Introducción.
El asbesto (del latín asbestos, y éste del griego ασβεστος ENT#091;asbestosENT#093;, ‘incombustible, inextinguible’), es una fibra mineral compuesta de silicatos que se encuentra distribuida en forma natural en el ambiente, principalmente en el aire, agua y suelos, en fibras muy delgadas y microscópicas (Embid, 1999; IBV, 2008; Echegoyen y Rivera, 2013; Asbesto Chile, 2015). Este mineral, debido a sus características físico-químicas altamente beneficiosas para el mundo de la construcción, donde se destaca su resistencia al fuego y a las altas temperaturas, ha sido utilizado en alrededor de 3.600 productos domésticos e industriales, formando parte de la vida cotidiana de las personas en todo el mundo (Embid, 1999; Morales, 2006; Muñoz y San Juan, 2013; Asbesto Chile, 2016). Entre ellos: cartón, talco, papel secante, frenos de automóviles, filtros de cigarrillos y cortinas de teatro (Vogel, 2009), como también escayolas o pavimentos, planchas onduladas para tejados, aislamiento térmico y acústico, tuberías de agua y canalizaciones en general (Regueiro, 2008), formando parte de las industrias del área aeronáutica, automotriz, construcción, eléctrica, naval, química, siderometalúrgica y textil (IBV, 2008).
En 1977, el asbesto fue considerado como agente carcinógeno del grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés); mientras que, en 1978, el Parlamento Europeo lo declaró oficialmente sustancia cancerígena (Luis et al., 2009). Esto, luego de comprobarse que, cuando los materiales o productos que lo contienen, se rompen, deterioran o corroen, se liberan sus diminutas partículas al ambiente, cuya inhalación puede causar graves enfermedades degenerativas, progresivas y mortales: asbestosis, cáncer de pulmón, laringe, ovario y mesotelioma, entre múltiples enfermedades y afecciones en los sistemas respiratorio, cardiovascular, inmunológico y gastrointestinal (Embid, 1999; IBV, 2008; Vicente, 2014). Ahora bien, la mayoría de las enfermedades relacionadas con la inhalación de asbesto, pueden tardan entre 10 a 40 años en aparecer y desarrollarse en el organismo (Vogel, 2009; Echegoyen y Rivera, 2013; Vicente, 2014).
Actualmente, el asbesto se encuentra regulado y/o prohibido en más de 80 países de todo el mundo, incluyendo Chile desde 2001 (DLP, 2013; IBAS, 2019). Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), cerca de 125 millones de personas están expuestas al asbesto en lugares de trabajo, por lo que se estima que cerca de 107 mil personas mueren al año en todo el mundo, mientras que, otras 400 defunciones, han sido asociadas a otras fuentes de exposición al mismo, por lo que algunos autores acusan que ha habido un lobby por parte de los grupos industriales productores de asbesto (Morales, 2006; Vogel, 2009). Cabe distinguir que se reconocen tres fuentes de exposición al asbesto (Luis et al., 2009):
1. Fuente de exposición laboral u ocupacional: principal fuente de riesgo, referente a la remoción, reparación o mantenimiento de materiales que contienen asbesto. 2. Fuente de exposición doméstica: exposiciones contaminantes al interior del hogar (por ejemplo: inhalación de asbesto en ropa de trabajo contaminada). 3. Fuente de exposición ambiental: inhalación de asbesto esparcido en el aire, así como su deglución o ingesta al consumir alimentos o líquidos contaminados.
Esta investigación, se remite a un caso relacionado con las tres fuentes de exposición al asbesto, pero se centra principalmente en la primera. En específico, se reconoce el riesgo de exposición al asbesto con el que se construyó el sistema de caldera y turbina de la central termoeléctrica Bocamina I, propiedad de la empresa Enel Generación Chile (ex ENDESA)1, instalada en el sector Lo Rojas de la comuna de Coronel, en 1970. A partir de entonces, los trabajadores y vecinos de la planta2, estuvieron expuestos a inhalar este mineral tóxico y otros agentes contaminantes, hasta que, entre septiembre de 2014 y abril de 2015, se desarrolló un programa de desasbestización. Este programa, fue adjudicado e implementado por la empresa contratista Akeron-Caf Servicios Industriales Limitada3, donde se cometieron graves faltas e incumplimientos de protocolos y de medidas de seguridad que pusieron en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, según lo que determinó la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región del Biobío. En este sentido, podemos considerar que se configuró una “amenaza antrópico-tecnológica”, según la categoría que propone Lavell (1996), referente a la negligencia y falta de controles sobre los procesos económicos de producción y distribución, y que, en este caso, según los impactos que tenga, podría provocar un “desastre tecnológico” (Colectivo de autores, 2009), entendido como un acontecimiento que interrumpe la vida cotidiana de un lugar, relacionado con la contaminación de objetos, territorios o personas, que causa o amenaza con dejar heridos, muertos y/o damnificados, además de graves afectaciones económicas.
En este contexto, se formó la organización Trabajadores Unidos Contra el Asbesto (TUCA), cuyos integrantes han desarrollado una serie de acciones colectivas para reconocer, redimensionar y resignificar el riesgo de su exposición como trabajadores frente al asbesto, para luego entablar un proceso de compensación y reconocimiento judicial de la causa, como también de alerta y de reconocimiento social como ciudadanos frente al riesgo existente, a partir del reconocimiento de la comuna de Coronel como “Zona de Sacrificio”. De este modo, este artículo se centra en ahondar y dimensionar ambos aspectos.
Desde la antropología, se ha demostrado que la ocurrencia de desastres no se debe únicamente a la aparición de amenazas, sino más bien al producto y resultado de procesos sociales, históricos y territorialmente circunscritos y conformados (Lavell, 1993), los que se relacionan con la producción y acumulación de vulnerabilidades en la sociedad (Lavell, 1993, 1996; Oliver-Smith, 1993; Junquera, 2002; García, 2005; Celis et al., 2017). Desde esta perspectiva, las amenazas no solamente revelan, sino que también hacen detonar condiciones críticas preexistentes a su aparición, tales como la vulnerabilidad socioeconómica (Maskrey, 1998; García, 2004) y ciertas prácticas humanas asociadas a la degradación ambiental, el crecimiento demográfico y los procesos de urbanización. Aquí subyace, por tanto, la “construcción social del riesgo de desastres” (Oliver-Smith, 1993; García, 2005; Celis et al., 2017). De igual forma, distinguimos que, para el caso de esta investigación, se emplearon dos perspectivas de análisis en torno a la construcción social del riesgo: (1) “vulnerabilidad” y (2) “percepción del riesgo”. A continuación, nos remitiremos brevemente a cada uno de estos enfoques:
La construcción social del riesgo en torno a la vulnerabilidad (Lavell, 1993, 1996; Oliver-Smith, 1993; Maskrey, 1998; Junquera, 2002; García, 2005; Celis et al., 2017), hace referencia a una condición o situación de desigualdad e inseguridad socialmente construida frente a posibles amenazas (naturales y/o tecnológicas), generando con ello predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social para que una comunidad pueda ser afectada o sufrir daños (Cardona, 2001). De esta manera, el concepto de riesgo lo podemos entender como la probabilidad de que, a una población o segmento de la misma (personas, estructuras físicas, sistemas productivos, etc.), le ocurra algo nocivo o dañino, cuyo grado dependerá de la intensidad probable de la amenaza y los niveles de vulnerabilidad existentes (Lavell, 1996). Desde esta perspectiva, el riesgo implica la interacción de amenazas y vulnerabilidades que, al alcanzar cierto nivel, dejan paso a las catástrofes (Gentile y Murgida, 2015), por lo tanto, Lavell (1993) propone que, el análisis de la vulnerabilidad, nos debe remitir necesariamente a la dimensión temporal y la historicidad de los procesos sociales que conducen a determinados niveles de vulnerabilidad en la sociedad.
