Marco teórico

Las últimas décadas del siglo XX se han visto signadas por una creciente inestabilidad macroeconómica a nivel global (^{Rapoport y Brenta, 2010}). En Latinoamérica este panorama se vio acompañado de grandes dificultades para la construcción de un orden político-institucional que pudiese hacer frente a las restricciones impuestas por las transformaciones que se evidenciaron en materia económica en el resto del mundo. De esta manera, la sucesión de períodos dictatoriales, las crisis de deuda y el estancamiento del crecimiento económico consolidaron un paisaje desalentador para la región. Esta coyuntura tuvo su efecto sobre el tejido social, que se vio transformado profundamente (^{del Cueto y Luzzi, 2008}; ^{Rama, 1986}; Serrano, 2010). Es en este marco en el que, desde el terreno de las ciencias sociales, se propusieron nuevos enfoques que pudieran dar cuenta de la especificidad de los fenómenos observados durante el período (^{Boccardo, 2013}; ^{Delfino, 2012}). Surgió así una discusión más profunda respecto de los alcances del concepto de pobreza y una literatura que comenzó a explorar la utilización del concepto de exclusión social como alternativa superadora para el estudio de la cuestión social.

Los primeros abordajes propuestos para la conceptualización y medición de la pobreza se postularon de manera unidimensional, atendiendo principalmente al ingreso como dimensión relevante a la hora de determinar la condición de pobreza. De esta manera, serán individuos en condición de pobreza aquellos que no obtengan un ingreso que permita costear el acceso a determinados bienes y servicios definidos como básicos para tener una condición de vida considerada digna. La literatura referida a las mediciones de pobreza que se sustentan en dicho enfoque se corresponde con el método indirecto, dado que no se evalúa directamente la satisfacción de necesidades, sino que se considera la potencialidad para lograr esto a partir de los ingresos. Las ventajas que presenta el método están relacionadas con los bajos requerimientos de información necesarios para la realización de las estimaciones. Sin embargo, la perspectiva unidimensional del fenómeno es objetada debido a que omite la existencia de otras dimensiones relevantes, con un abordaje parcial o limitado de las carencias que enfrentan las personas que se encuentran en situación de pobreza (^{Nolan y Whelan, 2010}).

El enfoque de capacidades brindó un marco teórico que permitió superar las limitaciones evidenciadas por la visión unidimensional (por ingresos) de la pobreza. Dentro del mismo, se concibe a la pobreza como un estado de privación de capacidades básicas que limita la libertad de las personas afectadas para elegir entre distintos cursos de acción y estilos de vida (^{Sen, 1999}). Esta manera de caracterizar al fenómeno introdujo un cambio en el espacio de evaluación relevante para su estudio; comenzó a perfilarse al ingreso como un medio para el desarrollo y no un fin¹. Consecuentemente se incorporaron como dimensiones relevantes la educación, la salud, la participación, el trabajo, entre otras (^{Ibáñez Martín, 2018}). La difusión de este enfoque para conceptualizar la pobreza se tradujo en numerosos esfuerzos dirigidos a lograr la construcción de indicadores que lograsen captar el aspecto multidimensional del fenómeno (PNUD, 2000; ^{Alkire, 2016}).

La introducción de medidas de pobreza multidimensional en Latinoamérica se dio en la década de 1980, siendo Chile y Argentina los países pioneros en la materia, gracias a las aportaciones de ^{Kast y Molina (1975)} y de las mediciones realizadas por INDEC (1984). Estos avances se basaron en la aplicación del método de Necesidades Básicas Insatisfechas propuesto por la CEPAL. Estudios más recientes aplican el método de doble conteo de ^{Alkire-Foster (2011)}-AF en adelante- para obtener estimaciones de pobreza en Argentina (^{Mitchell y Macció, 2018}; ^{González y Santos, 2020}; Fares et al., 2021). ^{Santos y Villatoro (2018)} toman la metodología AF y, a los efectos de mejorar su aplicabilidad en países de América Latina, proponen modificaciones en su operacionalización que se refleja principalmente en la introducción de nuevos indicadores y valores umbrales. Siguiendo esta línea, ^{González y Santos (2018)} realizan y comparan estimaciones para Posadas, la región del Noreste Argentino (NEA) y el país en su conjunto.

