Introducción

Esta reflexión se estructura desde la construcción del pensamiento feminista, plural y diverso, el cual ha sido implacable en sus demandas y de manera sostenida ha instalado temas innovadores, disputando normas y construcciones de subalternidades devenidas en tradiciones. Temas tales como la relación entre lo público y lo privado, la división sexual del trabajo, el discriminado uso del tiempo, el cuidado; posicionando, además, como la problemática central y crucial el derecho de las mujeres a una vida sin violencias, tanto en ámbitos privados como públicos. Interpelando así desde un conjunto de teorías y métodos el neoliberalismo, el patriarcado, el racismo y la colonialidad (^{Falú y Echavarri, 2017}). Hoy, frente a la pandemia, interesa reflexionar cuánto afecta a las mujeres, en la intersección de géneros y territorios, lejos de una concepción heteronormativa de la sociedad.

Eligen las noches más frías del año. En el invierno de 2019, tuvo lugar el desalojo de casi 200 familias asentadas en terrenos de Juárez Celman, municipio que hace parte del área metropolitana de la ciudad de Córdoba, en Argentina. La mayoría de las personas desalojadas, mujeres con niños/as bajo su única responsabilidad. A solo un año de aquel episodio, que no termina de encontrar solución, y en medio de la pandemia, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denuncia a través de las redes sociales:

“Cerca de las 21.15 la guardia de Infantería irrumpió en un predio de tierras fiscales tomadas por familias que no tienen dónde alojarse durante la cuarentena por la pandemia. Sin orden judicial alguna la infantería policial de la provincia de Córdoba, por la noche irrumpió en el predio planteando a las familias que tenían que irse. Se desató una brutal represión con heridos de bala de goma y decenas de personas rociadas con gas pimienta”.¹

150 familias sin techo, en medio del Covid-19 y del mantra necesario de “quedate en casa”, el desalojo con represión sorprende a las familias de la pobreza, mayoría nuevamente de ellas mujeres responsables de sus familias. La pandemia viene así a sumar a las condiciones estructurales pre-existentes de desigualdad y retroceso económico, en el marco de debilitamiento progresivo de las economías, como es el caso de Argentina, o del Estado de derecho, como lo es en Brasil. En el plano económico, el coronavirus está causando estragos, a la vez que es preciso enfatizar las evidencias del estancamiento (CEPAL, 2020), a pesar de los logros económicos alcanzados en la primera década del siglo, antes de la pandemia. Este decrecimiento económico ya estaba afectando a las mujeres y con repercusiones en sus vidas cotidianas.

Alicia ^{Bárcena (2020}) -Secretaría Ejecutiva de CEPAL- afirma que “Después del Covid-19 estaremos más pobres, hambrientos, desiguales y enojados. Es urgente construir un pacto social orientado a la protección social universal y al cambio de paradigma de desarrollo en línea con la Agenda 2030”. Y agrega: “La pandemia es un llamado de atención para abordar las desigualdades de la región y replantear los patrones históricos de desarrollo urbano”. Asimismo, asevera que, según las últimas estimaciones, la región sufrirá una caída del 9,1 por ciento en el PIB y un aumento de 5,4 puntos porcentuales de la tasa de desocupación, que llegaría a 13,5 por ciento; situación que afectaría principalmente a las mujeres, por ser mayoría en el mercado informal y de servicios.

Vivenciamos a nivel global y en América Latina una pandemia que tiene distintos impactos. El primero y evidente es el sanitario; sin embargo, igualmente preocupantes son los económicos y sociales. El Covid-19 es una presencia que ha transformado las vidas cotidianas. El manifiesto de la Articulación Feminista Marcosur (2020: 1) lo expresa así:

“La pandemia por el Covid-19 ha producido grandes y rápidos cambios en nuestras formas de relacionarnos, convivir y trabajar. Ha quedado claro que no se trata, solamente, de la emergencia sanitaria y sus efectos en la pérdida de cientos de miles de vidas humanas. Se ha desnudado una crisis de carácter civilizatorio, que pone en cuestión los fundamentos mismos del actual modelo económico, político, social, cultural y ambiental.

Esta crisis ha mostrado la esencia misma del capitalismo, su necesidad de asegurar la acumulación de riqueza, de poder y control político a través de la súper explotación del trabajo y la destrucción de la naturaleza. Nos ha develado cuán entrelazados están el patriarcado, el racismo y el colonialismo, expresados en pobreza, desigualdad, misoginia, lesbofobia, homofobia, entre otros síntomas del intento despiadado por continuar un tipo de desarrollo «sin fin» que consagra formas de vida inviables, no sólo para el conjunto de la humanidad, sino para la sobrevivencia misma del planeta”.

Esta introducción, para situar a las mujeres y la necesidad de la perspectiva de género en el análisis, acerca de los temas centrales para la acción y las políticas en la pandemia y en la pospandemia. El artículo se organiza en tres notas de reflexión sobre los temas más críticos presentes antes del Covid-19 y que afectarán aún más la vida de las mujeres: de las ciudades y sus territorios de injusticias, acerca del cuidado y, no menor, las violencias.

