La “acción múltiple y solidaria” y la “participación” como filosofía

El grupo que condujo el Sindicato en los años sesenta conformaba un núcleo político-sindical e intelectual con claras definiciones acerca del poder y del lugar central que los sindicatos debían ocupar dentro de una organización social deseada, en la cual se pugnaba por que la clase trabajadora sea partícipe “no solo en los cambios, sino también en la dirección de los mismos”.⁶ Sintéticamente, entendían que las organizaciones obreras no podían limitarse a un plano meramente sindical -el que a su vez era concebido en un sentido amplio o “integral”, contemplando aspectos gremiales, culturales y sociales tanto para el trabajador como para su familia-, sino que debían ocuparse del conjunto de la vida política y económica nacional.

Como mencionamos en la introducción, para comprender la postura del Sindicato en torno a la cuestión del cambio tecnológico, es necesario ubicarla en lo que ellos mismos consideraban su “filosofía” de acción. Recordemos que según la “teoría de la acción múltiple” y “participación integral” que el Sindicato formuló, “no se trata solamente de atender a las necesidades de los trabajadores... Se trata de lograr la participación activa y responsable de aquellos que mayoritariamente forman parte de un pueblo. Una participación que se refiere a los centros del poder real, a las decisiones políticas, económicas y sociales”.⁷ Esta concepción abrevaba en el humanismo cristiano y en la doctrina peronista⁸ en cuanto a las nociones sobre armonía entre capital y trabajo o sobre la propiedad como bien común con función social, pero fue más allá en la formulación del lugar que correspondía a los trabajadores en las instancias de gestión. En este sentido es importante enfatizar la especificidad del sindicato del cual queremos dar cuenta, cuya aspiración de participación vino no sólo formulada sino concretizada en la figura de los directores obreros ya desde 1964, es decir, con anterioridad a la convocatoria efectuada por el Gobierno militar de 1966, a cuyo proyecto corporativista se lo suele asociar -desde un lugar de subordinación-. Se distingue así de otras corrientes de la época con las que se lo suele asimilar.⁹

Pero aquí nos interesa rescatar aquellas alocuciones y definiciones donde dicha filosofía de participación fue directamente articulada con la actitud que asumir frente al cambio tecnológico en marcha, ya sea que lo analizaran en términos generales o más específicamente en referencia a sus lugares de trabajo. Luz y Fuerza procuraba “un papel protagónico y responsable de los sindicatos en la conducción del país, aceptando y compartiendo responsabilidades”, entendiendo que tal actitud “es la única razonable, cierta y posible en una sociedad compleja y progresivamente ganada por nuevas formas de convivencia impuesta por la tecnología”.¹⁰ Puntualmente, sostenían que su protagonismo, no sólo en la industria eléctrica sino en niveles económicos más amplios, generaba que la “filosofía participacionista” fuese “la más temida y combatida por la oligarquía”. A su entender, ello no ocurría:

…porque el participacionismo sea una tesis blanda, colaboracionista o llamada a debilitar la capacidad combativa de los gremios. Esto sucede, entiéndase bien, porque el participacionismo es la única respuesta válida del sindicalismo a las nuevas formas que la tecnología ha impuesto a la vida económica y porque es además la expresión más inequívoca de la conciencia que los hombres tienen de su dignidad personal y los sectores de su gravitación social.¹¹

Este vínculo entre tecnología y participación, que se expresará en el conflicto que analizaremos más adelante, lo postulaban para explicar sus posicionamientos hacia determinadas políticas gubernamentales o en relación con la esfera internacional, siempre teñidas de cierto halo de espiritualidad¹² que debía acompañar las dinámicas de desarrollo o modernización. En esta línea, en numerosas oportunidades recuperan el planteo del papa Pablo VI en cuanto a que no se trataba “de tener más sino de ser más”.¹³ En el mismo sentido hablaban en general de la función social de la propiedad, y en particular de las empresas en que se desempeñaban, cuyo patrimonio pertenecía “a los sagrados intereses de la Nación”.¹⁴

Siguiendo esta lógica, las organizaciones sindicales no podían “dejar el manejo de la sociedad precisamente a quienes trastocan permanentemente los derechos naturales”.¹⁵ Eran, además, las garantes de que el desarrollo nacional tuviese su impronta social, que hubiese Justicia Social. Por ello, no se trataba de participar sólo en los beneficios sino en las responsabilidades, tener “oportunidad no sólo para consentir, o no, lo que otros formulen, sino derecho a proponer los propios criterios”.¹⁶