El concepto de exclusión social, por su parte, dista de tener una definición única y límites claros respecto de lo que convierte a una persona en excluida. A partir de 1990 comenzó a difundirse ampliamente la utilización del término, que había tenido su origen dos décadas antes en Francia (Rubio, 2016). En este período comenzaron a evidenciarse los resultados de los procesos de cambio en las relaciones de trabajo, un proceso que ^{Castel (1997)} denominó “la crisis de la sociedad salarial”. El empleo perdió su rol como eje integrador y posibilitador de una ciudadanía plena, repercutió sobre las condiciones de vida de la población incrementando los niveles de inseguridad de los estratos sociales medio y bajos. El corolario de esta metamorfosis fue la proliferación de nuevas problemáticas sociales, con un grado de complejidad que excedió la capacidad explicativa de las categorías teóricas preexistentes. De esta manera, la formulación del concepto de exclusión social surgió para superar el vacío teórico originado en las transformaciones de la estructura social resultantes de los procesos de globalización (^{Saraví, 2006}).

En la literatura se encuentran múltiples definiciones de exclusión social. Los acuerdos en torno a su significado exacto y las aplicaciones que tiene son aún parciales, con lo cual queda expuesta la necesidad de avanzar hacia una descripción sucinta y precisa que condense las particularidades del fenómeno. ^{Laparra et al. (2007, p. 27)} señalan que en la concepción original postulada por la tradición sociológica francesa se entiende por exclusión al “proceso social de pérdida de integración que incluye no solo la falta de ingresos y el alejamiento del mercado de trabajo, sino también un descenso de la participación social y por lo tanto una pérdida de derechos sociales”. Siguiendo esta misma línea, Estivill (2003, p. 19-20) la describe como “una acumulación de procesos confluyentes con rupturas sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la política y la sociedad, van alejando e «inferiorizando» a personas, grupos, comunidades y territorios con respecto a los centros de poder, los recursos y los valores dominantes”. El tratamiento que confieren al concepto una serie de autores (Estivill, 2003.; Gallie et al., 2003) conlleva a que el mismo se operacionalice como un fenómeno de acumulación de desventajas (^{Saraví, 2020}), lo cual implica la presencia de procesos acumulativos de privaciones presentadas en diversas dimensiones relevantes para la integración del individuo en la sociedad.

Esta última definición pone implícitamente de manifiesto el carácter multidimensional de la exclusión social, es decir, la existencia de múltiples esferas en las cuales pueden producirse privaciones que dan forma al proceso excluyente. Las dimensiones pueden ser relativamente autónomas pero su interacción da lugar a trayectorias que se retroalimentan y profundizan el nivel de privación experimentado por los individuos (^{Silver, 2007}). La multidimensionalidad del fenómeno es reconocida por numerosos autores (Room, 1995; ^{Atkinson y Hills, 1998}; ^{Burchardt, 1998}; ^{Sen, 2000}; Subirats et al., 2005; Laparra et al., 2007; Hernández Pedreño, 2008) y, en general, el grado de acuerdo en torno a esta característica es elevado. Se destaca también el carácter relativo de la exclusión (Golovanevsky, 2003; Castells, 2004, ^{Ibáñez Martín, 2018}), el cual introduce la necesidad de considerar el espacio-tiempo en el que habita la población de interés. Así, la definición de dimensiones relevantes y umbrales a partir de los cuales se reconoce la existencia de privaciones no podrá ser independiente de la sociedad y el momento en el tiempo que se esté considerando. Por último, al postular la existencia de trayectorias o «procesos» excluyentes se alude al carácter dinámico que presenta el fenómeno. De esta manera se reconoce que la exclusión no constituye un estado en el cual el individuo se encuentra, sino una sucesión de situaciones de privaciones que se desarrollan a lo largo del tiempo² (^{Ibáñez Martín, 2018}).

