Introducción

La literatura internacional muestra que, durante las décadas de los setenta y ochenta, en América Latina se desarrollaron de manera sistemática prácticas irregulares de adopción de niños y niñas (^{Briggs y Marre, 2009}; ^{Leinaweaver y Seligmann, 2009}). Según ^{Selman (2012}), el Cono sur fue uno de los principales territorios proveedores de niños y niñas para la adopción internacional, teniendo como regiones receptoras principalmente a Norteamérica y Europa. En particular, en la década de los ochenta, Chile fue uno de los seis principales países que enviaron niños para adopciones internacionales (Selman, 2012). Estas prácticas han sido analizadas en diversos países o regiones desde variadas disciplinas. Según la antropóloga argentina Carla ^{Villalta (2006}), la afiliación de un niño a una familia adoptiva, mediante la desaparición real o simbólica de sus progenitores, fue una de las acciones emprendidas por las dictaduras del Cono sur para “salvar” a las niñas y niños en el sentido higienista y eugenésico del término, mediante lo cual muestra su marcada impronta clasista y salvacionista de la niñez de sectores populares, con el propósito de legitimar el régimen ante la sociedad civil.

En Chile, como es analizado en trabajos previos (^{Alfaro 2018}; ^{Alfaro y Morales, 2021}; ^{Salvo Agoglia y Alfaro, 2019}; ^{Gesteira, Salvo Agoglia, Villalta y Alfaro, 2021}), a partir del año 2014 se inicia el proceso de denuncia y visibilización pública de adopciones gestionadas de forma irregular en las décadas anteriores, a través de los diversos medios de comunicación se fue configurando una problemática que tuvo diversas víctimas, pero que ha afectado principalmente a familias de sectores populares, en especial del centro y Sur de Chile. Desde que se hicieron públicas numerosas denuncias de familias que responsabilizaron al sacerdote Gerardo Joannon como intermediario en procesos de adopciones consideradas como irregulares (^{Salvo Agoglia y Alfaro, 2019}), diversos reportajes de prensa comenzaron a visibilizar testimonios de numerosas familias afectadas por esta misma problemática, poniendo en evidencia que se trataba de un fenómeno sistemático y de gran magnitud. El conocimiento público de estos hechos incentivó la emergencia de un movimiento conformado principalmente por madres que buscan a sus hijos e hijas adoptados en Chile y en el extranjero y por personas adultas adoptadas que buscan sus orígenes biológicos en Chile. En los últimos años, la cantidad de víctimas de lo que la prensa denominó “adopciones irregulares” ha crecido exponencialmente, tanto dentro como fuera de Chile, impulsando un cuestionamiento ético, político y social a las autoridades e instituciones nacionales e internacionales encargadas de gestionar las adopciones (Alfaro y Morales, 2021). La creación de agrupaciones como Hijos y Madres del Silencio, que es analizada con profundidad en un trabajo anterior (^{Gesteira et al., 2021}), ha permitido articular una demanda pública de verdad y justicia. Entre otras cosas, su labor influyó en que las autoridades decidieran nombrar el año 2017 como Ministro en visita, al Juez Mario Carroza, ampliamente reconocido por su labor en causas de Derechos Humanos (Salvo Agoglia y Alfaro, 2019).

Al igual que en otros países, en Chile, el modus operandi también consistió en informar a las madres biológicas, tras el parto, que sus bebés habían nacido muertos, o bien, captar y convencer a estas madres que, la mejor opción para sus hijos/as era entregarlos en adopción a familias “bien constituidas”. Como es advertido por Carla ^{Villalta (2006}) y ^{Agostina Gentili (2016)}, las construcciones en torno al abandono infantil permitieron la ampliación de las facultades y poderes de las élite a lo largo en el Siglo XX. Sin embargo, es desde la dictadura que los mecanismos de captación de niños y niñas para adopción se inscriben como parte de la política de infancia y se sostienen desde una institucionalidad civil y militar. De este modo, se produjo la circulación de bebés entre familias pobres o maternidades “inadecuadas” -en su mayoría niñas y mujeres de entre 14 a 20 años de edad, solteras y/o que vivían en zonas rurales- a familias “adecuadas”, definidas según la ideología familiar hegemónica. Dichas circunstancias son coincidentes con la investigación llevada a cabo por la antropóloga argentina Soledad Gesteira, quien refiere que en su mayoría se trató de embarazos por fuera del matrimonio legal, que ponían en cuestión el honor y respetabilidad de las familias “bien constituidas”, por lo que eran maternidades que se encontraban por fuera de las formas legítimas de construir-y concebir- la familia y el parentesco en la época (Gesteira, 2021). Estas prácticas fueron gestionadas habitualmente en numerosos Hospitales públicos y clínicas privadas, guarderías infantiles o en residencias de protección de niños y niñas administradas y/o supervisadas por el Estado chileno, concentrándose en el periodo de privatización del sistema de protección de la infancia bajo la dictadura civil y militar entre 1973 y 1989 (existiendo continuidad de algunas irregularidades en los primeros años de la década de los noventa). En numerosos casos, estas madres fueron engañadas o se aprovecharon múltiples condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban (^{Von Schakmann, 2015}), por parte de redes de intermediarios dedicados a gestionar la captación y entrega de bebés y niños/as pequeños/as para satisfacer la demanda de las familias extranjeras y nacionales (^{Salvo Agoglia & Alfaro, 2019}).

Durante las últimas décadas se han ampliado los estudios en torno a la relevancia de los afectos y moralidades en las contiendas políticas. En particular, han proliferado las investigaciones en torno a este problema en el contexto de la Guerra Fría, relevantes estudios sobre políticas de población (^{Zárate & González, 2015}), dando cuenta de los entramados que se articularon entre lo local y global en dicho escenario (^{Marchesi, 2017}; ^{Calandra y Franco, 2012}). En el caso de la adopción, diversas autoras han advertido sobre el carácter económico y político de la circulación de la infancia por medio de la adopción transnacional, práctica que configuró dinámicas norte-sur que, en el contexto de la Guerra Fría, convirtieron la adopción en una herramienta de propaganda política de los países desarrollados que intervinieron en contextos de alta vulnerabilidad de la población, ya fuera en zonas de conflictos armados, o países bajo dictaduras militares o guerras civiles. En este marco, las regulaciones legales de la adopción fueron atendiendo a las dinámicas globales, las cuales configuraron una geografía de países receptores y otros emisores en el circuito de la adopción transnacional (Alfaro y Morales, 2021). Ello se entramó con una ideología hegemónica del parentesco occidental fundada en la filiación exclusiva a través de la figura jurídica de la adopción plena, según la cual cada niño sólo puede tener un solo padre y/o una madre (Fonseca, 2009). Asimismo, el principio de ruptura limpia (^{Duncan, 1993}) contribuyó a la cancelación de la identidad de nacimiento a través de la adopción para garantizar la integración de los niños y niñas en sus nuevas familias. En paralelo, estas adopciones fueron rodeadas de dinámicas de secreto y estigmas basadas en tabúes culturales y de clase (^{Nari, 2004}; ^{Cosse, 2006}), como las familias de origen - especialmente las madres biológicas- no deben entregar a sus hijos y que la infertilidad es vergonzosa (^{Marre, 2009}).

