El campo psi desde la historia reciente

Como han señalado reconocidas investigadoras e investigadores, la Historia Reciente en Argentina ha sido un campo pionero en América Latina y es hoy un espacio consolidado de interrogación histórica (^{Águila, Luciani, Seminara y Viano, 2018}). En su agenda, han predominado los temas referidos al accionar represivo de la última dictadura militar y del gobierno democrático que la antecedió, así como también las militancias políticas y de lucha armada, las memorias sociales sobre ese pasado y los conflictos suscitados en torno a la transición a la democracia. Si bien las investigaciones se han ido ampliando temporalmente, todavía son incipientes los estudios que interrogan la década de los ´80 en una clave más amplia, que no se restrinja a la coyuntura electoral y que considere los procesos políticos y sociales desplegados durante todo el gobierno de Alfonsín (^{Crenzel, 2010}; ^{Franco y Manzano, 2015}).³

Por otro lado, la Historia reciente se ha nutrido de investigaciones rigurosas y fundadas empíricamente acerca de la construcción de distintos organismos de derechos humanos. En su desarrollo, muchos estudios pioneros han abordado los repertorios de acción de los integrantes del movimiento, los sentidos construidos en torno a sus luchas y la conflictividad política que vivieron sus actores hacia el interior de los organismos y en el marco del contexto transicional (^{Alonso, 2022}; ^{Franco y Feld, 2015}; ^{Jelin, 1995}; Jelin, 2004). Hasta ahora, las investigaciones no analizaron en profundidad a los equipos de salud mental que se formaron por iniciativa y demanda de los organismos, a pesar del lugar relevante que aquellos llegaron a ocupar dentro de estos últimos. En este sentido, no contamos con un abordaje de las trayectorias de aquellos hombres y aquellas mujeres que actuaron simultáneamente como profesionales y como militantes; o, incluso, que fueron “víctimas” directas y/o familiares de la represión ilegal.

Algunos aportes recientes nos ofrecen un acercamiento a esta conexión entre el campo psi y la conformación del movimiento de derechos humanos. La investigación de Luciano Alonso reconstruye el marco de la integración simbólica del movimiento de derechos humanos en Argentina y de su posterior crisis, señalando que el elemento que resultó definitorio para la unidad del movimiento entre 1977 y 1982 fue la peculiaridad del régimen de violencia.

Este rasgo destacado coincide con el período en que se crearon los principales equipos de salud mental, que tuvieron como fin principal acompañar a las víctimas y ayudarlas a tramitar y a aliviar las consecuencias de la violencia estatal⁴. Alonso señala que, entre 1983 y 1986, se produjo una crisis en el movimiento que condujo a la ruptura y el desdoblamiento de algunas agrupaciones y a la ampliación de la agenda de otras (como el MEDH y el SERPAJ), que dejaron de focalizar su labor en las víctimas de la represión estatal para atender a las personas afectadas por la pobreza y la marginalidad. Esto también tuvo su correlato en el trabajo de algunos profesionales y equipos “psi”, como podemos ver por ejemplo, en el desarrollo del equipo de Salud Mental del CELS, que se fue ampliando a otros sectores de afectados por violencias políticas y sociales no restringidas a la dictadura militar⁵. Estas transformaciones impactaron en los profesionales psi a la vez que incidieron en ellos.

Por otro lado, la reciente investigación de Marina ^{Franco (2018}) señala que la transición a la democracia en Argentina fue un proceso iniciado antes del fin de la dictadura, a partir de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Buenos Aires y de su informe publicado en 1980. Ese hecho significó un quiebre en el poder de la Junta Militar y en su “credibilidad” frente a los partidos políticos y organizaciones sociales. Sin embargo, Franco señala que la ausencia de miles de personas suscitada por el mecanismo de desaparición forzada no fue un hecho que lograra aglutinar la condena política y social hasta, por lo menos, la posguerra de Malvinas. En este sentido, resulta importante reinscribir las trayectorias de los profesionales psi considerando que no existió un campo humanitario conformado como tal al que ellos y ellas se acercaron sino que, este encuentro entre campo psi y derechos humanos se fue realizando de forma contemporánea a su constitución y a su creciente relevancia a partir de los años ´80.

