EL ACUERDO MARCO-TRIPARTISMO EN EL CHILE DE LOS 90. REVISION DESDE UNA PERSPECTIVA HEMEROGRÁFICA*

 

por Julio González Candia** y Francisco Zapata Schaffeld***

* Artículo basado en la Investigación "El sindicalismo en las democracias post dictaduras".
** Doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Académico del departamento de Tecnologías Generales, Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile. Email: julio.gonzalez@usach.cl.
*** Doctor en Sociología, Universidad de París. Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. E-mail: zapata@colmex.mx.

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Resumen

El presente artículo pretende dar a conocer cómo se gestó y se comunicó a través de la prensa escrita el acuerdo marco entre el gobierno, trabajadores y empresarios en el caso chileno, en el inicio de la década de los 90. Para estos efectos, se utilizó una metodología basada en la perspectiva hemerográfica. Entre los principales hallazgos de la investigación, se pudo concluir que, si bien es cierto, hubo aspectos positivos tales como la capacidad de convocar a los actores y poder consensuar posiciones e intereses sobre algunas materias laborales, hubo también, aspectos negativos para laclase trabajadoray más particularmente, para el movimiento sindical. Adicionalmente, se releva que estudiar el acuerdo marco tripartito, permite construir una plataforma para hipotetizar y generar algunas proyecciones, respecto de la viabilidad política y económica para avanzar en el conjunto de reformas estructurales de la presidenta Michelle Bachelet, especialmente la referida al ámbito laboral.

Palabras clave acuerdo marco - Chile - gobierno - trabajadores - empresarios

Abstract

The present article tries to present how the agreement was planned and communicated across the written press. It focuses on the outline ofthe agreement between the government, workers and businessmen in the Chilean case, at the beginning ofthe decade ofthe 90s. On the basis of a methodology for organizing newspaper reports, it was possible to conclude that there were positive results such as the capacity to summon the actors and being able to agree on positions and interests on some labor matters. But, it also had negative aspects for the hard-working class and more particularly, for the union movement. Additionally, it is relevant to mention that to study the tripartite outline agreement, allows to construct a platform to hypothesize and to generate some projections, respect of the political and economic viability to advance in the set ofstructural reforms ofthe president Michelle Bachelet, specially recounted to the labor area.

Key words outline agreement - Chile - government - workers - businessmen

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I. Introducción: nuevo escenario político-económico y sindicalismo post dictadura

En Chile se ha presentado recientemente un nuevo proyecto de reforma laboral¹ en donde entre otros aspectos el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet propone al país: el término del reemplazo en huelga, la ampliación de la cobertura de negociación colectiva, titularidad sindical en la negociación colectiva y el fortalecimiento de los derechos de la mujer trabajadora. Con la presentación de este proyecto de ley el pasado 29 de diciembre de 2014, el Congreso y la sociedad volverán a analizar y discutir, una reforma que como ha dicho la mandataria, "moderniza el sistema de relaciones laborales (...) saldando una deuda que teníamos con los trabajadores y trabajadoras de Chile"². En este proyecto, se aprecia un fortalecimiento para el sindicalismo chileno y la clase trabajadora³. No obstante, y aun cuando el proyecto ha ido avanzando en el trámite parlamentario⁴, se visualizan tensiones y aparecen nuevamente fantasmas de un pasado reciente. Con la vuelta a la democracia en el año 1990, el gobierno del entonces presidente Patricio Aylwin Azócar, promovió un "Acuerdo marco nacional tripartito", entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Durante todo ese proceso, las presiones del empresariado, la relativa autonomía de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la frágil estabilidad política marcaron el desarrollo de los acontecimientos. Aunque respecto del nuevo proyecto de reforma laboral de la presidenta Michelle Bachelet, aún no tenemos certeza de cómo va a terminar, si podemos hipotetizar las tensiones que estarán en juego en el corto plazo. Resulta interesante mirar la historia reciente y apreciar cómo el devenir del "Acuerdo marco nacional tripartito" nos puede dar luces en relación a los aspectos críticos que este tipo de iniciativas deben sortear para poder llegar no solamente a un buen puerto o final, sino a un puerto que fortalezca efectivamente a las trabajadoras y trabajadores, al sindicalismo y que consolide las bases de un sistema de relaciones laborales más simétrico en un país de profundas desigualdades⁵. Es importante también señalar, que el Acuerdo marco nacional tripartito se desarrolló en Chile en un contexto bastante especial en los ámbitos de reformas neoliberales, rol de los partidos políticos y las limitaciones constitucionales heredadas de la dictadura.

El neoliberalismo tuvo su origen en las ideas que fueron llevadas a la práctica por Margaret Thatcher en Inglaterra y por Ronald Reagan en los Estados Unidos, fueron implementadas en América Latina fundamentalmente a través de lo que se llamó el "Consenso de Washington", el cual estuvo basado -según Paul Davidson (2003)- en tres grandes ideas: disciplina macroeconómica, economía de mercado y apertura al mundo. El "consenso" se elaboró para encontrar soluciones útiles sobre la forma de afrontar en la región la crisis de la deuda externa, y establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica⁶. Chile, no fue la excepción y según Tomás Moulián, el gobierno militar concibe un proyecto universalista o universalizable denominado "revolución capitalista por mediación", el cual realiza bajo un régimen de poder sin contrabalance, sin competencia política y con represión. Su objetivo general fue la restauración del capitalismo, pero no de cualquier capitalismo, sino de un tipo diferente al existente en Chile en 1973. Se realiza un cambio estructural del desarrollo capitalista, se provoca un pasaje desde ese desarrollo capitalista mercantilista, por llamarlo así -con fuerte poder e intervención estatal- un régimen mercantilista y mercado-internista, a un nuevo tipo de desarrollo capitalista de mercado con apertura al exterior, con internacionalización del capital y fuerte orientación exportadora (Moulián 1998)⁷. Cabe mencionar, según Ricardo Ffrench-Davis y Óscar Muñoz, que este fue el Chile con estrategia neoliberal⁸ que recibió la novel democracia liderada por el primer presidente post dictadura, nos referimos a Patricio Aylwin Azócar. Señalar además, que gran parte de las directrices emanadas del Consenso de Washington se mantuvieron o se profundizaron en los gobiernos post dictadura. Más concretamente, y haciendo referencia a las propuestas de gobierno tanto de Hernán Büchi como de Patricio Aylwin⁹, se puede apreciar -en la perspectiva de Óscar Muñoz y Carmen Celedón- que al evaluar comparativamente sus planteamientos de políticas económicas y sociales se apreciaba convergencia en una serie de aspectos sustantivos¹⁰ (Muñoz y Celedón 1993). No obstante, y según los mismos autores, había diferencias en el enfoque de la política social y de la institucionalidad laboral por parte del candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Por parte de los partidos políticos, señalar que con el retorno a la democracia el rol de éstos se vio bastante limitado por las características estructurales de la "nueva democracia". Muy relacionado con lo anteriormente expuesto, la idea de que la sociedad chilena había pagado costos sociales "muy altos" durante la dictadura fue parte del diagnóstico de la Concertación y su propuesta programática, sin embargo, lo que se hizo finalmente, fue diseñar una "estrategia social muy cuidadosa que fuera consistente con una política de equilibrios macroeconómicos" (Muñoz y Celedón 1993:89). De esta forma y desde el diseño mismo de los objetivos programáticos, se podía advertir un importante nivel de "moderación y contención de demandas" por parte de los actores políticos, en este caso de la coalición triunfadora en las elecciones presidenciales de 1989. Para qué hablar de los partidos de derecha -la UDI y RN¹¹-, quienes desde sus inicios han defendido a ultranza el modelo de desarrollo neoliberal así como cualquier otra posibilidad de profundizar la democracia y la participación efectiva de la ciudadanía. Anticipadamente ya lo había anunciado Paul W. Drake, ".. .los partidos de derecha y, especialmente de izquierda, se han ubicado más en el centro del espectro político, algunas veces con la denominación de social demócratas" (Drake 1985: 124). Derivado de lo anterior, dos aspectos que estuvieron presentes en todo el período fueron moderación ideológica y práctica para los partidos políticos del ala progresista y dadas las restricciones constitucionales, necesidad de "lograr acuerdos" de manera permanente con la derecha, principalmente con los parlamentarios asociados a los dos partidos políticos anteriormente citados.

En relación a las limitantes constitucionales, podemos señalar que la dictadura heredó al gobierno de Aylwin un conjunto de disposiciones legales y normativas que hicieron en la práctica que la novel democracia fuera calificada como "protegida", "incompleta"¹² o "imperfecta". Manuel Antonio Garretón y Roberto Garretón¹³ profundizando en esta condición, han sostenido que "los términos de esa Constitución y el sistema electoral por ella diseñado, que difícilmente podrían ser llamados democráticos incluso cuando las elecciones sean formalmente libres, limpias y exentas de fraude, impiden que la Constitución sea modificada en aquello que los partidarios de la dictadura consideran contrario a sus intereses. En los términos de los artículos 1 común a los dos Pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el pueblo chileno no ha recuperado 'su derecho de libre determinación', en cuya virtud los pueblos 'establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural'. En otras palabras, no existe en Chile un consenso constitucional básico" (Garretón y Garretón 2010: 145). Respecto de la necesidad de acuerdos y el virtual y permanente "empate" entre las fuerzas políticas, los autores han señalado que "el sistema electoral establecido en la Constitución consagra un empate entre la primera minoría y la mayoría, dándole a la primera, que es la derecha constituida bajo la dictadura, un poder de veto sobre todas aquellas cuestiones que permitan romper con el modelo institucional, económico y social heredado, además de excluir la posibilidad de una tercera fuerza distinta a los bloques de gobierno y oposición. Este empate político se reproduce en todas las instituciones cuyos miembros son nombrados o propuestos por el Senado" (Garretón y Garretón 2010:145). Además de las limitantes "constitucionales" antes referidas, debemos también hacer mención a la presencia "relevante" del general Pinochet durante el período en estudio. Óscar Godoy, en un trabajo que abordó la transición, planteó que "nuestro régimen político está intervenido por la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de toma de decisiones políticas. Ello, como es sabido, supone una fuerte autonomía militar respecto de la autoridad civil y la existencia de 'enclaves autoritarios'¹⁴ en la Constitución, las instituciones y las prácticas políticas del país. En definitiva, no existe en Chile un pleno control civil sobre los militares" (Godoy 1999: 83-84). De esta forma, podemos apreciar, que el Chile neoliberal, los partidos políticos "moderados en su ideología y en sus prácticas" y el constreñimiento¹⁵ constitucional fueron el escenario en el cual se diseñó y desarrolló el Acuerdo Marco Tripartito, al que pronto nos vamos a referir en mayor profundidad.

