1. Introducción
La historia política argentina, al igual que la de gran parte de los países de América Latina, ha estado signada por largos períodos de inestabilidad institucional. Desde su constitución como Estado nacional hasta nuestros días, se ha pasado por períodos de democracia restringida, ausencia de garantías para la realización de elecciones libres, competitivas y limpias, fraude sistemático por parte de las elites gobernantes, hasta dictaduras con regímenes militares a cargo del gobierno. Durante un largo período, los gobiernos militares, en oposición a los gobiernos civiles, se presentaron como una forma de vida aceptada -o por lo menos no cuestionada- por una parte importante de la población (Rouquié, 1984). Si rastreamos esa historia desde el año 1862, encontramos sólo 28 presidencias que llegan a ocupar el poder mediante elecciones, frente a 29 que lo hacen por otros mecanismos, 12 en virtud de las reglas de sucesión vigentes en la época y 17 que lo hacen a partir de golpes militares. Claramente la inestabilidad institucional ha sido la regla durante gran parte de la historia argentina.
Desde la historiografía, una gran cantidad de trabajos han realizado importantes aportes para describir y comprender las razones del proceso histórico. Desde la ciencia política, los avances para explicar la inestabilidad institucional del régimen político se han centrado fundamentalmente en un período en particular, principalmente en los golpes militares sucedidos entre 1930 y 1983. A raíz de ello, poco sabemos sobre qué factores pueden favorecer u obstaculizar los quiebres institucionales ocurridos durante los más de 150 años de historia institucional argentina, o cómo las características del régimen institucional instaurado en 1862 pueden haber influido en la estabilidad o no de los mandatos presidenciales. Así, el principal interrogante que guía este trabajo es cuáles han sido los factores determinantes de la duración de los mandatos presidenciales y en la estabilidad de los gobiernos en la Argentina.
Para ello hemos empleado una base de datos inédita, que contiene información sobre las presidencias que gobernaron la República Argentina desde 1862 hasta la actualidad, su duración en días y datos sobre las características del régimen político-institucional bajo las cuales tales gobernantes accedieron al poder y las formas en las que transitaron sus presidencias. El período considerado se inicia con la presidencia de Bartolomé Mitre en 1862, luego de la reunificación de todas las provincias argentinas, hasta la presidencia recientemente finalizada de Mauricio Macri. Esta base de datos de las presidencias en Argentina fue relevada de los Libros de Actas de Juramentos de los Miembros del Gobierno de la Nación Argentina de la Escribanía General del Gobierno de la Nación (Libros de Actas, en adelante) y presentada de manera preliminar por uno de los autores en Abal Medina, 2019 2.
Para estudiar los determinantes de la duración de los gobiernos a lo largo de la historia argentina, realizaremos un análisis de tipo estadístico mediante un modelo de regresión multivariado y tales resultados serán interpretados a la luz de una reconstrucción cualitativa del proceso histórico-político. Tal análisis nos ha permitido generar aportes concretos a la disciplina de la ciencia política. Los resultados muestran distintos patrones que explican el tiempo de supervivencia de los gobernantes entre los casos de presidentes que asumieron por la elección popular y aquellos que llegaron mediante otros mecanismos.
