1. Introducción. Al Qaeda y los talibanes en Afganistán.

Afganistán fue la cuna del movimiento yihadista global en la lucha contra el “enemigo lejano”. Es en este escenario donde, en los años ochenta del siglo pasado, los esfuerzos yihadistas, con la ayuda de los Estados Unidos y Pakistán principalmente, se dirigieron contra el gobierno comunista de Afganistán respaldado por las tropas soviéticas. Se renunció, por tanto, a la lucha contra los gobiernos musulmanes de los países árabes —enemigo cercano— como Egipto o Argelia, para centrar todos los recursos disponibles en la liberación del ocupado Afganistán. Un hecho significativo, que el contexto afgano ha supuesto en relación con el yihadismo global, es el nacimiento de Al Qaeda, que surgió de la necesidad de organizar la participación de voluntarios de diversos países árabes en la guerra contra los soviéticos. Al Qaeda no fue la primera organización armada del islamismo más exacerbado, pero sí ha sido la primera que superó las fronteras nacionales para tener una proyección internacionalista.

Tras la expulsión del ejército soviético, se impone la anarquía en Afganistán. Después de unos años de desorden político en el país caracterizado por la lucha de diversas facciones y señores de la guerra —muyahidines de la época de la lucha contra la Unión Soviética—, en 1994 surge un grupo de estudiantes de etnia pastún conocidos como los talibanes (^{Rashid, 2002}). Este grupo de estudiantes surgen en el sur del país, concretamente en las provincias de Helmand y Kandahar, y tratan de imponer orden en todo el territorio a través de una forma extrema de control social en nombre de la religión. Conducidos por clérigos musulmanes, los talibanes intentaron crear su versión de una sociedad islámica moldeada a la medida de las enseñanzas del Corán (^{Hippler, 2005}).

A través de la lucha armada, los talibanes conquistan prácticamente la totalidad del país. La caída de Kabul en 1996 concentró la atención internacional de una manera muy singular, hecho que no se advertía desde la salida del país de las tropas soviéticas (^{Calvillo Cisneros, 2010}). A medida que la historia seguía su curso tras la conquista de la capital, el proceso fue adquiriendo una dimensión más sugerente: los periodistas y analistas iban descubriendo cómo los misterios que gravitaban alrededor de las políticas energéticas de la región, el comercio de la heroína, el terrorismo islámico internacional y la diplomacia moderna giraba alrededor de un grupo de estudiantes radicalizados que, con la idea de obtener la legitimidad de la población, empezaba a dominar la vida política del país (^{Griffin, 2001}, pág. 12).

A lo largo del conflicto y a medida que se extendieron los combates a zonas no pastunes, las prácticas de los talibanes se transformaban en violencia masiva contra grupos enteros de población, estigmatizados por su etnia o religión. Tras varios años de presiones y conflictos, los talibanes establecieron su visión restrictiva del islam: radical separación de sexos en público, prohibición a las mujeres para ocupar puestos públicos, persecución de actividades consideradas impuras y modificación de la legislación penal para la aplicación de leyes más severas (^{Calvillo Cisneros, 2010}). Mientras estuvieron en el poder, los talibanes impulsaron un programa político ultranacionalista basado en una visión exacerbada del Corán y un ideario de unificación del país en torno al dominio absoluto por parte de la etnia pastún y con aspiraciones de crear una gran Pastunistán, anexionando las provincias del norte de Pakistán.

Como consecuencia de los atentados contra las Embajadas de los Estados Unidos en Nairobi (Kenia) y Dar es-Salaam (Tanzania), en los que fallecieron cerca de 300 personas y en los cuales parecía estar implicado el saudita Osama Bin Laden, fundador y líder de la red terrorista Al Qaeda, en agosto de ese mismo año tuvo lugar un bombardeo estadounidense dirigido hacia las instalaciones afganas acusadas de proporcionar cobijo a Osama Bin Laden. Seguidamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anunció la imposición de sanciones contra el régimen talibán a raíz de que éste rechazara entregar a Osama Bin Laden para su procesamiento judicial. La Resolución 1.267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada por unanimidad exigía a los talibanes la entrega inmediata de Bin Laden a cualquier país que estuviera dispuesto a juzgarle. Agotado el plazo, el 15 de noviembre de 1999 entraron en vigor las sanciones. Dos años más tarde, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos volvió a reclamar a los talibanes la entrega de Osama Bin Laden y, tras la negativa, un mes después comenzó la intervención armada que provocó la expulsión del poder institucional de los talibanes.

La realidad es que los talibanes y Al Qaeda siguen siendo grupos distintos, con diferentes objetivos, ideologías y fuentes de reclutas. Se produjo una fricción considerable entre ellos antes del 11 de septiembre de 2001 por la presencia de Osama Bin Laden en su territorio y hoy esa fricción persiste por otro tipo de razones, sobre todo por los métodos de acción y estrategias políticas (^{Alex Strick van Linschoten y Felix Kuehn, 2011}). Sin embargo, a pesar de las fricciones del pasado, siguen existiendo relaciones de cooperación entre ambos grupos, entre otros motivos, por la necesidad de colaborar frente a un enemigo común y poderoso.