Si la participación sindical fue una cuestión que atravesó las agendas de organismos (inter)gubernamentales e (inter)nacionales desde la segunda posguerra, es importante mencionar que en la Argentina el gobierno de la autodenominada Revolución Argentina promovió, en su primera etapa, una participación en clave autoritaria, entendiendo que era un mecanismo para lograr consensos y encauzar demandas que no encontraban otras vías formales de expresión. Pero en el esquema corporativista, los espacios y dispositivos eran pensados y aplicados de manera acotada, limitándose a la búsqueda de asesoramiento técnico, es decir que no implicaran una real participación en los ámbitos de decisión, ejecución ni control de políticas, como demandaban ciertas organizaciones sindicales.¹⁷ A su vez, otro de los dilemas que desveló desde mediados de los años cincuenta a gobiernos y empresas fue el del aumento de la productividad. Los avances en materia de racionalización del Estado y modernización económica iniciados durante el desarrollismo frondicista se profundizarían durante el onganiato,¹⁸ expandiendo en esta clave eficientista la producción energética. Es en esta trama que el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal fue elaborando sus nociones sobre participación y cambio tecnológico.

Finalmente, es importante además poder ubicar a esta corriente del movimiento obrero argentino en un marco transnacional, recordando que las cuestiones en torno de la participación sindical en los planes de desarrollo -como de la productividad- fue un tema de preocupación y disputa propio de la época tanto en Europa como en América Latina (^{Scodeller, 2017}). Aunque inmersos en dinámicas sociopolíticas locales y con su impronta y especificidades, detrás de la concepción del “sindicalismo múltiple y participación integral”¹⁹ es posible advertirla interpelación de unos debates que los excedían en términos temporales y territoriales (Scodeller, 2015).²⁰

Cambio tecnológico, productividad y participación

La concepción expuesta en el apartado anterior tuvo su ribete práctico y en numerosas oportunidades, cuando los cuadros lucifuercistas definen su “filosofía participacionista”, la conectan de modo directo con los cambios societales producto de las transformaciones tecnológicas.

Recordemos que la industria eléctrica era un sector estratégico y concentrado, lo que lo convirtió en uno de los más estudiados y discutidos en los planes de desarrollo de la época. Además, estaba entre aquellos que más rápidamente incorporó nuevas tecnologías para aumentar su productividad y racionalizar las prestaciones de servicios (^{Neffa, 1971}). La mano de obra, manual y no manual, altamente calificada, históricamente percibió los salarios más altos del país (^{Ghigliani y Haidar, 2013}: 6). Y ser representantes gremiales en la principal empresa de servicio público eléctrico del país colocaba al sindicato en un lugar de fortaleza que supieron aprovechar para discutir la gestión de aquella. Es desde dichas condiciones que los cuadros sindicales elaboran sus reflexiones en torno al desarrollo en general y la modernización de la industria eléctrica en particular.

En un contexto en que distintos actores políticos y sociales discutían sobre el “cambio de estructuras”,²¹ en particular Luz y Fuerza Capital sostenía que este sólo se daría “por imperio de la acción gremial”, afirmando también que era necesario “tecnificar y racionalizar la labor común” para “promover una verdadera revolución incruenta y definitiva”.²²

En su Informe elaborado para la Memoria y Balance correspondiente a los años 1967-1968, la Secretaría General advertía sobre un contexto en que la sociedad estaba reglada por un avance tecnológico acelerado, que conllevaba una demanda prioritaria para los trabajadores: “exigir una mayor presencia en el poder, como único medio de que el avance tecnológico acelerado en que vivimos se ponga al servicio del hombre”.²³

El Sindicato mostró siempre gran interés y preocupación por los modos en que se encaraba desde el Estado (más allá de gobiernos y sus lineamientos en política económica) el desarrollo de un sector estratégico como era el de la industria eléctrica. Su diagnóstico general era que debía acelerarse el desarrollo económico-social de la Argentina. Más puntualmente, insistían en la defensa de un “servicio público, cada día mejor prestado, al menor costo posible”.²⁴ Vinculado a ello, argumentaban, era palpable e inevitable la introducción de cambios tecnológicos, especialmente en la industria eléctrica.²⁵

Su actitud frente al “avance arrollador de la tecnología” era positivo: “debemos [...] capacitarnos profesional y humanamente para aceptarlo, servirnos de él y aprovechar de sus beneficios”.²⁶ En su perspectiva, estos consistían en un abaratamiento y extensión del servicio, que en términos laborales implicaría mejores condiciones de trabajo y aumento de las remuneraciones, junto a la participación efectiva y plena de los trabajadores en la gestión y beneficios de las empresas.