Reconocer la multidimensionalidad del fenómeno implica la necesidad de definir precisamente cuáles son las dimensiones relevantes en el proceso excluyente; las mismas serán variables en el tiempo y entre comunidades atendiendo a las características especiales de las poblaciones de interés, debido al carácter relativo de la exclusión. Por ello puede encontrarse en la literatura una extensa enumeración de esferas que deben ser tenidas en cuenta. Se destacan dentro de esta lista aquellas en torno a las cuales hay mayor consenso y son utilizadas con frecuencia en diversos trabajos: la dimensión económica (Minujín, 1999; Estivill, 2003; ^{Raya Diez y Hernández Pedreño, 2014}), laboral, educativa (Jiménez Ramírez, 2008; Hernández Pedreño, 2010), salud (^{Barnes, 2002}; García Chacón et al., 2017), política (^{Laparra et al., 2007}), condiciones de vivienda (^{Raya Diez, 2007}) y social (^{Subirats et al., 2004}; ^{Berkman et al., 2007}). Los trabajos más recientes incorporan también las dimensiones: digital, de percepción, ambiental, entre otras (^{Ibáñez Martín, 2018}).

A partir de la presentación conceptual realizada en los párrafos precedentes puede apreciarse una serie de similitudes entre pobreza y exclusión social, lo cual ha dado lugar a cuestionamientos respecto de cuál es el aporte que esta última conceptualización realiza al estudio de los fenómenos sociales. El tratamiento multidimensional de la pobreza introducido a partir del enfoque de capacidades implica considerar a las privaciones como el origen del fenómeno y reconocer que estas no se limitan al ámbito puramente económico, sino que existen más esferas que se revelan como determinantes de las trayectorias de los individuos pobres. Este es un punto de encuentro con el concepto de exclusión social, dado que también remite a la presencia de carencias en diversas dimensiones como causa del proceso excluyente. En base a esta similitud surgen posturas críticas del enfoque de exclusión por considerarlo únicamente un cambio en la terminología utilizada para nombrar un fenómeno que, en esencia, es el mismo que se captura al hablar de pobreza (^{Oyen, 1997}).

Sin embargo, es posible encontrar diferencias entre ambos conceptos que justifican la utilización de un término u otro para referir a situaciones que son disímiles. El carácter dinámico del fenómeno de exclusión es uno de ellos: mientras que la pobreza se concibe como un estado, al referir a la problemática de exclusión social estamos aduciendo a un proceso (^{Madanipour y Shucksmith, 2015}). Por otro lado, también se destaca el hecho de que, incluso cuando se concibe a la pobreza como un fenómeno multidimensional, el tratamiento empírico de las cuestiones relacionales no es abordado (en la mayoría de los antecedentes). La exclusión social, por el contrario, incorpora el rol de los factores relacionales como central en el proceso que da origen a las privaciones (^{Ibáñez Martín, 2018}). ^{Sen (2000)} establece que es precisamente la posibilidad de hacer énfasis en las cuestiones relacionales lo que permite que el concepto de exclusión represente un avance en el análisis de las problemáticas sociales. La pobreza, por su parte, tiene su foco principal en el aspecto distributivo (^{Jehoel-Gijsbers y Vrooman, 2007}).

Siguiendo con esta línea de argumentación, es posible que se den situaciones en las que existan personas que están excluidas, pero no se encuentren en situación de pobreza, o que son pobres, pero no están excluidas. A pesar de tratarse de conceptos diferentes, utilizarlos de manera complementaria puede llevar a formar una caracterización más precisa de la realidad social.

Análisis empírico

Datos y variables

Para evaluar la exclusión social es necesario contar con información para la construcción de umbrales y grupos de referencia y, también, poder seguir a los individuos a lo largo del tiempo. En el caso argentino, la Encuesta Permanente de Hogares cumple con los requisitos, pero limita la posibilidad de medir ciertas dimensiones y la utilización de determinados umbrales. La EPH es aplicada en Argentina desde el año 1973 y se realiza en 31 aglomerados urbanos en todo el país. Actualmente se lleva a cabo durante todo el año y brinda información para cada uno de los cuatro trimestres. Su aplicación es sobre los hogares, siendo estos los individuos o grupos de personas, sean parientes o no, que viven bajo un mismo techo y comparten sus gastos de alimentación y/u otros gastos esenciales para vivir (^{INDEC, 2018}). En lo que respecta al seguimiento de los hogares/individuos en la EPH, el conjunto de hogares a encuestar se renueva periódicamente. Este esquema incide en la precisión de las estimaciones del cambio entre dos períodos diferentes y de las estimaciones obtenidas al agregar la muestra, a la vez que permite disminuir los errores por cansancio del panel y así una reducción del nivel de no respuesta.