El reciente acuerdo alcanzado entre los talibanes y los Estados Unidos, por el que se pacta la retirada de las tropas estadounidenses del país, sitúa a los talibanes más cerca de conseguir su objetivo de volver a controlar el poder político de Afganistán. Si el principal propósito de los talibanes es el de recuperar el poder que les fue arrebatado por la intervención armada en 2001 y, para ello ha emprendido una lucha sin cuartel contra todo lo que consideran responsable de su salida del poder institucional, ¿cómo podemos considerar a los talibanes?: ¿terroristas o insurgentes? ¿o tal vez ambas cosas? Con el debate académico abierto sobre si es correcto considerar que un Estado puede ser un actor terrorista, ¿en el caso de que los talibanes recuperen el poder institucional dejarían de ser considerados un grupo terroristas?

El objetivo general de este artículo es realizar un estudio profundo sobre la evolución del terrorismo en Afganistán de los últimos veinte años. Esperamos tener evidencias empíricas sobre si el terrorismo ha sido un modo de acción violento en Afganistán antes incluso de la intervención armada de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos en 2001 o si, por el contrario, es un modo de acción político surgido como consecuencia directa del conflicto. Asimismo, nos planteamos una serie de objetivos específicos: a) examinar las diferencias entre los principales grupos armados que operan en Afganistán, principalmente entre los talibanes y Al Qaeda; y b) conocer y analizar el modus operandi de estos grupos con el fin de comprobar estrategias de cooperación entre ellos o, por el contrario, de enfrentamiento; y c) cuantificar el número de atentados y de víctimas mortales por causas del terrorismo en Afganistán. La hipótesis de la que partimos es que los talibanes, principal grupo opositor en la actualidad, están emprendiendo una lucha armada contra las tropas internacionales y las instituciones políticas nacionales, más como una reacción contra el invasor extranjero (insurgencia) que como un grupo terrorista.

La estrategia metodológica que hemos utilizado se inicia, en primer lugar, con el método descriptivo, consistente en realizar una exposición narrativa, lo más detallada y exhaustiva posible, de la realidad que investigamos. Con este método pretendemos disponer de una primera aproximación al caso a través del conocimiento adquirido como consecuencia de la lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros autores. Se trata de un método cuya finalidad es obtener y presentar, con el máximo rigor y exactitud posible, la información sobre una realidad (^{Calduch, 2014}, pág. 24). Asimismo, hemos utilizamos el método analítico, porque partimos de un conocimiento general, de una realidad para realizar la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre sí (^{Calduch, 2014}, pág. 25). Este método nos permite conocer y explicar las características de cada una de las partes analizadas y de las relaciones que existen entre ellas.

La variable inicial de este trabajo es el comienzo de la guerra en 2001, como respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre del mismo año, pero el estudio está enmarcado en un espacio temporal que se inicia en el año 2000, un año antes a la intervención militar, y el 31 de diciembre de 2018, para poder analizar el terrorismo en Afganistán antes y durante la guerra. Consideramos que es un tiempo suficiente para poder analizar, con el rigor científico necesario, el caso de estudio. En la parte teórico-conceptual se realiza un análisis en torno a la problemática de definir los conceptos de insurgencia, terrorismo y organizaciones híbridas y su diferenciación con otros tipos de acción violenta. Para conseguir el mayor rigor científico nos planteamos un empleo cuidadoso de los conceptos, como paso previo al análisis del fenómeno que se pretende investigar. Para la parte cuantitativa se ha utilizado la base de datos Global Terrorism Databases del Institute for Economics & Peace de la Universidad de Maryland, que recoge los atentados terroristas que se comenten en todo el mundo y que cuenta con el reconocimiento de la comunidad académica internacional.

2. Marco teórico-conceptual. La complejidad de definir la insurgencia y el terrorismo

Para poder ofrecer respuestas a las preguntas de investigación planteadas anteriormente tenemos que abordar la delicada cuestión de definir los conceptos de insurgencia y terrorismo: ¿qué entendemos por terrorismo?, ¿a quién podemos considerar un grupo terrorista?, ¿los Estados pueden cometer acciones de terrorismo? y ¿qué diferencias existen, si es que existen, con la insurgencia? Definir ambos conceptos es una ardua labor, imposible para algunos. ^{Miguel García Guimón (2013)} advierte de que esta indeterminación propia de definir la insurgencia o el terrorismo habría que sumarle un problema común,

al que se enfrenta cualquier investigador social ya que en sus análisis, pretende ofrecer teorías válidas y fiables que se asientan sobre conceptos y términos expuestos a significados dispares salpicados por costumbres, tradiciones, historia, o incluso errores semánticos fruto de traducciones equívocas o que simplemente no abarcan la riqueza de matices necesaria para que el término pueda ser intercambiado. Esta multiplicidad de significados, que le confiere una cierta ambigüedad a los aparatos conceptuales, alcanza su máxima expresión cuando éstos se construyen a partir de experiencias particulares de una sociedad y cultura determinada dando lugar a que en ocasiones los conceptos resulten de escasa utilidad e incluso estériles a la hora de extrapolarlos a otros escenarios (^{García Guimón, 2013}).

