LA IDENTIDAD NACIONAL. REPRESENTACIONES CULTURALES EN ARGENTINA Y SERBIA

A un cuarto de siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina

 

Maria Elena Stella *

^(*) Historiadora (Facultad de Filosofia y Letras.UBA). Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, desempenandose como Profesora de Historia Economica y Social Argentina en la Facultad de Ciencias Economicas y de Introduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado en el Ciclo Basico Comun. Profesora del Instituto de Ensenanza Superior del Profesorado Dra. Alicia Moreau de Justo.

Fecha de recepcion: junio 2013
Fecha de aceptacion: marzo 2014
Version final: mayo 2015

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Resumen

A principios de la decada del ochenta, luego de las dictaduras que asolaron America Latina, el subcontinente presencio la recuperacion de la democracia. A diferencia de lo sucedido con las anteriores experiencias dictatoriales, esta vez, surgio la creencia de que los delitos atroces cometidos por los regimenes militares debian ser alcanzados por algun tipo de justicia retroactiva. Los nuevos gobiernos democraticos llevaron adelante distintas iniciativas de justicia transicional en Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina. En el caso de nuestro pais, la politica de los Derechos Humanos adquirio un caracter especial en cuanto a su amplitud, profundidad y extension en el tiempo. Desde la restauracion democratica, en 1983, hasta nuestros dias, diversas medidas –como la creacion de la comision de verdad, CONADEP, la publicacion del informe Nunca más, el enjuiciamiento de los maximos responsables de violaciones a los derechos humanos, la fundacion del Equipo Argentino de Antropologia Forense, la inclusion del tema en los programas escolares, la implementacion de politicas de reparacion y la ereccion de museos, entre otras– conformaron uno de los logros mas acabados en materia de justicia transicional. Dentro de la trayectoria seguida por los Derechos Humanos en la Argentina, el Juicio a las Juntas Militares, que tuvo lugar entre abril y diciembre de 1985, es, sin duda, un hito fundamental, por su caracter inedito y porque se convirtio en el disparador de nuevas demandas que imprimiran al proceso, una dinamica que llega hasta hoy. Para Hugo Vezzetti, el juicio a las juntas, constituye una escena, un punto de inflexion en la historia reciente ya que condensa una trama historica y, a la vez, se convierte en un nucleo duro y persistente sobre el cual vuelve el trabajo de la memoria. Compartiendo tal perspectiva, el presente trabajo apunta a volver a este hecho fundacional de la Argentina actual, intentando explicar como se llego al Juicio y sus derivaciones en el en el conjunto del proceso de justicia retroactiva que lleva ya cerca de tres decadas.

Palabras clave: Democracia; Derechos Humanos; Dictadura Militar; Juicio a las Juntas militares; Memoria.

Summary

In the early eighties, after the dictatorships that plagued Latin America, the subcontinent witnessed the restoration of democracy. Unlike what happened to the dictatorial past experiences, this time emerged the conviction that the heinous crimes committed by military governments were to be achieved by some sort of retroactive justice. The new democratic governments promoted different initiatives of transitional justice in Brazil, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina. In the case of our country, the policy of the Human Rights acquired a special character in terms of its breadth, depth and scope over time. Since the restoration of democracy in 1983, until today, various measures –such as the creation of the truth commission, CONADEP, the publication of Nunca Más, the trials of the most responsible for human rights violations, the foundation of the Argentine Forensic Anthropology Institute, the inclusion in school curricula, the implementation of compensation policies and the erection of museums, among others– formed one of the most accomplished achievements in the field of transitional justice. Within the trajectory of Human Rights in Argentina, the military junta trial, that occurred between April and December 1985, is undoubtedly a major milestone for its unprecedented nature and because it became the trigger of new demands that would give the process, a dynamic that continues today. For Hugo Vezzetti, the Trial of the Military Juntas, is a scene, a turning point in recent history because it condenses a historical framework and, in turn, it becomes a persistent hard core on which turns the memory work. Sharing this perspective, this study proposes to review this foundational fact of today's Argentina, trying to explain how it came to trial and its derivatives in the whole process of retroactive justice which has nearly three decades.

Keywords: Democracy; Human Rights; Memory; Military Dictatorship; The Trial of the Military Juntas.