El sindicalismo chileno volvió a emerger en los gobiernos post dictatoriales con una fuerte legitimidad social derivada de su activo rol como opositor en las movilizaciones sociales de la década de los 80 contra el régimen militar de Augusto Pinochet, pero también con una serie de tensiones y dificultades, tales como una disminuida tasa de sindicalización y una presencia marginal en los procesos de negociación colectiva, reducidos al nivel de la empresa, con muy escasas excepciones. Estas dificultades con las que el sindicalismo se vuelve a reinsertar en los espacios de diálogo e influencia no son una casualidad o fruto de algún hecho fortuito o aleatorio, recordemos que durante la dictadura el movimiento sindical fue proscrito, reprimido y perseguido severamente. En el decir de Olga Poblete (1982), fue "arrasado" durante la dictadura militar¹⁶. Los sindicatos para el gobierno militar de una u otra forma eran un símbolo de todos aquellos valores con los cuales el gobierno militar no quería verse representado, esto es al menos; participación, solidaridad, relevancia del factor trabajo por sobre el capital, fortalecimiento del tejido social, por nombrar sólo algunos¹⁷. También y como los sindicatos son uno de los principales actores del sistema de relaciones laborales, suelen ser el foco del ataque autoritario, especialmente, cuando quienes detentan el poder no le interesa y por ende, no propician el considerar a los actores sociales que pudieran "cuestionar" su legitimidad.

Por otra parte, y en la mirada de Samuel Valenzuela, para un régimen dictatorial las decisiones de política laboral son de las más "espinudas" dado que deben tratar de generar los espacios necesarios para que los trabajadores puedan plantear sus reivindicaciones más inmediatas y comprometerse con la producción, incluso con la productividad. Pero por otro lado, según Valenzuela, "ese espacio debe estar suficientemente limitado para que no llegue a convertirse en una plataforma desde donde se pueda desafiar políticamente al régimen" (Valenzuela 1986: 123). Con la llegada al gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, integrada por una coalición de cristianodemócratas y socialistas, muy ligada a la reconstituida Central Unitaria de Trabajadores, dirigida hasta 1997 por el cristianodemócrata Manuel Bustos y desde entonces por el socialista Arturo Martínez¹⁸, implicó que el sindicalismo pudiera retomar un rol activo en el diálogo social y en especial, en la discusión periódica con el primer gobierno de la transición sobre el salario mínimo nacional y las asignaciones familiares y sobre la negociación salarial del sector público. El volver a tener un rol en las instancias decisionales del país asociadas a temáticas de índole laboral le permitió al sindicalismo recuperar su rol de actor social con todas las debilidades antes señaladas, pero también con un potencial que se vería pronto enfrentado a diversas y fuertes tensiones relacionadas con la política y etapa de transición del período, el rol e influencia del empresariado y la situación económica del país. Tal como lo señalaríamos en otro artículo reciente, "con la vuelta a la democracia, el movimiento sindical recuperó su capacidad de participar, organizar y negociar libremente, aunque dentro de los límites de una economía dedicada al mercado y un sistema político orientado a la estabilidad y protección del mismo sistema" (González y Zapata 2014: 36).

Para comprender con quién interactuaba de manera preferente el movimiento sindical antes del golpe de Estado de 1973, habría que señalar que éste se relacionaba directamente con el Estado y el parlamento a quienes demandaba por mejorar sus condiciones laborales. Eugenio Díaz-Corvalán ha señalado que en el pasado, el sindicalismo obtuvo la mayor parte de sus logros y conquistas demandando al Estado. El gobierno y el parlamento eran sus interlocutores privilegiados mientras que las relaciones con los empresarios eran de confrontación abierta. Según el autor, era el Estado quien resultaba ser el mediador que dirimía conflictos no resueltos por las partes, generalmente a petición del movimiento sindical y casi siempre decidiendo a favor de los trabajadores. Para Díaz-Corvalán, "esta tendencia de acción correspondía al tipo de proyecto histórico que desarrolló el sindicalismo en el período pre-73, que ponía el centro en la conquista del poder político; y al tipo de Estado prevaleciente en la época" (Díaz-Corvalán 1993: 116). Esto que en una primera lectura podría parecernos como "una relación instrumental adecuada a los fines y medios de la época" tenía también algunas externalidades negativas debido a que esta máxima relación con el Estado generaba a su vez dependencia y falta de autonomía. Valor este último, que el moviendo obrero ha defendido con bastante energía en diferentes momentos históricos y por el cual en diversas instancias también se le ha criticado duramente. El mismo autor ha planteado, que si la interacción preferente o la apelación central es al Estado, resulta inevitable una dependencia de éste y, a su vez, de los partidos políticos. Díaz-Corvalán ha propuesto que algo mejor es la acción diversificada. Así ha sostenido que, "una acción diversificada, que se dirige al Estado y directamente al empresariado según los casos, genera condiciones para el desarrollo de un sindicalismo con mayor autonomía y más centrado en su fuerza propia" (Díaz-Corvalán 1993: 118). En el caso de la participación del sindicalismo en el Acuerdo marco a inicios del gobierno de Aylwin, se dio algo de esto último, debido a que el movimiento sindical -a través de la CUT- dialogó y negoció tanto con el gobierno como con los empresarios a través de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Sabemos que durante la dictadura militar los trabajadores y por ende, el sindicalismo chileno padecieron todas las consecuencias negativas que un gobierno autoritario podía ejercer: represión, asesinatos, redefinición de la ley y normativa como por ejemplo, la implementación del ya citado plan laboral, etc. Con la vuelta a la democracia, el sindicalismo empieza a adquirir nuevas características o perfil -en la perspectiva de Víctor Ulloa- quien ha señalado que se empieza a perfilar un nuevo tipo de sindicalismo marcado por la descentralización y diversificación de la estructura sindical, manteniendo su articulación a nivel de base, rama y a nivel nacional. Ulloa lo relaciona también con el modelo económico y sus consecuencias al sostener que "los cambios ocurridos en el modelo económico y su traslado a la fuerza de trabajo y a la afiliación sindical, lo que hace que entre 1980 y 1990, disminuya el número de obreros y aumente el número de empleados, fundamentalmente en el área de servicios y ventas" (Ulloa 2003: 16).

Para comprender más adecuadamente cómo se relacionó el sindicalismo chileno con el primer gobierno post dictadura chileno de Patricio Aylwin Azócar, analizaremos el emblemático "Acuerdo marco nacional", firmado entre empresarios, trabajadores y el gobierno, considerando metodológicamente para ello, una perspectiva hemerográfica. Señalar también que se decidió investigar los alcances de este acuerdo dada su importancia, considerando que fue un hito casi pionero en el contexto latinoamericano¹⁹, donde prácticamente, no existían antecedentes de diálogo social tripartito y, su implementación, sería sin duda un referente clave para el proceso de transición que se estaba desarrollando en el país.

II. Antecedentes metodológicos

Respecto del tipo de estudio, podemos señalar que esta investigación tuvo el carácter de estudio sociológico e histórico, utilizando para ello una perspectiva metodológica centrada en la comprensión de los procesos. Para Neil Salkind (1999) entender la naturaleza histórica de un fenómeno es a menudo tan importante como entender el fenómeno mismo. ¿Por qué se pregunta el autor?, la respuesta está dada por "la sencilla razón de que no podemos evaluar ni apreciar plenamente los avances logrados en la ciencia sin entender un poco el 'contexto' dentro del cual tuvieron lugar tales avances" o se desarrollaron determinados eventos que influyeron de una u otra forma en la problemática a ser estudiada.

En relación al enfoque metodológico, podemos señalar que si bien es cierto, la investigación completa fue desarrollada con un enfoque metodológico mixto, considerando tanto la perspectiva cuantitativa como cualitativa. Para abordar el apartado relacionado con el "Acuerdo marco" en Chile, se utilizó la investigación histórica-documental del subtipo hemerográfica con un marcado enfoque cualitativo. Conscientes de las limitaciones metodológicas de esta opción, se fortaleció el estudio con un mayor análisis y exposición de perspectivas teóricas asociadas al tema en investigación.

Respecto a la recolección de datos, señalar que la principal técnica utilizada fueron las entrevistas semiestructuradas realizadas a personeros que se desempeñaron en el gobierno de la época, dirigentes sindicales de nivel nacional y académicos expertos en temas de relaciones laborales²⁰. Ahora bien desde la perspectiva histórica-documental, más específicamente del tipo hemerográfico, podemos describir este proceso en el Cuadro 1.

En relación al criterio con el cual se seleccionó a los diarios nacionales y el período de tiempo a analizar podemos señalar que se definió considerar tres periódicos de circulación nacional: El Mercurio, La Tercera y La Epoca. De una u otra forma, estos tres diarios representaban -desde el punto de vista de los medios de comunicación- la derecha, el centro y la izquierda moderada de este país²¹. Tal como se señaló anteriormente, el período de tiempo estudiado fue entre los meses de marzo a agosto de 1990²².

Respecto de las limitantes de la investigación, podemos señalar que las podemos dividir en dos grandes grupos: a) limitantes propias del tipo de investigación. Una primera limitante que es propia de los estudios del tipo sociológico e histórico. Nos referimos y considerando que la disponibilidad de los actores, las distintas fuentes y por ende, los datos siempre está limitada por factores que no están bajo el control de investigador, la generalización o proyección de los hallazgos y/o resultados será también limitada. No obstante, defendemos la opción y estrategia metodológica utilizada considerando que fue adecuada a los fines y propósitos definidos desde un inicio. Una segunda limitante, estuvo relacionada con la opción metodológica utilizada, que si bien releva o destaca el "rol de los actores", deja de lado aspectos más estructurales vinculados a dimensiones políticas, económicas o sociales más amplias que influyen significativamente en el comportamiento de estos mismos actores. Y b) limitantes de recursos asociados al desarrollo de la investigación. Aquí podemos mencionar tres factores que fueron importantes; el tiempo, los recursos económicos y el acceso a los sujetos y las diversas fuentes que integraron la muestra relacionada con la realización de las entrevistas y el estudio hemerográfico de referencia.

III. Durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994)

Dos factores podrían considerarse como claves y que estuvieron presentes durante todo este primer período en relación al primer gobierno post dictadura y al sindicalismo. Primero, la necesidad de generar y resguardar la estabilidad política con el término de la dictadura militar y segundo, otorgar determinadas condiciones al movimiento sindical para que volviera a emerger en la escena nacional como un actor social relevante. Estos dos factores comienzan a desarrollarse con el término del gobierno dictatorial del general Augusto Pinochet en los inicios del año 1990, lo que a su vez, se traduce también en la apertura oficial de espacios importantes para la acción social. En el caso del sindicalismo y según Campero (2000) y Drake (2003), uno de los efectos más significativos se manifestó en el rápido crecimiento de la afiliación durante los tres primeros años del gobierno democrático, aunque prosiguió la tendencia a disminuir el tamaño promedio de los sindicatos²³. De esta forma, y sólo en la primera parte del gobierno de Aylwin se dio un fortalecimiento en el movimiento sindical, probablemente muy vinculado al nuevo contexto político y social donde sería la democracia (por muy incompleta que esta haya sido) y no el autoritarismo, el que iba a prevalecer en el país y en donde además, hubo acciones directas favorables por parte del entonces presidente de la república hacia el mundo sindical.

Esto último fue reconocido casi unánimemente en las entrevistas realizadas en la fase de campo de la investigación. A modo de ejemplo, un alto dirigente de una de las centrales chilenas señaló: ".. .se logró en una buena medida el reposicionarnos como actores sociales (...) él²⁴ siempre estaba preocupado de los trabajadores."

Por otra parte, otra alta autoridad del Ministerio del Trabajo de la época señaló: "... nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por dignificar al movimiento sindical, por transformarlo en un actor y protagonista de la vida nacional. No hay que olvidar que fue nuestro gobierno el que inició el diálogo y la búsqueda de acuerdos con la CUT para fijar el salario mínimo (.) Comprenderás que ese cambio de escenario, desde una conducta autoritaria que los tuvo presos, que los mandó al exilio (...) y transformarlos en actores relevantes, es un quiebre muy significativo..."

En esta etapa y según Guillermo Campero (2000), tres líneas de acción caracterizaron la estrategia del sindicalismo en Chile: concertación social, reformas legales y participación en las decisiones nacionales. Respecto del primer factor, se debe señalar que las políticas destinadas al fortalecimiento de alianzas sociales tuvieron como propósito establecer el marco general para abordar el tema laboral al iniciarse el primer gobierno democrático después de 17 años de dictadura. Como el ejemplo más emblemático, podemos mencionar la suscripción del "Acuerdo marco nacional tripartito", firmado en mayo de 1990 entre empresarios, trabajadores y el gobierno de Patricio Aylwin Azócar. Dada la importancia de este acuerdo y considerando que abordarlo, es uno de los objetivos específicos de la presente investigación, dedicaremos el próximo apartado a este cometido.

IV. El Acuerdo marco desde una perspectiva hemerográfica

Considerando como documentos de base o fuentes primarias de donde se recolectó la información y las noticias relacionadas con el Acuerdo marco en los diarios La Tercera, El Mercurio y La Epoca, entre los meses de marzo a agosto de 1990²⁵, vamos a organizar este apartado en cinco ejes. Éstos son: los temas generales que fueron abordados en las 106²⁶ noticias directamente relacionadas con el acuerdo, los contenidos de las noticias a favor y en contra del acuerdo marco, las principales tensiones detectadas en el proceso y un comentario integrador a modo de cierre de esta sección. De esta forma tenemos:

A) Respecto de los temas abordados en las noticias sobre el Acuerdo marco, podemos decir, que éstas en términos generales, abordaron los siguientes tópicos:

. Valoración del Acuerdo marco como instancia de diálogo y concertación social entre empresarios, trabajadores y el gobierno.

. Críticas al Acuerdo marco provenientes, principalmente, de los sectores más polarizados del espectro político.

. Tensiones en la generación y desarrollo del Acuerdo marco.

. Relaciones CUT - gobierno.

. Relaciones empresariado - gobierno.

. Relaciones CUT - empresarios.

. Opiniones de los distintos actores sociales y/o políticos sobre el Acuerdo marco.

B) Respecto de los contenidos de las noticias a favor del Acuerdo marco:

Podemos señalar que varios fueron los argumentos y/o razones que se comunicaron a la opinión pública favorablemente respecto del mencionado acuerdo. Éstas iban desde "incrementar el desarrollo del país", "la capacidad de convocar a los actores" y temas más de fondo, que estaban tras el acuerdo tripartito tales como "justicia social, estabilidad, crecimiento, progreso" e incluso, "por la paz de nuestra nación". En el Cuadro 2 se presentan resumidamente los principales argumentos a favor del Acuerdo marco nacional y cuáles de los diarios analizados dieron cuenta explícita de ello.

Respecto de algunas opiniones de los actores representativas²⁷ de la categorización antes expuesta, podemos exponer:

. "El Acuerdo marco entre trabajadores, empresarios y gobierno significa, en primer término, el surgimiento de un nuevo espíritu en las relaciones entre trabajadores y empresarios, la búsqueda de acuerdos, en vez de la confrontación (...) Impulsaremos todas estas reformas laborales, para obtener relaciones de trabajo justas y equilibradas. No queremos imponer las reglas. Queremos que sean, en lo posible, fruto de acuerdos equitativos entre las partes interesadas. Pero si tales acuerdos no se produjeran, el gobierno no faltará a su deber de proponer al Congreso los proyectos de ley que considere de justicia para modificar la legislación laboral y sindical, a fin de que se haga un reconocimiento efectivo de los derechos de los trabajadores". Presidente Aylwin, "Surge un nuevo clima de relaciones laborales", diario La Tercera, 2/5/1990.

. "El consenso alcanzado facilita la búsqueda de acuerdos directos entre trabajadores y empresarios. El futuro -concluyó- pertenece no a las confrontaciones sino a los acuerdos". Manuel Feliú, Confederación de la Producción y el Comercio, diario La Tercera, 17/6/1990.

. "Coincidimos en la importancia de reafirmar el clima de cooperación y acuerdos que ha caracterizado el advenimiento de la democracia en Chile, y concordamos en que la iniciativa del presidente de la República de buscar un Acuerdo marco en materias económico-laborales constituye una contribución de especial importancia para consolidar dicho proceso, que privilegia los consensos por sobre las diferencias, la cooperación por sobre la confrontación, y el interés nacional por sobre los legítimos intereses sectoriales o particulares". Alejandro Foxley, ministro de Hacienda, diario La Tercera, 22/3/1990.

. "Más que mejoras a las leyes laborales tenemos que hacer reformas profundas en nosotros mismos, para deponer odios, sectarismos, restañar heridas y mirar con optimismo hacia el siglo XXI. Propiciar una mayor productividad en base al respeto mutuo entre empresarios y trabajadores". Eduardo Loyola, subsecretario del Trabajo, diario El Mercurio, 1/4/1990.

. "El Acuerdo es un hito histórico en Chile. Creo que es un acuerdo de mucha trascendencia y que es el inicio del fin de viejos esquemas de relaciones entre centrales sindicales, empresariales, y el gobierno. Es una forma nueva de relaciones que abren muchas expectativas para el movimiento sindical y para el conjunto del país". René Cortázar, ministro del Trabajo y Previsión Social, diario La Epoca, 2/5/1990.

. "El Acuerdo marco firmado entre trabajadores, gobierno y empresarios, en días pasados constituye una experiencia inédita en Chile, que busca cambiar sustancialmente el tipo de relaciones, especialmente confrontacionales, que existieron en el país entre estos actores sociales. Tal experiencia sólo es posible ante el cambio político que vivimos desde el 11 de marzo de 1990". Manuel Bustos, presidente de la CUT, diario La Epoca, 27/5/1990.

C) Respecto de los contenidos de las noticias en contra del Acuerdo marco:

En este caso, variadas fueron también las críticas que recibió la firma del Acuerdo entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Estas se plantearon en los medios de comunicación destacando la "campaña del terror para evitar el acuerdo con los trabajadores", pasando por "las consecuencias inevitables en la empresa y en las inversiones", hasta que los principales puntos del acuerdo "fueron cesiones de la cúpula de la CUT" y que se gestó de "espalda a los trabajadores". En el Cuadro 3 se presentan resumidamente los principales argumentos en contra del Acuerdo marco nacional comunicados por los tres diarios analizados y cuáles de estos mismos medios dieron cuenta explícita de ello.

Algunas opiniones de los actores más representativas:

. "Hay una verdadera campaña del terror provocada por asesores continuistas del empresariado, para que éste no llegue a acuerdos con los trabajadores en materia de reformas laborales. Agregó que los amedrentan y les dicen que la economía nacional caerá si se aprueban los cambios". Manuel Bustos, presidente de la CUT, diario La Tercera, 21/4/1990.

. "La remuneración justa es la que corresponde al aporte que un trabajador - o grupo de trabajadores- realiza a la productividad de la empresa en que labora. Si se configuran esquemas que permitan subir artificialmente los sueldos más allá de eso, las consecuencias son inevitables". Senador Jaime Guzmán, Punto Clave del debate laboral, diario La Tercera, 20/4/1990.

. "No se consultó a las bases de la CUT", según los comunistas, (diario La Tercera, 29/4/1990) y se "hizo de espaldas a los trabajadores", según Manuel Ahumada de la Confederación Gastronómica (diario La Tercera, 5/5/1990).

. "Dicho acuerdo es inconstitucional y se quejó que una vez más la derecha ha impuesto condiciones de desigualdad en contra de los trabajadores. La CUT está luchando por la devolución de un derecho para todos, de la indemnización por años de servicio por despido por voluntad de la empresa, sin tope, que existía antes del Decreto-Ley 2.200 dictado por el gobierno militar, para dar ventaja a los empresarios que eran aliados de ese régimen". Manuel Bustos, presidente de la CUT, diario La Tercera, 16/8/1990.

. "Diálogo de empresarios con la CUT es (sólo) bipartito", aclaró Manuel Feliú. El presidente de la CPC aseguró que "el Ministro del Trabajo le garantizó que el gobierno no busca intervenir en las conversaciones existentes" (Diario El Mercurio, 20/3/1990).

