Sobre antiperonismo y radicalización política: la oposición al estado de guerra interno (1951-1955)¹

1. Introducción

A pesar de que el primer peronismo constituye uno de los tópicos históricamente más visitados por las ciencias sociales argentinas, el abordaje de las fuerzas políticas antiperonistas sigue ocupando un espacio relativamente menor en dicho campo de estudios. Más allá de los trabajos sobre actores que formaron parte de la oposición, como la Iglesia, las Fuerzas Armadas o el movimiento estudiantil, no existe –a pesar de un incipiente interés en los últimos años–² una producción significativa sobre los partidos opositores al gobierno peronista. Esta carencia se superpone con otra, que es la escasa atención dedicada a la segunda presidencia de Juan Domingo Perón (1952-1955) en relación con la primera, lo cual ha conducido a que, en líneas generales, el estudio de los partidos políticos antiperonistas en este período constituya un área relativamente inexplorada por la investigación especializada en historia política.³

Es preciso recordar que la segunda presidencia de Perón posee elementos específicos respecto del tipo de relación que caracterizó al enfrentamiento entre gobierno y oposición. Este período corona una trayectoria de polarización política que, si bien es identificable desde los primeros años de gobierno, revela en esta etapa la radicalización de su proceder, tanto a partir de la introducción de estrategias extrainstitucionales por parte de oficialismo y oposición como de la aparición de inéditas manifestaciones de violencia política.⁴

Un interrogante que en ocasiones sobrevuela la indagación al proceso de radicalización del campo antiperonista es si puede establecerse un punto de quiebre que establezca el paso de, para decirlo al modo de una gama de estudios de la ciencia política, una oposición leal a una desleal (Linz, 1991, pp. 57-72). Dicha cuestión apunta a indagar la creciente erosión de los mecanismos institucionales que produjo la fuerte división entre peronismo y antiperonismo. En este trabajo nos interesará detenernos en esa pregunta y en las hipótesis que identifican un momento de ruptura en la reforma constitucional de 1949, a partir de la cual la oposición habría dejado de reconocer la legalidad del gobierno y, en ese sentido, empezado a contemplar una estrategia insurreccional junto con sectores del Ejército. Aquí, en cambio, se sugiere examinar dicho proceso de radicalización a luz de la etapa que va desde la reforma constitucional a la reelección de Perón en noviembre de 1951, atravesado por la tensión entre un discurso antiperonista cada vez más beligerante y la expectativa de crecimiento electoral que persistía en la conducción de la principal fuerza opositora, la Unión Cívica Radical (UCR).

En ese sentido, y en el marco de un ostensible endurecimiento de las restricciones a la oposición entre 1949 y 1951, el estudio propone asociar la radicalización del discurso antiperonista a la sanción del estado de guerra interno por parte del gobierno tras el fallido alzamiento militar encabezado por el general retirado Benjamín Menéndez en septiembre de 1951. La hipótesis de este trabajo supone que el sostenimiento de esta medida simbolizó, para el antiperonismo, la vigencia de un régimen ajeno al estado de derecho, de modo tal que su derogación fue la condición ineludible que las fuerzas antiperonistas esgrimieron ante cada frustrado intento de negociación con el oficialismo llevado a cabo hasta su caída en 1955.

2. Contra el “fraude preelectoral”: el antiperonismo tras el triunfo de Perón

Tras las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946, la cuestión de la legitimidad del gobierno peronista estuvo en el centro del discurso opositor. La derrota de la Unión Democrática (UD), la alianza que había agrupado a casi toda la oposición a Perón, sorprendió a sus protagonistas, quienes a lo largo de una intensa campaña electoral habían manifestado un férreo optimismo de cara al restablecimiento de los comicios libres. La adopción de la causa antifascista había desempeñado un rol determinante en el establecimiento de las solidaridades políticas que desembocaron en la formación de la UD. A tono con la derrota del fascismo europeo, los partidos autoproclamados democráticos exhortaban a la ciudadanía argentina a replicar dicha gesta frente al fascismo criollo que encarnaba la candidatura del gobierno militar en retirada.⁵

Por ese motivo, las elecciones de 1946 fueron consideradas por las fuerzas integrantes de la UD como un evento que iba mucho más allá de una simple elección: se trataba de un suceso que dirimiría la supervivencia de la vida democrática o la sumisión a las formas vernáculas del fascismo bajo los nuevos ropajes que le otorgaba el peronismo. “No se disputa en esta contienda un triunfo electoral”, diría en el lanzamiento de la UD su candidato presidencial, el radical José Tamborini, “lo que se persigue es el gobierno de la Constitución y la caducidad del gobierno de facto”.⁶ Por su parte, hacia el final de la campaña, el comunista Rodolfo Ghioldi exclamaría: “No somos electores comunes, somos ciudadanos que votamos bajo la amenaza del fascismo y de la guerra civil”.⁷

