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SUMARIO
Introducción. 2. Propuesta analítica y metodológica. 3 3. La conflictividad sindical y el tejido de la “unidad de acción”. 4. La “unidad de acción” en dos tiempos. 4.1. La construcción del 20N sindical (2012-2013). 4.2. La centralidad del gigante cegetista (2013-2015). 5. Reflexiones finales. 6. Bibliografía. 7. Fuentes.
1. Introducción1
La relación entre sindicalismo y política en Argentina ha revestido históricamente un interés público y académico. En determinados momentos, las centrales sindicales han buscado trascender el ámbito de la confrontación por las condiciones de compra, venta y uso de la fuerza de trabajo y han disputado el ordenamiento de un conjunto más amplio de relaciones sociales. A lo largo de los gobiernos kirchneristas (específicamente, entre 2008 y 2015) el sindicalismo apostó en diferentes oportunidades por fortalecer ejercicios de representación a nivel político. Recurrió para ello a diferentes repertorios: una participación consolidada en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil y otros ámbitos de diálogo social, una incursión significativa en el seno del Partido Justicialista y en distintas reparticiones estatales y el lanzamiento de herramientas de acumulación política propias, entre otros. A propósito de ello, el año 2012 fue testigo de una doble novedad en el escenario políticosindical argentino: los paros generales convocados por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) - Autónoma, la Confederación General del Trabajo (CGT) Azopardo y la CGT Azul y Blanca no sólo marcaron un hito en la conflictividad de la época sino que fueron una bisagra en los modos de acción política de esos nucleamientos sindicales.
La importancia del sindicalismo como actor económico y político en el escenario de la posconvertibilidad ha favorecido que éste se constituya como un objeto de estudio privilegiado y multifacético. Al respecto, identificamos tres grandes líneas de trabajo:2 la primera ha sido el análisis de la acción sindical con una perspectiva atenta a la dinámica sectorial (Benes & Fernández Milmanda, 2012; Pontoni, 2013; Senén González, 2014; Senén González & Del Bono, 2013). La segunda ha enfocado la mirada en los lugares de trabajo, a partir del estudio de las formas en que los trabajadores “hacen sindicato” y de la dinámica sindical en cuerpos de delegados y juntas internas, entre otros aspectos (Abal Medina & Diana Menéndez, 2011; Beliera, 2019; Lenguita, 2011; Varela et al., 2016). La tercera ha indagado en las características de algunos indicadores clásicos de la acción sindical (Kelly, 1998) tales como la afiliación sindical, la negociación colectiva y la conflictividad laboral (Barrera Insua, 2015; Etchemendy & Collier, 2008; Marticorena, 2014; Palomino & Spaltenberg, 2007; Senén González et al., 2010, 2011).3
En este trabajo ahondaremos en las dimensiones políticas del comportamiento sindical y nos centraremos en explicar la acción sindical en los niveles de mayor agregación: las centrales sindicales. Para eso, recuperaremos significativos aportes que han buscado desentrañar una problemática similar (Abal Medina, 2015; Anigstein, 2015; Armelino, 2012; Benetti & Iglesias, 2014; Gómez, 2009; Natalucci, 2015) y escogeremos un tipo específico de acción política: los paros generales, es decir, aquellos convocados por una o más centrales sindicales. Analizaremos el tejido y el desenlace de una “unidad de acción”4 entre fracciones sindicales opositoras al gobierno kirchnerista; en particular, nos preguntaremos: ¿qué condiciones hicieron posible el tejido de esa alianza y qué reclamos la articularon? ¿Qué razones y expectativas empujaron a cada una de las partes a conformar esta coalición sindical? ¿Qué características asumió en su desenlace?
Para ello trabajaremos con un enfoque que combina el estudio de las distintas arenas políticas en las cuales se emplaza la acción política del sindicalismo con las distintas racionalidades que explican los cursos de acción (Morris, 2018). La metodología empleada para este trabajo fue cualitativa: se emplearon como fuentes entrevistas semi-estructuradas a dirigentes sindicales de primera línea, solicitadas y documentos sindicales e información extraída de una sistemática revisión de dos diarios de tirada nacional (La Nación y Página/12).
A continuación, presentaremos las coordenadas teóricas y metodológicas de la investigación. En los apartados subsiguientes, nos abocaremos al análisis de las condiciones que hicieron posible el tejido de la “unidad de acción” entre las centrales sindicales opositoras. Luego, estudiaremos el desenlace de esa alianza sindical y distinguiremos, en su interior, dos grandes etapas con protagonismos, debates y tensiones diferentes.
2. Propuesta analítica y metodológica
En determinados momentos, las centrales sindicales han buscado trascender el ámbito de la confrontación por las condiciones de compra, venta y uso de la fuerza de trabajo y han disputado el ordenamiento de un conjunto más amplio de relaciones sociales. Las centrales sindicales han hecho política y la han hecho en diferentes escenarios, empujadas por motivaciones de índole diferente. En este artículo indagaremos en una modalidad de acción específica: la “unidad de acción” entre centrales sindicales, una instancia de coordinación intersindical cuyo principal repertorio fue la concreción de una serie de paros generales. Llamamos paro general a todas aquellas huelgas que fueron convocadas por una o más centrales sindicales. Debido a que el foco está puesto en analizar el avance, los condicionamientos, las tensiones y las temporalidades de la “unidad de acción”, analizaremos exclusivamente aquellos paros generales llamados por más de una central sindical.
Es usual que cuando se pretende desacreditar una medida de fuerza sindical se señalen sus oscuras, vedadas e inconfesables motivaciones políticas. Como réplica, muchas organizaciones sindicales buscan despegarse de dicha acusación destacando que los reclamos que motivan las medidas de fuerza se circunscriben al terreno gremial. En este artículo nos interesa conceptualizar a las huelgas generales como acciones políticas en tanto allí se ponen en cuestión determinados aspectos generales de la política económica de un gobierno y se aspira a realizar una acción que comprende al conjunto del movimiento obrero y no a un sector particular.
Para pensar la especificidad de la conflictividad en este nivel es preciso reponer dos ideas. En primer lugar, que no es posible conceptualizar a los paros generales como una consecuencia necesaria del aumento de conflictividad en otros niveles. Por el contrario, estas acciones siguen una lógica propia. Piva (2006) historizó este asunto a partir del análisis de la dinámica conflictiva del período 1989-2001. Al respecto, señaló que las transformaciones en las condiciones de acumulación del capital y en la composición de la fuerza de trabajo han originado un “desacople” entre la conflictividad laboral y la actividad huelguística de las centrales sindicales, evidente principalmente en el caso de la CGT. Coincidiendo con este diagnóstico general, Payo Esper (2014) realizó un balance del período 2002-2012 e indicó que la relación entre conflictos laborales y huelgas generales -contingente e histórica- había seguido el mismo “desacople” en este período. La segunda idea a resaltar, vinculada en cierto sentido a la idea anterior, refiere a las razones que explican, entonces, la lógica de las acciones contenciosas a nivel de las centrales sindicales. Respecto a este punto, retomamos los aportes de Jean Bunel (1992) y de James McGuire (1992a, 1992b), quienes afirman que las consideraciones políticas asumen una importancia medular al momento de explicar el desenlace de las huelgas generales.