La escuela teórica del constructivismo crítico centra la atención en la subjetividad que tiene lo que entendemos comúnmente por terrorismo, debido a que ésta ha sido creada por los actores —los Estados— que ostentan una posición de superioridad en la estructura de la seguridad internacional. Es un concepto producto de un momento histórico determinado, de una cultura dominante y que se aplica sobre un grupo social identificado como “nuestro enemigo”. Por tanto, partimos de la premisa de que el terrorismo es una construcción social —en cuanto a su carácter dinámico— e histórico[¹ ] —en cuanto a que se refiere a un determinado contexto geográfico y político—. El terrorismo es un modo de acción que se aplica a ciertos actos violentos a través de una variedad de procesos políticos. Siguiendo a ^{Alice Martini (2015)}, “el terrorismo es (…) producto de una categorización de un determinado tipo de violencia que tiene lugar en una coyuntura histórica, social y política” (^{Martini, 2015}). Desde este enfoque crítico, en un análisis histórico del terrorismo realizado por ^{César Niño González (2017}), cuando se refiere a la tercera ola denominada como “nueva izquierda” —terminología creada por David Rapoport, uno de los mayores expertos en el estudio del fenómeno terrorista— en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, afirma que “el impacto psicológico empezaría a tomar un gran protagonismo en las actividades terroristas. Sería una de las piezas clave en el engranaje de la fundamentación del terror. En este espectro de la clasificación, la evolución de la amenaza, la mutación de su naturaleza e inclusive la popularización conceptual empezó a determinar con precisión lo que los Estados y regímenes entendían por terrorismo” (^{Niño González, 2017}, pág. 37).

Desde esta perspectiva, son los Estados los que mayor peso tienen en las estructuras de poder lo que los ha llevado a condicionar una (su) definición de terrorismo. A modo de ejemplo, cuando los Estados realizan operaciones violentas dirigidas a infundir terror a la población aparecen un abanico de eufemismos como guerra sucia, guerras subterráneas, acciones extrajudiciales, guerra irregular, etc., pero nunca se refieren a ellas como acto terrorista. En palabras de ^{Richard Jackson (2011)}, “otra dificultad a la hora de definir el terrorismo reside en el hecho de que esta es una categorización que se impone desde el exterior como forma de condena de un determinado acto definido como no legítimo o inmoral” (^{Jackson, 2011}, pág. 103).

El término resulta polémico, no hay un consenso acerca de la definición de terrorismo; sin embargo, sí existe una gran aceptación respecto a su condena. Muchas han sido las organizaciones, gobiernos y académicos que han tratado de dar forma a una especie de definición consensuada. A modo de citar algunos ejemplos, ^{Juan Avilés (2017)} recoge algunas de las definiciones, como la de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1995, que definió los atentados terroristas como “actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas” (^{Avilés, 2017}) y los calificó como “injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos” (^{Avilés, 2017}); o la que nos ofrece el Convenio Internacional de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo que dice “son una serie de crímenes destinados a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe activamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado siempre que el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” (^{Avilés, 2017}, pág. 16).

De estas dos definiciones sobre terrorismo, ^{Juan Avilés (2017)} elabora una definición propia, que es “la sucesión de acciones violentas, de carácter premeditado y preparadas en la clandestinidad, ejercidas contra personas no combatientes, ya se trate de civiles o de miembros de las fuerzas armadas que no estén participando en un conflicto abierto, y cuyo propósito sea crear un clima de temor favorable a los objetivos políticos de quienes lo perpetran” (^{Avilés, 2017}, pág. 17).

Puesto que se trata de generar terror en un ámbito mucho mayor que el de sus víctimas directas, requiere que su mensaje sea amplificado a través de los medios de comunicación de masas y, en nuestros días, de las redes sociales de Internet. Al cometer los actos terroristas, además de infundir un terror en una población se pretende que las acciones tengan una repercusión mediática más allá de donde se comente el ataque terrorista.

En este debate sobre la definición del terrorismo surge la cuestión de si los Estados pueden ser considerados agentes terroristas y aquí el punto de vista de ^{Juan Avilés (2017)} es que “los actos terroristas solo incluyen a los agentes clandestinos” (^{Avilés, 2017}, pág. 18). Los crímenes violentos cometidos por fuerzas armadas o de seguridad del Estado se inscriben en otro tipo de crímenes bien definidos por el derecho internacional público, tales como los crímenes de guerra y los de lesa humanidad (^{Avilés, 2017}, pág. 18). Por otro lado, ^{Javier Jordán (2004)} argumenta que “el terrorismo consiste en un modo de practicar la violencia, que puede ser ejercido por actores de naturaleza diferente y con fines diversos, y que se distingue de otras formas de violencia por dos características esenciales”. Las dos características esenciales a las que se refiere ^{Javier Jordán (2004)} son los efectos psicológicos que persigue el terrorismo hacía una audiencia atemorizada donde se eligen blancos con una fuerte carga simbólica; y el impacto comunicativo, su intención de enviar un mensaje al resto de la población a través del terror. En una línea similar, Fernando Reinares define el terrorismo como “un conjunto de acciones violentas que generan, en un determinado agregado de población, efectos psíquicos desproporcionados respecto a sus consecuencias materiales y que tiene como fin condicionar las actitudes de dicho colectivo social y orientar sus comportamientos en una determinada dirección” (^{Reinares, 1998}, pág. 15).

De esta aproximación conceptual, conscientemente amplia, ^{Javier Jordán (2004)} piensa que “permite catalogar como potenciales protagonistas del terrorismo a un elenco variado de actores que va más allá de las tradicionales organizaciones clandestinas”. Podemos hacer una interpretación en cuanto al tipo de actores que encajan con dicha definición como “los ejércitos, las agencias de seguridad estatales, las mafias, las guerrillas, las sectas, e incluso individuos que actúen en solitario, pueden convertirse en agentes de la violencia terrorista” (^{Jordán, 2004}). En esta definición, el terrorismo no solo puede ser competencia de los grupos clandestinos, sino que puede ser un modo de acción practicado, consentido y/o apoyado por agentes gubernamentales convirtiéndoles en actores terroristas.