Para ^{Villalta (2022}), la historia de las tramas administrativo-burocráticas que regula las infancias y familias está poblada de especialistas y agentes, conceptos y categorías, demandas y críticas, y fundamentalmente de distintas disputas en torno a quiénes y de qué forma deberían asegurar el “bienestar del menor”. Ello da lugar a diversos repertorios institucionales y emocionales poblados de sentidos, formas de decodificar los comportamientos de aquellas personas sobre las que se interviene, esquemas interpretativos, que los agentes institucionales utilizan situacionalmente (Villalta, 2022). Al mismo tiempo, son usados por los sujetos destinatarios de dichas intervenciones para crear sus propias demandas o interpelar las acciones estatales ( ^{Milanich, 2005}; ^{Nari, 2004}). Siguiendo esta línea, en este artículo, se busca comprender el carácter político y los usos morales de las retóricas sobre el amor materno en la dictadura militar chilena, en especial, en el ámbito de las prácticas de adopciones forzadas de hijos e hijas de madres de sectores pobres. En primer lugar, se presenta una breve revisión bibliográfica sobre el lugar histórico, político y social de la maternidad en general y de las maternidades en el campo de la adopción. A continuación, mediante el análisis de fuentes documentales del Ministerio de Justicia, que pertenecen al Archivo Nacional de la Administración y, particularmente, notas de prensa de la época, examinamos el proceso de construcción discursiva sobre el amor materno como uno de los argumentos centrales para la inhabilitación de las madres de origen, la separación de sus hijas e hijos y su entrega a familias adoptivas nacionales y extranjeras. Al mismo tiempo, reconstruimos parte del discurso público dominante durante el periodo dictatorial en torno a la promoción de la adopción en el marco de las políticas públicas de infancia de aquella época. Finalmente, analizamos el proceso de conformación de las agrupaciones de personas víctimas de “adopciones irregulares” que promueven y gestionan el acompañamiento, de forma voluntaria, de los “reencuentros familiares”, especialmente entre las madres de origen y sus hijos/as, siendo organismos principalmente compuestos por madres de origen y otros parientes de nacimiento que buscan a sus hijos/as adoptados de manera irregular.

La construcción social, política y discursiva del amor materno

El campo de la maternidad ha sido históricamente un territorio en disputa, problematizado y debatido continuamente por diversas teóricas y activistas feministas, que han examinado la estrecha relación entre el sistema patriarcal y el capitalismo en la producción de las jerarquías de género y las violencias dirigidas contra las mujeres (^{Federici, 2019}). La construcción socio-histórica de la maternidad está entramada a una serie de dispositivos discursivos y normativos de carácter patriarcal y de control del género, que se configuran verticalmente desde los espacios de poder institucional.

La maternidad ha sido construida como instintiva, y como objetivo central en la vida de las mujeres, construyéndose la idea de “instinto materno” en relación al “amor maternal” (^{Badinter, 1991}). Particularmente en el caso del amor materno, ha buscado definir el destino de las mujeres, asignándole el rol de madre como la condición natural del género, transformando el amor a las y los hijos en un sentido común y en una frontera de lo admitido en cuanto mandato de feminidad; “Las tradicionales nociones patriarcales desplegadas alrededor de la maternidad están sostenidas en una matriz que entiende como afecto fundamental el amor en cuanto alegato homogéneo, universalizable y natural” (Macón, 2017, p. 206). En función de lo discutido, parece central debatir respecto a los discursos y usos políticos del amor materno, en especial como instrumento desde el poder para establecer distinciones entre aquellas consideradas como “buenas madres” o “malas madres”. El poder de este discurso se ha ampliado a la discusión en relación a la anticoncepción y el aborto (^{Di Corleto, 2018}).

En particular, aquellas maternidades que no cumplen con determinadas condiciones mandatadas socialmente, han sido históricamente puestas bajo mayor sospecha, vigilancia y control social. Tal es el caso de las “madres solteras”, quienes han sido fuertemente estigmatizadas, patologizadas y culpabilizadas. Durante siglos gran cantidad de mujeres han criado a sus hijas e hijos, con o sin apoyo de su familia extensa y/o su comunidad, por razones muy diversas como el embarazo adolescente, viudez, separación y/o falta de implicación de los varones en la crianza, entre otros motivos. Estas maternidades han sido miradas predominantemente desde una perspectiva deficitaria que las compara constantemente con el modelo ideal y hegemónico de familia tradicional (nuclear, biparental, heterosexual y asimétrica en la distribución sexual de los roles), por tanto, de la ausencia de una figura masculina o paterna que “complete” la estructura familiar (^{Salvo Agoglia & Gonzálvez Torralbo, 2015}).

En coherencia, la regulación moral de la maternidad ha estado históricamente al centro de las políticas estatales y el discurso de los expertos, especialmente del campo psicosocial. Diversas autoras coinciden en que conocer y examinar a la maternidad como una construcción social, histórica y política, permite examinar los procesos de cambios y continuidades a lo largo de la historia, identificando los conflictos y disputas en torno a la configuración de un modelo de maternidad hegemónica (^{Lola, 2009}). En su análisis bio-político de la maternidad, Carol Arcos (2018) da cuenta de la relevancia del poder estatal en la construcción de discursos y dispositivos en torno a la maternidad, en tanto tiene la atribución de “administrar la vida de las mujeres mediante mecanismos globales que reubican sus cuerpos en procesos biológicos de conjunto, pues son ellas quienes favorecen la fecundidad y equilibrio de la población” (p. 30). Por su parte, Claudia ^{Fonseca (2012}) alude a las tecnologías globales de la moralidad materna, para dar cuenta del rol del Estado en la construcción política de la maternidad. Asimismo, en la experiencia de maternidad se juega también la agencia de las mujeres, para forjar subjetividad y reconocimiento social en torno a esta identidad.

