Sumario
1 Introducción; 2 Impacto de la cuarentena en la situación laboral; 2.1 Posibilidad de seguir manteniendo el nivel de actividad durante la cuarentena; 3 Ingresos laborales en tiempos de cuarentena; 3.1 Posibilidad de seguir manteniendo el mismo nivel de ingresos laborales durante la cuarentena; 4 Particularidades laborales durante la cuarentena; 4.1 Trabajadores que tienen permiso o certificado de excepción para poder salir a trabajar; 4.2 Trabajadores que realizan trabajo por internet o teletrabajo; 5 Recursos psicológicos de los trabajadores en el contexto de cuarentena; 6 Conclusiones; 7 Bibliografía; 8 Ficha técnica de la EDSA COVID-19; 9 Anexo estadístico; 10 Anexo metodológico
1 Introducción
Este artículo tiene como objetivo dar cuenta del impacto de algunos de los efectos socio-ocupacionales generados por las políticas de aislamiento sanitario obligatorio y su impacto en el escenario laboral del Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 30 partidos del Conurbano Bonaerense). En este marco se aplicó -entre el 7 y el 12 de mayo de 2020- una encuesta especial telefónica, denominada EDSA COVID-19, a un panel de 500 hogares relevados por la EDSA Equidad entre julio y octubre de 2019 en dicha región; siendo dichos casos una muestra aleatoria estratificada de los 1776 casos que conforman el panel de estudio de la EDSA en el AMBA.
El trabajo, focaliza el análisis sobre el nuevo escenario socioeconómico de crisis generado por las políticas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Los datos recabados sirven para confirmar algunas hipótesis sobre el deterioro generalizado -pero al mismo tiempo segmentado- del mercado de trabajo urbano del Gran Buenos Aires (Benza y Kessler, 2020; Salvia, 2020; Salvia y Poy, 2020; Arakaki, 2017; OIT, 2013; Beccaria y Maurizio, 2012), así como cuantificar el impacto que la inactividad en vastos sectores de la economía generó tanto en empleados como en patrones, empleadores y trabajadores por cuenta propia (Delfini et al., 2020; Ernst et al., 2020).
En distintos países del mundo, las medidas de aislamiento preventivo adoptadas para preservar vidas están provocando una fuerte contracción económica. Es de esperar que este hecho esté teniendo y tenga severas consecuencias económicas sobre la estructura socio-ocupacional argentina, la cual viene transitando un largo ciclo de crisis del empleo, inflación y estancamiento (Poy, 2019; Beccaria y Groisman, 2015; Kessler, 2014; Wainer y Schorr, 2014).
En el caso de la Argentina, lejos de ser una excepción a otras economías duales, los especialistas proyectan una caída del PBI superior al 10%.1 A nivel general, según datos de todo el país relevados por el INDEC, en marzo de 2020 el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una variación de -11,5% respecto al mismo mes de 2019. En el caso de la industria manufacturera la variación interanual fue de 15,5%, en la construcción de 46,5% y, en hoteles y restaurant de -30,8%. La evolución general entre febrero y marzo presentó una caída de 9,8%. Es importante destacar que la cuarentena comenzó el 20 de marzo, por lo cual este indicador solo expresa el efecto de 11 días de cuarentena (INDEC, 2020a).
La seria problemática del escenario laboral se refleja en los datos oficiales referidos al total del país que expresan que el 2,8% de las empresas dejaron de presentar declaraciones juradas al Sistema de Seguridad Social (representando 15 mil empresas no declarantes). El sector de hoteles y restaurantes fue el más afectado por la inactividad y presento una disminución del 8% en la cantidad de empleadores que declararon (CEPXXI, 2020).
La situación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de todo el país es representada por un informe de su cámara empresarial. Este informe expresa que la producción de las Pymes industriales cayó 34,9% en mayo 2020 frente a igual mes del año anterior y que en los primeros cinco meses de 2020 se acumula una baja de 23,6%. En el mes de mayo de 2020, si se considera solo a los rubros definidos como no esenciales en la cuarentena esta disminución fue del 45,8%. Esto se da con el uso de capacidad instalada de solo el 47,4% y logrando rentabilidad positiva solamente el 15,3% de las empresas (CAME, 2020).