El solapamiento de las muestras en la EPH sigue el siguiente esquema: se encuesta al hogar por dos periodos consecutivos (en la semana y el mes asignados para el área en el que se ubica); por los dos trimestres siguientes el hogar en cuestión no es encuestado; luego, se vuelve a incorporar a la muestra para ser encuestado por otros dos trimestres. Este esquema de rotación permite realizar un análisis temporal debido a que un hogar puede ser monitoreado a lo largo de un año y medio.

La selección de las dimensiones y umbrales se realiza en base a la literatura sobre privaciones, pobreza, vulnerabilidad y exclusión (^{Mendicoa y Veneranda, 1999}; ^{Gomez, 2001}; ^{Paz, 2002}; Barnes, 2005; ^{Pantazis, Gordon y Levitas, 2006}; ^{Sojo y Rica, 2006}; ^{Arévalo y Paz, 2015}; ^{Santos, 2016}; ^{Santos y Villatoro, 2018}; ^{Gutierrez, 2017}; ^{Etcheverry, 2017}; ^{Nolan, 2017}; ^{Cantillon, Gábos, Goedemé, y Tóth, 2018}). Adicionalmente, la elección busca adecuarse a los criterios que ^{Ayala Cañón (2006)} destaca como deseables: deben capturar y sintetizar la esencia del problema, deben tener un contenido normativo suficiente de modo tal que un aumento en las privaciones sea fácilmente identificable

Según ^{Sen (2000)} la exclusión puede ser analizada como la persistencia en fallas de funcionamiento y, por tanto, es una privación en las capacidades de los individuos. ^{Atkinson y Hills (1998)} sostienen que la exclusión puede considerarse como una privación crónica y relativa en términos de funcionamiento. Así, el criterio en la selección de las dimensiones (y sus umbrales) persigue el objetivo de medir la exclusión bajo esta concepción.

Las dimensiones y umbrales que finalmente podrán utilizarse para la medición empírica en Argentina se ven acotados y limitados, expuestos en la Tabla 1.

Dentro de las dimensiones se pueden distinguir dos tipos de tratamientos: dimensiones jerárquicas, donde los grados de privación puede ser ordenados y el nivel de privación más severo es asignando con un número más alto, y dimensiones de tipo aditiva, en aquellas donde el valor de la dimensión se construye sumando privaciones en diversos aspectos. En estas dimensiones, valores más elevados indican mayor cantidad de aspectos en los que el individuo está privado. Por ejemplo, un individuo que verifique privaciones en todos los aspectos abarcados por la dimensión económica tendrá asignado un valor de 5 en la misma. La máxima cantidad de privaciones que un individuo podría verificar bajo este esquema es 30.

Tabla 1 Dimensiones (y umbrales) de exclusión social para Argentina en base a EPH 

Nota. Elaboración propia en base a Ibáñez Martín (2018)

Tal como puede observarse de la tabla 1, la base de datos cuenta con ciertas limitaciones. En particular, no existen instrumentos que permitan captar las dimensiones de participación, autopercepción y brecha digital. Adicionalmente, se enfrentan limitaciones en lo que respecta a variables relacionadas con la salud. Sin embargo, la EPH es la única base de datos en Argentina que permitiría hacer un análisis dinámico, relativo y multidimensional de la exclusión.

En lo que respecta a los umbrales, es dable destacar que algunos de éstos contienen a los demás. Por ejemplo, si una persona no sabe leer ni escribir entonces verificará un nivel de privación más agudo en la dimensión educativa que aquel que no ha podido completar el nivel secundario (pero que por su edad debería haberlo hecho); pero la primera condición implica el cumplimiento de la segunda. En este sentido, los umbrales intentan captar el aspecto de matices o grados de exclusión: las personas del ejemplo previo verificarán privaciones en la dimensión educativa y deberían ser objetivo de las políticas educativas, sin embargo, la magnitud de la privación es sustancialmente distinta. El objetivo de los umbrales es contemplar el mayor grado de privación de las personas, por lo que se contabilizará aquella privación mayor o más aguda al momento de calcular los indicadores.

