Palabras de apertura

Este artículo nace de indagaciones realizadas durante mi doctorado en Ciencias Antropológicas en torno a cadáveres de personas asesinadas por motivos políticos en 1975, en Córdoba, Argentina. Allí, me centré en analizar el modo de construcción del “enemigo”¹ a partir del tratamiento de cadáveres materializado en la escritura de documentos estatales, interrogándome por cómo puede leerse, a través de esa escritura, la violencia en esos cuerpos y el trato a los “enemigos” muertos.

Partiendo de allí, me centraré en la descripción de los registros de los morgueros producidos ese año en la morgue judicial de Córdoba, referenciando las fórmulas empleadas en los documentos de la morgue sobre cadáveres remitidos durante el proceso represivo en la provincia. El objeto será indagar en el tratamiento producido en la morgue indagando en la escritura relativa a la muerte de personas asesinadas en un contexto de represión, investigando los indicios (^{Ginzburg, 2003}) presentes en dicho tratamiento², y mostrando cómo se tradujo en una articulación entre cuerpo, violencia y escritura³ en la configuración de un cuerpo escrito, atravesado por el lenguaje (^{Das, 2016}) y la violencia.

El recorte temporal para esta investigación consistió inicialmente en el periodo abarcado durante la última dictadura cívico-militar argentina, -24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983-. Al constatar que las prácticas represivas no iniciaron en marzo de 1976, sino que devienen de un proceso (^{Águila, Garaño y Scatizza, 2016}; ^{Pontoriero, 2016})⁴, decidí desplazarme analíticamente al año 1975 en Córdoba.

La puesta en práctica de una limpieza ideológica (^{Servetto, 2004}) por parte del gobierno provincial llegó a un punto álgido con la intervención de Lacabanne⁵ en septiembre de 1974. Dicha limpieza implicaba eliminar a los “enemigos” que “abarcaban un amplio abanico que comprendía a los jóvenes vinculados con la Tendencia Revolucionaria del peronismo y también a toda la oposición política y social” (Servetto, 2004: 144). Ya en agosto de 1975, Telleldín⁶ llegó al Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba -D2-, generando un recrudecimiento de las prácticas represivas (Moore en ^{Robles, 2010}).

Atendiendo a que esta limpieza ideológica fue conjunta a una escalada de violencia (^{Servetto, 2004}), para 1975 en Córdoba se produjeron centenares de detenciones ilegales torturas y asesinatos. Por ello, para el objeto de este artículo abordaré la documentación elaborada por la Morgue de la Provincia de Córdoba en 1975 (denominada en el Archivo Provincial de la Memoria como “Protocolos de autopsia”⁷ y “Libro matriz”⁸), donde, comprendo, es posible encontrar indicios de la violencia “escrita” en los cuerpos, considerando que luego del giro encarnado,⁹ el cuerpo constituye un entramado de discursos que definen identidad. Como plantea ^{Torras (2013}), el cuerpo es una interpretación representativa, una fijación transitoria en un mapa intertextual.

Asimismo, el presente trabajo se inscribe en los debates actuales en el campo de estudios del pasado reciente y las violencias estatales, atendiendo a los desarrollos sobre las burocracias estatales en relación al pasado reciente (^{Da Silva Catela y Jelin, 2002}; ^{Sarrabayrouse Oliveira, 2003}; ^{Mora, 2008}; ^{Muzzopappa y Villalta, 2011}, ^{Tiscornia, 2008}) y las prácticas del terrorismo de estado a escala local (^{Calveiro 2004}; ^{Garaño, 2010}; ^{Servetto, 2004}; ^{Solís, 2010}; ^{Tello, 2018}).

Con estas coordenadas, el artículo inicia con una serie de consideraciones en torno a los documentos abordados, atendiendo al trabajo de campo realizado con archivos. Luego, me centraré en el funcionamiento de la Morgue Judicial de Córdoba y en los llamados por los morgueros “cadáveres de la represión”, para analizar luego determinadas fórmulas presentes en la documentación producida por personal de la morgue en 1975, atendiendo al objetivo propuesto.

Los documentos y el Archivo

El trabajo de campo fue realizado en el Archivo Provincial de la Memoria¹⁰ (APM) durante 2016, 2017 y 2018 con documentos elaborados en 1975 por los morgueros de la Morgue Judicial de Córdoba.

Atendiendo al análisis etnográfico de y con documentos, fue nodal comprender a los mismos, archivos de la represión (^{Slatman, 2012}), como conjuntos de relaciones sociales específicas (^{Da Silva Catela y Jelin, 2002}) en cuya escritura éstas se plasmaron, al igual que el funcionamiento mismo del Estado (^{Muzzopappa y Villalta, 2011}). A tal fin, me detuve en analizar los términos utilizados en los documentos, su producción, circulación y los actores e instituciones intervinientes.

Para el análisis me centré en las series “Protocolos de autopsia” y “Libro matriz”, pertenecientes al “Fondo Morgue Judicial” sección “Hospital San Roque”, consultándolas en el APM de manera quincenal, sistematizando información pertinente a mi objeto en tablas de Excel y en el cuaderno de campo. Los “sobres de morgue” pertenecen a la serie “Protocolos de autopsia” y contienen información respecto de las muertes cuyas causas deben ser esclarecidas. El “libro de la morgue” corresponde a la serie “Libro matriz” y es donde se registran los ingresos/egresos de los cadáveres a la institución, junto a otros datos referidos al fallecido.

Estos documentos se encuentran resguardados en el APM desde marzo de 2010, cuando personal de la institución se dirigió al edificio donde funcionaba la Morgue Judicial de la Provincia de Córdoba, al ser notificados de que entre la basura existente en el lugar, se encontraban documentos que podrían estar relacionados con el accionar del terrorismo de Estado en la provincia.