La inesperada derrota electoral obligó a las fuerzas antiperonistas a elaborar una narración de lo sucedido, aunque no modificó sustancialmente las lecturas de la realidad que habían predominado durante la campaña. Por el contrario, la explicación predilecta por parte de los grupos derrotados se basó en lo que muchos de ellos empezaron a llamar “fraude preelectoral”, para referirse a la inequitativa distribución de recursos económicos y de propaganda. Según este relato, el gobierno de facto había logrado, mediante la cooptación demagógica de las masas, prolongar su mandato bajo una fachada democrática. Desde este punto de vista, las irregularidades previas condicionaban el resultado de un acto electoral sobre el que no existieron denuncias.⁸ El periódico socialista La Vanguardia lo sintetizó en una fórmula que resumía un razonamiento extendido al conjunto del antiperonismo: “24 horas de orden no suprimen el fraude de 30 meses de dictadura”.⁹

De este modo, el campo antiperonista atravesaría una tensión constitutiva entre un tácito reconocimiento legal al nuevo gobierno y una caracterización de su llegada al poder que prácticamente minaba su legitimidad de origen. Un ejemplo de esta actitud fue la asumida por la flamante bancada de diputados nacionales de la UCR –única fuerza opositora que obtuvo representación parlamentaria–, que en la Asamblea Legislativa de mayo de 1946 se opuso a la asunción formal de Perón a la presidencia de la nación.¹⁰ Desde entonces, ya en los primeros debates parlamentarios puede advertirse cómo el radicalismo interpretó el rumbo del gobierno como una progresiva centralización política que conducía al establecimiento de una dictadura o unicato personalista, lo cual, en rigor, reproducía un diagnóstico heredado de caracterizaciones preelectorales que se mantenían vigentes. De este modo, en ocasión del primer aniversario del 17 de octubre de 1945, el diputado Nerio Rojas afirmaría: “Hoy tenemos la dictadura legalizada, una dictadura que tiene la forma de la ley y que se encuentra en este drama que es el nihilismo constitucional”.¹¹

El desconocimiento del carácter legítimo del gobierno planteaba ciertos dilemas a la hora de orientar la estrategia opositora. ¿Cuáles eran las vías adecuadas para enfrentar a una dictadura que tomaba el ropaje democrático? ¿Era admisible, por ejemplo, una insurrección para desalojarla del poder? El radicalismo, y el antiperonismo en general, se mantendría leal en estos primeros años a la legalidad del régimen y diría que el cambio solo podía efectuarse por medio de las urnas. Sin embargo, la frontera se iría desplazando a medida que la oposición incrementara sus denuncias sobre la progresiva restricción de las libertades públicas y de las vías de participación política.

El gobierno, por su parte, hizo una contribución decisiva para fortalecer esa lectura, cuando, a mediados de 1947, decidió clausurar las publicaciones La Vanguardia y Provincias Unidas, el semanario de la intransigencia radical, en el marco de una ofensiva contra diversos medios de prensa no oficialistas. A partir de esa instancia comenzó lentamente a tomar forma un discurso opositor que planteaba que la restricción a las libertades –especialmente la de expresión– restaba sentido a la competencia electoral. Así, tras el cierre de La Vanguardia, el Partido Socialista (PS) declaró: “Sin libertad de prensa, no hay libertad ni democracia…Afirmamos que sin libertad de prensa y de palabra, las elecciones serán irremisiblemente fraudulentas”.¹²

El proceso de reforma constitucional llevado a cabo entre 1948 y 1949 indudablemente intensificó el clima de polarización. Su anuncio desató la reacción de la oposición en defensa de la Constitución de 1853, a la que presentaba como esencia de la nacionalidad argentina y último pilar democrático frente al totalitarismo. Perón, en ese relato, era una suerte de reencarnación del espíritu de Juan Manuel de Rosas que venía a tomar revancha de la Carta Magna nacida de su derrota en la batalla de Caseros. Diría el socialista Américo Ghioldi: “Es la venganza que se toma Rosas sobre Caseros. Octubre, el mes de la tiranía argentina, se venga así de Mayo, el mes de la libertad y de la patria”.¹³ Por su parte, el radical Ricardo Balbín exclamaría: “En 1853 cayó una dictadura y se levantó una Constitución; ahora, en 1948, cae una Constitución y se levanta una dictadura”.¹⁴

Las elecciones constituyentes de diciembre de 1948 marcaron, para el gobierno, la consolidación de un contundente apoyo popular de alrededor de dos tercios del electorado y que, desde entonces, se mantendría prácticamente inalterable hasta el golpe militar de 1955. Para la oposición, en cambio, dicha elección incorporó el debate en torno a la abstención electoral como mecanismo para desconocer la legitimidad del gobierno, motivada además por la controversia que había suscitado la aprobación de la declaración de necesidad de la reforma en la Cámara de Diputados.¹⁵ La abstención fue adoptada por el PS por primera vez en su historia cuando llamó a votar en blanco “contra la reforma fascista de la Constitución”.¹⁶ Por su parte, el sector unionista de la UCR –que había liderado la formación de la UD y tras la derrota debió ceder la conducción del partido a sus rivales del sector intransigente–¹⁷ también presionó en vano para que la UCR se volcara a la abstención, aunque logró imponer que el bloque radical no presentara proyectos de reforma en la Convención Constituyente y se limitara a declarar su nulidad.