Por otro lado, se reconoce que ciertas dimensiones o umbrales no son condiciones propias del individuo, sino del hogar al que pertenece. En tal caso, se adjudicará el nivel de privación que verifica el hogar a cada componente del mismo. A su vez, determinadas privaciones deben ser modificadas en función de la edad del individuo para el que se calculan los indicadores. Por ejemplo, un niño de diez años no tendrá un valor en la dimensión laboral, pero se verá afectado por la condición de sus padres en relación al mercado de trabajo (que condicionará la dimensión económica, la de salud, habitacional, entre otras).

Tal y como fue detallado con anterioridad, para medir exclusión es necesario contar con el seguimiento de los individuos. Sin embargo, debido a las medidas tomadas en el marco de la pandemia por COVID-19, la EPH del segundo trimestre de 2020 fue llevada a cabo de manera telefónica en lugar de presencial. El resultado de esta modificación fue una elevada tasa de no respuesta que llevó a que la información proveniente de 15 aglomerados (sobre un total de 31) no cumpliera con los requisitos mínimos establecidos por el INDEC para la difusión de la misma (^{INDEC, 2020}).

El seguimiento de los hogares se ha puesto en riesgo debido al cambio metodológico en la recolección de información, lo imposibilita las estimaciones de exclusión social. Por ello, en este trabajo se estimarán únicamente situaciones de privación antes y luego de la pandemia por COVID-19. Adicionalmente, desde la recomposición del relevamiento de la EPH con la metodología tradicional, no se cuenta con la cantidad de períodos necesarios para evaluar persistencia de privaciones y, con ello, el seguimiento de los individuos y hogares a lo largo del tiempo. Estas cuestiones son, entre otras, las limitaciones para evaluar la situación de exclusión social en Argentina post pandemia por COVID-19.

Metodología

A los efectos de llevar a cabo la estimación de las privaciones se recurre al índice de privaciones individual propuesto por ^{Ibáñez Martín (2018)}. El mismo es calculado para los períodos 2019 y 2021, utilizando datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Argentina.

El estallido de la pandemia causado por la aparición del virus COVID-19 tuvo como consecuencia la adopción de medidas de carácter preventivo por parte de los gobiernos en todo el mundo. En Argentina la política sanitaria que rigió a partir del 20 de marzo del 2020 dispuso el aislamiento estricto y obligatorio de los habitantes, siendo exceptuados del mismo únicamente aquellos que fueran considerados trabajadores esenciales (trabajadores del área de salud, seguridad, defensa y personal de industrias estratégicas para el abastecimiento de la población). La limitación de la movilidad impidió las actividades productivas de numerosos sectores por un período largo de tiempo; en este marco surge la posibilidad de que se haya generado un empeoramiento de las situaciones de privación experimentadas por los individuos. La elección de los años 2019 y 2021 responde al objetivo de evaluar si efectivamente hubo un impacto sobre las condiciones de vida de los habitantes del país a partir de las medidas sanitarias implementadas.

El indicador de privaciones propuesto por Ibáñez Martín (2018) es construido a través de un proceso de axiomatización. En primer lugar, se propone un indicador de fallas de funcionamiento que captura la existencia de privaciones en distintas dimensiones relevantes para el desarrollo de la vida social: económica, laboral, educativa, salud, social, habitacional y ambiental. El indicador se define como la suma de todas las carencias experimentadas por el individuo ponderada por la importancia relativa que tiene cada dimensión en el conjunto de privaciones analizado⁵, es decir:

donde 𝑝_𝑖,𝑥 indica el grado de privación del individuo i en la dimensión x y 𝛼_𝑥 es el ponderador que da cuenta de la importancia relativa de la dimensión x en el conjunto de privaciones analizado.

Bajo esta lógica, un individuo se encuentra privado en determinada dimensión si no supera un valor umbral deseable establecido. Sin embargo, dentro de cada esfera pueden darse distintas intensidades de privación y por tanto la falla de funcionamiento del individuo será distinta en función de la cantidad de dimensiones en la que esté privado y el grado de privación que verifique. Por ejemplo, en el indicador de fallas de funcionamiento, un individuo que no haya completado la formación primaria tendrá un valor de privación más elevado que el otro individuo que no haya culminado el nivel secundario de educación, reflejando así el mayor grado de severidad de la carencia experimentado por el primero.