. "(El) convenio entre empresarios y trabajadores representa una muy buena defensa de la libre empresa". Agregó que en el mensaje del presidente Aylwin lo "dedicó a pedir paciencia y mayores sacrificios" y "que en sus expresiones trata de defender y justificar la conducta claudicante de algunos dirigentes de la CUT". Eduardo Ríos, presidente de la Central Democrática de Trabajadores (facción Ríos), diario El Mercurio, 2/5/1990.

. "Ajustes y reformas pueden afectar a las empresas. Lamentó que innovaciones deban producirse en momentos dificultosos para las empresas privadas". Manuel Feliú, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, diario El Mercurio, 3/5/1990.

D) Respecto de las principales tensiones detectadas:

Cabe mencionar, que más allá de los argumentos a favor y en contra, durante todo el proceso que se gestó y se desarrolló inicialmente el Acuerdo marco nacional, se pudieron visualizar diferentes tensiones que el mismo Acuerdo generaba en la opinión pública. Algunas de ellas fueron "visibilizadas y/o transparentadas" por los distintos actores -especialmente por los representantes de la CUT y de la CPC- otras, "quedaban dando vuelta" en el ir y venir de opiniones desde las distintas posiciones ideológicas que en ese tiempo se daban en la arena política de Chile. Considerando -a modo de síntesis- los tres diarios, podemos señalar las principales tensiones en el Cuadro 4.

Para Volker Frank, en este Acuerdo marco, celebrado entre el gobierno, la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) -representante del sector empresarial- se reivindicó el diálogo como principio fundamental de la acción política al tiempo que se expresaba el deseo de "fundar inéditas relaciones industriales" (Frank 1994:581-582). Según este autor, durante todo el primer mandato de Patricio Aylwin, el gobierno, la CPC y la CUT se reunieron cada abril para suscribir el Acuerdo marco en el cual se establecieron acuerdos específicos, como el salario mínimo y las asignaciones familiares²⁸, y a la vez confirmaron su compromiso de profundizar la concertación social. El autor subraya el comportamiento del sindicalismo durante el período al plantear que éste tuvo "una importante función explicativa en la construcción del nuevo consenso entre empresarios y trabajadores. En este sentido, el sindicalismo chileno ha hecho una gran contribución para la estabilidad política del primer régimen democrático después de un largo tiempo de autoritarismo" (Frank 1994: 582-583). En otro artículo posterior de Frank (2002a), destacó que las estrategias del movimiento obrero hayan sido cuidadosas respuestas que consideraban las condiciones históricas, políticas, y económicas de aquél entonces. Si bien es cierto, la recolección de datos hemerográficos valida la contribución del sindicalismo chileno en esta etapa de transición, esa misma contribución mirada desde otro punto de vista, fue objeto de críticas de otros sectores internos de la CUT como el partido comunista y la directiva de la central democrática de trabajadores.

Como ya lo habíamos planteado y según Guillermo Campero, en Chile -a diferencia de otros países de América Latina, como por ejemplo Uruguay- no existían antecedentes de diálogo social tripartito y, su implementación, sería sin duda un referente clave para el proceso de transición. Su impacto estaría dado según Campero en que, "fortalecería la legitimidad de políticas orientadas a superar los disensos sobre el orden sociopolítico y económico en una sociedad todavía muy polarizada, precisamente porque involucraba a dos sectores con mayor historia de confrontación. Los partidos políticos de la coalición de gobierno y los de oposición en lo fundamental abrieron espacio para esta iniciativa" (Campero 2007: 11). Lo anterior, era una manifestación no sólo de la nula tradición en Chile de diálogo tripartito, sino también expresión del frágil equilibrio entre consensos y disensos acerca de cómo configurar el orden político y económico social en este período inicial de la transición. Campero remarca y/o subraya, "el carácter estratégico que tuvo la decisión de construir con gradualidad y atención a esos equilibrios las agendas de la transición, de las cuales, una fundamental era la de las instituciones laborales" (Campero 2007: 15). No obstante, la perspectiva de Guillermo Campero recién expuesta, los autores de este artículo -también en base a la recolección de datos de esta sección- considera que si bien es cierto, se pudo apreciar una cierta estrategia de construcción en gradualidad por parte del gobierno de Aylwin, especialmente para preservar el delicado equilibrio entre los distintos actores (políticos, militares y empresariales) durante esta etapa de transición, esta estrategia no fue conveniente para el movimiento sindical, tanto en esos años, como tampoco en perspectiva, dado que sentó las bases -ahora en democracia- de relaciones asimétricas entre el capital y el trabajo chileno. De una u otra forma, se legitimó un modelo heredado desde la dictadura con el plan laboral, modelo que sigue vigente en Chile. Volker Frank (2002a) y Paul Buchanan (2006) avalan este planteamiento. Frank ha planteado, además, que el modelo económico chileno ha estado firmemente arraigado en el campo neoliberal. Esto también es avalado por Paul Buchanan (2006), así ambos han sostenido que las reformas autoritarias al trabajo fueron mantenidas después de la restauración de la democracia, independientemente del partido gobernante. Se pudo haber hecho más, especialmente en suprimir o eliminar los aspectos constitutivos del plan laboral que atentaron y en gran medida, lo siguen haciendo contra la clase trabajadora. Se pudo haber aprovechado la oleada democratizante del fin del gobierno militar, el gobierno pudo haber tomado las decisiones que dijo que iba a tomar si no llegaban a acuerdo los empresarios y los trabajadores. Recordemos que en aquellos días, el mismo presidente Patricio Aylwin señaló: "El gobierno no rehuirá su deber de tomar las decisiones que crea más adecuada para compatibilizar esos factores si los empresarios y trabajadores no llegan a acuerdo". Afirmó que "no sacaríamos nada con reajustar, en términos que parecieran ampliamente satisfactorios para todos, las remuneraciones, asignaciones y pensiones, si como consecuencia de ello pudiera desatarse un proceso inflacionario como el que han vivido nuestras naciones hermanas" (Diario El Mercurio, 21/4/1990).

En esta misma vereda crítica, es necesario señalar en que no toda la comunidad académica e intelectual apreció de la misma forma los logros de los acuerdos marcos. Citamos nuevamente a Eugenio Díaz-Corvalán y como una crítica a este Acuerdo marco, ha planteado que el proceso de concertación no tuvo un avance significativo dado que no hubo un proceso de diálogo permanente. Según el autor lo que se dio fueron "más bien relaciones esporádicas, fundamentalmente entre las direcciones superiores de la CUT y de la CPC. Pero éste no se ha expresado (no se expresó) en un conjunto de acuerdos concretos, ni se ha difundido ampliamente entre las bases de ambas organizaciones" (Díaz-Corvalán 1993: 119).

Uno de los entrevistados, un alto dirigente de una de las centrales de trabajadores a propósito de los acuerdos y los gobiernos post dictadura, señaló crítica y duramente en la entrevista: ".. .el movimiento sindical fue engrupido, engañado por el sistema y se le hizo sentir (un) actor importante del desarrollo del país, de la política de acuerdos. Un movimiento sindical que había luchado y combatido en la dictadura (...) es transformado en actor. Los dirigentes sindicales se olvidaron que los trabajadores seguían siendo explotados, que las leyes que los regían no iban a ser solucionadas."

Si bien es cierto, tanto la crítica del autor como la opinión del dirigente de nivel nacional, nos pueden parecer plausibles, no podemos dejar de desconocer un mérito que si tuvo el Acuerdo nacional tripartito. Este estuvo relacionado con que su gestación se dio después de una dictadura que había enfrentado electoralmente a los distintos actores del país. Indagando en las razones del por qué no se dio el proceso de diálogo permanente al cual hacía referencia Díaz-Corvalán. Podemos señalar -en la mirada de Paul Drake- que los empresarios mantuvieron su superioridad sobre los sindicatos, los trabajadores, sus derechos, sus demandas y sus ingresos, especialmente en las pequeñas empresas. Drake agrega que "los esfuerzos nacionales para construir una concertación social sobre la política económica entre el gobierno, los sindicatos y los capitalistas tuvieron algunos éxitos preliminares, pero no duraron ni lograron mucho, básicamente, por razón de la resistencia del empresariado" (Drake 2003: 154). Habría que agregar a lo señalado por Drake, que no sólo fue el empresariado el que se resistió o se opuso a avanzar más en la construcción de relaciones laborales más igualitarias, también estuvieron de su lado con mucha fuerza y energía, los partidos políticos que los representan, nos referimos a Renovación Nacional (RN) y más especialmente, a la Unión Demócrata Independiente (UDI). Esto no nos debiera extrañar, las alianzas entre el empresariado y la derecha económica y política tienen larga data. Lo complejo, fue que también los partidos que han estado cerca históricamente a los trabajadores, como el socialista, el radical y parte de la democracia cristiana, al "moderar su ideología y prácticas", contribuyeron a la obtención de los resultados que ya conocemos. Recordar lo planteado en la introducción del artículo, en cuanto a que el Chile post dictadura tenía ya instalado el neoliberalismo y sus directrices prácticamente en todas las esferas del quehacer nacional, existían limitaciones objetivas o enclaves autoritarios desde la propia Constitución que obligaban a negociar con una derecha garante de los intereses empresariales y estaban las Fuerzas Armadas "resguardando" que nada cambiara tanto y que los "equilibrios ya consolidados en dictadura" no se modificaran más que marginalmente. Los ya citados Muñoz y Celedón, nos recuerdan que en la etapa de transición "los programas sociales y los cambios a la institucionalidad laboral debían enmarcarse en una política económica que seguiría dándole máxima prioridad a la estabilidad y al crecimiento" (Muñoz y Celedón 1993: 89). Adicionalmente, el primer gobierno de la coalición de partidos por la democracia, tenía que salvar otro obstáculo más para dinamizar o darle viabilidad a su proyecto político, que sin duda influyó en la "moderación imperante", nos referimos a superar la desconfianza con el empresariado. Los mismos autores lo expresan con claridad, en este primer gobierno de Patricio Aylwin, "el protagonismo político y el acceso al Poder Ejecutivo quedaba en manos de los partidos que veinte años antes habían sido considerados los más grandes enemigos de la clase empresarial, por sus programas de reformas a la propiedad agraria, industrial y financiera. Esta circunstancia había sido explotada políticamente en la campaña presidencial por la candidatura de derecha, la que anticipó un caos económico en el caso que triunfara la Concertación. Por lo tanto, el desafío para el gobierno era neutralizar la desconfianza de los empresarios, pero, por otra parte, desarrollar una economía más coherente con los objetivos de equidad social" (Muñoz y Celedón 1993: 91).