Estamos viendo que definir el terrorismo supone un reto intelectual y así lo advierte ^{Thomas Copeland (2001}) cuando dice que existen más de 212 definiciones utilizadas por gobiernos y otro tipo de organizaciones (^{Copeland, 2001}). Walter Laqueur (1999) sugiere que no existe una definición de terrorismo, sino diferentes terrorismos, por lo que consensuar una definición es un ejercicio inútil porque no se pueden concretar todas las acciones de terrorismos en una sola definición (^{Laqueur, 1999}, pág. 4). Siguiendo a ^{Thomas Copeland (2001)}, la tarea de definir el terrorismo se hace más compleja porque es un término peyorativo puesto que a la mayoría de los grupos terroristas no les gusta llamarse así y, en cambio, usan nombres que ensalzan la libertad, la autodefensa o al grupo social al que pertenecen (^{Copeland, 2001}).

En nuestra opinión, otro elemento que añade complejidad para definir el concepto es la percepción que cada sociedad tiene sobre lo que comúnmente denominamos terrorismo. La percepción de lo que significa terrorismo en una sociedad que sufre uno de estos actos cada cierto tiempo y la percepción de la sociedad que nunca ha sufrido un acto terrorista es muy diferente. Sin duda, esta diferencia hace más difícil consensuar una definición sobre terrorismo y más difícil también la adopción de políticas comunes y eficaces de lucha contra el terrorismo.

Como elementos de consenso entre académicos, políticos y medios de comunicación acerca de la definición de terrorismo encontramos unos rasgos distintivos como son el carácter instrumental de la violencia como medio para provocar terror y condicionar los comportamientos políticos, la cadencia sistemática de los atentados, el valor simbólico de sus objetivos, y su dimensión comunicativa (^{Torres, 2013}, pág. 310). Al distinguir el terrorismo de otro tipo de delitos, Bruce Hoffman (1998) también nos ofrece una lista de elementos aceptados, como son: que el terrorismo es un modo de acción política no convencional, que es obligatoriamente violento o amenaza con serlo, que está diseñado para tener un efecto psicológico en la población, y que está dirigido por una organización jerárquica (^{Hoffman, 2006}).

Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 hemos asistido a una banalización del término que ha supuesto que se denominen actos muy diferentes como ataques terroristas. El uso abusivo del término, tanto por los medios de comunicación como por los líderes políticos, en contextos muy diferentes ha provocado un sentimiento pesimista en cuanto a tratar de definir el concepto. De esta manera, algunas corrientes mantienen que es innecesario definir el terrorismo, asumiendo una especie de fatiga conceptual, y que habría que dedicar los esfuerzos a analizar la violencia social donde surge el terrorismo, las motivaciones y las relaciones de poder en los cuales tiene lugar la violencia (^{Bryan, 2012}, pág. 19). Sin embargo, ^{Alice Martini (2015)} argumenta que unas categorías conceptuales diferentes empujan a entender este fenómeno como un tipo de violencia diferente y, sobre todo, lo descontextualizan del ámbito en el que se desarrolla. En definitiva, el terrorismo es lo que los actores que ocupan las estructuras de poder hacen de él y debemos ser conscientes de que analizar conceptualmente el terrorismo supone un riesgo analítico que puede derivar en una pérdida de rigor científico.

Por otro lado, el concepto de insurgencia no escapa a la misma problemática que el terrorismo, aunque conviene mostrar diferencia entre ambos. ^{David Galula (1964)} ve la insurgencia como “un proceso de lento desarrollo, que no un ‘accidente’, y en donde el peso de la acción es compartido por los líderes del movimiento y las masas populares”, obteniendo una legitimación por una parte importante de la sociedad civil donde actúan, hecho que les diferencia del terrorismo. ^{David Galula (1964)} entiende que la insurgencia es una guerra civil, pero no deja claro en qué momento ésta reemplaza a la propia noción de guerra o si, por el contrario, cree que la insurgencia es parte de un contexto mayor, de un creciente descontento generalizado que en última instancia conduce a la guerra civil. La insurgencia adopta una serie de métodos para alcanzar su objetivo principal de derrocar al gobierno entre los que se incluyen la guerra de guerrillas, aunque pueden recurrir de igual modo a la desobediencia civil, el sabotaje o al uso de tácticas terroristas (^{García Guimón, 2013}). La insurgencia ve en el terrorismo un posible medio para conseguir un fin, que es el de obtener o recuperar el control institucional con el apoyo legítimo de una parte importante de la población.

Otros autores, como William ^{Zartman (1995)}, asimilan los términos “rebelde” y “oposición” al de insurgencia, y la definen como una “organización no estatal con claros objetivos políticos que lucha contra la autoridad gubernamental y el monopolio legítimo del uso de la violencia y que hace uso de las fuerzas armadas con el objetivo de reformar, derrocar o separase de un régimen estatal existente o el control de un área geográfica específica” (^{Zartman, 1995}). Esta definición reconoce la heterogeneidad de los diferentes movimientos insurgentes dependiendo de sus objetivos y los medios utilizados para conseguirlos, pero lo diferencia del terrorismo. En cambio, ^{Javier Jordán (2010)} habla de “terrorismo insurgente” cuando la acción está dirigida contra el orden político establecido, bien para conseguir la autodeterminación de un territorio, bien para sustituir un régimen político por otro.