Nota 1. De las ciudades, los territorios de injusticias y las mujeres y los géneros

La pandemia genera temores e incertidumbres, y se expresa con más virulencia en las ciudades y en los grandes aglomerados, complejos, inasibles y extensos (García Canclini, 2013) de América Latina. Allí donde hacemos parte del tejido social diverso y desigual, de las tramas urbanas de desigualdades obscenas. América Latina, el continente con más del 80 por ciento de población urbana (CEPAL, 2020)², de ciudades fragmentadas y desiguales, en las cuales los territorios de extensión de pobrezas presentan condiciones de hábitat deteriorados, al tiempo que se expone a la población a mayores vulnerabilidades frente a la pandemia, y dentro de ésta a las mujeres en mayor pobreza e indigencia. Cabe resaltar que más de un tercio de los hogares están a cargo de mujeres y, como se dijo, representan hogares que crecen en número de personas dependientes.

La omisión del género refiere a la subvaloración de la mujer y es un sesgo androcéntrico generalizado que se expresa en acciones políticas y técnicas, gubernamentales y no gubernamentales, a lo cual contribuye la falta de información estadística que debería permitir visibilizar estas diferencias en la desigualdad.

Lo antes dicho es resultado de un modelo de desarrollo patriarcal que se reitera, profundizando el sesgo de género, de cara a la pandemia del Covid-19. Las mujeres siguen omitidas a pesar de estar en el centro de la escena en cualquier escala de análisis: casa, barrio, ciudad.

Como sabemos, el concepto fundante del derecho a la ciudad lo inaugura Henri ^{Lefebvre en su libro Le droit à la ville (1968}), quien, desde un enfoque filosófico y sociológico, analiza las ciudades modernas desde la producción social del espacio urbano que mercantiliza la vida generando una mayor segregación espacial, en el que predomina el valor de cambio para unos pocos y confina a vivir en fragmentos despojados de las calidades de la vida cotidiana a los demás. Lefebvre se nutrió de los textos de Engels sobre la clase obrera en la ciudad. Sin embargo, parece no haber revisado con el mismo interés El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (Engels, 1884); de ser así, hubiera advertido lo decisivo del patriarcado en la definición sobre la propiedad privada. Distintos autores/as darán seguimiento y enriquecerán las ideas de Lefebvre, entre los cuales Manuel ^{Castells, en La question urbaine (1976}), establece la conexión entre el desarrollo del capitalismo y la urbanización. ^{Harvey, en Ciudades rebeldes (2012}), interpelando a Henri Lefebvre, afirma que la ciudad es un significante vacío y se pregunta sobre qué derecho de la ciudad se habla, para quiénes, poniendo un énfasis de clase, aseverando que más que derecho es una quimera:

“[...] si, como sucedió en la última década, la idea del derecho a la ciudad ha experimentado un cierto resurgimiento, no es por el legado intelectual de Lefebvre que debemos recurrir en busca de una explicación (por más importante que sea este legado). Lo que sucede en las calles, entre los movimientos sociales urbanos, es mucho más importante”. (^{Harvey, 2012}: 8)

Contemporánea a Lefebvre, en la década de los 60, cuestionando a los desarrollistas de la utopía de la modernidad, Jane ^{Jacob (1973}) será una artífice central en la construcción del andamiaje intelectual para el abordaje de la cuestión urbana desde el feminismo, sin así asumirlo, en su reflexión sobre la vida cotidiana y en confrontación con los desarrollistas neoyorkinos de la modernidad. Es la única que incluirá el sesgo de género en sus análisis.

En este proceso reflexivo sobre las ciudades, su materialidad, las condiciones de precariedad, informalidad, la vulnerabilidad social y territorial, así como las formas de gestionarlas y los intangibles del mundo simbólico, es donde interesa interseccionar mujeres y territorios, géneros y diversidades. Es allí donde urbanistas, geógrafas, arquitectas feministas³ venimos elaborando e interpelando desarrollos acerca del derecho de la ciudad, colocando el énfasis en los sujetos omitidos de las políticas: las mujeres y la diversidad de identidades sexuales que hoy se expresan en las calles, al decir de Harvey. Siendo las mujeres la mayoría de la población, no es una cuestión numérica, responde a una concepción androcéntrica y patriarcal que subordina a las mujeres, las que se diluyen en la noción genérica de familias, debilitando sus condiciones de sujetos de derecho y ciudadanías.

Es así que el feminismo trabaja sobre el Derecho a la Ciudad de las Mujeres desde un abordaje teórico que demanda construir argumentos y evidencias para la incidencia y la transformación en lo político.

Un punto central de partida es que las ciudades no son iguales para varones y mujeres y que las mujeres no son iguales y están atravesadas por identidades diversas: de etnias, clase, edad, identidades sexuales y tantas otras. Es desde esta diversidad que se hace necesario interpelar las acciones y políticas de la emergencia en clave feminista, y para ello reconocer que mujeres y diversidades están omitidas o tienen poca participación en la toma de decisiones relacionada con las ciudades, la vivienda y la planificación en general.

En el trabajo sobre las violencias contra las mujeres en las ciudades se identificó que las experiencias de las mujeres en la vida cotidiana se expresan en distintas escalas de territorios en disputa, escalas necesarias de ser reconocidas y de actuar en propuestas desde la perspectiva de género que den cuenta de las injusticias territoriales⁴. El primer territorio, el cuerpo de las mujeres, el cual cuidar y sobre el cual decidir identidades y subjetividades. Las escalas del territorio casa, del territorio barrio y del territorio ciudad. Cada una con sus complejidades, sin ser categorías estáticas y escindidas entre sí, sino en una relación de interdependencia, atravesadas por una multiplicidad de intersecciones.