Dentro de los gobiernos que no acceden directamente mediante el voto popular debemos diferenciar dos subtipos. Por un lado, aquellos presidentes que llegan a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo por la aplicación de normativa legal vigente, ya sea la propia Constitución o la llamada Ley de Acefalía, luego de la renuncia o muerte de quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. También entran en esta categoría los gobiernos militares que se hicieron con el poder mediante un golpe de Estado. Mostramos en nuestro análisis que los gobernantes que no acceden mediante el voto popular, enfrentan riesgos más altos al asumir el gobierno y menores riesgos de reemplazo conforme pasa el tiempo. Como contraste, los presidentes democráticos que ocupan el cargo por el voto popular tienen bajas tasas de riesgo al asumir sus mandatos, las cuales van creciendo a lo largo de sus presidencias. Los resultados muestran que la probabilidad de reemplazo en gobiernos con un origen distinto al electoral está relacionada con una probable falta de legitimidad de origen que, vehiculizada a través de luchas de facciones dentro de las Fuerzas Armadas o de los partidos o coaliciones de gobierno que apoyan al sucesor no electo, minan la autoridad del gobernante de facto. Los gobiernos electos, por otro lado, tienen una tasa de supervivencia que es sensible al desgaste político, lo que se suele denominar “legitimidad de ejercicio”. Estos hallazgos coinciden con aquellos trabajos que estudian el ciclo de popularidad de los presidentes democráticos, (Carlin et al., 2018)3. Tal como se describe precedentemente, los aportes de este trabajo no sólo podrán dialogar con los hallazgos previos en relación a la duración de mandatos en presidentes democráticos, sino que también nos permitirán hacer una evaluación más amplia, incluyendo los gobernantes no democráticos y también aquellos elegidos por mecanismos no electorales, pudiendo concluir sobre los efectos particulares del régimen político, siendo este un aporte original y trascendente.
En particular, las elecciones intermedias son claves, incluso antes del cambio constitucional de 1994. Comenzando por Hipólito Yrigoyen, pasando por Arturo Illia y Arturo Frondizi hasta llegar a Fernando De La Rúa, los efectos negativos de las elecciones intermedias en la estabilidad presidencial son notables4.
2. Supervivencia de regímenes y gobiernos
En la literatura existe una rica y vasta tradición que estudia la supervivencia o caída de los regímenes políticos, especialmente los democráticos o competitivos (Pérez Liñan y Mainwaring, 2014). Estos trabajos se han interesado especialmente en dos temas: las condiciones que explican la supervivencia o el quiebre de las democracias (desde Lipset, 1959 y O’Donnell, 1973, hasta Przeworski et al., 2000, Mainwaring y Pérez-Liñan, 2013) y el mecanismo específico por el que los gobernantes democráticos son reemplazados con la participación central de las Fuerzas Armadas, los “golpes de estado” (Putman, 1967; Finer, 1988; Lehoucq y Pérez-Liñán, 2014 y Pérez-Liñán y Polga-Hecimovich, 2017). Si bien varios trabajos han señalado que los golpes no son privativos de las democracias y ocurren también en los regímenes autoritarios (Gandhi, 2019; Huntington, 1968), el principal foco de atención ha estado en aquellos que deponen a gobernantes democráticos.
Durante varios años y en los albores de las transiciones democráticas en América Latina, gran parte del debate sobre cómo asegurar las condiciones de estabilidad política que las nuevas democracias requerían estuvo centrado en el ya clásico debate sobre si era necesario virar hacia sistemas parlamentarios (Linz y Valenzuela, 1994) o si el presidencialismo también podía ser garantía de estabilidad (Shugart y Carey, 1992 y Mainwaring y Shugart, 1997). En tal contexto se aportaron interesantes conclusiones sobre cómo los gobiernos de coaliciones pueden apuntalar la estabilidad en gobiernos democráticos (Chasquetti, 2008: 98). También sobre la dinámica de la formación de coaliciones en sistemas presidencialistas latinoamericanos, como en el caso de Uruguay. Al respecto, Altman (2000) señala que la probabilidad de que un grupo político permanezca en una coalición ejecutiva disminuye a medida que transcurre el período presidencial. Como resultado, es probable que ocurran ciclos de cooperación y estancamiento entre los actores políticos.
En años recientes, a la par que se iban consolidando los regímenes democráticos y los golpes de estado se volvían menos frecuentes en nuestra región, el interés académico fue virando hacia los presidentes que son destituidos o forzados a renunciar por mecanismos distintos a la imposición militar, especialmente el denominado “juicio político”, en lo que se ha descripto como “el nuevo patrón de inestabilidad política en América Latina” (Pérez-Liñan, 2009: 321). Distintos trabajos han abordado este “nuevo” fenómeno en el que la destitución de un presidente no conlleva a la caída del régimen democrático (Llanos y Marsteintredet, 2010; Kim, 2014; Marteintredet y Malamud, 2019).