No obstante lo anterior, debemos reconocer que estuvo la voluntad política de los diversos agentes de concretar un acuerdo que tuvo un alto valor simbólico, aunque su desarrollo y efectos pueda parecernos hoy, seriamente discutible.

Volker Frank ha señalado que tanto los sindicatos como los trabajadores demostraron una moderación de demandas en el período de transición política. De esta forma, los sindicatos de base, lejos de desafiar el nuevo orden político social, contribuyeron a su estabilidad laboral y al fortalecimiento de la institucionalidad de la negociación entre importantes actores sociales (Frank 1994: 600). Tal como lo señalaría uno de los entrevistados, un ex Subsecretario del Trabajo del gobierno de Patricio Aylwin: ".. .lo que caracterizó a ese movimiento sindical post dictadura, (fue) es una infinita generosidad y una gran capacidad de diálogo, porque subordinaron sus intereses a consolidar la democracia y a entender los nuevos fenómenos que estaban ocurriendo en el mundo y en Chile."

Habría que precisar que lo señalado por Frank, por un lado, se valida y por otro, se discute con renovada energía. Respecto de lo que podemos validar -basándonos en la recolección de datos hemerográfica- que el renacido sindicalismo chileno efectivamente hizo una contribución relevante a la estabilidad laboral y al nuevo orden político y social. Habría que agregar, que se apreció en muchas declaraciones de los dirigentes sus esfuerzos por alcanzar cada una de las expectativas y anhelos de la clase trabajadora postergadas por años. Pero por otra parte, y aquí viene lo discutible, la moderación de las demandas, citada por Frank, no se apreció -basándonos en la misma recogida de datos- en el conjunto de los sindicatos y de los trabajadores del país. La evidencia, más bien se orienta hacia que fue la cúpula de la CUT la que hizo todos los esfuerzos por llegar a determinados acuerdos con un alto costo político interno, que se materializó en la crítica severa de algunos sectores de la misma central. En este sentido cobra mucha fuerza, un planteamiento registrado y relacionado con las cesiones de la cúpula de la CUT para el nacimiento del Acuerdo marco. La CUT lo habría hecho en virtud de la lealtad al gobierno que contribuyó a elegir²⁹. Esto pone otro tema en la mesa y que estuvo y ha estado relacionado con el verdadero nivel de autonomía de la CUT, respecto de los partidos políticos y de los gobiernos de los cuales formó parte durante el período en estudio. Partidos (de la coalición gobernante) y gobierno que ya habían optado por la moderación y la contención de las demandas y aspiraciones de la clase trabajadora, en un contexto de asimetría política (propiciada por la constitución a favor de la derecha que obligaba a la negociación permanente), un modelo de desarrollo que no se iba a tocar y las limitantes o enclaves heredados de la dictadura, a los cuales ya hicimos referencia.

Retomando el período de gobierno de Patricio Aylwin, podemos indicar según María Ester Feres, que el programa de este primer gobierno para el período 1990-1994, podría calificarse como una propuesta refundacional de un "proyecto país", frente a lo que acaeció en los más diversos planos de la sociedad chilena tras los casi 17 años de dictadura militar. Así ha sostenido que sus bases programáticas, junto a planteamientos y compromisos concretos para los primeros cuatro años de gobierno, conjugaba la formulación de una visión estratégica de largo plazo, con el intento de delinear los medios y mecanismos políticos y sociales para su implementación. Según Feres, en este programa se apreciaba con fuerza la necesidad y la voluntad de construir dos grandes acuerdos nacionales: el primero para la transición política y la reconstrucción de la institucionalidad y de los valores democráticos y el segundo, relacionado con otro gran acuerdo nacional en el ámbito social para eliminar la pobreza, potenciar el crecimiento, la justicia social y la participación. En el decir de Feres, "aparece así la reconstrucción democrática del país y la consecución del desarrollo económico y social, como dos dimensiones de un proyecto común que impregnan y orientan el conjunto de propuestas programáticas" (Feres 2006: 11).

Lo anterior, es avalado también por Guillermo Campero, quien además le agrega un nuevo factor. Según el autor, el contexto de 1990 se configura en torno a dos dimensiones principales: de una parte, una voluntad social y política mayoritaria de contribuir a la estabilidad del proceso de transición y, de otra, una tensión entre expectativas e incertidumbres por parte de los distintos actores sociales, entre ellos del movimiento sindical. En el decir de Campero, "en ese marco se da inicio al diseño y aplicación de la política laboral, una de las áreas más cruciales para responder a los desafíos que planteaban las dos dimensiones recién mencionadas" (Campero 2007: 8). Como parte de este afán de construir un gran acuerdo nacional, podemos volver a señalar como un ejemplo significativo, el ya citado "Acuerdo nacional tripartito".

Por otra parte, Patricio Frías ha sostenido que con la vuelta a la democracia, el sindicalismo debió enfrentar, quizá con mayor intensidad que los restantes actores sociales, diversas tensiones y desafíos. Quizás el principal de ellos fue el de adaptar sus demandas y reivindicaciones, por largos años postergadas, a las nuevas exigencias de moderación que impuso la lógica de la transición chilena y que asumieron también los partidos políticos. Frías ha sostenido que otra de las dificultades y/o tensiones fue la de saber compatibilizar la coexistencia en su seno de dos modelos de acción: "uno, ligado a las tendencias y visiones tradicionales del sindicalismo, y el otro que se va generado en función de sus nuevas orientaciones y tendencias, que busca adaptarse a los nuevos procesos democráticos que vive el país. A ello se agrega la necesidad de democratizar su acción, incorporando la participación de sus bases" (Frías 2008: 111). Aunque fue planteado 12 años antes que Patricio Frías, la adaptación y moderación de las demandas del movimiento sindical fue pronosticado por el ya citado Samuel Valenzuela quien ha sostenido que las reacciones de los movimientos obreros y de sus bases en el período inmediatamente anterior a la transición puede determinar las relaciones entre el movimiento sindical y el sistema democrático por muchos años. Valenzuela sostuvo que "mientras más severo sea el régimen autoritario en su última fase, más va a estar dispuesto a limitar sus reivindicaciones si ello es necesario para asegurar la transición y viceversa" (Valenzuela 1986:124). Uno de los autores de este trabajo complementa lo sostenido por Frías, al señalar que los costos de esta transición a la democracia recayeron en los trabajadores. Tanto Zapata (2004) como Buchanan (2006) concuerdan en que el hecho que la mencionada transición se haya gestado en un contexto de notable continuidad en la aplicación de políticas económicas neoliberales o se haya aceptado la economía de mercado heredada de la dictadura, el "problema de los costos sociales asumió toda su importancia". Zapata agrega que, "planteó la pregunta de si la transición tendría un componente redistributivo o de si simplemente buscaba legitimar políticamente al nuevo modelo económico". Francisco Zapata ha sido muy claro al señalar que "la respuesta obvia fue la segunda" (Zapata 2004: 15).

Respecto del comportamiento de otro actor -nos referimos a los empresarios- según Gonzalo Martner en una primera etapa los dirigentes de este sector se mantuvieron en los espacios de diálogo social, pero luego fueron relativizando su participación. En sus palabras, "después de negociaciones salariales globales relativamente exitosas en los primeros años de democracia, el impacto negativo en la economía chilena de la crisis asiática en 1999, que produjo la primera recesión desde el año 1983, el sindicalismo tendió a endurecer sus posturas y dejó de llegar a acuerdos con los gobiernos de signo progresista de Lagos y Bachelet en materia de salario mínimo y reajuste salarial del sector público, los dos espacios privilegiados del diálogo social" (Martner 2011: 5). Los gremios del sector público aumentaron sus críticas a la gestión del gobierno, incluyendo los sindicatos de profesores, del personal de salud y de la administración central, y mantuvieron posturas críticas y movilizaciones sectoriales relativamente frecuentes, aunque la dinámica negociadora tendió a mantenerse en las empresas públicas del cobre, del petróleo y del sector bancario, mientras el sindicalismo del sector privado sufrió las consecuencias estructurales del debilitamiento de la negociación colectiva heredada del régimen militar de 1973-1989, con excepción de algunos sectores de servicios y de la gran minería privada.

Vinculando el tema con la situación económica del país, podemos señalar -en la perspectiva de Gonzalo Martner- que tampoco contribuyó al fortalecimiento del sindicalismo del sector privado la emergencia de un desempleo más alto en la primera década del siglo XXI que aquel prevaleciente en la segunda parte de los años noventa. Por otra parte, y a un nivel más interno para el movimiento sindical, es necesario decir que la Central Unitaria de Trabajadores sufrió además escisiones y una cierta pérdida de legitimidad a raíz de menores incrementos del salario mínimo y del salario real promedio que el crecimiento de la economía, dada la política de mayor contención salarial practicada en la última década (Martner 2011).

Otro tema que también es necesario abordar, por su importancia e impacto en el sindicalismo en el período, es la nueva legislación laboral que se iba a propiciar ahora en un contexto más democrático. En relación a este tópico podemos señalar que en la perspectiva de Guillermo Campero (2007) durante este primer gobierno se formularon cinco grandes proyectos de reforma que buscaban de una u otra forma reconfigurar el sistema de relaciones laborales en este país y conjugar los tres principios antes enunciados: más equidad en las relaciones de trabajo; más y mejor participación autónoma de los actores en la formación de decisiones colectivas sobre sus condiciones de trabajo y empleo en las empresas y; más eficacia para contribuir al desarrollo económico social³⁰. Estos cinco Proyectos configuraban un conjunto sinérgico de reformas que, en su conjunto, implicaban una nueva institucionalidad la-boral³¹. Según el autor, estos cinco grandes proyectos de reforma buscaban conjugar tres principios; "más equidad en las relaciones de trabajo; más y mejor participación autónoma de los actores en la formación de decisiones colectivas sobre sus condiciones de trabajo y empleo en las empresas y; más eficacia para contribuir al desarrollo económico social" (Campero 2007: 17).