El Sindicato articuló en términos políticos, la importancia del sector económico al que contribuía con su fuerza laboral y la necesidad de que este se desarrollara eficientemente con la demanda de participación no sólo en la gestión empresarial sino también gubernamental. El planteo, además, colocaba el foco en la productividad²⁷ como logro general que ser compartido por los trabajadores:

Nosotros no vamos a demorar ninguna innovación tecnológica necesaria al servicio; tampoco vamos a obstruir procedimientos que mejoren la productividad de máquinas, instalaciones y herramientas; vamos a propender con nuestra participación a la mejora de la productividad laboral, pero participaremos en la gestión y en el beneficio económico que resulte del esfuerzo común, y esta participación en la responsabilidad y en los resultados no ha de ser simbólica, ha de ser decisiva y sustancial.²⁸

Profundizando sus planteos en torno a este nudo del desarrollo que era el vínculo entre tecnologización y participación sindical, unos años después, en Pautas para una política nacional²⁹ se sostenía la importancia de revertir las políticas “antinacionales” previas en materia energética,³⁰ fomentando la introducción de tecnología en dicha industria³¹ e incrementando las inversiones en investigación y desarrollo por parte de empresas y entes del sector. Incluso, ya en términos más generales, al exponer lo que consideraban las “Bases para un desarrollo autónomo” en economía, afirmaban que el movimiento obrero argentino estaba lo suficientemente maduro como para “producir los modelos tecnológicos que le permitan entrar en el seno de la civilización industrial, con sus propias características culturales” (SLyFCF, 1972: 25).

Capacitación, información, investigación

Como se desprende de las citas expuestas en el apartado anterior, la introducción de nuevas tecnologías (en curso o como anhelo) era un fenómeno bienvenido y que debía estimularse, pero no se trataba ni de aceptar acríticamente cualquier reconversión ni de recibir pasivamente sus consecuencias. Había que prepararse, capacitarse profesional y humanamente, formarse técnica y políticamente a fin de aprovechar tanto como encauzar el proceso.

Así, desde la conformación del Instituto de Capacitación Sindical en 1962, dependiente de la Secretaría de Cultura, los cursos básicos orientados a militantes, delegados y dirigentes incluían materias como: Industria Eléctrica, Estructura Económica Argentina, Planificación Económica Social, Economía Política, Economía Laboral, Historia Económica-Social Argentina, Desarrollo Eléctrico Nacional, Análisis de las Empresas Eléctricas, Economía y Planificación Laboral.³² Como se ve, en este espacio de formación se abordaba en clave política un conjunto de temáticas que contribuían a pensar el desarrollo económico y energético,³³ mientras que era la Comisión de Capacitación y Becas dependiente de la Secretaría Gremial la encargada de actualizar conocimientos y saberes vinculados a la tarea específica. Sus cursos (tales como: Inglés, Electricidad, Comunicaciones e Instalaciones, Contabilidad, Matemáticas, IBM, entre otros) se dictaban por lo general en (o en convenio con) las distintas empresas. La cantidad de actividades y el número de asistentes a estas fue considerablemente mayor respecto de las que organizaba el Instituto de Capacitación Sindical

Se fomentó también una capacitación “profesional y de reconversión de mano de obra con motivo del avance técnico”³⁴ destinada a trabajadores de las distintas empresas. En varias oportunidades eran organizadas por iniciativa de los propios afiliados, como los Cursos Técnicos de Capacitación y Tecnificación Laboral, propuestos por los delegados de la Seccional Inspecciones e Informes del Departamento Redes de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), quienes “han visto la necesidad de que, ante la aparición de nuevos métodos y técnicas de trabajo al margen de los sistemas tradicionales, se experimenten en un curso piloto las metodologías y didácticas adaptables a las nuevas necesidades del servicio”.³⁵