Cristina ^{Palomar Verea (2004}) sostiene que los saberes sobre la maternidad han sido profundamente ideologizados, siendo cómplices de la legitimación y naturalización de un sistema de género sexista e inequitativo, con efectos sociales y subjetivos profundamente negativos y conflictivos para muchas mujeres que ejercen la maternidad. A modo de ejemplo, diversas teorías desarrolladas desde mediados del siglo pasado, colaboraron a la implantación de una ideología de la madre “omnipotente” e idealizada, que refuerza la identificación mujer-madre y el carácter innato del “amor maternal” (^{Fernández, 1993}; ^{Giberti, 2010}). De esta forma, se otorga gran peso a la figura de la madre en la crianza infantil y, al mismo tiempo, se genera una especie de apropiación de las funciones parentales por los expertos, autoridades o instituciones que establecen criterios normativos respecto de lo que es (o no) una “buena” o una “mala” madre. Esto contribuye a establecer correlaciones directas, reduccionistas, culpabilizadoras y patologizadoras respecto de las madres (Palomar Verea, 2004; ^{Meler, 2010}), sin cuestionar las condiciones en las que se realiza el ejercicio de cada maternidad en particular e individualizando de forma descontextualizada las posibles dificultades que pueden presentarse para muchísimas madres (Meler, 2010). Lo anterior, se articula con la comprensión de la familia como una “unidad ideológica” (Collier, et al, 1997), entendiendo que ésta se constituye principalmente como un sistema económico y social, en el que las relaciones entre sus integrantes no pueden pensarse como relaciones afectivas desinteresadas, sino que cruzadas también por las condiciones materiales que les influyen (Fraser, 2009). En estos términos, la perspectiva de género es central para poder comprender la relevancia de las relaciones de poder que se despliegan al interior de la familia (Hartmann, 2000), en este caso, reconociendo particularmente las múltiples jerarquías en los roles femeninos y masculinos que se han asignado en su interior. Es por ello, que la construcción del amor romántico ha sido desde la tradición occidental y moderna, el sustento del vínculo que sostiene los lazos familiares.

La trama política, institucional y discursiva sobre amor materno, el abandono y la adopción

Para ^{Villalta (2022}), la adopción de niños y niñas es un campo de indagación privilegiado para observar las maneras en que en distintos momentos socio-históricos se ha construido el parentesco como un objeto de preocupación pública, tematizado la intervención del Estado en la regulación o creación de parentesco legal y dotado a la organización jurídico-burocrática de atribuciones y facultades para ello. La adopción puede ser entendida como un sistema que redistribuye niños pobres hacia familias de mayores recursos económicos (^{Wegar, 1997}). En particular, Wegar (1997) enfatiza la estrecha interacción entre el género y el poder en la construcción social y científica de las maternidades biológicas y adoptivas (Fonseca,1998) .

Las ideologías dominantes sobre la maternidad y los discursos expertos también han contribuido a construir esta dicotomía entre las buenas y las malas madres de la adopción (^{Tarducci, 2008}, ²⁰¹¹). Por ejemplo, el rol del conocimiento experto ha sido analizado en Perú por Leinaweaver (2007, en Tarducci, 2013), cuando observa cómo se construye la noción de niño/a “legalmente abandonado” por las autoridades a cargo de las adopciones. Según esta autora, el discurso biomédico se ha convertido en la principal herramienta para justificar la necesidad de tal medida, juzgando a partir de mediciones sobre la salud mental de las madres y el estado nutricional de los/as niños/as si las familias son inapropiadas para mantener a sus hijos/as. Por tanto, dada la construcción social de la maternidad hegemónica, ha predominado el discurso generalizado del abandono como origen de toda adopción (^{Altamirano, 2012}; ^{San Román, 2013}), lo que sitúa a las madres de origen como las perpetradoras de este abandono (^{Marre, 2009}; ^{Giberti, 2010}). Sumado a esto, el discurso del abandono opera complementariamente con la ideología del “rescate” en la que los hijos de estas mujeres deben ser salvados y protegidos por el Estado o bien por familias “bien constituidas” (^{Fonseca, 2012}; ^{Tarducci, 2013}), reemplazando y sustituyendo así el vínculo y la identidad de origen por un vínculo adoptivo. Según ^{Herrera & Spaventa (2003}), la configuración adoptiva matrimonial cumple con la función de “desmonoparentalizar” a los/as niños y niñas en condición de adoptabilidad que, en su mayoría, provienen de familias monoparentales de origen, consideradas irregulares o deficitarias. Así, en el campo de la adopción, las políticas y legislaciones han contribuido a reforzar una determinada ideología de parentesco que jerarquiza a la familia biparental por adopción por sobre la monoparental de origen.

Para Claudia ^{Fonseca (2012}), en el contexto de extrema pobreza en Brasil, categorías como “abandono” y/o “negligencia” son complejas de definir, dado que las entregas de sus hijos/as no responden muchas veces a una elección, sino que son producto de la intersección de múltiples inequidades y violencias. Por su parte, Eva ^{Giberti (2010}) también cuestiona fuertemente el carácter abandónico que se les da a estas madres desde el discurso profesional hegemónico puntualizando que su cesión del niño en adopción remite a un “abandono forzado”, producto de la imposibilidad económica y social de la progenitora, quien no dispone de los recursos necesarios para mantener al/la niño/a o no cuenta con los apoyos requeridos para su cuidado, debido a las aún insuficientes políticas públicas que les procuren los apoyos integrales necesarios. En otras palabras, las denominadas “madres abandonantes”, han sido abandonadas a su vez por la sociedad en su conjunto e incomprendidas por numerosos profesionales (Giberti, 2010). A ello se suma un contexto de injusticia reproductiva, en el que son negados o penalizados sus derechos sexuales y reproductivos -la anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo no planificado- a las mujeres empobrecidas y marginadas, proveyendo así niños y niñas para la adopción nacional e internacional (Marre y ^{Briggs 2009}; Marre, 2009; ^{Salvo Agoglia y San Román, 2019}). En el caso de las adopciones irregulares o forzadas, la investigación llevada cabo por Soledad ^{Gesteira (2021}), muestra que la temática del abandono suele aparecer como uno de los temores principales de las madres de origen al momento de buscar a sus hijos e hijas, en tanto el discurso del “abandono” emerge como el argumento en las narrativas de las familias adoptivas. En este sentido, para la autora, la posibilidad de acceder a los relatos de las madres de origen posibilita la desarticulación de la hipótesis del abandono o, al menos, interpelarla como la “única” explicación posible. Por lo tanto, la figura generalizada del abandono no siempre refleja la situación de entrega, sino que muchas veces tergiversa otros sentidos y prácticas que han rodeado la entrega, separación o la sustracción de sus hijos/as (Gesteira, 2021).