Todos estos proyectos se convirtieron en ley entre 1990 y 1991 y pretendían en términos generales, dos grandes finalidades. Por un lado, reponer algunos aspectos perdidos durante la dictadura y por otra, dar forma legal al renovado sistema de relaciones laborales, el cual debía ser modificado ahora en un contexto más democrático. Esto último, es reconocido así por uno de los informantes entrevistados del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de este primer gobierno. En sus propias palabras: ". hubo un cambio completo, el código del trabajo, hubo iniciativas concretas de formación, desarrollo y capacitación del movimiento sindical. Hubo fondos para hacer esas cosas bien. Desde el gobierno había una voluntad, desde don Patricio, pasando por todos los ministros y autoridades (para que) el movimiento sindical tuviera un protagonismo en la reconstrucción de la democracia."

El gobierno de Patricio Aylwin, según Guillermo Campero, tuvo la capacidad de identificar y elaborar por completo este conjunto de proyectos de reforma, de manera tal que el debate y la negociación política, social y parlamentaria se diese sobre una base articulada y consistente. Esto hizo que los rangos entre los cuales podía realizarse tal debate se delimitaran. Campero lo valora de este modo, "en un contexto incierto como el que se vivía, con tensiones y expectativas contrapuestas, un debate abierto, sin un marco contextual elaborado, seguramente habría tenido una consecuencia menos exitosa" (Campero 2007: 17-18).

Respecto de algunos elementos que estuvieron en juego durante el período de Patricio Aylwin podemos mencionar lo que María Ester Feres ha denominado como "libertad sindical parcializada". La autora, sin desconocer los avances antes expuestos en materia legislativa, hace referencia al "sistema de relaciones colectivas", señalando que las reformas se concentraron en la dimensión de la libertad sindical menos conflictiva, referida a la autonomía de las organizaciones sindicales, y en la protección frente a prácticas antisindicales³² (Feres 2008: 32). Según la misma autora, queda en claro que la experiencia de diálogo social durante la primera gestión gubernamental, con los consiguientes acuerdos marco, fue exitosa en los objetivos esencialmente instrumentales que se propuso. Esto fue, facilitar la transición política y los acuerdos con la oposición. Ello no implica asignar exclusivamente al gobierno la responsabilidad que la experiencia no haya sido igualmente exitosa en otra dimensión que sí le es propia: en la generación de una cultura de diálogo social en un contexto de carencia histórica en este aspecto entre los interlocutores sociales nacionales (Feres 2008). Estos últimos planteamientos en la misma línea de la crítica expuesta anteriormente por Eugenio Díaz-Corvalán. Para Volker Frank la reforma laboral de 1991, constituye un mejoramiento al plan laboral de José Piñera que fue impuesta en plena dictadura el año 1979. Sin embargo, para el autor, "ésta se encuentra lejos de crear una situación que podría justificar el argumento en que empleadores y trabajadores están negociando en un contexto de igualdad" (Frank 2000: 76).

A fines de 1994 -en la mirada de Patricio Frías- se produce un hecho que es como la antesala del quiebre de las buenas relaciones que estaban manteniendo los trabajadores y el gobierno, como producto del rechazo de sus demandas. Este fue el caso de la negativa de los trabajadores organizados a participar en las comisiones económicas, de carácter tripartito, convocadas por el gobierno. Esta decisión fue publicitada como una "ruptura de relaciones con el gobierno". La razón de fondo esgrimida por el sindicalismo fue que sus propuestas no eran escuchadas, ni habían logrado ningún resultado positivo. Calificaron las acciones del gobierno como "individualistas", que privilegiaban la dimensión económica, en desmedro de la solidaridad y la participación. Adicionalmente, según el autor, "el gobierno fue acusado de privilegiar los equilibrios macroeconómicos, en desmedro de los equilibrios sociales. Se denuncia igualmente un clima de relaciones laborales autoritarias, que permitían que millones de trabajadores no pudieran negociar colectivamente, a la vez que se encubrían despidos y persecución sindical. Esta ruptura de relaciones con el gobierno se mantendrá hasta el mes de enero de 1995" (Frías 2008: 122).

Nuevamente en la perspectiva de María Ester Feres, desde los inicios de una transición interminable, la gobernabilidad fue entendida como una contención de las demandas sociales que pudieran implicar una paralización de la normalidad institucional post dictadura. Ello condujo a que el discurso oficial catalogara a las movilizaciones como amenaza a la estabilidad democrática, con la consiguiente deslegitimación de las organizaciones sociales, en particular del sindicalismo, que según Feres, es el "único movimiento social que tiene cierta densidad histórica para el procesamiento de sus demandas en el sistema político". Como resultado, le restó paulatinamente el carácter de interlocutor válido para las definiciones más sustantivas de un proyecto político democrático³³ (Feres 2008). Podríamos agregar, a lo planteado por Feres, en relación a que ese discurso oficial estigmatizaba a las movilizaciones, provenía de varias partes, de un importante grupo de empresarios, de la derecha política y de cierto sector del mismo gobierno, el cual probablemente quería segurar "a toda costa" la estabilidad de la naciente democracia. "Aunque la débil cultura de derecho, así como la carencia de una institucionalidad para la participación efectiva de la sociedad civil -incluidos los actores socio-laborales- han incidido en los fracasados intentos por lograr canales permanentes y eficaces de diálogo social, algunos de los esfuerzos han tenido mayor permanencia en el tiempo y otros fueron importantes considerando las coyunturas en que tuvieron lugar"³⁴ (Feres 2008: 36).

V. Conclusiones

A modo de cierre, considerando las perspectivas de los autores, las opiniones vertidas en las entrevistas semiestructuradas y las recuperadas del análisis hemerográfico, podemos concluir que:

. La necesidad de generar y preservar la estabilidad política durante este primer gobierno post dictadura y el otorgar condiciones al movimiento sindical para reinsertarse en la sociedad como un actor importante marcaron este primer período. Período, que tuvo características que sellarían el destino del Acuerdo marco y, posteriormente, de la reforma laboral al mantener y profundizar el modelo neoliberal, la moderación ideológica y de las prácticas de los partidos políticos de la coalición gobernante, las alianzas entre la derecha y la clase empresarial para resguardar los intereses ya consolidados y los enclaves autoritarios cristalizados en una constitución que nos dejaba en una democracia calificada como incompleta, imperfecta o protegida.

. El sindicalismo luego de haber sido perseguido, maltratado y excluido de la escena política durante la dictadura, emerge en la naciente democracia con una gran legitimidad y prestigio fruto de su rol como tenaz opositor al gobierno del general Pinochet. Los entrevistados coincidieron en que durante la administración de Aylwin hubo un trato deferente y especial y se le otorgaron ciertas condiciones para esta nueva etapa en su desarrollo histórico.

. Según Paul Drake, tal como la experiencia de otros trabajadores con los gobiernos de sus colaboradores políticos en el período después de las transiciones en España (con los socialistas) y en Argentina (con los peronistas), cuando esos partidos -que formaban parte a su vez de los gobiernos- adoptaron el modelo neoliberal, los sindicalistas chilenos quedaron desilusionados y maltratados, pero sin otras opciones. La adopción o continuidad en la aplicación del modelo neoliberal o economía de mercado heredada de la dictadura y los consiguientes impactos negativos para la clase trabajadora también han sido refrendados por Francisco Zapata y Paul Buchanan.

. Para el movimiento sindical, su situación -en términos amplios y generales- llegó a ser mucho más favorable después de la salida de la dictadura, pero menos favorable que la situación que esperaban y que formó parte de sus legítimas aspiraciones y expectativas. Mientras tanto, el propio movimiento sindical suprimió y moderó sus demandas en pos de otorgarle estabilidad a la recién instalada democracia y también para favorecer una lógica de consenso en vez de una de enfrentamiento. Por otra parte, la coalición gobernante en su relación con los sindicatos ayudó al gobierno a mantener el crecimiento económico sin inflación y sin grandes conflictos sociales.

. Para Campero, en el primer gobierno de Patricio Aylwin se apreció una centralidad del tema laboral en el conjunto del proceso de transición. Lo anterior, en el sentido que toda vez que los juicios sobre las reformas, apelaban, más allá de las cuestiones específicas de los proyectos, a su impacto sobre el orden económico social. Y, por derivación, al orden político, ya que lo que se ponía en juego, en definitiva, en el debate, era la legitimidad y estabilidad social y política de aquel proceso y la conducción de ella. En el decir del autor, "la institucionalidad laboral se constituía en una cuestión estratégica transversal al orden político, económico y social en configuración y, a la formación de consensos y superación de disensos en todas esas esferas" (Campero 2007: 17).

. Como un hito destacable, podemos mencionar el inédito Acuerdo marco nacional tripartito firmado por empresarios, trabajadores y el gobierno con el propósito de "hacer realidad el gran desafío de dar a Chile la oportunidad de conjugar desarrollo-equidad y democracia". Si bien es cierto, podemos destacar los aspectos positivos del mencionado Acuerdo tales como: la capacidad de convocar a los actores y poder consensuar posiciones e intereses sobre algunas materias laborales, asegurar la estabilidad del país a través de la concertación entre trabajadores y empresarios y la generación -aunque no muy sustentable- de un nuevo pacto social. No podemos dejar de mencionar el lado oscuro, o aquellos aspectos que no fueron ni han sido convenientes para el sindicalismo en particular y para el mundo del trabajo en general. Nos referimos a: la campaña del terror para evitar acuerdos con los trabajadores con las ya "clásicas" consecuencias inevitables para las empresas y la inversión, el no consultar a las bases de la CUT, haber dejado afuera a otras organizaciones sindicales, las cesiones de la cúpula y la falta de autonomía de la misma CUT para poder llegar a un acuerdo realmente conveniente para la clase trabajadora que sentara las bases de un más equilibrado y/o simétrico sistema de relaciones laborales en nuestro país.

. Plantear además que la historia nuevamente vuelve a poner a Chile y a sus actores en una situación similar. La ya iniciada discusión parlamentaria y de la sociedad civil por la nueva reforma laboral del gobierno de la presidenta Bachelet, está relevando las tensiones de siempre, la presión de los grupos de poder y políticos (especialmente de los empresarios y de la derecha), la verdadera autonomía y lealtad histórica de los partidos políticos con los trabajadores, las expectativas de las centrales sindicales y de la clase trabajadora en su conjunto y el mismo escenario de fondo, un modelo de desarrollo aún, demasiado neoliberal.