Si bien algunos trabajos han propuestos esquemas analíticos para estudiar estos quiebres presidenciales en conjunto con los golpes militares (Kim y Bahry, 2008 y Pérez-Liñán y Polga-Hecimovich, 2016), en general la literatura los estudia como formas distintas, “viejas” y “nuevas”, de inestabilidad política y siempre dentro del régimen democrático. Pero carecemos, al día de hoy, de lecturas que abarquen distintos períodos históricos y que puedan incluir en un mismo análisis los distintos tipos de inestabilidad experimentadas por diferentes tipos de gobiernos.
El caso argentino nos permite una lectura distinta. Desde 1862 hasta nuestros días, siete presidentes constitucionales han tenido que renunciar anticipadamente a su mandato5 y seis fueron depuestos por golpes militares6. Miguel Juárez Celman en 1890 y Luis Sáenz Peña en 1895 dejaron sus cargos en situaciones que se asemejan a lo que la literatura denomina formas nuevas de inestabilidad, mucho antes de que el primer golpe militar asolara al país. A su vez, este patrón de inestabilidad ha afectado también a los gobiernos autoritarios, donde los golpes militares han sido igual de frecuentes7. De esta forma, los datos de las presidencias argentinas pueden funcionar como un caso testigo que nos permita pensar en las consecuencias que algunas características de los regímenes políticos han tenido a través de distintos tipos de inestabilidad enfrentados a lo largo del proceso histórico, y así poder extrapolar tales conclusiones para pensar las realidades de otros países.
3. Régimen y Gobierno
Para avanzar con nuestro análisis, compilamos un listado de quienes han gobernado la República Argentina hasta nuestros días. La información se basa en los Libros de Actas, confeccionados ininterrumpidamente desde el 15 de octubre de 1862, para lo cual definimos algunos términos claves como gobernante y gobierno. En primer lugar, por gobernante entendemos a aquella persona que figura en los Libros de Actas, de manera directa o indirecta8, como estando a cargo del Poder Ejecutivo de una manera definitiva y no solamente como reemplazo temporal de otra.
Definimos como gobernantes sólo a los definitivos porque la sustitución (provisoria) no implica que el sustituto pueda tomar decisiones importantes, dado que convive con el legítimo gobernante que ostenta el cargo y que pronto volverá a ocuparlo (Serrafero, 1999: 86). Los reemplazos provisorios son generalmente por viajes o por enfermedad del titular.
Por varios motivos, utilizamos el término gobernante y no el de presidente que establece nuestra Constitución. El primero obedece a que las propias Actas algunas veces no lo utilizan, recurriendo a la fórmula “en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional”, generalmente para aquellos que ocupan la primera magistratura en virtud de la Ley de Acefalía. En segundo lugar, porque aquellos que alcanzaron el Poder Ejecutivo mediante la ruptura del orden constitucional, si bien generalmente se auto titularon como “presidentes”, a diferencia de los presidentes constitucionales, lo ejercieron con la suma del poder público o, en todo caso, “compartiéndolo” con otras instituciones no constitucionales como la “Junta Revolucionaria” de 1963 y la “Junta Militar” de 1976, que, según las actas, eran quienes los designaban y podían removerlos de sus cargos9. De esta manera utilizaremos siempre los términos gobernante y gobierno, empleando sólo como sinónimo los de presidente y presidencia en los casos de gobiernos constitucionales.
En segundo lugar, a los fines del presente trabajo, entendemos por “gobierno”10 al periodo transcurrido desde la asunción de una determinada persona hasta su reemplazo definitivo por otro o por ella misma si accede a un nuevo periodo de gobierno. Es decir que definimos al periodo de gobierno independientemente de si se acortó por la renuncia o muerte del titular del Ejecutivo o por una ruptura del orden constitucional.