Particularmente, me centré en abordar 1.203 “sobres de morgue” que se encuentran en papel en el APM correspondientes al año 1975, teniendo en cuenta que, en dicho año, cadáveres de personas asesinadas fueron trasladados por fuerzas de seguridad a la morgue del Hospital San Roque, que era a su vez la Morgue Judicial. También focalicé en los 1241 ingresos consignados para el mismo año en el “Libro de la Morgue”, el cual está a disposición del Juzgado N.°3 por ser material probatorio en juicios de lesa humanidad, encontrándose de manera digital en el APM. En estos documentos se condensan actores, procedimientos y momentos de las burocracias que habilitan el ingreso del cadáver a la morgue, la ejecución de su autopsia y su posterior entrega una vez identificada la “causa de muerte”.

Aunque el campo inició en 2016, mi acceso al APM fue en 2012 a partir de la realización de prácticas socio-comunitarias ofrecidas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí tomé contacto por primera vez con los “sobres de morgue”. Adentro de ellos, en algunos casos, había un collar, un anillo, algo de uso personal, apegado a la piel. A veces también, se podía encontrar una bala. ¿De qué habla una bala adentro del sobre? Ese cruce entre papel y objeto, entre el papel y la persona, me inquietaba.

En el año 2016 retomé el contacto con dichos documentos, como también con el “libro de la morgue”, a partir de cumplimentar con las condiciones de acceso a la documentación del APM, las cuales se encuentran estipuladas en el Reglamento de Accesibilidad que protege el derecho a la intimidad e integridad de las personas y mediante el cual se establecen las condiciones para su consulta. A partir de lo que implicó acceder a la información y utilizarla-firmas de formularios, conversaciones con la institución-, la pregunta por a quiénes pertenecen los documentos -pensando inclusive en el resguardo del APM sobre estos archivos- qué usos puede hacerse de ellos y quiénes pueden autorizar o no la circulación de esa información, se fueron replicando a lo largo de la investigación. En este sentido, ^{Castillejo Cuellar (2016}) plantea que el archivo, antes que un lugar, es un proceso, en si mismo un objeto de investigación, “en la medida que su estudio se puede enfocar en las condiciones de producción de ese lugar, de ese origen, principio administrativo del Estado”¹¹ (123-124), atendiendo a que “el archivo es por definición un lugar de lo político” (124).

Además del análisis de los documentos, las entrevistas ayudaron a comprender cuestiones vinculadas a la escritura de los mismos y la lógica de funcionamiento de la morgue judicial en aquel entonces. En relación a ello, realicé dos entrevistas, una en 2019 y una en 2021, con Alberto¹², médico forense que ingresó a la morgue judicial en 1985 y que aún se encuentra trabajando allí. En relación con la práctica de los morgueros, pude tener dos entrevistas e intercambios telefónicos con Juan Manuel, quien ingresó en diciembre de 1974 a los consultorios del Servicio Médico del Poder Judicial y en junio de 1976 fue trasladado a la morgue, con la que se encontraba familiarizado por haber prestado servicios como ayudante en numerosas oportunidades durante 1975 y en la que estuvo presente hasta el momento de su jubilación como forense.

En relación a los documentos, comienzo señalando que el ingreso de una persona fallecida a la morgue es registrado por los morgueros en el “Libro de la Morgue”, un “libro índice” que se correspondía originalmente con un libro matriz de la cárcel donde se consignaban datos sobre delitos e imputados¹³. Dentro del libro que comencé a indagar por 2016, están registrados los fallecidos que pasaron por la Morgue Judicial del Hospital San Roque entre 1969 y 1980, según consta en las 401 fojas numeradas que lo conforman.

Una vez hecho el ingreso, se confeccionaban los llamados por los morgueros “sobres de morgue”, que tal como señalara, contienen información respecto de las muertes de “etiología dudosa” cuyas causas deben ser esclarecidas.

Abordando esta documentación, me pregunté por los rastros de la violencia plasmados en los documentos de la morgue: ¿Cómo puede “leerse”, a través de esta escritura, la violencia escrita en esos cuerpos y el trato a los “enemigos” una vez muertos? ¿Qué indicios podía encontrar allí vinculados con la violencia? Para desandar estos interrogantes, abordaré ahora algunas cuestiones generales sobre la morgue provincial y la configuración del libro y los “sobres de morgue”, atendiendo a las lógicas de esa dependencia y al tratamiento en la escritura de las muertes y los cadáveres¹⁴.

La morgue del San Roque

^{Sarrabayrouse Oliveira (2003}) plantea que el término morgue proviene del francés morguer, cuyo significado es observar, escudriñar (^{Bonnet, 1977}), en relación con las prácticas de la policía francesa en la de observación de los presos, priorizando sus rostros. ^{Le Breton (2010}) plantea:

El reconocimiento de los rostros no es solo un hecho fundador de la vida social, también es un imperativo para quien hace el trabajo policial. C. Dickens cuenta en su “Pickwick’s Papers” que, en el siglo XIX, los guardias de las prisiones, cuando recibían a un nuevo prisionero, lo hacían sentar en una silla y desfilaban uno por uno ante él para memorizar los rasgos de su rostro (2010: 44).