Los relevamientos realizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por medio de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), referida a empresas privadas formales a partir de 5 y 10 trabajadores (según aglomerado) de doce centros urbanos, expresan que la variación mensual del empleo fue de -0,8% en marzo y -0,6% en abril, respecto la situación del mes anterior. En abril de 2020, en la totalidad de las ciudades en la que se releva la EIL, el 8% de los empleadores preveía disminuir la dotación de personal y sólo un 1,2% estima que la aumentará. Focalizando en el área del AMBA, relevada por la EDSA COVID-19, la EIL informa para abril una evolución del empleo mensual de -0,6% y anula de -3,1% (EIL, 2020). Esta información indica que ya en los comienzos de la cuarentena se observa una preocupante pérdida de puestos de trabajo.
Las decisiones de gobierno adoptadas tienen como supuesto una predicción acerca del crecimiento de la epidemia y de su letalidad, ante lo cual la mejor estrategia posible es el aislamiento social y obligatorio. En este contexto, les corresponde a las ciencias sociales preguntarse sobre la plausibilidad de los supuestos, la pertinencia de las medidas, su alcance e impacto, los costos presentes y futuros de las decisiones adoptadas.
En este marco, el gobierno ha implementado políticas de protección y estímulo dirigidas a prácticamente todos los sectores sociales y productivos (empleadores, trabajadores en relación de dependencia, cuentapropistas, trabajadores informales e inactivos) por un monto que podría llegar al 5,6% del PBI. La implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fueron las principales estrategias desarrolladas por el Estado para reforzar las transferencias condicionadas que se realizan a las familias más necesitadas. Según información del Ministerio de Desarrollo Productivo (CEPXXI, 2020:5), a nivel nacional, “en su primera ronda el IFE alcanzó a 8,4 millones de personas (asalariados informales, cuentapropistas de bajos ingresos, desocupados e inactivos), y permitió llegar a hogares pobres no cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH)”. Pero si bien estas medidas ayudan a amortiguar el impacto de la actual crisis sobre las condiciones de vida, ellas no bastan para compensar la retracción económica, la destrucción de empleo y el aumento del empobrecimiento, en especial, entre los sectores sociales que se ven impedidos de mantener sus actividades laborales y carecen de un fondo de reserva.
Es importante tomar en cuenta que la situación sanitaria por el COVID-19, las medidas aplicadas y sus efectos inmediatos tienen lugar, en el caso argentino, bajo un contexto de estanflación, crisis de deuda y parálisis económica estructural (CIFRA, 2019; CETYD, 2019; Kosacoff, 2019). En este marco, lejos de constituirnos en una sociedad más igualitaria, cabe advertir que la situación amplía desigualdades materiales, sociales y simbólicas. Es por ello que, a la necesidad de coordinar políticas activas para atender la emergencia, crecen los desafíos políticos para el día después de la misma. Si bien, la mayor parte de las medidas de gobierno adoptadas buscan reducir los efectos de la parálisis económica, sin las cuales la situación social sería peor, no hay posibilidades de cambiar la situación estructuralmente crítica que afecta a los sectores más vulnerables si no es a través de la puesta en marcha de un plan de reactivación del mercado interno, tanto formal como informal.
En el contexto de crisis COVID-19, sabemos que en el AMBA no sólo hay más hogares pobres, sino que gran parte de los hogares que eran pobres, son ahora aún más pobres (Bonfiglio, Salvia y Vera; 2020). Al mismo tiempo, cabe pronosticar un empeoramiento en los próximos meses, tanto por la disminución de puestos de trabajo como por la pérdida de horas trabajadas2. Asumiendo la plausibilidad de estos resultados, este informe apunta a describir los procesos económico-ocupacionales subyacentes a este impacto, entendiendo que la crisis en el empleo, aunque generalizada, tiene lugar en un mercado de trabajo heterogéneo y segmentado, con lo cual también sus efectos -tanto laborales como psico-sociales- alimentan una nueva fase de exclusión y desigualdad social.
2 Impacto de la cuarentena en la situación laboral
La cuarentena impactó en la vida de los trabajadores del AMBA y en sus actividades. Según los datos de la EDSA COVID-19, el 8,2% de los ocupados perdió su empleo o no puede realizar su actividad por cuenta propia, el 39,3% está suspendido o debió dejar de trabajar, el 4,2% tiene licencia por ser parte del grupo de riesgo, el 22% está trabajando menos horas y sólo el 26,4% sigue trabajando como siempre o más horas.