Conceptualizaremos la acción política de las centrales sindicales a partir de un andamiaje analítico que busca ensanchar la mirada respecto a los lugares en los cuales se emplaza la acción política y a los determinantes que la explican: ¿de qué manera las centrales sindicales actuaron políticamente? ¿Dónde, cómo y por qué? (Morris, 2018). Para analizar los distintos escenarios en los cuales las centrales sindicales actuaron políticamente durante el período analizado utilizamos la noción de arenas políticas, que definimos como el entramado de pautas, modos legítimos de hacer y decir, actores con posiciones desiguales y preocupaciones compartidas. Cada arena funciona de acuerdo a una lógica particular y gira en torno a una disputa central. Aquí recuperamos dos arenas políticas que tienen especial relevancia para el objeto que buscamos explicar en este artículo: la arena político-gremial, donde la disputa central son las condiciones de compra, venta y uso de la fuerza de trabajo del conjunto de los trabajadores, y la arena político-institucional, donde la disputa central es la participación o la gestión del poder institucional.
El otro núcleo que compone nuestro enfoque analítico se refiere al modo en el que es explicada la acción sindical. Proponemos complejizar algunos enfoques que analizan el comportamiento sindical como el resultado de un conjunto de opciones estratégicas escogidas racionalmente en función de un cálculo informado por preferencias determinadas. Esta racionalidad instrumental se da por supuesta en algunos abordajes sobre la acción sindical que han buscado modelizar el comportamiento sindical para compararlo con otros sindicalismos (Etchemendy, 2016; Murillo, 2008). Aunque estos enfoques son operativos para mirar el sindicalismo a gran escala y en clave comparada, consideramos que la atención en la dinámica nacional vuelve necesario ponderar también otras dimensiones. Una perspectiva centrada en la disputa de recursos como única variable explicativa del comportamiento sindical supone que los actores evalúan la situación, movilizan los recursos más pertinentes para ese escenario y persiguen sistemáticamente mayores cuotas de prestigio, poder y dinero (Hurtado et al., 2018).
Tal como afirman Hurtado y otros, las perspectivas centradas en una mirada instrumental desconocen “otras racionalidades que operan a la par en el sentido práctico de los actores” (2018, p. 15).
Por ello, optamos por una concepción pluridimensional (Armelino, 2015) de la acción política que atiende a aspectos “instrumentales” pero también a dimensiones que llamamos “identitaria” y “organizativa”. La dimensión instrumental hace foco en los recursos de poder político, económico y organizativo que los actores poseen, movilizan e intercambian para alcanzar ciertos objetivos.5 A través de la dimensión identitaria buscamos dar lugar a los principios interpretativos que perduran en el tiempo, organizan clivajes y son compartidos por determinados actores sindicales, los cuales constituyen un factor fundamental al momento de comprender y explicar la elección de cursos de acción. Por último, procuramos abordar a través de la dimensión organizativa aquellos aspectos que tamizan la forma en la que los recursos de poder son puestos en uso. Conceptualizamos a la organización a partir del planteo que realiza Martín Armelino, a saber: como una estructura que configura
patrones de acción estables, reproducidos en el tiempo y en el espacio, que actualizan sus principios y valores, objetivos y estrategias de acción (…) en ese desenvolvimiento sus miembros actualizan un conjunto de reglas y recursos organizado recursivamente: las reglas informan y dan sentido a esas prácticas sedimentadas, los recursos posibilitan su transformación (2015, p. 248).
Así, al mismo tiempo que la forma de la organización habilita y restringe ciertas acciones, es actualizada por ellas.
A modo de síntesis, resta señalar entonces que las centrales sindicales intervienen de forma simultánea en distintas arenas políticas y que la forma que cobran esas acciones se desprende de la combinación inestable y contingente entre tres dimensiones -instrumental, organizativa e identitaria-. La preponderancia explicativa de una sobre otra sólo puede definirse en términos situados.
El enfoque metodológico que orienta este trabajo es cualitativo y se nutre de múltiples fuentes, primarias y secundarias. Trabajamos, en primer lugar, con entrevistas semiestructuradas a dirigentes sindicales de primera línea en las que indagamos en la trayectoria política de los entrevistados, sus lecturas acerca del proceso político y la dinámica sindical durante los gobiernos kirchneristas y los sentidos y prácticas asociados a los modos de vincular la acción gremial y la acción política.6 El tiempo político en el que fueron realizadas las entrevistas (entre mediados de 2016 y principios de 2017) condicionó la selección de situaciones relatadas, los términos empleados, los actores vindicados y cuestionados en las entrevistas. Así, la lógica reconstructiva de los relatos dirigenciales tendió a uniformar la experiencia pasada y la posición presente, complejidad que ha sido advertida por Gené (2014) para el estudio de otras élites políticas. Frente a esto, optamos por reconstruir determinados escenarios mediante el empleo simultáneo de otras fuentes. Así, analizamos documentos sindicales (resoluciones de congresos, declaraciones y solicitadas publicadas en la versión impresa de periódicos de tirada nacional ante determinados eventos críticos) y realizamos un relevamiento sistemático y exhaustivo de crónicas publicadas en los diarios La Nación y Página/12.
3. La conflictividad sindical y el tejido de la “unidad de acción”
Tal como acuerdan en señalar diferentes análisis, los dos primeros gobiernos kirchneristas (2003-2007 y 2007-2011) establecieron condiciones auspiciosas para la acción sindical. En términos políticos, el sindicalismo tuvo un lugar fundamental en el esquema de gobierno, aspecto señalado por diferentes trabajos (Delfini & Ventrici, 2016; Etchemendy, 2013; Marticorena, 2015). Un elemento palpable de esa articulación ha sido el cauce que el gobierno brindó a algunas demandas laborales fundamentales, alentadas por un contexto macroeconómico favorable. Entre ellas estuvieron la celebración de negociaciones colectivas en todos los sectores de actividad (que incluyeron, en algunos casos, la rediscusión de los Convenios Colectivos de Trabajo de distintos sectores), la revitalización del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVM), la derogación de la “Ley Banelco” y la sanción de la Ley de Ordenamiento Laboral. Un correlato de estos procesos fue el incremento de la conflictividad laboral-sindical, que reubicó al actor sindical en un lugar central en relación a la conflictividad de la década inmediatamente anterior (Barrera Insua, 2013). Algunos autores han señalado la tolerancia gubernamental en relación al conflicto laboral; sin embargo otros han puesto reparos sobre este supuesto afirmando que de 2005 en adelante, la relación con la conflictividad sindical fue más tensa (Atzeni & Ghigliani, 2008).