En tercer lugar, clasificamos a los gobernantes de acuerdo con la modalidad con la que llegaron a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo; es decir, si lo hicieron fruto de una elección popular, si lo hicieron a través de los mecanismos legales sucesorios (Constitución Nacional o Ley de Acefalía) o si accedieron a él mediante el quiebre de los procedimientos constitucionales y fueron, por lo tanto, gobernantes de facto.11
En el caso de los gobernantes o presidentes electos, tomamos simplemente el hecho de que hayan sido elegidos a través de elecciones realizadas de acuerdo con la normativa vigente para la época. Somos conscientes de que estamos incluyendo a presidentes que fueron electos en elecciones que no serían calificadas como democráticas con los criterios actuales junto con otros que lo fueron en comicios que sí lo serían (Pérez-Liñán y Mainwaring 2014: 142-143). Si bien existen actualmente varios interesantes estudios clasificatorios de los regímenes políticos (Cheibub, Ghandi y Vreeland 2010; Przeworski et al., 2000; Polity IV, 2012; V-Dem, 2021), para los fines de este trabajo, consideraremos gobernantes de origen electoral a todos aquellos que hayan accedido al cargo en comicios, sin calificarlos12.
El segundo grupo lo constituyen aquellos mandatarios que accedieron al cargo cumpliendo los requisitos que la normativa fijaba en la época, respetando lo establecido por la Constitución o por lo que en Argentina se conoce como Ley de Acefalía13. En este grupo conviven gobernantes de diferentes orígenes, algunos que habían sido electos como vicepresidentes, otros que ocupaban algún cargo que figuraba en la línea sucesoria y finalmente otros que fueron designados por el Congreso, siempre respetando la normativa vigente.
Finalmente, el tercer grupo está formado por aquellos que alcanzaron la titularidad del ejecutivo mediante un golpe al que definimos como “un intento exitoso de voltear a un presidente realizado por las fuerzas armadas” (Lehoucq y Pérez-Liñán, 2013: 6). De esta manera, el origen “golpista” del gobernante le corresponderá a cualquier persona o grupo de personas que ocupe la titularidad del ejecutivo violando las normativas constitucionales mediante el apoyo de las fuerzas armadas, tanto sea frente a un gobierno constitucional como ante uno de facto.
Finalmente, para precisar la duración de los gobiernos utilizamos los días que transcurren entre su designación y su reemplazo de acuerdo con lo señalado por los Libros de Actas14.
4. Datos descriptivos
A continuación, basándonos en el contenido de los Libros de Actas, el relevamiento de diarios nacionales y la bibliografía específica15, e incorporando asimismo las definiciones fundamentadas más arriba, presentamos la información en la Tabla 1 y avanzamos en la sistematización de los datos para posteriormente analizar la tasa de supervivencia (reemplazo) de los gobernantes de la Argentina.
Fuente: Elaboración propia a partir de las actas que figuran en los Libros de Actas de Juramentos de los Miembros del Gobierno de la Nación Argentina.16 17 18 19
En la historia política Argentina hemos tenido 57 gobiernos y 51 gobernantes, dado que 5 lo han sido en más de una ocasión. Tal como podemos observar en la Tabla 2, de los 57 gobiernos, 28 (el 49%) tuvieron un origen electoral20, 12 (el 21%) asumieron su cargo mediante los criterios legales de sucesión y otros 17 lo hicieron mediante un golpe de Estado (el 30%). Sin embargo, la relativa paridad que observamos en el número de gobiernos de los tres tipos desaparece cuando analizamos el tiempo que han gobernado cada uno de ellos. Así, los gobiernos de origen electoral han gobernado 41.902 días (casi 115 años), es decir, el 73% del período, mientras que los que asumieron en virtud de los criterios sucesorios legales lo hicieron 7619 días (casi 21 años) y los que ocuparon el cargo a través de un golpe, 7931 días (casi 22 años).