Para el conjunto del antiperonismo, la introducción de la reelección presidencial indefinida en la reforma constitucional reforzaba las lecturas que veían en ella la consolidación del ejercicio personalista y antidemocrático del poder. De este modo, el debate en la Convención Constituyente –abandonado en medio de sus sesiones por el bloque radical–, así como consolidó la defensa de las libertades públicas y la crítica al autoritarismo como principal eje de la oposición, también anticipó el endurecimiento de un discurso cada vez más combativo contra el gobierno

3. Entre la lucha y el voto: el radicalismo frente al endurecimiento peronista

Como se mencionó al principio, para buena parte de la bibliografía que se ha ocupado de la radicalización política del antiperonismo en estos años, la reforma constitucional de 1949 implica un punto de inflexión en dicho proceso. De este modo, se ha señalado que esa reforma representó, para la mayoría de la oposición, el quiebre de la legalidad política (Spinelli, 2005) y el derrumbe del orden institucional (Tcach, 2006). Por otro lado, a partir de entonces, el Poder Ejecutivo reforzaría sus controles sobre el Congreso y, a raíz de ello, la Cámara de Diputados habría dejado de ser el espacio privilegiado para que el radicalismo organizase sus estrategias políticas, con lo cual se volcó a otras alternativas extrainstitucionales (García Sebastiani, 2005). Aquí se propone articular dichas lecturas con el análisis del período que transcurre entre la reforma constitucional y la reelección de Perón, y se sostiene que la sanción del estado de guerra interno en septiembre de 1951 terminaría por ocupar, en el relato de las fuerzas antiperonistas, un lugar más determinante que la Constitución justicialista a la hora de dar cuenta de su propia radicalización política.

Desde luego, la aprobación de la nueva Constitución es un elemento relevante a la hora de analizar las modificaciones del comportamiento de las fuerzas opositoras. El tácito reconocimiento del marco de legalidad que cubría al gobierno pareció dar paso entonces a una caracterización que lo describía fundamentalmente a partir de su capacidad de coerción. La reforma constitucional, para el bloque de convencionales radicales, se había hecho por la fuerza, y era únicamente la fuerza la que podía garantizarla. Por ese motivo, aquellos convencionales sostenían que esa constitución no sobreviviría más allá de lo que se extendiera el gobierno peronista (Pizzorno, 2018).

Sin embargo, tampoco puede afirmarse que a partir de la reforma se haya resuelto sin más el inicio de una estrategia opositora extrainstitucional. Si bien es cierto que no pocos sectores antiperonistas parecen, a partir de allí, cada vez más decididos a recorrer ese camino, otras miradas insistirán en la necesidad de disputar el apoyo popular que sustentaba al peronismo, haciendo hincapié en la competencia electoral. Este es el debate que a partir de entonces atravesará esencialmente al radicalismo, y que profundizaría la brecha que ya se había manifestado al interior del partido en relación con la actitud a tomar en la Convención Constituyente.

Entre la reforma constitucional de marzo de 1949 y la reelección de Perón en noviembre de 1951 se abrió un período de transición que resultaría determinante en las conductas posteriores de todos los actores políticos de la etapa. Entre ambos hechos, el gobierno peronista reforzó su veta centralista y el uso de mecanismos de coerción política, a la vez que extendió su influencia sobre diversos ámbitos de la sociedad civil, al adelantar algunos rasgos que serían característicos del segundo mandato.¹⁸ Dicha etapa, además, coincide con el agotamiento de la prosperidad económica de los tres primeros años peronistas, aunque también en esta materia corresponde hablar de un período de transición, ya que la rectificación de la política económica recién se manifestaría más claramente tras la reelección de Perón.

En el radicalismo, las señales de radicalización bajo esta coyuntura se manifestaron en paralelo a la expectativa por el crecimiento electoral que dejaba entrever la conducción partidaria, aunque en realidad corresponde referirse principalmente a la intransigencia bonaerense, dado que el sabattinismo a partir de entonces se aliaría a los grupos unionistas en el reclamo por la abstención.¹⁹ Esa expectativa había sido expresada por Balbín en su último discurso antes de ser expulsado de la Cámara de Diputados en septiembre de 1949, cuando el jefe del bloque radical espetó a la bancada oficialista: “Por eso somos este renacer de la esperanza argentina. Antes nosotros éramos pocos y ustedes muchos. ¡Sería conveniente que se entretuvieran en averiguar por qué ahora nosotros vamos siendo más y ustedes menos!”.²⁰