Los trabajadores del Conurbano Bonaerense presentan una situación más adversa que los de CABA; el 9,8% perdió el empleo o se quedó sin trabajo y el 41,6% está suspendido o debió dejar de trabajar, en comparación con el 3,3% y el 32%, respectivo de los trabajadores de CABA.
Además, los ocupados que residen en hogares que en 2019 se encontraban en situación de pobreza deben enfrentar una situación más desfavorable que el resto. El 15,4% de los trabajadores de hogares pobres perdió el empleo o se quedó sin trabajo y, el 52,8% de los mismos está suspendido o debió dejar de trabajar; en comparación con el 5% y el 33,3%, respectivamente de los ocupados que residen en hogares no pobres.
Según los datos de la EDSA COVID-19, la mayor pérdida de empleo se observa en los empleados de casas particulares y en los que realizaban trabajos temporarios, 28,3% y 20,9% respectivamente. Está suspendido o debió dejar de trabajar el 44,4% de los socios, patrones o empleadores y cerca del 30% de los empleados del sector público o privado y de los trabajadores por cuenta propia no profesionales. Continúan trabajando la misma o más horas el 45,8% de los ocupados en el sector público y el 40,7% de los del sector privado.
2.1. Posibilidad de seguir manteniendo el nivel de actividad durante la cuarentena
En este apartado se analiza, por medio de una técnica multivariada, la injerencia de factores personales y contextuales en la probabilidad que los ocupados hayan experimentado alguna de estas dos situaciones: “estar trabajando menos horas” o “estar suspendido, haber dejado de trabajar o haber perdido el trabajo”. Se determinan, por medio de un modelo de regresión logística multinomial, 3 las categorías sociales y de la estructura productiva que inciden en estas situaciones en referencia a seguir trabajando o tener licencia por ser parte del grupo de riesgo.
Se considera un modelo que posee como variables predictoras la ocupación del trabajador, la región de residencia (que evidencia las estructuras productivas regionales), el sexo, la edad y la situación de pobreza por ingresos que presentaba el hogar del trabajador en el 2019.Por medio de la aplicación del procedimiento de regresión logística multinomial se generaron dos modelos. Estos poseen un aceptable nivel de determinación expresado por un r cuadrado de Cox & Snell de 0,267 y un r cuadrado de Nagelkerke de 0,304. Puede verse más detalles de los modelos en las tablas 9.4.A y 9.4.B del anexo estadístico.
Con respecto al primer modelo, que estudia la tendencia a que los ocupados se encuentren trabajando menos horas, puede observase en el anexo que la ocupación, la región de residencia y la edad influyen taxativamente en la situación de estar trabajando una menor cantidad de horas (coeficientes “wald” máximos de 33,55; 9,42 y 7,41; respectivamente para las categorías de mayor peso de cada una de estas variables) 4 en comparación con el efecto del sexo del trabajador y la situación respecto de la pobreza por ingresos de su hogar en el 2019. Tabla 9.4.A. Por otra parte, el efecto derivado de pertenecer a uno u otro atributo de cada categoría socio-laboral propuesta como explicativa dentro del modelo está dado por los “Exp (B)” 5, los que se presentan en el Figura 2.1
Observando el componente del modelo que identifica la probabilidad que un trabajador se encuentre trabajando menos horas por consecuencia de la cuarentena, se aprecia que, controlando el efecto de las otras variables, la ocupación es el atributo que genera una mayor discriminación entre sus categorías al controlar el efecto del resto de las variables Los trabajadores temporarios, los beneficiarios de programas de empleo, los socios, patrones o empleadores y los cuentapropistas profesionales presentan 5,6 veces más de probabilidades de estar trabajando menos horas en comparación con la probabilidad de los empleados públicos. Figura 2.1. Además, en comparación con los adultos (35 a 59 años) los jóvenes (18 a 34 años) presentan un 52% más de probabilidad de estar en una situación de menor cantidad de horas trabajadas. En el caso de los adultos mayores (60 años y más) esta posibilidad se reduce en un 54%. Los trabajadores residentes en el Conurbano Bonaerense presentan una probabilidad un 42% menor que los residentes en CABA de estar trabajando una menor cantidad de horas, siempre a igualdad del resto de los atributos.