Podemos observar así que la duración promedio de cada tipo de gobierno según su origen es claramente distinta. Los gobernantes que accedieron al cargo en comicios presentan una duración claramente mayor: en promedio, 1496,5 días, lo que equivale a 4,1 años; aquellos que lo hicieron siguiendo los criterios legales sucesorios duraron en promedio 634,9 días, equivalente a 1,74 años; mientras que los que accedieron mediante un golpe de Estado permanecieron 466,5 días, esto es, 1,28 años. La relativa paridad que muestran los gobiernos con un origen no electoral podría estar indicando un papel importante de los comicios a la hora de explicar la tasa de supervivencia y los riesgos de reemplazo de los gobiernos.
Fuente: Elaboración propia a partir de las actas que figuran en los Libros de Actas de Juramentos de los Miembros del Gobierno de la Nación Argentina y la bibliografía indicada en la nota 15.
En el siguiente apartado buscaremos explicar estas notorias diferencias que presentan los gobiernos en cuanto a su estabilidad, analizando los determinantes de la longevidad de los gobiernos en la Argentina, proponiendo algunas hipótesis y poniéndolas a prueba.
5. Supervivencia política
Los datos descriptivos muestran una significativa variación en la longevidad de los gobiernos entre aquellos que tienen su origen en elecciones y aquellos que no. En esta sección, analizamos la supervivencia política de los gobernantes argentinos, poniendo a prueba la hipótesis que señala que el origen, electoral o no, de un gobierno afecta su longevidad y la tasa de riesgo de ser reemplazado que enfrenta en el transcurso de su mandato. De corroborarse la hipótesis los gobiernos de un tipo y otro no sólo deberían diferir en su longevidad sino también en los patrones de transformación de la taza de riesgo de reemplazo que enfrentan en el transcurso del tiempo.
Para realizar el análisis estimamos distintos modelos de supervivencia utilizando los datos descritos en la Tabla 1. Tomados de la epidemiología, los modelos de supervivencia buscan explicar el tiempo que demora un paciente en fallecer o curarse como resultado de distintas variables de interés. La variable dependiente de estos modelos es el número de días que transcurren desde que se inicia la medición, por ejemplo, cuando una enfermedad es diagnosticada, hasta el momento en el cual el paciente muere o se recupera.
En el análisis político, los modelos de supervivencia han sido extensamente utilizados para analizar el cambio institucional, por ejemplo el tiempo que persisten distintos arreglos institucionales, desde sistemas electorales hasta regímenes políticos, desde que son inaugurados hasta ser reemplazados o eliminados21.
En el estudio del cambio de régimen político, Przeworski et al., (2000) y Epstein et al., (2006) mostraron modelos de supervivencia que explican las tasas de transiciones de democracias (Democratización endógena) así como también la tasa de resiliencia de las democracias existentes (Democratización exógena).
En este artículo, emplearemos este tipo de modelos para explicar la inestabilidad política de Argentina. Así, evaluaremos la cantidad de días que dura un gobierno desde la toma de posesión hasta su reemplazo. La tasa de supervivencia, entonces, puede leerse como una razón que indica el número de días hasta que es reemplazado un ejecutivo en cada uno de los tres regímenes (electoral, sucesorio, golpe de Estado). En el primer día (ascensión), la tasa de supervivencia es 1 (100% en el eje vertical). Cada día que pasa, vemos que la tasa de supervivencia cae. Por ejemplo, a los 1000 días de gobierno, alrededor de un 75% de los ejecutivos democráticos sigue en su cargo. Como contraste, menos de un 10% de los ejecutivos que accedieron en forma no-electoral permanece en el cargo.