En su descargo, Balbín insistió en el argumento que hacía hincapié en el crecimiento electoral del radicalismo a instancias del peronismo. Se trataba, ciertamente, de una mejora modesta, aunque también, en definitiva, era la que consolidaba a la UCR como la única fuerza opositora electoralmente relevante. Esa expectativa, que en la interna radical defendía la concurrencia frente al bloque abstencionista integrado por el sabattinismo y el unionismo, indica cómo, incluso después de la reforma constitucional, un sector importante de la oposición sostuvo una estrategia eminentemente institucional, aun en el marco del intenso enfrentamiento que mantenía con el gobierno peronista. No fue el caso del bloque abstencionista, que además de su rechazo a la fórmula Balbín-Frondizi para las elecciones de 1951, inició su acercamiento a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas (Tcach, 2006, p. 186).

En los diversos comicios provinciales de 1950, se hizo patente la tensión entre la creciente denuncia de los candidatos radicales a los abusos del aparato estatal a favor de las candidaturas oficiales y la apología de la mejora de la performance electoral de la UCR. Un ejemplo es el aportado por las elecciones de la provincia de Entre Ríos, en marzo, donde el candidato a gobernador Silvano Santander celebró en la campaña que el radicalismo hubiera “recobrado su vieja envergadura cívica”.²¹ El resultado de la elección, sin embargo, reveló una contundente victoria del candidato justicialista, el general Ramón Albariños, aunque también indicó una leve mejora del desempeño de la UCR.²² Al día siguiente de la elección, el radicalismo entrerriano, bajo control del sector unionista del partido, rechazó “las irregularidades y los excesos del peronismo”, entre los que mencionaba el acompañamiento de la policía a los candidatos oficialistas o el uso de vehículos públicos para la campaña. De este modo concluía:

Frente a este impúdico, violento y descarado desborde de un oficialismo que se confunde en su acción con la del Partido Peronista, volcando todos los resortes que da el poder y violando todas las normas morales y legales en procura de un triunfo comicial, el radicalismo ha dado una vez más una alta lección de virtud cívica…Por ello, sin aceptar como verdad los guarismos de este comicio desquiciado por la venalidad del fraude preelectoral y electoral, reitera al pueblo su confianza en el triunfo seguro de la democracia que nuestro partido representa.²³

El comunicado de la UCR entrerriana pone de relieve cómo había mutado buena parte del antiperonismo desde febrero de 1946 a la fecha de su emisión. Las irregularidades enumeradas por el radicalismo no eran sustancialmente distintas a las que había denunciado en elecciones anteriores. Sin embargo, aquellas inequidades que en 1946 habían configurado un “fraude preelectoral” que minaba la legitimidad de origen de Perón, aquí ya se convertían en un verdadero fraude “preelectoral y electoral” que obligaba a desconocer abiertamente el resultado de la elección. Ello no impidió a Santander celebrar la mejora de la performance del partido, al mismo tiempo que auguró que la lucha habría de seguir y que la UCR estaría a su disposición, fuera ella tranquila o turbulenta.²⁴ En ese sentido, las frecuentes exhortaciones radicales a la ciudadanía a una lucha o un combate entendidos en un sentido no excluyentemente institucional intentaban sintetizar las diferentes posibilidades que aparecían en el horizonte para las fuerzas antiperonistas.²⁵

El 28 de septiembre de 1951, la asonada militar encabezada por Menéndez reveló que, para una parte considerable de la oposición, estas posibilidades incluían un acuerdo con sectores de las Fuerzas Armadas para generar una salida por la fuerza del gobierno. Allí aparecían principalmente comprometidos dirigentes del radicalismo unionista como Miguel Ángel Zavala Ortíz, Mauricio Yadarola y Santander –aunque intransigentes como Arturo Frondizi también habrían estado al tanto–, el socialista Ghioldi y el demócrata progresista Horacio Thedy. La UCR, particularmente, mantuvo un sugestivo silencio tras los hechos y ninguno de sus órganos partidarios emitió declaración alguna para desmentir su participación en el intento de golpe militar. Poco después de un mes, Perón obtendría la reelección con una sostenida ventaja que haría muy difícil imaginar un triunfo opositor por medio de las urnas y, en ese sentido, daría más énfasis a las propuestas extrainstitucionales.