Aunque la conflictividad versó principalmente en torno a los reclamos salariales, involucró también un reclamo sostenido por la mejora de las condiciones laborales (Barrera Insua, 2015; Spaltenberg, 2012). Este proceso no fue uniforme: de acuerdo a la base de conflictividad elaborada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), la frecuencia de conflictos laborales fue creciente a lo largo de estos años y tuvo un despegue significativo de 2012 en adelante. A su vez, buena parte de la conflictividad desarrollada durante esos años se explica por los conflictos desplegados en los lugares de trabajo.
Las mejoras en el mercado laboral y los vínculos políticos entre Estado, gobierno y sindicatos han tenido matices, vaivenes e interrupciones. En relación con esto, varios autores han señalado que las transformaciones en el escenario laboral atravesaron una fuerte recuperación entre 2003 y 2007, pero que, luego, esa mejora se desaceleró y se estancó de 2011 en adelante (Beccaria & Maurizio, 2017; López, 2015). Por su parte, después del conflicto entre el gobierno y las entidades agropecuarias, la articulación política entre gobierno y sindicatos se plasmó en diferentes escenarios políticos (Morris, 2018). Las extensas movilizaciones callejeras en apoyo al gobierno nacional, la contundente participación sindical en el Partido Justicialista y su relevancia en el ámbito legislativo fueron, quizás, sus manifestaciones más evidentes. Pero entre 2010 y 2011, este vínculo se deterioró y las relaciones entre una parte de la conducción de la CGT y el gobierno nacional mutaron gradualmente del apoyo al distanciamiento y la confrontación (Anigstein, 2019). Resquebrajado ese entramado político que anudaba a la conducción de la principal central sindical con el gobierno y suspendidas las mejoras laborales que habían tenido lugar años atrás, la disputa siempre presente por las condiciones salariales y laborales del conjunto de los trabajadores asalariados -cuyos términos se definían hasta entonces en instancias de diálogo tripartitas- asumió las características de una conflictividad abierta.
En este marco, desde 2012 en adelante tuvo lugar el tejido de una “unidad de acción” entre fracciones sindicales opositoras. Entre los factores que hicieron posible su surgimiento identificamos, en primer lugar, el deterioro de la situación económica y laboral. En un contexto internacional menos holgado que en años anteriores, el tercer gobierno kirchnerista que asumió con un importante volumen de votos a favor, se anunció como una etapa de “sintonía fina”. Esto suponía, en la práctica, un mayor control gubernamental en materia de inflación, salarios, inversiones, subsidios y utilidades. En el frente externo, el escenario se caracterizó por una caída en los precios internacionales de los bienes ofertados por Argentina, una caída en el volumen de la demanda y un aumento de importaciones en materia energética; todo esto originó una balanza comercial deficitaria y una fuerte presión sobre la divisa extranjera que derivó en una política de control de cambios (Beccaria & Maurizio, 2017; Santarcángelo & Perrone, 2016; Trujillo, 2017). En el frente interno, el contexto económico estuvo marcado por un notorio aumento de la inflación que, si bien fue acompañado por los incrementos en las negociaciones colectivas , desde 2013 provocó cierto deterioro salarial en algunos sectores (Beccaria & Maurizio, 2017; Marticorena, 2015). A ello se suman el estancamiento en la proporción de trabajadores no registrados (situada alrededor del 33% durante esta etapa) y en el ritmo de generación de empleo (Morris, 2017). Una creciente conflictividad en los lugares de trabajo acompañó estos procesos: de 2014 en adelante, estos conflictos acarrearon como principal reclamo los “pagos adeudados” por los empleadores y el rechazo a los despidos y suspensiones en el ámbito industrial.7
La mayor coordinación gubernamental en el ámbito económico tuvo un correlato político: desde la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, el kirchnerismo recalibró su armado político y acentuó un estilo de liderazgo más centrado en la figura presidencial y en la “fuerza propia” que en la articulación con organizaciones aliadas, entre las cuales se encontraban las conducciones sindicales. En un marco de oportunidades económicas limitado, este elemento volvió al gobierno más impermeable respecto a determinadas demandas de los actores económicos que reclamaban mayores retribuciones. En el año 2010, la conducción de la CGT había reclamado por el reparto de utilidades empresarias entre los trabajadores de grandes empresas. Debido a que la demanda fue postergada y relegada a potenciales negociaciones sectoriales,8 el reclamo se reeditó un tiempo después, perfilando un pedido de modificación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. Llegamos, así, al segundo factor que empujó el tejido de la “unidad de acción” entre centrales sindicales: la irrupción de un conjunto de demandas distributivas del sindicalismo hacia el gobierno y las dificultades gubernamentales para absorberlas.
El tercer factor que hizo posible esta alianza en el terreno sindical fue la fractura de las dos centrales sindicales que generó una confluencia táctica entre algunas de sus fracciones. La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se fracturó en 2010 a causa de importantes diferencias en la caracterización de la etapa kirchnerista y la consecuente redefinición que una parte de su conducción proponía realizar respecto a la idea de “autonomía sindical” respecto a los empleadores, el gobierno y los partidos políticos. Desde la ruptura, los dos sectores en los que quedó dividida tuvieron una significativa independencia al momento de delinear sus cursos de acción. Una de ellas, la CTA de los Trabajadores, apostó a instalar sus demandas en ámbitos de diálogo y concertación mientras que la otra, CTA Autónoma (llamada así desde 2014), apostó a repertorios más contenciosos con una centralidad indiscutida de los paros con movilización. A mediados de 2012, la CGT se partió a lo largo del proceso de elecciones de autoridades. En ese escenario se combinaron, por un lado, fuertes diferencias internas entre los dirigentes respecto al modo de articular la acción gremial y la acción política; por el otro, un cuestionamiento al modo en el que Moyano ejercía el liderazgo de la central obrera en un marco de deterioradas relaciones con el kirchnerismo. A ello se sumaban también diferencias derivadas de la caracterización que hacían respecto del kirchnerismo. Así, quedaron conformadas la CGT Alsina que apostó a recuperar, en la arena político-institucional, la capacidad de influencia política interrumpida por el distanciamiento entre el gobierno y la anterior conducción cegetista,9 y la CGT Azopardo que buscó dar cauce a sus demandas políticas mediante la conformación de una herramienta partidaria,10 y a sus reclamos económicos en la arena políticogremial, a través del tejido de una “unidad de acción” con otros actores sindicales. Uno de ellos era la CGT Azul y Blanca, una fracción escindida de la estructura organizativa de la CGT desde 2008 que sostenía un discurso fuertemente opositor al gobierno y alianzas políticos con partidos contrarios.