En una perspectiva más global, Ulrich Beck, a partir de su obra “Sociedad del Riesgo” (1998), propone una discusión acerca de las consecuencias de las formas de producción capitalista, presentando un modelo de explicación de los riesgos generados por la sociedad industrial moderna, los que, según el autor, se caracterizan por producir y distribuir riesgos “invisibles” que amenazan la salud y la vida humana, mas no pueden ser reconocidos por nuestros sentidos, ya que se sustraen a la percepción y residen en un mundo microscópico e invisible que sólo puede ser objetivado a través de la ciencia (por ejemplo: radioactividad, sustancias tóxicas en el aire, agua y/o alimentos, etc.) (Beck, 1998; Korstanje 2010; Iturralde, 2015). En el caso de esta investigación, se identificaron diferentes niveles de vulnerabilidad frente al riesgo de exposición e inhalación de asbesto de la central termoeléctrica Bocamina I, siendo agrupados en la categoría de “vulnerabilidad global” que propone Wilches-Chaux (1988), referente al conjunto de formas o niveles de vulnerabilidad que construyen condiciones de desastres, los que nos permitieron comprender y dar cuenta de la comuna de Coronel como “Zona de Sacrificio” (Svampa y Viale, 2014; Oceana, 2015; Bolados, 2016).
La percepción del riesgo (Douglas, 1996), por su parte, hace referencia a cómo las personas o comunidades afectadas por una determinada amenaza, aceptan y reconocen la existencia del riesgo, elaborando significados y categorías particulares en torno al mismo, en base a referentes culturales, ideológicos y morales específicos de cada sociedad o colectivo (Douglas y Wildavsky, 1982); y cómo esta percepción, influye en las decisiones y acciones que se pueden tomar para enfrentar el riesgo y sobrevivir. En este sentido, el riesgo como todo elemento cultural, tanto los contenidos que lo delimitan como las formas que sitúan y reconocen la afectación de su exposición, está siempre en constante reelaboración, transformación y situado en determinados marcos políticos (Solís y Díaz Crovetto, 2020). Esta cuestión, se hace evidente a partir de tensiones y conflictos entre diversos grupos sociales, instituciones privadas y públicas en torno a lo que se ha propuesto por riesgoso (Douglas, 1996; Díaz Crovetto, 2015; Celis et al., 2017). Además, como propone Hoffman (1999), los desastres suelen considerar comportamientos culturales de respuesta recurrentes, presentando un modelo que suele caracterizarse por distintas etapas post desastres, donde se distinguen tanto la constitución de comunidades de afectación como alteraciones en los procesos de reconocimiento y convivencia con el riesgo. De esta manera, la percepción del riesgo la podemos entender en relación a cómo los trabajadores expuestos al asbesto de Bocamina I, han aceptado y reconocido el riesgo de enfermar o morir a causa de su inhalación, elaborando diferentes significados y categorías particulares en torno al asbesto como agente contaminante, mediante un proceso de aprendizaje, socialización e interacción social (Douglas, 1996; García, 2005; Iturralde, 2015); y cómo aquello influye en la toma de decisiones y acciones para enfrentar el riesgo, enmarcadas en la trayectoria de la organización TUCA.
En conjunto con lo anterior, cabe señalar que los desastres suelen ser trazados por una huella de dolor que da forma o nos sitúa frente a determinados “eventos críticos”, según la categoría que propone Das (1995), entendidos como ciertos acontecimientos traumáticos que interrumpen la vida cotidiana de un lugar y generan nuevos modos de acción, estableciendo un antes y un después en las memorias y experiencias de individuos y colectivos, en muchos casos, de “sujetos de dolor” (Das 1995, 2016; Ortega, 2008; Díaz Crovetto, 2015). Asimismo, esta cuestión se relaciona con la categoría de “sufrimiento ambiental” que proponen Auyero y Swistun (2008: 38), en la medida en que recoge una discusión acerca de cómo las personas entienden, explican y padecen los efectos tanto físicos como psicológicos de la contaminación en contextos tóxicos, entendido como “una forma particular de sufrimiento social causado por las acciones contaminantes concretas de actores específicos”, cuyas experiencias suelen estar marcadas por relaciones de poder y dominación en los territorios (Castillo, 2015, 2016), lo que posibilita nuevas lecturas en torno al tema de los desastres, la percepción del riesgo y la construcción social del riesgo en una “Zona de Sacrificio”.
La metodología que se utilizó en la investigación, fue de tipo cualitativa en base a una aproximación etnográfica durante alrededor de nueve meses (septiembre 2017 - mayo 2018), orientada a la comprensión y descripción de la realidad social por medio del trabajo de campo, la observación participante4 y la aplicación de siete entrevistas, previo consentimiento informado, basadas en el método biográfico de relatos de vida temáticos a miembros de la organización TUCA, para obtener testimonios subjetivos acerca de la exposición al asbesto de Bocamina I, poniendo énfasis tanto en los acontecimientos como en sus valoraciones (Pujadas, 1992; Díaz Crovetto, 2010, 2018). Para ello, se elaboró una muestra de siete informantes, quienes se pueden dividir entre dirigentes (3) e integrantes (4) de la organización TUCA, todos de género masculino, entre 30 y 55 años de edad, entre los que se consideraron dos categorías de discriminación en torno a la exposición al asbesto (Machtig, 2017): (1) trabajadores recientemente expuestos al asbesto de Bocamina I, durante la remoción de asbesto; y (2) un trabajador históricamente expuesto al asbesto de la planta, quien alguna vez estuvo en contacto con el mineral, pero no en la actualidad. El análisis de los datos, se realizó con una tabla de comparación o matriz (Agrosino, 2012), donde se compararon los relatos de los trabajadores y se levantaron categorías (Atkinson y Hammersley, 1994; Agrosino, 2012). La triangulación de los relatos, incluyó un proceso sistemático de revisión de fuentes secundarias de información, relativo principalmente a material documental y de prensa, lo que permitió constatar, entre otras cuestiones, las resoluciones de la SEREMI de Salud de la Región del Biobío y las acciones colectivas realizadas por la organización TUCA.
1. La construcción social del riesgo en torno a la vulnerabilidad: la configuración de un contexto de “Zona de Sacrificio”.
La comuna de Coronel, fundada el 30 de agosto de 1849, se desarrolló en base al descubrimiento y explotación de los primeros yacimientos de carbón en la zona (Astorquiza y Galleguillos, 1952; Brito y Vivallos, 2010). Desde entonces, la demanda del carbón llegó a cubrir gran parte de la actividad económica de la provincia de Concepción y del territorio nacional (Marcial, 1884; Venegas, 1997). Sin embargo, en la década de 1960, con la llegada del petróleo y la hidroelectricidad, sumado al bajo costo de carbón extranjero (por ejemplo: carbón colombiano e inglés), se desplazó al carbón como primera fuente de energía (Gatica y Guerrero, 2000; Medina y Rodríguez, 2011). En este contexto, se empezó a promover el uso de electricidad a través del funcionamiento de centrales termoeléctricas que dieran salida a la producción de carbón, construyéndose la primera de ellas en el sector Lo Rojas de la comuna de Coronel, denominada “Bocamina” (actual “Bocamina I”), con una potencia de 128 MW:
“A través de la Ley de Presupuesto de la Nación, en 1964 se obligó a ENDESA ENT#091;cuando aún era empresa del Estado, antes de su privatización en 1989ENT#093; a construir Bocamina para quemar los finos del carbón, cuyo valor no resistía fletes de ninguna especie y sólo se podía ocupar en el mismo lugar de extracción ENT#091;…ENT#093; Bocamina entró en funcionamiento en 1970 ENT#091;30 de junioENT#093;” (ENDESA, 1993: 85) (corchetes propios).