Alejándonos del plano académico y entrando en el campo institucional, diferentes y variados manuales de contrainsurgencia, como el de los Estados Unidos, el Reino Unido o el de España, desarrollan definiciones sobre el concepto de insurgencia. Todas ellas tienen en común una serie de elementos: a) es un fenómeno político, al margen de que las motivaciones sean económicas, religiosas, étnicas, etc.; b) no es siempre un actor único y monolítico (Puede estar compuesta por facciones unidas circunstancialmente en torno a un objetivo más o menos común. Este es el caso de Afganistán, donde existen facciones diferentes que se organizaron para luchar contra un enemigo común: la lucha contra la ocupación soviética o contra la coalición internacional); y c) gozar de un mínimo de respaldo por parte de la sociedad (^{García Guimón, 2013}).

Tras la caída de los talibanes a finales de 2001, como consecuencia de la intervención de los Estados Unidos y sus aliados en la Operación Libertad Duradera, existían en el país cinco grandes grupos armados: Jamiat-i Islami, liderado por Massoud; Jumbesh-i Milli Islami, liderado por Rashid Dostum; Hiz-i Wahdat-i Islami, liderado por Karim Khalili; Harakat-i Islami, liderado por Mohammed Asif Mohseni; y Daawat-i Islami, liderado por Abdul Rasul Sayyaf (^{García Guimón, 2013}). Todos estos grupos habían luchado en el pasado —algunos con otras denominaciones— contra el enemigo soviético y contra los talibanes una vez éstos ocuparon el poder en 1996. Las diferencias entre estas cinco facciones son un buen ejemplo del conjunto de factores que afecta las divisiones entre facciones insurgentes.

La línea que separa los movimientos insurgentes del terrorismo es muy sutil. Inmersos en esta perspicacia conceptual, en la década de los noventa aparecen grupos considerados como organizaciones híbridas debido a que comparten características tanto de la insurgencia clásica, como de organizaciones terroristas y que tienen como objetivo obtener el control del Estado. Un ejemplo pueden ser los talibanes en Afganistán, que ocuparon el poder institucional desde 1996 hasta octubre de 2001, entre cuyos objetivos se encuentra recuperarlo empleando métodos terroristas, y que han apoyado logísticamente a organizaciones como Al Qaeda. O también podemos mencionar al ISIS o DAESH, que haciendo uso del terrorismo ha conseguido controlar un territorio, con una población y una soberanía autoproclamada como Califato Islámico.

La importancia adquirida por este tipo de organizaciones híbridas plantea otra dificultad más con respecto a la definición de terrorismo, la de mantener la distancia entre crímenes terroristas y crímenes de guerra, cuando ambos son cometidos por la misma organización (^{Avilés, 2017}, pág. 18). Por ello, el Global Terrorism Index del Institute for Economics & Peace emplea una definición que permite englobar ambos tipos. Según este instituto, el terrorismo es “el empleo o la amenaza de la fuerza ilegal o la violencia por parte de un actor no estatal con el fin de alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social, por medio del miedo, la coerción o la intimidación” (2018). Y de aquí surge un espacio interpretativo en cuanto a quién puede ser considerado grupo terrorista. Mientras que la definición que nos ofrece el Institute for Economics & Peace especifica que debe de ser un grupo no estatal —en la actualidad los talibanes no lo son—; por otro lado, se puntualiza que se persigue un objetivo político. Este objetivo político puede ser, como en el caso de los talibanes, ocupar de nuevo el poder del Estado afgano, por lo que los talibanes entrarían dentro de este tipo de organizaciones híbridas considerada como terroristas.

3. Análisis de los ataques terroristas en Afganistán

El 11 de septiembre de 2001 supuso un punto de inflexión en cuanto a la importancia que el terrorismo iba a ocupar en la agenda de seguridad internacional. Hasta esta fecha, el terrorismo no contaba con un peso importante, no era una prioridad, a pesar de que en la década de los noventa se produjeron varios atentados dirigidos contra el enemigo lejano, como fueron las bombas contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, y el atentado contra el buque de la armada estadounidense US Cole. Así lo describe ^{Michael Morell (2016)}, Director adjunto de la CIA en 2001, cuando se refiere a la importancia del terrorismo para inteligencia estadounidense antes de los atentados del 11 de septiembre: “La gran mayoría de mis colegas decían que la lucha contra el terrorismo —Counter-Terrorism— no era un problema candente para la Agencia” (^{Morell, 2016}, pág. 29).

Fuente: Global Terrorism Database (2019). Gráfico de elaboración propia.