¿Cuáles son las condiciones de esos territorios urbanos, sus barrios, la habitabilidad de las viviendas que interesan?, en los cuales las mujeres, en los distintos arreglos familiares, transitan y confrontan la pandemia. Por lo dicho, y desde el marco del Derecho a la Ciudad para las Mujeres, es necesario conocer:

* Las condiciones demográficas por criterios epidemiológicos, lo cual es conocer desigualdades, localizarlas en el territorio de cada aglomerado urbano.

* Dar cuenta particularmente del estado material de viviendas, infraestructuras, densidades y condiciones de hábitat.

* Conocer la casuística del impacto del coronavirus para definir el alcance del aislamiento social, la escala de la estrategia.

Lo dicho demanda significar dimensiones necesarias para la acción social más justa, la cual está estrechamente vinculada a la salud en la epidemia del Covid-19; para lo cual se hacen necesarias al menos dos condiciones para el diagnóstico y su análisis:

* La primera es el reconocimiento de las desigualdades, las grandes brechas sociales y económicas que se expresan en el territorio y que constituyen los fragmentos de obscenas desigualdades en las ciudades. Comprender que cuando la pandemia atraviesa los muros tangibles o intangibles de las pobrezas urbanas, ésta crece potencialmente, el impacto es desigual y por ello es decisivo conocer estas condiciones materiales de la ciudad.

* Y la segunda es de central importancia, incluir la diversidad en la desigualdad. Poner el foco en las mujeres y en el reconocimiento de las mujeres, el de todas las identidades omitidas, los cuerpos rebeldes, disidentes, la población LGTBIQ+. Centralmente, en las mujeres y las diferencias que las atraviesan: raza, etnia, educación, condición de lugar en el que viven, edades, entre otras.

El consenso social humanitario es absoluto, ante la pandemia lo central es la gente. Sin embargo, “la gente” resulta una categoría neutra, insuficiente para pensar en la diversidad de la sociedad. Esta neutralidad que venimos interpelando demanda pensar las políticas en clave feminista para poner en el centro de la agenda de la emergencia a la desigualdad y la diversidad, y en ella a las mujeres y sus intersecciones, y comprender que esta pandemia no es igual para todas y todos.

Nunca antes se hizo más evidente la relación entre condiciones sanitarias y el hábitat como en esta epidemia que nos interpela local y globalmente. El Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires denuncia, en la voz de las mujeres líderes de Ahora Vecinos de la Villa 21-24, en las puertas de la Jefatura de Gobierno: hace más de una semana que no tienen ni luz ni agua. ¿Cómo se justifica que no se cumple con dotar de servicio eléctrico seguro? El antecedente de la muerte por coronavirus de Ramona, líder de la reconocida Villa 31 atemoriza y está presente. En estos territorios urbanos, en los cuales la escala del barrio cobra mayor significación, son las mujeres las primeras en sostener la solidaridad y potenciar lo colectivo.

El concepto de desigualdad no basta, afirma Rita ^{Segato (2020}), antropóloga feminista, y desarrolla el concepto de dueñidad -de los cuerpos, de los bienes; de los bienes urbanos, de las condiciones de vida de las personas, poniendo en tensión lo público y lo común, en función de lo privado e individual.

Dueñidad que se expresa según identidad de cada mujer, el universal mujer no existe, existen las distintas y diferentes mujeres, y se hace necesario en esa diversidad de aproximación a la desigualdad ennegrecer el feminismo (^{Carneiro, 2003}), indigenizar el género. El patriarcado neoliberal, colonialista, es también racista. El feminismo plural⁵, el feminismo adjetivado, lésbico, negro, indígena, trans; lo que habla de las democracias plurales, expresa la potencia de una lucha que emerge desde las grietas de las exclusiones, denunciando otras situaciones de opresión a la vez que indicando formas de resistencia distintas.

No solo reconocer a las mujeres sino las relaciones que ellas desarrollan en la escala barrial. Rita ^{Segato (2020}) en su texto sobre el coronavirus propone una sexta postura:

“Es la de que el virus vino a imponer una perspectiva femenina sobre el mundo: reatar los nudos de la vida comunal con su ley de reciprocidad y ayuda mutua, adentrarse en el «proyecto histórico de los vínculos» con su meta idiosincrática de felicidad y realización, recuperar la politicidad de lo doméstico, domesticar la gestión, hacer que administrar sea equivalente a cuidar y que el cuidado sea su tarea principal. Es a eso que le he llamado en estos días de un «estado materno», como distinto a aquel estado patriarcal, burocrático, distante y colonial del que nuestra historia nos ha acostumbrado a desconfiar”.

La dimensión de lo colectivo: la de la reciprocidad, la del cuidado, dotarla del significante político que tiene.

La ciudad como protagonista, y la escala del barrio como significante para la vida cotidiana, para ese tejido social que es necesario re-anudar potenciando solidaridades.

Nota 2. Las que cuidan. El tiempo: el bien más escaso en la vida de las mujeres

Son las mujeres, mayoritariamente, quienes están en la primera línea de atención sanitaria y social: constituyen más del 70 por ciento del personal sanitario y, a escala del barrio, son las gestoras de comedores barriales, en donde la necesidad es de insumos básicos de higiene y alimentación. En los hogares, son las cuidadoras por excelencia de infancia, adultos mayores, personas con discapacidad. Situación que se agrava en los hogares bajo responsabilidad única de las mujeres, los que siguen creciendo y son más del 30 por ciento, en promedio, en América Latina, y la mayoría bajo la línea de pobreza o indigencia. Hogares que tienen más del doble de hijos que los de los quintiles superiores, en los cuales crece el número de dependientes.