A fines de la década de 1990, tanto la demanda del carbón como el número de obreros de las minas, disminuyó drásticamente (Medina y Rodríguez, 2011), por lo que se produjo la “crisis terminal de la industria del carbón”, poniéndose fin a su extracción y cerrándose definitivamente las minas (Moyano, 2014). En específico, las minas de carbón de Schwager y de Lota, cerraron en 1994 y 1997 respectivamente (Bahamonde, 2013). Así, con el objetivo de reencausar a los trabajadores en nuevos empleos de emergencia, los dos primeros gobiernos democráticos post-dictadura de Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-1998), desarrollaron el proyecto “Reconversión Productiva y Laboral de la Zona Carbonífera”, el cual no funcionó, sino que fue un fracaso (Olate, 1995; Gatica y Guerrero, 2000; Medina y Rodríguez, 2011; Moyano y Viveros, 2013; Moyano, 2014).
Como consecuencia de lo anterior, para enfrentar la crisis económica y la pérdida de fuentes laborales que dejó el cierre de las minas de carbón, se comenzaron a instalar nuevas actividades productivas en el territorio comunal, bajo el predominio de una perspectiva neoliberal (Moyano y Viveros, 2013; Bolados, 2016), antes de aprobarse la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (1994), con la que recién se empezó a regular sobre los impactos medioambientales y el ordenamiento territorial en Chile. En consecuencia, durante la década de 1990, se instalaron 3 Puertos, 10 pesqueras y 3 Parques Industriales que albergan más de 200 industrias (Ecoronel, 17/06/2016); mientras que, en 2012, se instalaron otras dos nuevas centrales termoeléctricas a carbón al interior de la zona urbana, denominadas “Bocamina II” de ENDESA y “Santa María” de Colbún S.A, con una potencia de 350 MW cada una. Cabe señalar que el carbón usado como combustible para generar energía eléctrica, es considerado la fuente de electricidad más mortífera del planeta, al generar emisiones de diversos agentes contaminantes a la atmósfera que pueden afectar gravemente la visión y las vías respiratorias, además de causar múltiples enfermedades (Díaz y Linares, 2008; Venegas, 2010; Chile Sustentable, 2017). En efecto, la presencia de metales pesados en el aire, agua y/o alimentos, puede provocar graves problemas de salud, tales como anomalías anatómicas o funcionales durante la gestación del feto y retraso del desarrollo mental e intelectual de la población infantil, como también hipertensión, enfermedades cardiovasculares y cánceres mortales en adultos (Londoño, Londoño y Muñoz, 2016). De hecho, los mayores índices de morbilidad y mortalidad en Chile, se encuentran asociados a las comunas que cuentan con centrales termoeléctricas a carbón, cuyo riesgo de enfermar o morir por vivir cerca de ellas, aumenta entre un 20% y un 100% (Arias et al., 2016).
A fines del año 2000, se constataron altos niveles de dióxido de azufre (SO2) en el aire de Coronel, los que fueron atribuidos principalmente a emisiones provenientes de Bocamina I (Chile Sustentable, 2004). El “Informe Gestión de la Calidad del Aire en el Gran Concepción” (CONAMA, 2005), identificó que los índices de SO2 tenían directa relación con el carbón usado como combustible para generar electricidad, donde también se identificó a Bocamina I como la principal fuente emisora de material particulado respirable (MP10) de todas las comunas del Gran Concepción5, con un aporte cercano a las 11.000 toneladas anuales.
El 25 de julio de 2006, el Ministerio del Medio Ambiente, mediante la publicación del Decreto N° 41 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, declaró a la comuna de Coronel como “Zona Latente”, debido a la presencia de material particulado respirable en el aire (MP10)6, definida como:
“Zona Latente: aquélla en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental” (Ley 19.300, artículo 2, letra t);
El 14 de julio de 2015, el Ministerio del Medio Ambiente, mediante la publicación del Decreto N° 15, declaró a la comuna de Coronel como “Zona Saturada de Contaminación”, debido a la presencia de material particulado fino respirable en el aire (MP2.5)7, definida como:
“Zona Saturada: aquélla en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas” (Ley 19.300, artículo 2, letra u).
Actualmente, la comuna de Coronel está considerada como “Zona de Sacrificio”, cuyo término hace referencia a ciertos territorios que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes, en particular centrales termoeléctricas a carbón, donde los habitantes están expuestos a diversos agentes contaminantes altamente nocivos para la salud, configurando una situación de vulnerabilidad (Oceana, 2015). Asimismo, se les denomina “áreas o zonas de sacrificio” a ciertos territorios considerados “vacíos” o “socialmente vaciables”, vinculados a sectores desvalorizados y sometidos por la economía dominante y sus prácticas extractivistas (Svampa y Viale, 2014; Bolados, 2016). Ahora bien, esta categoría no forma parte del ordenamiento jurídico chileno; sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) (2014), reconoce 5 “Zonas de Sacrificio” en Chile (en orden geográfico de norte a sur): (1) Tocopilla; (2) Mejillones; (3) Huasco; (4) Quintero-Puchuncaví; y (5) Coronel.
En mayo de 2014, la “Unión de Comunas de Zonas de Sacrificio” (2014)8, emitió un pliego de peticiones al Estado de Chile, donde se definió a estos territorios en los siguientes términos, poniendo énfasis en la situación de vulnerabilidad y empobrecimiento que ha significado el desarrollo industrial y la degradación ambiental:
“Entendemos como Zona de Sacrificio, aquellos territorios de asentamiento humano devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial. Esta devastación tiene implicancias directas en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas; derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, etc. En estos territorios, el daño ambiental ha significado la situación de vulnerabilidad y empobrecimiento de las comunidades” (Ecoronel, 30/05/2014).
En la comuna de Coronel, la central termoeléctrica Bocamina I ha sido considerada como una de las principales fuentes emisoras de contaminantes (Chile Sustentable, 2004), además de haber sobrepasado su tiempo de vida útil, siendo este de un máximo de 40 años, hallándose obsoleta y con altos factores de riesgo, debiendo ser cerrada en forma inmediata9 (Chile Sustentable, 2017). La central termoeléctrica Bocamina II, a su vez, ha generado una serie de procesos de erradicación y relocalización de poblaciones enteras10. En este escenario, podemos reconocer diferentes niveles de vulnerabilidad frente a las amenazas del entorno, agrupados en la categoría de “vulnerabilidad global” (Wilches-Chaux, 1988). En específico: “vulnerabilidad física o localizacional”, referente a la localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo físico; “vulnerabilidad ecológica”, referente a la dominación y destrucción de la naturaleza y el medioambiente por parte del modelo de desarrollo económico; y “vulnerabilidad institucional”, referente a la ineficiencia del Estado de Chile en torno al cierre oportuno de las centrales termoeléctricas a carbón11, para proteger la salud y la vida de sus ciudadanos y garantizar el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, como se establece en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de Chile. Al respecto, se adjuntan diferentes infografías sobre las “Zona de Sacrificio” en Chile.
Finalmente, cabe señalar que existen 28 centrales termoeléctricas a carbón activas en Chile, cuyos impactos se concentran en las “Zonas de Sacrificio”. Frente a ello, el 04 de junio de 2019, el gobierno de Chile anunció un Plan de Descarbonización de la matriz eléctrica del país, mediante el cierre o recambio de energía de las termoeléctricas a carbón, antes del año 2040. Para ello, se contempla el cierre de las ocho centrales más antiguas del país, entre 2019 y 2024 (incluyendo Bocamina I); y las restantes, antes de 2040 (incluyendo Bocamina II y Santa María) (La Tercera, 04/06/2019; Sabes, 04/06/2019; Biobío Chile, 05/06/2019). Ahora bien, lo extensivo del proceso da cuenta del período de afectación que, aparentemente sin plan de contingencia, significa que, hasta que no se concrete el desmantelamiento de las centrales termoeléctricas, continuará un proceso de construcción social del riesgo en las distintas “Zonas de Sacrificio”.