Gráfico 1 N.º de ataques terroristas y víctimas mortales en Afganistán 2000-2018 

Los ataques terroristas en Afganistán han ido in crescendo desde el inicio de la intervención internacional. Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la práctica terrorista no era habitual en Afganistán; con los talibanes en el poder, se otorgó un apoyo logístico al grupo terrorista Al Qaeda, al permitir que se asentarán en su territorio. El uso del terrorismo empezó como consecuencia de la intervención internacional en 2001, aunque durante los primeros años representó una forma residual de violencia. Sin embargo, existen algunas posiciones que vinculan el terrorismo como principal modo de acción de los talibanes desde el inicio de la intervención internacional. Por ejemplo, en un análisis de la situación general afgana de los últimos años, ^{Luis Antonio González Francisco (2019)} afirma que “[t]ras perder el poder, los Talibán iniciaron una intensa campaña terrorista que se mantiene hasta la actualidad”. Aunque, como ya hemos mencionado, los talibanes han hecho uso del terrorismo, entre otras acciones, contra las tropas internacionales y han otorgado apoyo a organizaciones terroristas, afirmar que fue una “intensa campaña terrorista” desde sus inicios es un tanto impreciso (gráfico 1).

Realmente es a partir de 2005 cuando los ataques terroristas empiezan a aumentar (gráfico 1), siendo el verdadero punto de inflexión el año 2011, diez años después del inicio de la intervención internacional. Es aquí cuando el terrorismo pasa a ser el modo preferido de lucha de los diversos grupos armados que actúan contra los intereses de la comunidad internacional presentes en el país y de las nuevas instituciones afganas. Ya en el año 2007, en la línea de ^{Fernando Reinares (2007)}, “entre enero y junio de 2007 los talibanes han perpetrado 464 atentados en Afganistán. A lo largo de este año la media de atentados era de 80 al mes”. De acuerdo con Global Terrorism Database (GDT), Institute for Economics & Peace de la Universidad de Maryland, en el año 2001 se produjeron un total de 14 atentados terroristas que supusieron 174 muertes; en el año 2005 hubo 156 ataques con 367 muertes; en 2011 se cometieron 416 ataques con 1.525 muertes; y en 2018 se contabilizaron 1.776 atentados terroristas con un total de 9.812 personas muertas. La evolución tanto de atentados como de las víctimas mortales ha ido en aumento, siendo el 2011 el momento en que el terrorismo pasó a ser el modo preferido de los grupos terroristas.

Durante el espacio temporal analizado (2000-2018) la evolución de ataques y muertes ha sido proporcional. Sin embargo, en los dos últimos años observamos que el número de ataques terroristas ha permanecido, más o menos, constante mientras que el número de víctimas mortales ha aumentado considerablemente. En el primer periodo analizado (2001-2004), el tipo de ataque era de baja intensidad con una búsqueda de blancos concretos; en el segundo periodo (2005-2010), se produce un aumento proporcionado entre el número de atentados y víctimas mortales bajo lo que parece seguir una fórmula de a mayor número de ataques, mayor es el impacto en el número de bajas; a partir del tercer periodo (2011-2018), se produce un ligero aumento del número de atentados, pero se multiplica por tres el impacto en el número de víctimas mortales. Se ha pasado de un tipo de ataque con blancos más o menos identificados, a acciones indiscriminadas donde se persigue un aumento considerable del número de víctimas mortales. Según GTD, la violencia terrorista en Afganistán fue particularmente severa en 2018. Se produjeron un total de 1.776 ataques, lo que supone un aumento del 26% con respecto al año anterior, y con un trágico resultado de 9.812 muertes totales, un 61% más que en 2017 (^{Miller, 2018}).

Las razones por las que el año 2011 supone un punto de inflexión son fundamentalmente dos. La primera de ellas es el anuncio del presidente Barack Obama de que el inicio de la retirada de Afganistán comenzaría en 2011, lo que provocó un cambio de estrategia de los principales grupos terroristas que operan en el país. Este anuncio pudo ser visto como un síntoma de debilidad aprovechado por los grupos terroristas, principalmente por los talibanes. La retirada de efectivos, tanto de los Estados Unidos como de los aliados de la OTAN, provocó una pérdida de control en muchas provincias de Afganistán y demostró que las nuevas fuerzas de seguridad afganas todavía no estaban capacitadas para asumir la pesada responsabilidad de la seguridad del país.

El segundo elemento que debemos considerar es un cambio de fase en relación con el yihadismo, que coincide con la captura y muerte de Osama Bin Laden en 2011 y el surgimiento de una bicefalia en el seno de Al Qaeda en 2012, con la aparición de la rama iraquí de la organización, que se convertiría, poco después, en el ISIS o DAESH. A partir de 2011 se produce lo que ^{Fernando Reinares (2019)} ha denominado la “tercera fase del yihadismo”, que viene derivada de la profunda inestabilidad de Oriente Medio y donde Al Qaeda se refuerza y amplía su área geográfica de influencia. Esta tercera fase coincide con la escisión de su rama iraquí y la aparición, por tanto, de un nuevo grupo terrorista: el ISIS o DAESH. Sin embargo, la influencia tanto de Al Qaeda como del ISIS en el contexto afgano no ha sido significativa (tabla 2).

Fuente: Global Terrorism Database (2019). Gráfico de elaboración propia.