Los estudios de la historia reciente también analizan las consecuencias de la dictadura militar munidos de categorías provenientes del mundo psi (^{Da Silva Catela, 2001}; ^{Lvovich, 2007}). Esas producciones se acercan a esta dimensión recurriendo al análisis de experiencias emblemáticas como la Shoah o el régimen de Vichy y que definieron a las experiencias de represión masiva y de violencia concentracionaria del pasado como matrices productoras de “traumas pretéritos” que permanecen “presentes” y que, por ende, suscitan debates historiográficos, dada la tradicional distinción disciplinar entre el pasado a estudiar y el tiempo desde donde es estudiado (^{LaCapra, 2005}). La historia reciente en Argentina tuvo, desde sus orígenes, una preocupación central por debatir y comprender los alcances y los límites de los usos de temporalidades y nociones provenientes del mundo “psi” para abordar experiencias colectivas (^{Mudrovcic, 2003}; ^{Vezzetti, 2010}; ^{Lastra, 2017}). Como señala Florencia Levín, la historiografía del pasado reciente ha recurrido a la noción de “trauma” como “una categoría localizable en el evento histórico mismo” (^{Levín, 2017}, p. 21). De esa manera, la dictadura sería un “pasado traumático”, que habría impactado a la sociedad en su conjunto (y no sólo a las víctimas directas) y que no termina de convertirse en una experiencia plenamente pretérita. Consideramos que es importante volver a mirar las producciones del campo de la historia reciente desde sus tensos acercamientos hacia la noción de “trauma” y otras categorías “psi”. También acordamos con ^{Levín (2020}) en la idea de que “trauma” e “historización” se encuentran ligados por una relación compleja, aunque no necesariamente antagónica: los elementos “más traumáticos” de ciertas experiencias colectivas pretéritas no serían imposibles de historizar por motivos ontológicos sino por los supuestos historiográficos desde los cuales se los aborda.

Una arista más desde donde la historia reciente se ha ido acercando al campo psi se sitúa en el diálogo con la antropología jurídica y social, especialmente en las investigaciones que abordan la construcción política y conceptual de la categoría de “víctimas”. Existen importantes estudios que contribuyen a identificar al terrorismo de Estado como un marco de producción de sentidos sobre las víctimas, generalmente anudados a la experiencia de la desaparición forzada (^{Gatti, 2017}; ^{Vecchiolli, 2001}; ^{Zenobi, 2017}). Al mismo tiempo, otros trabajos han permitido identificar cómo se fue desarrollando un proceso de “jerarquización de los padecimientos” y de constitución de “voces autorizadas” entre el colectivo de víctimas (^{Lastra, 2019}). Entre estas voces autorizadas, se fueron configurando la de algunos profesionales psi que, desde su trabajo en los equipos de salud mental, atendieron a personas afectadas por determinados hechos represivos que ocuparon el centro de la atención en salud mental⁶.

Por último, la historia reciente argentina y de los estudios sobre los exilios políticos en particular, nos permiten subrayar otro aspecto importante de esta historia sobre el campo psi. Nos referimos a la necesidad de deslocalizar la interpretación sobre el trabajo de los profesionales y la asistencia a las víctimas de un territorio nacional que, como escala de análisis, invisibiliza otras trayectorias. Existen investigaciones pioneras que han demostrado cómo los psicoanalistas exiliados en Brasil y México construyeron espacios de atención a víctimas, sobrevivientes y familiares que habían sufrido la tortura, la cárcel y la persecución clandestina por parte del Estado (^{Manzanares, 2016}; ^{Magaldi, 2021}). Además, estos trabajos han destacado que la vida en el exilio estuvo marcada por un fuerte activismo antidictatorial y por la posibilidad de rearmar redes y equipos de trabajos que perduraron en la década posterior (^{Blanck-Cereijido, 2003}; Magaldi, 2021; Manzanares, 2020). Otros trabajos han reconstruido el espacio de circulación de los profesionales “psi” argentinos y de sus ideas durante el exilio y luego, en el retorno (^{Lastra, 2021}).⁷

En consecuencia, la acumulación de investigaciones parciales sobre la atención psicológica a las víctimas nos ayuda a valorar que la historia de los profesionales psi durante el terrorismo de Estado y en la transición a la democracia no puede restringirse a las fronteras nacionales ni a los aspectos regionales, pues se desarrolló también en cada rincón de la diáspora.

