Sindicalismo combativo y corporativista

Se entiende sindicalismo combativo, como aquel que organiza la lucha de los trabajadores en torno a un conflicto irreconciliable entre proletarios y dueños de los medios de producción, solo superable mediante el control obrero de los medios de producción, con las consecuentes estrategias de lucha en torno al logro de tal fin. Se encuentran en este grupo el anarco-sindicalismo y el sindicalismo clasista o marxista.

El anarco-sindicalismo, traslada los postulados anarquistas al ámbito de las relaciones laborales, por lo que la lucha está orientada a la supresión de cualquier desigualdad económica, legal o política en el ámbito laboral, favoreciendo la organización del trabajo en términos cooperativos, de autogestión y democracia directa.

El sindicalismo clasista o marxista, entiende que existe una desigualdad económica estructural en el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción, sobre la que se asienta una super estructura jurídica y política que la legitima, y que permite a los propietarios burgueses, la explotación de los trabajadores mediante la apropiación del plusvalor de su trabajo, es decir aquello que el trabajador produce y por lo cual no recibe remuneración.

Así entonces, las reivindicaciones laborales, si bien importantes, son en el mejor de los casos accesorias, puesto que la injusticia originaria, de la que se derivan todas las demás, es la existencia de medios privados de producción, que permiten a algunos vivir a costa del trabajo de otros, con el empobrecimiento consecuente de la clase trabajadora y el aumento de la desigualdad.

Más aún toda iniciativa destinada al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los obreros, es observada con recelo por algunos sectores clasistas, puesto que consideran que las mismas son concesiones parciales, utilizadas estratégicamente para hacer más soportables las condiciones que de otra manera harían inevitables la revolución social y caída del capitalismo. Es por ello que en el caso argentino tienden a categorizar a las posiciones más acuerdistas o corporativistas, como funcionales al sistema, bajo la etiqueta de “burocracia sindical”.

Con respecto al corporativismo es clásica la definición de Schmitter en la que alega que “el Corporativismo puede ser definido como un sistema de representación de intereses en el cual las unidades constitutivas están organizadas en un número singular y limitado de categorías compulsorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas. Reconocidas o reguladas (si no creadas) por el Estado y garantizado el monopolio representativo en las deliberaciones a cambio de observar ciertos controles en la selección de líderes articulación de demandas y apoyos.” (Schmitter, 1974: 14)

Esta definición tiene sus criticas en tanto algunos autores consideran no existe una diferencia real en términos explicativos con el pluralismo bien entendido o el pluralismo reformado, cuando mucho cabría incorporarlo con los mismos en el grupo superior de “arenas políticas” (Menéndez, 1994) Sin embargo Wiarda (1996) lo define como un “Sistema de organización Social y Política en el cual la mayoría de los grupos sociales o intereses (trabajo, negocios, granjeros, ejército, etnias, clanes o grupos de patronazgo, cuerpos religiosos, etc.) están integrados en el sistema gubernamental, generalmente con una base monopólica bajo la guía, tutela y control estatal, para alcanzar un desarrollo nacional coordinado.” (Wiarda, 1996: 9)

Es en esta idea de desarrollo nacional coordinado, y en los requerimientos normativos que esto implica donde se capta la esencia del corporativismo, y no en el método de formulación de políticas públicas que lo haría indistinguible del pluralismo. Así las políticas sociales son o deben ser fruto de un acuerdo y no de la puja por intereses individuales o sectoriales propios del pluralismo, es decir parte de la base de una solidaridad social estructurada en corporaciones.

Esta solidaridad social implica también pensar a la sociedad en términos cooperativos, dónde cada clase tiene derechos y obligaciones mutuas, difiriendo así de los paradigmas antagónicos como la competencia del pluralismo o el conflicto marxista. Para el caso argentino esto es reconocido por el teórico peronista Leopoldo Marechal, que en la “Autopsia de Creso” funda la cuestión social, no en la propiedad privada, sino en el olvido de los burgueses de su función social y la radical búsqueda de su interés individual.

Es por ello que la propiedad privada no es vista como algo negativo propio del marxismo o radicalmente individual en términos liberales, sino con una función social. De esta manera la primera Constitución corporativista del mundo, la de Portugal de 1933 reconocía en su artículo 35 que “La propiedad, el capital y el trabajo desempeñan una función social, en régimen de cooperación económica y solidaridad, pudiendo la ley determinar las condiciones de su empleo o de explotación, conformes con la finalidad colectiva.” (Portugal. Constitución Política de la República Portuguesa, 1933)

A su vez la Constitución argentina de 1949 también reconocía en términos corporatatistas las funciones sociales de la propiedad y el capital:

“Art. 38.- La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en, interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Art. 39.- El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.” (Argentina. Constitución Nacional, 1949)

La función social del capital, trabajo y propiedad, permiten reconocer un modelo de pensamiento diferente al individualismo liberal, como también del marxismo, puesto que es claro en algunos pensadores como Trotsky que cualquier indemnización a un burgués por una expropiación es radicalmente injusta. (Trotsky, 1977).

Se entiende entonces al sindicalismo corporativista, como un sindicalismo que representa los intereses de los trabajadores, bajo una lógica orgánica y cooperativa, con entendimiento de derechos y obligaciones tanto propias como de los empresarios y el Estado, con especial atención a la idea de un destino compartido, que orienta las luchas al mejoramiento de las condiciones obreras y no al cambio del sistema.

En la misma línea Esping-Andersen (1993) plantea que la desmercantilización, es decir la capacidad de garantizar condiciones de vida independiente de las puras fuerzas del mercado, en el Estado de Bienestar Conservador, para nosotros corporativista, está garantizada por la pertenencia de las personas a distintas corporaciones, las cuales en lugar de exigir al Estado tales satisfacciones, intentará brindarlas por sus propios medios. Así es un buen indicador del nivel de corporativismo de las organizaciones sindicales la cantidad de beneficios que brinda a sus miembros no directamente relacionados con sus condiciones laborales o reclamos de políticas públicas.