Los espacios de capacitación y formación a su vez fueron acompañados por una política de investigación e información que muestra la preocupación y el interés de la conducción sindical por mantener al gremio actualizado en temáticas socioeconómicas con herramientas científico-técnicas. Así, el Centro de Estudios Económicos y Sociales dependiente de la Subsecretaría General Técnica³⁶ publicaba mensualmente Sinopsis Económica, cuyo objetivo era “brindar a los compañeros activistas una detallada información sobre las distintas alternativas que la evolución de los problemas socioeconómicos juegan sobre la estructura del país”, argumentando que “el conocimiento de estos temas no sólo en el orden nacional, sino incluso internacional, son de vital importancia para el dirigente moderno quien para poder evaluar las condiciones del momento, debe contar con informaciones complementarias”.³⁷ Entre los temas que abordan -vinculados a las cuestiones que aquí nos interesan- figuraban: la evolución del servicio eléctrico 1957-67;el sindicato moderno y la economía; América Latina económica 1966; América Latina y la economía mundial; el Banco Mundial, Segba y la industria nacional, entre otros.³⁸

Por su parte, varios de los egresados del Instituto de Capacitación Sindical participaban en “trabajos de investigación socioeconómica”. Uno de los Equipos de Trabajo, con la colaboración del Centro de Estudios Económicos y Sociales y el asesoramiento del sociólogo y por entonces docente del Instituto, Julio Cesar Neffa,³⁹ se abocó a uno de los temas que tanto preocupaban al gremio, dedicándose a la elaboración del estudio “Participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas”.⁴⁰

La figura del “plantel móvil” como garantía de estabilidad

Más allá de las bondades y expectativas con que las innovaciones tecnológicas eran presentadas en la prensa sindical de Luz y Fuerza, la realidad también comienza a mostrar ciertos efectos negativos sobre la organización del trabajo. Según ^{Neffa (1971}), la consecuencia sobre el sector fue “una reducción rápida de la mano de obra ocupada y una reestructuración de los servicios” (p. 74). Es necesario entonces ver cómo reaccionó el sindicato frente a esta situación.

La respuesta sindical a esta situación fue el artículo 7º del Convenio Colectivo de Trabajo firmado en 1966, considerado “una columna vertebral en la estructura del CCT”.⁴¹ El artículo establecía el funcionamiento de un plantel móvil a través del cual los trabajadores tenían asegurada la estabilidad en la industria eléctrica y el mantenimiento de su remuneración, considerando las contingencias que pudiesen sufrir los distintos sectores de trabajo. Si alguno de estos cerraba o disminuía su dotación de personal a causa de modificaciones en la modalidad de trabajo, se aseguraba al trabajador otro puesto con igual remuneración, por más que fuese a ocupar un puesto de inferior calificación. Por ello, desde la perspectiva sindical representaba “una garantía profesional para el trabajador y una garantía social para su familia”,⁴² puesta en jaque tanto por funcionarios del Gobierno como de las empresas.

Era justamente gracias al esquema de reubicación que sostenía el Plantel Móvil que, entendían, podían abordar “el problema de la innovación tecnológica sin angustias y sin inseguridad; esto nos da tranquilidad en un campo donde cualquier obrero vive los riesgos del cambio”.⁴³ Recordemos además la posición robusta desde la cual el gremio afrontaba esta hipotética situación de incertidumbre, cuya dinámica negociadora garantizaba condiciones mejores a las establecidas por ley para el conjunto de la clase -en cuanto a niveles salariales,⁴⁴ jornada de trabajo, retribución por horas extras, etc.- (^{Feldman, 1977}: 141-142; ^{Graziano, 1989}: 66). Según datos ofrecidos por el propio Luz y Fuerza, para 1967 los traslados de personal aplicando el artículo 7 sumaban 1406 puestos, de los cuales la mitad fue reubicada en puestos fijos, poco más de un cuarto por debajo de su categoría, y un 16% se mantuvo dentro de su misma categoría.⁴⁵ Ello indicaría la eficacia de la herramienta pensada para sostener la estabilidad de empleo e ingresos frente a un contexto de rápido avance del proceso de tecnologización en la industria eléctrica. Al respecto, ^{Neffa (1971}) señala que “las Sub-Comisiones Internas de CCT tienen una tarea inmensa” debido a la creación del Plantel Móvil, las reestructuraciones y el incremento de la capacitación profesional puesta en marcha por las empresas “para aumentar la productividad y para reconvertir la mano de obra ante el avance de la tecnología” (p. 42).