La Secretaria Ejecutiva de CEPAL (2020) recalcó recientemente que la pandemia de la enfermedad por coronavirus ha puesto de relieve las desigualdades entre varones y mujeres, pero también ha cristalizado la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida. “Es clave hoy reflexionar y actuar sobre la poca visibilidad que tienen los cuidados y las diversas actividades de las mujeres en las economías de la región. Urge pensar las respuestas a las necesidades de la población desde un enfoque de género”, enfatizó.

Las feministas vienen trabajando este tema desde distintas aristas. En América Latina fueron pioneras y son de mencionar por su aporte sustantivo sobre el cuidado y el uso del tiempo en mujeres y varones, por un lado, Rosario Aguirre, quien fue de las pioneras en la región, y con Karina Batthyány, desde la Universidad de la República, aportaron a generar evidencia, desarrollar instrumentos, tal como la inclusión de la encuesta del uso del tiempo en varones y mujeres en la Encuesta Permanente de Hogares del Uruguay⁶.

Uruguay alcanzó la Ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) N° 19.353 el 12 de agosto de 2015. Central a su consecución fue reconocer el uso diferenciado del tiempo en mujeres y varones. El tiempo es el bien más escaso en la vida de las mujeres.

La prestigiosa socióloga María Ángeles Durán ha dicho innúmeras veces que es mejor un espejo manchado en el cual reflejarnos que no tener espejo, aludiendo a la necesidad de contar con estadísticas e información aun cuando no fuera todo lo fehaciente que necesitamos; sin embargo, que permita argumentar, que nos aproxime a dar cuenta del uso del tiempo de mujeres y varones y sus asimetrías, así como poder cuantificar su aporte económico. Es decir, hacerlo visible. En estas dos décadas del siglo XXI, el tema avanzó sostenidamente en la región. También en la UNC y en Córdoba, el Grupo de Trabajo liderado por Ana Falú desde CISCSA-UNC, que se constituyó en 2000 y en 2002 publicó el estudio exploratorio sobre las asimetrías de las ciudades para varones y mujeres. El trabajo fue pionero en la materia, se promovió pensado en clave de herramienta de acción para gobiernos locales. También fue punto de partida para el estudio de indicadores urbanos de género que nos permitieran medir las asimetrías entre géneros.

Es decir que el tema de cuidados, mujeres y ciudades ya venía siendo trabajado. En 2017, CEPAL publicó el trabajo editado por María Nieves Rico y Olga Segovia, ¿Quién cuida en las ciudades?, que incluye un trabajo sobre la ciudad de Rosario en Argentina, ¿Quien cuida en Rosario?, con autoría de Ana Falú. La intersección encuentra interés en las agendas internacionales, y el tema comienza a ser considerado.

La pandemia lo pondrá en evidencia, como un tema central de la agenda social. Si bien Argentina ya tuvo en 2019 un encuentro organizado por Habitar Argentina, el Grupo de Género y Hábitat en el Senado de la Nación, en el cual académicas, líderes políticas y organizaciones sociales se encontraron para debatir el tema del cuidado, y así impulsar en los y las decisoras políticas al más alto nivel la importancia de contar con una Ley Integral de Cuidados, lejos se estaba de imaginar lo que el coronavirus traería como preocupación y evidencia central.

Desde Jefatura de Gabinete de Presidencia, en forma conjunta con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se formó la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado⁷, con la coordinación ejecutiva del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad recientemente creado. El objetivo es transversalizar un enfoque de cuidados desde la igualdad de géneros, a largo plazo, colectivo. El contexto actual de la pandemia del Covid-19 complejiza esta situación y suma mayores desafíos a la política gubernamental. En la misma línea de producción, el Indec (2020) ha publicado un trabajo que es un aporte necesario para la política territorial y social de género. El documento señala:

“En la Argentina, la organización social del cuidado depende principalmente del trabajo no remunerado que se realiza al interior de los hogares y recae, en mayor medida, sobre las mujeres. Asimismo, la posibilidad de adquirir servicios de cuidado en el mercado se encuentra estratificada según diferentes niveles socioeconómicos. El hecho de que gran parte del trabajo de cuidado tenga lugar fuera de la esfera mercantil lo torna invisible para las mediciones estándar de la economía y refuerza su escasa valoración social (Esquivel, 2011). En este sentido, las encuestas de uso del tiempo constituyen un mecanismo que permite visibilizarlo para su cuantificación. (Indec, 2020: 10)

Desde la mirada del urbanismo feminista, interesa el cuidado desde las políticas locales y las infraestructuras del cuidado. El cruce entre situación socioeconómica, localización de la vivienda y servicios es una ecuación decisiva para entender los servicios de cuidado como herramienta de redistribución en el territorio. Esto será central en la pospandemia si queremos propiciar las autonomías de las mujeres en el contexto de crisis económica que se prevé.

El reconocimiento de las tareas del cuidado en el centro de las agendas. ¿Quién cuida en las ciudades? ¿Y en el barrio? ¿Y en la casa? La omisión de las mujeres y las diversidades no solo desconoce sus necesidades específicas, sino que desconoce sus aportes. La invisibilización de las tareas de cuidado que asumen mayoritariamente las mujeres es una de las desigualdades de género más significativas que la pandemia evidencia. Las mujeres usan el tiempo y el espacio diferente a los varones. Son las mayores responsables del trabajo reproductivo y de cuidado que no es reconocido en términos monetarios. La constante es: los varones percibidos como proveedores y garantes de la tarea de cuidados de manera indirecta y las mujeres directas responsables de la reproducción social.