Con respecto al segundo componente, que estudia la probabilidad que los ocupados se encuentren suspendidos o con pérdida de empleo, que haya tenido que dejar de trabajar o perdido el trabajo por consecuencia de la cuarentena, puede observase en el anexo que la ocupación, la edad y los atributos asociados a haber pertenecido a un hogar pobre en 2019 inciden marcadamente en el hecho de encontrarse sin trabajo (coeficientes “wald” máximos de 47,03; 15,84 y 18,75; respectivamente para las categorías de mayor peso de cada una de estas variables) en comparación con el efecto de la región de residencia y el sexo del trabajador. Tabla 9.4.B
Por otra parte, el efecto derivado de pertenecer a uno u otro atributo de cada categoría socio-laboral propuesta como explicativa dentro del modelo está dado por los “Exp (B)”, los que se presentan en el Figura 2.1
© Atributo de comparación *Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del Conurbano Bonaerense). Fuente: EDSA COVID-19; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA).
Por otra parte, al analizar los “Exp (B)” se observa que en el modelo que identifica la probabilidad que un ocupado se encuentre sin trabajo por la cuarentena, la ocupación es el atributo que genera una mayor discriminación entre sus categorías al controlar el efecto del resto de las variables. Los trabajadores de casas de familia presentan una probabilidad de haber perdido el trabajo 21 veces mayor que los empleados públicos. Este valor se reduce a 10 veces cuando se considera a los trabajadores temporarios o beneficiarios de programas de empleo y a 3,6 veces en los trabajadores por cuenta propia no profesional, siempre en comparación con la probabilidad de perder el trabajo de un empleado público. Figura 2.1
Además, siempre controlando el efecto de las otras variables, los jóvenes (18 a 34 años) y los adultos mayores (60 años y más) duplican la probabilidad de haber perdido el trabajo en comparación con la situación de los adultos (35 a 59 años). Los trabajadores que en 2019 residían en hogares pobres por ingresos duplican la probabilidad de haber perdido el trabajo en comparación con los de hogares no pobres. Figura 2.1
3. Ingresos laborales en tiempos de cuarentena
La disminución de la actividad económica, consecuencia de la pandemia y la implementación de la cuarentena, generó un marcado descenso de los ingresos laborales en los trabajadores del AMBA. Según los datos de la EDSA COVID-19; el 19,8% de los ocupados no cobró ni tuvo ingresos en el período de la cuarentena, el 44,2% vio reducidos sus ingresos y solo el 36% pudo disponer de los mismos o más ingresos.
La situación de los trabajadores del Conurbano Bonaerense es más adversa que la de los de la CABA; el 21,7% no tuvo ingresos y al 43,6% se le redujeron los ingresos laborales, en comparación con el 13,7% y el 45,9%, respectivos de los trabajadores de la CABA. Solo el 34,6% de los ocupados del conurbano y el 40,4% de los de la CABA recibieron los mismos o más ingresos.
Los ocupados que residen en hogares que en 2019 se encontraban en situación de pobreza vieron aún más reducidos sus ingresos que el resto. No cobró ni tuvo ingresos el 25,1% de los trabajadores de hogares pobres y el 50,5% vieron reducidos sus ingresos, en comparación con el 17,3% y el 41,3%, respectivamente de los ocupados que residen en hogares no pobres.
La mayor proporción de ocupados que no cobró ni tuvo ingresos se observa en los socios, patrones o empleadores, en los trabajadores que tenían trabajos temporarios o changas y en los trabajadores por cuenta propia no profesionales; 44,4%, 32,7% y 29,2% respectivamente. La proporción de trabajadores que vieron reducidos sus ingresos se dio en mayor medida en los empleados en casas de familias, los trabajadores por cuenta propia no profesionales y profesionales independientes; con el 65%, el 56,2% y el 53,3%, respectivamente.
3.1. Posibilidad de seguir manteniendo el mismo nivel de ingresos laborales durante la cuarentena
En este apartado se analiza, por medio de una técnica multivariada, la injerencia de factores personales y contextuales en la probabilidad que los ocupados hayan experimentado alguna de estas dos situaciones en sus ingresos laborales: “que los ingresos laborales se les hayan reducido en el escenario de la cuarentena” o “no haber tenido ingresos”. Se determinan, por medio de un modelo de regresión logística multinomial, las categorías sociales y de la estructura productiva que inciden en la alteración de ingresos.