De forma paulatina, la CTA-A y la CGT Azopardo fueron tejiendo una “unidad de acción” en la arena político-gremial. Aunque el repertorio principal de esta alianza consistió en la convocatoria conjunta a paros generales, involucró también otras iniciativas. “Unidad de acción” era el nombre que los actores otorgaban a una alianza de carácter estratégico que permitía potenciar reclamos comunes a través de acciones conjuntas pero no comprometía la especificidad de cada una de las partes (sus programas, sus concepciones y su dinámica interna). Debido a esto, la “unidad” se circunscribía al terreno de la “acción” y no de la “concepción”. Pese a esto, como analizaremos luego, esta forma de acción sí puso en tensión a esa especificidad. Inicialmente, la “unidad de acción” se cimentó sobre la intención de disputar recursos de poder político, organizativo y económico, a saber: al mismo tiempo que esta alianza procuraba abrir canales de diálogo con el gobierno y con otros partidos políticos, buscaba también recuperar la capacidad de representar la creciente conflictividad en los lugares de trabajo e incidir en un mercado de trabajo deteriorado con salarios reales depreciados.
La “unidad de acción” se apoyó sobre un conjunto de reclamos que habían comenzado a cobrar una importancia cada vez mayor en la agenda pública: la universalización de las asignaciones familiares y la modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que pesaba sobre los trabajadores de altos ingresos. Respecto a la primera, el gobierno implementó en 2012 una normativa que cambiaba el cálculo y los rangos a partir de los cuales se deducía el cobro de la asignación.11 Como consecuencia, un sector de trabajadores de altos ingresos que antes no cobrara el beneficio, fue incluido en la medida aunque en el rango de menor asignación (Marticorena, 2015). En cuanto al Impuesto a las Ganancias, el problema central era el retraso en los topes del mínimo no imponible en un contexto inflacionario con aumentos nominales del salario. Tal como explican Corral y Wyczykier (2016), entre 2008 y 2011 ese tope había quedado desactualizado. A su vez, desde 2001 las escalas se habían mantenido estancadas. Por esta razón, hacia 2012 quienes ya pagaban el impuesto, pagaban cada vez más, y quienes no lo pagaban, habían comenzado a hacerlo (Marticorena, 2015). Retocar el mínimo no imponible suponía para el gobierno una merma considerable en los ingresos fiscales debido al peso que este impuesto tenía en las finanzas públicas (Corral y Wyczykier, 2016).
La discusión por la renta había tenido un importante impulso durante el debate por el reparto de utilidades empresarias entre los trabajadores (Merino, 2017; Wyczykier & Anigstein, 2013). En este contexto, la discusión se reactivó en clave tributaria. Las fracciones sindicales que reclamaban por estos puntos consideraban que eran pocos los trabajadores representados que cobraban las asignaciones familiares y muchos los que debían pagar el impuesto a las ganancias. En este sentido, denunciaban que estas políticas los “discriminaban”.12 A estas demandas, que formaban parte del pliego de reivindicaciones en todas las convocatorias gremiales, se agregaban ocasionalmente la deuda del gobierno con las obras sociales y el aumento del salario mínimo, vital y móvil. Por su parte, la CTA-A incorporaba en sus convocatorias el reclamo por la “libertad y la democracia sindical”, el fin de la precarización laboral y la eliminación del sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, entre otros reclamos.
4. La “unidad de acción” en dos tiempos
La “unidad de acción” entre centrales sindicales opositoras fue una estrategia desplegada entre 2012 y 2015. Sin embargo, encontramos en su desenlace dos momentos diferentes, separados por las elecciones legislativas de 2013, que se distinguen entre sí por los actores que los protagonizaron y por las tensiones que surgieron en su interior.
4.1. La construcción del 20N sindical (2012-2013)
Los primeros trazos de la “unidad de acción” entre las fracciones sindicales opositoras al gobierno tuvieron como protagonistas centrales a la CGT Azopardo y a la CTA-A. La acción mancomunada encontró un lugar privilegiado en la arena político-gremial, mediante los paros generales. Sin embargo, se desplazó también hacia la arena político-institucional a través de las acciones legislativas coordinadas en torno a ciertas iniciativas (el rechazo al intento de instalación de un polo audiovisual en la Isla Demarchi y el repudio a la reforma en la Ley de Riesgos del Trabajo) y el apoyo mutuo en diferentes convocatorias a paros generales. En junio de 2011, Hugo Moyano y Julio Piumato, de la CGT Azopardo, emitieron un comunicado de respaldo al paro convocado por la CTA-A13 y lo mismo ocurrió en octubre de 2012 (CTA, 2012b); por su parte, la CTA-A adhirió al paro nacional convocado por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros en junio de 2012, aunque no a la movilización que también formaba parte de la medida de fuerza.14
La magnitud de este paro, las adhesiones con las que contó y las reacciones provenientes del ámbito sindical y del gobierno permitieron que este paro sectorial adquiriera simbólicamente un status de huelga general. A la medida adhirieron los sindicatos más cercanos a Hugo Moyano (muchos de ellos, nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte CATT-), algunos sindicatos industriales (la Asociación Obrera Textil y el Sindicato del Calzado) y del sector de servicios (el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) y la CGT Azul y Blanca. También lo hicieron dos de los principales gremios de la CTA-A, la Asociación de Trabajadores del Estado y la Federación Judicial Argentina.
Por supuesto que la medida de fuerza no fue aceptada por todo el espectro sindical sino que concitó la oposición de determinados sectores. Distintas organizaciones sindicales criticaron, a través de solicitadas públicas,15 la impronta “desestabilizadora” del reclamo, apoyado por la “derecha partidaria”, los “dueños del poder económico local” y los “medios de comunicación”.
Aunque reconocían legítimas las demandas que portaba la huelga, consideraban que el paro general se debía a una disputa por poder político de índole personal y, en todas las solicitadas, remarcaban la importancia de defender el modelo económico y de validar a las negociaciones paritarias como mecanismo de fijación de los salarios. En este sentido, algunas declaraciones llegaban a afirmar que las demandas del movimiento obrero se solucionarían mediante la profundización del esquema vigente.