El rostro se torna un elemento de prueba para la búsqueda de antecedentes judiciales del sospechoso (^{Le Breton, 2010}), estableciendo un modo de registro del cuerpo en los documentos -la fotografía- configurando una identidad estigmatizada (^{Goffman, 2006}): la del “prisionero”. De hecho, esta relación entre documento, sospecha e identidad estigmatizada aún se mantiene en el relato policial, donde tal como señala ^{Eilbaum (2004}), la sospecha sobre ciertos sujetos -como en los presentados en este artículo, “subversivos” o “extremistas”-,

Más que fundar o dar origen a la intervención policial, la legitima a posteriori: en los estrados judiciales acoplándose a tipos legales difusos -tema de este trabajo- y ante la prensa justificándose frente a “vecinos morales” sobre la figura del sospechoso o extraño, como signo (amenaza) de peligrosidad. Es a través de ese proceso que resulta la conformación de una versión policial / oficial de los hechos, que se cristaliza en una verdad jurídica (^{Eilbaum, 2004}: 83-84).

En las prisiones también existían “depósitos de cadáveres”. Quien los registraba, también documentaba a los prisioneros, por lo que el término morguer acabó extendiéndose refiriendo hoy al lugar donde se analizan los cadáveres cuyas causas de muerte deben esclarecerse.

La morgue judicial de la provincia de Córdoba fue creada en 1920 ante la necesidad de realizar autopsias en el marco de pericias judiciales. Se ubicaba en el antiguo edificio del Hospital San Roque, en pleno centro de la ciudad. A partir de 1950, morgue y hospital pasaron a depender del gobierno provincial, por lo que durante los ’70, recibió numerosos cadáveres producto de la represión. La morgue funcionó allí hasta 1990 para luego trasladarse al Instituto de Medicina Forense¹⁵.

La Morgue Judicial como institución se consolida en el año 1975. Previo a ello, personal de criminalística de la policía provincial oficiaba de médico forense. Ya a finales de 1975 la morgue se cierra por modificaciones e inicia su traslado al hospital Córdoba, junto con su personal, morgueros y médicos que estaban en el Hospital San Roque. Estas modificaciones referían a la necesidad de ampliar el espacio de la morgue, debido al desborde de cadáveres que comenzaba a hacerse recurrente anticipando lo que sucedería a partir del 24 de marzo de 1976: una creciente escalada de violencia traducida a un aumento de asesinatos e ingresos a la morgue. Una “antesala” de lo que luego adquiriría la forma de lo “clandestino”: la desaparición como destino de los cadáveres.

Los cuerpos ingresaban por mediación de la Justicia Federal o Provincial. En ambos casos, a los cuerpos se les asignaba una numeración y se iniciaba un proceso de elaboración de un “sobre”, donde se incorporaban documentos referidos a un cuerpo en particular, sobre los cuales ahondaré en el apartado dedicado a tal fin. Por lo pronto, basta decir que en ellos se evidenciaban las burocracias e instituciones intervinientes en el momento de la muerte, lo cual lleva a pensar en burocracias plurales al momento en que el Estado se materializa en sus papeles (^{Gupta et al., 2014}).

En 1976 algo se modifica con la presencia de la Justicia Militar, la cual nunca requería autopsia. Los cuerpos permanecían en la morgue y se trasladaban por lo general de noche hasta las fosas del Cementerio San Vicente. Los registros escritos de la Justicia Militar refieren solo al ingreso y a las salidas de los cadáveres, el resto de la información no se consignaba al no haber procedimiento de autopsia.

En relación a cómo en los 70 lo “clandestino” adquirió una mayor presencia en la morgue, en el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) se encuentra el testimonio de Francisco Bossio, quien fuera ayudante técnico de autopsias. Bossio narraba¹⁶:

Yo advierto que comenzamos a recibir cadáveres que algunas veces venían con remito pero que la mayoría de las veces venían sin nada. Esto se constata en el año 76. La mayoría de las veces remitía los cadáveres al personal policial y otras veces la Gendarmería, el Ejército o en conjunto entre los grupos de las Fuerzas de Seguridad. Los funcionarios que iban entregando eran tenientes o subtenientes cuyos nombres no recuerdo. A veces venían con grupos de diez o doce soldados, pero yo no prestaba atención. Estos cadáveres tenían las siguientes características: venían heridos de balas, algunos con muchas perforaciones; en algún caso hasta ochenta, en otro diecisiete, por ejemplo. Venían todos con los dedos pintados y con marcas evidentes de torturas. Tenían marcas en los puños como si hubieran sido atados con piolas. Esporádicamente aparecían algunos destrozados, muy abiertos. Después de las primeras tandas llegan otras de cinco, de ocho, y otra de siete. Se ordenó la evacuación de los cadáveres del hospital (…) Lo hicimos en las dos camionetas, dos viajes en el mismo camión con treinta cadáveres en cada vuelta que se colocan en una fosa del cementerio San Vicente. Quiero aclarar que esta fosa era nueva, la inauguramos nosotros (^{CONADEP, 1984: 177}).¹⁷

Este relato permite atender al devenir del tratamiento de esas muertes y esos cadáveres que pasaron de un registro sistematizado en los documentos previo a 1975-tal como veremos luego-, a un ocultamiento total, por la ausencia de documentación en la morgue y por la existencia de fosas comunes, traslados nocturnos y entierros sin identificación.

Los cadáveres de la represión

En las entrevistas realizadas durante la investigación a forenses y morgueros, se volvió recurrente la mención de los “cadáveres de la represión”, con características similares a las referidas por Bossio.

Ello significó un elemento de análisis, ya que esa definición llevó a considerar que se constituyeron como un tipo de cadáveres distinto de los que ingresaban por suicidios, robos, accidentes. ¿Qué era aquello que hacía que un cadáver fuera “de la represión”? ¿Cómo eran registrados en la escritura?