Se considera un modelo que posee como variables predictoras la edad, el nivel educativo, el sexo, la región de residencia (que evidencia las estructuras productivas regionales), el sector de inserción y la ocupación. Al igual que en el apartado anterior, a través de un procedimiento de regresión logística multinomial se generaron dos modelos. Estos poseen un aceptable nivel de determinación expresado por un r cuadrado de Cox & Snell de 0,219 y un r cuadrado de Nagelkerke de 0,250. Puede verse más detalles de los modelos en las tablas 9.5.A y 9.5.B del anexo estadístico.
Con respecto al primer modelo, que estudia la probabilidad a que los trabajadores hayan visto reducidos sus ingresos laborales, puede observase en el anexo que la ocupación, el haber pertenecido a un hogar pobre en 2019, la edad y el sexo influyen taxativamente en la situación de haber visto disminuidos los ingresos laborales (coeficientes “wald” máximos de 61,18; 10,76; 5,69 y 5,56; respectivamente para las categorías de mayor peso de cada una de estas variables) en comparación con la región de residencia que genera efectos no significativos. Tabla 9.5.A
© Atributo de comparación *Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del Conurbano Bonaerense). Fuente: EDSA COVID-19; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA).
Al analizar los “Exp (B)” se aprecia que, controlando el efecto de las otras variables, la ocupación es el atributo que genera una mayor discriminación entre sus categorías. Los empleados de casas de familias y los trabajadores por cuenta propia no profesional poseen cerca de 6 veces más de ver reducidos sus ingresos que los empleados del sector público. Esta posibilidad se reduce a 3 veces en el caso de patrones, empleadores y profesionales independientes, a 2,5 veces en el caso de trabajadores temporarios y beneficiarios de programas de empleo; siempre en comparación con la posibilidad de los empleados públicos. Siendo no significativa la diferencia que se observa en el caso de los empleados del sector privado. Figura 3.1
Además, en comparación con los adultos (35 a 59 años) los jóvenes (18 a 34 años) presentan un 45% más de probabilidad de ver reducidos sus ingresos laborales. Las mujeres una probabilidad levemente menor (-29%) que los hombres y los residentes en hogares pobres en 2019 un 73% más de probabilidades que la de los trabajadores de los de hogares no pobres de estar recibiendo menos ingresos. Figura 3.1
Con respecto al componente, que estudia la probabilidad a que los ocupados no hayan tenido ningún ingreso laboral, puede observase en el anexo que la ocupación, la región de residencia, el sexo, la edad y la situación de pobreza en 2019 inciden en la situación de haber perdido los ingresos laborales (coeficientes “wald” máximos de 67,07; 4,76; 9,57; 32,9 y 6,12; respectivamente para las categorías de mayor peso de cada una de estas variables). Tabla 9.5.B
Por medio de los “Exp (B)” se puede decir que, controlando el efecto de las otras variables, la ocupación es el atributo que genera una mayor discriminación entre sus categorías. Los cuentapropistas no profesionales presentan 26,7 veces más de probabilidad que los empleados del sector público de haber perdido la totalidad de sus ingresos. Siempre con la misma referencia esta posibilidad se reduce a 12,1 veces si es un trabajador temporario o beneficiario de un programa de empleo, a 9,9 veces si es socio, patrón o profesional independiente, a 8 veces si es empleado de una casa de familia y a 2,9 veces si es empleado en el sector privado. Figura 3.1
Además, los residentes en el Conurbano Bonaerense presentan un 60% más de probabilidad que los que habitan la CABA de haber perdido sus ingresos laborales. Esta probabilidad se incrementa en un 74% si es mujer en comparación con la probabilidad de los varones. Se triplica si son jóvenes (18 a 34 años) y se duplica si se refiere a adultos mayores (60 años y más), en comparación con los adultos (35 a 59 años). Además, aumenta un 75% en el caso de los trabajadores residentes en hogares pobres en 2019, en comparación con la probabilidad de los de hogares no pobres. En todos los casos controlando el efecto del resto de las variables de modelo. Figura 3.1
4. Particularidades laborales durante la cuarentena
4.1 Trabajadores que tienen permiso o certificado de excepción para poder salir a trabajar
En el contexto de pandemia se estableció la necesidad de un “aislamiento social preventivo y obligatorio” por lo que el Decreto 297/2020 establece que las personas sólo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. En estos casos no requerirán permisos de circulación. Sin embargo, el mismo Decreto, determina que quedan exceptuados del aislamiento y de la prohibición de circular los trabajadores afectados a las “actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia”. Dichas personas contarán con un certificado que acredite su condición frente a la autoridad competente en el caso de ser requerido. Es decir, que poseen permiso o certificado de excepción para poder salir a trabajar.