A partir del indicador de fallas de funcionamiento se construye el índice de privaciones individual, definido como:

donde 𝐵_𝑖(𝑞) es el conjunto de individuos que evidencian perfiles de fallas de funcionamiento con menores privaciones que i y se define como 𝐵_𝑖(𝑞)={𝑗∈𝑁|𝑞_𝑗<𝑞_𝑖}, 𝑊_𝑖(𝑞) es el conjunto de individuos que presentan mayores privaciones que i y, análogamente, se define como 𝑊_𝑖(𝑞)={𝑙∈𝑁|𝑞_𝑙>𝑞_𝑖}, 𝛼_𝑖,𝛽_𝑖∈𝑅++.

Una de las principales críticas a los indicadores cuantitativos sobre fenómenos sociales es la abstracción de su construcción. Si bien el índice de privaciones es una construcción cuantitativa, con sus limitaciones, incorpora la comparación del individuo con respecto a su entorno al tener en consideración los conjuntos de agentes que presentan niveles mayores y menores de carencias. De este modo, se introducen elementos de subjetividad a la determinación del grado de privación y las estimaciones no descansan únicamente sobre parámetros objetivos determinados por el investigador. Esto último se debe al propósito de captar el sentimiento de enajenación propio de los sujetos que atraviesan el proceso excluyente, a los efectos de reconocer el carácter relativo y relacional del fenómeno.

El índice calculado para un individuo i tomará valores más altos cuanto mayor sea el conjunto de agentes que experimentan menos fallas de funcionamiento que i y cuanto mejor sea la situación relativa del conjunto con respecto al individuo en cuestión. En consecuencia, un sujeto puede presentar un nivel bajo de fallas de funcionamiento y, sin embargo, experimentar un elevado grado de privación si se encuentra en una situación que es relativamente peor a la evidenciada por el resto de la población relevante. Este comportamiento del indicador tiene por objetivo incorporar el sentimiento de alienación que caracteriza los procesos excluyentes.

En las etapas subsiguientes del proceso de axiomatización se incorpora el aspecto dinámico del fenómeno excluyente (expresado a través de la persistencia de las privaciones) para componer un indicador individual de exclusión social y, finalmente, se construye una medida índice agregada para el total de la población bajo análisis. En el presente trabajo no se exponen estimaciones de estos últimos indicadores por la existencia de limitaciones en la comparabilidad de los datos requeridos para realizar los cómputos correspondientes.

Resultados

Tal como se detalló en la metodología, el primer paso para evaluar privaciones a nivel individual es identificar el grado de fallas de funcionamiento de cada individuo. Los resultados de las estimaciones del indicador individual de fallas de funcionamiento se exhiben en la Tabla 2.

Tabla 2 Fallas de funcionamiento a nivel individual 2019-2021 

Nota. Elaboración propia en base a información de EPH

Como puede apreciarse, más del 70% de la población evidencia por lo menos 4 fallas de funcionamiento durante todo el período 2019-2021. Es dable destacar una tendencia a la disminución en la proporción de individuos que presentan un elevado nivel de privaciones (es decir, que experimentan 8 o más fallas de funcionamiento en las dimensiones consideradas) y una concentración de los sujetos privados en torno a niveles más moderados. La participación de los individuos que acumulan entre 4 y 7 fallas de funcionamiento simultáneas es mayor al 50% de la población y presenta un crecimiento sostenido a lo largo del período considerando, alcanzando en 2021 valores 10% superiores a los observados para 2019.

En función de lo observado en la Tabla 2, el año en el que transcurrió la pandemia por COVID-19 y en el cual se tomaron medidas de aislamiento más estrictas no parece haber generado un aumento considerable en el grado de privaciones de la población argentina.

Resulta interesante analizar lo que sucede dentro de cada una de las dimensiones contempladas en la conformación del indicador de fallas de funcionamiento. En lo que respecta a las variables de tipo jerárquicas, es decir las dimensiones laboral, educativa y salud, se encuentra que la dimensión en la que se concentran los niveles más elevados de privación es la laboral: más del 50% de la población experimenta los niveles más severos de fallas de funcionamiento. Esta proporción aumenta durante el año 2020 a causa de un crecimiento de la cantidad de individuos subempleados y empleados en condiciones precarias; sin embargo, presenta una ligera recuperación en 2021, estabilizándose en torno a valores cercanos a los observados en el año previo al estallido de la pandemia por COVID-19 (Tabla 3).