4. El antiperonismo frente al estado de guerra interno

Apenas fue neutralizado el intento de golpe de Menéndez, Perón decretó el estado de guerra interno en todo el país. La norma se fundamentaba “en presencia de un levantamiento de jefes y oficiales del Ejército movidos por elementos internos y externos, alzados contra el gobierno legalmente constituido, que tiene su origen en comicios unánimemente reconocidos como puros e inobjetables” y autorizaba el fusilamiento inmediato a todo militar que se insubordinara contra las autoridades constituidas.²⁶ Ese mismo día el decreto del Poder Ejecutivo fue convertido en ley por ambas cámaras del Congreso de la Nación, donde no fue permitida la intervención del bloque radical en Diputados.²⁷

El estado de guerra interno no era una figura legal prevista en la Constitución sancionada en 1949. En ella solo se habían contemplado, a pesar de las críticas opositoras a la “legislación represiva del régimen”, las figuras del estado de sitio y del estado de prevención y alarma, que permitían –en caso de conmoción interior o ataque exterior– la suspensión o la limitación transitoria de las garantías constitucionales para que el presidente de la República pudiera ordenar arrestos de personas –sin poder condenar o aplicar penas– o traslados de un punto a otro del territorio nacional por un período no mayor a treinta días.²⁸

Nada decía la Constitución de 1949 respecto del estado de guerra interno, cuya sanción únicamente innovaba en la autorización de la pena de muerte para los militares sublevados. No obstante, dicho castigo nunca fue empleado por el gobierno peronista. En los hechos, lo que autorizaba el estado de guerra era el arresto irrestricto de individuos por tiempo indeterminado. Por medio de su aplicación, muchas personas fueron detenidas y mantenidas en prisión “a disposición del Poder Ejecutivo” sin ser puestas bajo la jurisdicción de ningún juez.²⁹

Para el antiperonismo, la sanción del estado de guerra equivalió, al igual que para buena parte de la jurisprudencia posterior, al establecimiento de la ley marcial; esto es, un estado de excepción que otorgaba amplias facultades a las fuerzas represivas y una virtual suspensión de las garantías constitucionales.³⁰ Si bien las críticas a su implementación fueron inmediatas, esta ley, que permaneció inalterable hasta la caída de Perón, terminó condensando para la oposición todo el autoritarismo gubernamental en ascenso desde años anteriores.

El rechazo al estado de guerra interno empezó a manifestarse en la campaña presidencial posterior al levantamiento de Menéndez. Allí, el PS solicitó al Poder Ejecutivo la suspensión de las elecciones aludiendo a los presos políticos y a la vigencia del estado de guerra.³¹ Por su parte, el candidato a presidente del Partido Demócrata Progresista (PDP), Luciano Molinas, aseguró que sin vigencia del habeas corpus ni las garantías consagradas por la Constitución, el acto electoral quedaba disminuido.³² En tanto, el presidente del Comité Nacional de la UCR, el sabattinista Santiago del Castillo, sostuvo que el resultado de las elecciones estaría afectado “en su autenticidad y pureza” por el “ambiente de temor que cohíbe la libre expresión de la conciencia ciudadana”.³³

Tras la reelección de Perón, la vigencia del estado de guerra comenzó a simbolizar, para el antiperonismo, el sostenimiento de un régimen ajeno al estado de derecho. Su derogación ocupó un lugar destacado en el discurso de las fuerzas opositoras y fue la condición ineludible que estas esgrimieron ante cada llamado oficial a la pacificación o a la convivencia. Su importancia simbólica fue creciendo al punto tal que, hacia los últimos días del gobierno, las fuerzas opositoras consideraban que la sanción del estado de guerra era lo que había quebrado definitivamente la legalidad democrática en el país.

En relación con los llamados del gobierno a la pacificación, es preciso señalar que el proceso de radicalización desarrollado a lo largo de la década peronista no se manifestó de forma lineal e ininterrumpida. En su transcurso, el gobierno alternó momentos de fuerte agresividad política con otros de distensión y búsqueda de recomposición de la convivencia democrática. Este mecanismo, que se inscribe en la operación pendular que Gerardo Aboy Carlés (2005 y 2013) atribuye a los regímenes populistas –de alternativa inclusión y exclusión del adversario dentro de la comunidad política legítima– fue permanente y signó la relación entre el gobierno y la oposición, aunque no exento del lógico desgaste que acompaña a un proceso como el que se vivió entre 1945 y 1955.

Este aspecto contradice la imagen generalmente provista por la historiografía de un régimen político en radicalización ascendente a partir de la segunda presidencia. Sin embargo, existió después del triunfo electoral de 1951 un intento del gobierno por establecer un diálogo con sectores antiperonistas para sostener un espacio de oposición leal al régimen, es decir, dentro de las reglas de juego del marco institucional (García Sebastiani, 2005, p. 276; Tcach, 2006, p. 195). Esta convocatoria, plasmada inicialmente en reuniones que el presidente mantuvo con sectores del socialismo y del conservadurismo a inicios de 1952, en sendas entrevistas personales con Enrique Dickmann y Reynaldo Pastor, fue acompañada de una relajación del uso del aparato represivo contra la oposición y permitió a los partidos políticos desarrollar sus actividades con mayor libertad, al menos durante la mayor parte de ese año (Tcach, 2006, p. 196).

