Introducción

Por varios motivos puede afirmarse que el carácter democrático del estado de derecho en Brasil no estaría atravesando uno de sus mejores momentos. La propia dinámica político-institucional viene manifestando orientaciones que vulneran tanto aquel aspecto vinculado con la soberanía popular como principio fundante de un orden político, como las dimensiones referidas a las garantías que, en una comunidad política, tienen todos los ciudadanos en el ejercicio de su libertad. Este deterioro no se reduce a tal o cual ámbito estatal ni tampoco a la presencia de tal o cual personaje público en instancias decisivas , por ejemplo, el propio presidente. Se trata más bien de un cambio estructural, sistémico, donde varios ámbitos se modifican de forma tal que generan una ruptura en relación con los momentos previos, en ese acumulado histórico que suponen las trayectorias institucionales de una nación. El instante bisagra, aquel que modifica los términos de la dialéctica histórica, será siempre objeto de polémicas y discusiones aunque, para el caso brasileño, es indudable que el fraudulento impeachment a Dilma Rousseff en 2016 -que, siendo exactos, habría comenzado en 2015- marcó el inicio de un período a partir del cual se abrieron espacio actores, intereses y mecanismos que modificaron los términos del panorama.

Ya sea por la naturaleza de los sujetos intervinientes en el golpe a Dilma (Souza, 2016), los problemas internos del sistema político que lo gestaron (Salas Oroño, mayo-junio 2016, agosto 2016), o bien los intereses geopolíticos internacionales que estaban por detrás (^{Mance, 2018}), lo cierto es que por el tipo de gobierno que terminó siendo el de Michel Temer es imposible no vincularlo con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. O para ponerlo más claro: la llegada de uno es indisociable de la instalación del otro. Es en ese sentido que en las páginas que siguen se describirán dos aspectos de lo que supone la llegada de J. Bolsonaro a la presidencia de Brasil en el marco de un plano más amplio de desarrollo: el nuevo mapa ideológico que representa, y el vínculo que esto tiene con la presencia anómala de los militares en el gobierno, y el despliegue de un fenómeno que progresivamente viene siendo analizado con más detalle y que tiene a Brasil como un ejemplo paradigmático: el lawfare o guerra jurídica. Algunas consideraciones acerca de las condiciones de estabilidad del mandato que se inicia cierran el trabajo a modo de conclusión.

Nuevos vectores ideológicos y los círculos militares en el gobierno

Una de las curiosidades que dejó la campaña electoral de 2018 que terminaría por consagrar a Bolsonaro como presidente fue el hecho de que en ningún momento, ni antes de la primera vuelta ni después, existiera un desplazamiento por parte del candidato del lugar ideológico en el que se posicionó al inicio. Hasta la última semana de campaña expuso un mismo discurso, analizado desde diversas perspectivas y formatos, algo bastante infrecuente en las competencias presidenciales brasileñas. Desde que se consolidó como dinámica el presidencialismo de coalición -esto es, la necesidad política del presidente de observar sus apoyos parlamentarios, habida cuenta de la simultaneidad de las elecciones para el cargo ejecutivo y los legislativos- casi todos los candidatos competitivos desde 1994 en adelante fueron acercándose, a medida que transcurría la campaña, al diálogo con otros partidos y figuras públicas que les otorgaran un potencial respaldo en el congreso, modificando y adaptando sus propios programas. No fue lo que ocurrió con Bolsonaro, todo lo contrario: fue constante en su posición de no dialogar ni interactuar con otros sectores políticos, manteniendo un aislamiento respecto de los usos habituales, estableciendo también un corte con las modalidades de difusión instaladas como costumbre en las tradiciones políticas brasileñas:

El atentado contra Bolsonaro el 6 se septiembre de 2018 fue decisivo al resguardarlo de los debates en cuanto se encontraba en el hospital -en los dos primeros su performance habia sido sufrida-, victimizándolo justamente a él que viste el disfraz del duro, más allá de ofrecerle una exposición inédita (y positiva) en la televisión en horario central y provocar una mayor cohesión del campo ultraconservador. Al recuperarse, rechazó participar en los debates de la segunda vuelta y de esa forma las polémicas electorales lograron permanecer en el campo de la batalla moral (Tible, 2018, 7)