Habiendo explicitado nuestros dos modelos sindicales se procede ahora a analizar como una determinada configuración estatal puede producir a lo largo del tiempo la configuración de uno u otro modelo, teniendo como principal hipótesis de trabajo que las configuraciones de Estado más reacias al movimiento obrero, lejos de producir su disciplinamiento favorecen posturas combativas, en tanto que una configuración estatal más respetuosa de los mismos alienta a las versiones corporativas.

El surgimiento de las asociaciones de trabajadores en Brasil y Argentina

La comprensión acabada de los fenómenos políticos de la realidad argentina y brasilera, debe contemplar en su análisis el pasado colonial de los mismos. Es un pasado colonial común que tiene un punto de inflexión en la invasión napoleónica a la península ibérica (1808-1814) la cual produce efectos diferentes sobre las casas reales de España y Portugal. Por un lado la monarquía española es depuesta y es esta la oportunidad de sus colonias para reclamar su independencia, lo cual ante la falta de un poder aglutinante desencadenará un proceso de luchas intestinas y la fragmentación en diferentes países de las ex-colonias.

Por el lado portugués, la oportuna huida de la casa Braganza al Brasil, permitió la posterior independencia del Imperio del Brasil en 1825. El proceso de independencia brasilera, no insumirá grandes costos económicos o militares y permitirá a la vez la consolidación de un gobierno fuerte y un Estado unificado en manos de Pedro I, hijo de Juan IV de Portugal, quién hubiera emprendido la huída al nuevo mundo.

Es esta diferencia de origen la que funda la falta de acuerdo sobre el modelo constitucional en la Argentina hasta 1853, casi veinte años más tarde que el Impero del Brasil contara con la propia. La Constitución vigente en Brasil en la época del Imperio no reconocía la libertad de asociación, dado que en su art. 179, inciso 25 “en el nombre de la inviolabilidad de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos brasileños, vedaba expresamente esa posibilidad, al determinar que 'quedan abolidas las corporaciones de oficio, sus jueces, escribanos y maestros. ‘" (Queiroz, 2012: 16-17)

Pero el retraso en la formulación de la Constitución argentina, finalmente sancionada en 1853, tendrá sus frutos al reconocer en su art. 14 al asociacionismo, al afirmar "todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos bajo las leyes que regulan su ejercicio; a saber: para trabajar y ejecutar cualquier industria lícita; de navegación y comercio; solicitar a las autoridades; a entrar, permanecer, pasar y salir del territorio argentino; para publicar sus ideas a través de la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; la asociación con fines útiles; practicar libremente su religión; de enseñanza y aprendizaje. " (Argentina. Constitución de la Nación Argentina, Art. 14)

Es este rechazo terminante del Imperio del Brasil a las asociaciones y el reconocimiento de las mismas en la Constitución Argentina de 1853, lo que comienza a dar forma a nuestra hipótesis, hay en Brasil desde sus orígenes un rechazo a las prácticas asociativas de trabajadores que puedan suponer una amenaza al poder Estatal. De esta manera las primeras asociaciones deberán surgir en claro desafio a la prohibición estatal, siendo las primeras la Liga Obrera (1870) y la Unión Obrera de los Trabajadores del Arsenal de Marina (1880), como asociaciones pioneras de reivindicación laboral. (Queiroz, 2012: 16)

En Argentina en cambio las primeras organizaciones obreras " fueron sociedades de ayuda mutua. La primera fue creada en 1857 en Buenos Aires bajo el nombre de Sociedad Tipográfica Bonaerense, pero la dinámica y objetivo de esta organización respondió más a una organización asociativa que a una gremial "(CEDPRE, 2010: 7) Será solo veintiún años después de su fundación, en 1878, que un desprendimiento de la misma, la Unión Tipográfica, convocará a un paro en defensa de intereses sectoriales y no de clase.

De tal manera analizando los resultados de la huelga, encontramos un marcado perfil gremial/corporativo, puesto que gracias a la misma “los salarios se incrementaron, la jornada de doce horas se redujo y se excluyeron a los niños menores de doce años. Sin embargo, después, las antiguas condiciones de trabajo se implantan de nuevo y la unión desaparece. El triunfo momentáneo de esta representación marcó la conclusión de la primera convención colectiva conocida en Argentina." (CEDPRE, 2010: 7) La Unión Tipográfica Bonaerense sería luego sucedida por otros sindicatos como el Sindicato de Comercio (1881), la Sociedad Obrera de Albañiles, la Unión Obrera de Sastres (1882) y La Fraternidad (1887), que agrupaba a conductores y fogones ferroviarios. (CEDPRE, 2010: 7)

Es por ello que la proliferación de entidades gremiales en la Argentina contrasta con el Brasil donde habrá que esperar hasta después de la proclamación de la República (1888) y la promulgación de una nueva Constitución el 24 de febrero de 1891, para que sea reconocido el derecho de asociación, la misma en su artículo 72, párrafo 8, reconocía tal derecho en los siguientes términos: "A todos es lícito asociarse y reunirse libremente y sin armas; no pudiendo intervenir la policía sino para mantener el orden público. "(Queiroz, 2012: 17)

El incremento de las luchas de trabajadores hacia finales de siglo XIX en ambos países, aún en el marco de distintas legislaciones y distintos contextos (urbano-rural) va a estar fuertemente marcado por la llegada de inmigrantes con mayor conciencia sobre sus derechos laborales.

El período inmigratorio

Con la llegada de grandes masas inmigratorias tanto a Brasil como a la Argentina, se produce un crecimiento exponencial del movimiento sindical, principalmente de la mano de los inmigrantes anarquistas y socialistas. Estos trabajadores habían emigrado de Europa en busca de mejores condiciones de vida y traían consigo ideologías revolucionarias (anarquismo y socialismo) serán estas, y no el asociativismo en sí, las que unificarán a ambos Estados en una postura de combate contra las organizaciones de trabajadores.