Resumo

A princípios da década dos anos oitenta, depois das ditaduras que assolaram à América Latina, o subcontinente assistiu à recuperação da democracia. A diferença do sucedido com as anteriores experiências ditatoriais, esta vez, surgiu a credencia de que os delitos atrozes cometidos por os regimes militares deviam ser alcançados por algum tipo de justiça retroativa. Os novos governos democráticos levaram adiante distintas iniciativas de justiça transicional em Brasil, Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina. No caso do nosso país, a política dos Direitos Humanos adquiriu um caráter especial em quanto a sua amplitude, profundidade e extensão no tempo. Desde a restauração democrática, em 1983, até nossos dias, diversas medidas –como a criação da comissão da verdade, CONADEP, a publicação do informe Nunca mais, o enjuizamento dos máximos responsáveis de violações aos direitos humanos, a fundação da Equipe Argentino de Antropologia Forense, a inclusão do tema nos programas escolares, a implementação de políticas de reparação e a ereção de museus, entre outras– conformaram um dos logros mais acabados em matéria de justiça transicional. Dentro da trajetória seguida por os Direitos Humanos na Argentina, o Juízo às Juntas Militares –entre abril e dezembro de 1985–, é sem dúvida um marco fundamental, por seu caráter inédito e porque se converteu no desencadeante de novas demandas que imprimirão ao processo uma dinâmica que está vigente até hoje. Para Hugo Vezzetti, o juízo às juntas, constitui uma cena, um ponto de inflexão na história recente já que condensa uma trama histórica, e, à vez, se converte num núcleo duro e persistente sobre o qual volta o trabalho da memória. Compartindo tal perspectiva, este trabalho aponta a voltar a este feito fundacional da Argentina atual, intentando explicar como se chegou ao Juízo e suas derivações no conjunto do processo de justiça retroativa que leva já aproximadamente três décadas.

Palavras chave: Democracia; Direitos Humanos; Ditadura Militar; Juízo às Juntas Militares; Memória.

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Introducción

Un rasgo que identifica a la Argentina actual, surgida con la recuperacion de la democracia en 1983 es, sin duda, el resultado obtenido en cuanto a la revision del pasado autoritario y el alcance de la justicia penal sobre los responsables de violaciones masivas de los derechos humanos producidas durante la ultima dictadura militar. A mediados de los ochenta y principios de los 90, con el fin de los gobiernos dictatoriales en America Latina, de los regimenes comunistas en Europa Oriental y del apartheid en Sudafrica, el mundo presencio una serie de procesos de justicia transicional. En general, estos se caracterizan por un conjunto de medidas judiciales y politicas, tales como la persecucion de criminales, la creacion de comisiones de verdad y otras formas de investigacion del pasado violento, la reparacion a los damnificados por los danos sufridos y la reforma de instituciones involucradas en violaciones a los derechos humanos como las fuerzas armadas, policiales, servicios de inteligencia. En un sentido mas amplio, el concepto de justicia transicional tambien abarca todas aquellas iniciativas tendientes a preservar viva la memoria de las victimas mediante la creacion de monumentos, museos, parques memoriales, archivos, etc.
En este campo de la revision del pasado autoritario, consideramos que nuestro pais ha realizado una tarea considerable, que lo ubica por delante de los demas paises que debieron encarar la cuestion de la justicia retroactiva. A la hora de juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por regimenes autoritarios, la justicia transicional debe enfrentar diversos problemas politicos, tecnicos, juridicos y morales. Por un lado, choca con la inexistencia de leyes previas a la ejecucion de los crimenes que debe castigar. Por el otro, la cantidad y caracteristicas de los perpetradores, muchos de ellos todavia, con poder politico y capacidad de presion, colocan a la justicia en la encrucijada de optar por la reparacion etica o por la estabilidad del nuevo gobierno. Establecer con que criterios delimitar el campo de quienes deben ser alcanzados por la justicia y quienes no, es tambien una cuestion acuciante. Estos y otros dilemas semejantes se presentaron a la nueva democracia pero, un conjunto de factores fueron condicionando y modelando los sucesos que otorgaron el caracter diferencial que asumio la justicia transicional en la Argentina en comparacion con el camino que siguio en otros paises. Entre los factores, destacamos el notable activismo del movimiento por los derechos humanos, que habia surgido en plena dictadura y que asumio un gran protagonismo en la transicion democratica. La situacion de total desprestigio y deslegitimacion de las fuerzas armadas a partir de la derrota militar de las Malvinas vino a sumarse al ya, rotundo fracaso del modelo economico. La actitud independiente de un gran numero de jueces contribuyo en gran medida a consolidar el proceso. Pero, sin duda, un factor de fundamental importancia fue el rol del presidente, un candidato que habia basado su campana electoral en la promesa de juzgar a los culpables, romper con la tradicion de impunidad instalada y refundar el estado de derecho y que, una vez asumido el gobierno, coloco el tema en el centro de la escena politica.
El breve periodo comprendido entre la asuncion del Presidente Raul Alfonsin el 10 de Diciembre de 1983 y la sentencia dictada por del tribunal que juzgo a los nueve comandantes dos anos mas tarde –el 9 de diciembre de 1985– encierra una clave explicativa esencial del camino que siguio la justicia transicional en Argentina. En efecto, el Juicio a las Juntas Militares es la culminacion de todo un proceso, pero es, a su vez y fundamentalmente, la piedra basal de todo lo que vendra despues en materia de justicia retroactiva. Las posteriores decisiones politicas, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, los indultos del presidente Carlos Menem no pudieron, sino transitoriamente, debilitar la cuestion de los derechos humanos en la Argentina. Los juicios abiertos veinte mas tarde no resultan concebibles sin aquel precedente realizado en un momento cargado de tensiones, presiones militares y enormes expectativas por parte de la sociedad y de las organizaciones de derechos humanos.