En esta etapa, los apoyos cruzados entre la CGT Azopardo y la CTA-A estuvieron envueltos por algunos elementos simbólicos que contribuyeron a moldear la unidad entre las dos partes. Así, en septiembre de 2012, la conducción de la CGT Azopardo visitó la sede de la CTA-A, un hecho leído como “histórico” por significar el “inicio de la unidad de acción y reconocimiento a la pluralidad sindical” (CTA, 2012a). Meses después, Hugo y Pablo Moyano estuvieron presentes en el 3er Congreso Federal de la CTA-A y el líder de la CGT Azopardo fue convocado al escenario para pronunciar unas palabras:
“Estoy muy emocionado por estar acá, por la presencia de muchos compañeros de siempre. Recordaba la alusión de Víctor De Gennaro de ATE en el ’84, yo era muy chico y recién empezaba, él no me prestaba atención. Después fuimos grandes compañeros de militancia. Este nuevo encuentro de unidad me recuerda a ese tiempo. La unidad de acción es muy importante porque implica entender que más allá de los roles y las identidades, lo fundamental es la convivencia.”16
De Gennaro era significado en el discurso de H. Moyano como un dirigente sindical con trayectoria y experiencia, que incluso superaba inicialmente a la del propio Moyano, quien decía no ser considerado.17 Esto conformaba un importante gesto de reconocimiento hacia el líder estatal A su vez, inscribía la alianza en una trayectoria gremial y política compartida por quienes en ese momento conducían la CTA-A y la CGT Azopardo. A pesar de las diferencias posteriores -ligadas principalmente a las estrategias gremiales de cada central sindical- esa historia común contribuía a cimentar esa alianza entre las partes. Ahora bien, estas se reunían para instalar reclamos comunes en la arena político-gremial sin que esas partes sean alteradas en sus “roles” e “identidades”. Los unía un propósito instrumental: la expectativa de influir en el rumbo del proceso político con horizontes diferentes pero desplegando una táctica común.
Las articulaciones previas en la arena político-gremial entre la CTA-A y la CGT Azopardo, hicieron posible el primero de los paros generales convocados de forma conjunta por la CTA-A, la CGT Azopardo y la CGT Azul y Blanca. La medida de fuerza consistió en un paro general de 24 horas llevado a cabo el 20 de noviembre de 2012, días después de la multitudinaria protesta callejera bautizada “8N”.18 Además de los miembros de las centrales convocantes, adhirieron al paro los gremios del transporte aéreo, algunas reparticiones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). Aunque los gremios ferroviarios enrolados en la CGT Alsina no adhirieron a la medida, sí lo hicieron los trabajadores señaleros ferroviarios, que garantizaron la contundencia del paro al bloquear las vías de tren.19 También tuvieron presencia organizaciones sociales (Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie) y políticas (el Movimiento Socialista de Trabajadores, el Polo Obrero, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Nuevo MAS) que venían articulando acciones con la CTA-A. La CGT Alsina y la CTA-T repudiaron la medida con el mismo tono y similares argumentos con los que habían impugnado el paro nacional de Camioneros del mes de junio.20
Aunque el paro no incluyó movilizaciones, el apoyo de la Federación Agraria Argentina y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) supuso la realización de cortes de ruta en distintos puntos del país. En línea con esto, las entidades agropecuarias más importantes (SRA, CRA y Coninagro) emitieron un documento de apoyo a la medida de fuerza.21 También la CTA-A, sus organizaciones sociales más cercanas y algunos partidos de izquierda realizaron piquetes en áreas cercanas a la Capital Federal.22
Durante el resto del año no hubo paros generales, pero sí movilizaciones. La CGT Azopardo y la CTA-A actuaron juntas en una conmemoración por las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y, en 2013, marcharon al MTEySS. Sin embargo, en el seno de esa alianza comenzaron a surgir rispideces. En el terreno gremial, estas iniciativas conjuntas repercutían en un terreno sobre el que la CGT Azopardo también quería intervenir: la reconstitución de los vínculos con los miembros de la CGT Alsina, cuya participación era central para la efectividad de las medidas de fuerza por el poder estructural (Silver, 2005) de los sindicatos que allí se agrupaban. Además, el conjunto de acciones coordinadas entre la CGT Azopardo y la CTA-A reconocía explícitamente la existencia de la segunda como central sindical alternativa; este aspecto cuestionaba en la práctica el principio del monopolio de la representación sindical, la espina dorsal del sindicalismo argentino.23 La interacción entre este escenario de “unidad de acción” y la arena político-institucional introdujo también algunas contrariedades. La “unidad de acción” fue efectiva en la potenciación de los reclamos y un aspecto evidente de ello fue la repercusión que los reclamos tuvieron en la campaña de las elecciones legislativas de 2013 (Corral y Wyczykier, 2016). Sin embargo, la relación entre la arena político-institucional y la arena político-gremial fue doble. Al mismo tiempo que la arena político-institucional fue permeable a los reclamos sindicales, restringió la libertad de acción de las centrales opositoras en la arena político-gremial. Las alianzas políticas y el impulso a las herramientas de acumulación política propias durante un año electoral se imponían sobre las posibilidades de articulación en la arena político-gremial.
4.2. La centralidad del gigante cegetista (2013-2015)
El período extendido entre las elecciones legislativas de 2013 y el final del gobierno kirchnerista se caracterizó por un deterioro aún mayor de la situación económica y laboral, indudablemente relacionada con la corrida cambiaria de enero de 2014 y la frágil situación externa debido al conflicto con los acreedores.24 La devaluación de la moneda tuvo un impacto negativo en el salario de los trabajadores y radicalizó las discusiones distributivas, aspecto que se plasmó en un decisivo incremento de la conflictividad laboral en todos los sectores de actividad, incluidos aquellos cuyas organizaciones se enrolaban en centrales sindicales cercanas al gobierno nacional, como la CTA de los Trabajadores y la CGT Alsina. Tal como lo demuestra la base de datos elaborada por el MTEySS, el ámbito industrial en general, el sector de transporte, la administración pública y la enseñanza pública concentraron una gran cantidad de conflictos laborales.25 Una serie de conflictos desatados en las industrias automotriz y alimenticia pusieron de relieve no solamente las crisis que atravesaban esos sectores de actividad sino la oposición, desde algunos lugares de trabajo, al modo en que la dirigencia sindical actuaba ante esas situaciones.26
Mientras que el sector empresario nucleado en la UIA manifestaba a través de una serie de comunicados su preocupación por el aumento en la conflictividad laboral (UIA, 2014a; 2014b), el deterioro de la situación económica hacía coincidir los reclamos de todo el espectro sindical: el Secretario General de SMATA (CGT Alsina) advertía que la situación en las terminales automotrices era complicada y algunos representantes de sindicatos de transporte manifestaban la misma preocupación ante la Federación Internacional del Transporte.27 Asimismo, Hugo Yasky afirmaba que los salarios habían quedado retrasados respecto de la inflación y que era necesario elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (aunque reivindicaba el carácter progresivo del impuesto),28 Omar Viviani (CGT Alsina) reconocía el problema de la inflación y de las suspensiones en ciertos sectores de actividad29 y Antonio Caló (Secretario General de la CGT Alsina) aseguraba a principios de 2014 que el salario de los trabajadores se había deteriorado y que había quienes “no podían comer”.30
Sin embargo, la pertenencia a una u otra fracción sindical era decisiva respecto a los repertorios privilegiados para instalar estas demandas. Mientras que los sectores opositores al gobierno confiaban en las acciones conflictivas, la CTA-T y la CGT Alsina buscaban reforzar su participación en la arena político-institucional instalando sus reclamos en ámbitos como el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.31
La mayor parte de las acciones de protesta convocadas en el marco de la “unidad de acción” ocurrieron durante este segundo período. En abril de 2014, las dos CGT opositoras convocaron a un paro general y a él se plegaron posteriormente la CTA-A y algunos gremios del transporte;32 en agosto de 2014, otro paro general fue convocado por las tres centrales sindicales pero a él no se adhirieron los sindicatos de transporte adheridos a la CGT Alsina. En las dos medidas de fuerza se procuró desparticularizar el reclamo que había movido las acciones de protesta en años anteriores (universalización de las asignaciones familiares y aumento del mínimo no imponible), ampliándolo: se sumaron la lucha contra la inflación, la celebración de paritarias libres, el rechazo a cualquier cercenamiento del derecho de huelga, la devolución de fondos adeudados a las obras sociales, la implementación de un aumento para jubilados y la solución de los problemas del narcotráfico y la inseguridad.33 En marzo y junio de 2015, el formato de las protestas fue diferente. Debido a algunos condicionamientos sobre los que luego volveremos, se trató de paros de transporte a los que, posteriormente se plegaron las centrales sindicales.