Pero el combate será a las organizaciones que representen ideologías anti-sistema, puesto en la Argentina serán reconocidas como asociaciones los Círculos de Obreros Católicos, impulsados por el sacerdote alemán Federico Grote, seguidor de la doctrina de Monseñor Kettler, Obispo de Maguncia, uno de los primeros teóricos del social-cristianismo (Sánchez Gamarra, Alfredo 1997) pensamiento que se puede definir como “corporativismo doctrinario”. (Wiarda, 1996)

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los líderes anarquistas, socialistas y sindicalistas, iniciaron un proceso de organización institucional del movimiento obrero con la seguridad de que de esta manera se alcanzarían más rápidamente las demandas del movimiento, entre ellas: la reducción de la jornada de trabajo, los seguros contra accidentes, el salario mínimo y el descanso dominical, entre otras.

Es por ello que el proceso de organización avanza rápidamente. En Brasil 20 de abril de 1906 se celebra en Río de Janeiro el Congreso Nacional de los Trabajadores que culminó con la fundación de la Confederación Obrera Brasileña (COB) "la primera entidad obrera nacional" (Miranda, 2001: 1). En tanto que, en Argentina, el 25 de mayo de 1901, habiéndose reunido representantes de aproximadamente 25 organizaciones obreras, se funda la FOA (Federación Obrera Argentina) que en el año 1904 cambiaría su nombre por FORA (Federación Obrera Regional Argentina).

Ambas organizaciones tuvieron, en sus inicios, una fuerte presencia de anarquistas. Esto por un lado contribuyó a avanzar en sus acciones, organizando numerosas huelgas por su iniciativa, pero sin desmerecer la presencia de socialistas y sindicalistas en las mismas. Sin embargo, por otro lado, en el caso argentino, la presencia de los anarquistas particularmente contribuyó al debilitamiento del movimiento obrero.

Así nos habla Hernán Aragón: "La ideología anarquista que influirá en la FORA terminará fragmentando esta organización, alejando a muchos obreros que no se adhieran a sus posiciones. Porque la FORA se opone a la unidad del movimiento obrero, si ésta no se produce en los términos sostenidos por el anarquismo." (Aragón, 2009: 9)

Este aumento de la organización y de la presión en los reclamos, traerán aparejados la consecuente respuesta de los gobiernos y de muchos industriales que se encargaron de reprimir de manera violentas manifestaciones obreras, mediante la policía y hasta el mismo ejército.

De este modo, suceden en Argentina la conocida Semana Roja, cuando en Buenos Aires, tras la celebración del día del Trabajador, la policía disparó contra los participantes dejando un saldo de unos 14 muertos y 80 heridos. Otro acontecimiento paradigmático fue la Semana Trágica, en 1919, cuando tras una extensa huelga, organizada por la FORA en las instalaciones de las industrias Vasena, se produjeron algunos tumultos, pero cuando la violencia ya parecía haber terminado, los hechos más graves se desencadenaron en el mismo cementerio donde se enterrar a las víctimas de ese incidente.

A pesar de las intensas negociaciones entre el gobierno radical y los dirigentes sindicales, la intransigencia de los sectores anarquistas se explicitó. Estos habían amenazado con quemar a más de 400 trabajadores que se habían negado a participar en la huelga (Rodríguez, 1978: 37). Por otro lado, la violencia de sectores nacionalistas de extrema derecha, como la Liga Patriótica Argentina, sumó enfrentamientos que provocaron decenas de víctimas.

En Brasil, la Huelga General de 1917 fue también organizada por anarquistas, especialmente los de la Confederación Obrera Brasileña. Estos reclamaban por el aumento del costo de vida en un contexto en que la producción había sido reorientada a la exportación para atender a la demanda de los países de la Triple Entente.

La huelga general de 1917 no fue la primera huelga general de Brasil, ni la primera a ser reprimida por el gobierno, pero pasó a la historia por el alto índice de participación, 70.000 trabajadores participaron de la misma, lo cual causó un estado de anarquía generalizada en la ciudad de Sao Pablo, donde ocurrieron saqueos y muertes, como fue la muerte del joven anarquista español José Martínez.

A este respecto, HermioLinhares afirma que la Huelga General de 1917 "paralizó la ciudad de San Pablo durante varios días. Los trabajadores en huelga exigían un aumento de salario. El comercio cerró, los transportes se pararon y el gobierno impotente no logró dominar el movimiento por la fuerza. Los huelguistas tomaron cuenta de la ciudad por treinta días. La leche y la carne sólo se distribuían en los hospitales y, sin embargo, con la autorización de la comisión de huelga. El gobierno abandonó la capital. "(Linhares, 1977)

En Brasil, el proceso de consolidación del movimiento sindical, no se detuvo ante los embates, y continuó el proceso de organización, Así en 1929 fue creada por el Partido Comunista Brasileño la Confederación General de los Trabajadores del Brasil (CGTB). En tanto que, en la Argentina, en 1930, debido a que los líderes sindicales tenían divergencias con respecto a la conducción anarquista de la FORA, se creó la Confederación General del Trabajo (CGT), la unión de la Unión Sindical Argentina (USA) y la Confederación Obrera Argentina (COA) eran de tendencias sindicales revolucionaria y socialista, respectivamente.

La intransigencia anarquista provoca en la Argentina un movimiento sindical dividido, fuertemente reprimido e incapaz de producir resultados, esto producirá el descontento de muchos trabajadores, que comenzarán a mirar con mejores ojos las ofertas, menos revolucionarias, acuerdistas y más propensas a generar reivindicaciones en el abanico existente.

Frente a este crecimiento histórico del movimiento sindical, el golpe de Estado de 1930 y la vuelta de los sectores conservadores al gobierno argentino significaron una reanudación de las prácticas represivas de la organización de los trabajadores. En ese mismo año, en Brasil, Getúlio Vargas, comandaría un golpe de Estado contra Washington Luis; con el nuevo gobierno del presidente gaúcho, la relación del Estado con los movimientos sindicales cambiaría. Tal cambio también se sentiría en Argentina a partir de 1943, con Juan Domingo Perón al frente del Departamento Nacional de Trabajo, que fuera elevado en el mismo año a la Secretaría Ministerial.