2.El evento del desastre: desasbestización de la central termoeléctrica Bocamina I.
En 1970, el sistema de caldera y turbina de Bocamina I, fue construido con asbesto (ENDESA, 2014a). Desde entonces, los trabajadores y vecinos de la planta, estuvieron expuestos a inhalar este mineral tóxico, donde podemos reconocer dos niveles de vulnerabilidad, agrupados en la categoría de “vulnerabilidad global” (Wilches-Chaux, 1988). En específico: “vulnerabilidad física o localizacional”, referente a la instalación de Bocamina I al interior de la zona urbana; y “vulnerabilidad técnica”, referente al uso de asbesto en las técnicas de construcción de la planta, considerando sus efectos nocivos para la salud. En la década de 1980, el asbesto también fue utilizado para realizar programas de modernización y ampliación de la red de agua potable en gran parte del territorio nacional (Muñoz y San Juan, 2013). Al respecto, según un documento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS, 23/06/2011), existen altísimos porcentajes de asbesto que aún están contenidos en las redes de cañerías y tuberías de las principales empresas de distribución de agua potable en Chile -incluyendo la comuna de Coronel-, generando diferentes fuentes de exposición, tales como el consumo de agua contaminada o la inhalación de partículas de asbesto esparcido en el aire, producto de su dispersión o diseminación provocada tanto el desgaste o rompimiento de las cañerías como por eventuales actividades sísmicas (ver Anexo 3).
El 13 de enero de 2001, mediante la publicación del Decreto Supremo N° 656 del Ministerio de Salud (12/09/2000), se prohibió definitivamente el asbesto en Chile, entrando en vigencia el 12 de julio del mismo año. A partir de entonces, Chile se convirtió en el primer país de América Latina12 en prohibir la producción, importación, distribución, venta y uso de materiales de construcción que contengan asbesto en cualquiera de sus formas o variedades. Sin embargo, dicha prohibición no exige su eliminación en los materiales o estructuras ya instaladas que lo contienen; mientras que, la autoridad sanitaria (SEREMI de Salud Regional), aún puede autorizar su uso en la fabricación de ciertos productos que no sean materiales de construcción, siempre y cuando se acredite que no puede ser reemplazado por otro material. De esta manera, la prohibición del asbesto en Chile, no cuenta con la implementación de una política pública respecto del control y erradicación del asbesto, por lo que no existen campañas oficiales de información a la población acerca del riesgo y peligro de su exposición ni tampoco un protocolo de control y manipulación del mismo, por ende, tampoco un catastro de las fuentes de exposición al mismo. Aquí subyacen, por tanto, dos nuevos niveles de vulnerabilidad, agrupados en la categoría de “vulnerabilidad global” (Wilches-Chaux, 1988). En específico: “vulnerabilidad educativa”, referente a la falta de programas de educación por parte el Estado de Chile, que instruyan y preparen a la población sobre cómo actuar o proceder ante posibles amenazas o desastres; y “vulnerabilidad institucional”, referente a la preocupante ineficiencia del Estado de Chile en torno a la remoción y erradicación del asbesto de las construcciones del país. Un ejemplo de ello, como se verá a continuación, lo constituye precisamente el caso de la central termoeléctrica Bocamina I, ya que si bien fue construida con asbesto en 1970, no se dio la orden de remover este material de sus instalaciones hasta septiembre de 2014, por lo que transcurrieron más de 40 años desde su instalación.
Los trabajadores entrevistados en esta investigación, manifestaron que nunca se les informó acerca de la presencia de asbesto al interior de Bocamina I, además de una supuesta diseminación del mismo durante el terremoto del 27 de febrero de 2010 (27F)13, lo que podría tener graves consecuencias a futuro. Sin embargo, las cifras sobre trámites registrados para la remoción de asbesto en Chile, son ínfimas en comparación a las viviendas construidas con este material; mientras que, en varias regiones del país, dichos registros comienzan después de 2010, lo que significa que tampoco hubo atención respecto de la presencia de materiales y residuos con asbesto en los procesos de limpieza y reconstrucción posteriores al terremoto del 27F (Machtig, 2017).
El 25 de octubre de 2013, el Sindicato Regional de Trabajadores de ENDESA, presentó una denuncia por la presencia de asbesto al interior de Bocamina I, donde un grupo de fiscalizadores de la SEREMI de Salud de la Región del Biobío, encontró materiales con asbesto friable (en mal estado de conservación) y no friable (en buen estado de conservación), implementando un plan de Vigilancia Médica a los trabajadores. El 13 de noviembre del mismo año, una segunda fiscalización de la SEREMI de Salud de la Región del Biobío, le exigió a la empresa implementar el retiro de asbesto de Bocamina I y acreditar un Programa de Vigilancia Epidemiológica de los Trabajadores (PVET). Al respecto, según un documento de ENDESA (2014b), antes de iniciarse las actividades de remoción de asbesto de Bocamina I, se examinaron 255 trabajadores en total, donde 32 presentó placas pleurales, entre quienes se encontraban 11 trabajadores activos y 10 ex operarios de la planta. En este sentido, es importante señalar que, el enfoque actual sobre las enfermedades relacionadas con el asbesto, se reduce a la manipulación de Materiales que Contienen Asbesto (MCA) en lugares de trabajo, lo que no incluye familiares de trabajadores u otras personas que hayan estado expuestas a inhalar asbesto en otros espacios que pudieran estar contaminados, como advierte Machtig:
En 1970, el sistema de caldera y turbina de Bocamina I, fue construido con asbesto (ENDESA, 2014a). Desde entonces, los trabajadores y vecinos de la planta, estuvieron expuestos a inhalar este mineral tóxico, donde podemos reconocer dos niveles de vulnerabilidad, agrupados en la categoría de “vulnerabilidad global” (Wilches-Chaux, 1988). En específico: “vulnerabilidad física o localizacional”, referente a la instalación de Bocamina I al interior de la zona urbana; y “vulnerabilidad técnica”, referente al uso de asbesto en las técnicas de construcción de la planta, considerando sus efectos nocivos para la salud. En la década de 1980, el asbesto también fue utilizado para realizar programas de modernización y ampliación de la red de agua potable en gran parte del territorio nacional (Muñoz y San Juan, 2013). Al respecto, según un documento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS, 23/06/2011), existen altísimos porcentajes de asbesto que aún están contenidos en las redes de cañerías y tuberías de las principales empresas de distribución de agua potable en Chile -incluyendo la comuna de Coronel-, generando diferentes fuentes de exposición, tales como el consumo de agua contaminada o la inhalación de partículas de asbesto esparcido en el aire, producto de su dispersión o diseminación provocada tanto el desgaste o rompimiento de las cañerías como por eventuales actividades sísmicas (ver Anexo 3).
El 13 de enero de 2001, mediante la publicación del Decreto Supremo N° 656 del Ministerio de Salud (12/09/2000), se prohibió definitivamente el asbesto en Chile, entrando en vigencia el 12 de julio del mismo año. A partir de entonces, Chile se convirtió en el primer país de América Latina14 en prohibir la producción, importación, distribución, venta y uso de materiales de construcción que contengan asbesto en cualquiera de sus formas o variedades. Sin embargo, dicha prohibición no exige su eliminación en los materiales o estructuras ya instaladas que lo contienen; mientras que, la autoridad sanitaria (SEREMI de Salud Regional), aún puede autorizar su uso en la fabricación de ciertos productos que no sean materiales de construcción, siempre y cuando se acredite que no puede ser reemplazado por otro material. De esta manera, la prohibición del asbesto en Chile, no cuenta con la implementación de una política pública respecto del control y erradicación del asbesto, por lo que no existen campañas oficiales de información a la población acerca del riesgo y peligro de su exposición ni tampoco un protocolo de control y manipulación del mismo, por ende, tampoco un catastro de las fuentes de exposición al mismo. Aquí subyacen, por tanto, dos nuevos niveles de vulnerabilidad, agrupados en la categoría de “vulnerabilidad global” (Wilches-Chaux, 1988). En específico: “vulnerabilidad educativa”, referente a la falta de programas de educación por parte el Estado de Chile, que instruyan y preparen a la población sobre cómo actuar o proceder ante posibles amenazas o desastres; y “vulnerabilidad institucional”, referente a la preocupante ineficiencia del Estado de Chile en torno a la remoción y erradicación del asbesto de las construcciones del país. Un ejemplo de ello, como se verá a continuación, lo constituye precisamente el caso de la central termoeléctrica Bocamina I, ya que si bien fue construida con asbesto en 1970, no se dio la orden de remover este material de sus instalaciones hasta septiembre de 2014, por lo que transcurrieron más de 40 años desde su instalación.