Comparemos, por ejemplo, el número de días promedio de supervivencia de un ejecutivo que accede al poder a través de elecciones con aquellos que acceden en forma no electoral, por ruptura del orden constitucional o por los mecanismos sucesorios legales. Las líneas en el Gráfico 1 describen la tasa de gobernantes que continúan en funciones por cada día que transcurre su gobierno. Por ejemplo, si consideramos la línea superior, la cual describe gobiernos con origen electoral, vemos que, después de 500 días, poco más de un 80% de los gobernantes sigue en funciones. Vale la pena contrastarlo con los gobiernos con un origen no electoral, entre los cuales tan solo un 40% de los gobernantes continúan en funciones luego de 500 días. Este número declina rápidamente, con menos de un 25% de los gobernantes que accedieron por golpe o Ley de Acefalía todavía en funciones luego de 600 días.
6. Resultados estadísticos
Si bien los resultados presentados en el Gráfico 1 son interesantes, este análisis tiene algunos límites, ya que sólo intervienen dos variables: cantidad de gobernantes y días de gobierno. Es importante controlar el efecto de estas variables e introducir algunas otras que también pudieran estar interviniendo en esta relación. Por ejemplo, se vuelve relevante evaluar la tasa de supervivencia de los distintos ejecutivos controlando por factores tales como la muerte o renuncia de un presidente, así como también el tipo de origen precedente. Ello nos permitirá dar otras respuestas a interrogantes tales como:
¿Cuál es el tiempo de supervivencia esperado por un gobierno democrático luego de una transición democrática? ¿En qué medida la tasa de supervivencia es mayor o menor bajo distintos partidos? ¿Cuál es la diferencia en la tasa de supervivencia de acuerdo al origen por el que los gobiernos accedieron al poder?
Para realizar este análisis en forma sistemática, Przeworski et al., (2000) utilizaron un modelo de supervivencia Weibull, el cual mide no sólo el efecto de covariados en la tasa de supervivencia, sino también el efecto del desgaste a lo largo del tiempo, es decir, cuánto dura el efecto y si éste decae con el transcurso de los días. Consideremos a la institución “poder ejecutivo” como un metal que sufre desgaste y, eventualmente, se quiebra. Las instituciones pueden con el paso del tiempo debilitarse (fatiga del metal) o fortalecerse (asentamiento). El modelo de Weibull permite evaluar si con el paso del tiempo la tasa de riesgo del poder ejecutivo (fatiga) aumenta o disminuye (asentamiento), permitiéndonos concluir más específicamente sobre el efecto de largo plazo de algunas variables de interés. Epstein et al., (2006), por otro lado, utilizan un modelo de supervivencia de Cox que permite que la tasa de riesgo varíe a lo largo del tiempo en forma no monotónica.
En este trabajo aplicaremos el mismo modelo de supervivencia para evaluar el efecto a largo plazo que poseen algunos factores del sistema político sobre la cantidad de días de duración de los gobiernos.
La variable dependiente de nuestro análisis, por tanto, es el tiempo de duración de los gobiernos, tal y como fue descripta en las páginas precedentes. En la Tabla 3, presentamos tres modelos que estiman la supervivencia de gobiernos cuando este tiene un origen electoral o no. El segundo modelo evalúa el efecto de una ruptura mediante golpe de Estado, muerte o renuncia. Finalmente, estimamos el mismo modelo agregando variables partidarias. En los modelos de supervivencia, los coeficientes describen la tasa de riesgo, es decir, el aumento o disminución en la probabilidad de que el ejecutivo sea reemplazado. Valores negativos describen una disminución en la tasa de riesgo, en tanto que valores positivos describen un mayor riesgo de reemplazo.
Nota: Errores estándares en paréntesis: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1.+No electoral describe un ejecutivo que no accedió al gobierno mediante elecciones. Los modelos 1 y 2 presentan coeficientes de riesgo de modelos Weibull. El modelo 3 presenta estimados de CoxPH. Fuente: Elaboración propia.