A nivel general, según los datos de la EDSA COVID-19, un 28% de los ocupados del área metropolitana de Buenos Aires posee este permiso. El porcentaje de trabajadores con permiso es mayor en el Conurbano que en la CABA (29,8% y 22,3%, respectivamente), en los trabajadores residentes en hogares no pobres que en hogares pobres (29,6% y 24,3%) y en hogares de nivel socioeconómico medio alto que en los de nivel muy bajo (29,5% y 6,8%). También el porcentaje se incrementa en los trabajadores de hogares del estrato medio no profesional (37,6%) que en el resto de los estratos y en los varones que en las mujeres (38,4% y 14,9%, respectivamente).
4.2 Trabajadores que realizan trabajo por internet o teletrabajo
La dinámica de los cambios en la producción y en la comercialización que se generaron por la cuarentena afecta en forma dispar a los trabajadores. Algunos de ellos lo sufrieron en forma drástica con la pérdida del trabajo o con una significativa reducción de ingresos. Otros trabajadores pudieron coordinar con sus empleadores la realización de teletrabajo lo cual facilita la continuidad de las actividades productivas y también le asegura al trabajador su continuidad laboral y sus ingresos.
En el contexto actual es importante considerar que a pesar del esfuerzo de trabajadores y empresas para una forzada aplicación de teletrabajo, las posibilidades de una expansión generalizada encuentra como limitantes el rezago en términos tecnológicos del aparato productivo, la deficiente transformación digital de algunos hogares, las escasas habilidades digitales de los trabajadores y armonización de las normas sociales de uso del tiempo en el hogar (Albrieu, 2020).
Según los datos de la EDSA COVID-19 relevados en el AMBA sólo un 26,8% de los ocupados pudo realizar un trabajo virtual. El porcentaje de trabajadores que podía trabajar desde su hogar fue marcadamente mayor en CABA que en el Conurbano Bonaerense (40,7% y 22,4%, respectivamente), en los trabajadores residentes en hogares no pobres que en hogares pobres (35,9% y 6,4%) y en hogares de nivel socioeconómico medio alto que en los de nivel muy bajo (62% y 2,6%, respectivamente). Además, este porcentaje se incrementa más en los trabajadores de hogares del estrato medio profesional (63%) que en el resto de los estratos y en las mujeres más que en las varones (33,4% y 21,6%, respectivamente).
5. Recursos psicológicos de los trabajadores en el contexto de cuarentena
Los estudios referidos a la situación de la salud de los residentes del AMBA que realizaron Solange Rodríguez Espínola, María Agustina Paternó Manavella y Pilar Filgueira (2020), basados en la EDSA COVID-19, ponen ampliamente de manifiesto el impacto que la crisis sanitaria y la cuarentena generaron en el derecho a la salud de la población y la profundización de las deudas en el estado y la atención en salud física y psicológica de los adultos. En el caso específico de los trabajadores, el escaso bienestar subjetivo constituye un problema estructural que vuelve a observarse en tiempos de pandemia.
Uno de los indicadores del nivel de bienestar es el malestar psicológico que se entiende como un déficit en los recursos emocionales y cognitivos de las personas, carencia que afecta las capacidades para responder a las demandas ordinarias de la vida cotidiana, desenvolverse socialmente y para tener relaciones satisfactorias con los otros (Rodríguez Espínola, 2016). Este déficit es más marcado en los ocupados que no tuvieron ingresos: en el escenario de cuarentena por COVID-19 presentaron malestar psicológico el 35,3% de estos trabajadores, mientras que solo se observó en el 26,2% de los trabajadores que vieron reducidos sus ingresos, en el 21,8% de los que no tuvieron disminución de ingresos y en el 26,5% del total de ocupados.