Esta “tipología” de cadáveres me llevó a considerar un modo de relación entre el cuerpo y el contexto político. En épocas de prácticas represivas explícitas y que convivían también con las clandestinas, atendiendo a una escalada de violencia, las muertes producidas empezaron a generar cadáveres con características particulares, al punto tal de adquirir en el cotidiano de la morgue su propia nominación.

Los cadáveres de la morgue ya tienen una cualidad distintiva: algo de la muerte debe esclarecerse. Por ello se realiza un procedimiento sobre el cuerpo, cuerpo donde se inscribe aquello que puede ser “leído” para decodificar lo que debe ser “revelado”. De esos cadáveres se deja en los documentos que componen los “sobres de morgue” y en el “libro”. Asimismo, en ese contexto, hay cadáveres que presentaron características recurrentes o semejantes, como lo fueron los “cadáveres de la represión”.

La referencia en las entrevistas a que los cadáveres “estaban destrozados, pero nadie decía nada y nosotros tampoco”¹⁸ refería al miedo que la situación provocaba en los empleados de la morgue, dado que no era habitual recibir cadáveres con características que dieran cuenta de la alevosía cometida, dejando marcas en los cuerpos poco habituales. Esto último me llevó a preguntarme por un modus operandi, donde dichas lesiones podrían dar cuenta de la firma (^{Segato, 2013}) de los perpetradores.

La mención a que “los traslados se hacían casi siempre de noche”¹⁹, abona concepciones antropológicas que confieren a la noche los sentidos de la clandestinidad, la amoralidad, lo prohibido (^{Galinier y Becquelin, 2016}).

También permanecía oculta la identidad de las personas ingresadas en la morgue en 1975, constatando ingresos como “NN”. Entiendo que la falta de identificación se presenta tanto como un primer modo de disociación entre la identidad y el cuerpo en el proceso de escritura, como también en este contexto específico de represión, hace a un modo de perpetuar la violencia ejercida sobre los sujetos en los mismos documentos burocráticos, donde la identidad desaparece. De igual modo, al no estar identificados, se inicia un proceso donde la putrefacción de ese cuerpo acaba volviéndolo irreconocible. Un registro como “NN” y un cuerpo “que no puede ser leído”, crean algo que no puede ser rastreado.

En este sentido, resulta interesante considerar cómo el Estado en el 75 siguió generando procesos de escritura burocrática, siendo que en esa proliferación de documentos es posible considerar indicios (^{Ginzburg, 2003}) de cómo y para qué se registraba de una y otra forma. Es decir, así como el Estado genera una identidad mediante la escritura en sus procesos administrativos (documento de identidad, libreta escolar, actas de matrimonio), configurando un relato biográfico (^{Bourdieu, 2011}), puede también opacarla a partir de determinados modos de escribir e identificar (mediante la fórmula “NN”). Esto no es ajeno a considerar que las burocracias estatales, en tanto productoras de discursos hegemónicos, generan efectos de veridicción (^{Foucault, 2010}) mediante formaciones discursivas que yacen en los documentos que dan cuenta de la trayectoria de vida -y muerte- de una persona, lo cual remite a pensar que dichas son también parte constitutiva y creadora de esos efectos de veridicción²⁰.

Tal como mencioné al inicio, el ingreso de un fallecido a la morgue era registrado en el “libro de la morgue”, sobre el cual me referiré a continuación.

“Entradas y salidas”. Los registros en el “Libro de la Morgue”

En el “Libro de la Morgue” se encuentran las personas fallecidas que pasaron por la morgue entre 1969 y 1980. Contiene 401 fojas numeradas y se encuentra en el Juzgado N.°3 por ser material probatorio por delitos cometidos en la última dictadura argentina. El documento relevado es la digitalización realizada en el APM del libro original.

El libro, que registra los ingresos de cadáveres tipificados como “muerte de etiología dudosa”, posee una tapa dura de color negra, desgastada por el paso del tiempo. En su interior, las hojas amarillentas presentan una serie de columnas divididas por líneas rojas: “número de orden”, “entrada” (dividida en día, mes y año), “procedencia”, “delito”, “imputado”, “nombre del padre”, “nombre de la madre”, “prontuario” (que a su vez se divide en número y sección), “P.M” (dividida en día, mes y año), “P.P” (dividida en día, mes y año), “Excarcel” (dividida en día, mes y año), “damnificado”, “salida” (dividida en día, mes y año), “destino” y “observaciones”. Estas categorías responden a que el libro era utilizado en penitenciarías, por lo que dan cuenta de ese “circuito” específico.

Sobre estas columnas, personal de la morgue realizaba una división (con lapicera) que daba lugar a 18 columnas “reconfiguradas”, la conformación de una “hoja de ruta” donde cada columna significaba una “parada” en el recorrido que el cadáver hacía en el procedimiento.

La primera columna es el “número de orden” que comienza el 1 de enero. El inicio de cada año se consigna en el comienzo de una nueva hoja. Las anotaciones se hacían con lapicera de manera cronológica. La columna siguiente denominada “entrada” se corresponde con la fecha (día, mes y año) del ingreso del cadáver a la morgue, mientras que la tercera columna pasa a denominarse “recibido”, donde se consigna el nombre del morguero que lo recibe. Algunos se limitaban aquí a firmar mientras que otros asentaban nombre y apellido. La cuarta columna corresponde a la hora de ingreso del cadáver.

La quinta columna, “procedencia”, indica la localidad donde el cadáver fue encontrado o la dependencia policial que remitía. En la sexta columna, denominada “cadáver”, figura el nombre del fallecido. Si no hubiese identificación, se anotaba NNM o NNF (NN masculino y NN femenino, respectivamente). En la séptima columna, “Forense”, se consignaba el forense que revisaba el cuerpo. Los registros se hacían con el apellido y a veces se indicaba la sigla “Dr.”, dando cuenta del rango. En la octava columna, denominada “juzgado”, se indicaba al juzgado encargado del procedimiento.