Gráfico 2 N.º de atentados terroristas por provincias 2001-2018 

En cuanto a la localización geográfica de los atentados en Afganistán, los ataques terroristas cometidos en las provincias limítrofes con Pakistán (Nimruz, Helmand, Kandahar, Zabul, Paktia, Paktika, Nanghahar y Konar) ascendieron a 17.567 durante el periodo 2001-2018 (gráfico 2). En el primer periodo, de 2001 a 2010, el número de atentados cometidos en estas provincias fue de 3.124, mientras que, en el segundo periodo de 2011 a 2018, el número de atentados ha sido de 14.443. En el resto de las provincias no fronterizas con el vecino Pakistán —incluida Kabul— los atentados en el primer periodo de 2001 a 2010 fueron 2.630, mientras que en el segundo periodo de 2011 a 2018 los atentados ascendieron a 25.126 (^{Miller, 2018}). En términos porcentuales, el 38% de la totalidad de los ataques (2001-2018) se han producido en provincias fronterizas con Pakistán —9 provincias de las 34 que tiene Afganistán—; durante el periodo 2001-2010, el 56% de los atentados fueron en las provincias colindantes con Pakistán; y en el periodo 2011-2018 los atentados en estas provincias representaron el 36,5%. En el año 2018, los ataques terroristas tuvieron lugar en 33 de las 34 provincias de Afganistán y se concentraron principalmente en Ghazni, Faryab, Nangarhar, Kabul, Farah y Kunduz. En una primera fase de la guerra (2001-2010), las acciones terroristas se concentraron principalmente en torno a la frontera con Pakistán, mientras que a partir de 2011 se ha producido una expansión de los ataques terroristas abarcando todo el país, lo que denota un aumento de la presencia y la importancia de los grupos terroristas en Afganistán.

Es cierto que se han producido más ataques terroristas en las provincias alejadas de la frontera pakistaní, pero debemos tener en cuenta dos factores. El primero de ellos es que son nueve las provincias fronterizas con Pakistán, de 34 que tiene Afganistán; es decir, los atentados contabilizados en esta área geográfica representan el 38% del total de ataques. El segundo factor es que el impacto de los atentados con mayor número de víctimas mortales se ha producido lejos de la frontera Sur (tabla 1). De los 25 atentados más sangrientos cometidos en Afganistán, solamente cinco han sido en provincias limítrofes con Pakistán (Paktika y Kandahar). Una explicación razonada es que estos territorios están controlados de facto por los talibanes, que han ido recuperando territorio según ha ido evolucionando el conflicto. Los talibanes han ido imponiendo una administración paralela en los territorios que están bajo su control, proporcionando los servicios clásicos de un Estado, como son otorgar seguridad a la población, sistema educativo a través de un sistema de madrasas (escuelas coránicas), sistema judicial, etc. Los talibanes, a través de sus acciones, tratan de conquistar territorio del país y obtener una legitimidad propia de los grupos insurgentes con aspiraciones de dirigir el poder institucional.

Tabla 1 Atentados con mayor número de víctimas mortales 2000-2018 

Fuente: Global Terrorists Database (2019).

Otro dato que hemos de destacar es que los 25 atentados con mayor número de víctimas mortales (tabla 2) se han producido en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2018 (gráfico 3), con a excepción de dos atentados cometidos en el año 2011 y 2013. Los grupos terroristas han diversificado sus acciones, pero, sobre todo, las han endurecido con el fin de causar el mayor daño posible a la sociedad afgana. El número de muertes provocadas por los atentados terroristas del 2015 al 2018 asciende a 26.017 personas, mientras que en el periodo comprendido desde el 2000 al 2014 la cifra es de 25.098 víctimas mortales (^{Miller, 2018}). Más de la mitad de los muertos causados por atentado terrorista se han producido en los tres últimos años, de las casi dos décadas que dura el conflicto. Sin duda, desde el punto de vista de los atentados terroristas, los últimos años están siendo los más crueles para Afganistán.

Los grupos terroristas que se encuentran en Afganistán superan la decena, pero podemos observar que los talibanes han sido los verdaderos protagonistas de los atentados terroristas cometidos en Afganistán (gráfico 3). De acuerdo con los datos extraídos de GTD, el 76,55% de los muertos por ataque terrorista han sido responsabilidad de los talibanes; el 4,86% del DAESH; y el 0,2% han sido reivindicados por Al Qaeda (^{Miller, 2018}). Aunque existe un alto porcentaje de atentados que no se han podido identificar, la evidencia demuestra que el terrorismo en Afganistán es monopolio de los grupos talibanes y que la presencia de otros grupos terroristas es, con la excepción de Khorasan Chapter of Islamic States, residual.

Gráfico 3 N.º. Víctimas mortales 2000-2018 

En los últimos años los talibanes han diversificado sus métodos de ataque (tabla 2). Así, los atentados suicidas empiezan a producirse en 2017 con un atentado en Mazari Shariff, que provocó 266 víctimas mortales. Aun así, no podemos aseverar que los ataques suicidas sean el modo de acción preferido de los talibanes. Las acciones suicidas han aparecido en el marco del aumento de la violencia, es decir, a partir del 2011, y coincidido con la paulatina retirada de fuerzas del teatro afgano y la ramificación de Al Qaeda a nivel organizativo, pero los ataques con armas de fuego y la colocación de explosivos continúan siendo el modus operandi preferido de los talibanes.

Tabla 2 Tipos de ataques y número de víctimas mortales (2000-2018) 

Fuente: Global Terrorists Database (2019).

Fuente: Global Terrorists Database (2019). Gráfico de elaboración propia.