Los trabajadores entrevistados en esta investigación, manifestaron que nunca se les informó acerca de la presencia de asbesto al interior de Bocamina I, además de una supuesta diseminación del mismo durante el terremoto del 27 de febrero de 2010 (27F)15, lo que podría tener graves consecuencias a futuro. Sin embargo, las cifras sobre trámites registrados para la remoción de asbesto en Chile, son ínfimas en comparación a las viviendas construidas con este material; mientras que, en varias regiones del país, dichos registros comienzan después de 2010, lo que significa que tampoco hubo atención respecto de la presencia de materiales y residuos con asbesto en los procesos de limpieza y reconstrucción posteriores al terremoto del 27F (Machtig, 2017).
El 25 de octubre de 2013, el Sindicato Regional de Trabajadores de ENDESA, presentó una denuncia por la presencia de asbesto al interior de Bocamina I, donde un grupo de fiscalizadores de la SEREMI de Salud de la Región del Biobío, encontró materiales con asbesto friable (en mal estado de conservación) y no friable (en buen estado de conservación), implementando un plan de Vigilancia Médica a los trabajadores. El 13 de noviembre del mismo año, una segunda fiscalización de la SEREMI de Salud de la Región del Biobío, le exigió a la empresa implementar el retiro de asbesto de Bocamina I y acreditar un Programa de Vigilancia Epidemiológica de los Trabajadores (PVET). Al respecto, según un documento de ENDESA (2014b), antes de iniciarse las actividades de remoción de asbesto de Bocamina I, se examinaron 255 trabajadores en total, donde 32 presentó placas pleurales, entre quienes se encontraban 11 trabajadores activos y 10 ex operarios de la planta. En este sentido, es importante señalar que, el enfoque actual sobre las enfermedades relacionadas con el asbesto, se reduce a la manipulación de Materiales que Contienen Asbesto (MCA) en lugares de trabajo, lo que no incluye familiares de trabajadores u otras personas que hayan estado expuestas a inhalar asbesto en otros espacios que pudieran estar contaminados, como advierte Machtig:
“ENT#091;…ENT#093; los programas de salud que buscan prevenir, detectar o subsanar los daños provocados por el asbesto sólo están dirigidos a trabajadores que hayan demostrado (a través del registro en planes de vigilancia médica) que alguna vez manipularon MCA. Por lo tanto, esto no incluye a familiares, trabajadores informales o personas que hayan habitado espacios en contacto con asbesto” (2017: 16).
El 6 de agosto de 2014, la SEREMI de Salud de la Región del Biobío, recibió el proyecto “Remoción de asbesto en Central Bocamina”, adjudicado por la empresa contratista de ENDESA: Akeron-Caf Servicios Industriales Limitada. Al respecto, según un documento de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO, 12/04/2016), las operaciones de retiro de material con asbesto en estado friable, se ejecutaron entre septiembre y noviembre de 2014; mientras que, el retiro de material con asbesto en estado no friable, se extendió hasta abril de 2015. Sin embargo, la cantidad de asbesto que se retiró de Bocamina I, no ha podido ser precisada en esta investigación, ya que, el gerente general de la empresa, declaró a la radioemisora de noticias Biobío Chile (13/02/2017) que se removieron 200 toneladas de asbesto en estado friable y 126 toneladas en estado no friable; mientras que, los trabajadores entrevistados en esta investigación, señalan el retiro de más de 1.200 toneladas de asbesto.
El procedimiento de las operaciones de desasbestización, consistía en la demarcación de zonas restringidas y confinadas dentro de recintos estancos o burbujas de contención, a las que se les debían realizar constantes pruebas de humo, además de contar con una serie de medidas de control y prevención de riesgos (ENDESA, 2014a). Sin embargo, las negligencias cometidas tanto por la empresa licitada como también en la prevención de riesgos realizada por la Mutual de Seguridad16, generaron graves faltas e incumplimientos de protocolos y medidas de seguridad que pusieron en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, lo que fue determinado por la SEREMI de Salud de la Región del Biobío (25/09/2015, 03/11/2016). En específico, a partir de los relatos de los trabajadores entrevistados y según los antecedentes recopilados, podemos considerar los siguientes puntos de afectación reconocidos:
1. Incentivo de intensificación de la jornada laboral, referente al pago de bonos y horas extras para aumentar la jornada laboral en turnos de más de 12 horas diarias, incluyendo domingos y festivos. 2. Incumplimientos legales de contrato de trabajo, referente a trabajadores que recibieron la orden de remover asbesto, a pesar de que no habían sido contratados para ello. 3. Riesgo de afectación de la seguridad laboral, referente a la falta de elementos de protección personal (EPP) entre algunos trabajadores y la realización de actividades de desasbestización sin burbujas de contención, lo que podría haber causado dispersión o diseminación de partículas de asbesto en el aire. Asimismo, negligencias relacionadas con graves accidentes ocurridos durante las operaciones de desasbestización y el traslado de ropa de trabajo contaminada de los trabajadores hacia sus hogares.
Entre el 26 de enero y el 30 de abril de 2015, tras una denuncia interpuesta por trabajadores de Bocamina I, la SEREMI de Salud de la Región del Biobío, realizó sumarios sanitarios tanto a la Mutual de Seguridad (25/09/2015) como a las empresas responsables de la desasbestización de la planta (03/11/2016), donde se resolvió absolver a ENDESA, amonestar a Akeron-Caf y multar a la Mutual de Seguridad con el pago de 200 UTM17, tras comprobar una serie de incumplimientos de normas de accidentes y enfermedades profesionales. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2015, la SEREMI de Salud de la Región del Biobío (25/09/2015), acogiendo una demanda interpuesta por trabajadores de Bocamina I, resolvió multar a ENDESA y Akeron-Caf con el pago de 500 UTM cada una; mientras que, la Mutual de Seguridad, fue multada con el pago de 1000 UTM, tras comprobar nuevos incumplimientos que no habían sido reconocidos en el sumario anterior (Biobío Chile, 28/09/2015). Finalmente, en noviembre de 2016, tras un recurso de reposición interpuesto por la dirigencia de los TUCA, bajo el argumento de que el primer sumario sanitario se había realizado en base a información falsa e incompleta, la SEREMI de Salud de la Región del Biobío (03/11/2016), realizó un nuevo sumario sanitario al interior de Bocamina I, donde se resolvió multar a ENDESA y Akeron-Caf con el pago de 350 y 800 UTM respectivamente, luego de comprobar que la negligencia y la falta de controles durante las operaciones de remoción de asbesto de Bocamina I, pusieron en riesgo la salud y la vida de los trabajadores que estuvieron expuestos a inhalar este mineral tóxico.
3. La percepción social del riesgo en torno al asbesto como agente contaminante: enfermedad, muerte y genocidio.
Los trabajadores entrevistados en esta investigación, manifestaron que, durante las actividades de desasbestización de Bocamina I, comenzaron a presentar diferentes afecciones respiratorias, como expresa el siguiente relato:
“Tosíamos mucho, nosotros pensábamos que era por un resfrío ENT#091;…ENT#093; a los dos o tres meses, empezamos como a toser y a sentirnos como que andábamos ahogados, pero nosotros no le dimos mayor importancia, pensábamos que eran problemas de cambios de temperatura” (fragmento de entrevista: dirigente TUCA).
