir:
“… uno de los ataques más rudos a la Constitución, atentar contra la soberanía del pueblo correntino, violar la ley nacional de 1862 y amenazar la existencia política de los demás estados”.22
Al finalizar el informe, el autor manifestó que estaba muy lejos de haber cumplido su cometido ya que el informe no reunía todos los documentos importantes sobre el asunto de Misiones y atribuía la situación al escaso tiempo dispuesto para llevar a cabo la compilación, y a las constantes exigencias que ejerció la Secretaria del Senado Nacional para el envío del documento. La Comisión presentó su trabajo al gobernador de la provincia el 16 de agosto de 1877, el cual fue publicado e inmediatamente se ordenó el envío de ejemplares al Congreso, al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos de las provincias.
El contra informe de Mardoqueo Navarro23: la defensa de los intereses de la Nación
En 1877 en su carácter de Inspector de Aduanas del Alto Uruguay, Samuel Navarro, hermano de Mardoqueo, por pedido del Gobierno Nacional, emprendió la tarea de recopilación de documentos y antecedentes del territorio de Misiones. Esto le valió, ser acusado por la provincia de Corrientes, a través de un telegrama publicado en La Nación,24 de perturbar el orden interno de la provincia y promover ideas separatistas. Tras este episodio, Samuel Navarro respondió a estas acusaciones a través de la publicación de varios artículos referidos a la cuestión de Misiones. Años más tarde, por solicitud del Ministerio del Interior, Mardoqueo Navarro fue el encargado de completar la terea iniciada por su hermano y organizar los artículos publicados por él, para convertirlos en una publicación oficial titulada “El territorio nacional de Misiones” (1881). En la introducción de la obra Navarro señalaba que el examen ordenado de los documentos y antecedentes acumulados en relación a la pretensión de Corrientes, era el propósito único de sus apuntes, “… ajenos por lo demás a todo impulso egoísta o de partido, pues ningún vínculo, que no sea el de argentino, nos liga a esta cuestión”25.
Este informe representa una defensa de los intereses de la Nación a través de un examen detallado de los documentos que la comisión de 1877, presidida por Ramón Contreras había presentado para fundamentar los derechos de la provincia de Corrientes En su informe, Contreras señalaba que el Acta de fundación de la ciudad de Corrientes era el primer título jurídico que la provincia podía alegar a su favor. Navarro se refirió al acta y cuestionó la razón por la que este documento no fue presentado por la comisión de forma completa, sino en fracciones. Se consideraba que no fue utilizado por falta de tiempo para realizar la tarea de recolección. Esto era una prueba de que dicha omisión se realizó de forma voluntaria: “… no le bastaron cinco meses para obtener lo que nosotros alcanzamos en veinticinco minutos”, sostuvo Navarro en sus escritos.26 Para el autor, excepto el fragmento incluido, lo demás en el acta no podía ser considerado como explícitamente erectorio de Misiones como territorio de Corrientes.27 Además sostuvo que la transcripción de dicho documento no estaba conforme con la copia que fue consultada en la Biblioteca de Buenos Aires. Este mismo cuestionamiento fue tomado por el historiador misionero Aníbal Cambas (1945); quien en su obra “Historia política e institucional de Misiones”, se refería al acta de fundación y cuestionaba el hecho de que Corrientes la presentara como presunto título sobre las Misiones, ya que consideraba que la falta de puntos de referencia e ignorancia geográfica de la época hicieron que el fundador de la cuidad incluyera un territorio casi imposible de ocupar dada la extensión del mismo; para Cambas la pretensión correntina resultaba torpe y absurda, ya que la ciudad nunca había hecho efectiva la posesión (Cambas, 1945, p. 123) .
Por otro lado, el informe realiza una defensa de la labor de los jesuitas en dichos territorios:
“… los territorios hoy de Misiones, y antes del Paraná, Uruguay y Tape fueron conquistados todos por las palabras y esfuerzos de la Compañía de Jesús, por mandato, a expensas y bajo la más amplia protección del soberano de España”.28
Como hemos dicho anteriormente, los correntinos consideraron que los jesuitas habían ocupado un territorio que por derecho le pertenecía a la ciudad. Contrariamente, Navarro sostuvo que la Compañía de Jesús había conquistado el territorio en beneficio de la corona, de quien era sucesora la Nación, y reprochó a Corrientes haber querido efectivizar la ocupación del territorio asignado en su acta fundacional, una vez que los jesuitas ya habían levantado las reducciones.