La justicia transicional en la Argentina

Durante la dictadura, los familiares de las victimas y el movimiento por los derechos humanos habian iniciado la busqueda de los desaparecidos, pero no fue sino, a partir de la llegada del gobierno democratico, cuando se dieron los pasos importantes en el esclarecimiento del destino de las victimas de la represion ilegal. En la Argentina surge una de las primeras comisiones de verdad de America Latina y del mundo (www.amnesty.org/es/international-justice/issues/truth-commissions), la Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas (CONADEP), creada por el presidente Raul Alfonsin, en Diciembre de 1983, y unos meses despues la entidad publica los resultados de sus investigaciones en el Informe Nunca mas.¹ El pais fue, tambien, pionero, en la fundacion del Equipo Argentino de Antropologia Forense, organizacion cientifica no gubernamental, constituida en 1984. Asimismo, se destaca la creacion del Banco Nacional de Datos Geneticos para identificar los restos humanos y contribuir a la busqueda y a la restitucion de la identidad de los bebes apropiados.
Durante los gobiernos constitucionales que siguieron, se avanzo en la reparacion economica a las familias de las personas desaparecidas y luego se indemnizo a los hijos por el perjuicio causado sobre sus vidas, por el tiempo que pasaron detenidos con sus madres, y muchos de ellos, por haber sido arrancados del seno de sus familias y sustituida su identidad. En cuanto a la reparacion simbolica, se erigieron monumentos, archivos, museos en antiguos centros clandestinos de detencion, tortura y muerte y se incluyo el tema en el curriculo escolar. Sin embargo, mas alla de los logros en el esclarecimiento de la verdad y en lo que atane a la memorializacion del pasado traumatico, la particularidad del proceso de transicion argentino radica, fundamentalmente, en el alcance de la justicia penal, materializado en los procesos judiciales a los responsables de los delitos de lesa humanidad (se puede consultar el mapa detallado de las causas en www.cij.gob.ar/les-humanidad.html).
Como mencionamos mas arriba, en 1983 se ordeno el juicio a los nueve comandantes de las primeras juntas militares y dos anos mas tarde, comenzaron las audiencias. Previamente, muchos juzgados ordinarios del pais ya habian iniciado procesos contra esos y otros acusados en virtud de cientos de demandas de los familiares, pero fue la sentencia a los comandantes lo que disparo la apertura de nuevas y numerosas causas. En el punto 30 del fallo, los jueces, asumiendo una postura de total independencia con respecto al Poder Ejecutivo, ampliaron el circulo de responsables que serian juzgados.² Luego del dinamismo inicial de los dos primeros anos de democracia, el proceso sufrio una brusca interrupcion, a partir de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y de los indultos del Presidente Carlos Menem obliterado el camino de la justica penal, no obstante, la labor de los organismos de derechos humanos siguio adelante, esta vez la estrategia asumida, ideada por el Centro de Estudios Legales y Sociales ( CELS), consistio en reclamar el derecho a conocer la suerte corrida por las victimas, dando origen a los llamados'Juicios de Verdad'. Con ellos se avanzo notablemente en la identificacion de cadaveres y en la recopilacion de nuevos documentos hallados en cementerios y reparticiones oficiales. Otra forma de resistencia al olvido y a la impunidad fue la llevada a cabo por la organizacion H.I.J.O.S. –creada en 1995– fundamentalmente, a traves de la practica de los escraches a los represores. En 1997, un impulso importante provino desde el exterior cuando la justicia penal internacional establecio en el Estatuto de Roma de 1998 la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crimenes de guerra. Acorde a ello, en la Argentina, el criterio se extendio a muchos jueces contribuyendo a reinstalar el cuestionamiento de las'leyes del perdon' e indultos. Fue en este renovado contexto de movilizacion militante en favor de los Derechos Humanos y de debilidad del poder de presion de las fuerzas armadas, cuando, en 2003, el Presidente Nestor Kirchner se sumo al estado de animo e impulso en el Congreso la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La renovacion de la Corte Suprema de Justicia significo otro vuelco importante en favor del castigo pendiente a los criminales de la dictadura. En 2005 el tribunal supremo declaro la inconstitucionalidad de las leyes de punto Final y de Obediencia Debida como, asimismo, de los indultos presidenciales. A partir del levantamiento de esas trabas, se multiplicaron los pedidos de elevacion a juicio de delitos de lesa humanidad, a lo largo y a lo ancho del pais y aun hoy continuan.³
De lo expuesto en la breve sintesis anterior, se desprende que el proceso fue complejo y discontinuo pero con resultados considerables. No obstante, son varios los aspectos que quedan por mejorar: por empezar, habria que afianzar los procesos judiciales, avanzar en esclarecimiento de la suerte corrida por miles de desaparecidos, recuperar los hijos y nietos que aun reclaman los familiares. En relacion a las deudas y desafios que afronta hoy la justicia transicional argentina, la investigadora Valeria Barbuto sostiene que