Las historias psi sobre el pasado reciente

En el área específica de estudios históricos sobre las disciplinas “psi”, existen importantes investigaciones sobre las transformaciones del campo “psi” y sobre las trayectorias profesionales y políticas de psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas en nuestro país (^{Carpintero y Vainer, 2005}; ^{Dagfal, 2009}; ^{Visacovsky, 2002}).

Hacia los años cincuenta, en paralelo a la creación de las carreras de psicología en Argentina, comenzó un proceso de recepción de las ideas y los autores vinculados con las transformaciones propuestas por el movimiento de Salud Mental. Una década después, las relaciones y tensiones entre psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas no se ordenaban tanto por las disputas profesionales (que, de todos modos, existían) sino por un posicionamiento ideológico y político que dividía al campo entre los actores más ortodoxos y “endogámicos” (psiquiatras asilares, profesores de psicología “académica” y psicoanalistas encerrados en la institución oficial) y aquellos más heterodoxos y cercanos a la salud mental que, con un espíritu reformista, promovían la extensión de los saberes y las prácticas “psi” a la sociedad. La radicalización política de los años setenta acentuó el encierro institucional de unos y la militancia de otros, hasta que la dictadura militar censuró y persiguió a los proyectos más transformadores y comprometidos (^{Carpintero y Vainer, 2005}; ^{Chama, 2015}).

Las historias del campo “psi” en la Argentina que se ocuparon de indagar el período dictatorial llegaron a dar cuenta de la persecución sufrida por muchos profesionales y de las posiciones condescendientes con la dictadura de las instituciones más tradicionales. Pero, hasta el momento, son escasos los trabajos historiográficos que pusieron el foco en las ideas, las prácticas y las inscripciones institucionales y políticas de quienes se ocuparon de atender a las víctimas del terrorismo de Estado. Además, el análisis suele detenerse en el momento de instauración del nuevo régimen democrático, sin adentrarse en los años venideros ni en la articulación de los avatares profesionales con las trayectorias políticas de estos actores. En tal sentido, es posible destacar que ya en la década de 1980 aparecieron nuevos problemas que fueron objeto de interés de estos actores (los efectos psicológicos de la impunidad, la restitución de identidad, la existencia de otras violaciones a los derechos humanos en la forma de violencias institucionales, estatales y/o económicas) y se fue consolidando un territorio de articulación entre salud mental y derechos humanos que comenzaba a exceder el dominio específico de los crímenes de la dictadura.

También es posible ubicar que existe una importante bibliografía producida por profesionales “psi” en relación con las víctimas del terrorismo de Estado y otras violencias que todavía no ha sido estudiada históricamente en profundidad. Se trata de ponencias, artículos y libros en donde los autores analizan los efectos psicosociales de la represión estatal, las formas del acompañamiento terapéutico con víctimas y familiares de desaparecidos, las consecuencias de la tortura, las incidencias del miedo y de los contextos de fuerte autoritarismo estatal sobre el funcionamiento psíquico y sobre las dinámicas sociales, etc. (^{Aguiar, 1987}; ^{Fariña, 1987}; ^{Kordon y Edelman, 1986}; ^{Kaes y Puget, 1988}). Estos análisis e informes merecen ser examinados como fuentes para la reconstrucción histórica y para la comprensión de las transformaciones que se fueron desarrollando en los conceptos, en las prácticas y en los posicionamientos profesionales y políticos de los actores.

Además de estas referencias, existen obras colectivas, creadas a la luz de estrechas colaboraciones de las organizaciones y equipos argentinos con otros de la región y de América Latina, que también merecen ser analizados para poder identificar redes, intercambios de aprendizajes y circulación de saberes. Por último, quisiéramos destacar algunos trabajos recientes de profesionales “psi” que no sólo intentan dar cuenta de los efectos del terrorismo de Estado y de las prácticas asistenciales para matizar sus efectos, sino que también establecieron un diálogo explícito con los historiadores del pasado reciente en relación con los modos de inscribir, representar y narrar esos pasados “traumáticos” (^{Wikinski, 2016}; ^{Lastra, 2017}; Rousseaux, 2018; ^{Calmels y Sanfelippo, 2019}; ^{Sanfelippo, 2022}).