De acuerdo con datos construidos por los propios representantes sindicales, se observan modificaciones en los índices de empleo y productividad (^{Taccone, 1971}: 86), evidenciando que en el periodo el aumento de esta última fue acompañado por un descenso en la cantidad de mano de obra ocupada (superior al 9% entre 1965 y 1970).⁴⁶

Cuadro n.° 1 Producción, personal y productividad Segba y CIAE 

Pero el impacto sobre la fuerza laboral fue variado: disminuyó más rápidamente la cantidad de obreros (pues donde primero se notó la instrumentación de nuevas tecnologías fue en las tareas manuales), mientras que fue aumentando progresivamente el número de profesionales dedicados a los servicios asistenciales que brindaban las empresas y el personal superior. Por otro lado, los costos directos de producción bajaron y aumentaron los índices de productividad por agente, en parte gracias al desarrollo de cursos de capacitación profesional destinados fundamentalmente al personal superior y de supervisión (^{Neffa, 1971}: 8-9).

Siguiendo el mismo estudio, la Secretaría Gremial, a cargo de Oscar Smith, también ve incrementadas sus tareas -y con ello su importancia- al tener que hacerse cargo de asuntos vinculados a la reestructuración y las modificaciones en las condiciones de trabajo que traía aparejada la “evolución tecnológica”. Efectivamente, dicha Secretaría, además de la defensa de la figura del Plantel Móvil, buscó resolver la pérdida de puestos laborales a partir de la jerarquización del personal vía capacitaciones e intentó evitar la transferencia de obras a contratistas privados. Los Directores Obreros (también dependientes de esta Secretaría), por su parte, se involucraron tanto en la elaboración de los planes de expansión de las empresas como en la atención de los servicios médico-asistenciales.

En síntesis, los efectos de la tecnologización se hacían sentir y el gremio estuvo atento para resolver sus efectos negativos a través de distintos mecanismos y herramientas, sin cuestionarla conceptualmente, dado que la consideraba auspiciosa en aras de lograr una empresa de servicios pública, moderna y eficiente. Cuando esta dinámica más lo tensionó fue a partir de las políticas de racionalización de empresas del Estado que lanza el Gobierno militar a fines de 1967.

Posicionamientos frente a las políticas de racionalización estatal

Más allá de la reestructuración y efectos producto de los cambios que se iban introduciendo y a los que la Secretaría Gremial venía haciendo frente a partir de múltiples estrategias, un conflicto más profundo y concreto se presentó culminando el año1967.

La Ley N°17494, dictada en octubre, establecía la racionalización de las empresas del Estado. Tanto Segba como la CIAE presentaron sus proyectos de adecuación ante la Secretaría de Trabajo. El gremio catalogó la posición de ambas empresas de “retrógrada y antisocial”,⁴⁷ argumentando que no estaban interesadas en establecer mejorías vinculadas al proceso de reorganización, tecnificación y racionalización estipulado, sino que buscaban la destrucción de la estructura sindical y del CCT, es decir, de derechos laborales adquiridos. Luego de varios meses en que las partes -sindicato y directivos de Segba y CIAE- no lograron acuerdo alguno, a inicios de mayo de 1968 vendrá el Laudo Arbitral del secretario del Trabajo Rubens San Sebastián.

A fines de octubre de 1967, la Asamblea Ordinaria del Cuerpo General de Delegados debate la situación planteada por la mencionada Ley. Se destaca la labor desempeñada tanto por las subcomisiones de Convenio como por los Directores Obreros en ambas empresas. Se denuncia la negativa de estas últimas a abrir espacios para la participación sindical en donde discutir las modificaciones que implementar, cuando era la propia Ley la que lo habilitaba (siendo este el aspecto que los trabajadores le reconocían como positivo). Entre las mociones aprobadas por la asamblea, se mandata al Consejo Directivo del sindicato para que:

…trate por todos los medios de intervenir en la discusión del tema de la racionalización en forma efectiva, transformando a las empresas eléctricas, modernizándolas y colocándolas al servicio del país, lo que será una forma positiva de defender los derechos de todos los trabajadores del gremio, considerando que en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo no existe ninguna cláusula que se oponga a ello.⁴⁸

El Sindicato no sólo responde con un rechazo absoluto al posicionamiento de las empresas (a las que identificaban como el principal adversario por ser quienes insisten en modificar unilateralmente condiciones de trabajo históricamente pautadas a través de la negociación colectiva), sino que se toma el trabajo de rebatir la propuesta oficial en un detallado documento con el cual busca, a título “informativo”,⁴⁹ desmentir las argumentaciones presentadas por aquellas en lo relativo a: contrato de trabajo, designaciones, promociones, jornadas y horarios, horas suplementarias, tareas insalubres y peligrosas, licencias, remuneraciones, distribución de tareas, jubilaciones, relaciones profesionales, beneficios sociales, capacitación, entre otros aspectos. De fondo, criticaban el criterio por el cual se asociaba y limitaba la racionalización a la búsqueda de modificaciones en las cláusulas contractuales laborales. Sumado a ello, el Sindicato presenta también una extensa contrapropuesta de “reorganización y racionalización” tanto para Segba como para la CIAE, que apostaba a la unificación del servicio.⁵⁰

Luz y Fuerza denuncia que el proyecto original, elaborado por Tirso Rodríguez Alcobendas, asesor laboral del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, respondía a un “enfoque antisocial” que buscaba regular la vida laboral de las empresas del Estado, entendiendo que los trabajadores, sus organizaciones y derechos contenidos en los CCT eran la causa del estado obsoleto e ineficiente de la economía y quienes impedían la modernización y tecnologización del país.⁵¹ El rechazo de este anteproyecto y su reemplazo por la Ley 17494 fue interpretado como un triunfo, por cuanto, además, sus considerandos incluían el derecho a la participación de las organizaciones gremiales en la elaboración de las normas referentes al ordenamiento laboral. Finalmente, el Laudo Arbitral del secretario de Trabajo también va a ser rechazado, denunciando las presiones políticas de “las fuerzas reaccionarias” actuando detrás de él, y argumentando que no se ajustaba a la ley por negar el acuerdo de partes.⁵²

Mientras tanto, la Asamblea Extraordinaria de Delegados convocada a mediados de mayo de 1968, a raíz de conocerse el Laudo Arbitral, había declarado al gremio en estado de movilización, puesto que dicha resolución finalmente otorgó el poder decisorio a las empresas en aquellos aspectos más relevantes para el avance del proceso de racionalización (definición de planteles y discriminación de tareas, promociones y reemplazos, reorganización de sectores, entre otros). Entonces, el Sindicato debió contentarse con que en los considerandos del Laudose apelara tenuemente a la “negociación en primer término” y al “entendimiento y colaboración empresario-sindical”.⁵³ Es decir que su posibilidad de intervención a través de la buscada participación no sólo se evaporaba en las altas esferas de la política, sino que se desdibujaba en el piso de trabajo. De hecho, las interpretaciones del Laudo quedaron libradas a los jefes de los distintos sectores, lo que ocasionó situaciones violatorias del convenio.

En la revista Primera Plana, el periodista Mariano Grondona argumentó que a partir de este arbitraje se “inicia un proceso fundamental: la recuperación, por parte de las empresas, del control laboral, hasta ahora compartido con el sindicato”.⁵⁴ Contrariamente a esta opinión, que ubica al sindicato en una situación de derrota, ^{Neffa (1971}) sostiene que este supo resolver el conflicto a su favor, generándose una situación que cataloga como “radicalmente diferente” (p. 74) respecto de otros gremios y sectores productivos. Según este estudio, la incorporación del Plantel Móvil por convenio había resultado efectiva en el sentido de lograr estabilidad frente a la acelerada reducción del personal vivida en otras ramas similares de la industria (también con alta productividad y un intenso progreso tecnológico), pero además, las reestructuraciones habían promovido jerárquicamente al personal. En otras palabras, si no habían acrecentado su poder en la gestión de la empresa, tampoco habían perdido su control en el piso de trabajo.