En el modelo 1 de la Tabla 3, vemos que el coeficiente de la variable No Electoral es 1,23 y de signo positivo, lo que describe un aumento en el riesgo de reemplazo (menor supervivencia) de los gobiernos que no fueron elegidos mediante voto frente a los gobiernos electos democráticamente. Podemos evaluar su efecto de una forma más intuitiva exponenciando el coeficiente. Es decir, el riesgo de reemplazo de un ejecutivo que no fue elegido electoralmente es 3,44 veces mayor que la de un ejecutivo que accedió mediante el voto. Sin embargo, vale la pena destacar que un gobierno no electo que sucede a otro gobierno no electo (No Electoral[t-1]) es considerablemente más estable, con una tasa de riesgo que es tan solo el doble que el de una democracia, un efecto conjunto estadísticamente significativo. La reducción del riesgo, con su consiguiente aumento en el tiempo de supervivencia, es mayor luego de una transición democrática, como muestran también en el segundo modelo los coeficientes negativos de No Electoral[t-1]. En aquel modelo, el efecto de este término es negativo y estadísticamente significativo.
Fuente: Elaboración propia.
La Tabla 3 muestra también otros resultados interesantes. En primer lugar, como muestra el coeficiente LN(P), que mide el riesgo acumulado, conforme pasa el tiempo, la tasa de riesgo se vuelve relativamente estable. Es decir, no hay un elemento de auto reforzamiento del gobierno conforme pasa el tiempo. Más aún, la tasa variable de riesgo, que es estimada por el modelo de Cox y graficada en el Gráfico 2, muestra que los gobiernos democráticos de origen electoral sufren desgaste político después de las elecciones intermedias, que generalmente se producen alrededor de los 700 días después de haber asumido el cargo. Es decir, mientras que los ejecutivos elegidos democráticamente son considerablemente más duraderos que los originados en un golpe o en sucesión legal, la probabilidad de una ruptura aumenta considerablemente después de las elecciones intermedias. Es decir, si bien un gobernante que asciende al poder político por un golpe o una determinada regla sucesoria tiene un déficit de origen que hace más probable su reemplazo en los dos primeros años, vemos que los gobiernos que surgen de elecciones son muy sensibles al desgaste político a partir de su tercer año de gobierno22.
Para una mejor comprensión de este punto es necesario tener en cuenta que el caso de los gobernantes que accedieron mediante elecciones es muy diferente al de quienes asumieron como consecuencia de los criterios legales sucesorios o como consecuencia de un golpe de Estado. Estos dos últimos casos comparten la característica de no contar con el respaldo popular para ejercer el cargo y, por lo tanto, su legitimidad de origen está puesta en cuestión. De todos modos, resulta necesario también diferenciar los gobiernos surgidos como consecuencia de lo establecido por la Constitución o ley de acefalía de aquellos que llegaron al poder mediante un golpe. Mientras que en los casos en los que se aplica la sucesión legal la legitimidad está dada precisamente por la normativa que establece el procedimiento23, la historia nos muestra cómo los gobiernos surgidos de golpes fueron fruto de negociaciones improvisadas al calor del levantamiento sin que, en muchos casos, existieran definiciones previas sobre quién sería el responsable del PEN de triunfar la acción militar. Los acontecimientos posteriores a los golpes de 1930, 1943 y 1955 mostraron rápidamente fuertes disidencias entre quienes realizaron el golpe y los conflictos internos de 1966 y 1976, si bien no fueron tan visibles, hoy sabemos que también existieron24.
Finalmente, de los datos que presentamos en este trabajo podemos derivar las tasas de transición entre gobiernos electorales y no electorales en cada año. Vemos que, en cada caso, la probabilidad de que un tipo de gobierno continúe es alta (hay baja tasa de reemplazo). Notamos, sin embargo, que dicha continuidad es más alta para los de origen electoral y que para los otros.