En la novena columna, “autopsia”, se indica si se realizó “autopsia” o “reconocimiento”. De un total de 1241 ingresos a la morgue registrados en el libro, 132 son consignados como “reconocimientos” y 856 como “autopsias”, quedando 253 ingresos sin registro. La décima columna, “fecha”, indica la fecha de autopsia o reconocimiento, mientras que en la undécima columna denominada “causa” se especificaba la “causa de muerte” redactada por los morgueros con la información obtenida de las personas que ingresaban el cuerpo. Es decir, se completaba antes de la realización de la autopsia, muchas veces tomando nota de lo señalado por el mismo personal policial.

Así, la “causa de muerte” no respondía a causas clínicas, médicas. De hecho, aquello que se consignaba como “causa de muerte”, podía ser utilizado para completar la “forma en la que se produjo”, categoría presente en uno de los documentos que componen el “sobre de morgue” y que completaba el morguero al salir el cadáver. Esto me permite considerar que aquello que quedaba registrado como “causa de muerte” y como “forma en que se produjo”, podría haber sido escrito bajo presión de las fuerzas represivas, haciendo que en la escritura -que visibiliza- se produjera el “ocultamiento” de lo acontecido. Así, registrar estas causas me resultaba relevante a los fines de buscar indicios que mostraran cómo en esa escritura estandarizada, se “colaba” la violencia y la represión en 1975.

En relación a las “causas de muerte” en 1975, en los 1241 ingresos a la morgue encuentro consignadas 1135 en la columna destinada a tal fin. Es decir, hay 116 causas que no aparecen, lo cual podría ser ya el indicio de irregularidades en el procedimiento. Dentro de las registradas, tomo nota de las que podrían vincularse al ejercicio de prácticas represivas. Las causas que me resultaron relevantes, ver en la Tabla 1.

En relación a los meses, noto que el “enfrentamiento con extremistas” se consigna como “causa de muerte” a partir de agosto de 1975, mientras que las causas “quemado y herida de bala” y “enfrentamientos con la policía” se registran desde mayo y junio de 1975, respectivamente. En relación a la causa “fue muerto por el Comando”, aparece en abril del mismo año. De los 1241 ingresos registrados encuentro que 580 muertes se corresponden de enero a junio inclusive, mientras 661 muertes se dieron de julio a diciembre. Presupongo que esto puede leerse en consonancia con el recrudecimiento de la violencia que describía Moore²¹ (^{Robles, 2010}) en relación a la llegada de Telleldín en agosto a la Policía de la Provincia, como también a la presencia de Lacabanne hasta septiembre de 1975.

Estas referencias me llevan a pensar en la configuración de una relación entre el cuerpo muerto, a partir del modo en el que se escriben las “causas de muerte”, y el contexto político local donde nociones como “ajusticiado”, “enfrentamiento armado”, “enfrentamiento con extremistas” referían a sentidos y a autoridades específicas. En este sentido, en una entrevista realizada a Anahí Ginarte el 13 de abril de 2014 en Córdoba por ^{Tcach e Iribarne (2014}), la antropóloga planteaba que la práctica forense ha estado bajo la dependencia de la policía y, por ende, en situaciones como las acaecidas en Argentina, sus dictámenes encubrían muchas veces las responsabilidades del Estado. En ese sentido, Ginarte señalaba: “a mí me ha tocado leer una autopsia en Mendoza donde el forense firmaba como causa de muerte una anemia aguda. El cuerpo tenía diez proyectiles impactados. Sí, se desangró, pero la causa de muerte fue otra…” (Tcach e Iribarne, 2014: 149).

Atendiendo a que muchas veces estas menciones eran realizadas por el personal de las fuerzas, es interesante pensar que, tal como sostiene ^{Eilbaum (2004}), este tipo de procesos donde intervenían las fuerzas de seguridad, “no busca descubrir la verdad, sino comprobar una verdad construida, dar entidad probatoria a una ficción” (88). ²²

Retomando, la duodécima columna, el “diagnóstico”, refería a aquello que habría producido clínicamente la muerte. Esta columna se completaba con el diagnóstico conferido por los forenses y era asentado en el certificado de defunción de la persona. Aquí aparecen de manera recurrente: “Insuficiencia cardíaca”, “herida de bala”, “traumatismo de cráneo”, “traumatismo”, “politraumatismo”, “asfixia”, “contusión cerebral” “hemorragia interna” y “lesión encefálica”. Es de notar que la mayoría de las veces, el diagnóstico definido como “herida de bala” se repite cuando la “causa” registrada había sido la misma, “herida de bala”. Este modo de registro podría constituirse también como un indicio, sino de una autopsia irregular, sí de una escritura irregular.

La décima tercera columna denominada “fecha” se completaba con la fecha en la que se retiraba el cadáver, mientras que la decimocuarta refería al “domicilio” del fallecido. En la décima quinta columna, “hora”, se asienta la hora en la que el cuerpo se retiraba, para luego dar paso a la columna “entregado”, donde quedaba asentado el nombre del morguero que entregaba el cuerpo. La decimoséptima, “empresa”, indicaba el servicio fúnebre que realizaba el traslado de la persona fallecida. Finalmente, la decimoctava denominada “familiar” indicaba quien retiraba el cuerpo. De 1241 ingresos a la morgue en 1975, aparecen retirados 1042 cadáveres. Ello resulta relevante porque en cierta forma opera como constancia de que el cuerpo había sido entregado a alguien que pudiera constatar su deceso. En su mayoría, se menciona a “madre”, “padre”, “hijo”, “hija”, “tío”, “sobrino”, “cuñado”, “familiar”, “empresa funeraria” y “servicio fúnebre”.