Diálogos y agenda

Por lo expuesto, resulta relevante fomentar cruces entre la historia reciente argentina y la historia de las disciplinas psicológicas en torno a los interrogantes que surgen desde las trayectorias, los saberes y las prácticas psi en relación al terrorismo de Estado y sus consecuencias. Nos interesa compartir al menos tres aristas o problemas de investigación que podrían ser estudiados en el diálogo de esas dos perspectivas y no desde una de ellas en particular. La primera arista se refiere a la dimensión política del campo psi en ese período. La segunda, se vincula con la dimensión profesional de quienes asistieron a los afectados por el terrorismo de Estado en los ’70 y los ’80. Finalmente, la tercera remite las transformaciones clínico-epistémicas dentro de ese sector del campo psi en ese período. Vamos a detenernos en cada uno de estos procesos para procurar sentar las bases de un diálogo posible entre ambas orientaciones.

En cuanto a la dimensión política, es importante recordar que los actores que integraron el campo psi durante el período de represión estatal y de dictadura militar (1974/1976-1983) fueron parte de un proceso de radicalización de las ideas políticas y sociales desde fines de los ’60. Como señalan Carpintero y Vainer (2018), un gran número de profesionales “psi” participaban activamente de militancias barriales y comunitarias y otros/as estaban encuadrados en organizaciones de lucha armada. Esos vínculos políticos hicieron que los trabajadores y profesionales psi quedaran expuestos a diversas formas de persecución política. En ese contexto, en el país y en el exilio, algunos de estos actores contribuyeron a formar grupos de asistencia a las víctimas y familiares de desaparecidos en el marco de los nacientes organismos de derechos humanos con los cuales mantendrían lazos estrechos. Como señalan sus propios testimonios, estas iniciativas no respondían únicamente a una inquietud profesional sino también a un compromiso político. Estos procesos incidieron en que, desde la apertura política a finales de los años ’70 y, sobre todo, a lo largo de los ’80, esos profesionales “psi” explicitaran su posicionamiento político-ideológico, asumieran públicamente las implicancias políticas de su práctica asistencial y se reconocieran a sí mismos como defensores de los derechos humanos (^{Kordon y Edelman, 1986}; MSSM, 1987).

Indudablemente, las experiencias individuales y colectivas señaladas, referidas al momento político que atravesaba el país y la región, se anudaron a transformaciones en el campo profesional. Entre estos cambios, debemos destacar el cierre o la intervención de algunas carreras universitarias y de varios servicios hospitalarios, así como también la desarticulación de los dispositivos y las instituciones más innovadoras (tales como la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental -CTSM-). En otros casos, si bien la institución permaneció abierta, sus miembros fueron perseguidos (el caso emblemático lo constituye la desaparición de Beatriz Perossio, presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires -APBA-). Sin embargo, también surgieron nuevos equipos de trabajo e instituciones, muchos de ellos en respuesta a la violencia estatal y con el propósito de atender a sus víctimas. Estos nuevos grupos establecieron conexiones tanto con las agrupaciones de familiares y de víctimas, como también con profesionales “psi” críticos vinculados al movimiento de la salud mental, que habían participado de experiencias heterodoxas, como Plataforma o Documento, o de instituciones innovadoras, como la CTSM, el Centro de Docencia e Investigación, la Asociación de Psicoterapia para Graduados, APBA, entre otras.