“¿Falta cariño en Chile?”: Discursos y políticas sobre el “abandono” materno y la adopción en la dictadura chilena

Como han señalado otras autoras, las dictaduras militares en América Latina desplegaron un conjunto de estrategias de carácter “familiaristas” (^{Lenoir, 2008}). En el caso de Chile, el poder dictatorial se expandió a través de cuerpos intermedios, entre el Estado y la sociedad civil, siendo principalmente el voluntariado femenino uno de los principales sujetos implicados en el trabajo de legitimación del régimen, en especial a partir del rol que cumplió CEMA-Chile (^{Valdivia, 2010}), organización liderada por Lucía Hiriart de Pinochet y que se desarrolló mediante sedes a lo largo de todo el país, siendo acompañada en esta “cruzada” como parte del círculo cercano de las esposas de militares y de mujeres comprometidas con el régimen.

Las acciones desarrolladas por esta y otras organizaciones, tuvieron como labor central el control de la sociedad para construir determinados principios, normas y patrones que regularon los comportamientos de las familias, con el propósito de transformarla en una familia “deseable” acorde a los patrones morales del régimen militar. Dichos mandatos familiares y de género, permitieron el establecimiento de una distribución desigual y jerárquica de lo femenino y masculino (Hiner, 2019; Tinsman, 2017). Siendo, por ello, el género una categoría central para comprender el desarrollo de las relaciones de poder al interior de la familia (Hartmann, 2000), en especial en este periodo, cuando se configuró en el país, un modelo de “burocracia autoritaria”, que articulaba de manera contradictoria un paradigma conservador en lo ideológico, con un giro modernizador en lo económico respecto a las políticas de familias. En el plano discursivo, se instaló la inclusión política de las mujeres, lo cual no significó en la practica, ningún avance significativo en sus condiciones de vida (^{Htun, 2010}). Por el contrario, las políticas de regulación de la población y la familia tendrían en las mujeres sujetos centrales de intervención de los dispositivos cívicos y militares. Los lineamientos establecidos en las políticas públicas de la Dictadura, se orientaron a regular a la población en el marco del giro neoliberal del Estado y del establecimiento de las bases del modelo subsidiario, se basaron en las directrices entregadas por la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), y se concretaron a partir de la Política Nacional de Población (1978-1983), documento en el que se hace referencia a la perdida de los roles maternos tradicionales, producto de una liberación sexual desarrollada en el periodo anterior, correspondiente a la Unidad Popular:

Es del caso observar el reciente fenómeno cultural de la mujer como símbolo sexual, que ha tenido infelizmente una rápida expansión a toda la sociedad y que se tradujo en una mayor superficialidad del rol materno, al punto que se han adoptado conductas como el no dar de mamar a los hijos, o bien el dejar de hacerlo al corto tiempo, con el exclusivo fin que la mujer pueda cuidar mejor su aspecto físico, hecho que aumentó por sí solo la desnutrición infantil en la población de menores recursos (Política Nacional de Población 1978-1983, p. 3).

Como es posible analizar, en este documento se establece el supuesto de que las transformaciones en el rol de las mujeres se correlacionan con un estado de desintegración de la sociedad que pone en peligro a la familia como núcleo de la sociedad. Asimismo, se sostiene que “una vida familiar afectiva y equilibrada es el medio óptimo de desarrollo para los hijos” (Política Nacional de Población). Además de moldear económicamente a la familia, el régimen buscó orientar sus políticas para consagrar sus mandatos familiares tradicionales y evitar cualquier amenaza a los pilares conservadores. En dicho marco, el modelo tradicional de familia es regulado mediante las políticas públicas, incentivando la paternidad responsable, la natalidad, etc., por medio de subsidios familiares, el “control de niño sano” y un conjunto de dispositivos que permitieron controlar las formas de vida de la población, en especial de los sectores de extrema pobreza. Ello implicó que las familias monoparentales, en particular las constituidas por las llamadas “madres solteras”, fueran consideradas contrarias a los objetivos propuestos. En particular, el cuestionamiento se centró en el carácter “ilegítimo” de sus hijos e hijas, y en la dificultad -frente al retroceso de políticas sociales- que existiría en estos hogares “incompletos” de garantizar las necesidades básicas de los niños y niñas. En línea con ello, durante el régimen, instituciones como la Corporación de Ayuda al Menor (CORDAM) dirigida por Alicia Godoy de Mendoza, jugaron un rol fundamental:

Para cumplir toda la labor de la Corporación y lograr la realidad de lo proyectado, la institución cuenta con más de 4.500 colaboradoras voluntarias, quienes no requieren más méritos que el demostrar amor por la infancia y deseos de sacrificarse por ellos. Se trata de una misión tipo cruzada, que en la organización se define como cimentar la grandeza de la patria en la felicidad de sus niños, para hacer de Chile una gran nación (El Mercurio, 22 de septiembre de 1980, p. C-2).

Junto con el voluntariado civil, la institución de Carabineros creó un escalafón femenino, cuyo objetivo central fue la atención de la infancia pobre, estableciéndose diversos mecanismos y dispositivos de institucionalización que permitieran sacar a los niños y niñas de las calles y de aquellos entornos de socialización considerados “peligrosos”:

Bajo el severo uniforme, amor de madres para niños en situación irregular. El escalafón femenino de Carabineros tiene a su cargo la situación de niños irregulares y están llamadas a una acción que combina maternal cariño con disciplina y educación logran el milagro de hacerles olvidar su pasado de orfandad, y de encaminarles hasta alcanzar la mayor edad (El Mercurio, 27 de abril de 1978, p. 34).