De este modo, el “Libro de la Morgue”, en tanto constituye una de las “marcas dejadas por estos documentos burocráticos” (^{Sarrabayrouse Oliveira, 2003}: 21) se convirtió en un registro que me permitió conocer el recorrido post mortem realizado por los cuerpos ese año, como también indagar en los indicios a partir de los cuales la violencia y la represión podrían haberse “traducido”, trasladado a la escritura en el momento del deceso.

Una vez que el cuerpo era registrado en el libro, se pasaba a la confección del “sobre de morgue”, del que me referiré a continuación.

Un cuerpo que entra en un sobre. Los “sobres de morgue” del San Roque

Los documentos que conforman la serie “Protocolos de autopsia” se encuentran en el Área de Archivo y Conservación y se pueden consultar solicitándolos al Área de Investigación. Ambas áreas del APM proveen de información a investigadores mediante el llenado de un formulario con los datos de los interesados en la información.

Los documentos de la serie “Protocolos de autopsia” corresponden a personas fallecidas por “etiología dudosa”²³. Están en sobres “tipo carta”, donde cada uno muestra un número estampado en el margen superior derecho y en cuya cara posterior se encuentra un nombre (el fallecido), la fecha y el horario de ingreso del cuerpo y un sello de la Morgue Judicial.

Por lo general, los documentos están escritos a máquina. Éstos se corresponden con instituciones estatales tales como el Poder Judicial y la policía de la provincia, lo cual permite dar cuenta no sólo del circuito del cadáver desde el ingreso a la morgue hasta su salida, sino también de la multiplicidad institucional que para entonces operaban en el momento del deceso de una persona. Debían quedar a disposición del Estado por la información que contenían, como ser las fichas dactiloscópicas, para identificar a los “NN”. Asimismo, en algunos de ellos hay impresión de huellas dactilares (se incorporan en los sobres de personas “NN”)²⁴. En otros (los menos) aparecen objetos tales como balas, anillos o cadenas.

En cuanto a las franjas etarias, en los 1.203 sobres analizados, 124 son de niños entre 0-10 años, 115 de niños y jóvenes entre 11-20 años, 276 de jóvenes entre 21-30 años, 327 de adultos entre 31-50 años, 189 de personas entre 51-70 y 90 de personas mayores de 71 años. Constatar que la mitad de los decesos (603 de 1203) se encuentran entre los 21 y 50 años, permite considerar una posible relación entre los decesos y la práctica de la “militancia”, sostenida mayoritariamente por personas que se encontraban en dicha franja etaria, dotando de sentido una categoría de juventud cuya laxitud podía llegar a los “primeros cuarenta” (^{Servetto y Noguera, 2016})²⁵. Finalmente, en 82 casos la edad no pude definirse, ya que este dato no se encontraba en la documentación.

Los documentos que se encuentran en los “sobres” representan las “paradas” que hace el cadáver en el circuito burocrático encargado de dejar constancia de ese momento de “administración de la muerte”, siendo cada sobre una especie de “cartografía” donde cada institución constituye un tramo del circuito.

Dentro del “sobre de morgue”, el documento que inicia el procedimiento es una nota entregada por la Policía Federal o la Provincial donde se indicaba la autoridad que solicitaba la autopsia, el juez que emitía el pedido. En el margen superior derecho aparecen el lugar, la fecha y el “objeto” que refería a “solicitar recepción del cadáver”.

En la misma hoja, se expresa “Al Sr. director del Hospital San Roque (Morgue Judicial)” y el contenido del documento, también de manera estándar, refiere: “Solicito al Sr. Director, quiera tener a bien disponer lo pertinente, a los fines se propicie en esa, el cadáver de…… que se remite por la presente, conforme lo ordenado por S.S. Sr. Juez de Instrucción de 4° nominación”.

En el documento llama mi atención la fórmula recurrente del saludo final: “Dios guarde a usted”. Siguiendo a ^{Tiscornia (2008}), estas formas de etiqueta y tratamiento poseen una función simbólica que explicita las relaciones que estructuran la elaboración de esos documentos (2008, p. 142). Estas formas se perpetúan en función de la obligación generada por la costumbre y las penalidades que implica no utilizarlas²⁶.

En mi caso de análisis, esta fórmula es utilizada por el comisario del destacamento policial que se dirige al director de la Morgue Judicial. Esto me permite considerar que la fórmula es establecida no sólo como una formalidad, sino también como un modo de establecer el diálogo entre jerarquías o entre posiciones en distintas instituciones estatales.

Una vez ingresado el cuerpo, el morguero elabora un “recibo” de entrada del cadáver donde se consigna un número de entrada (el mismo que figura en el “Libro de la Morgue”), la “identificación del cadáver” (el nombre si el cadáver es identificado o, si debe hacerse un reconocimiento, “NN”), “sexo”, “procedencia” (dependencia policial que remite), “la localidad y el departamento” (donde fue encontrado el cadáver), “ropa y objetos” que porta, la “fecha de recepción” (día que ingresa a la morgue) y “observaciones”, que en los documentos analizados permanece vacía. Finalmente, hay un lugar destinado a la firma de quien realiza la entrega del cadáver en la morgue al momento de su llegada, y de quien recibe a la persona fallecida (por lo general el morguero).