 

CUADRO 1
Antecedentes de la recogida de datos hemerográficos

Fechas y lugar de recolección de k» datos	Durante los meses de noviembre y diciembre de 2012. La información estuvo disponible en la Biblioteca Nacional.
Fecha de análisis de los datos por parte del Investigador	Enero y febrero de 2013.
Fecha de término y presentación de la investigación completa	Noviembre de 2013
Fecha de adecuación de los resultados en formato de artículo publica ble	Enero a marzo de 2015 Primera quincena de marzo de 2016'
Diarios seleccionados	La Tercera, El Mercurio y La Epoca2
Formato de disponibilidad	El diario La Tercera estuvo disponible físicamente, por lo tanto, pudo ser fotocopiado directamente. Los diarios El Mercurio y La Epoca sólo estaban disponibles en micro film. Esto implicó que debieron ser fotografiados y luego impresos.
Período analizado	Entre los meses de marzo a agosto de 1990.
Foco de análisis	Noticias relacionadas con el Acuerdo marco entre empresarios, trabajadores y el gobierno.
Forma de análisis Temas asociados y cantidad de noticias	En dos fases: 1. General: estudiando todas las noticias relacionadas con el ámbito laboral. Se procedió a agruparlas en distintos sub temas. 2. Específica: estudiando y analizando sólo las noticias relacionadas con el Acuerdo marco nacional. Se consideró para estos efectos, tanto el titular de la noticia como el contenido de la misma3. Ver detalle en pie de página4 en el período

1 Se considera también esta fecha, dado que se tuvieron que hacer cambios e incorporar las correcciones y sugerencias de él o los evaluadores de la revista.

2 Noticias ubicadas en las secciones de Diario La Tercera: Crónica sindical, Editorial, El día Económico, Análisis, Tribuna del lector, Reportaje, Sección Policial, Redacción -(Columna de Hernol Flores de la ANEF). Diario El Mercurio: Editorial, El País, La Semana Económica, Reportajes, Panorama Nacional. Diario La Epoca: Editoriales, Opinión, Bitácora, Política, Crónicas de la Época, Sección Laboral, Sección Economía, Información Nacional-Tribuna.

3 Aunque podría parecer obvio, en algunos casos, el titular de la noticia no era del todo consistente con el cuerpo o contenido de la misma.

4 Diario La Tercera: CUT (43), Diálogo de empresarios y CUT-Acuerdo Marco (33), Temas varios asociados a los trabajadores (200), Sindicalismo (55), Ingresos-Salario Mínimo (42), Normas y reformas laborales (107), Negociación colectiva y Huelgas (55). Sub total noticias La Tercera: 535. Diario ElMercurio: CUT (49), Diálogo de empresarios y CUT-Acuerdo Marco (28), Temas varios asociados a los trabajadores (95), Sindicalismo (47), Ingresos-Salario Mínimo (67), Normas y reformas laborales (133), Negociación colectiva y Huelgas (28). Sub total noticias El Mercurio: 447. Diario La Epoca: CUT (63), Diálogo de empresarios y CUT-Acuerdo Marco (45), Temas varios asociados a los trabajadores (129), Sindicalismo (78), Ingresos-Salario Mínimo (25), Normas y reformas laborales (78), Negociación colectiva y Huelgas (60). Sub total noticias La Epoca: 478.

Total de noticias analizadas: 1.460. Total sólo noticias del Acuerdo marco: 106.

 

CUADRO2
Argumentos a favor del Acuerdo marco

Argumentos a favor del Acuerdo marco	Diario La Tercera	Diario El Mercurio	Diario La Época
Acuerdo tripartito para incrementar el desarrollo del país	X	X
La capacidad de convocatoria para llegar a acuerdo entre los actores	X		X
Posibilidad de consensuar posiciones e intereses sobre materias laborales y salaríales	X
La concertación entre trabajadores y empresarios como un camino para asegurar la estabilidad del país	X		X
Justicia social con estabilidad y crecimiento	X	X	X
valoración del acuerdo por parte de distintos sectores del quehacer nacional	X	X
El acuerdo entre empresarios y trabajadores es imprescindible para la paz de nuestra nación		X
Generación de un nuevo pacto social. Un Acuerdo marco garante de progreso, justicia y estabilidad	X	X	X

CUADRO3
Argumentos en contra del Acuerdo marco

Argumentos en contra del Acuerdo marco	Diario La Tercera	Diario El Mercurio	Diario La Época
Es el Parlamento quien debe aprobar las reformas laborales y el aumento de beneficios sociales	X
Campaña del terror para evitar acuerdos con los trabajadores	X		X
Consecuencias inevitables en las inversiones, en la contratación del personal y a las empresas en general	X	X	X
Principales aspectos del Acuerdo no consultados a las bases de la CUT y se hizo de espalda a los trabajadores	X	X
Cesiones de la cúpula de la CUT para el nacimiento del Acuerdo	X	X
Sólo se consideraron opiniones de la CUT. Se dejaron fuera a otras organizaciones sindicales	X
Acuerdo realizado entre el gobierno y la derecha	X
Diálogo de empresarios con la CUT fue sólo bipartito		X	X
Discrepancia sindical sobre diálogo con empresarios. Entre el moderado optimismo y la insatisfacción.			X

CUADRO 4
Principales tensiones detectadas

.	La posibilidad de un "tripartismo" o un cogobierno al incorporar a otros actores.
.	Ausencia de acuerdos completos sobre los temas que iban a incluir las reformas laborales.
.	La compleja situación de la CUT en cuanto a estar en contra del proyecto de reforma laboral pero a su vez, ser leal con el gobierno al cual ayudó a elegir.
.	El esfuerzo inédito de las partes para tratar de lograr acuerdos sobre los proyectos de ley relacionados con las reformas laborales
.	En el contexto del Acuerdo marco -más posteriormente- se aprecia cierto ambiente un tanto ficticio de "buenas u óptimas relaciones entre empresarios-trabajadores" (a julio de 1990). Se apreció espíritu de consenso, luego disensos, reanudación el diálogo, en fin. Todo esto, para buscar el consenso y elaborar una nueva agenda políticamente viable relacionada con las reformas laborales.
.	La opinión de algunos actores en cuanto a que el Acuerdo Marco estaba "condenado al fracaso" desde su gestación.

Notas

¹ Ver Proyecto completo en www.agendalaboral.gob.cl.

² Palabras de la presidenta Michelle Bachelet en el acto realizado en el Palacio de la Moneda presentando el proyecto de reforma laboral. Fuente: www.cooperativa.cl/ noticias/pais/ trabajo/proyectos/asi-es-la-reforma-laboral-presentada-por-el-gobierno/ 20l4-12-29/121035.html.

³ La ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, ha señalado respecto del proyecto, . .La reforma laboral se ha venido debatiendo desde antes y estaba en el programa de gobierno en 2013, cuando planteamos como norte superar la inequidad. Ese debate ha tenido fuerza desde el primer día, porque tiene que ver con mejorar las relaciones laborales. Ahora, este tipo de debate mantiene su fuerza y quizás más que nunca en un contexto donde se habla con fuerza de las inequidades en materia política, cómo cerrar esos espacios de sentir que unos tienen un poder mayor que otros, confirma la fuerza que tenía y que por algo era tan importante haberlo puesto desde el inicio. Por eso hay que abordar el tema de la inequidad en distintas esferas y la presidenta tuvo la lucidez de ver esto hace tiempo al proyectar un país con crecimiento y equidad". Entrevista en sección Negocios del Diario La Tercera, 15/3/2015.

⁴ Al 10 de marzo de 2016, el Senado había aprobado las "adecuaciones necesarias" (que permite al empleador que la empresa siga operando con los trabajadores que no forman parte de la huelga) pero rechazó el concepto de negociación interempresa, lo que llevará la discusión a la denominada "comisión mixta". Por otra parte, se había aprobado la titularidad sindical (reconocer al sindicato como el sujeto principal de negociación colectiva y que prohíben la existencia de los grupos negociadores en las empresas donde existen sindicatos) y la extensión de beneficios (que considera una práctica desleal otorgar los beneficios fruto de la negociación que realiza un sindicato con el empleador, a los trabajadores no afiliados a este cuerpo colectivo). Fuente: www.latercera.com/ noticia/negocios/2016/03/655-671717-9-reforma-laboral-senado-aprueba-normas-que-establecen-la-titularidad-sindical.shtml.

⁵ Según un documento de la OCDE del 2015, Chile es el país con mayor desigualdad de ingreso cuando ésta es medida según el coeficiente de Gini. Los ingresos del 10 por ciento más rico en Chile son 26 veces más altos que los del 10 por ciento más pobre. Desde mediados de los años 2000, la desigualdad ha disminuido de 1 punto en Chile.
Aun cuando esto representa un progreso, no es suficiente para que Chile salga de entre los países de la OCDE con mayor desigualdad. Comparada con la disminución en la desigualdad de ingresos observada en otros países latinoamericanos (Perú, México, Brasil, Argentina) la disminución observada en Chile es pequeña. En otra parte del documento, se plantea que Chile ha progresado en la reducción de la pobreza, desde mediados de los 2000, cuando ésta es medida considerando un umbral de pobreza de 50 por ciento del ingreso mediano. La pobreza relativa se sitúa actualmente en un 18 por ciento, comparada con una media OCDE del 11,5 por ciento. El grupo con la tasa de pobreza más alta son los niños (23,5 por ciento comparado con una media OCDE de 13,3 por ciento). La pobreza infantil tiene efectos negativos en el rendimiento escolar de los niños que la sufren y, más tarde, en el desempeño laboral de los mismos; a largo plazo esto puede llevar a una reproducción de los problemas de pobreza y desigualdad en las generaciones futuras. Más información en www.oecd.org/ chile/ OECD2015-In-It-Together-Highlights-Chile.pdf.

⁶ El denominado "Consenso de Washington" es un término acuñado por John Williamson (Davidson 2003). El así denominado "Consenso", surgió de la conferencia "Latin American Adjustment: ¿how much has happened?" organizada por el Instituto de Estudios Económicos Internacionales en noviembre de 1989. La conferencia identificó diez aspectos que sirvieron de base para definir las reformas de política económica que los países deudores debían tener como objetivo. Dichos aspectos según Davidson y Casilda fueron: disciplina fiscal, presupuestaria o macroeconómica, recortes o cambios al gasto público, reforma fiscal o tributaria (incluidos los impuestos indirectos y la ampliación de la base tributaria), los tipos de interés y tipo de cambio, liberalización comercial, política de apertura respecto a la inversión extranjera directa, política de privatizaciones, política desreguladora y derechos de propiedad. Todas estas políticas pueden resumirse en la firme creencia de que el libre mercado es la clave del desarrollo económico.