Tabla 3 Fallas de funcionamiento en dimensiones jerárquicas 2019-2021 

Nota. Elaboración propia en base a información de EPH.

En cuanto a la dimensión educativa, el porcentaje de individuos que evidencia los dos niveles de privación más severos se mantiene cercano al 7% y muestra una ligera disminución a lo largo del período, explicada principalmente por el decrecimiento en el nivel de analfabetismo. Finalmente, se encuentra que una fracción minoritaria de la población recurre a servicios de salud públicos, sin embargo, hay una tendencia creciente en la participación de este tipo de prestaciones. Es destacable el hecho de que el 30% de los individuos experimenta el grado más elevado de privación en la dimensión salud, debido a que carece por completo de cobertura. Esta participación se incrementa levemente en 2020 y se reduce nuevamente al año siguiente. Así, de los resultados expuestos en la Tabla 3, se desprende que la dimensión laboral es la que se muestra más sensible a episodios como el COVID-19 mientras que la variación en las privaciones en las dimensiones de educación y salud no parece considerable.

En la Tabla 4 se exponen los resultados para las dimensiones aditivas: económica, habitacional y ambiental.

Se encuentra una fuerte presencia de privaciones económicas, donde el riesgo de pobreza monetaria y la dependencia de ayudas son las carencias más recurrentes entre la población argentina a lo largo del periodo analizado. Es dable destacar que en 2020 se observa un aumento de ambas privaciones y de la dimensión económica en general. Sin embargo, dicha dimensión muestra una recuperación hacia 2021, alcanzando valores por debajo de pre-pandemia. Una característica relevante es que durante el año 2020, donde las medidas de aislamiento preventivo fueron más prolongadas y exigentes, hubo una mayor dependencia de ayudas. Hacia 2021 se observa una disminución en esta privación, no obstante para analizar el comportamiento post pandemia debe contarse con un periodo temporal más extenso.

Tabla 4 Fallas de funcionamiento en dimensiones aditivas 2019-2021 

Nota. Elaboración propia en base a información de EPH.

En lo que respecta a la dimensión habitacional, las privaciones simultáneas no resultan un problema severo (dimensión con 9 indicadores), aunque se observa que aproximadamente un cuarto de la población evidencia al menos una privación habitacional. La carencia más frecuente se relaciona con la existencia de un único ambiente para dormir (excluyendo familias constituidas por 2 miembros que declaran ser pareja o cónyuges), alcanzando niveles cercanos al 17% en los tres períodos analizados. La tenencia vulnerable y no contar con cocina son carencias que afectan aproximadamente al 7% de la población. La privación habitacional evidencia un aumento en el año 2020 y una recuperación posterior. Finalmente, un número pequeño de argentinas y argentinos padecen de privaciones ambientales simultáneas. La privación más recurrente es la cercanía a basurales, villas y zonas inundables y, en segundo lugar, la carencia de arrastre en el baño del hogar. Esta privación evidencia una tendencia decreciente en los tres años analizados.

Así, de los resultados expuestos en las Tablas 3 y 4 se encuentra que en el periodo analizado las fallas de funcionamiento están fuertemente lideradas por las dimensiones económica y laboral, mientras que las demás dimensiones evidencian privaciones simultáneas leves. Estos resultados se encuentran en línea con otros antecedentes que evalúan privaciones multidimensionales para Argentina (^{Zamanilo et al., 2005}; ^{Salvia et al., 2015}; ^{Ibáñez Martín, 2018}; ^{Ibáñez Martín & London, 2018})

Según diversos trabajos, las privaciones se distribuyen de forma desigual entre la población, existiendo grupos sociales con relaciones de dominación. En este sentido se analiza la participación relativa de las mujeres y de las diversas regiones del país en las fallas de funcionamiento. En la Tabla 5, se expone el caso de las regiones.

Las regiones de Noroeste y Pampeana son las que concentran la mayor proporción de población con fallas de funcionamiento.