El tema del cuidado se colocó en la agenda pública como un derecho, a cuidar y ser cuidados/as. Sin embargo, persiste la debilidad de la ciudadanía social de las mujeres, y la pandemia ha puesto esto en evidencia. Se hace necesario observar los cuidados, los roles, así como reconceptualizar el concepto de trabajo, medirlo a partir de conocer el uso del tiempo según géneros y cuantificarlo para poder medir el aporte económico que significa para el desarrollo.

CEPAL desarrolló una extensa línea de producción que ha contribuido a poner el tema en las agendas de los gobiernos. Se instala en los distintos consensos de las reuniones de ministras de América Latina y el Caribe, destacando el Consenso de Quito (2007) y la Estrategia de Montevideo (2017), convocada en clave de desatar los nudos estructurales de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe; uno de ellos, el derecho a cuidar y ser cuidado.

El Covid-19 ha puesto de manifiesto temas críticos que pre-existían. Así, ha significado el cuidado y el trabajo no remunerado de las mujeres que se sostiene a partir de la persistencia de la división sexual del trabajo, lo cual resulta en una precarización del trabajo femenino.

La división sexual del trabajo alcanzó a todas las clases sociales. Sin embargo, cuando está interseccionado con pobreza o diversidades, el trabajo doméstico se intensifica en más demandas, más dependencia en los hogares y menos recursos. En las disidencias, la población trans, travesti, en situaciones de mayor vulnerabilidad, viviendo en hoteles o pensiones urbanas, siempre amenazadas con ser desalojadas y cargadas de explotación, de opresiones. Los cuerpos sexualizados, racializados, criminalizados.

CISCSA -Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur-, junto a la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Sociales y otras instituciones, realizó una encuesta para observar el tema cuidados en la pandemia. La mitad de las personas que respondieron la consulta está a cargo de niños/as u otras personas dependientes; y si bien con dificultades, estaban pudiendo resolver las tareas de cuidado, ya sea solas o con apoyo de otras personas (amistades, familiares, vecindario) u organizaciones sociales.

Lo que destaca la encuesta es que la situación más crítica la viven quienes están afrontando solas las tareas de cuidado, y son aquellas que se encuentran dentro del grupo de quienes vieron reducidos drásticamente sus ingresos por trabajar en el mercado informal. Estas mujeres respondieron: “estoy desbordada”. Las principales urgencias y las preocupaciones mencionadas más frecuentemente son:

* Cómo garantizar la comida diaria;

* No poder ayudar a familiares y amigxs que viven lejos;

* Las situaciones de violencia en la calle/el barrio.

La mayoría de estas preocupaciones se presentan junto con otras, en una articulación compleja. Les preocupa cómo garantizar la comida diaria, cómo acompañar a las y los niños/as con las actividades y tareas escolares, y al tiempo de no saber qué hacer con la infancia y adolescencia en el encierro, las más de las veces en lugares pequeños, y con dificultad de acceso a internet.

Entre las feministas que se aproximan al concepto del cuidado como responsabilidad social y colectiva, o desde el análisis del cuidado en el marco de los bienes comunes, Silvia ^{Federici (2013}) pone el foco en la crisis de la reproducción social, que la atribuye a tres fenómenos interrelacionados: los recortes de las políticas sociales y la atención social colectiva de los cuidados; el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, casi siempre en condiciones precarizadas o informales; y el aumento de la carga de cuidados en los hogares por motivos diversos. El trabajo gratuito de las mujeres en el hogar ya no está igualmente garantizado; y cuando lo está, significa una doble jornada exhaustiva de trabajo. Patriarcado y capitalismo neoliberal en nefasta combinación de intercambios y actividades no mercantilizadas y subalternas. La pandemia agravó este cuadro. Veremos qué hacemos ante tanta evidencia en la era posCovid-19.

El aislamiento y distanciamiento encierra y confina más aún a las mujeres en la vida cotidiana. Se está ratificando lo que vienen diciendo las feministas, las voces en las calles, lo que “las pibas” del 8M reclaman: hacer visible lo que se insiste en naturalizar y caracterizar solo como entrega de amor. Este trabajo reproductivo social, fundamental a la vida, ha sido invisibilizado siempre; si bien se ha señalado esta injusticia y cuán decisiva es la voluntad política para poder avanzar en el reconocimiento del cuidado y aliviar a las mujeres. En este sentido, generar nuevos pactos sociales entre varones y mujeres y avanzar en leyes que coloquen a la tarea de cuidado como responsabilidad social integral y no individual de las mujeres en cada hogar. Los problemas de las personas mayores, que son el grupo etario más vulnerable a la pandemia que se generaliza, lo que se evidencia en que más del 50 por ciento de las muertes están en este grupo, en geriátricos en los que parece casi imposible evitarlas. Es un peso enorme el cuidado de personas mayores, y muy difícil, en el aislamiento social.