Es también en este período que comienza a definirse el corporativismo doctrinario, de la mano de la encíclica RerumNovarum del Papa León XIII, escrita en 1891, que denunciaba la explotación de los trabajadores y los animaba a formar sindicatos y asociaciones para la defensa de sus intereses. Sin embargo, tal encíclica también criticaba a las organizaciones comunistas y proponía que se respetara la propiedad privada como forma de garantizar los frutos del trabajo.

Así, conforme a la encíclica:

" ...Pase, pues, que obrero y patrono estén libremente de acuerdo sobre lo mismo, y concretamente sobre la cuantía del salario; queda, sin embargo, latente siempre algo de justicia natural superior y anterior a la libre voluntad de las partes contratantes, a saber: que el salario no debe ser en manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado. Por tanto, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia. Sin embargo, en estas y otras cuestiones semejantes, como el número de horas de la jornada laboral en cada tipo de industria, así como las precauciones con que se haya de velar por la salud, especialmente en los lugares de trabajo, para evitar injerencias de la magistratura, sobre todo siendo tan diversas las circunstancias de cosas, tiempos y lugares, será mejor reservarlas al criterio de las asociaciones de que hablaremos después, o se buscará otro medio que salvaguarde, como es justo, los derechos de los obreros, interviniendo, si las circunstancias lo pidieren, la autoridad pública."(León XIII, 32)

En el párrafo anterior se observa como la propuesta implícita en la encíclica desalienta la idea de lucha de clases y la sustituye por la idea de acuerdos colectivos con respecto al trabajo. Además, reconocerá que los derechos de los trabajadores deben ser negociados, no por el Estado, sino por los representantes sindicales frente a los empresarios. Mucho más clara es la denuncia en pro del salario justo, el que debe proveer el sustento necesario de los trabajadores.Todas estas ideas proponen la cooperación de las fuerzas que representan capitalistas y trabajadores, en términos del denominado corporativismo doctrinario (Wiarda, 1996).

Es también este el período de surgimiento de las primeras asociaciones de empleados estatales^*. En Brasil, esta representación era ejercida por asociaciones dispersas, las cuales difícilmente articulaban las luchas comunes de los funcionarios públicos en el período. En el caso argentino, en el año 1925 se creó la ATE (Asociación Trabajadores del Estado) la cual nació de la mano de "más de un centenar de herreros, carpinteros, mecánicos, torreros, peones de carga y fundición, electricistas, albañiles, marineros y fogones dragas "(ATE 2015).

La nueva organización se declaraba "libre de toda cuestión política, religiosa u otras creencias, y declaraba terminantemente prohibidas a las discusiones sobre esos asuntos dentro de las sedes sindicales" (ATE, 2015) Es decir una asociación puramente gremial que no se reconocía como parte de las reivindicaciones de izquierda ni del proyecto de los Círculos de obreros Católicos, pero se encontraba más cerca de los últimos, al procurar la mejora material de los trabajadores, por sobre el cambio social. En 1928, en su primer congreso, las principales solicitudes fueron por el reconocimiento de la " actividad sindical en el sector público y el consecuente reconocimiento de la asociación como representante de los trabajadores del Estado.

En el año 1930, existía en Argentina la "Liga Argentina de Empleados Públicos (desarrollaba actividades culturales y deportivas, entre otras) y la Confederación Del Personal Civil de La Nación." (UPCN 2015). Sin embargo, tuvieron que esperar hasta el año 1943, cuando con Perón en la Secretaría de Trabajo, obtuvieron el reconocimiento legal y unificado como representantes de los trabajadores del Estado Nacional.

El corporativismo manifiesto: Vargas y Perón

Como ya se ha advertido, en el año 1930 llega al poder en Brasil, por un golpe de Estado, Getúlio Vargas. Wiarda (1996) clasifica al “Estado Novo” de Vargas en la categoría de corporativismo manifiesto, el mismo difiere del doctrinario, puesto no solo su aplicación práctica, sino muchas veces estratégica, en tanto procura la mejora de los cuerpos intermedios a la vez que su control y disiplinamiento. Es desde esta perspectiva que el Estado Novo brindará diversas medidas a favor de los trabajadores, las cuales quedaron plasmadas en la Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT) de 1943.

En la misma se reconoce la existencia de las asociaciones de los trabajadores: "Es lícita la asociación para fines de estudio, defensa y coordinación de sus intereses económicos o profesionales" (Brasil. Decreto-ley n° 5.452, Art. 511), las diversas prerrogativas, como las de representar a los trabajadores ante los empleadores y las autoridades, celebrar convenios colectivos de trabajo, de imponer contribuciones a los representados, entre otros (Brasil. Decreto-ley n° 5.452, Art. 513).

De esta manera, según afirmó Queiroz, "el Estado Novo ... atendía a innumerables reivindicaciones de los trabajadores urbanos como el salario mínimo, el salario familiar, las vacaciones de 30 días, el descanso semanal remunerado, la jornada de 48 horas semanales" (Queiroz, 2012: 25). Además, entre las reivindicaciones, hay que añadir la reglamentación del trabajo de la mujer y del menor, entre otras. Por estas reivindicaciones, como ya se ha abordado, los trabajadores lucharon intensamente en el período anterior.

Sin embargo, los historiadores del período también destacan que si, por un lado, algunas acciones del gobierno fueron favorables a los sindicatos, por otro lado, el gobierno, también desde la misma lógica estratégica, procedió a su control y encuadramiento. Unos de los principales instrumentos de control era la potestad de reconocimiento de los sindicatos por el Ministerio de Trabajo.