Interrogar estas transformaciones en el campo profesional en el cruce entre ambas perspectivas historiográficas nos permite ir más allá de la descripción de ciertas características que adoptaron estos trabajadores y profesionales. Esta mirada múltiple nos invita a considerar que, entre 1974 y 1990, no solamente se modificaron grupos e instituciones, sino que se produjo un acercamiento inédito entre salud mental y derechos humanos. Antes de este período, el movimiento de la salud mental (de gran desarrollo en nuestro país) no incluía en sus principios el discurso y las líneas de acción de los derechos humanos. Más bien, se centraba en la necesidad de modificar las prácticas asistenciales existentes (sobre todo, las manicomiales), en propiciar prácticas preventivas y promotoras de salud, en descentrar la atención del individuo para intervenir sobre familias, grupos, instituciones, en señalar la incidencia de los procesos sociales en la constitución psíquica (^{Sanfelippo, 2021}). Su marco conceptual y sus herramientas de intervención se nutrían del psicoanálisis y de las ciencias sociales, pero no incluían el discurso ni la perspectiva de los derechos humanos, que sólo comenzará a ser considerada a partir de la experiencia dictatorial. Por otro lado, el anudamiento entre salud mental y derechos humanos adquirió aquí rasgos propios, más politizados y colectivos, que lo distinguen de la perspectiva adoptada en otros países y en organismos internacionales. En estos últimos, los derechos humanos, aplicados al terreno de los problemas mentales, suelen enfocarse en las garantías y libertades individuales de los usuarios de servicios de salud mental y no tanto en denunciar y abordar los efectos psicológicos de ciertos procesos políticos.

Por otro lado, la matriz humanitaria articulada al trabajo psi, terminó generando una nueva área de inserción profesional: el de la “asistencia a las víctimas”. Esta área alcanzó un gran desarrollo en nuestro país y llegó a convertirse en un campo especializado de referencia a nivel internacional. Si bien, en principio, esa área limitó sus alcances a las víctimas del terrorismo de Estado, posteriormente se amplió hacia las víctimas de catástrofes colectivas y de otras violencias sociales.

La tercera arista que quisiéramos mencionar se refiere a las transformaciones clínico-epistémicas introducidas por los profesionales psi en su labor con las víctimas del terrorismo de Estado. La desaparición forzada de personas, los campos de tortura y exterminio o el robo de bebés abrieron nuevos interrogantes y desafíos a la práctica clínica y obligaron a construir o reelaborar nociones tales como trauma y catástrofe psíquicas, duelos congelados o imposibilitados, identificaciones masivas, alienaciones y escisiones severas, apropiación y sustracción de identidad, etc. También empujaron a ensayar nuevos dispositivos asistenciales y terapéuticos (individuales y grupales) para abordar padecimientos que no se adecuaban a categorías nosográficas clásicas y dependían de procesos sociales (^{Kordon y Edelman, 1986}). La práctica sostenida no se redujo a ofertar “tratamientos” en el sentido clásico, sino que también incluyó diversas y novedosas formas de acompañamiento (como los grupos de orientación a familiares o el acompañamiento a testigos en juicios por crímenes de lesa humanidad).

Una mirada que combine la historia reciente con la historia de las disciplinas psi permite observar que muchos de estos equipos intentaron teorizar y abordar clínicamente los efectos psicosociales (individuales y colectivos) de la represión estatal y de las respuestas dadas a ella desde el retorno de la democracia (Juicio a las Juntas, leyes de impunidad, indultos, etc.). Por supuesto, los andamiajes conceptuales y prácticos vinculados con la asistencia a las víctimas recuperaban autores, categorías y técnicas anteriores; no obstante, también implicaron un momento de creatividad conceptual para abordar las particularidades de la experiencia dictatorial y de los padecimientos suscitados por ella, en medio de un contexto político álgido y cruzado por las demandas sociales de verdad y justicia.

Por lo expuesto, es posible afirmar que los cambios en las concepciones y en las prácticas de los profesionales “psi” no dependían solamente de la inventiva de los autores ni de las discusiones de ideas al interior de una disciplina (sesgo que adoptan las historias disciplinares “internas”). Pero tampoco estuvieron determinados únicamente por la incidencia directa del contexto político sobre los saberes (como puede apreciarse en algunas historias “externas” que desatienden las dinámicas institucionales y epistémicas del campo disciplinar). Más bien, consideramos que las trayectorias individuales y colectivas nos permiten analizar la manera en que un grupo de profesionales participó en los procesos históricos de transformación de los saberes y de las prácticas “psi” en la medida en que actuaron como intermediarios entre (o se encuentran vinculados con) dos factores: por un lado, con los debates epistémicos sobre las categorías y los métodos de una disciplina; por el otro, con intereses y procesos sociales más amplios que transformaron las instituciones y convulsionaron la realidad política durante los años ’70 y ’80.