Como resultado de este conflicto, la conducción del gremio terminó distanciándose del Gobierno militar, criticando el rumbo liberal de las políticas que se estaban implementando; afirmó que “Nadie se ha llamado a engaño, la campaña ‘racionalizadora’ y ‘ordenadora’ no estaba destinada ni a racionalizar ni a ordenar”.⁵⁵ Es relevante preguntarse entonces qué significaba desde la perspectiva de Luz y Fuerza avanzar en ese sentido racionalizador y ordenador. Sintetizando, los lucifuercistas no rechazaron ni la Ley 17494 ni el proceso de reestructuración, tecnologización y racionalización que esta suponía. La fundamentación de su postura a favor de una modernización de la empresa que los tuviese como partícipes involucrados en la toma de decisiones se articulaba con nociones de responsabilidad y eficiencia, y con una fuerte preocupación por el aumento de la productividad. En sus palabras: “toda reorganización de la Empresa tendrá que estar basada en un amplio programa tendiente a promover la productividad mediante el adelanto tecnológico y la expansión de capacidad productiva”.⁵⁶ De este modo se garantizaría la prestación de “un servicio eléctrico eficiente al menor costo posible”.⁵⁷

El Sindicato se ubicaba así no sólo contra el Gobierno sino también contra quienes “quieren el atraso social”, sopesando lo que serían algunas pérdidas o problemas derivados de la dinámica de modernización tecnológica frente a la consolidación de conquistas fundamentales. De un lado de la balanza, se deberían afrontar traslados, reconversión de la mano de obra, ajuste de planteles y discriminación de tareas; del otro, comenzaría la dinamización de la acción gremial y capacitación del personal. En esta disyuntiva advertían a sus propias filas: “la tecnificación señala que quien no se prepare perderá terreno en nuestra industria. Nadie se engañe: se tiende cada día a la utilización de menos personal y de más alta capacitación”.⁵⁸ Sin embargo, sintiéndose amparados por el artículo 7.º del CCT (Plantel Móvil), sus demandas a la patronal evidencian el entrelazamiento entre tecnificación, formación y condiciones de trabajo. Así, le exigían:

1. - Un desarrollo constante de las empresas. 2.- Las mejores condiciones de trabajo y el empleo de máquinas, herramientas y métodos de trabajo de la más alta y eficiente tecnología. 3.-Capacitación permanente a todos los niveles con entrenamientos adecuados a la rápida adaptación laboral de las innovaciones a introducirse. 4. - Rápida eliminación del empleo de contratistas que trabajan al margen de condiciones laborales y de seguridad mínimas, con explotación inaceptable de mano de obra transitoria.⁵⁹

A lo largo de las tratativas y negociaciones que ocurren en el marco de este prolongado conflicto es posible advertir el conocimiento y reconocimiento que el Sindicato hace respecto de la importancia de las transformaciones tecnológicas en cuestión.⁶⁰ Lo que discute y busca es que estas no se introduzcan al margen de su participación activa -tanto en la elaboración como en la ejecución de los programas de reconversión-, sustancialmente porque no se trataba sólo de una modificación de las estructuras de producción, sino que afectaba los propios hábitos de vida del trabajador; en este proceso, el involucramiento del Sindicato como organización era garantía para la defensa de amplios derechos adquiridos.

En medio del conflicto, a través de una “carta” a los trabajadores publicada en Dinamis el Secretario Gremial expresaba: “Debemos estar dispuestos a comprender y aceptar la modificación de los métodos tradicionales de trabajo, a admitir la superación de las rutinas y sistemas gastados, pero sí, debemos luchar para que todo ello pueda hacerse sin menospreciar al hombre que trabaja y reconociendo a la Organización Gremial que lo representa el papel que corresponde en la programación y consulta de los nuevos planes de trabajo”.⁶¹ En la misma tónica, la nota presentada al gerente laboral de Segba por la Secretaría Gremial ahora junto a las subcomisiones de Convenio se preocupaba por dejar en claro su disposición a la introducción de reformas, aunque cuestionando el modo inconsulto en que estas se habían llevado a cabo.⁶² Si por momentos pareciera que el centro de la cuestión es la participación sindical en el proceso en curso más que las transformaciones en sí mismas, es porque allí radicaba desde la perspectiva de Luz y Fuerza la posibilidad no sólo de ofrecer a sus representados ciertas garantías individuales, sino de direccionar las metas del desarrollo eléctrico nacional.⁶³