En el interior del “sobre” hay también una nota del Poder Judicial que solicita al director de la morgue la entrega del cadáver una vez practicada la autopsia. La nota presenta en el margen superior izquierdo el membrete del Poder Judicial. En el renglón que sigue, se consigna el lugar, la fecha, y un texto que se dirige al “Sr. Director de la Morgue del Hospital San Roque”. Abajo, la nota indica “Sírvase entregar a ……documento de identidad………………el cadáver de…………… que se encuentra depositado en ese Hospital, una vez que el señor médico forense de los Tribunales haya practicado la autopsia ordenada por este Tribunal. Saluda a usted atentamente”. Se incorpora la firma de quien emite la nota y un sello del Juzgado de Instrucción. Una vez realizada la autopsia, la entrega del cadáver se certifica con la elaboración de un “recibo de entrega del cadáver” -también adentro del sobre- donde se distingue la palabra “salida”. Contiene “número de orden”, “identificación del cadáver”, “procedencia”, “edad”, “estado civil”, “nacionalidad”, “fecha de la autopsia”, “nombre del médico” que la practicó, “diagnóstico”, “quien lo recibe”, “por orden de quién”, “disposición”, “destino”, “ropas y objetos” que lleva, “fecha y hora de entrega”, “observaciones”, “entregado por” y “recibido por”.

En relación a estos “diagnósticos” aparecen los siguientes: “traumatismo”, “herida de bala”, “broncoalveosis”, “hemorragia cerebral”, “asfixia por inmersión”, traumatismo de cráneo”, “insuficiencia cardíaca”, “fractura de cráneo”, “ahorcado”, “derrame cerebral”. En el “sobre” hay también una ficha que contiene “nombre y apellido”, “día de fallecimiento”, “nacionalidad”, “DNI”, “provincia”, “localidad”, “edad”, “profesión”, “estado civil”, “fecha y lugar de nacimiento”, “lugar donde ocurrió el deceso”, “forma en que se produjo” y si tuvo “asistencia médica” y en qué lugar. Este documento era completado por el morguero y se hacía firmar a la “salida” del cadáver por quien lo retiraba junto con un “recibo de salida” (documento que mencionara antes).

Pienso en cuáles son los datos considerados como relevantes para definir la identidad de una persona y por qué se tornan importantes al momento de la muerte. La referencia a la “profesión” y al “estado civil” dan cuenta de una posición en vida, pero como un dato que a primera vista “excede” el objeto de los documentos presentados. En el caso de las “pertenencias”, estas se definen bajo la fórmula “prendas de vestir” o en su defecto “sin carga”, sin especificación que las individualice. Esta escritura sin lugar para los detalles, da la pauta de que las distintas marcas de singularidad eran anuladas para dar paso a una configuración de una identidad determinada por un criterio clínico-biologicista, representada en el “cadáver” u “occiso” y en su “diagnóstico”. Comprendo que se configura, si no un formato homogeneizador, una cierta “producción de la indiferencia” en relación a la información que se brinda en los documentos, como una característica de la burocracia que relata de manera estándar y sin singularizar a una persona en particular.

En relación con este formato “homogeneizador”, comprendo que se configura allí un acto performativo donde aquello que los agentes del Estado escriben en los documentos, lo crean. En ese sentido, mediante la figura del “cadáver”, del “occiso” y de las fórmulas utilizadas para completar los registros, la persona fallecida pareciera poseer una identidad homogénea donde la singularidad que suponen su nombre y apellido o las huellas dactilares en el caso de los NN se diluye. No obstante, estas menciones también existen, lo cual me llevan a pensar, por un lado, en burocracias plurales al momento en que el Estado se materializa en sus papeles (^{Gupta et al., 2014}) y, por otro lado, que en ese mismo acto de “traducir” una vida (o una muerte) en los documentos se produce una “tensión” entre la escritura estandarizada y la subjetividad que deja también sus propias huellas identitarias.

Es interesante notar que ese modo presente en la escritura, donde la “comunidad de muertos” queda subsumida bajo la nominación de un cadáver “a secas”, encuentra una contrapartida en la utilización de la categoría “cadáveres de la represión” presente en las entrevistas realizadas. En este sentido, es relevante volver a los planteos de ^{Ferreira y Lowenkron (2020}) cuando señalan que

Como um especialista que está entre o direito e a medicina, o médico-legista deve saber ‘ler’ corpos, ou melhor, os danos infringidos a certos corpos, que passam a existir por meio de descrições de interesse médico-legal e conclusões médicas. Provas cabais de atos que transgridem a lei. A ‘mágica’ desses documentos está em produzir descrições técnicas sobre esse tipo de sofrimento que marca a carne, conseguindo, no entanto, fazer com que os discursos que falam de materialidades corpóreas, feridas, sangue, sofrimento, manifestem-se por intermédio de terminologias médicas. Assim, transformam o horror dos cenários e dos atos perpetrados em conclusões assépticas, e em alguma medida cifradas à leitura de não especialistas (2020: 189).

Me centraré en aquellas menciones que me resultaron llamativas y que figuran en el formulario bajo la categoría “forma en la que se produjo” por tratarse de indicios, comprendo, de prácticas represivas en el 75, atendiendo a las “metodologías” propias de aquella época. En relación a las “formas en las que se produjo”, del total de los 1203 “sobres” encuentro consignadas 801. En el resto de los casos, no encuentro ese documento o posee esa categoría vacía. Las “formas” que me resultan interesantes para 1975, ver en la Tabla 2.

En relación a los meses, noto que el “enfrentamiento con extremistas” se consigna como “forma en la que se produjo” a partir de junio de 1975, al igual que “herida de bala y quemado” y “enfrentamiento con la policía”. En agosto se registra “estallido de bomba” y “ajusticiado”. “Ejecución”, “ejecutado en la puerta de la casa”, “ejecutado”, aparecen en agosto y diciembre. Nuevamente comprendo que esto puede leerse en consonancia con el recrudecimiento de la violencia en relación a la llegada de Telleldín al D2, como también a la presencia de Lacabanne hasta septiembre de 1975.