Sin embargo, la mayoría del antiperonismo condenaría estos ensayos de apertura política, invocando como contraparte el sostenimiento del estado de guerra interno que regía en el país. En febrero de 1952, al celebrar el centenario de la Batalla de Caseros –una efeméride extendida por todo el antiperonismo para sostener la velada comparación entre Rosas y Perón–, el radicalismo porteño, de signo unionista, afirmaba:

“A los cien años de Caseros, el estado de guerra imperante impide la existencia de la prensa, del Congreso y se perfila en la sanción reciente de una Constitución estadual corporativa –la de la nueva provincia de Chaco– su proyección a la vida política argentina”.³⁴

En la proclama radical se advierte que tanto las tradicionales denuncias sobre las restricciones a la prensa y a la vida parlamentaria como la nueva referencia a la reforma constitucional chaqueña³⁵ eran ahora atribuidas a la vigencia del estado de guerra interno.

Por su parte, en agosto de 1952, el PS declaraba:

El Partido Socialista señala públicamente la contradicción en que se halla el llamado “estado de guerra interno” con la Constitución vigente, aún después de la reforma introducida en 1949, y afirma que la Constitución no lo autoriza, sino que, por el contrario, lo excluye abiertamente, como resulta de la letra y el espíritu de su actual artículo 34. Además, observa que el presidente de la Nación “en ningún caso puede ejercer funciones judiciales” y bajo ningún pretexto se halla autorizado a adoptar las medidas que se aplican en nuestro país desde el 28 de septiembre de 1951 hasta el presente, según las cuales queda suprimida la libertad de prensa, se hace imposible el ejercicio del derecho de reunión y desaparecen todas las garantías con que la Constitución asegura o pretende asegurar los derechos inherentes a la persona humana.³⁶

Esta referencia es significativa por varias cuestiones. En primer lugar, porque revela la estrategia discursiva que asumió buena parte del antiperonismo a la hora de contrastar el estado de guerra interno con la Constitución de 1949. Al remarcar que dicha figura no se encontraba en el texto constitucional, si bien se apuntaba a evidenciar la contradicción gubernamental, tácitamente también se concedía validez legal a la Constitución justicialista. En esa lógica, el apartamiento del orden jurídico no se habría producido con la reforma de 1949 sino con el posterior decreto/ley del estado de guerra interno. Así lo afirmaba la declaración del PS al sostener que “desde entonces rige en todo el territorio argentino un estado jurídico que consiste prácticamente en la abolición de los derechos y garantías con que la Constitución ampara la libertad personal”.³⁷ El otro punto tiene que ver con la progresiva importancia cualitativa que asume el estado de guerra interno como símbolo de un orden no democrático. En la declaración socialista, de modo análogo a la del radicalismo porteño en el centenario de Caseros, a partir de su sanción quedaban suprimidas la libertad de prensa, el derecho de reunión y demás garantías constitucionales. Si bien se trataba de objeciones que el socialismo realizaba desde prácticamente el inicio de la presidencia de Perón, había encontrado ahora en la figura del estado de guerra un instituto oficial que condensaba la suspensión de esas libertades.

Desde entonces, la derogación del estado de guerra pasó a ser un tema prioritario del discurso opositor. Aquel se volvería su principal reclamo en la segunda mitad de 1953, frente a la convocatoria oficial a la “convivencia política” por parte del oficialismo, y nuevamente lo sería frente al llamado de Perón a la “pacificación” a mediados de 1955 en un contexto aún más polarizado. En todos los casos, el campo antiperonista sostendría que ningún intento de distensión del clima político era verosímil si mantenía vigente el estado de guerra, algo que el peronismo rechazó una y otra vez mientras se mantuvo en el poder.

La ya crispada relación entre oficialismo y oposición alcanzó niveles inéditos de hostilidad el 15 de abril de 1953, en un episodio que dio curso a inéditas manifestaciones de violencia política. Aquel día, la explosión de dos bombas colocadas en la Plaza de Mayo en un acto de la Confederación General del Trabajo (CGT) donde hablaba Perón dejaron un saldo de seis muertos y más de cien heridos.³⁸ La contracara de las bombas fue el incendio de los locales partidarios opositores que tuvo lugar esa misma noche por parte de algunos grupos que habían concurrido al acto. Después de esa jornada, el país pareció encaminarse a un aumento de la confrontación a niveles insospechados. No es infrecuente, en ese sentido, observar en la historiografía especializada la descripción del inicio de un espiral incesante de violencia que desemboca finalmente en la caída del peronismo. Sin embargo, el seguimiento de la coyuntura abierta a partir de la segunda mitad de 1953 obliga a relativizar esa imagen. Por el contrario, ella demuestra que, durante la segunda presidencia, Perón respondió a cada momento de convulsión política con señales de distensión dirigidas a las fuerzas antiperonistas. Así, de forma análoga al ensayo de apertura realizado a inicios de 1952, tras el atentado del 15 de abril, el gobierno avanzó en una convocatoria oficial a la “convivencia política” dirigida a los partidos opositores. Sus principales interlocutores resultaron ser los viejos dirigentes conservadores del Partido Demócrata (PD), quienes, mediante una entrevista con Perón, reclamaron el cese del estado de guerra interno y la liberación de los presos políticos.³⁹