La pandemia no afecta de la misma forma a todas las personas, ha profundizado las grandes brechas de desigualdad y concierne con mayor intensidad a los sectores en pobreza, y en estos a las mujeres. Mujeres que, por razón de pobreza, orientación sexual, identidad de género o edad, potenciada por la división sexual del trabajo, las tareas de cuidado y las violencias que sufren, están en situaciones más críticas y disminuidos sus derechos ciudadanos. Como lo señala CEPAL (2020: 1): “La pandemia de la enfermedad por coronavirus (Covid-19) ha puesto de relieve, de forma inédita, la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las economías de la región, en las que se sigue considerando una externalidad y no un componente fundamental para el desarrollo”.

El tema de los cuidados no ha sido, en general, materia de preocupación de las políticas públicas y es muy reciente su incorporación en las agendas de gobierno, lo cual es resultado del trabajo consecuente sobre la materia de investigadoras feministas. El avance es haber sensibilizado y dado a conocer sobre la decisiva importancia del cuidado en la vida de las mujeres, así como la gran incidencia de la ausencia de políticas de cuidado en otras dimensiones sociales, tales como la pobreza, la profundización de desigualdades sociales, la dificultad de acceso al empleo o la permanencia en la informalidad. Ejemplo de ello sería la ausencia de cuidados infantiles de 0 a 5 años, o de cuidado diurno de adultos mayores, todo lo cual recae sobre las mujeres agudizando las desigualdades de género.

Nota 3. Las violencias en tiempos de pandemia

En tiempos de epidemia y de incertidumbres, las violencias contra las mujeres baten récords: las mujeres están encerradas con sus maltratadores. El tema más crítico para la vida de las mujeres; el que dificulta sus autonomías; el que las debilita, atemoriza y les quita autoestima son las violencias de género. Las violencias, además, como una dimensión central de la vida en las ciudades, violencias que se complejizan y potencian y se constituyen en el mayor límite a la libertad de las personas.

Hoy preocupa el aumento de las violencias que afectan en particular a las mujeres, en estos tiempos de Covid-19. Sin pandemia, las mujeres ya denunciaban, y nunca lo suficiente, las violencias privadas y públicas. El aislamiento social agrava las situaciones de violencias de género. Es mayor el riesgo que viven las mujeres y niñas/os -sin embargo, no solo la infancia, las personas mayores, la población LGTBIQ+- en los entornos de encierros. Violencias que se potencian en situaciones de crisis. El cuerpo como regulador social; el cuerpo de las mujeres, una construcción mediada por relaciones de posesión, de dueñidad, de poderes, por ello territorio en disputa.

Puertas afuera, en los espacios públicos, los femicidios: en Argentina, 57 mujeres asesinadas entre el 20 de marzo y el 20 de mayo⁸, casi una por día. El 71 por ciento en sus hogares, y el 65 por ciento por sus parejas o exparejas. Crímenes que constituyen la mayor expresión del patriarcado y la dueñidad sobre cuerpos que no se reconocen como iguales y deben ser disciplinados (^{Segato, 2018}); cuerpos que adquieren valor político y de denuncia.

Crecientes y complejas violencias de distinto tipo y origen afectan al derecho a la vida de las mujeres. Cuerpos de mujeres, cuerpos racializados, cuerpos diversos. En el edificio, en el barrio, promover el alerta solidaria, la tolerancia cero a las violencias. Violencias feroces que llegan al femicidio. Las violencias contra las mujeres tienen un sostenido proceso de consolidar argumentación, estadísticas y, en este siglo XXI, legislaciones llamadas de segunda generación, más completas y ajustadas al avance del tema en las sociedades. Sin embargo, las violencias parecen incrementar y complejizarse, si bien hay avances importantes en la producción de conocimiento acerca de las violencias, tanto las violencias puertas adentro, las que nos ocupan mayormente en la pandemia, como las violencias en los espacios urbanos públicos: calles, plazas, descampados, transporte.

El miedo y la percepción de inseguridad, así como la criminalidad misma, tienen sentidos muy distintos para los varones que para las mujeres (Del Valle, 2006; ^{Falú, 2009}). En las mujeres, a diferencia de los varones, la violencia es aleatoria, no reconoce ni edades ni clase social y está marcada por su ejercicio sobre el cuerpo sexuado de las mujeres, cuerpos que deben disciplinarse y obedecer los mandatos patriarcales. En particular, los cuerpos racializados o los que se rebelan a la heteronormatividad.

Si en tiempos normales las mujeres cambian recorridos por temores (^{Pain, 1991}; ^{Falú, 2011}; ^{Sweet y Ortiz Escalante, 2014}), en tiempos de pandemia las mujeres en encierro con los violentos enfrentan grandes dificultades para romper con el círculo de las violencias. Los cuerpos y la sexualidad como territorios a ser avasallados, ocupados, concebidos como apropiables, disponibles; violencias que someten voluntades y los cuerpos, a la vez que se erigen en categoría política, y es desde esos cuerpos desde donde se ejercen los derechos y resisten las violencias (Falú, 2009). Las violencias son el mayor límite a la libertad de las mujeres y la diversidad. Las mujeres encerradas con los violentos no encuentran salida fácil. Las denuncias al 144 crecen; lo que falta es avanzar en procedimientos, en intersección con justicia, seguridad, para asegurar seguimiento a la denuncia, la contención necesaria a la valentía de esas mujeres que se animan a confrontar a sus agresores y no dejarlas solas y más expuestas, en condiciones de mayores vulnerabilidades ante sus maltratadores.