Es interesante notar como parecieran hacerse presentes juicios de valor en la escritura de las “formas”, como la referencia al “ajusticiado”, y atender a que hay “formas” donde se hace foco en el hecho, - “enfrentamiento”, “atentando”, “ejecución”, “estallido de mientras que otras hacen eje en la persona: “ejecutado”, “ajusticiado”, “ejecutado en la puerta de la casa”. En relación a esta distinción, las “formas” sistematizadas me permitieron comprender que la inscripción de esas muertes en la documentación producida por el Estado, coadyuvó a la construcción de una identidad “extremista”, “subversiva”, inclusive cuando se refería al hecho. Así, el “enfrentamiento extremista” es “extremistas” porque lo eran los participantes. Por otra parte, también propiciaron la configuración de una visibilidad, donde dichas caracterizaciones podían traducirse en el orden de lo narrable, aunque mas no sea referenciando a la acción y no al sujeto, atendiendo a los contextos de enunciación donde esos términos adquirían sentido. Es decir, aquí la burocracia perpetua de alguna manera no sólo la identificación realizada por las fuerzas represivas sobre determinadas personas en vida, sino que en ese acto de clasificación post mortem también hay allí una forma de perpetuar la violencia, anticipando el papel que las burocracias estatales tendrían en la dictadura cívico-militar, sino ocultando, justificando las atrocidades cometidas.

Asimismo, “formas” como “lo encontraron en un basural”, “herida de bala y quemado” o “causas” referidas como “se cayó a un pozo”, resultan llamativas dadas las diversas formas de matar consignadas en los diarios de la época²⁷.

Los elementos analizados me permiten considerar que en 1975 hubo una cantidad de asesinatos registrados, atendiendo a las particularidades mencionadas en relación al modo en que se dejaba constancia de las “causas de muerte”, y las referencias a las “formas en que se produjo”. Ese registro se produjo también, comprendo, en la configuración de un cuerpo escrito que, en el caso de determinadas muertes, constaba de referencias específicas.

Ya en la estructura de poder que comienza a solidificarse en los meses previos a la última dictadura cívica-militar, la función represiva es nodal, “se despliega para controlar, apresar, incluir todo lo que se fuga de ese modelo pretendidamente total” (^{Calveiro, 2004}: 14). Es en este contexto donde la represión, el asesinato y la desaparición se vuelven un plan sistemático de aniquilamiento (^{Garaño, 2010}).

Conclusiones

En este artículo me enfoqué en analizar los documentos de la morgue judicial de Córdoba producidos en 1975. Los interrogantes que me guiaron fueron: ¿Cómo puede “leerse”, a través de esta escritura, la violencia escrita en esos cuerpos y el trato a los “enemigos” una vez muertos? ¿Qué indicios podía encontrar en los “sobres” y el “Libro” vinculados con la violencia?

Para abordarlos, inicié el artículo considerando el funcionamiento de la morgue en 1975 y la configuración de los documentos elaborados durante ese año que componen el “Fondo Morgue Judicial”, reguardado en el APM, atendiendo a las lógicas de esa dependencia y al tratamiento general de los cadáveres, dando cuenta de los criterios estandarizados que primaban en la elaboración de ese tipo de documentos, donde el protagonista es el cuerpo. Un cuerpo cuya descripción implica haber sido “leído” y que, a su vez, esa descripción del cuerpo me permite “leer” modos de tratamientos específicos en la configuración de un cuerpo escrito. Allí, mediante referencias a las “causas de muerte” tales como “enfrentamientos con extremistas”, mostré cómo aun en la muerte, se tornaba necesario asociar la figura del “enemigo” a determinados sujetos.

Esto me llevó a pensar en una vida política del cadáver (^{Verdery, 1999}), donde el cuerpo se torna un locus de sentidos asociados a aquello que debía ser condenado, pensando inclusive en un modo de existencia “otro”, donde esa ontología dicotómica entre lo vivo y lo muerto se viera “eclosionada” a partir de aquello que los muertos siguen generando (^{Despret, 2021}). Siguiendo esta línea es que el análisis aquí presentado permite problematizar el papel de las burocracias estatales en la producción de violencias, atendiendo a la configuración de las identidades “extremistas” y “subversivas” aun después del fallecimiento, como si en parte esa misma condición justificara la suerte corrida por esas personas.

Asimismo, las “causas de muerte” sistematizadas a partir del “Libro de la Morgue” y las “formas” obtenidas en los documentos permitieron comprender que la inscripción de esas muertes, coadyuvó por un lado, a la construcción de una identidad “extremista”, “subversiva”, inclusive cuando se refiere solamente a la acción. Por otra parte, también propiciaron la configuración de una visibilidad (^{Foucault, 1968}), donde dichas caracterizaciones podían traducirse a lo narrable, atendiendo al marco (^{Butler, 2010}) de época donde circulaban.

^{Muzzopappa y Villalta (2011}) sostienen que trabajar sobre la documentación producida por distintas burocracias administrativas se transforma en herramienta etnográfica que permite acceder a una de las formas en las que se ejerce el poder del Estado, “en su capacidad de transformar y generar” (18). De igual modo, dicha documentación coadyuva a comprender una de las formas de ejercicio soberano del Estado en una de sus formas de ejecución del poder, generando identidades que responden a contextos sociopolíticos particulares. Estos modos de configurar identidades desde la muerte me llevan a pensar en una dimensión productiva de esta última, centrando la mirada en los documentos producidos por distintas instituciones pertenecientes a la órbita de la esfera estatal.