No obstante, el resto de la oposición –a excepción de los demócratas progresistas, que accedieron a entrevistarse con el ministro de Interior Ángel Borlenghi–, rechazó la convocatoria oficial alegando entre sus principales motivos la vigencia del estado de guerra interno. En ese sentido, el PS presentó al gobierno un petitorio de veinticuatro puntos para ver concretada “una verdadera convivencia política”, entre los cuales figuraba en primer lugar la derogación del estado de guerra interno.⁴⁰ De igual modo, su secretario general, Ramón Muñiz, afirmó que el estado de guerra se había aplicado para abolir los últimos restos de libertad y que desde entonces los ciudadanos habían sido despojados de sus derechos y garantías más elementales.⁴¹ Al año siguiente, el partido justificaría su decisión de abstenerse en las elecciones de abril de 1954 con una declaración que nuevamente reclamó en primer lugar la derogación de dicha ley, que atribuía “facultades omnímodas” al presidente.⁴²

Hacia fines de 1953, el gobierno intentó coronar las gestiones de descompresión con una ley de amnistía para presos políticos, uno de los principales reclamos de las fuerzas opositoras. En sesiones extraordinarias, el Congreso aprobó una amnistía para “delitos políticos y gremiales” delimitados por el Poder Ejecutivo, que excluía de ese beneficio a los militares condenados por el levantamiento de Menéndez, a los acusados por actos de terrorismo, a Cipriano Reyes y a otros dirigentes laboristas.⁴³ Sin embargo, la mayoría de la oposición se pronunció en contra de que la iniciativa no contemplara una amnistía general sin condicionamientos. Por otro lado, la vigencia del estado de guerra interno fue la otra gran objeción que prevaleció en el conjunto de las fuerzas antiperonistas y en el voto negativo de los diputados radicales en la Cámara.

En el bloque radical, la voz cantante contra el estado de guerra fue el diputado e historiador Emilio Ravignani –hasta su muerte, en marzo de 1954–, quien apuntó sus argumentos a que dicha figura estaba ausente de la Constitución de 1949 y que, incluso en el caso contemplado del estado de sitio, el texto constitucional no permitía al presidente condenar ni aplicar penas. Por ese motivo, Ravignani rechazó el proyecto oficial de amnistía afirmando:

Dictar la amnistía general con un estado de guerra interno, que no es un instituto constitucional, es dejar subsistente la intranquilidad política en el país, porque hoy pueden ser dejados en libertad setenta y cinco detenidos, y mañana, con las mismas facultades, pueden ser reintegrados a la cárcel.⁴⁴

Por su parte, su compañero de bancada Santiago Nudelman agregaría:

El estado de guerra interno significa el régimen de la arbitrariedad y la suma del poder. La demostración del propósito sincero de pacificación por el gobierno está a prueba en la derogación que solicitamos de esta ley, que ha reemplazado el régimen institucional de la República por una sola voluntad, anulando la justicia.⁴⁵

El rechazo de la mayoría del campo antiperonista a la ley de amnistía reveló los límites de la convivencia política propuesta por el gobierno. El intento por asegurar una oposición leal que dejara aislados y en evidencia a los sectores que alentaban una salida extrainstitucional enfrentó fuertes rechazos de todo el espectro partidario, donde las voces más beligerantes ejercían una fuerte presión sobre los interlocutores más dialoguistas con el Poder Ejecutivo. Para entonces, todo intento del gobierno por disminuir los niveles de tensión era interpretado como una señal de debilidad y, de esa forma, provocaba el efecto contrario al deseado en buena parte del campo opositor.

¿Por qué Perón se obstinó en sostener el estado de guerra interno? En un acto de campaña en el Luna Park, previo a las elecciones de abril de 1954, se refirió al tema:

Toda la falta de libertad que aducen es porque dicen que existe estado de guerra. Es natural que ninguno de ellos conoce lo que es el estado de guerra. Es natural que se asusten con la palabra, porque generalmente es lo único que ellos aprecian y consideran. El estado de guerra no somos nosotros los que lo hemos producido. Ya un alto dirigente, dirigiéndose a sus correligionarios en un acto público, dijo que van a esperar estas elecciones para después de ellas tomar el gobierno por las buenas o por las malas…El estado de guerra yo no lo voy a levantar hasta que no existan hombres que quieran tomar el gobierno por las malas…Yo no quise establecer el estado de sitio en aquella ocasión, porque el estado de sitio es lo más injusto que hay, porque considera a todos los ciudadanos como en estado de subversión, cuando eso no es cierto. El estado de guerra, en cambio, considera al que está en estado de subversión cuando es un beligerante que quiere pelear, pero el ciudadano tranquilo, el que desenvuelve sus actividades normalmente, ya sea políticas, sociales o económicas, goza absolutamente de todos sus derechos y toda su libertad…Nadie tiene que temer al estado de guerra si no es beligerante.⁴⁶