En esta nota de prensa, es posible apreciar el carácter “maternal” que adquiere la función del escalafón femenino de Carabineros en el proceso de control y disciplinamiento de niñas, niños y adolescentes, en las que se buscaba el “milagro” de borrar su pasado irregular, lo cual implicó un giro en el rol que hasta la fecha cumplían los organismos policiales y las instituciones como “Niño y Patria”¹. En este marco, la llamada labor social y comunitaria de Carabineros, reforzó su discurso sobre el amor maternal en la fundamentación de los dispositivos de “rescate” de los niños y niñas de los sectores populares que se afirmaba habían sido abandonados por sus madres, como lo ejemplifica el siguiente extracto de una nota de prensa publicada en su Revista institucional:

Cada día que pasa se incrusta en nuestro pecho, con más amor y fuerza, el lema ‘Orden y Patria’”, y continua: “Dulce profesión la nuestra, que nos ha permitido acunar a los niños que han perdido a sus madres. Que nos ha dado hijos antes de concebirlos, y que logró mostrarnos que el amor que se entrega es el que más nos deja y el que más nos enriquece (Revista de Carabineros de Chile 235, p.54).

“¿Falta Cariño en Chile?” llevó por título una entrevista realizada a la trabajadora social Minerva Silva. En dicha nota de prensa se argumentaba que la mayoría de los niños y niñas que asisten a las guarderías infantiles, son adoptados por matrimonios europeos dado que se considera que no existe interés de parte de las familias chilenas. Frente a ello, en la nota se daba cuenta del alto interés de extranjeros en estos “niños abandonados que esperan que alguien los adopte y les entregue el cariño que necesitan”, completando la ecuación para justificar la adopción como solución a la pobreza (^{Cardarello, 2009}). Además, la profesional desmentía tajantemente las acusaciones de exportación de niños, indicando que la mayoría de los niños y niñas correspondía a menores abandonados o hijos de madres o de familias consideradas disfuncionales que incurrían, ya sea por pobreza, discapacidad o consumo abusivo de alcohol en graves negligencias que hacían peligrar la vida de estos “hijos no deseados”, confirmando que, al contravenir los comportamientos esperados en toda madre, no se incurría en ningún delito. Al ser consultada por la forma en que los niños y niñas eran declarados susceptibles de adopción, Silva señalaba:

En estos casos son cuatro niños abandonados. Y una niña de éstas con medida de protección de la asistente social, puesto que la madre es una inválida; la abuela, quien estaba a su cargo, es una alcohólica y se pesquisó en el Hospital en una emergencia que se presentó para Navidad recién pasada. Llegó la abuela completamente alcohólica con la menor con una neumonitis grave. (…) Las otras guaguas son abandonadas por sus padres. Hijos no deseados (Diario 24 horas, 11 de junio de 1982, p.11).

La relevancia de los informes elaborados por las/los asistentes sociales, adquiere en materias de familia, una relevancia fundamental en relación a como opera la justicia. En este sentido, las medidas de protección sobre un niño o niña, fue seguida de un otorgamiento de la guarda y posterior gestión de adopción.

“Somos una familia absolutamente normal”: Discursos y políticas para legitimar y promover la adopción nacional e internacional en la dictadura chilena

En Chile, la regulación de la adopción se inició el año 1934 mediante la Ley Nº 5.343. En 1943, la Ley N°7.613 creó la posibilidad de la adopción contractual, entre el adoptado y el adoptante, sin establecer relación civil entre las partes involucradas, es decir, el hijo o hija mantenía vinculo civil con la familia de origen. Posteriormente, en 1965, la Ley Nº16.346 introdujo la figura de “legitimación adoptiva”, la cual puso fin a la filiación del niño con su familia de origen, estableciendo el secreto absoluto y ordenando la destrucción de cualquier antecedente que hiciera posible rastrear la filiación biológica del niño (^{Corral, 2002}; von Schakmann, 2015). Las dos últimas normativas señaladas, se mantuvieron vigentes bajo el régimen militar, sin embargo, ninguna de ellas establecía regulación en materia de adopción internacional.

Durante el régimen de Pinochet, la gestión de adopciones nacionales e internacional alcanzó más relevancia mediante la implementación del Plan Nacional de Menores (1978-1982), el cual estableció a la adopción como “el sistema asistencial ideal para el niño sano y normal que carece de hogar propio. Mediante ella se da un hijo a quien la naturaleza se lo ha negado” (Decreto Supremo Nº405, Plan Nacional de Menores, 1978) y se planteó como objetivo “ampliar significativamente el número de adopciones en Chile, como camino para proporcionar hogar a niños que carecen de él” (Decreto Supremo Nº405, Plan Nacional de Menores, 1978) Para esto, el régimen buscó promover un “movimiento de opinión pública favorable a la adopción” (Decreto Supremo Nº405, Plan Nacional de Menores, 1978), y concibió como tarea del Estado informar y promover las adopciones para agilizar sus trámites (Alfaro y Morales, 2021). En coherencia con ello, la prensa oficialista, los municipios y los agentes cívico-militares se encargaron de hacer una “amplia promoción de la adopción de los niños desvalidos dando a conocer tanto dentro como fuera del país los principios que rigen el sistema” (Decreto Supremo Nº405, Plan Nacional de Menores, 1978). Esta política facilitó la gestión de funcionarios públicos en Hospitales, Municipios e instituciones de cuidado de la infancia para favorecer la entrega de niños y niñas pobres a instituciones y organismos que gestionaron adopciones nacionales y en el extranjero (Alfaro y Morales, 2021). De esta forma, durante este período se produjo un aumento en los procesos de institucionalización de la infancia, inéditos en comparación a otros países de América Latina en el mismo periodo (^{Illanes, 2022}). Lo anterior, a partir de la configuración de un entramado civil y militar que tuvo a su cargo el cuidado de “menores considerados en situación irregular”, bajo un enfoque tutelar del régimen, se buscó regular a la población mediante las adopciones de niñas y niños, estableciendo especialmente control sobre las familias y mujeres populares, buscando reducir la llamada “infancia irregular”, asociada principalmente a las/los hijos “ilegítimos” o “del pecado”, en su mayoría de madres adolescentes y/o solteras.