El tiempo transcurrido tambien dificulta el cumplimiento del derecho de las victimas a la justicia, tal como sostienen los estandares internacionales. La demora en la realizacion de los debates orales genera el riesgo de perdida de memoria y de precision en los testigos, y hasta la muerte de muchos familiares (www.dplf.org/uploads/1285258696.pdf, p. 6).

Otros aspectos senalados por la investigadora se refieren a la necesidad de agilizar el tramite de los procesos, lograr una mejor difusion de los juicios para darles un sentido mas colectivo y garantizar la seguridad de los testigos. Esta ultima, muy cuestionada en virtud de la desaparicion en 2006 de Jorge Julio Lopez, luego de su testimonio contra el represor Miguel Etchecolatz.⁴

El Juicio a las Juntas y sus múltiples significados

Del 22 de abril de 1985 al 9 de diciembre de 1985, los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares fueron juzgados por la justicia civil por la comision de los delitos de homicidio, privacion ilegitima de la libertad seguida de homicidio, privacion ilegitima de la libertad simple, tormentos, violaciones y robos. El tribunal estaba integrado por seis jueces de la Camara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Leon Carlos Arslanian, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andres J. D'Alessio, siendo el fiscal de la causa, Julio Cesar Strassera con quien colaboro Luis Gabriel Moreno Ocampo. Debido a que la cantidad de delitos sobre los que existian constancias superaban los diez mil segun la investigacion hecha por la CONADEP, el fiscal Strassera tomo la decision de recurrir a un mecanismo utilizado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de casos paradigmaticos. La fiscalia presento, entonces, 709 casos, de los cuales el tribunal decidio examinar 280. Durante las audiencias declararon 833 testigos, entre ellos, sesenta y cuatro militares, quince periodistas, catorce sacerdotes y treces ciudadanos extranjeros. El 9 de diciembre se dicto la sentencia que condeno a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a cadena perpetua, a Roberto Eduardo Viola a diecisiete anos de prision, a Armando Lambruschini a ocho anos y a Orlando Ramon Agosti a 4 anos de prision. Los restantes cuatro acusados, Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, quedaron absueltos de culpa y cargo por no haberse podido probar los delitos que se les imputaba.
Hoy, a excepcion de las dos primeras, las condenas resultan exiguas y ni hablar de las absoluciones. Tambien, en el momento, diversos sectores politicos y organizaciones de derechos humanos las consideraron insatisfactorias. Sin embargo, por las caracteristicas que tuvo, la condena a las juntas militares, realizada por un gobierno democratico, fue un hecho sin precedentes en el mundo. En la historia nacional, tambien, significo una ruptura: fue el fin de una epoca y el principio de otra. En el banquillo de los acusados, bajo el peso de la ley, se coloco a la jerarquia que, hasta hacia poco tiempo, detentaba un poder ilimitado –en base al cual, habia llegado a decretar su autoamnistia–, habia sido la principal protagonista de la politica argentina por mas de medio siglo, y que, aun poseia el monopolio de la fuerza. Pieza central de la justicia transicional argentina, convirtio en pruebas juridicas, los testimonios de familiares y sobrevivientes y las informaciones sobre los centros clandestinos de detencion recopilados por la CONADEP. Logro poner en evidencia el caracter sistematico del plan ideado y ejecutado por las fuerzas armadas. Desnudo la estructura y el funcionamiento del terrorismo de estado. Amplio el numero de los alcanzados por la justicia, excediendo, de este modo, los margenes previstos por el presidente, en el punto treinta del fallo, como ya hemos senalado.
La decision de que sea oral y publico, tomada por la Camara Federal, le otorgo agilidad, transparencia y objetividad, a la vez que contribuyo a difundirlo en la sociedad. Las sesiones fueron grabadas integramente, por los equipos de ATC, el canal publico, pero solo se autorizo la televisacion, en diferido, de tres minutos sin audio.⁵ Se desconoce si esa decision partio del Poder Ejecutivo o de la Camara Federal, lo cierto es que se buscaba no exacerbar, aun mas, los animos de los sectores castrenses. En 1988 una copia completa de las imagenes del proceso fue depositada en la sede del Parlamento de Noruega para preservar integridad del documento y la memoria del historico juicio, que se percibia amenazada. Hugo Vezzetti considera el Juicio a las Juntas como una bisagra, inedita, en la que "se anudaba un nucleo de significaciones que no solo rearmaba la memoria completa de la dictadura sino que incorporaba, propiamente implantaba, las bases de una nueva memoria de la democracia" (Vezzetti, 2002, p. 109). Para el autor, constituye una escena, un punto de inflexion en la historia reciente ya que condensa una trama historica y, a la vez, se convierte en un nucleo duro y persistente sobre el cual vuelve el trabajo de la memoria. Con el Juicio a las Juntas la democracia naciente encontro su acontecimiento y ceremonia publica fundante.