Los alineamientos y los protagonismos de esta etapa fueron diferentes a los de la etapa anterior. A partir de esto, quedaron delineados un conjunto de rasgos distintivos que analizaremos a continuación. El primer elemento a señalar es la importancia de la CGT como actor protagonista, aspecto que implicó, por un lado, una mayor relevancia de la CGT Azul y Blanca en las definiciones (hasta entonces había tenido un rol subordinado en la alianza), y por el otro, la gravitación de algunos sindicatos de la CGT Alsina (principalmente del sector de transporte) como un elemento determinante en el devenir de las medidas de fuerza. Como contracara, el segundo aspecto característico de esta etapa fue el aislamiento de la CTA-A respecto a sus pares cegetistas y su debilitamiento a raíz de la acentuación de sus divisiones internas. El tercer elemento característico fueron las diferencias tácticas y estratégicas entre las partes, que estallaron entre agosto de 2014 y marzo de 2015.
A pesar de haber impulsado mecanismos diferentes (y, en cierta medida, antagónicos) para dar cauce a demandas afines, las fracciones opositoras de la CGT -principalmente, la CGT Azopardo- insistieron sistemáticamente durante toda esta etapa con la necesidad de reunificar las estructuras de la CGT.34 Ya en enero de 2014 tuvo lugar un cónclave del sindicalismo cegetista opositor en la ciudad de Mar del Plata donde se fijaron un conjunto de reclamos que orientarían la acción de estas fracciones a lo largo del año.35 Esta vocación de unidad, sostenida sobre un notorio deterioro del escenario económico y laboral, propiciaba la postergación de las proyecciones políticas y reponía la necesidad de volcarse a demandas corporativas en la arena político-gremial. En este sentido, un dirigente del MTA señalaba:
“Nosotros nos replegamos a lo gremial, porque también teníamos que discutir con el gobierno de aquel entonces, en el segundo gobierno de la ex presidenta, teníamos que discutir estas cuestiones con la sintonía fina, nos obligaba a estar más dentro de lo sindical”.36
Dentro del sindicalismo cegetista, la “unidad” del movimiento obrero -que suele referirse más usualmente al monopolio de la representación que a una unidad programática entre las partes- es uno de los aspectos más valorados. En efecto, se presume de la “unidad” como una condición explicativa de la fuerza del movimiento sindical argentino, por oposición a otros modelos sindicales. En este contexto deteriorado, entonces, la búsqueda de una “unidad” entre las partes se volvía indispensable para subsanar la ruptura de 2012 pero también para alcanzar una mayor contundencia en las diferentes medidas de fuerza.
El acercamiento con los gremios nucleados en la CGT Alsina comenzó por los sindicatos de transporte.37 La adhesión de La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al paro general del mes de abril de 2014 fue fundamental ya que su “posición estratégica” (Womack, 2007)38 en el sistema productivo facilitaba la incorporación de otros trabajadores a la medida de fuerza.39 Este aspecto no solo era advertido por los organizadores del paro sino también por el gobierno nacional, que en una solicitada del MTEySS publicada en los principales diarios nacionales titulaba “Mañana la mayoría de los argentinos quiere ir a trabajar” (MTEySS, 2014). El organismo enlistaba treinta y tres gremios enrolados en la CGT Alsina y en la CTA-T que no adherían al paro y, con ello, minimizaba su alcance al mismo tiempo que denunciaba el carácter extorsivo que, a su criterio, encerraba la convocatoria al impedir la llegada de los trabajadores que “querían trabajar” a sus respectivos lugares de trabajo. Algunos de los sindicatos que se oponían al paro cuestionaban también este aspecto de la medida de fuerza. La Mesa Político Sindical del Proyecto Nacional -un espacio que agrupaba principalmente a sindicalistas de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires- sentenciaba: “para dimensionar los alcances del próximo paro bastaría simplemente con que el transporte público funcionase y ahí se vislumbraría la voluntad del pueblo trabajador de acatarlo o no” (Mesa Político Sindical del Proyecto Nacional - Provincia de Buenos Aires, 2014)40.
La contracara del acercamiento entre gremios de la CGT pertenecientes a las diferentes fracciones fue el distanciamiento de la CTA-A respecto a sus pares de la CGT. La unidad entre las distintas fracciones de la CGT y la expectativa de alcanzar la reunificación de la central a mediano plazo,41 arrastraba una serie de condicionamientos en los tiempos y modalidades de los repertorios a implementar. Coordinar acciones con sectores que se mostraban más cercanos a las políticas del gobierno nacional conllevaba, incluso, cierta moderación en las acciones convocadas. Esta fue una de las razones por las cuales las fracciones opositoras de la CGT dejaron de acompañar las protestas desplegadas por la CTA-A.42
En las diferentes medidas de fuerza, la CTA-A implementó repertorios propios y llevó como motivo principal algunos reclamos defensivos, tales como el cese de despidos y de suspensiones en diferentes sectores de actividad (Corral y Wyczykier, 2016). Estas demandas permitieron un importante acercamiento con partidos de izquierda y con diferentes expresiones del sindicalismo clasista de la zona norte del Gran Buenos Aires. Amerita un repaso por la forma en la que la CTA-A y las fracciones de la CGT cerraron la jornada de paro de agosto de 2014 para poner en evidencia las diferencias internas entre los principales convocantes de la medida.