El siguiente cuestionamiento a la comisión estaba centrado en el Decreto Directorial de Posadas de 1814. Para el autor, en dicho decreto se dieron los fundamentos para la creación de tres provincias, pero solamente concluyó dando surgimiento a dos: Corrientes y Entre Ríos, lo que significó la muerte de Misiones al convertirla en apéndice de Corrientes, despojándola así su ser de provincia. Además, se sustentaba que dicho decreto no podía tener ningún valor, ya que no había obtenido la sanción de la asamblea, requisito indispensable de autoridad.29 Navarro acusó a la provincia de Corrientes de no haber mencionado jamás otro título sobre el territorio de Misiones que no fuera el decreto de Posadas. Le recriminaba a la provincia, que al haber sido la beneficiada de dicho decreto no hubiera aceptado oficialmente la donación, basándose para ello en la inexistencia en la época, de un documento que acredite esa aceptación:
“… la Corrientes actual, que tan poseída se encuentra de la incuestionabilidad de sus títulos no podrá presentar nada considerable, como acto suyo, que pruebe la aceptación de su parte, de la suma de ventajas y responsabilidades que le ofrecía el decreto del directorio”.30
Al mismo tiempo acusó a Corrientes de no haber incluido ninguna mejora en los territorios desde esa fecha, de no haber elegido autoridades, ni establecido un sistema administrativo, ni una legislatura que pudiese dar constancia de su autoridad administrativa. Aquí también se hizo mención al Tratado del Cuadrilátero sobre el cual se cuestionaba que los limites allí fijados constituían una alteración respecto de las demarcaciones señaladas en el decreto directorial, por lo tanto debían quedar invalidados. Asimismo quedaba expresado que no existía ningún documento que correspondiera a 1822 en el que se hiciera mención de los derechos de Corrientes sobre Misiones.
Por último, hizo mención al acuerdo con las poblaciones guaraníes asentadas en las ruinas de la reducción de La Cruz, de 1827, por el cual Corrientes inició la incorporación efectiva del territorio misionero. El autor sostuvo que el artículo 4 de este acuerdo, despojaba a Corrientes de todo derecho sobre el territorio de Misiones, cuyos habitantes declaraban someterse a la jurisdicción de aquella provincia mientras no se efectuara la unión de los pueblos y no existiera poder nacional que los ampare; por lo tanto, a partir de la existencia de ese poder, se consagraba “el derecho eminente de la Nación”.31
Navarro concluye el informe afirmando que la comisión colectora de documentos intentó construir una historia nueva, desnaturalizando los hechos del pasado según sus propias conveniencias. Muestra de ello era la falta de la copia integral del Acta de Fundación, la no aprobación de la Asamblea General Constituyente al decreto de Posadas, y lo estipulado por el artículo 4 del acuerdo de 1827. De esta manera, Navarro presenta la historia de Misiones como drama, al haber dejado trunco un destino de grandeza anunciado por su papel clave desde los comienzos de la nacionalidad y la emancipación americana, que provenían del pasado representado por las Misiones Jesuíticas. Aparece también la idea de Misiones como una ínsula dentro del país, donde los "usurpadores, mediocres y tipejos de toda laya pueden alimentar la fantasía de convertirse en gobernadores, diputados, procónsules sin méritos propios y mediante el engaño", acusación mutua entre los diputados correntinos y Navarro, que se adjudicaban un supuesto deseo personal de enriquecimiento o de pretensiones de gobernar en Misiones a expensas de la voluntad de la población nativa (Jaquet, 1998, p. 10).
Héctor Jaquet sostiene que el informe de Navarro constituye el “primer texto historiográfico sobre Misiones”, por ser el primero que apela a la historia para resolver la cuestión de límites, jurisdicciones y fronteras en el marco de la organización del estado nacional a través de la postura de un funcionario del gobierno central:
“… constituye también un precedente en la socio génesis del trabajo histórico misionero, ya que mediante la utilización de la historia se debatían intereses políticos personales y los principios más generales de articulación entre la nación y las provincias.” (Jaquet, 2005).
Es importante señalar que cada uno de los fundamentos utilizados por Contreras y Navarro tuvo incidencia en los debates planteados en el Congreso en torno a la discusión de la ley para fijar los límites de Corrientes. Finalmente el 20 de diciembre de 1881, fue sancionada y promulgada la ley que determinó los límites de la provincia de Corrientes.32 La misma norma nacionalizaba el territorio de las antiguas Misiones que se encontraba al este del rio Aguapey y reconocía la definitiva integración a la provincia de Corrientes de las áreas situadas entre el Miriñay y el Aguapey, donde el poblamiento correntino estaba consolidado y, como lo señalaba el proyecto, el gobierno de la provincia podía llevar fácilmente su acción y hacer efectiva su autoridad. De esta manera, los departamentos de La Cruz, Santo Tomé y parte de Candelaria, quedaron bajo la jurisdicción correntina; mientras que el nuevo territorio incluía los departamentos de San Javier y parte norte de Candelaria.