Cómo fue posible el juicio a los ex-comandantes

El punto de partida del juicio penal a los ex comandantes debe ubicarse en la derrota de Malvinas, cuando, en el movimiento por los derechos humanos, cobro forma la demanda de "juicio y castigo a todos los culpables". Tal fue la postura que, pronto, se convirtio en hegemonica dentro del movimiento y continuo con fuerza en la transicion democratica. Casi contemporaneamente, un grupo de filosofos y especialistas en derecho⁶, a instancias de Raul Alfonsin, comenzo a dar forma a una idea de este sobre lo que consideraba debia convertirse en una politica de estado: la revision judicial del pasado. En este punto, es importante senalar, que la postura de Alfonsin contrastaba con la de la mayoria de los integrantes de la multipartidaria, que se limitaba a pedir informacion a las fuerzas armadas sobre la cuestion de los desaparecidos para, luego,'cerrar las heridas', descartando cualquier idea de castigo penal. Es mas, dentro del mismo partido radical la posicion del futuro presidente con respecto a este punto no era compartida por la mayoria de los miembros. Por su parte el gobierno militar, aunque en retirada y con fuertes contradicciones internas, pudo unificar sus intereses corporativos en la postura de no investigar el pasado y de reivindicacion total de lo que llamaban la'guerra antisubversiva', manifestada en la Ley de Enjuiciamiento de Actividades Terroristas y Subversivas, conocida como'ley de Autoamnistia'. ⁷ Una inmediata respuesta a la misma provino, a los pocos dias de sancionada, de parte de dos jueces federales, Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco, –futuros integrantes del tribunal que juzgo a la Juntas–, que la declararon inconstitucional.
Durante la campana electoral, la cuestion del juzgamiento tuvo un lugar central en el discurso alfonsinista, en notable contraste con el mensaje proselitista del justicialismo. El triunfo radical en las elecciones presidenciales de Octubre de 1983 resulto decisivo para la cuestion de la justicia penal, sobre todo, si se tiene en cuenta que Italo Luder, el candidato del Partido Justicialista, sostenia una postura contraria al juzgamiento y aceptaba la autoamnistia de los militares. Inmediatamente asumido el gobierno, el presidente tomo una serie de medidas, no sin cuestionamientos, contradicciones, marchas y contramarchas pero que, en definitiva, junto con la movilizacion de las organizaciones de derechos humanos y el apoyo de gran parte de la sociedad, fueron alejando cada vez mas la posibilidad de la impunidad. Como primera, el presidente electo, presento al Congreso un proyecto para anular la ley de autoamnistia y, pocos dias despues el Poder Legislativo sanciono la derogacion de la misma, la cual, significativamente fue la primera ley aprobada por la nueva democracia.
El 15 de diciembre de 1983, el presidente sanciono los decretos 157 y 158. Por el primero, ordenaba enjuiciar a los jefes de las organizaciones guerrilleras y, por el segundo, ordenaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas procesar a las tres juntas militares. Junto con este, el Presidente envio al Congreso un proyecto de reforma al Codigo de Justicia Militar, por el cual se habilitaba a la justicia civil como instancia de revision del tribunal militar. Simultaneamente, el Poder Ejecutivo daba un paso mas: la creacion de la CONADEP, pieza central de la estrategia alfonsinista, formada, por ciudadanos prominentes y con la finalidad de recibir denuncias y pruebas para ser remitidas a la Justicia. La propuesta alfonsinista consistia en una justicia retroactiva y preventiva pero de alcance limitado, basada en la diferenciacion de tres niveles de responsabilidad: la de aquellos que planearon e impartieron las ordenes de represion ilegal, los que obedecieron esas ordenes en un contexto de coercion y los que se excedieron en el cumplimiento de las mismas y cometieron delitos. De acuerdo con esta concepcion, solo el primer y tercer nivel serian alcanzados por la justicia penal.
Segun Marcos Novaro,

Alfonsin aposto asi a una linea media: atender la demanda de justicia de los familiares de las victimas y la expectativa mas difusa de la sociedad al respecto, y lograr la subordinacion de los oficiales en actividad, que en su mayoria serian disculpados aunque hubieran tenido alguna participacion en la represion (Novaro, 2010, p. 196).