Las estrategias de afrontamiento constituyen los esfuerzos, tanto cognitivos como conductuales, que realizan las personas para manejar la tensión psicológica y hacer frente a las situaciones adversas (Rodríguez Espínola, 2016). En este marco, es posible diferenciar dos tipos de afrontamiento: el activo (orientado a la solución del problema) y el pasivo / negativo (orientado a evitar el problema). Se identificó en el relevamiento de la EDSA COVID-19 el afrontamiento negativo fue mayor en los trabajadores que no tuvieron ingresos que en el resto: el 28,3% de estos trabajadores presento una orientación de afrontamiento negativo en comparación con el 18,8% de los ocupados que experimentaron reducción de ingresos, el 9,8% de los que no vieron afectados sus ingresos y el 17,4% del total de ocupados.
La felicidad es el resultado de un proceso dinámico y complejo que va más allá del ámbito privado. Por lo que trasciende la emoción personal de quien lo experimenta y se convierte en un asunto psicosocial que puede verse afectado por un contexto o situación laboral desfavorable (Rodríguez Espínola, 2016). Los trabajadores que no tuvieron ingresos se sienten nada o poco felices en una proporción levemente mayor que el resto: según la EDSA COVD-19 un 17,1% de estos expresaron sentirse nada o poco felices mientras que solo se encontraban en esta situación el 13,8% de los ocupados que vieron disminuidos sus ingresos, el 16,1% de los que no vieron alterados negativamente sus ingresos y el 15,3% del total de trabajadores.
La creencia de control externo se entiende como la convicción de que lo que ocurre es resultado del azar, del destino o de la influencia de otros con mayor poder, en lugar de creer que es producto del propio comportamiento. En este complejo, se percibe que los eventos no pueden ser controlados y se instala una falta de valoración del esfuerzo y de la dedicación personal por desestimar la eficacia del propio accionar para producir cambios. Los individuos que presentan esta creencia son más influenciables frente a la coerción social, además de tener escasa motivación al logro y bajas expectativas hacia el futuro (Rodríguez Espínola, 2016). La creencia de control externo es mayor en los trabajadores que no recibieron ingresos en los tiempos de pandemia: la perciben un 23% de ellos y solo un 15% de los ocupados que tuvieron menos ingreso, el 9% de los que declararon tener los mismos o más ingresos y el 14,4% del total de trabajadores.
6. Conclusiones
Entre los hechos verificados más importantes se puede identificar la perdida de trabajo e ingresos en los ocupados con empleos más precarios, en los patrones o empleadores, en los profesionales independientes y en los cuentapropistas no profesionales. La situación de pandemia y su correlato en la necesidad de aplicar una política de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) generó alteraciones de gran magnitud en el escenario laboral del AMBA, el cual presenta ya desde hace varias décadas un alto nivel de precariedad, segmentación y exclusión.
A la ya conocida heterogeneidad en la estructura productiva (existencia de un sector privado formal y un extendido sector privado micro-informal) se le sumó el impedimento de producir a gran parte de las empresas de ambos sectores. Esta inédita situación generó una disminución de ingresos tanto para los empleados como para los empleadores. Significativas pérdidas a las empresas, inactividad de gran parte de los trabajadores por cuenta propia, recorte de salarios a algunos empleados y pérdidas de puestos de trabajo. De esta manera, el estado de emergencia del ámbito de la salud generó, como efecto no deseado, un estado de emergencia en la estructura productiva y un empeoramiento del escenario laboral que amplía aún más las brechas que se observan entre los trabajadores (Ernst y López Mourelo, 2020).
Las observaciones a partir de la EDSA COVID-19 se convierten en una medición indirecta de la crisis de la estructura productiva y sus resultados, referidos al AMBA, convergen con los de nivel nacional expresados en informes oficiales (MDP, 2020:6) que expresan la gravedad de la situación: “la industria automotriz no fabricó ningún vehículo en abril, por lo que la producción cayó 100% frente al mismo mes de 2019” y “las ventas de insumos para la construcción se derrumbaron 74,3% en abril en relación con el mismo mes de 2019”, “al comparar con marzo último, los volúmenes despachados registraron una baja de 59,2% desestacionalizado”.
En el contexto de crisis COVID-19, sabemos que en el AMBA no sólo hay más hogares pobres, sino que gran parte de los hogares que eran pobres, son ahora aún más pobres (Bonfiglio, Salvia y Vera; 2020). Esto se da en el contexto de un empeoramiento generalizado que cristalizará en una sociedad más empobrecida ya que el impacto de la cuarentena se da en un mercado de trabajo heterogéneo y segmentado, con lo cual también sus efectos -tanto laborales como psico-sociales- alimentan una nueva fase de exclusión y desigualdad social.