Bolsonaro optó por realizar una campaña por las redes sociales (Empresários bancam campanha, 2018), valiéndose de una estructura operativa singular, que combinó una logística nacional asegurada entre círculos militares, policiales, candidaturas provinciales independientes, algunos empresarios y la capilaridad de las iglesias evangélicas, que también le acercaron sus propios medios de difusión -como RecordTV y el portal R7, entre otros-, todos elementos que no interfierieron en los parámetros de su discurso (Ekman, 2018). Estos elementos terminaron creando un partido de derecha (Nicalau, 2018) en un sentido más amplio que lo estrictamente válido para el partido político por el cual se presentó Bolsonaro, el Partido Social Liberal (PSL). Sin implicarse demasiado con una exposición concreta, viable y realista de los problemas y soluciones necesarias para la situación eonómica, política y social del país, su discurso se estructuró a partir de tres ejes programáticos difundidos por su propia estructura organizativa: la responsabilización del Partido dos Trabalhadores (PT) por el estado de las cosas, la superioridad de la esfera privada e íntima -y religiosa- del ciudadano como resguardo para la construcción de una moralidad pública perdida por causa dé lá injerencia “éstatistá” sobre lá sociedad civil y lá importancia dé permitir él “pleno ejercicio dé la libertad” dél hombre (y la mujer) dé defenderse frente a la natural hostilidad de la vida colectiva.

Dede ya que habría muchas otras formas de caracterizar y clasificar lo que ha sido -y es- el discurso político de Bolsonaro: su relación con la injerencia de los think-tank internacionales (Salas Oroño, 2018b; ^{Rocha; 2019}), si es o no un “populismo dé derecha” (Rezende, 2018), o bien cuán fundamental fue su vínculo con los evangélicos (^{Abbud, 2018}). En todo caso, lo importante es señalar que estos puntos de vista estaban presentes en la sociedad, tenían sus voceros, sus representantes; incluso dentro del propio Congreso Nacional tenían hasta bancadas organizadas, con referentes, Bolsonaro era uno de ellos. Al respecto, no es un detalle el hecho de que en la última elección en la que fue elegido como diputado (2014) Bolsonaro fuera el representante más votado en Río de Janeiro, tercer distrito electoral del país.

Ahora bien, el momento a partir del cual estas ideas circulantes logran mayor potencia social es cuando se agudiza un sentimiento de indignación para con la clase política o la política en general, representada por el PT. Esta atmósfera política, cuyo punto de partida la mayoría de los autores suelen situar en las jornadas de junio del 2013 -aunque quizás una correcta genealogía abarcaría acontecimientos más lejanos en el tiempo- no solo compactó aquellos discursos recalcitrantes en una misma pieza común sino que, al mismo tiempo, dejó instalado un espacio (político) para quien pudiera presentarse como “salvador”, a la manera de un outsider:

El sentimiento generalizado de rechazo a los políticos tradicionales es, hasta cierto grado, comprensible. Por mas que el ciclo democrático de mercado tenga significado, para la mayoría de la poblacio n, una mejora concreta en el acceso a derechos, el pueblo aún se veía preso a un sistema que muchas veces no respondía a sus mas basicas demandas. Después de 2013, esta justa indignacio n comenzó a ser estimulada en gran medida por los medios de comunicado n de masas. El PT, sin duda, fue el partido mas afectado, pero tal proceso acabo por tocar toda casta política. Siendo así, se estaba conformando un escenario propicio para un outsider” (Rezende, 2018, 10).

Este lugar, asombrosamente, lo ocupó Bolsonaro. Más allá de las apelaciones a su condición de “mito” con el que era festejado por sus segidores, su extendida trayectoria como diputado dificilmente lo hubiera habilitado a hacerse portador de la condición de outsider, para lo cual Bolsonaro no sólo extremó sus posiciones vinculadas a la seguridad o de reivindicador de la última dictadura militar -que fueron por décadas sus principals temas de representación-, sino que comenzó a sumar otros elementos discursivos que hasta ese momento permanecían todavía en lugares separados entre sí, como una posición ultraliberal en lo económico, una férrea defensa de las posiciones evangélicas y una prédica antiminoritaria que apuntaba sobre todo contra la ampliación de derechos ocurrida durante los gobiernos del PT. Es decir, su extremismo de derecha (Solano, 2018b) y la construcción del odio como plataforma desde la cual establecer una frontera entre él mismo y el resto del sistema político (Solano, 2018a) fue el resultado de un proceso que antecedió a su candidatura y tenía otras raíces, pero sobre el cual Bolsonaro intervino juntando elementos que, a su vez, lo proyectaron a un lugar que bastante competitivo electoralmente, como también se verifica en otras latitudes.