En coherencia con lo anterior, reportajes como el mencionado, se hicieron recurrentes en la prensa de la época, en los que se destacaba la existencia de un número determinado de niñas y niños disponibles para ser adoptados de manera fácil y expedita, garantizando absoluto “secreto” en los procedimientos de la adopción. Dichas noticias tenían como principales figuras entrevistadas a asistentes sociales, juezas y especialistas en materia de infancia, que daban a conocer las bondades del sistema. Estos discursos, circularon principalmente en el periodo de implementación del mencionado Plan Nacional de Infancia (1978-1982), impulsado por el Ministerio de Justicia, que se propuso como objetivo fundamental reducir la cantidad de “menores en situación irregular” existentes en nuestro país, que se calculaban en la época en un número de 600.000, para mostrar mejores estándares de desarrollo de la población. Además, dicha política se enmarcó en diversas acciones organizadas con motivo de la conmemoración del Año Internacional del Niño (1978). Los ejes centrales de dicho plan se fundaron en el establecimiento de los principios de subsidiariedad en materia de cuidado de la llamada “infancia irregular”, posibilitando progresivamente su posterior privatización. Uno de los lineamientos fundamentales de esta política fue “aumentar significativamente el número de adopciones” (El Mercurio, 30 de abril de 1978, p. 38), mediante una estrategia de comunicación de carácter público:

El lanzamiento de una gran campaña de adopción dando a conocer los principios que rigen el sistema en nuestro país para que sea difundido en Chile y en el extranjero es una de las líneas de acción que propone el Plan Nacional de Ayuda al Menor Desvalido del Ministerio de Justicia (El Mercurio, 22 de enero de 1978, p. 30).

Dicha campaña contó con la activa participación de integrantes del poder judicial, que realizaban llamados públicos para promover la adopción de niños y niñas. Este es, por ejemplo, el caso de la Jueza María Angélica Parra, quien en los medios de prensa señaló:

Usted puede acoger en su hogar a un niño abandonado (…) Los trámites de legitimación adoptiva son sumamente cortos y muy rápidos, además sin costo para los futuros padres y se mantiene la adopción en completo secreto (Diario El Correo de Valdivia, 11 de agosto de 1978, p. 6).

En otra nota de prensa, la trabajadora social Judith Vio, indica la existencia de ocho bebés en espera de padres adoptivos y realiza un llamado a acercarse directamente al Juzgado de Menores apelando a la retórica del amor construido a través de la adopción, en ausencia del vínculo consanguíneo:

No se necesita haber engendrado un hijo para decir que son padres, el verdadero significado está en la crianza y en el cuidado (Diario el Correo de Valdivia, 15 de mayo de 1981, p. 3).

Así, se torna fundamental dar cuenta de las ventajas de este modelo de filiación, así como de la estabilidad y la felicidad que caracteriza a las familias adoptivas. Los reportajes de prensa analizados además de promover la adopción, daban cuenta de las facilidades administrativas del sistema. En el siguiente extracto es posible identificar la co-existencia de estrategias discursivas de desemparentamiento de las madres de origen (^{Fonseca, 2011}; ^{Högbacka, 2017}) y de emparentamiento de las familias adoptivas, orientadas a la “normalización” y legitimación de este tipo de configuración familiar centrada en el “amor”, al mismo tiempo la nota muestra cómo se busca activamente dejar atrás el origen de los hijos, todo lo cual se ve rodeado de fuertes convicciones religiosas:

Somos una familia absolutamente normal, así lo señalan Jorge Díaz y su esposa Yolita (s/a) quienes adoptaron a dos niñas y dos niños. “Los niños adoptivos también vienen con marraqueta”, Yolita señala “para mí lo importante es el amor, no la plata”. “La fé en Dios les ha ayudado para tomar cada decisión (…) Una vez que el juez entrega al niño a los padres todos los antecedentes del hijo se queman. Solo los nuevos padres están en secreto (…) Todos los niños del matrimonio Díaz saben que son adoptados. A veces Yolita, que es católica, reza de noche con ellos por los padres de cada uno “que están en el cielo” (El Mercurio, 28 de octubre de 1979, p. D-5).

Como es posible examinar en este relato, si bien los hijos/as del matrimonio entrevistado conocen su origen adoptivo, se deja en claro que la legislación y los procesos administrativos burocráticas garantizan que no exista acceso a los antecedentes pre-adoptivos de los niños y niñas, con el fin de no desestabilizar el nuevo vínculo parento-filial. Asimismo, se muestra cómo en el relato familiar, la madre adoptiva de forma benevolente reza con sus hijos cada noche dando a entender su condición de huérfanos, dado que “sus padres están en el cielo”. Esta escena, muestra el proceso de sustitución de la familia de origen por la familia adoptiva, en el que la primera debe entenderse por fallecida para hacer efectivo el principio de exclusividad en la filiación (^{Cadoret, 2003}). Asimismo, el mandato de aumentar significativamente el número de adopciones, fue comprendido y aplicado por diversos funcionarios públicos, como una disposición que les autorizaba a inhabilitar a madres y familias de origen pobres para la crianza de sus hijos/as, aumentando así la oferta y disponibilidad de niños y niñas susceptibles de ser adoptados tanto para familias nacionales como extranjeras. El secreto garantizado por la ley de la época, que destruía toda documentación previa, actuó como un eficaz mecanismo de borramiento de la historia pre-adoptiva, diluyendo además la cadena de responsabilidades en torno a la salida masiva de miles de niños y niñas al extranjero, mediante sustracciones y procedimientos forzados.

Por otra parte, el análisis de las notas de prensa, muestra la doble moral en torno a las maternidades monoparentales de familias profesionales o con recursos económicos. Por ejemplo, se legitima la construcción de familia monoparental en la medida que el status social determine prescindir del apoyo del Estado para poder subsistir. En una nota de prensa, se aprecia que el amor materno en el caso de una mujer soltera se valora diferencialmente según su posición socioeconómica y cultural, diferenciando el lugar de la madre de origen y de la madre adoptiva. En particular, se destaca el caso de la reconocida psicóloga Marta Hermosilla, autora del primer libro sobre adopción escrito en Chile, quién siendo soltera pudo adoptar dos niñas en un centro de lactantes de la ciudad de Concepción. En la mencionada nota, la entrevistada sostiene que:

No hay que tener miedo de adoptar niños. En todas las situaciones de la vida se corre un riesgo. Los hijos no se pueden probar. Los niños nacen: ¿cómo sea?, ¿qué importa? Basta con que los nuevos padres tengan una escala de valores y una estabilidad emocional (El Mercurio, 28 de octubre de 1979, p. D-5).