Podemos acercarnos entonces a resultados que nos permiten pensar en los efectos concretos sobre la estabilidad e inestabilidad política a lo largo de la historia argentina. Mientras que un gobierno electoral es sucedido por otro electoral en más de un 85% de los casos, los gobiernos no electorales son reemplazados por otros gobiernos con ese origen en alrededor de un 70% de los casos y con una alta variabilidad. Esa información la obtenemos del coeficiente de la variable No Electoral[t-1], que caracteriza al tipo de gobierno previo a un mandato determinado. En otras palabras, mientras que los tipos de gobierno en la Argentina tienen mayor continuidad que la que es habitualmente reconocida (gobernantes electos suceden a otros electos y gobernantes no electos suceden a otros gobernantes con el mismo origen), la estabilidad (baja tasa de riesgo) y longevidad (reemplazo tardío) de los gobiernos propiamente democráticos, electos por el pueblo, ha sido considerablemente mayor que la de los gobiernos de otro origen. Es decir, los quiebres institucionales propician gobiernos más cortos e inestables y los democráticos conllevan gobiernos más duraderos y estables. La legitimidad de origen no sólo afecta la supervivencia de los gobiernos, sino que condiciona su porvenir.
7. Conclusiones
La inestabilidad política ha caracterizado a gran parte de la historia institucional de la Argentina. En este artículo, nos propusimos hacer un análisis que comprendiera las distintas etapas y procesos que tuvieron lugar desde 1862 hasta nuestros días y poder concluir sobre las causas de dicha inestabilidad. La información contenida en los Libros de Actas y utilizada para analizar la estabilidad de los gobiernos en la Argentina nos permite llegar a algunas conclusiones interesantes que merecen mayor investigación en el futuro.
En primer lugar, los datos demuestran que la estabilidad de los gobiernos es explicada en gran medida por su origen, electoral o no electoral. Los gobiernos surgidos de elecciones son siempre más estables y duraderos que los que tienen otro origen, ya sea sucesión legal o golpe de Estado, siendo el riesgo de ser reemplazados de los segundos casi 3,5 veces más alto que el de los primeros.
A su vez, los patrones de estabilidad también son marcadamente distintos. Así, mientras que los gobiernos surgidos de elecciones comienzan con una alta tasa de supervivencia y, por lo tanto, con un nivel de riesgo de reemplazo muy bajo, los gobiernos que tienen un origen diferente al electoral tienen en sus primeros días una baja tasa de supervivencia y altas posibilidades de reemplazo. Con el paso del tiempo, los gobiernos electorales empiezan a acrecentar su riesgo, reduciendo sus posibilidades de supervivencia, especialmente en el momento de afrontar su primera elección de renovación parlamentaria y sus secuelas (a los 700 días aproximadamente). Por el contrario, los gobiernos no electorales, si bien son siempre menos estables que los electorales, reducen el riesgo de sustitución después de cierto tiempo (500 días aproximadamente).
Posiblemente, estos patrones distintos puedan explicarse por el hecho de que los ejecutivos que no llegaron a través del voto son generalmente reemplazados debido a déficits de origen, sufriendo mayores riesgos de reemplazo en su primer año de gobierno, en tanto que los electorales son reemplazados debido al desgaste político. Esto puede observarse en el sostenido incremento en la tasa de riesgo de los gobiernos democráticos con el paso del tiempo.
En tercer lugar, los datos muestran que la continuidad de los gobiernos en la historia argentina es mayor a lo que muchas veces se sostiene y que, lejos de una sucesión de gobiernos electorales y no electorales, lo que puede observarse es que, en la mayoría de los casos, los gobiernos son sucedidos por gobiernos del mismo origen, especialmente aquellos surgidos de la elección popular.
Finalmente, es interesante señalar que los gobiernos que son, en principio25, productos de la “vieja” y “nueva” inestabilidad señalada por la literatura, es decir, de golpes de estado o de renuncia obligada, tienen patrones de comportamiento muy similares y contrastantes con los que presentan los gobiernos originados en el voto popular.