Tabla 5 Participación relativa de las regiones argentinas en las fallas de funcionamiento 2019-2021 

Nota. Elaboración propia en base a información de EPH⁶.

En el análisis temporal se observa que la región de Gran Buenos Aires pierde relevancia general en la acumulación de individuos con privaciones simultáneas, mientras que las regiones de Cuyo y Patagonia toman mayor importancia hacia el final del periodo. En particular, Cuyo aparece como región con relevancia en la participación de individuos con mayor acumulación de privaciones. En lo que respecta a las privaciones en el año de la pandemia por COVID-19, las consecuencias parecen haber afectado con mayor severidad a las regiones de Cuyo y NOA que aumentaron la participación relativa en la distribución de individuos con privaciones. En el caso de NOA, su participación aumenta sostenidamente desde 2019. Este proceso iría en la misma línea que los resultados hallados por González y Santos (2020) respecto a la disminución de disparidades históricas entre el norte y el resto del país.

Al desglosar según la intensidad de la falla, a niveles bajos de privación se observa cierta homogeneidad entre todas las regiones, sin embargo, la Pampeana y NOA son las que acumulan la mayor cantidad de individuos con hasta 18 privaciones simultáneas. Adicionalmente, estas dos regiones concentran casi el 50% de los privados más severos. La relevancia de la región pampeana coincide con los hallazgos de ^{Gasparini, Gluzmann y Tornarolli (2019)} respecto a la distribución regional de la pobreza crónica.

Respecto a la participación de las mujeres dentro de los distintos niveles de fallas de funcionamiento, Tabla 6, se observa que están más expuestas que los hombres a las privaciones múltiples más severas, resultado que coincide con lo encontrado para el fenómeno de la pobreza por ^{Paz y Arévalo (2020)}.

Así, la participación de las mujeres en los niveles de privación que acumula más de 4 privaciones simultáneas es siempre superior a la participación de los hombres. Adicionalmente, esta situación en desmedro de las mujeres empeora a lo largo de los años analizados y el año 2020 se muestra como un momento más perjudicial para este grupo.

Tabla 6 Participación de las mujeres en las fallas de funcionamiento 2019-2021 

Nota. Elaboración propia en base a información de EPH.

Finalmente, tal como se ha mencionado a lo largo del trabajo, las condiciones que conllevan a situaciones de exclusión social están alcanzadas por el aspecto relativo y relacional del fenómeno. Así, cualquier indicador que sea incluido en el intento de evaluar la exclusión social de una sociedad debe incorporar algún aspecto de comparación para considerar el sentimiento de alienación. Este tratamiento es abordado en el indicador de privaciones individuales. Los resultados de este índice se exponen en la Tabla 7.

Tabla 7 Indicador de privaciones individuales 2019-2021 

Nota. Elaboración propia en base a información de EPH.

De la Tabla 7 se observa que, al incorporar el sentimiento de alienación a partir de la comparación con el resto de la población, los niveles de privación se elevan con respecto a lo que sucede en el indicador de fallas de funcionamiento. Así, aproximadamente el 50% de la población percibe un nivel de privaciones entre 0.4 y 0.6 mientras que en el indicador de fallas de funcionamiento se concentraba este porcentaje sólo entre 4 y 7 privaciones simultáneas. Adicionalmente, se observa que en el año 2020 hay un aumento en el nivel de privaciones, valores que disminuyen en el año 2021; no obstante, son más elevados que en el año pre-pandemia. Esto podría dar cuenta de un efecto negativo de la crisis por COVID-19 sobre las carencias relativas; sin embargo, esta conclusión debe ser robustecida con el análisis de un periodo temporal más extenso.

Finalmente, en la Tabla 8 puede verse la participación de las mujeres dentro de cada nivel de privación individual.

Tabla 8 Participación relativa de las mujeres en cada nivel de privación 

Nota. Elaboración propia en base a información de EPH.

La participación relativa de las mujeres evidencia un comportamiento similar a lo que sucede en el indicador de fallas de funcionamiento. El sexo femenino es protagonista en los niveles de privación moderados y altos, perdiendo el protagonismo en los niveles más severos (0.9 y 1). Cabe destacar que en los últimos dos niveles del índice de privaciones individuales hay muy pocas observaciones, por lo que este aspecto debe ser abordado con cierto cuidado.