Gráfico 4 Atentados terroristas con mayor número de víctimas mortales y grupo responsable 2000-2018 

De la misma forma que los talibanes han monopolizado la violencia terrorista en Afganistán, también han sido los protagonistas de los atentados más dañinos. De los 25 atentados más crueles cometidos desde el año 2000, 23 han sido perpetrados por los talibanes y los otros dos, por organizaciones vinculadas al ISIS o DAESH (gráfico 4), concretamente la organización Khorasan Chapter of Islamic States. Esto pone de manifiesto el liderazgo de la violencia de los talibanes en el país e impone la prioridad de que la lucha en Afganistán se dirija a recuperar el poder político por cualquier medio renunciando a la lucha más allá de las fronteras afganas.

4. Conclusiones

Definir el terrorismo, como la insurgencia, supone un reto intelectual, quizá una osadía no muy bien calculada antes de iniciar esta investigación. En este arduo camino y, desde la lógica teórica del constructivismo crítico, llegamos a la conclusión de que el terrorismo es lo que los actores que ocupan las estructuras de poder internacional hacen de él. Términos como terrorismo, insurgencia, organizaciones híbridas e incluso terrorismo insurgente tienden a confundir más que a aclarar.

Salvada esta situación conceptual, la primera conclusión a la que llegamos es que los talibanes no son un agente estatal en la actualidad y tienen como objetivo obtener el control del poder institucional de Afganistán. El reciente acuerdo firmado con los Estados Unidos les sitúa en una posición muy cercana a conseguir este objetivo. A través de la práctica terrorista y de otro tipo de modos de acción violenta, los talibanes han ido recuperando grandes parcelas de territorio. En este sentido determinamos que los talibanes deben ser considerados como una organización terrorista híbrida o una organización terrorista insurgente que hace del terrorismo su medio principal para conseguir el fin de conseguir el poder institucional.

La segunda conclusión es que los atentados terroristas en Afganistán han ido en aumento desde el inicio de la guerra en 2001. De ser una práctica residual antes de la intervención internacional en 2001 ha pasado a ser una constante. A partir del año 2005 se produce un aumento del número de atentados y muertes, y los ataques se generalizan a la práctica totalidad del territorio. De forma progresiva, los ataques terroristas se han ido produciendo, primero en las provincias fronterizas con Pakistán y Kabul, hasta alcanza la totalidad del país en la actualidad. En este sentido, el terrorismo es una consecuencia directa de la guerra iniciada en 2001 y, sobre todo, coincide con el aumento de la presencia de tropas internacionales (ISAF-OTAN) a partir de 2005.

En tercer lugar, a pesar de que en Afganistán se encuentran operando más de diez grupos terroristas, el principal de ellos son los talibanes. Que sea este grupo el que monopolice la violencia terrorista en Afganistán tiene varias lecturas. Por un lado, el objetivo de su lucha es recuperar el poder político para volver a instaurar un régimen teocrático extremista en el país, por lo que sus objetivos se circunscriben únicamente a un entorno geográfico determinado: el territorio afgano. En este sentido, los talibanes definen su lucha como una guerra civil contra las instituciones políticas y la coalición internacional que las ampara y, para ello, utilizan todos los medios a su alcance, principalmente el terrorismo. Se alejan, por tanto, de los objetivos internacionalistas de Al Qaeda y de organizaciones afines a ésta como ISIS.

Como cuarta conclusión, los talibanes han diversificado sus métodos de acción, llegando incluso a utilizar los ataques suicidas. Aun así, no se puede afirmar que este método sea el modus operandi preferido de los talibanes. Según ha quedado demostrado, los atentados suicidas han aparecido en el marco del aumento de la violencia generalizada en el país, pero los atentados con armas de fuego y la colocación de explosivos continúan siendo los preferidos por los talibanes.

Nuestra tesis inicial era que los talibanes, principal grupo opositor a la intervención militar y de las instituciones públicas afganas en el poder, están emprendiendo una lucha armada contra las tropas internacionales y las instituciones políticas nacionales, más como una reacción contra lo que denominan el invasor (insurgente) que como un grupo terrorista internacional. En este sentido se defiende la primera parte de la tesis, porque la reacción de los talibanes ha estado dirigida contra las potencias ocupantes y las instituciones públicas sostenidas e impuestas por la comunidad internacional: la visión talibán es la de estar inmersos en una guerra civil. Pero no se puede ratificar la segunda parte de la tesis, porque los talibanes han utilizado el terrorismo como su principal estrategia de acción frente a los que consideran sus enemigos, con el fin último de volver a ocupar el poder en Afganistán.

Han hecho del terrorismo indiscriminado su principal medio para conseguir el poder y gracias a ello están controlando una parte significativa del territorio. Además, cuando ocuparon el poder político (1996-2001), otorgaron apoyo logístico y protección a los miembros de Al Qaeda, responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En el caso de que los talibanes consigan recuperar el poder político, cabría la posibilidad de que renunciaran a seguir practicando el terrorismo como forma de conseguir sus objetivos, aunque no se puede descartar que proporcionen apoyo a otro tipo de organizaciones terroristas.

En conclusión, Afganistán es el segundo país del mundo en número de atentados y la afgana es la segunda nacionalidad que más muertes cuenta por ataques terroristas. El principal responsable es el grupo talibán, pero no podemos obviar que el terrorismo aparece en el país como consecuencia directa de la intervención de los Estados Unidos y sus aliados en 2001. Tras casi veinte años de guerra, el terror se ha convertido en una dinámica habitual para la sociedad civil afgana, que vive acostumbrada al horror del conflicto mientras espera una paz que nunca llega.