A este respecto, explica Roberto Gambini

"El proletariado urbano, cuya actitud combativa venía siendo progresivamente articulada desde el inicio de la República, fue especialmente afectado por el otorgamiento de la Legislación Laboral y por la creación del Ministerio de Trabajo. Este proceso presenta la siguiente dinámica: el movimiento obrero, hasta entonces abiertamente hostilizado, es institucionalizado a través de la creación de una organización sindical patrocinada y controlada por el gobierno, al tiempo que la concesión de leyes beneficiarias busca neutralizar el nervio político de sus críticas y, reclamos. En consecuencia, el movimiento pasa a subordinarse al patronato estatal en la medida en que reconoce los beneficios concedidos y la seguridad del status legal recién adquirido. "(Gambini, 1977: 71)

Para el control de los sindicatos por el Estado, también contribuyó la implementación de la unicidad sindical con ciertos condicionamientos, como bien lo explica AntonioQueiroz "fue al inicio del período Vargas, entonces, que surgió la unicidad sindical, de mismo grado y de una misma actividad industrial, de comercio o de servicio, en determinada base territorial. Era condición para el reconocimiento del sindicato por el Ministerio de Trabajo la abstención de toda propaganda de ideologías sectarias. (Queiroz, 2012: 22)

Se destaca cierta ambigüedad en la definición de "abstención de toda propaganda de ideologías sectarias" la cual permitía al Estado otorgar su reconocimiento a la voluntad. En el caso de que el sindicato fuera reconocido podía exigir de las empresas el reconocimiento de las leyes laborales a los empresarios, por lo que "en la práctica, el decreto no daba autonomía ni garantizaba la pluralidad." (Queiroz, 2012: 23)

Esta cuestión fue clave para la reducción de la influencia anarquista y socialista en los sindicatos que difícilmente eran reconocidos por el Estado. El nuevo sindicalismo triunfante estaba principalmente guiado por la idea de obtener acuerdos con los empresarios para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores.

También en 1930 se produce un golpe militar en Argentina, donde el nuevo gobierno de facto devuelve rápidamente, luego de un breve intento corporativo, el poder a la elite oligárquica, que se perpetúa en el poder mediante fraudulentas elecciones, hasta que en 1943 militares de tendencia nacionalista agrupados en el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) terminan con la denominada “década infame”.

Es en este período de la historia argentina, con la llegada de los militares al gobierno que es designado en la Dirección Nacional de Trabajo, el Coronel Juan Domingo Perón. Defendiendo también una visión de armonía social, Perón realiza una alianza con los sindicatos, lo que permitió grandes beneficios trabajadores.

Entre los beneficios conseguidos, se puede citar la celebración de convenios colectivos de trabajo, indemnizaciones por despido, jubilación para los empleados del comercio, estatuto del peón rural, entre otros. Este estatuto regulaba las condiciones de trabajo de los trabajadores rurales, haciéndolas más dignas, dado que la regulación contemplaba salario mínimo, descanso dominical, vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene y alojamiento para los trabajadores del campo.

El otorgamiento de tal estatuto es también una de las diferencias entre el gobierno argentino y el gobierno de Vargas, dado que en Brasil la CLT afirmaba que sus preceptos no se aplicaban, entre otros a los "a los trabajadores rurales, así considerados aquellos que, ejerciendo funciones directamente ligadas a la agricultura y a la ganadería, no sean empleados en actividades que, por los métodos de ejecución de los respectivos trabajos o por la finalidad de sus operaciones, se clasifiquen como industriales o comerciales.” (Brasil. Decreto-lei n° 5.452, Art. 5, Inc. b)

Por lo que AntonioQueiroz afirma que "los trabajadores rurales ... además de quedar excluidos de los beneficios asegurados a los trabajadores urbanos, se mantuvieron intactos la estructura latifundista y el régimen de súper-explotación del trabajo en el campo." (Queiroz, 2012: 25)

Nuevamente se observa que, en Brasil, hay un interés por dar libertad de acción a los trabajadores solamente dónde puedan ser controlados. Es por ello que Groppo (2009) sostiene que, a pesar de sus similitudes, el gobierno de Perón implicó una verdadera ruptura en la histórica política argentina, en tanto que el de Vargas significó una estrategia de conservación del orden precedente, en tanto que la verdadera ruptura era encarnada por Luís Carlos Prestes.

En este sentido la acción de Perón, sus ideas en favor de la colaboración de clases y no de la lucha entre las mismas puede ser ejemplificada a las claras con su discurso a los empresarios de la Bolsa de Comercio en 1944, del que se extrae una parte:

"Hasta ahora estos problemas han sido encarados por una verdadera lucha. No considero que la solución de los problemas sociales esté en seguir la lucha entre el capital y el trabajo. Ya desde hace más de sesenta años, cuando las teorías del sindicalismo socialista comenzaron a producir sus frutos en esa lucha, opiniones extraordinariamente autorizadas, como la de Massini ya de León XIII proclamaron nuevas doctrinas, con las que debía desaparecer esa lucha inútil, que como toda la lucha no produce sino la destrucción de valores. "(Perón, 1944)

Bajo esta lógica colaborativa y corporativa es que, ya en la primera presidencia de Perón, se crean las "obras sociales", las cuales son entidades creadas y gestionadas por los sindicatos. Estas entidades son financiadas con aportes compulsivos de los trabajadores y de los empresarios y tienen como principal objetivo la prestación de servicios de salud a los trabajadores. A esta política se suma el desarrollo de otros proyectos sociales como la construcción de hoteles y colonias de vacaciones.

Es también en esta época que, en Argentina, UPCN obtiene el reconocimiento de su actuación como representante de los empleados públicos nacionales en el año 1943. En este período, también en Brasil "a partir de 1952 las entidades y movimientos representativos de los funcionarios públicos entendieron la necesidad de crear una entidad de carácter federativo, unificadora de las luchas y reivindicaciones. El 22 de septiembre se fundó la Unión Nacional de los Servidores Públicos - UNSP. "(CSPB, 2013)

La citada UNSP congregaba diferentes asociaciones y "junto con la Unión de los Previsionales de Brasil - UPB conquistó el primer Estatuto de los Servidores Públicos Federales de Brasil, la Ley n° 1.711 / 1952." (CSPB, 2013) La consecuencia de esa lucha fue la creación de la Confederación de los Servidores Públicos de Brasil (CSPB), en el año 1958.