Sin embargo, quedo lejos de conformar al movimiento de derechos humanos, partidos de izquierda y una parte importante de la ciudadania que reclamaba castigar a todos los culpables y lejos, tambien, de las fuerzas armadas que pretendian la impunidad para todos sus miembros. Aunque pertinaz y perentoria, la propuesta del Presidente, no resistio inmutable el impacto de la accion de estos y otros actores sociales y politicos implicados. Por empezar, un embate provino del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que se nego a investigar, juzgar y castigar, aunque sea, solo a un punado de sus miembros, y que, ademas, volvio a reivindicar in toto la'guerra antisubversiva', agotando, asi, en un solo acto y de plano, cualquier expectativa de autodepuracion de las fuerzas armadas.
Otro actor que, tambien, mostro un importante grado de autonomia, fue la Camara Federal, sobre todo, cuando, ignorando la doctrina alfonsinista de los tres niveles de responsabilidad, ordeno, en la sentencia a los ex comandantes, el juzgamiento de los jefes de zona y zubzona, con lo cual dio por tierra con la eximicion "aquellos que actuaron en cumplimiento de ordenes de superiores". El proceso fue el resultado de la interaccion de cuatro actores principales, el Poder Ejecutivo, las fuerzas armadas, los organismos de derechos humanos, y el Poder Judicial. Sin embargo, ademas de las acciones de cada uno de estos, es necesario considerar tambien, dos momentos y fuerzas intervinientes que daran un giro dramatico al proceso. Uno de ellos tiene lugar en el Senado de la Nacion, durante la discusion del Proyecto de Reforma al Codigo de Justicia Militar. Alli, con los dos votos del Movimiento Popular Neuquino y del senador bonaerense, Adolfo Gass⁸ se logro excluir la disculpa por obediencia debida a todos los "actos atroces y aberrantes", con lo cual se extendia hacia limites no precisos el alcance de la justicia penal a los represores del Proceso de Reorganizacion Nacional. Aqui, habria que destacar otro hecho no previsto, o por lo menos, no explicado: el presidente, hubiera podido vetar las reformas introducidas por el Senado, pero no lo hizo, aceptando de hecho la modificacion de su propuesta original. Es decir, consintio en ampliar el alcance de la justicia penal.
Otro acontecimiento que influyo de manera decisiva en el proceso fue la publicacion del Nunca mas, cuyas revelaciones hicieron conocer a la sociedad la escalofriante dimension de la politica del terror implementada por la dictadura, revelacion que hacia insostenible la propuesta de justicia acotada a unos pocos represores. Es, tambien, significativo que la CONADEP, que habia sido creada por el Presidente, mantuvo, sin embargo un notable e irreprochable grado de independencia con respecto al Poder Ejecutivo. Para Alfredo Pucciarelli, la estrategia alfonsinista resultaba inconsistente y contradictoria con su concepcion global que asociaba el fin de la impunidad con la recuperacion de la institucionalidad democratica, toda vez que

al considerar'no judicializables' los crimenes de lesa humanidad cometidos conscientemente por los cuadros medios de las Fuerzas Armadas, bajo el pretexto de la obediencia debida, el Poder Ejecutivo inicio su politica de construccion de una nueva trama social exenta de privilegios corporativos injustificados y de poderes de facto inmunes, generando precisamente lo contrario, un nuevo ambito de impunidad militar (Pucciarelli, 2006, p. 10-11).