Al tiempo que el Estado tiene responsabilidad sobre las políticas para evitar las violencias de género -campañas permanentes, educación sexual integral-, es decisivo que no sólo sea el Estado el responsable. Para ello, trabajar en la deconstrucción de la concepción patriarcal a nivel de las organizaciones sociales y territoriales. Allí donde es preciso reatar los nudos de la colaboración, de la solidaridad y la reciprocidad (^{Segato, 2020}). Es donde las mujeres en condiciones de mayores vulnerabilidades encuentran apoyos y contención cuando sufren violencias.

Es de destacar, en esta línea, que la gestión actual de gobierno implementó el “Programa Articular”⁹, que tiene como objetivo apoyar y acompañar a las organizaciones de la sociedad civil en la formulación e implementación de proyectos en ámbitos comunitarios vinculados con las violencias por motivos de género, la organización de los cuidados y la promoción de la diversidad a través de transferencias de recursos y también con asistencia técnica. Lo interesante es que apuesta a consolidar las redes de base territorial y su articulación con el Estado. La propuesta quiere potenciar el abordaje integral de las políticas vinculadas con las violencias por motivos de género, igualdad y diversidad. A la vez, el recientemente creado Ministerio de la Mujer elaboró un Plan de Acción contra las Violencias de Género, que lanzó el 11 de julio de 2020, en el cual se busca que la política no solo se aboque a atender las emergencias, sino a trabajar sobre las estructuras que sustentan los hechos de violencias, en el ámbito privado y en el público, en la tragedia del femicidio. No solo el hecho violento, sino avanzar en simultáneo con programas, campañas que apunten a la construcción de vínculos responsables y no jerárquicos, rompiendo con las relaciones de dominación, como las que establece la sociedad patriarcal, colonialista, racista. Trabajar más sobre las masculinidades, conocer más sobre la construcción de esas masculinidades violentas. Y lo que es decisivo, vincular las violencias a las seguridades y autonomías de las mujeres; y en este sentido, el acceso al empleo, a la vivienda. O sea, garantizar las condiciones para el desarrollo de vida. A más situación de vulnerabilidad, las mujeres encerradas con sus agresores y sin recursos parecen no tener salida. Entonces, los sistemas de alerta temprana, como una salida a situaciones de alto riesgo. Las políticas inter-sectoriales, el trabajo de las violencias contra las mujeres articuladas con las violencias urbanas, con las políticas de seguridad, con las de desarrollo territorial y hábitat, con salud, con sociales. Políticas que necesariamente deben ser federales y deberían articularse con los municipios, con el poder local, que es el más cercano, o debería serlo, a la gente.

La pandemia ofreció instrumentos, el Canal 144, vía Whatsapp, mails, se buscó abrir alternativas, algunas con creatividad. Un buen ejemplo es trabajar con el transporte público, con las fuerzas de seguridad. Esto, en marco pandemia, parece necesario, sin ser suficiente.

En toda estrategia, pero en particular en la pandemia, las organizaciones sociales han sido clave. Por ello, que el Plan de Acciones contra las Violencias reconozca a las ONG y organizaciones de mujeres, como parte de un necesario programa de fortalecimiento, es muy positivo. Hay redes federales, como el Grupo de Género y Hábitat, el Grupo de Arquitecturas, Urbanismos y Diseños Feministas¹⁰; hay recursos en red, ONG o grupos activos de mujeres en cada territorio. Las violencias en los espacios públicos no se resuelven con el urbanismo; sin embargo, sí hemos aprendido que la planificación urbana integrada (espacial, económica y medioambiental) puede colaborar en mejorar las condiciones materiales de los espacios públicos urbanos y, en este sentido, se hace necesaria la informatización que dé cuenta de las redes que conforman el territorio. (1) La red de vivienda (densificación y calidad, higiene); (2) la red verde y del agua accesible y universal, así como la protección del medioambiente; (3) la red de infraestructura y la interacción espacial; y (4) la red de trabajo y de vitalidad urbana. Todo ello transversalizado por géneros.

Las violencias que en la epidemia se han puesto en mayor evidencia, las desigualdades obscenas, resultantes de una cultura patriarcal y colonialidad que persiste, en los cuerpos racializados, empobrecidos, discriminados, que sesgan las vidas de mujeres, que buscan disciplinarlas y ordenar el curso de la vida de las mujeres, debilitar las resistencias. Décadas de neoliberalismo, de autoritarismos, de iglesias convirtiéndose en partidos políticos, centradas en demonizar los avances y derechos ganados por el feminismo.

A modo de cierre

Para quedarse en casa, hay que tener una casa. Para lavarse las manos con frecuencia, es necesario acceder al agua potable. Ambas condiciones no hacen parte de la realidad de buena parte de las mayorías. Por lo dicho en estas notas de reflexión, el análisis de la pandemia y cuánto afecta a las mujeres, demanda del marco del Derecho a la Ciudad de las Mujeres y del andamiaje en construcción del Urbanismo Feminista¹¹, que coloca a la desigualdad y a la diversidad en el centro de la agenda. Y no sólo es el urbanismo el que incorpora la dimensión de lo cotidiano, pone en valor la redistribución de las infraestructuras urbanas, de los equipamientos y otorga al atributo de la proximidad un alto valor. Al igual que a la no violencia, entre otros. El derecho de la ciudad, reclamado desde nuevas voces¹², resignifica el interrogante de la ciudad: ¿para quiénes? (^{Sassen, Pieterse et al., 2018}), poniendo énfasis en la omisión de las mujeres y la diversidad, la ciudad planificada y pensada en supuesta clave de neutralidad, que no es otra cuestión que el sesgo patriarcal que diluye identidades y sujetos de la política. El derecho a la ciudad de las mujeres y la diversidad es político, implica desnudar conflictos de poder, de dominación y subordinaciones, de omisiones que dan cuenta de construcciones patriarcales y coloniales agudizadas en la sociedad neoliberal de la dueñidad de bienes y personas (^{Segato, 2018}).