Pero la CSPB si bien nació como confederación, surgió de asociaciones y no de sindicatos, pues en la misma CLT se afirmaba "los preceptos constantes de la presente Consolidación, salvo cuando sea, en cada caso, expresamente determinado en contrario, no se aplican ... c) a los funcionarios públicos de la Unión, de los Estados y de los Municipios ya los respectivos extra-numerarios en servicio en las propias reparticiones. "(Brasil, Decreto-ley n° 5.452, Art. 7)

Esta diferencia en el tratamiento de la acción sindical del sector público, nos ayuda a reforzar nuestra hipótesis de la existencia de un orden institucional estadual restrictivo para con las asociaciones de trabajadores en Brasil y más flexible en la Argentina, según los peligros ya mencionados que puede implicar un servicio público sindicalizado para un gobierno de mirada restrictiva.

En resumen, se puede notar que, en Brasil, en las décadas de 1930 y 1940, la estrategia política fue de control de los sindicatos por parte del gobierno, mientras que en Argentina se puede hablar de una alianza que culminó con la formación por parte de los sindicatos de un Partido Laborista, que llevó a Perón por medios constitucionales a la presidencia en el año 1945. Esta diferencia es quizás una de las explicaciones de la pérdida de influencia del varguísmo en la política brasileña y una abrumadora presencia del peronismo en la evolución del escenario político argentino desde la década de 1940 hasta los días de hoy.

Inestabilidad democrática y dictadura

En 1955 se produce en la Argentina el golpe militar, autodenominado “Revolución Libertadora”, acabando con el segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Se inicia un período de proscripción del peronismo y fuerte inestabilidad democrática, sin embargo, el movimiento sindical peronista se constituyó en dos versiones una de oposición a los regímenes de facto y otra más dialoguista tendiente a obtener mejoras para la clase trabajadora. Tal es el caso de Andrés Framini, líder de la Resistencia Peronista, y Augusto Timoteo Vandor, impulsor del “peronismo sin Perón” durante la dictadura de Aramburu o la división entre la CGT de los Argentinos y las CGT Azopardo en los 60’s.

Durante la breve restauración democrática de los gobiernos de Cámpora y Perón será paradigmático del modelo corporativista en la Argentina el “Pacto Social” del 8 de junio de 1973 impulsado por el entonces Ministro de Economía José BerGelbard, firmado por la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Empresaria, en el que se acordó el congelamiento de precios y aumento de los salarios a cambio de la suspensión de las negociaciones colectivas del salario durante el término de dos años, el cual si bien tuvo resultados iníciales positivos, la crisis del petróleo hizo insostenible no aumentar los precios dado el aumento de costos.

A pesar de esto la mayor parte de la segunda mitad del siglo veinte estuvo marcada por la inestabilidad democrática y los largos períodos de gobiernos militares. En este período, los sindicatos, a menudo, sufrieron intervenciones y fueron hasta cerrados. Los líderes sindicales fueron perseguidos y, algunos de ellos, muertos.

En Argentina, durante los años del último gobierno militar (1976-1983), el mismo intentó por todos los medios destruir el "poder sindical" y restablecer la "disciplina de los trabajadores". Con ese objetivo, casi todos los sindicatos sufrieron intervenciones y la CGT se disolvió. Además, los sindicatos se vieron obligados a separarse de sus obras sociales y se anuló la representación sindical en los organismos previsionales, bancarios y de seguridad social. La huelga dejó de ser un derecho para convertirse en un delito, con pena criminal de seis años de prisión para los trabajadores que simplemente participaron y 10 años para los dirigentes sindicales que las organizaron. (CEDPRE 2010:15)

Para el caso de Brasil los efectos del golpe militar sobre el movimiento sindical fueron también perjudiciales, como bien describe María Miranda al sostener que "el golpe militar de 1964 significó la más intensa y profunda represión política que la clase trabajadora enfrentó en la historia del país. Las ocupaciones militares y las intervenciones alcanzaron cerca de dos mil entidades sindicales en todo el país. Sus directivos fueron cazados, presos y exiliados." (Miranda, 2001: 3)

En las décadas del ‘70 y principios de los años ‘80, en el plano económico, el sindicalismo fragilizado, tanto en Brasil como en Argentina, intentó siempre oponerse a las medidas de ajuste de los gobiernos militares que tenían como principal efecto el deterioro del nivel de vida de los trabajadores. Y, en el plano político, en ambos países, se verificó un irrenunciable compromiso de los líderes sindicales con el retorno al régimen democrático.

En los años ochenta se inicia el movimiento de recuperación democrática en los países latinoamericanos, en el que los sindicatos tendrán una gran participación. En Brasil, esta lucha va a dar como resultado dos cuestiones centrales para los sindicatos, su reconocimiento social y la confianza de la población, como bien lo relatan Mattoso y Oliveira:

"El amplio reconocimiento social del sindicalismo en los años 80 provino de su práctica insumisa y de confrontación. En un escenario de una economía hiperinflacionaria, el sindicalismo de la CUT se convirtió en el principal baluarte de defensa inmediata contra las pérdidas del nivel de vida de los trabajadores asalariados en el país. Se cultivó una postura reactivo-reivindicativa, intransigente e insumisa, que conquistó, a pesar de la manipulación de los medios dominantes, un espacio en la opinión pública (es por esto que una encuesta de la revista Veja de julio de 1988, los sindicatos, a pesar de las dificultades de la coyuntura, eran, de las instituciones que más disfrutaban de la confianza de la población brasilera)” (Mattoso y Oliveira, 1990 en Alves, 2000)

El surgimiento de la Central Única dos Trabalhadores (CUT) en 1983 después de un extenso período de luchas y organización, implicará una feroz crítica al modelo corporativista en tanto, para el caso brasilero, este implica el control directo de los sindicatos por parte del Estado (Rodrigues, 2009), nuevamente una postura estatal restrictiva favorece al sindicalismo clasista por sobre el corporativo.