Es importante remarcar el contexto de crisis económica que atravesaba Brasil al momento de la elección. Una crisis que no solo se manifestaba en pésimos indicadores sino que se reflejaba en protestas sociales significativas que pasaron a formar parte de aquella atmosfera política de la campaña presidencial. Por ejemplo, la contradictoria paralización de los camioneros a principios del 2018, una protesta que reforzó aún más aquel discurso antipolítico -hubo más de un registro de camioneros reclamando por una intervención militar ya- y que reforzaría la idea de que el verdadero problema (de los brasileños) era la propia institucionalidad política: “esa conjunción de grupos (militares, ultra-liberales, reaccionarios, fundamentalistas religiosos) perciben la Constitución de 1988 como un problema” (Tibie, 2018: 20). Por lo tanto, el recorrido estaba trazado: no habría entonces ninguna contradicción con vulnerar el actual Estado de derecho; todo lo contrario, sería parte de las respuestas que habría que dar frente al estado de cosas.Y allí precisamente es que entran los militares, y su anómala y sobrerepresentada presencia en la escena política actual. Como vehículo y puente para esa sustitución del Estado de derecho.

La trayectoria de los miltares durante los diferentes gobiernos desde la salida de dictadura tuvo diferentes etapas que bien merecerían una puntualización exclusiva. Sin embargo, ni con J. Sarney, ni con F. Collor de Mello, ni con Cardoso, Lula o Dilma Rousseff los militares lograron un espacio de intervención tan generoso como con el gobierno interino de Michel Temer, sobre todo en el último tramo de su mandato, en los meses previos a la elección de 2018 (Kalil, 2018). No sólo por la disposición de colocar a un militar en el ministerio de defensa o en el comando de una singular intervención en Río de Janeiro, sino por el hecho de que les fuera permitido a los militares aparecer en la esfera pública -sin ser punidos, como debería haber ocurrido- opinando sobre temas varios, apuntalando la construcción de una nueva instancia de referencia social para sí (Salas Oroño, 2018a). En la construcción de esta (nueva) voz que se fue incorporando a la escena política debe destacarse la del entonces comandante en jefe del ejército, el general E. Villa Boas, que no tuvo ningún reparo en dar sus puntos de vista tanto en los formatos más clásicos de difusión como en los dispositivos comunicacionales más contemporáneos. En esas condiciones, estaba claro que la reorganización de ese partido de derecha de cara a las elecciones quedaría en manos de un militar, con un candidato a vicepresidente también militar (De Freixo, 2018).

Nada extraño resultaría en este sentido que el gabinete armado por Bolsonaro para comenzar su período estuviera compuesto por un gran número de militares (Salas Oroño, 2018c); como tampoco el hecho de que, frente a la primera crisis política interna en 2019 -provocada a partir de las discusiones del presidente con su secretario G. Bebbiano-, decidiera nombrar a otro militar. Esta presencia no puede ser distinguida como un elemento más. La función pretoriana que cumplen tiene que ver precisamente con que esa trayectoria de cambio que se viene evidenciando respecto de la arquitectura del Estado de derecho consagrado en la Constitución de 1988 sea continuada, con el ingreso y consolidación de todas las pautas del partido de derecha. Desde ya que también aparecen los intereses propios de las fuerzas armadas, cuestión que oscurece aún más el carácter democrático del sistema institucional resultante; de allí la gravedad del momento histórico.

Lawfare en Brasil: la metamorfosis de la punición

Si bien ya tenía circulación en ámbitos más restringidos, de forma pública y masiva la noción de lawfare (guerra jurídica), en Brasil fue presentada en una conferencia de prensa de los abogados de Lula el 10 de octubre de 2016. Unos meses antes, el Estado democrático de derecho en Brasil acababa de ser impactado con un impeachment completamente fraudulento a la presidenta Dilma Rousseff y ahora sería el tiempo de avance para un objetivo complementario: desarticular la presencia del PT en la escena política y, fundamentalmente, la de su principal figura histórica y dos veces mandatario del país (Souza, 2016): Luiz Inacio da Silva, Lula, sin duda una de las peronsalidades políticas más importantes de la historia brasileña.