Para Perón, el estado de guerra se justificaba en la medida que hubiera sectores de la oposición dispuestos a mantener estrategias de desestabilización política. Ellos eran, según su argumentación, los verdaderos responsables. Por ese motivo, diferenciaba al estado de guerra vigente del estado de sitio previsto en la Constitución, ya que la restricción a las garantías constitucionales estaba destinada exclusivamente a los beligerantes. No obstante, si bien era cierto que un sector considerable de la oposición había adoptado dichas prácticas, la frontera entre una oposición legítima y otra ilegítima era más bien difusa: minutos antes, en el mismo discurso, Perón había negado que el peronismo fuera un partido político, dado que todas sus acciones estaban dirigidas a servir al país y no a una tendencia. Como en otros discursos similares, la identificación del peronismo con la causa nacional prácticamente expulsaba a las fuerzas opositoras del espacio político legítimo (Sigal y Verón, 2003; Svampa, 2006).

El sentido que el estado de guerra adquirió para la oposición acompañó el clima de radicalización de los últimos años de gobierno. De este modo, cuando, a mediados de 1955, en el marco de su enfrentamiento con la Iglesia católica, el oficialismo presentó un proyecto de reforma constitucional para separar a la Iglesia del Estado, los diputados radicales contestaron que desde 1951, la Constitución y el estado de derecho no se encontraban vigentes. “Hace tres años, siete meses y veinte días, es decir, desde la declaración del estado de guerra interno, que los principios y garantías constitucionales no rigen”, exclamó el intransigente Oscar Alende.⁴⁷ Lo mismo respondió la mayoría de la oposición frente a un nuevo llamado de pacificación de Perón poco antes de su derrocamiento. En aquella ocasión, Frondizi, en su recordado discurso radial de julio de 1955, reclamó el levantamiento del estado de guerra como “primer paso inexcusable e inmediato” para cualquier intento de pacificación.⁴⁸ Los socialistas, en tanto, fueron más taxativos: afirmaron que en la práctica se había instaurado un régimen de partido único y que se había “abolido la Constitución con el estado de guerra interno”.⁴⁹ Aquel fue desde entonces, en el relato antiperonista, un punto de quiebre más importante que la propia Constitución de 1949, a la cual paradójicamente se acudió para señalar la deriva anticonstitucional que a su criterio había tomado el régimen peronista.

5. Conclusiones

Tras las elecciones del 24 de febrero de 1946, las fuerzas opositoras aceptaron el carácter legal del gobierno peronista, aunque remarcaron que su legitimidad de origen nacía herida, producto del apoyo que el gobierno militar había prestado a la candidatura de Perón, lo cual fue interpretado como “fraude preelectoral”. Estos márgenes de reconocimiento a la legalidad y la legitimidad del gobierno se irían desplazando a medida que la oposición incrementara sus denuncias sobre la progresiva restricción de las libertades públicas. Más adelante, el proceso de reforma constitucional –que introducía la reelección presidencial– reforzó las lecturas antiperonistas que advertían un ejercicio personalista y antidemocrático del poder.

Sin embargo, no puede afirmarse que a partir de la reforma se haya resuelto sin más el inicio de una estrategia extrainstitucional por parte de la oposición. Allí fue determinante la coyuntura abierta entre 1949 y 1951, que implicó un período de endurecimiento gubernamental. Por su parte, el radicalismo sufrió un conflicto interno entre los sectores intransigentes que seguían apostando por la concurrencia electoral y una alianza entre unionistas y sabattinistas que empezó a recorrer el camino de la abstención y el acercamiento a sectores del Ejército para conspirar contra el gobierno. De este modo, el discurso radical experimentó la tensión entre la expectativa generada por el crecimiento electoral del partido y el despliegue de una gramática más combativa contra el peronismo.

El estado de guerra interno decretado por Perón después de la asonada de Menéndez terminaría condensando, para el campo antiperonista, un continuado proceso de autoritarismo que a su criterio había derivado en la ruptura del estado de derecho. A lo largo de la segunda presidencia, los grupos opositores demandarían la derogación de esta ley y aludirían a ella cada vez que el gobierno esbozara gestiones destinadas a construir un espacio de oposición leal que se mantuviera lejos de la salida golpista. Paradójicamente, el hecho de que el estado de guerra no estuviera incluido en la propia Constitución justicialista dio a la oposición un argumento de peso para denunciar su inconstitucionalidad y para que, hacia los últimos días del gobierno peronista, su vigencia representara la pervivencia de un orden antidemocrático al que consideraba necesario enfrentar por todos los medios posibles.