La grave situación que generó la cuarentena tiene características inéditas ya que no solo afecto a las familias y a los trabajadores que desde hace décadas están excluidos y limitados a desarrollar sus actividades laborales en la “periferia” de la estructura productiva sino que también afecto al sector privado formal. En primera instancia, en este aspecto, afecto a trabajadores pertenecientes a estratos medios y medios altos. También se vieron perjudicados profesionales independientes que no pudieron continuar con sus actividades por lo menos durante los tres primeros meses de la cuarentena (abogados, escribanos, etc.) o propietarios de comercios que no pudieron desarrollar actividades en dicho período. Además, podríamos contar en este grupo a cuentapropistas no profesionales pero de mano de obra calificada (actores, peluqueros, trabajadores de reparaciones no prioritarias del hogar, etc.), algunos de ellos totalmente bloqueados para desarrollar sus actividades. Muchos pueden haber aplicado a la percepción del IFE que, en el mejor de los casos, les generó un ingreso de $ 10.000 -muy por debajo de sus ingresos mensuales- y/o la alternativa de préstamos subsidiados a tasa 0% para poder subsistir.
En segunda instancia, debemos agregar a las Pymes y grandes empresas que vieron seriamente afectada su capacidad de producir y comercializar. Algunas de ellas pueden haber aplicado a la obtención del pago parcial de su nómina salarial, por supuesto solamente si cumplían los estrictos requisitos. En este escenario el desmoronamiento de la de economía formal generó un serio problema en los ingresos fiscales. La recaudación tributaria total de marzo, a nivel país, implico una caída de 24,8% en términos reales en comparación con igual mes del año anterior y el impuesto al valor agregado (IVA) una baja de 34,1%. Los informes oficiales (MDP, 2020:1) expresan que en Argentina “los primeros indicadores de actividad productiva muestran un deterioro inédito, con caídas que en algunos sectores incluso llegan a superar al peor momento del año 2002”. Esto expresa la complejidad de la situación nacional al requerirse un aumento de las transferencias que realiza el Estado en un contexto de marcada disminución de los ingresos fiscales, sin posibilidad de endeudarse, con un déficit preexistente y en un escenario internacional adverso.
Sin duda que los efectos de la pandemia y de la necesaria cuarentena implican un aumento de las desigualdades laborales y pérdidas de puestos de trabajo, de ingresos y de capacidad de compra del salario. Las generales de la ley se agravan en la Argentina por su heterogeneidad estructural de décadas, la falta de inversiones, el persistente déficit fiscal, la agobiante deuda pública, la posible cesación de pagos y el potencial bloqueo de préstamos internacionales tanto para el sector público como para el privado. Se suma a esto el contexto altamente inflacionario en medio del cual las negociaciones colectivas tendrían que recuperar una pérdida del poder adquisitivo cercana al 50% correspondiente al año anterior. Un escenario difícil: trabajadores con suspensiones y despidos negociando con empleadores sin producción y escasas expectativas de ventas a futuro.
En este marco, lejos de constituirnos en una sociedad más igualitaria, cabe advertir que la situación amplía desigualdades materiales, sociales y simbólicas. Es por ello que, a la necesidad de coordinar políticas activas para atender la emergencia, crecen los desafíos políticos para el día en que comience el proceso de salida de la cuarentena. Si bien, la mayor parte de las medidas de gobierno adoptadas buscan reducir los efectos de la parálisis económica, sin las cuales la situación social sería peor, no hay posibilidades de cambiar la situación estructuralmente crítica que afecta a los sectores más vulnerables si no es a través de la puesta en marcha de un plan de reactivación de la producción que se focalice en la generación de trabajo.
Los efectos analizados demandan políticas de Estado que apunten no solo a administrar la escasez sino también al diseño de salidas productivas. La gravedad de la situación impone la necesidad de políticas persistentes en el tiempo; que sean consensuadas entre el sistema político, empresarios, empleadores, formadores de precios, inversores, representantes sindicales, organizaciones de base, referentes de universidades y del sistema de ciencia y tecnología para que se pueda desarrollar un incremento de la producción que apunte al mercado (interno y externo), que genere valor agregado y puestos de trabajo genuinos con el respeto a los derechos laborales y al medio ambiente.