Ligada a la CUT, en términos dirigenciales, nacerá posteriormente el Partido dos Trabalhadores (PT) que en 2003 depositará a Lula de Silva en la presidencia de la república, sumando una victoria en términos políticos para la mentada corriente sindical.

Durante el mismo decenio en Argentina, el gobierno militar hizo intervenciones tanto en ATE como enUPCN. Estos sindicatos también sufrieron las persecuciones de sus miembros, y hasta hubo desapariciones como ejemplifica el caso de Irma Laciar de Canica, militante de ATE.

Mientras que, en Brasil, en este período, se produjo la supresión de cualquier tipo de manifestación sindical sea institucionalmente como por medio de actos. Así, la "CSPB pagó por su protagonismo con el exilio, la prisión y hasta la muerte de sus principales líderes, lo que llevó a la entidad a una fase atípica en relación a su historia ya la casi informalidad y clandestinidad estructural." (CSPB, 2013)

Sin embargo, con los primeros gobiernos democráticos en la segunda mitad de los años 80, surge el problema de la hiperinflación. Esta tendrá consecuencias negativas para el nivel de vida de los trabajadores y estimulará la lucha sindical en defensa de los derechos laborales. La cuestión clave a destacar es que la salida de los gobiernos militares correspondió a un nuevo escenario internacional en el que las políticas neoliberales marcarían el escenario político, económico y social de los años 90’s.

El período neoliberal

Los años noventa, en Brasil y Argentina están marcados por las corrientes de pensamiento neoliberal, fruto del denominado Consenso de Washington. Estas políticas fuertemente defendidas por las instituciones financieras internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, procuraban, entre otros objetivos, la estabilidad monetaria y la integración global. En cuanto a la estabilidad monetaria, el eje reside en la reducción del déficit fiscal, mediante la reducción del gasto público y la privatización de las empresas estatales.

Tales políticas eran claramente perjudiciales para los trabajadores y aún más para los trabajadores del sector público. Así, en Brasil "si a partir de finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, el proceso de negociación colectiva fue constituido y consolidado como un espacio de garantía de conquistas laborales, la primera mitad de la década de los 90 se caracteriza por la resistencia del movimiento sindical para el mantenimiento de derechos adquiridos. "(DIEESE, 2001: 206)

En ese ambiente completamente adverso, el movimiento sindical, además de invertir en el espacio de la negociación colectiva como lugar privilegiado para la defensa del poder adquisitivo de los salarios y para la ampliación de los derechos laborales, se vuelve a la organización interna. En este proceso, el movimiento sindical en Brasil crea y consolida a las centrales sindicales, que pasaron a tener actuación destacada en las más diversas instancias, reintroduciendo a la clase trabajadora como actor relevante en el escenario político nacional. (DIEESE, 2001: 196)

Sin embargo, los temas que pasaron a ser debatidos, tales como apertura de la economía, privatización, competitividad internacional, reestructuración industrial, cámaras sectoriales, reforma administrativa del Estado, flexibilización de los derechos laborales, implicaban el surgimiento de una nueva pauta y de espacios de negociación, con los que tanto asesores como líderes sindicales estaban poco familiarizados. (DIEESE, 2001: 197)

En Brasil, Giovanni Alves (2000) y Amando Boito (1996), afirman que, tras la derrota en las elecciones del año 1989, el sindicalismo clasista, es sustituido por el sindicalismo neo-corporativista.

Estos autores parecen ver en él la génesis de un sindicalismo más funcional a los intereses del Estado y de las empresas.

En el caso argentino, la evolución del sindicalismo fue similar, sólo que, en el sector público, ampliamente estudiado por Etchemendy y Filc (2001), existieron algunas diferencias, pues "para el gobierno de Menem, la reforma administrativa significaba antes que nada un importante recorte del empleo en la administración pública y la reforma y flexibilización de las reglamentaciones laborales para los trabajadores del Estado. En una segunda fase, el gobierno implementó la descentralización del sistema educativo y de salud desde el gobierno nacional a los gobiernos provinciales. "(Etchemendy y Filc, 2001: 681)

La citada descentralización produjo en los hechos, un cambio de la estructura sindical del sector público, pues como en el caso de los docentes en Argentina, los sindicatos cambian su representación de nacional a estatal / provincial, lo que representa una pérdida de poder a causa de la reducción del tamaño y el espacio de influencia de los sindicatos.

Los principales sindicatos afectados por la reforma fueron UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y los sindicatos de docentes, principalmente CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) y UDA (Unión Docentes Argentinos) Los sindicatos se oponen a la reforma "por no estar acompañada de una financiación adecuada a nivel provincial." (Etchemendy y Filc, 2001: 681)

El estudio concluye que, mediante una alianza estratégica del gobierno con UPCN, se "logró proteger en gran medida a sus miembros del recorte de empleo, e incluso logró mejorar su estructura organizativa" (Etchemendy y Filc, 2001: 682) en consecuencia ATE fue fuertemente perjudicada y no consiguió proteger a sus miembros al no formar parte del Comité Ejecutivo para la Coordinación de la Reforma Administrativa (CECRA) que estaba encargado del nuevo rediseño administrativo del Estado.

Se explicita entonces en el caso estudiado por Etchemendy y Filc (2001) como UPCN con prácticas neo-corporativas, logro proteger mejor el empleo de sus afiliados que la combativa ATE. Es esta ventaja sectorial que produce el neo-corporativismo, es lo que hace que hoy los sindicatos brasileros, históricamente clasistas, parezcan estar migrando hacia visiones neo-corporativas.

Para debatir este punto es apropiado abordar la cuestión de la salud, como ya se ha explicitado la visión clasista del sindicalismo, entiende que no es propio del sindicalismo brindar un servicio de salud a sus afiliados, ya que esa es una práctica asistencialista / corporativista, por lo que tenderá a presionar más radicalmente al gobierno para que mejore la salud pública, en función de los intereses de clase.