⁷ Para Moulián hay una refundación del capitalismo existente, la instalación de un nuevo tipo de desarrollo capitalista en una situación de mediación. Para el autor, "esto de la mediación significa que el proceso fue dirigido no por la nueva clase empresarial que está en gestación, sino por las Fuerzas Armadas, bajo el liderazgo de Pinochet, que también es una singularidad del proceso chileno, por ese liderazgo constante y, como bien lo sabemos, obstinado que él ejerce" (Moulián 1998: 252).

⁸ Ricardo Ffrench-Davis y Óscar Muñoz G. han sostenido que ha habido ciertos rasgos del desarrollo económico chileno, desde la perspectiva del cambio y la transformación. Así señalan que al inicio de los años 60, Chile intentó realizar una modernización capitalista, luego tuvo una experiencia de reformas estructurales tendientes a crear una economía participativa y democratizadora en el gobierno del presidente Frei, seguida de una radicalización de esas reformas pero ahora con el objetivo de construir una economía socialista, para culminar con un replanteamiento de la modernizaci6n capitalista, pero en términos tan drásticos y extremos como un régimen autoritario podía permitir. Esto último haciendo referencia a la dictadura del general Pinochet. Aunque las preocupaciones iniciales del gobierno dictatorial de Pinochet (1973-1990) se encaminaron a controlar los desequilibrios macroeconómicos y en particular la alta inflación, muy pronto comenzó a tomar forma un programa de reformas neoliberales proyectadas al largo plazo. Este programa se fundamentó primero en la necesidad de eliminar las presiones inflacionarias, que, en opinión de los técnicos del gobierno, se originaban en un déficit del sector público descontrolado. Pero luego la argumentación se trasladó al terreno de las ineficiencias del sistema económico, de acuerdo al discurso neoliberal que en los años siguientes se popularizó internacionalmente. A medida que un grupo económico ultraneoliberal ampliaba su poder, hasta hegemonizar la conducción de la política pública, se fue extremando la gama y profundidad de los cambios estructurales.

Ambos candidatos a la presidencia de la república en el año 1989.

Por ejemplo, según los mismos autores, ambas propuestas propiciaron el mantenimiento de las características estructurales que tenía la organización de la economía nacional: un sistema abierto y competitivo internacionalmente, un uso extensivo del mercado y del sector privado para liderar el proceso de crecimiento, una responsabilidad preferente del Estado para corregir las desigualdades sociales y para asegurar un marco de estabilidad macroeconómica y de estímulo al ahorro y la inversión (Muñoz y Celedón 1993).

UDI, Unión Demócrata Independiente y RN, Renovación Nacional.

Manuel Antonio Garretón y Roberto Garretón sostienen que "aún subsiste una democracia incompleta. Ello no puede ser despachado con el argumento que toda democracia real es perfectible, porque se trata de elementos constitutivos del régimen vigente que, más allá de la vida democrática que el país experimenta, (y que) le impiden ser considerado estrictamente como plenamente democrático" (Garretón y Garretón 2010: 146).

Los mismos autores, en su postulado, recuerdan que la Constitución fue impuesta por Pinochet en un plebiscito fraudulento en 1980, pero fue el marco institucional en el que se desarrolló el plebiscito de 1988 que terminó con la dictadura y abrió el camino a la elección de gobiernos democráticos y a lo que hemos llamado democracia incompleta.

¹⁴ Estos "enclaves autoritarios", son sintetizados por Peter M. Siavelis: el cuoteo, control de la élite en la selección de candidatos y la política electoral, dominación de los partidos en la política, formulación de políticas elitista y extrainstitucional, y la intocabilidad del modelo económico heredado del gobierno de Pinochet (Siavelis 2009).

¹⁵ Según el diccionario de la Real Academia Española, por constreñimiento se entiende: Apremio y compulsión que se hace a alguien para que ejecute algo.

¹⁶ Para Ortiz el gobierno de la dictadura "ignoró a las gentes de carne y hueso y estimó legítimo ejercer sobre ellas cualquier violencia física, sicológica, moral" (Poblete 1982: X).

¹⁷ Según Patricio Frías (2008), los contenidos de la nueva Democracia incluían valores como el pluralismo, consenso, respeto a los derechos humanos, participación autónoma de los agentes de la sociedad civil.

Arturo Martínez fue presidente de la CUT hasta el año 2012. Para ser exactos el día 24 de agosto de 2012 ganó la elección de la nueva directiva de la CUT, Bárbara Figueroa Sandoval.

Guillermo Campero (2007) destaca que en el ámbito del diálogo social tripartito el pionero en Latinoamérica es Uruguay.

En total se realizaron 25 entrevistas semiestructuradas a los personeros antes descritos.

El autor de esta tesis entiende que esto es discutible, pero primó el interés de tratar de abarcar lo más ampliamente la diversidad de posiciones políticas. Aspecto que también se visibiliza a través de los medios de comunicación.

En un primer momento se consideró estudiar hasta el mes de octubre de 1990. Luego de sumergirnos en la gran cantidad de noticias vinculadas de uno u otro modo a temas de esta investigación, se consideró pertinente sólo hacer un análisis entre los meses de marzo a agosto de 1990.

El porcentaje de sindicalización de la población económicamente activa en Chile subió desde un 14 por ciento en 1986 a un 22 por ciento en 1991, declinando posteriormente a un 16 por ciento en 1997 (en comparación con el 19 por ciento en toda la América Latina) y a un 10 por ciento en el 2000. También el receso sindical disminuyó y después se recuperó. Al mismo tiempo, las huelgas y las negociaciones colectivas se multiplicaron, particularmente con demandas para salarios mejores. En el mismo rumbo que los otros indicadores, el número de huelgas surgió desde 1987 hasta 1993 y después bajó. El porcentaje de la fuerza laboral cubierto por negociaciones colectivas subió de 9 por ciento en 1986 a 14 por ciento en 1991, colapsando a 11 por ciento en 1996 y a 3 por ciento en el 2000. A pesar de unas ganancias, los sindicatos bajo la Concertación lograron ser sólo un pálido reflejo de su historia pre-golpe.

²⁴ El entrevistado hizo referencia explícita al presidente de la época, Patricio Aylwin Azócar.

²⁵ Cabe mencionar que la mayor concentración de noticias sobre el Acuerdo marco en los tres diarios de circulación nacional, se dio entre los meses de marzo a mayo de 1990. A contar del mes de julio del mismo año, las noticias están más relacionadas con las reformas laborales que se discutían en el Congreso.

²⁶ Estas 106 noticias, se dividen en 33 del diario La Tercera, 28 de El Mercurio y 45 de La Epoca.

²⁷ Entendiendo por "representativas" a las opiniones que dieron mejor cuenta de los argumentos a favor o en contra del acuerdo marco.

En el primer acuerdo firmado en el año 1990, se destaca el buscar entre los actores "un sostenido crecimiento de la economía y se comprometen a diálogo permanente. Ingreso mínimo legal se aumentará a 26.000 pesos, a contar del 1° de junio, reajustable al cabo de un año a fin de mantener el poder adquisitivo. Gobierno y CUT concordaron en envío al Congreso de un proyecto de ley que complemente las asignaciones familiares. Subsidio único familiar subirá a1.100 pesos". Mandatario elogió el consenso y dijo que "si bien puede no significar un acuerdo global y completo en todos los detalles, marca un espíritu que es fundamental" (Diario ElMercurio, 28/4/1990).

²⁹ Sección Análisis, diario La Tercera, 1/6/1990.

Estos proyectos fueron: Proyecto sobre Terminación del contrato de trabajo; Proyecto sobre centrales sindicales; Proyecto sobre Organizaciones Sindicales y Negociación colectiva; Proyecto sobre Contrato Individual de Trabajo y; Proyecto sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración Pública (Campero 2007).

La nueva institucionalidad laboral — en la perspectiva de Campero — implicaba que: i) removía todas las normas represivas y anti sindicales que contemplaba el Código del Trabajo vigente en el gobierno militar; ii) fortalecía los actores directos de la relación laboral, reponiendo condiciones de mayor paridad entre ellos, otorgando a los sindicatos más y mejores protecciones, ampliando sus funciones dotándolos de mejores recursos regulatorios y materiales para su accionar; iii) ampliaba la capacidad de la negociación colectiva en las empresas como mecanismo fundamental para pactar condiciones de trabajo y empleo; iv) protegía mejor la libertad sindical; v) otorgaba roles reconocidos a las federaciones, confederaciones y centrales sindicales, lo que no existió nunca en la legislación laboral chilena; vi) garantizaba mejores protecciones al trabajador en situación de despido, estableciendo el concepto de causal fundada y elevando el tope de las indemnizaciones de un mes por año de servicio de siete a once meses, entre otras medidas; a partir del séptimo año podría pactarse indemnización a todo evento para los cuatro años siguientes; vii) regulaba el reconocimiento de las asociaciones de trabajadores del sector público y les otorgaba protecciones y funciones apropiadas para ejercer sus actividades de representación y viii) establecía reglas de procedimiento para las relaciones laborales y en especial la negociación colectiva, que garantizaran la seguridad jurídica para las partes, protegieran el desempeño competitivo de las empresas, la elevación de las competencias profesionales de los trabajadores y promovieran mecanismos de cooperación para la solución de conflictos (Campero 2007: 17-18).

Consideró legalización de las centrales sindicales; se limitan las interferencias del Estado en la constitución de sindicatos y en el manejo del patrimonio sindical; se establece el descuento sindical por planilla y de la cuota sindical por extensión unilateral del empleador de los instrumentos colectivos a trabajadores no involucrados en la negociación; se regulan las prácticas antisindicales y las desleales en la negociación colectiva; se dicta asimismo la ley de asociaciones de funcionarios de la administración pública.

³³ La autora cita también a un trabajo de Malva Espinoza del año 2007.

³⁴ Entre otros, Feres ha citado los siguientes: "en el año 1990 se suscribió el Acuerdo Marco Tripartito «Chile, una oportunidad histórica», entre el Ministerio del Trabajo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); en 1991, entre las mismas partes, más la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado (CONUPIA) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se suscribe el «Acuerdo Nacional de Gobierno, Trabajadores y Empresarios». Durante los meses de abril de 1992 y abril de 1993 se firman otros acuerdos sobre aumento del salario mínimo, reajuste de asignaciones familiares e incremento del subsidio único familiar". Feres también cita en este apartado un trabajo de la autora Malva Espinoza del 2004.

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