La pandemia encuentra lugar en un mundo con una nueva lógica de acumulación y también es resultado de esa nueva lógica de acumulación. ^{Svampa (2012})¹³ afirma que es el Consenso de los Commodities de fines del siglo XX que se agudiza en este XXI, de extractivismo de los bienes no renovables, de profundización de una dinámica de desposesión, con nuevas formas de dependencia y dominación. Predación de la naturaleza por un lado y por el otro predación de la vida urbana; y en este sentido, nuevos conceptos para nuevas condiciones, el de extractivismo urbano (Vásquez Duplat, 2017; ^{Reese, 2017}; Granero Realini, 2017), que interpelan la construcción neoliberal de la ciudad y cuánto ella, en su materialización, menoscaba los derechos ciudadanos. La misma matriz de saqueo en las ciudades, no como acciones aisladas, sino como resultado de la concentración resultante de las políticas neoliberales. Ese pillaje se expresa en desalojos, apropiación de tierras del Estado y privadas, gentrificación, abuso de alquileres, un conjunto de acciones que profundizan desigualdades, al decir de Saskia ^{Sassen (2015}): es el capitalismo avanzado y global de hoy que nos enfrenta a nuevas lógicas de expulsiones, donde personas, empresas, pueblos, son expulsados de sus lugares y del orden económico por un sistema de acumulación concentrado y que demanda de “formaciones predatorias”. David ^{Harvey (2004}), desde un análisis marxista, asevera que las dinámicas de especulación de todo tipo, en las ciudades, agudizan segregaciones y fragmentos de desigualdad, siendo central la especulación sobre el suelo urbano, la privatización de lo público, la gentrificación, producidas por desarrollistas en expansión sobre territorios rurales, o sobre las personas más pobres, desalojándolas.

En estos fenómenos concurrentes, es preciso mirar las desigualdades y diversidades de géneros. Vásquez Duplat (2017), desde el feminismo, pone en diálogo los fenómenos urbanos concretos en clave de extractivismo y desde un abordaje feminista cuestiona el modelo de mujeres sobre el cual se piensa las ciudades y el protagonismo creciente de sus resistencias. En el campo de las investigaciones de género en las arquitecturas, urbanismo y diseño¹⁴, se viene avanzando consistentemente para la inclusión de los sujetos omitidos de la planificación, apelando a la necesidad de deconstruir estereotipos estructurados desde el patriarcado colonialista y avanzar en evidenciar sujetos invisibilizados: mujeres y disidencias.

La convivencia en la ciudad para todas las personas se vincula con sus experiencias en los territorios en que les toca vivir y actuar; si bien hay avances, es mucho lo que falta y enorme la contradicción entre los enunciados de igualdad, democracia, no discriminación y derechos de las mujeres y diversidades que fueron adoptados en los consensos internacionales significativos, tales como, ODS, Agenda 2030 o Nueva Agenda Urbana (NUA 2016) y las realidades de la acción política de los Estados: es de deuda social para con las mujeres y géneros. Más aún cuando de los temas de la agenda urbana y de las injusticias territoriales se trata, esta intersección, si bien lleva décadas de trabajo pionero de algunas feministas en la región, aún siguen siendo deudas de las democracias latinoamericanas.

El supuesto de partida se reafirma, las mujeres siguen desestimadas y omitidas en las políticas, incluso con persistentes dificultades para que el conjunto social comprenda y haga suyas la dimensión de las desigualdades de género. Si bien las mujeres en las calles demandan sus derechos, en una resistencia de millones de voces, a una vida sin violencias, a decidir sobre sus cuerpos y al reconocimiento del trabajo doméstico y reproductivo social invisibilizado, aún no se logra incidir debidamente en decisores políticos y técnicos, en la dotación de presupuestos significativos, aún no se puede ver el significante de las mujeres como fuerza política cada vez más definida en sus derechos y, a la vez, en la importancia de la inclusión de género en las políticas.

A pesar de las dificultades que persisten, se ha ganado en legitimar el derecho ciudadano de las mujeres, el derecho a tener derechos (^{Arendt, 1993}) y numerosos estudios, así como nuevos temas, vienen consolidando una agenda de trabajo y de investigación. Se ha desarrollado una consistente producción del conocimiento, de herramientas y de capacidades para incidir en mejorar la calidad de la vida para las mujeres, en la calidad de vida urbana y últimamente muy en particular el impacto de la violencia, tanto la que viven como la que perciben en sus vidas urbanas¹⁵.

Los indicadores de éxito en tiempos pospandemia serán: avanzar en la transversalización de las políticas de géneros en las políticas públicas, en todas las políticas sectoriales; reducir las brechas de las desigualdades en el marco de la crisis de la pandemia y la crisis económica; que las políticas de género integren las políticas de los gobiernos locales, desde la comprensión de su integralidad.

Sin embargo, las resistencias y resiliencias en las emergencias y en las crisis empoderan a las mujeres, capaces siempre de transgredir temores y de transformar relaciones de poder establecidas.