Lo anterior, habilitó un conjunto de procedimientos irregulares en la gestión de la adopción de niñas y niños de sectores populares, que principalmente salieron al extranjero mediante tutelas de los Juzgados de Menores que legalizaron en los países de destinos procedimientos de “legitimación adoptiva”. Así, siguiendo a Andrea ^{Cardarello (2009}), se institucionaliza el “tráfico legal” infantil, es decir, se ponen en marcha adopciones “irregulares”, con el apoyo, la complicidad y la participación activa de jueces y otros agentes del poder judicial.

Los antecedentes teóricos mencionados en el primer apartado de este artículo adquieren un sentido clave en América Latina durante las décadas de los setenta y ochenta. Esto, especialmente en el contexto de las dictaduras militares del Cono sur, desde una comprensión de las violencias diferenciadas de género (Jelin, 2012) y la articulación de los movimientos de mujeres en torno a la defensa de los Derechos Humanos y de la vida, en las que se ha visto reivindicado el lugar de las madres de origen en la lucha por la verdad y la justicia. Como señala ^{Zarco (2011}):

Las mujeres resignificaron su maternidad y, a partir de ello, emprendieron sus luchas: ya no era suficiente quedarse en casa y atender a la familia, era necesario salir a la calle e interactuar con el Estado. Cambiaron, así, su estatus “natural” de mujeres-madres por un estatus político. La maternidad se re-conceptualizó como forma de participación social, lo que la hizo política. En otras palabras, estas mujeres politizaron la maternidad (p. 234).

La politización de la maternidad como lugar de construcción de la identidad ha resultado fundamental en la configuración de los movimientos y agrupaciones de Derechos Humanos, quienes han liderado las batallas históricas por el retorno a la Democracia. Sin duda, el liderazgo de las mujeres en las agrupaciones como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en el caso de Chile, entre otras, transformaron las culturas políticas y tensionaron en un escenario de terrorismo de Estado la participación mediante mecanismos que implicaron la no-violencia activa, la movilización social que ha hecho público el dolor colectivo, los símbolos de la paz, entre otras acciones que han caracterizado el movimiento de las mujeres en la lucha por los Derechos Humanos, siendo símbolos fundamentales a nivel internacional.

En el caso específico de las adopciones irregulares, los procesos de búsqueda de los orígenes biológicos y viajes de retorno a Chile de miles de personas adultas adoptadas hace décadas han permitido conocer las historias de numerosas madres que sufrieron la separación de sus hijos e hijas. Tras la ola de denuncias iniciada el año 2014, miles de madres de origen comenzaron a organizarse políticamente en Chile, especialmente bajo la agrupación “Hijos y Madres del Silencio”. Para ^{Gesteira (2021}), la presencia de las madres de origen “buscadoras” dota de sentido a las búsquedas que impulsan hijos e hijas, permitiendo complejizar los discursos e historias detrás de los supuestos abandonos, al conocer que, en la mayoría de los casos, estas mujeres relatan que fueron captadas por intermediarios y coaccionadas a entregar a sus hijos/as, o bien, directamente éstos les fueron arrebatados sin mediar documentación, ni tampoco poder ver el cuerpo de sus bebés, cuando los profesionales de la salud les informaban que habían nacido muertos. Según ^{Giberti (2010}), si bien luego de su gestación no mantienen consigo a la criatura, las madres de origen conservan en su historia y memoria la imposible separación de su experiencia como productoras y paridoras de un bebé. La realidad casi desconocida que acompaña el periodo posterior de la adopción para numerosas madres de origen implica muchas veces vivir en la paradoja y ambigüedad de haberse visto forzadas o conducidas a separarse físicamente de su hija/o y, al mismo tiempo, no poder separarse de la marca que les dejará esa experiencia. De esta manera, el proceso de duelo posterior a la separación queda de alguna forma abierto y ambiguo a lo largo de la vida a diferentes resignificaciones y posicionamientos subjetivos que no encontrarán una elaboración definitiva, sino que acompañan a estas mujeres en sus trayectorias vitales posteriores. Es probable que, a lo largo de los años, vivencien una serie de fantasías respecto del destino de su hija/o y de su propia visión de las madres que no les permitieron ser (Giberti, 2010). Hasta hoy, los efectos traumáticos de la experiencia de las madres víctimas y sobrevivientes de adopciones forzadas no ha recibido suficiente atención en la literatura dado que aún nos son reconocidas como víctimas de delitos de lesa humanidad.

La puesta en circulación pública de las historias de vida de cientos de mujeres que fueron víctimas de robo de sus hijos/as para fines de adopción, ha permitido construir organización y fuerza social que resignifica el lugar del amor materno y que desmiente el abandono. Dicha articulación, ha permitido que organizaciones como “Hijos y Madres del Silencio”, creada el año 2014, tengan presencia a nivel nacional, desempeñando acciones en torno a los reencuentros familiares, pero también elaborando un discurso político que permita ingresar a estas prácticas en el campo de los Derechos Humanos y del necesario reconocimiento de la participación del Estado en la gestión de las adopciones irregulares (^{Salvo Agoglia & Alfaro, 2019}; ^{Gesteira et al., 2021}).

Figure 1 Poster for Mother’s Day 2021, Sons and Mothers of Silence. 

Si bien existieron modus operandi identificados, las circunstancias que vivenciaron estas madres son muy heterogéneas. En el marco de dicha pluralidad, han construido discursos y prácticas reivindicatorias de su lugar como mujeres y madres en condiciones de alta vulnerabilidad que no contaban con los apoyos para ejercer su maternidad, la dificultad de comprender muchas veces los procesos burocrático-administrativos de los que fueron objeto o incluso de los efectos que sus decisiones -la mayoría de las veces, desinformadas- tuvieron respecto de la situación de sus hijos/as. En el caso de las familias a las cuales se declaró a sus hijos/as fallecidos y cuyos cuerpos nunca fueron entregados, se han organizado mediante diversas estrategias para continuar buscando a sus hijos/as entregados en adopción en Chile o en el extranjero, pudiendo en algunos casos reencontrarse con ellos/ellas. En la imagen siguiente, se muestra un poster elaborado por esta misma organización en ocasión del Día de la Madre 2021 en Chile, día icónico en la mayoría de las culturas occidentales y también en la chilena, en el cual se interpela en tanto celebración, como un día de duelo donde se reclama el robo de los hijos/as y el impedimento del ejercicio de sus maternidades.