A partir de entonces, todo ha confirmado el hecho de que “el caso Lula es, indiscutiblemente, uno de los más relevantes paradigmas en el mundo de lawfare con objetivos políticos” (Zanin Martins y Teixeira Z. Martins, 2018). Por el tipo de persecución y estigmatización mediática, por el permanente hostigamiento a sus derechos, se trata de un caso -el caso Lula- realmente muy singular. En ese sentido, no se trata tan sólo de un uso perverso del derecho, situación que podría abarcar circunstancias infinitas de distorsiones, persecuciones, arbitrariedades -dado el carácter de clase del Estado en la modernidad, y más aún en la periferia capitalista-, ni de cooptaciones más o menos extendidas de determinados intereses políticos sobre los órganos del Estado. Aquí hay un movimiento de otra naturaleza, con características ciertaemente bélicas y por eso la referencia al concepto de lawfare como algo co-constitutivo de esta etapa.

No está de más resaltar, para el contraste respecto de lo que se instalará con posterioridad, que después de tres mandatos consecutivos del Partido dos Trabalhadores (2002-2014), es indudable que ciertos entramados institucionales, políticos, económicos, diplomáticos, y de otros muy diversos órdenes de la dialéctica social, propuestos por el PT, moldearon al conjunto de las estructuras de la formación económico-social brasileña: una nueva orientación y prioridades para rubros estratégicos de la nación sobre temas tan diversos -y claves- como el petróleo, los encajes bancarios, los porcentajes del PBI para la asistencia social, etc.

De allí también la intensidad que supuso la elección presidencial de 2014, junto con los momentos siguientes que le sucedieron: para empezar, las impugnaciones a los resultados, luego los sucesivos pedidos de juicio político que se acumularían contra Dilma Rousseff, la sedición presupuestaria en la que se colocó el Congreso, o bien el aislamiento que le propusieron los principales grupos económicos al gobierno de entonces. Y como corolario, el cambio de escenario -y constructor de la atmósfera política mencionada- que supuso la centralidad que adquirió la Operación Lava-Jato como termómetro de la temporalidad política, ideológica y, debe agregarse, económica del país, habida cuenta del impacto que tuvo también en esa dimensión.

Hay un elemento histórico que irá a sellar esta temporalidad política, vinculado al despliegue de la metamorfosis judicial, y que está detrás tanto de la fugaz instalación de Bolsonaro como candidato presidencial, el lugar simbólico de aproximación que desarrollan los militares y las agendas de los evangélicos y demás grupos de interés antiminoritarios, que es la cuestión de la corrupción. La corrupción como el factor justificador de ese mismo desborde jurídico representado por Operación Lava-Jato. Ya no como un drama vinculado a la idiosincracia de la clase política sino como pretexto organizador de los cambios en la institucionalidd, ligándose a realidades que no se limitan a un específico territorio, sino a mapas geopolíticos más amplios -por ejemplo, el rol de Petrobrás en la producción de petróleo, las tecnologías de Embraer, Electrobrás, por mencionar algunas de las empresas nacionales estatales puestas en jaque a partir de entonces en el exterior. En ese sentido, el lawfare como“central en la combinación de medios y métodos de combate jurídico para hacer posibles los planos geoestratégicos de disputa económica y política, valiéndose de la producción de inestabilidad que solamente el implacable combate a la corrupción es capaz de producir (Proner, 2018). Realidades externas ingresando en los procesos judiciales brasileños:

La campana contra la corrupcio n en Brasil fue asesorada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por intermediario n de convenios con el Poder Judicial y el Ministerio Público brasileños, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía cursos para entrenar a los jueces y promotores que participaron de la denominada “Operacio n Lava Jato” (Boito; 2018, 89).

La desviación autoritaria del derecho que ocurrió en el período se puede verificar no sólo en la primera instancia de la Operación Lava-Jato sino que, como modalidad, apareció en otras investigaciones de combate a la corrupción’, en juzgados de San Pablo o Brasilia; en unidades revisoras superiores, fiscales de diversa jurisdicción, investigadores judiciales, y aún comisarios y oficiales policiales de ejecución. Por ejemplo, respecto del caso Lula, la antológica frase del fiscal Deltan Dallagnol “no tenemos pruebas, tenemos convicciones” sirve bien para resumir la parcialidad que hubo frente al ex presidente y para graficar la metamorfosis estatal en curso: de una actuación judicial de naturaleza continental -con el imperio de la ley escrita- se pasa a modalidades de precedente judicial -common law- propias de la tradición estadounidense; un cambio que se acopla a otro, que se impone como tendencia: la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos por un sistema penal acusatorio -también a imagen y semejanza de los Estados Unidos- con el resultante empoderamiento de las fiscalías nacionales, como el caso del fiscal mencionado. Situación que queda aún más en evidencia con la nueva condena a Lula (^{Borges, 2019}), o las revelaciones del sitio The Intercept, respecto de la promiscuidad en la relaciones entre fiscales y el entonces Juez Sergio Moro.