Mientras tanto, cerca de 2 mil trabajadores de empresas contratistas de ENDESA, apoyados por el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial (SINAMI), iniciaron un paro de actividades para exigir el pago de un “bono mandante”, que en el norte del país entregan las empresas a los obreros del montaje industrial, lo que obligó la paralización de Bocamina I y Bocamina II durante 23 días (entre el 23 de diciembre de 2014 y el 14 de enero de 2015) (TVU, 08/01/2015, 09/01/2015). Finalmente, se llegó a un acuerdo con la empresa por el pago de 750 mil pesos para cada trabajador, poniéndose fin al paro (Biobío Chile, 16/01/2015). Esta primera movilización, si bien involucró a muchas empresas que no tenían directa relación con la remoción de asbesto, sirvió como instancia de encuentro y socialización entre los trabajadores de Bocamina I, quienes tuvieron ocasión para reunirse y poder hablar acerca de sus preocupaciones y afecciones de salud. A partir de entonces, comenzaron a organizarse y estudiar en Internet sobre las distintas enfermedades asociadas al asbesto, como expresa el siguiente relato:
“Me llama un compañero y me dice: ‘vamos a hacer una marcha afuera de ENDESA, por el bono mandante’ ENT#091;...ENT#093; ahí yo empecé a conversar con algunos ENT#091;…ENT#093; Nos conseguimos una sede e hicimos la primera reunión, con cinco ENT#091;…ENT#093; No se hablaba ahí de indemnizaciones, no se hablaba nada de eso, se hablaba del daño que nosotros estábamos teniendo, porque la gente tosía y tosía ENT#091;…ENT#093; Lógicamente, todavía con harta ignorancia acerca del asbesto” (fragmento de entrevista: dirigente TUCA).
En este contexto, los trabajadores se comunicaron con el vocero del movimiento Unidos Contra el Asbesto (UCA)18, Adrián Prieto Farías, quien viajó hasta Coronel para reunirse con ellos y hacerles entrega del libro “Fibras grises de muerte: el silencio del mayor genocidio industrial en Chile” (Muñoz y San Juan, 2013), donde se dan a conocer diferentes historias sobre las víctimas del asbesto de Pizarreño S.A. en Chile. De esta forma, los trabajadores comprendieron que, los riesgos asociados al asbesto, no corresponden al presente, sino que pueden transcurrir décadas entre la exposición e inhalación del mineral y el desarrollo de enfermedades (Vogel, 2009; Echegoyen y Rivera, 2013; Vicente, 2014).
No obstante lo anterior, el 20 de mayo de 2015, se produjo la repentina muerte de uno de los trabajadores contratistas que participó de la desasbestización de Bocamina I: Gonzalo Alexis Bulnes Neira, de 31 años de edad, cuya enfermedad con resultado de muerte habrían sido provocadas por un grave accidente ocurrido durante las operaciones de desasbestización, como expresa el siguiente relato:
“Los trabajadores míos, entre doce y quince, estaban dentro de una burbuja, en el segundo piso y, del cuarto piso, se les cayeron bolsas llenas con asbesto y cayeron encima de los compañeros, se reventaron enteras ENT#091;...ENT#093; De hecho, uno de ellos, que es de los que estaban en ese momento en esa burbuja, fue la persona que murió” (fragmento de entrevista: dirigente TUCA).
Al respecto, el padre del trabajador fallecido, expresó lo siguiente a la radioemisora de noticias Biobío Chile:
“Mi hijo participó del retiro de asbesto prestando servicios a la contratista Akeron CAF. Para poder trabajar ahí le hicieron un examen preocupacional en la Mutual de Seguridad que arrojó que estaba sano. Después de que lo finiquitaron lo enviaron a la Mutual nuevamente, donde lo encontraron sano. Esto ocurrió en marzo de 2015. Sin embargo, a las semanas comenzó a presentar una tos muy fuerte, dolor de pecho, espalda y fatiga ENT#091;…ENT#093; Entonces, tuvimos que llevarlo a urgencia, donde sólo le detectaron un resfriado simple y lo mandaron para la casa. Al día siguiente tuve que volver a llevarlo a urgencia, le hicieron un escáner y ahí lo mandaron al hospital de Concepción. Los doctores dijeron que era neumonía, pero nunca lo ligaron al asbesto, pese a que les informamos sobre la exposición, y está claro que él se enfermó tras haber tenido contacto con este mineral tóxico” (Biobío Chile, 13/02/2017).
Actualmente, frente a Plaza de Armas Almirante Latorre de Coronel, se encuentra un mural pintado por la organización TUCA, donde está inscrito el nombre del trabajador fallecido en una lápida19.
Desde luego, la rapidez con la que se desarrolló la enfermedad y muerte del trabajador, causó gran preocupación entre el resto de sus compañeros. Además, los trabajadores entrevistados en esta investigación, manifestaron padecer similares afecciones de salud en el presente, como expresan los siguientes relatos:
“Yo antes era deportista, jugaba a la pelota todos los fines de semana ENT#091;…ENT#093; ahora ya no puedo jugar ENT#091;...ENT#093; Me veo restringido en el tema de la respiración” (fragmento de entrevista: dirigente TUCA).
“Me empecé a ahogar en las noches, al momento de jugar a la pelota ENT#091;…ENT#093; el mismo rendimiento no lo tenía, me cansaba, me agitaba, los dolores de espalda, fueron anomalidades que empecé a sentir en el cuerpo” (fragmento de entrevista: integrante TUCA).
“Cuando tú le preguntas a la gente, ‘¿cuál es el dolor que más siente usted?’ Es la fatiga, el cansancio y el dolor de espalda. Eso nos quedó, a todos” (fragmento de entrevista: dirigente TUCA).
Como consecuencia de lo anterior, es posible identificar que se ha generado daño psicológico entre los trabajadores, basado principalmente en la preocupación, trastornos del estado de ánimo, miedo e incertidumbre respecto de su salud y la de sus familias a futuro, revelando determinadas formas de “sufrimiento ambiental” (Auyero y Swistun, 2007, 2008), como expresan los siguientes relatos:
“Me ha mermado igual mi ánimo, el ánimo se te cae de un cien por ciento a un cincuenta por ciento o más, ya no es lo mismo ENT#091;…ENT#093; yo estoy totalmente en riesgo, porque mi vida está corriendo peligro, , sobre todo en este momento, que todavía no tenemos prestaciones de servicios en términos de salud ENT#091;…ENT#093; te quedas dormido y no sabes si mañana vas a despertar ENT#091;…ENT#093; y si te pasa algo a ti, ¿quién le va a dar de comer a tus hijos?” (fragmento de entrevista: dirigente TUCA). “ENT#091;...ENT#093; mi familia está en las mismas condiciones que yo, porque yo traje esa polución hacia acá, en toda mi ropa de trabajo ENT#091;...ENT#093; Eso es lo que a mí me tiene mal, que sé que por el hecho de haber estado ahí, no solamente me contaminé yo, contaminé a toda mi familia” (fragmento de entrevista: integrante TUCA). “Estamos viviendo prácticamente con miedo, debajo de una rama, debajo de la mano de un gigante que, en cualquier momento, nos puede aplastar, entonces no hay seguridad en nosotros, estamos con miedo, no sabemos qué hacer ENT#091;…ENT#093; todos estamos en lo mismo, estamos afectados psicológicamente” (fragmento de entrevista: integrante TUCA).