En ese sentido José Augusto Pina y otros (2006) estudian la relación del sindicalismo brasileño con el Sistema Único de Salud y los sistemas de salud complementaria privada, así sostienen:

"Consideramos que la acción sindical atribuyó a cada uno de los aspectos, SUS y planes privados de salud, pesos relativos distintos en los diferentes momentos de la coyuntura brasileña. En la década de 1980 predominó una acción sindical más activa en la defensa del sistema público, mientras que la negociación por la mejora del plan privado de salud asumía una dimensión reactiva. A partir de principios de la década de 1990, la posición de la CUT ante las políticas neoliberales ha sido marcada por contradicciones y ambigüedades en relación a los derechos sociales. En los últimos años, emergió un sector sindical que establece vínculos ideológicos con los planes de salud y la previsión complementaria. "(Pina et al, 2006)

Según el trabajo de Pina, el sindicalismo en Brasil parecería estar tomando una visión más corporativista al comenzar a luchar por planes de salud y previsión complementaria, pero la presentación de este viraje corporativista en Brasil, no se agota en la salud, como el mismo trabajo ya citado de Pina y otros (2006) afirma que desde finales de los noventa y principios del siglo XXI:

‘ ‘La CUT y varias entidades sindicales en alianza con ONG y otros actores sociales, actuaria no solo proponiendo políticas públicas, sino ejecutando servicios sociales estatales obsoletos. Emergía un sector sindical empeñado en la ejecución y gestión de proyectos sociales recurriendo a La disputa por los fondos públicos, además de estimular la formación de Cooperativas de Seguros Civiles, cooperativas de fondos de pensión complementaria e de autogestión para la generación de empleo y renta en el combate contra la precarización del trabajo. Este sindicalismo explora los intersticios dejados por el Estado para ofrecer asistencia a los trabajadores y afiliados sindicales” (Pina et al, 2006)

En Brasil los que se adhieren a la visión clasista, acusan al sindicalismo corporativista de ser funcional a los intereses de los empresarios, de buscar beneficios sectoriales (planes de salud privados) y no de clase (mejoramiento del SUS) y en última instancia apaciguar la lucha de clase.

Por el lado de los que asumen la visión corporativista, se sostiene que son muchas las conquistas del sindicalismo asistencialista (Cooperativas de Seguros Civiles, Cooperativas de fondo de pensión complementarias, colonias de vacaciones, hoteles sindicales, etc.) y que sería un retroceso abandonarlas, además de que para el objetivo de brindar una mejora en el servicio de salud para sus miembros, la negociación de planes de salud complementaria en los convenios colectivos de trabajo, parece ser mucho más eficiente que luchar por el mejoramiento general del SUS.

En el caso argentino y desde la visión clasista, Varela afirma que "la época imperialista pone a las organizaciones obreras ante la disyuntiva de o sindicatos revolucionarios o sindicatos como agentes de control del capital sobre el trabajo." (Varela, 2012: 3) La consecuente pugna del Estado por el control de los sindicatos y por el triunfo de la corriente corporativista tuvo una consecuencia no deseada: el surgimiento de “un fortalecimiento por debajo encabezado por Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados situados en los lugares de trabajo, lo que denominamos sindicalismo de base". (Varela, 2012:5)

La visión corporativista / peronista parece ser mucho más predominante, dado que la visión clasista de los delegados de base de izquierda, los mismos tienen como objetivo de sus críticas, la denominada "burocracia sindical". Esta, según ellos, es funcional a los intereses del capital, y se eterniza en el control de los sindicatos como si fuera una "monarquía sindical" dejando de lado la lucha por los trabajadores. A pesar de esto el sindicalismo clasista parece seguir siendo marginal en la Argentina y estar perdiendo terreno en Brasil.

Conclusiones

El análisis esquemático de la conformación de la matriz ideológica del sindicalismo en Brasil y Argentina, nos permite fundar nuestra hipótesis de que la relación sindicalismo-Estado, favorece la configuración de modelos sindicales específicos. Esta relación operaría por dos canales el grado de libertad/control que el Estado desea de las asociaciones de trabajadores y el grado en que una determinada configuración sindical permite alcanzar reivindicaciones frente al Estado.

Así en el caso de Argentina donde el Estado, salvo excepciones, mantuvo posturas de libertad asociativa y sindical, y permitió alcanzar numerosas reivindicaciones a quienes no adoptaran posturas clasistas, se favoreció la consolidación de un sindicalismo corporativo o neo-corporativo.

Por el contrario, en Brasil donde el Estado mantuvo posturas orientadas al control y disciplinamiento de los sindicatos se consolidó un sindicalismo clasista que hoy parece estar en jaque por la capacidad de las posturas corporativistas de alcanzar beneficios concretos, sectoriales y no de clase, para sus representados.

A pesar de que numerosos autores brasileros remarcan que del novo-sindicalismo combativo de la dictadura se ha migrado finalmente hacia posiciones más corporativistas (Boito, 1996; Alves, 2000; Rodrigues, Ramalho&Conceiqao, 2008; Rodrigues 2009) Es válido sostener, como se ha hecho a lo largo del artículo, que el corporativismo no es definido solamente por la dependencia estatal y los mecanismos de negociación intersectoriales, sino en su sentido más amplio en cuanto permite la desmercantilización de los individuos por fuera del Estado.

De esta manera podemos entender que en el continuum clasismo-corporativismo, los sindicatos brasileros, a pesar de haber adoptado una visión acuerdista y negociadora en los últimos años, aún no se encuentran al nivel de corporativismo argentino, para la amplia gama de derechos, educativos, de salud, de esparcimiento, etc., que los sindicatos argentinos garantizan, lo que aún hace valiosa la distinción del presente trabajo.

Por último, la prueba empírica de tal hipótesis, puede estar dada por el análisis de la cantidad de servicios, no propiamente sindicales que ofrecen las entidades gremiales. De esta manera en la Argentina, donde los sindicatos cuentan con, hoteles y colonias de vacaciones, hospitales, colegios y hasta clubes deportivos parecieran contar con los indicadores propios de una organización corporativista. Restando entonces el estudio de cuantos de estos servicios y en qué grado se prestan en ambos países.