A diferencia de las convocatorias previas, en esta oportunidad el cierre de la jornada fue pautado de forma separada.43 La CTA-A convocó a un paro de 36 horas con movilización y, al finalizar la marcha dispuesta en las primeras 24 horas de la medida, los dirigentes de la CTA-A y los partidos de izquierda que apoyaron la huelga montaron un escenario frente al Congreso en el que colocaron la misma pancarta con la que habían marchado. Esta levantaba los siguientes reclamos: “Prohibición de despidos y suspensiones. Eliminación del impuesto al salario. Abajo la precarización laboral”. Entre los oradores del acto organizado por la CTA-A se encontraban trabajadores despedidos de las fábricas Lear y Donnelley (llamada, luego, Madygraf).44 Su presencia en el escenario validaba una forma de acción sindical desplegada en estos lugares de trabajo que confrontaba tanto con el gobierno y las patronales como con la dirigencia sindical que representaba a estos trabajadores (D’Urso y Longo, 2015; Varela, 2016). A través de este acto la CTA-A respaldaba a un sindicalismo de base involucrado con fuerzas políticas de izquierda al mismo tiempo que criticaba el repertorio de protesta escogido por las dos fracciones de la CGT. En su discurso, Pablo Micheli destacaba que, en lugar de quedarse con el paro de 24 horas declarado por sus pares de la CGT, la CTA-A había preferido adoptar una actitud “ofensiva” y “hacer temblar a los sectores dominantes” (Actavideos, 2014).
A diferencia de la CTA-A, la CGT Azopardo y la CGT Azul y Blanca cerraron la jornada de paro con una conferencia de prensa brindada por Hugo Moyano en el salón Felipe Vallese de la CGT. El dirigente -flanqueado por Gerónimo Venegas; Abel Frutos, de la Federación de Panaderos; y Carlos Acuña, del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio- destacó el elevado acatamiento y criticó la postura del gobierno que había minimizado la medida. De acuerdo a sus estimaciones, la adhesión al paro había alcanzado el 90% en algunos lugares (Infocamioneros, 2014b).
A pesar de las diferencias entre las partes y de los modos ensayados por la CTA-A para preservar su especificidad en el marco de la alianza con las CGT y aplacar el costo político que generaba este vínculo en el seno de la CTA-A, la coordinación de acciones no fue un proceso inocuo para la organización. Un importante sector de la CTA-A no acordaba con el modo en el que Micheli llevaba adelante esta “unidad de acción”. Según este punto de vista, la forma en la que el secretario general de la CTA-A representaba públicamente a la organización vulneraba una construcción histórica en distintos aspectos: por un lado, subordinaba un programa amplio “para toda la clase trabajadora” a “reclamos acotados” que priorizaban, ante todo, la buena salud de la alianza con las fracciones de la CGT.45 Asociado a esto, las apariciones públicas de la CTA-A en la histórica sede de la CGT tenían fuertes implicancias para todos los integrantes de esa alianza, del mismo modo que lo tenía el hecho de compartir el mismo escenario en un acto público. Un dirigente de la CTA-A subrayaba la importancia de una “cuestión simbólica” que dañaba el carácter alternativo de la CTA: “terminar todos los paros haciendo conferencia de prensa en la CGT y con Moyano […] era ser parte de lo mismo”.46 Este elemento -junto a otros determinantes ligados a las difíciles discusiones respecto al modo de vincular acción gremial y acción política- horadó la construcción de la CTA-A y contribuyó a su fractura entre 2015 y 2016.47
Como afirmamos anteriormente, la expectativa de fundir las partes de la CGT, al menos en el terreno de la acción conflictiva, imponía condiciones al desarrollo de los paros generales. En particular, condicionaba los tiempos y las modalidades de las medidas de fuerza puesto que la intención de acercarse a sindicatos enrolados en la CGT Alsina propiciaba cierta moderación en los repertorios a desplegar. Ahora bien, estos condicionamientos no tardaron en poner en tensión las tácticas y estrategias de las partes que integraban la alianza debido a que no todas ellas estaban dispuestas a aceptar tal moderación. 48 Entre fines de 2014 y principios de 2015, la potencia centrípeta del deterioro económico y laboral y de los conflictos acaecidos en los lugares de trabajo se vio erosionada por las diferencias entre las partes. La CGT Azul y Blanca buscaba fortalecer a la oposición partidaria al kirchnerismo en la arena político-institucional,49 mientras que la CGT Azopardo buscaba reunificar a los distintos sectores de la CGT, liderar ese entramado y plantear una oposición contundente a las políticas del gobierno en la arena gremial.
La combatividad radical e ininterrumpida promovida por la CGT Azul y Blanca contrastó, así, con la estrategia ensayada por la CGT Azopardo en marzo y junio de 2015: en lugar de convocar a un paro general y confrontar desde allí con el gobierno, se plegó a los paros nacionales llamados por los sindicatos nucleados en la CATT. La novedad de esta etapa fue que, a partir de ese repertorio, muchos de los gremios enrolados en la CGT Alsina (tales como la Unión Tranviarios Automotor, la Unión Ferroviaria y la Unión Obrera Metalúrgica) no menospreciaron ni cuestionaron la medida, sino que, en algunos casos, adhirieron bajo diferentes modalidades. Cabe aclarar que buena parte de los trabajadores representados por estos sindicatos eran afectados por el Impuesto a las Ganancias y que, en este contexto de crisis, también los perjudicaban las amenazas de despidos y suspensiones (Corral y Wyczykier, 2016).50
A pesar de las diferencias entre las fracciones sindicales, de estas medidas participaron también la CGT Azul y Blanca y la CTA-A. Esta última sumó una movilización al repertorio y realizó cortes en el centro y en los ingresos a la Capital Federal desde el día anterior, en conjunto con la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, la Federación Universitaria Argentina y la Federación Agraria Argentina.51 Junto con la CTA-A se hicieron presentes trabajadores de las fábricas Mondelez, Donnelley, Worldcolor, Lear, PepsiCo, Cadbury, Printpack y Siderca, entre otras.52 Todos ellos compartían el hecho de haber atravesado procesos repentinos de despidos masivos cuyo desenlace había sido, en ocasiones, el vaciamiento y cierre de la fábrica. A su vez, las comisiones internas de esos lugares de trabajo eran liderados por agrupaciones opositoras a la conducción nacional de los sindicatos que agrupaban a los trabajadores de la actividad.
En suma, la alianza sindical llegaba a 2015 desgastada por diferencias tácticas entre sus miembros: se discutían fechas, repertorios, demandas y oradores. 53 Aún con estos problemas, la única arena política en la que la acción de las centrales sindicales mostraba cierta coordinación era la arena político-gremial, es decir, aquella en la cual se disputaban las condiciones de compra, venta y uso de la fuerza de trabajo del conjunto de los trabajadores. De acuerdo a los dirigentes entrevistados, existe una serie de pautas que marcan el tiempo de los paros generales: la primera es la necesidad de que exista un “clima de paro”, evidente en una conflictividad sostenida y esparcida por distintos sectores de actividad, que las centrales deben (o deberían, si fuera este el único condicionante) refrendar a través de una convocatoria de conjunto;53 la segunda es la necesidad de que la medida de fuerza sea eficaz, puesto que si se vuelve frecuente y pierde su carácter excepcional, se erosiona también su eficacia;54 la tercera pauta refiere a la necesaria complementariedad entre esa eficacia técnica y su eficacia política. Esto último asume, a su vez, dos sentidos diferentes para los actores: por un lado, debe existir una “salida” en caso de que las demandas no sean atendidas;55 por el otro, debe existir un espacio político para el cual “acumular”. La apropiación de estos sentidos prácticos, lógicamente, no ocurría del mismo modo para todos los actores involucrados en la alianza: el balance respecto al “clima de paro” era un asunto compartido por los distintos sectores, pero ese consenso no se desplazaba a la evaluación que los actores realizaban respecto a la eficacia técnica y política de las medidas de fuerza. En un contexto eleccionario como el del año 2015, este aspecto devenía central para comprender la superposición entre el desenlace de la “unidad de acción” entre centrales sindicales opositoras y la acción político-sindical en las demás arenas políticas en las cuales la acción fue más descoordinada, tanto entre centrales sindicales como en su interior.