Hay, asimismo, un aspecto sociológico que no debe dejarse de lado y que tiene que ver con la posición social que ocupan estos servidores judiciales, ahora adscriptos a una modalidad de actuación que consideran más legítima, reforzando su autorreferencialidad en la tarea de salvar a la Nación frente a los problemas de la Constitución de 1988: lo que Bolsonaro vino a representar en términos de programa político-societario, los representantes del lawfare brasileño ya lo ejecutarían de hecho, sin la mediación electoral. Para el caso, una juristocracia autopercibida como diferente del resto (de la ciudadanía) cuyo prestigio personal se fue moldeando gracias al generoso acompañamiento de los principales medios de comunicación y, otras veces, las recompensas simbólicas (y de otros tipos) de espacios académicos o instituciones internacionales.

Esos mismos agentes son parte de la camada mejor remunerada del servicio público. Jueces y procuradores tienen un salario inicial que puede variar entre 30 y 37 salarios mínimos, acceden, gracias al funcionamiento del sistema político brasileño de la capacidad de establecer su propia remuneración, perciben vacaciones que pueden llegar a los dos meses, de una jornada de trabajo que puede ser menor, ocupan vitaliciamente sus cargos y, más allá del salario, reciben un sinnúmero de bonificaciones -vivienda, vestimenta, eduación y otros- que le permiten que sus ganancias se extrapolen, en mucho, al piso salarial constitucional. Forman una verdadera casta incrustada en el Estado. Los comisarios de la Policía Federal no gozan de todas esas ventajas, pero también ocupan una posición muy privilegiada en el servicio público. Todos -jueces, procuradores, comisarios- son integrantes de la alta clase media. Sea como burócratas, sea como integrantes de la fracción superior de la clase media, estos agentes tenían interes en cerrar el ciclo de gobiernos del PT. (Boito, 2016)

Conclusión: sobre la estabilidad del gobierno Bolsonaro

Bolsonaro en el gobierno no puede reducirse tan sólo a su figura, sus dichos, o al coro de voces que junto a sus hijos ha diseñado como dispositivo comunicacional. Tiene que ser observado como expresión de tendencias que ocurren previas a su llegada, sobre las cuales se adapta, las aprovecha y las profundiza. Por eso es indiscutible el balance: si la democracia brasileña ya se econtraba descaracterizada luego del impeachment a Dilma Rousseff, hoy en día está francamente jaqueda. Hay una captura antidemocrática del Estado de derecho en Brasil: intereses facciosos moldeando la agenda pública; un núcleo central militar definiendo los contornos del gobierno; una apuesta a la reducción de los derechos de la ciudadanía, tanto en el plano económico como en el de las garantías civiles, sociales y políticas; una enajenación de los criterios de definición soberana sobre los recursos estratégicos de la nación; etc. Todos cambios no debatidos, sin fundamentos ni legitimidad - además de los inumerables vicios ocurridos durante las elecciones de 2018, incluso muchos vinculados con el partido de Bolsonaro-, no hay que dejar de resaltar que Bolsonaro tan solo fue votado por el 39% de los brasileños del padrón electoral.

El nombramiento de Sergio Moro, el juez de la Operación Lava-Jato, como Ministro de Justicia y Seguridad confirma la tendencia de deriva judicial en la que se encuentra uno de los poderes públicos, bajo la modalidad del lawfare (Kitrrie, 2016). No solo porque no habrá corrección de las desviaciones ocurridas sino que se las profundizará, como quedó claro con el paquete de medidas anticorrupción enviadas por el Ministro al Congreso al inicio de su gestión. Como proyecto político, augura tiempos poco auspiciosos para las grandes mayorías brasileñas. Las primeras medidas económicas, los primeros posicionamientos internacionales o la forma en cómo se resolvió la primera crisis interna no permiten ser optimistas: para esto último, más militares en puestos de gobierno. Frente a la ausencia de una recuperación económica: más neoliberalismo de manual, como la propuesta enviada al Congreso de reforma en las jubilaciones. Frente a la coyuntura venezolana: nada de multilateralismo, y alineamiento geopolítico absoluto con Estados Unidos. Si es cierto que la legitimidad de Bolsonaro depende del colapso para mantenerse (Nobre, 2018) hay un detalle no menor que debe formar parte del razonamiento: el costo de seguir en esta excepcionalidad es que de aquí a poco tiempo ya no quede nada de democrático en la fisonomía del Estado de derecho brasileño.