En este contexto, bajo el supuesto de que la toma de conciencia en torno al riesgo constituye el primer paso en el empoderamiento de una población o grupo humano, a la vez que convierte un problema ambiental en lucha social y política, estableciendo una diferencia entre la resignación y la acción (Lavell, 1996); a principios de 2015, se formó la organización Trabajadores Unidos Contra el Asbesto (TUCA), integrada por cerca de 280 trabajadores y ex trabajadores de Bocamina I, representados por una iconografía particular con el nombre de la agrupación escrito por extenso en una sigla de color azul sobre un fondo transparente de pulmones en color verde20:
La organización TUCA, se formó con el propósito de dar a conocer un problema socioambiental relacionado con la presencia de asbesto en la comuna de Coronel, junto con indagar acerca del daño físico y moral que denuncian los trabajadores, para conseguir una indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual en contra de las empresas responsables, antes de que los delitos prescriban en el tiempo. Esto, tomando en consideración los periodos de prescripción de los delitos establecidos en el Código Penal de la República de Chile, donde se establecen dos formas de extinción de la responsabilidad penal: (1) la acción penal y (2) la pena. En ambos casos, los períodos de prescripción son los siguientes: los delitos de presidio, reclusión y relegación perpetuos, en 15 años; los demás crímenes, en 10 años; los delitos simples, en 5 años; y las faltas, en 6 meses. Como se observa, la prescripción de los delitos, vence antes del tiempo que tardan en desarrollarse las enfermedades relacionadas con el asbesto, entre ellas: cáncer de pulmón (10-15 años); placas pleurales (15-20 años); asbestosis y mesotelioma maligno (20-40 años) (Vogel, 2009; Echegoyen y Rivera, 2013; Vicente, 2014). Aquí subyace, por tanto, la importancia de conseguir una indemnización, como una forma de establecer responsabilidades y hacer justicia por el potencial daño causado a la salud de los trabajadores y sus familias, como expresan los siguientes relatos:
“Jurídicamente hablando, hay un gran detalle, que la prescripción de todo delito termina a los cinco años ENT#091;...ENT#093; Entonces, ¿cómo me enfrento a una situación donde yo sé que inhalé asbesto y también me conozco la historia de Pizarreño, y sé que en quince años más voy a estar afectado? ¿Quién se hace cargo de eso? Porque, en quince años más, no va a haber culpables. Entonces, ¿quién se hace cargo de esa maldad, de ese delito?” (fragmento de entrevista: dirigente TUCA).
“Que el Gobierno se haga responsable e indemnice, porque aquí hay muchas familias que van a quedar, por ejemplo, sin el sustento necesario. Hay un padre de familia, donde tiene que sustentar a siete, a diez personas, esa persona va a morir, ¿quién va a sustentar a esa familia? ¿Va a quedar a la deriva? ¡No puede ser! El Estado tiene que pagar ese daño, ¡está matando al proveedor de la familia!” (fragmento de entrevista: integrante TUCA).
Ahora bien, los problemas de salud que los trabajadores denuncian padecer en el presente, tendrían relación con el hallazgo de 18 metales pesados en diversas muestras de asbesto que fueron tomadas por los TUCA al interior de Bocamina I, siendo analizadas en el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) (Biobío Chile, 21/12/2016). Asimismo, cabe destacar el hallazgo de altísimas concentraciones de metales pesados en 13 muestras de suelo que fueron tomadas por los TUCA en diferentes sectores de Coronel, incluyendo entretechos de Escuelas Básicas y viviendas cercanas a las centrales termoeléctricas, siendo analizadas en el laboratorio de Química Ambiental del CENMA (Biobío Chile, 15/05/2017) (en orden alfabético): arsénico, cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, níquel, plomo, vanadio y zinc (Tchernitchin, 2017). En este sentido, tomando en cuentas las enfermedades y problemas de salud que puede provocar la presencia de metales pesados en el aire, agua y/o alimentos (Londoño, Londoño y Muñoz, 2016), los trabajadores comenzaran a asociar el asbesto con otras posibles enfermedades en el corto plazo, como expresan los siguientes relatos:
“Aquí aparecieron metales pesados, pero los metales pesados también tienen cierta afección que necesitamos que los especialistas empiecen a diagnosticaros ENT#091;…ENT#093; la cosa tiene un ribete serio cuando usted trata de relacionar las enfermedades clínicas con el efecto del asbesto y los metales pesados” (fragmento de entrevista: dirigente TUCA). “Aparte de ser asbesto, juntó una cantidad de metales pesados que, en estricto rigor, fue lo que más nos hizo daño a nosotros ahora ENT#091;…ENT#093; resulta que habemos personas que estamos y nos sentimos mal al medio año, dos meses, tres meses y no sabíamos por qué” (fragmento de entrevista: dirigente TUCA).
De esta manera, como resultado de la aceptación y reconocimiento del riesgo, se produjo una alteración, transformación y resignificación en los modelos de clasificación de los trabajadores, donde el asbesto pasó de ser algo desconocido para ellos a convertirse en un símbolo de dolor, enfermedad y muerte, lo que da cuenta de un reordenamiento cultural y experiencial del riesgo, como expresa el siguiente relato:
“¡Es muerte segura! ENT#091;...ENT#093; el asbesto, es el veneno más fatal que hay ENT#091;…ENT#093; yo creo que esto es una matanza total que apareció, es un monstruo, un gigante, es una sombra, una llama que nos está quemando y nos está consumiendo poco a poco” (fragmento de entrevista: integrante TUCA).
En esta misma línea, en base a videos y otros registros presentados por la dirigencia de los TUCA, el riesgo de desastre comenzó a ser percibido por los trabajadores como un caso de genocidio, quienes presumen que más de 30 toneladas de asbesto se esparcieron en el aire de Coronel, resignificando la categoría de “Zona de Sacrificio” como una forma de explicar una situación de abandono por parte del Estado de Chile, como expresa el siguiente relato:
“Que Coronel entienda de que, en realidad, esto es un genocidio ENT#091;...ENT#093; aquí van a haber muchas personas que van a morir, y estamos hablando de padres, hijos, nietos, esposas ENT#091;…ENT#093; para mí, este es un tema político que, más encima, trasciende, porque no les interesa exterminar a todo un pueblo, por eso es que nosotros somos una zona que está en pleno sacrificio ENT#091;...ENT#093; somos una ciudad que fue condenada a morir” (fragmento de entrevista: integrante TUCA).
En síntesis, en base a una recopilación de testimonios de personas residentes en las distintas “Zonas de Sacrificio” en Chile, Chile Sustentable concluye que:
“Vivir en una “Zona de Sacrificio” es un estigma que se lleva en el cuerpo y en la memoria” (2020: 4).
En definitiva, los impactos de los desastres tecnológicos, pueden provocar un daño ecológico capaz de perdurar por años e incluso décadas -como ocurre precisamente con las enfermedades asociadas al asbesto-, por lo tanto, presentan un riesgo a la salud humana difícil de cuantificar y mitigar; mientras que, al ser provocados por negligencia humana, suelen generar desconfianza entre los afectados y los actores empresariales y políticos, quienes pueden ser percibidos como imparciales, incompetentes e incluso corruptos21 (Latta, 2011). Ante ello, cabe reconocer que:
“ENT#091;…ENT#093; mientras los riesgos no sean reconocidos científicamente éstos no existen -en cualquier caso no jurídica, tecnológica y socialmente ENT#091;…ENT#093; ENT#091;No obstanteENT#093; Su invisibilidad no es una prueba de su no existencia, sino que (como su realidad se mueve en las esferas de lo invisible) da un espacio casi ilimitado a su actividad conjeturada” (Beck, 1998: 80 y 82) (corchetes propios).