5. Reflexiones finales
La novedad del período 2012-2015 en lo concerniente a la acción sindical fue el trazado de una “unidad de acción” entre las fracciones sindicales opositoras al gobierno nacional que optaron por seguir una estrategia confrontativa: la CTA-A, la CGT Azul y Blanca y la CGT Azopardo. Para los dirigentes de cada una de ellas, la “unidad de acción” tuvo un sentido diferente: para la CGT Azopardo fue una vía que permitió instalar demandas distributivas para las cuales no había otros canales de diálogo; para la CTA Autónoma fue un medio para amplificar viejos reclamos (como el pedido de democracia y libertad sindical) y otros nuevos al mismo tiempo que permitió una ampliación hacia otros actores sindicales; para la CGT Azul y Blanca la “unidad de acción” fue una herramienta para demostrar públicamente lo que entendían como un agotamiento del modelo kirchnerista y para acumular poder para otras fuerzas políticas.
Inicialmente, la alianza fue efectiva como instrumento para disputar diferentes recursos de poder político, económico y organizativo. Aunque su devenir atravesó diferentes temporalidades (cuyos rasgos destacamos a lo largo de este artículo), hacia 2015 esta “unidad de acción” fue la única instancia política en la cual existió una acción coordinada entre diferentes fracciones sindicales. Ahora bien, esta alianza circunscripta al terreno de la “acción”, conllevó una “unidad” muy frágil. Para pensar este punto, es preciso remarcar dos ideas. La primera es la imposibilidad de analizar un escenario de la acción de forma aislada respecto a los otros. En este sentido, a lo largo del texto procuramos demostrar el modo en el que interactúan las arenas políticas en las cuales se emplaza la acción de las centrales sindicales. En particular, la interacción con la arena político-institucional en los años de elecciones legislativas y presidenciales fue un aporte fundamental para moldear la concreción y los alcances de los paros generales.
La segunda idea a destacar refiere a la necesidad de ampliar el análisis de la racionalidad que explica el desarrollo de las acciones políticas. En el caso que analizamos aquí, sobre un contexto económico y político deteriorado, el trazado de una “unidad de acción” estuvo condicionado por una confluencia táctica en torno a un propósito instrumental: recuperar la capacidad de influencia en el sistema político, en el mercado de trabajo y al interior de las organizaciones sindicales luego de la contundente conflictividad desplegada en los lugares de trabajo de 2012 en adelante. Sin embargo, la explicación del desenlace de esta articulación nos obliga a reponer la relevancia de los determinantes identitarios y organizativos que moldearon este tipo de acción. Aunque las fracciones sindicales opositoras al gobierno acotaron su alianza al terreno de la “acción” y no buscaron comprometer los “roles” y las “identidades” de las partes, algunos rasgos identitarios de las centrales sindicales resultaron tensionados por la forma que asumió esa acción conjunta. Este aspecto tuvo una particular importancia en el caso de la CTA-A. Para algunos de sus miembros, los términos en los que la alianza estaba formulada amenazaban aspectos fundamentales de la construcción gremial de la CTA-A como central alternativa. La misma razón pesaba en un sentido inverso: para los miembros de la CGT Azopardo que ansiaban una reunificación con la CGT Alsina, planificar acciones conjuntas con la CTA-A era validar su existencia como central alternativa. Así, a pesar de ser un espacio privilegiado para la reunión, la “unidad de acción” ocasionaba discusiones y diferencias entre las partes que se hacían evidentes al discutir los tiempos, las modalidades y los repertorios que la alianza iba a convocar.
A modo de cierre, cabe la pregunta por el impacto de esta alianza en el terreno político y en el terreno gremial. Hacia 2015, a pesar de la (dispar) voluntad de incidir en el proceso político, las fracciones sindicales que integraron esta alianza se plegaron de forma diseminada a una oferta electoral que no contribuyeron a construir.56 Señalar este punto, lejos de alimentar una mirada normativa y condenatoria respecto de las prácticas políticas de las centrales sindicales, instala un interrogante transversal a la naturaleza del sindicalismo argentino respecto a las condiciones y habilidades necesarias para surcar de forma simultánea la arena gremial y la arena política.
Con posterioridad a 2015, a partir de la fractura interna que atravesó la CTA-A, la parte liderada por Pablo Micheli se acercó a la CTA de los Trabajadores. Las distintas fracciones de la CGT, por su parte, atravesaron un proceso de reunificación a mediados de 2016. La forma del tridente conductor -un triunvirato representativo de los tres sectores y vigente durante los cuatro años de mandato- y los nucleamientos sindicales que quedaron fuera de ese tejido constituyen una muestra cabal de las hondas diferencias internas que entonces tenía la dirigencia cegetista y, por ende, también de la debilidad de los acuerdos al momento de plantear acciones conjuntas. Estas se referían a cuestiones más inmediatas -tales como sus apuestas políticas en ese contexto y los modos de acción que cada colectivo procuraba echar a andar- y a profundos debates respecto a cuáles eran los bordes de la representación sindical (en términos de actores y de demandas) y de qué forma esta debía ponerse en práctica (Natalucci & Morris, 2016a).
Por diferentes razones, la “unidad” es siempre un asunto en ciernes dentro del sindicalismo argentino. “Unidad de acción” o “unidad de concepción”, “unidad de las estructuras” o “unidad de los trabajadores”: con alcances y escalas diferentes, la “unidad” constituye un principio operativo que conecta al sindicalismo argentino con su singularidad histórica. Esa condición permite que la “unidad” sea un refugio de expectativas para un importante sector del sindicalismo, capaz de hacer retroceder las hondas diferencias entre sus dirigentes e, incluso, de achicar la heterogeneidad del mundo trabajador para ganar fuerza colectiva en contextos recesivos. Esa “unidad” -cualquiera sea su forma- es siempre el resultado de un trabajo político que requiere de una actualización permanente y cotidiana. Su concreción, histórica y relacional, obedece tanto a los múltiples condicionamientos que imponen los contextos cambiantes como a los determinantes instrumentales, identitarios y organizativos de la acción.