Reflexiones finales:
El poblamiento de las Misiones Occidentales por parte de la provincia de Corrientes fue una continuación del proceso de expansión que había sido iniciado en la etapa colonial. Fue una ocupación esencialmente ganadera, donde la existencia de tierras sin ocupar constituyó un incentivo que llamó la atención de los pobladores de la provincia y de los países vecinos. En dicho proceso Corrientes tuvo que hacer frente a una serie de conflictos jurisdiccionales, que la llevó a enfrentarse con las provincias del litoral, con la República del Paraguay y con el gobierno nacional respectivamente.
En el presente artículo analizamos los argumentos desarrollados por dos intelectuales, Ramón Contreras y Mardoqueo Navarro, respecto de los derechos de la provincia de Corrientes sobre los territorios de las ex misiones jesuíticas en el contexto de su inminente federalización. En este sentido, consideramos que el trabajo constituye un aporte relevante para una mayor comprensión y conocimiento respecto de este proceso particular sobre el que aún resta mucho por profundizar y en términos más amplios, contribuye al conocimiento sobre los procesos de definición de los límites provinciales.
Los informes analizados nos permiten identificar las visiones que circularon en la segunda mitad del siglo XIX sobre la importancia del territorio de Misiones, los intereses puestos en la región, las posturas sobre el pasado jesuítico y la postura planteada desde la Nación y Corrientes sobre los derechos reclamados. Asimismo intentamos establecer algunas relaciones entre las obras analizadas y su influencia en los discursos historiográficos posteriores de Corrientes y Misiones. En el caso de la provincia de Corrientes, la conformación de un espacio historiográfico, en la segunda mitad del siglo XIX, fue impulsado por diversos factores que contribuyeron a su delineación. En este sentido, como sostiene Ernesto Maeder (2004), no se puede negar que las interpretaciones de la historiografía tradicional se vieron influidas por el pleito de límites que entre 1877 y 1881 tuvo lugar por Misiones. Con anterioridad a las primeras obras elaboradas por Manuel Mantilla,33 la introducción de la “Colección de Datos y Documentos referentes a Misiones como parte integrante del territorio correntino”, es de suma importancia, ya que la versión del pasado correntino que allí se expone no tenía antecedentes, por lo que constituye la primera interpretación del pasado de la provincia.
La definitiva incorporación de Misiones como Territorio Nacional, con dependencia directa del gobierno nacional, zanjó la cuestión, aunque Corrientes continuaría, aún avanzado el siglo XX, reclamando sus derechos sobre ese espacio (Leoni, Quiñonez, 2015). Para la elite dirigente correntina, la pérdida del territorio de Misiones derivó en la profundización del sentimiento de postergación que se acrecentó en los años siguientes a la federalización. La percepción surgida a fines del siglo XIX de que los correntinos no ocupaban el lugar al que estaban destinados y por el que habían luchado durante el proceso de organización nacional se prolongó durante el siglo siguiente y, sirvió de contexto de producción a un relato histórico que valió de argumento a las políticas de reivindicación de las elites dirigentes.
En el caso de la conformación del campo historiográfico misionero, el texto de Navarro, constituye un relato trascendente porque en él, se especifica un espacio, un territorio y una población a través de la identificación de ciertos “enemigos” (correntinos, paraguayos y brasileños), mediante el uso de la historia. A partir de este relato Misiones comienza a ser representada como una entidad definida que habría tenido continuidad por sí misma en la vida nacional sino hubiera sido un espacio de disputa territoriales, dejando trunco un destino de grandeza. Asimismo, aunque de manera indirecta, aparece la idea de la reparación histórica, para un territorio condenado al atraso y postergación por culpa de correntinos, paraguayos y brasileños. Como sostiene Héctor Jaquet (2001), el imaginario sobre Misiones producido por la obra de Navarro, impulsó el surgimiento de intelectuales y de una historia local como una “reacción”, una “fuerza” que acompañó otra instancia política, la representada por la provincialización del Territorio de Misiones en el período 1940-1950, momento en el cual se conformó, por primera vez un núcleo de historiadores locales reunidos en la Junta de Estudios Históricos de Misiones.34
Fuentes:
Colección de datos y documentos referentes a Misiones como parte integrante de la provincia de Corrientes. Hecha por una comisión nombrada por el gobierno de ella. 1877. Corrientes: Imprenta de La verdad, segunda parte.
Congreso Nacional. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. 1912. 20° Periodo Legislativo, año 1881. Buenos Aires: Imprenta “El Comercio”, Tomo I, Sesiones Ordinarias.
Congreso Nacional. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. 1914. 20° Periodo Legislativo, año de 1881. Buenos Aires: Imprenta “El Comercio”, Tomo II, Sesiones de Prorroga.
Navarro, M. (1881) El territorio nacional de Misiones. Buenos Aires: “La Republica”. Junio, 1881.
Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. Primer semestre del año 1877. 1885. Corrientes: Imprenta de Antonio Sánchez Negrete.