Mas alla de los limites de la propuesta original, que de todas maneras implicaba un intento inedito de justicia retroactiva, lo que debe tenerse en cuenta fundamentalmente, son las medidas efectivas tomadas durante esos anos aciagos, ante la amenaza real de golpe de estado y el requerimiento perentorio –aunque, totalmente, justificado– de los familiares de la victimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

A modo de conclusión

Muchas de las promesas que traia consigo la nueva democracia, nacida el 10 de Diciembre de 1983, quedan aun pendientes, tal como lo senalan, hoy en dia, los elevados niveles de pobreza, la inequidad distributiva, la exclusion social, la primarizacion de su estructura productiva y la fuerte dependencia de la economia argentina. Pero, en punto, por lo menos, la historia argentina parece redimirse de sus pecados y fracasos pasados: termino con la impunidad de medio siglo de golpes de estado y castigo a los culpables de las violaciones masivas y sistematicas de los derechos humanos cometidas durante la ultima dictadura. Redimio a las victimas del olvido y pudo construir un nuevo relato legitimado de su pasado violento. Tambien, por primera vez en decadas, se ha consolidado un consenso abrumador en favor del respeto a las reglas elementales del sistema democratico y republicano. Desde 1983, Argentina ha atravesado varias crisis economicas, sociales, politicas y de representacion, siendo la mas profunda la de Diciembre de 2001. Sin embargo, siempre se resolvieron dentro del marco de la institucionalidad democratica. El proceso de justicia transicional, que lleva, ya, casi tres decadas, ha recorrido distintas etapas: la primera que va desde la asuncion del gobierno constitucional hasta la sancion de la ley de Punto Final, la segunda, comprendida entre 1986 y 1995, en la que la justicia penal quedo interrumpida; la tercera, de 1995 a 2001, cuando se emprenden los'Juicios por la Verdad' y se declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; la cuarta, desde el ano 2001 a nuestros dias, signada por la anulacion y la declaracion de inconstitucionalidad de las'leyes del perdon' y de los indultos. De ellas, la primera fue el momento crucial, la prueba de fuego de la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos, la que hara posible la consolidacion democratica y la profundizacion de la justicia penal. Se trata del momento mas critico, ya que las fuerzas armadas habian cerrado filas en torno a la rotunda negativa a realizar una autocritica y una postura intransigente en relacion a cualquier tipo de castigo penal.
Esta posicion fue sostenida en base a amenazas de golpe, estado de movilizacion y fuertes presiones, con lo cual quedaba claro que, aunque deslegitimadas frente la sociedad, aun mantenian un poder desestabilizador. Sin embargo, se pudo llegar al Juicio a los Comandantes, piedra angular del proceso de justicia transicional en la Argentina. El Juicio a los Comandantes infligio el golpe mas duro –junto con la derrota de Malvinas– al poder militar. Las rebeliones de Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli, y el ultimo levantamiento de Diciembre de 1990, fueron los ultimos conatos de un poder que se desplomaba. Veinte anos mas tarde del historico juicio, desmantelado el aparato militar, debilitada la capacidad de presion de las fuerzas armadas y su rol en la escena politica, la justicia penal pudo reinstalarse y desarrollarse en un marco de mayor libertad. Un dato significativo sobre el Juicio a las Juntas, senalado por el periodista Pepe Eliaschev, contribuye a acentuar, aun mas, la dimension historica del evento:

Los veredictos de 1985, cuando en Chile y Brasil gobernaban los militares, en Sudafrica reinaba el apartheid, Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los lideres indiscutidos de Occidente y el llamado'campo socialista' gozaba aun de agonica vida, son una colosal desmesura argentina (Eliaschev, 2011, p. 21).

Notas

¹ Los efectos politicos y juridicos del Nunca mas fueron vastisimos. Sus investigaciones tomaron el caracter de prueba juridica en el Juicio a las Juntas y, ademas, el Informe se convirtio en modelo de exposicion de la violencia de estado en el Cono sur. Estos aspectos se pueden profundizar en Crenzel, Emilio, La historia política del Nunca más. La memoria de las desapariciones en Argentina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

² "Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento del Consejo Supremo de la FF.AA. el contenido de esta sentencia y cuantas piezas de la causa sean pertinentes, a los efectos del enjuiciamiento de los Oficiales Superiores, que ocuparon los comandos de zona y subzona de Defensa, durante la lucha contra la subversion, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones." (punto 30 del fallo).

³ En Julio de 2012, la justicia pudo probar la existencia de un plan sistematico de apropiacion de bebes del gobierno militar y, en virtud de ello, fueron condenados los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla, a prision perpetua, y Reynaldo Bignone a quince anos. Las duras penas tambien alcanzaron- entre otros- a los ex marinos Antonio Vanek (cuarenta anos), a Jorge "El Tigre" Acosta (treinta anos) y al ex director de Institutos Militares Santiago Riveros (veinte anos. anos).

⁴ Jorge Julio Lopez fue un detenido desaparecido por la dictadura desde 1976 a 1979. Su segunda desaparicion en 2006 constituye un hecho gravisimo del cual nada se sabe, aun.

⁵ Sobre la particular historia que tuvieron las imagenes del Juicio a la Juntas, vease Feld, Caludia, Del estrado a la pantalla: Las imagenes del juicio a los ex comandantes en Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

⁶ Ellos eran Genaro Carrio, Carlos Nino, Martin Farrel, Ricardo Gil Lavedra, Eugenio Bulygin, Osvaldo Guariglia y Eduardo Rabossi, a los que mas tarde, se unio Jaime Malamud Goti.

⁷ Segun el articulo 1, "Declaranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivacion o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982 (…) Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, participes, instigadores, complices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos (…) Art. 5: Nadie podra ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de alguna manera por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el articulo 1 de esta ley" ("Ley de enjuiciamiento…" 24/9/1983)

⁸ Ambos senadores habian sufrido en carne propia la represion ilegal, dado que el senador neuquino tenia dos sobrinos desaparecidos, hijos de su hermano Felipe. El senador bonaerense Gass tenia, tambien, un hijo desaparecido. (Ver Clarin, Domingo 26 de septiembre de 2010, pagina 8 del Suplemento especial Juicio a las Juntas. 25 anos (1985 – 2010).

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