De esta forma, el trabajo forjado recientemente entre Hijos y Madres del Silencio con organizaciones tales como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, lugares de memoria como Londres 38, Villa Grimaldi y otros, permite dotar a sus integrantes de una ética y reserva moral fundamental en la profundización de la verdad y la justicia en Chile. La frase: “Nada que celebrar”, recupera los discursos contestatarios de las agrupaciones de mujeres que lucharon contra la dictadura militar, que bajo las consignas; “Verdad y Justicia, Nada más pero nada menos” , “No hay mañana sin ayer”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y en el marco del bicentenario el año 2010, “Chile no tiene nada que celebrar en este Bicentenario”, entre otras, permite identificar en la larga temporalidad la construcción de un discurso principalmente de mujeres y madres, que resisten frente a la impunidad y el olvido, manteniendo en torno a las búsquedas una lucha en el presente que interpela a la democracia.

Conclusiones

En este artículo se aplica un enfoque histórico y antropológico en el plano conceptual y metodológico, rastreando los discursos que fundamentaron los abusos e irregularidades producidas a través del tiempo en las prácticas adoptivas chilenas, especialmente en período de dictadura militar. Existen múltiples vectores que impulsaron el sistema adoptivo chileno del pasado, así como su evolución en el tiempo. Conceptualmente, un enfoque histórico muestra que los abusos cometidos en materia de adopción tuvieron en cuenta tanto las legislaciones aplicables en la época, como los discursos políticos, institucionales y sociales sobre la familia, la infancia, la maternidad y la adopción previos a esa época.

Los discursos que formaron y justificaron las políticas adoptivas durante el régimen dictatorial, muestran la responsabilidad del Estado y problematizan los bordes de la intervención pública desdibujando los límites entre la esfera de lo público y lo privado (^{Villalta, 2022}). Además de justificarse determinadas propuestas políticas en un discurso coordinado, éstas se legitimaron en discursos sobre el amor materno, el abandono o la negligencia que fueron comunicados a través de múltiples estrategias y fuentes. De esta forma, las instituciones en el centro de los mecanismos de regulación de la infancia, articularon las tramas que marcaron las trayectorias vitales de decenas de miles de niños y niñas chilenos.

Junto con ello, cabe destacar una dimensión de la violencia dictatorial débilmente abordada en la historiografía, que corresponde a aquella institucionalizada y que operó por medio de las herramientas jurídicas de la época, desde un enfoque clasista y que situaba a los sectores populares como parte de la lógica del enemigo interno. En este sentido, las prácticas de adopciones irregulares, se desarrollaron en el marco de una política que buscó ampliar la adopción como mecanismo de regulación de la población y de control de las familias pobres. En especial, el foco centrado en las madres solteras como víctimas de estas prácticas, buscó reducir los “hijos ilegítimos” y administrar a las familias, por ejemplo, mediante políticas de control de la natalidad orientadas a reducir el número de integrantes de estas familias, para poder satisfacer sus necesidades, frente al retroceso del Estado como garante de bienestar social.

El discurso del amor materno como patrimonio de la élite, reforzó el imaginario de los sectores populares como un “otro”, que requería la intervención cívico-militar, que se tornó objeto de los operativos higienistas. Junto con ello, el discurso del amor materno justificó las prácticas de las/los profesionales que gestionaron las adopciones irregulares, habilitando la separación de niños y niñas de sus familias, por una parte, y por otra, generando el borramiento de su origen, para realizar una efectiva operación de “salvación”, acorde al ideario del régimen. Los usos políticos de dichos discursos, permitieron reforzar la idea de un “retroceso cultural en los sectores populares”, lo que justificó el desarrollo de políticas focalizadas por parte de la dictadura, que criminalizó la pobreza.

Al mismo tiempo, historizar las irregularidades de esta manera, pone de relieve la dificultad de analizar el fenómeno en sus múltiples implicancias, sin caer en la aceptación, justificación o condonación de estas violencias. Una perspectiva aplicada de la historia, permite comprender y conectar el pasado con el presente e interrogar la forma en que estos discursos siguen operando y afectando la situación actual de las madres de origen víctimas de estas prácticas. En la actualidad, las organizaciones que agrupan a las víctimas de adopciones irregulares, principalmente a madres que buscan a sus hijos/as, han configurado un espacio de pertenencia e identidad que resignifica el lugar de lo materno y del amor, quizás sin tensionar el lugar tradicional de la maternidad, desarrollan una critica a las jerarquías desde las cuales se sustentaron las prácticas de adopciones irregulares. A la par de las denuncias, las madres de origen que pertenecen a las agrupaciones antes mencionadas han debatido y problematizado los discursos usados por el régimen sobre la ausencia del amor materno y el abandono, como también sobre el rescate de la pobreza, dado que fueron los discursos que ellas mismas identifican como justificadores de su inhabilitación o el robo de sus hijos/as. De esta forma, se ha posibilitado la construcción de un discurso contrahegemónico en torno a las “madres pobres que abandonan hijos”, revelando los mecanismos institucionales de sustracción y adopciones forzadas de niños y niñas chilenos, que en el periodo dictatorial se sustentaron en una política de control de la población. Lo anterior, les ha permitido posicionarse políticamente en la búsqueda de verdad, justicia y reparación en el campo político y discursivo de los Derechos Humanos, permitiendo visibilizar que no estamos en presencia de casos aislados, sino de una práctica sistemática que afectó a miles de familias.

Finalmente, el reconocimiento de las adopciones como mecanismos forzados de circulación de niños y niñas chilenos al extranjero, nos permite comprender en un campo más amplio la violencia de la dictadura civil y militar, y junto con ello, los aprendizajes y articulaciones entre las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Es en este último aspecto, que las conexiones entre madres que buscan sus hijos e hijas, ya sea por causas de desaparición forzadas o en la actualidad por mecanismos forzados de adopción, irrumpen en la esfera pública recordando las deudas con la verdad y la justicia vigentes a casi 50 años del golpe de Estado de 1973.