Con todo, es posible observar de qué manera el conocimiento científico y la opinión de expertos, cumplen un rol fundamental en el proceso de construcción de significados en torno a los riesgos, aportando a su comprensión y visualización, por lo que la percepción social de los mismos, siempre está mediada argumentativamente (Beck, 1998; Iturralde, 2015). De igual modo, la experiencia concreta de determinados colectivos sociales, revelan la percepción del riesgo como el resultado de un proceso de construcción cultural basado en el aprendizaje, la socialización e interacción social, a partir de referentes culturales e ideológicos específicos que ordenan u orientan la forma de percibir los riesgos (Douglas, 1996; García, 2005; Iturralde, 2015). Por lo tanto, desde esta perspectiva:
“ENT#091;…ENT#093; al ser el riesgo un producto conjunto de conocimiento y aceptación, depende de la percepción que de él se tenga. La percepción del riesgo es entonces un proceso social y en sí misma una construcción cultural ENT#091;…ENT#093; En el ánimo de continuar tratando de allanar ese camino y de deconstruir las confusiones, debemos tener clara la siguiente distinción: la percepción del riesgo es en sí una construcción social, culturalmente determinada, que no es lo mismo que construir socialmente riesgos. No son los riesgos los que se construyen culturalmente, sino su percepción” (García, 2005: 15-16 y 23).
Finalmente, para comprender los significados y categorías particulares en torno al asbesto y el evento del desastre, es preciso analizar no solamente los relatos de los trabajadores entrevistados, sino también sus acciones realizadas para enfrentar el riesgo, enmarcadas en la trayectoria de la organización TUCA. Esto, considerando que:
“ENT#091;…ENT#093; el tema de los riesgos y de la percepción no puede ser analizado separadamente de las prácticas cotidianas (directa o indirectamente) en el proceso de industrialización. Tratándose de políticas públicas y de empresas, la pregunta es: ¿Cuáles son los proyectos desarrollados y los resultados de la gestión? Tratándose del análisis social: ¿Cuál es la participación de la comunidad, sea con políticas o con movimientos de protesta?” (Aguiar, Fagundes y Sganderla, 2014: 134).
A continuación, se presenta una cronología de las principales acciones realizadas por la organización TUCA, las que dan cuenta de una intervención en el espacio público junto con un proceso de reflexión y aprendizaje en torno a los riesgos asociados al asbesto:
1. El uso del espacio público como forma de protesta y concientización acerca de los riesgos asociados al asbesto y las centrales termoeléctricas de la empresa ENDESA (actual Enel Generación Chile) (Anexo 10). 2. La emisión de un programa de televisión local transmitido por canal TV+, titulado: “Trabajadores Unidos Contra el Asbesto (T.U.C.A.)” (Anexo 11). 3. La participación en diferentes jornadas de protesta ciudadana (Anexo 12). 4. La realización de 5 Seminarios Medioambientales en la comuna de Coronel22. 5. La toma de muestras de asbesto al interior de Bocamina I, donde se identificaron 18 metales pesados (Biobío Chile, 21/12/2016). 6. La toma de 13 muestras de suelo en la comuna de Coronel, donde se identificaron concentraciones de metales pesados (Tchernitchin, 2017). 7. La exposición de la dirigencia de los TUCA en una Sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados (19/11/2018), donde se solicitó la formación de una mesa de trabajo en terreno23.
Actualmente, los TUCA se encuentran en un proceso judicial, luego que, el 18 de agosto de 2018, un total de 252 trabajadores ingresaron una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual en contra de las empresas Enel Generación Chile (ex ENDESA) y Akeron-Caf Servicios Industriales Limitada, por el potencial daño causado a la salud física y psicológica de los trabajadores y sus familias, con lo que buscan lograr una indemnización de 30 millones de pesos para cada uno de los trabajadores demandantes (aproximadamente 7.500 millones de pesos en total) (Biobío Chile, 21/12/2018). Al respecto, la dirigencia de los TUCA, expresó lo siguiente a la radioemisora de noticias Biobío Chile:
“Aproximadamente, 7.500 millones de pesos, que es la nada misma en comparación al daño causado a la salud, a la vida, a la parte psicológica del ser humano, de la familia… horrible lo que hizo Enel, en este caso ENDESA, pero lo adopta Enel” (Biobío Chile, 21/12/2018).
Conclusión
En primer lugar, el análisis de la vulnerabilidad, nos ha permitido observar cómo el funcionamiento de la central termoeléctrica Bocamina I en la zona urbana de la comuna de Coronel, ha generado diferentes condiciones vulnerabilidad frente a la exposición e inhalación de asbesto, metales pesados y otros agentes contaminantes altamente nocivos para la salud de los trabajadores y la población en general. Para ello, se identificaron diferentes niveles de vulnerabilidad, agrupados en la categoría de “vulnerabilidad global” (Wilches-Chaux, 1988). En específico: vulnerabilidades de tipo “física o localizacional”, “técnica”, “educativa”, “ecológica” e “institucional”, las cuales representan el resultado de un proceso histórico de construcción social del riesgo, relacionado con la producción y acumulación de condiciones de vulnerabilidad en el territorio, donde el Estado de Chile no ha respetado el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, como establece el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de Chile. Asimismo, es importante señalar que, la central termoeléctrica Bocamina I, ha sido considerada como una de las principales fuentes emisoras de contaminación en Coronel (Chile Sustentable, 2004), además de sobrepasar su tiempo de vida útil, hallándose obsoleta y con altos factores de riesgo (Chile Sustentable, 2017). De esta manera, la configuración de la comuna de Coronel como “Zona Latente” (2006), “Zona Saturada de Contaminación” (2015) y actualmente “Zona de Sacrificio” en Chile, representa una forma de expresión de la “vulnerabilidad global” (Wilches-Chaux, 1988) en un contexto específico, enfrentado a una “amenaza antrópico-tecnológica” (Lavell, 1996) que, según los impactos que tenga, podría provocar un verdadero “desastre tecnológico” (Colectivo de autores, 2009).
En segundo lugar, el análisis de la percepción del riesgo, nos ha permitido observar cómo los trabajadores entrevistados en esta investigación, han reconocido y aceptado la existencia del riesgo de enfermar o morir a causa de la exposición e inhalación de asbesto, metales pesados y otros agentes contaminantes, realizando una serie de acciones para enfrentarlo. Para ello, a partir de relatos de vida de dirigentes e integrantes de la organización TUCA, se identificaron diferentes significados y categorías particulares en torno al asbesto como símbolo de dolor, enfermedad y muerte, quienes manifiestan padecer daño físico y psicológico; y el riesgo de desastre como un posible genocidio, revelando determinadas formas de “sufrimiento ambiental” (Auyero y Swistun, 2007, 2008). En este sentido, la percepción del riesgo en torno al asbesto como agente contaminante, se presenta como resultado de un proceso de construcción cultural basado en el aprendizaje, la socialización e interacción social del grupo de trabajadores, en conjunto con la opinión de expertos y la objetivación de los riesgos a través de la evidencia científica (Douglas, 1996; García, 2005; Iturralde, 2015).
En último lugar, el riesgo de desastre que se generó durante la remoción de asbesto de Bocamina I, a partir de una “amenaza antrópico-tecnológica” (Lavell, 1996), lo podemos entender como un “evento crítico” (Das, 1995), en cuanto constituye un acontecimiento traumático para los trabajadores afectados, alterando los significados y categorías por las cuales operan, generando nuevos modos de acción (Ortega, 2008; Díaz Crovetto, 2015). Aquí subyace, por tanto, la importancia de considerar la trayectoria de la organización TUCA, cuyas acciones dan cuenta del rol activo que han desempeñado sus integrantes para enfrentar el riesgo, generando nuevas formas de resistencia y contestación particulares frente a imposiciones institucionales del riesgo presentes en el territorio (Díaz Crovetto 2015; Celis et al., 2017; Solís y Díaz Crovetto, 2020). Además, un desastre suele tener aquella capacidad reconstructiva, como plantea el modelo cultural de respuesta que propone Hoffman (1999), en que los desastres suelen evidenciar diferentes etapas en torno al proceso de reconocimiento del riesgo y sus formas de respuesta por parte de la comunidad afectada, en este caso, enmarcadas en la trayectoria de la organización TUCA.